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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03783-00

Fecha
6 de agosto de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03783-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente de la acción de tutela presentada por el señor Ricardo Andrés Nieto Sánchez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03783-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

6 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-03783-00
Demandante RICARDO ANDRÉS NIETO SÁNCHEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Rechazo de la demanda por
falta de subsanación oportuna. Requisito de procedencia de tutela
contra providencia judicial: la inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Ricardo Andrés Nieto Sánchez, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de junio de 20251, el señor Ricardo Andrés Nieto Sánchez, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre
y el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la
administración de justicia al haber dictado la providencia del 18 de septiembre de
2024 que confirmó el auto del 31 de julio de 2024, por medio del cual se rechazó la
demanda al no haber sido corregida dentro de la oportunidad legalmente
establecida, esto en el medio de control 70001-33-33-009-2022-00626-00/01.

En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones2:
«Primero: Ruego a su señoría se garantice y proteja el derecho fundamental al debido
proceso, defensa y administración de justicia, frente a la vía de hecho presentada por el
Honorable Juez, titular del JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, en su orden,
por el Ad quem, al rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
por mi defensa técnica a mi favor, contra la Policía Nacional.
Segundo: Ruego a su señoría se garantice y proteja el derecho fundamental al debido
proceso, defensa y administración de justicia, frente a la vía de hecho presentada por el
Honorable Juez, titular del JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al no valorar lo
expuesto por esta defensa respecto a la probada manifestación concerniente con la
imposibilidad de tener acceso visible, claro y conciso del auto que inadmitió el medio de
control.
Tercero: Ruego a su señoría, que atendiendo a las vías de hecho presentadas en el desarrollo
de esta actuación que realizo (sic) el Honorable Juez, titular del JUZGADO 10
ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, sea nulitado o revocado al auto que rechazo (sic) la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en su orden, se me permita a mí y a

1
Samai, índice 2. El expediente de la referencia fue repartido inicialmente con el radicado 25000-23-15-000-2025-00446-
00 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que remitió el expediente por reglas de reparto al Tribunal
Administrativo de Sucre, en donde se le asignó el radicado 70001-23-33-000-2025-00074-00. Luego, el Tribunal
Administrativo de Sucre dispuso remitir por reglas de reparto el expediente al Consejo de Estado con auto del 16 de junio
de 2025, argumentando que la acción se promovió contra ese mismo tribunal, por lo que en aplicación del Decreto 333
de 2021 se dispuso la remisión.
2
Samai, índice 2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03783-00
Demandante: Ricardo Andrés Nieto Sánchez

defensa hacer uso efectivo y garantista de este medio de control, en aras de exponer ante la
instancia judicial lo relacionado a su retiro de la Policía Nacional.
Cuarto: Ruego a su señoría, se dé aplicabilidad a lo expuesto en la Sentencia T-79/93
proferida en su momento por la sala de revisión la Honorable Corte Constitucional, donde
expuso la protección de los derechos fundamentales respecto a las decisiones de los
servidores públicos, quienes sin fundamento objetivo y razonable, y obedeciendo a
motivaciones internas, desconocen los derechos inalienables de las personas, como ocurrió
para el caso que nos ocupa, a través del cual, el honorable titular del JUZGADO 10
ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, rechazo (sic) sin fundamento objetivo la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por mi defensa.» (Sic a toda la cita)

2. Hechos

Del escrito de tutela3 y de subsanación4 se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

2.1. El 11 de agosto de 2022, el señor Ricardo Andrés Nieto Sánchez, actuando a
través de su apoderado judicial Luis Eduardo Saavedra Gaona, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

2.2. Por reparto le correspondió conocer al Juzgado Diecinueve Administrativo de
Bogotá, bajo el radicado 11001-33-35-019-2022-00295-00. Mediante Auto de 25
de agosto de 2022, remitió por competencia el asunto a los juzgados
administrativos de Sincelejo.

2.3. El 22 de noviembre de 2022, el expediente le fue asignado al Juzgado Noveno
Administrativo de Sincelejo, autoridad que luego lo remitió por redistribución al
Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo quedando bajo el radicado
70001-33-33-009-2022-00626-00, esto en cumplimiento del acuerdo PCSJA22-
12026 del 15 de diciembre de 2022 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura y del acuerdo CSJSUA23-5 de 22 de febrero de 2023 proferido por
el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre.

2.4. El 31 de octubre de 2023, el 12 de enero de 2024 y 9 de febrero de 2024 el
demandante presentó ante el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo
memoriales de impulso procesal con el fin de agilizar el estudio de la admisión.

2.5. El 13 de febrero de 2024, el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo
avocó conocimiento del asunto e inadmitió la demanda, al considerar que la
parte demandante debía: (i) individualizar con precisión y claridad los actos
demandados; (ii) aportar la totalidad de los anexos que se referenciaron en la
demanda; (iii) diferenciar la dirección física y electrónica de notificación del
demandante y del apoderado o confirmar que se trataban de la misma; y (iv)
allegar constancias de envío del escrito de subsanación a los demandados.
Decisión que le fue comunicada el 14 de febrero de 2024 al correo electrónico:
luiseduardodagaz@gmail.com.

2.6. El accionante afirma que el 26 de febrero de 2024, su apoderado judicial envió
al Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo un memorial en el que puso de
presente que: «no ha sido posible evidenciar las actuaciones que se han adelantado de
cara al referido proceso, exponiéndole taxativamente que mi defensa ha ingresado a la
plataforma SAMAI, y no se ha logrado descargar los archivos, en aras de visualizar
taxativamente que lo que se describe en el auto inadmisorio.» (Sic a toda la cita).

2.7. El mismo 26 de febrero de 2024, el juzgado dio respuesta a la solicitud
indicando que sí se podía observar el contenido de los archivos.

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Samai, índice 2.
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Samai, índice 9.

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Demandante: Ricardo Andrés Nieto Sánchez

2.8. El 4 de marzo de 2024, el accionante logró descargar y visualizar el auto de
inadmisión y, ese mismo día, radicó el memorial atendiendo los requerimientos
del despacho.

2.9. El 31 de julio de 2024, el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo rechazó
la demanda, dado que la parte demandante no subsanó dentro del término
legalmente establecido. Contra esta decisión el apoderado del señor Nieto
Sánchez presentó recurso de apelación.

2.10. El 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre resolvió el
recurso de apelación, confirmando la decisión de primera instancia que
rechazó la demanda.

2. Fundamentos de la acción

En el escrito de tutela y de subsanación el señor Ricardo Andrés Nieto Sánchez
consideró vulnerados sus derechos fundamentales por parte del Tribunal
Administrativo de Sucre y el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo, con
ocasión a la providencia del 18 de septiembre de 2024 que confirmó el auto del 31
de julio de 2024, por medio del cual se rechazó la demanda en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-33-009-2022-00626-00/01.

Respecto a los defectos especiales afirmó que las autoridades accionadas al dictar
las providencias cuestionadas incurrieron en un defecto procedimental, por las
siguientes razones:

Señaló que el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo mediante auto del 31 de
julio de 2024 rechazó la demanda por haber sido subsanada de forma
extemporánea. Explicó que en el auto inadmisorio se otorgó un término de 10 días
para subsanar el cual se cumplía el 28 de febrero de 2024, sin embargo, el 26 de
febrero de esa misma anualidad el apoderado de la parte demandante manifestó al
despacho su imposibilidad de acceder a los archivos que se encontraban en el
Sistema de Gestión Samai a lo cual el juzgado dio respuesta manifestando que: «[…]
sí era posible descargar los archivos e incluso le remitió un "pantallazo" como prueba […]» . Solo
fue hasta el 4 de marzo de 2024 que el apoderado del demandante pudo visualizar
el auto en el aplicativo y procedió a presentar el escrito de subsanación explicando
las dificultades que tuvo.

Expuso que la respuesta que brindó el juzgado a la solicitud del 26 de febrero de
2024 fue arbitraria porque: (i) le impuso a la parte una carga excesiva, de demostrar
«[…] una falla técnica intermitente en la plataforma […]», pues el hecho de que un funcionario
hubiera ingresado desde una conexión distinta como usuario externo, no desvirtúa
que la parte enfrentó una falla de visualización o descarga; (ii) el juez parte de la
desconfianza y no del principio de buena fe, sin tener en cuenta que el haber
informado el inconveniente antes del vencimiento del término demostraba su interés
en cumplir; y (iii) se considera la plataforma Samai como si fuera un sistema
perfecto, sin prever que los usuarios enfrentan recurrentes dificultades técnicas.

Resaltó que el juzgado dio prelación a la aplicación del derecho procesal y no al
derecho sustancial al aplicar el artículo 169 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para rechazar la demanda,
omitiendo el artículo 229 de la Constitución Política que consagra el acceso a la
administración de justicia. Por lo que, la interpretación del juez fue inflexible frente
a las dificultades tecnológicas que se reportaron.

Por su parte el Tribunal Administrativo de Sucre al expedir el auto del 18 de
septiembre de 2024 confirmó la decisión de rechazo, lo que consolidó la vulneración
de los derechos fundamentales. Resaltó que el recurso de apelación no versa
solamente sobre una discrepancia en la interpretación de la ley, sino que «su núcleo
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Demandante: Ricardo Andrés Nieto Sánchez

era un vicio de procedimiento: la negativa del juez de primera instancia a valorar una justa causa
para el presunto incumplimiento del término.», pues el problema jurídico que debió resolver
era si el juez incurrió en un exceso ritual manifiesto al rechazar la demanda si previo
a ello la parte había informado sobre la falla técnica en la plataforma.

La aplicación formal de la norma que realizó el tribunal le otorgó un carácter
definitivo al auto de rechazo, cerrando por completo la posibilidad de acudir a la
jurisdicción a discutir la legalidad del actor de retiro. Además, la decisión del tribunal
avala la tesis de que las fallas técnicas de la plataforma Samai deben ser asumidas
por el ciudadano. Por lo que, le correspondía al juez de segunda instancia realizar
una ponderación entre las normas procesales y los derechos fundamentales, dando
prelación al derecho sustancial. Indicó que admitir la subsanación presentada
extemporáneamente (4 días) para proceder con la admisión no es irrazonable
cuando el expediente ya había sufrido una demora de más de un año y medio.
Destacó que el tribunal no valoró el inconveniente que presentó el aplicativo, con lo
cual hubiera evidenciado si era suficiente para excusar la presentación tardía de la
subsanación.

Como fundamento de sus argumentos citó la sentencia T-201 de 2015 proferida por
la Corte Constitucional, el fallo STC7543-2020 dictado por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia que se dictó en la acción de tutela
nro. 70001-23-33-000-2021-00095-01 expedida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

3. Trámite impartido e intervenciones

3.1. Con providencia del 18 de junio de 20255, el despacho sustanciador inadmitió
la demanda y requirió a la parte actora para que indicara cómo se configuraba
en el caso en estudio uno o varios de los requisitos o defectos especiales de
la acción de tutela contra providencia judicial establecidos por la Corte
Constitucional en la C-590 de 2005. El 25 de junio de 20256 el expediente
ingresó al despacho con escrito de subsanación.

3.2. El 7 de julio de 20257 el despacho ponente admitió la demanda presentada por
el señor Ricardo Andrés Nieto Sánchez contra el Tribunal Administrativo de
Sucre y el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo; se ofició al juzgado
para que remita copia del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
70001-33-33-009-2022-00626-00; y ordenó las notificaciones correspondientes.

3.3. El Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo8 rindió informe en el que
solicitó se negara el amparo o en su defecto se declarara la improcedencia de
la acción.

El juzgado realizó un recuento del trámite que se le impartió al medio de control
70001-33-33-009-2022-00626-00 desde que fue repartido. Al respecto expuso
que el expediente fue remitido a ese despacho por el Juzgado Noveno
Administrativo de Sincelejo, en cumplimiento de unos acuerdos de
redistribución, siendo recibido el 22 de marzo de 2023.

Señaló que el 13 de febrero de 2024 dictó auto inadmisorio y concedió el
término de 10 días para corregir la demanda so pena de rechazo, providencia
que fue notificada en estado del 14 de febrero de 2024 y comunicada ese
mismo día al correo electrónico del apoderado de la parte demandante. Por lo
que, tenía hasta el 28 de febrero de esa anualidad para subsanar la demanda,
lo cual ocurrió el 4 de marzo de 2024.

5
Samai, índice 4.
6
Samai, índice 8 y 9.
7
Samai, índice 11.
8
Samai, índice 15.

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Demandante: Ricardo Andrés Nieto Sánchez

Manifestó que el 26 de febrero de 2024, el apoderado de la parte demandante
le comunicó al juzgado su imposibilidad de ingresar y descargar los archivos
de la plataforma, a lo cual el juzgado le respondió ese mismo día que «se había
procedido a verificar el proceso por el ambiente usuario - mismo por el que revisó el
apoderado- lográndose evidenciar que todas las actuaciones estaban debidamente
registradas y todos los archivos se permitían descargar, inclusive, el auto que inadmite la
demanda, de lo cual se le remitió como constancia el pantallazo que prueba lo dispuesto», sin
que el demandante enviara escrito de subsanación en el término concedido.

Por lo cual, el 31 de julio de 2024 el juzgado rechazó la demanda, decisión que
fue apelada, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión, con auto del 18 de septiembre de 2024, al estimar que el
actuar de ese juzgado no fue caprichoso e injustificado, por lo que no existió
vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor.

3.4. El Tribunal Administrativo de Sucre guardó silencio a pesar de haber sido
notificado en debida forma9.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199110, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales11 y especiales12 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional13 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

9
Samai, índice 14.
10
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
11
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
12
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
13
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03783-00
Demandante: Ricardo Andrés Nieto Sánchez

Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor
rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la solicitud de
amparo cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad, en
concreto el de inmediatez.
De superar dicho análisis, la Sala determinará si el Tribunal Administrativo de Sucre
y el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo incurrieron en un defecto
procedimental al proferir las providencias del 18 de septiembre de 2024 y del 31 de
julio de la misma anualidad en el medio de control 70001-33-33-009-2022-00626-
00/01.
4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La inmediatez es un presupuesto general que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial,
con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna. En
todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la
tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un término
razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento
de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional14 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados15.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de Estado 8
fijó como plazo razonable para su interposición, un término de seis meses contados
a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un
término prudencial para que el interesado acuda al mecanismo constitucional.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional16. Sin
embargo, también acudió a unas pautas, para examinar las excepciones a esa regla
general, indicando:
«Además de tener como pauta el término de seis meses, se debe analizar también: “(i) si existe
un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición. ».

14
Sentencia T-123 de 2007
15
Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra
providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos,
por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.
16
Sentencia T-031 de 2016.

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Demandante: Ricardo Andrés Nieto Sánchez

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada
caso concreto, lo que constituye un término razonable»10. Por ende, para analizar si este
requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: (i) la
situación personal del peticionario; (ii) si la vulneración de derechos fundamentales
se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra
la que se dirige la tutela; y (v) los efectos de la tutela.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad»17

5. Análisis del caso

5.1. En el escrito de tutela el señor Ricardo Andrés Nieto Sánchez, alegó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y
de acceso a la administración de justicia, con ocasión al auto del 18 de
septiembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-33-33-009-2022-
00626-00/01, mediante el cual se confirmó el auto del 31 de julio de 2024
expedido por el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo que rechazó la
demanda.

5.2. Se precisa que para efectos de estudiar el presupuesto de inmediatez la Sala
solo tendrá en cuenta el auto que resolvió el recurso de apelación, dado que
es el que define la litis.

5.3. Ahora bien, de la revisión del expediente allegado por el Juzgado Décimo
Administrativo de Sincelejo y de la revisión del Sistema de Gestión Samai, es
posible advertir que el auto del 18 de septiembre de 2024 se notificó por estado
electrónico del 20 de noviembre de 202418, como se observa a continuación:

De esta decisión, el Tribunal Administrativo de Sucre remitió una comunicación
el 20 de noviembre de 2024 informando sobre el auto dictado19 (información
tomada del Samai del Tribunal del ítem «Anotación/detalle», pues el archivo adjunto
no es visible para el despacho por encontrarse en estado «Clasificado»). Se precisa
que estas comunicaciones no implican una notificación personal, sino que son
una herramienta utilizada por los despachos para informar sobre la notificación
por estado electrónico.

17
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
18
Samai Tribunal, índice 5. Expediente nro. 70001-33-33-009-2022-00626-01. Y consulta realizada en Samai por la opción:
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19
Samai Tribunal, índice 6. Expediente 70001-33-33-009-2022-00626-01.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03783-00
Demandante: Ricardo Andrés Nieto Sánchez

Esto quiere decir que el plazo razonable para la interposición de esta acción
de tutela iba hasta el 21 de mayo de 2025, teniendo en cuenta que el término
debía iniciar a contabilizarse a partir del 21 de noviembre de 2024.

Como la acción de tutela se radicó hasta el 12 de junio de 2025, es claro que
la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se debe
a que transcurrieron 6 meses y 22 días entre la notificación de la providencia
acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el plazo
razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.

5.4. Al respecto, conviene recordar que la tesis pacífica de esta Sala consiste en
que el requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se computa desde que el accionante tuvo
conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la
providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el que
adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración
iusfundamental20.

De manera que, el señor Ricardo Andrés Nieto Sánchez debió acudir a la
acción de tutela dentro de un plazo razonable contabilizado desde la
notificación de la decisión de cierre, de considerar que le ocasionaba un
perjuicio y que vulneraba derechos de rango fundamental.

Se precisa que en el escrito de tutela el actor no realizó manifestación respecto
al cumplimiento de los requisitos generales, entre ellos el de inmediatez.
Adicionalmente, lo único que referenció como asunto previo fue la existencia
de una acción de tutela que presentó el señor Luis Eduardo Saavedra Gaona
(en nombre propio), quien fue su apoderado en el medio de control, por el mismo
asunto que se discute en este mecanismo constitucional. Sin embargo, esa
acción fue declarada improcedente por falta de legitimación en la causa por
activa, mediante sentencia del 10 de abril de 202521 y notificada el 25 de abril
de esa misma anualidad. Aspecto que no interfería en la presentación de esta
acción de tutela por parte del señor Nieto Sánchez.

5.5. Esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente
para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden
existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante. Sin
embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de
Estado y por la Corte Constitucional22 no se encuentra acreditada en este caso
una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de la
pauta de los seis meses.

Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios, es imperativo que se
cumplan con rigor cada uno de los requisitos generales señalados
jurisprudencialmente, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción. Lo que no aconteció en el presente asunto.

5.6. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos
generales de procedencia de este mecanismo constitucional contra
providencias judiciales, concretamente el de la inmediatez.

20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia de tutela
del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio Roberto Piza; sentencia de tutela
del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).
21
Consejo de Estado. Acción de tutela nro. 11001-03-15-000-2024-06853-00. C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
22
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961
de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03783-00
Demandante: Ricardo Andrés Nieto Sánchez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente de la acción de tutela presentada por el señor Ricardo
Andrés Nieto Sánchez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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