Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03787-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03787-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03787-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
21 de agosto de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03787 00
Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03787 00
Accionante: LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B Y JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se interpone
después de seis meses de notificada la providencia
judicial que se cuestiona.
La acción de tutela es improcedente cuando no cumple el
requisito general de relevancia constitucional por falta de
carga argumentativa.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Luis Hernando
Sandoval Pinzón, en calidad de Director de Sanidad del Ejército Nacional,
en contra del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03787 00
Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Luis Hernando Sandoval Pinzón, actuando en nombre propio y
en calidad de Director de Sanidad del Ejército Nacional, promovió acción
de tutela en contra de las precitadas autoridades judiciales, y para ello
formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la procedencia de la presente acción
de tutela por configurarse los requisitos jurisprudenciales exigidos
para presentar acción de tutela contra providencia judicial que
decide incidente de desacato.
SEGUNDO: SE TUTELE a favor de esta Dirección de Sanidad
Ejército, el derecho fundamental al debido proceso establecido en
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y el acceso a
la administración de justicia regulado en el artículo 229 de la Carta
Política.
TERCERO: SE DECLARE que las providencias proferidas por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá – el 23 de
mayo de 2024, 1 de octubre de 2024 y 14 de febrero de 2025
violaron el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y, en
consecuencia, SE REVOQUE lo ordenado en dichas providencias
judiciales.
CUARTO: SE DECLARE que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – el 7 de junio
de 2024 violaron el artículo 29 de la Constitución Política de
Colombia y, en consecuencia, SE REVOQUE lo ordenado en dichas
providencias judiciales […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del
escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que, mediante fallo de tutela proferido el 5 de
marzo de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bogotá, en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001 33
34 002 2024 00107 00/01, promovida por Vivir IPS S.A.S. en contra de
la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, se le ordenó que “(…)
disponga lo necesario para que en un término no superior a cuarenta y
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03787 00.
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ocho (48) horas (…), se pronuncie sobre el escrito formulado, por la
tutelante, del 21 de diciembre de 2023 (…)”2.
Aseguró que, “mediante oficio de fecha 12 de marzo de 2024 se había
enviado al despacho pronunciamiento informando la existencia de un
proceso de selección abreviada de menor cuantía por prestación de
servicios de salud en los que la accionante solicitaba la misma
información y se adelantaba por hechos conexos, por no decir que los
mismos “LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD SAMC-028-DISAN-EJC-2023”, pero la misma no fue tenida en
cuenta”3.
Manifestó que, en virtud de la notificación del fallo de tutela, el 14 de
mayo de 2024 envió al despacho nuevo pronunciamiento en el que puso
de presente la respuesta otorgada a Vivir IPS S.A.S. el 2 de noviembre
de 2023.
Agregó que, atendiendo el requerimiento realizado por el despacho ante
el presunto incumplimiento del fallo de tutela, el 20 de mayo de 2024 se
emitió una nueva respuesta a Vivir IPS S.A.S., lo cual, según afirmó, fue
comunicado ese mismo día al despacho.
Señaló que, “el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá –
Sección Primera profiere sanción al Director de Sanidad Ejército mediante
auto del 23 de mayo de 2024, que fue notificado a los correos de esta
entidad el 27 de mayo de 2024, sin que se tengan en consideración los
pronunciamientos enviados por esta entidad”4.
Resaltó que, “se evidencia al consultar el expediente en SAMAI que el
informe de cumplimiento de fecha 20 de mayo jamás fue registrado por
el despacho (…). No obstante lo anterior, el despacho mediante auto de
fecha 31 de mayo y notificado hasta el 4 de junio remite al Tribunal
2
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
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Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “B” el
informe de cumplimiento de fecha 20 de mayo”5.
Aseveró que, en sede de consulta y mediante auto del 7 de junio de 2024,
el tribunal accionado confirmó la sanción impuesta pasando por alto el
oficio del 20 de mayo de 2024, comoquiera que en dicha providencia se
expuso que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional nunca hizo uso
de su derecho de defensa, omitiendo así la valoración de los
pronunciamientos mencionados previamente.
Continuó relatando que “en atención a la sanción impuesta y el
desconocimiento de las actuaciones desplegadas por esta entidad y los
pronunciamientos enviados al despacho, se procedió a emitir una tercera
respuesta a la accionante el 28 de junio de 2024, enviando un nuevo
informe al despacho y solicitando la inejecución de la sanción”6.
Advirtió que, en virtud que el despacho no emitió pronunciamiento alguno
y que tampoco se registró como actuación el precitado informe, en julio
de 2024 radicó nueva solicitud de inejecución de la sanción.
Indicó que “ante la solicitud de inejecución de la sanción enviada al
despacho, este se pronunció mediante auto de fecha 17 de septiembre
en el que frente a la solicitud de inejecución resuelve estarse a lo resuelto
en el auto del 12 de junio de 2024 que dispuso obedecer y cumplir lo
resuelto por el superior”7.
Anotó que “el 6 de febrero de 2025 desde la Dirección de Sanidad Ejército
se solicitó al despacho se informara el estado de la sanción impuesta al
Coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón, respondiendo el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Primera con el
mismo auto emitido el 1 de octubre con fecha 14 de febrero”8.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
4
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En el acápite del escrito de tutela denominado “PROCEDIBILIDAD EN EL
CASO CONCRETO” alegó que su solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, al considerar que (i) agotó todos los recursos
judiciales que estaban a su alcance; (ii) se satisface el requisito de
inmediatez porque el último pronunciamiento del juzgado accionado es
de febrero de 2025; (iii) se materializó una irregularidad procesal que
guarda relación directa con la sanción impuesta, al desconocer los
pronunciamientos presentados en los que demostraba el cumplimiento
del fallo de tutela.
En cuanto a los requisitos específicos de procedencia, adujo que las
providencias acusadas incurrieron “[en] un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria de la responsabilidad subjetiva de la Dirección de
Sanidad Ejército y en consecuencia un defecto fáctico por insuficiencia
del análisis sobre el cumplimiento objetivo del fallo de tutela y al omitir
valorar detalladamente las acciones propositivas y concretas realizadas
por esta entidad”9. Agregó que “frente a la motivación de los accionados
también se configura una vía de hecho por indebida motivación de la
decisión adoptada y que se tutelan en la presente acción
constitucional”10.
A su turno, en el acápite del escrito de tutela denominado “PROCEDENCIA
DE INEJECUCIÓN SANCIÓN” sostuvo que “la inejecución de la sanción
dentro de un incidente de desacato es aplicable cuando existe un
incumplimiento al fallo de tutela inicialmente que luego se traduce en una
medida correccional confirmada por el superior del juez de conocimiento
y estando en firme dicha sanción se configura el cumplimiento del fallo
de tutela. Situación que es aplicable al caso concreto, pues a la fecha se
cuenta con dos respuestas claras y de fondo emitidas a la accionante, sin
9
Ibidem.
10
Ibidem.
5
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que la primera haya sido analizada por el superior y sin que ninguna de
las dos sea tenida en cuenta por el despacho sancionador”11.
Finalmente subrayó que “del auto del 17 de septiembre de 2024 se
sustrae que el despacho a la fecha sostiene la teoría de mantener las
sanciones impuestas en trámite incidental de desacato por considerar que
ya se ha consumado la infracción. Sin embargo, este criterio ha sido
modificado a raíz de varios pronunciamientos de los órganos de cierre y
en la práctica de múltiples despachos”12.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 16 de junio de 202513 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Primera de esta Corporación que,
por auto del 24 de junio de 202514 la admitió, negó la medida provisional
solicitada y dispuso notificar15 al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bogotá y a la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, como parte accionada; así como
vincular16 a la IPS Vivir IPS S.A.S., como tercero interesado en el
resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bogotá y a la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que allegaran copia digital o el
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03787 00.
14
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03787 00.
15
Esta orden se cumplió el 27 de junio de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03787
00.
16
Esta orden se cumplió el 3 de julio de 2025. Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica
para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03787 00.
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hipervínculo de consulta del expediente correspondiente a la acción de
tutela identificada con el radicado nro. 11001 33 34 002 2024 00107
00/01, el cual fue remitido17.
3.2. El magistrado ponente del auto del 7 de junio de 2024 acusado,
rindió informe18 en el que solicitó que se niegue el amparo deprecado por
el accionante.
Manifestó que la acción de tutela carece de fundamento válido,
comoquiera que, según aseveró, “la Consulta de desacato proferida por
esta Corporación (…), no desconoció los derechos fundamentales del
accionante, pues para el momento procesal en que se dictó la providencia
se hizo conforme las pruebas obrantes en el expediente (…)”.
Explicó que “(…) si tal como lo refiere la parte actora se envió
pronunciamiento con origen al juzgado que tramitaba el incidente y no
se registró dicha actuación en el expediente, esta omisión no es
imputable a la Sala de decisión, que en su estudio jurídico se circunscribe
a verificar la orden impartida con las actuaciones desplegadas por la
entidad, siendo, se estaba en imposibilidad jurídica de conocer los
documentos que fueron enviados al Juzgado Segundo (2°) Administrativo
de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C. (…)”.
Señaló que “(…) no es posible determinar el desconocimiento de los
derechos fundamentales del señor Luis Hernando Sandoval Pinzón,
porque para el momento en que se produjo el auto los documentos
presuntamente enviados por la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, no reposaban dentro del expediente, es tan así, que la misma
parte reconoce en el hecho séptimo del escrito de tutela que “jamás fue
registrado el informe de cumplimiento” (…)”.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03787 00.
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Visto en los índices 8, 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03787 00.
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Finalmente, expuso que “(…) la solución al caso del señor Luis Hernando
Sandoval Pinzón, se produjo con motivación suficiente, de acuerdo con lo
alegado y probado en sus fundamentos de hecho y de derecho, conforme
a la Constitución Política, la Ley, y la jurisprudencia, sin desconocer los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia (…)”.
3.3. La titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá
rindió informe19 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de inmediatez,
subsidiariedad y legitimación en la causa por activa.
En cuanto a la inmediatez, advirtió que “(…) la primera solicitud de
inaplicación se presentó el 28 de junio de 2024. Y la decisión que negó la
inaplicación de la sanción data del 9 de julio de 2024. Motivo por el que
la tutela fue presentada de manera extemporánea después de 1 año de
haberse negado la inaplicación de la sanción (…)”.
Frente a la subsidiariedad, indicó que en contra del precitado auto dictado
el 9 de julio de 2024, procedía el recurso de reposición, el cual no fue
promovido.
Por último, sobre la falta de legitimación en la causa por activa, anotó
que las solicitudes de inaplicación de la sanción por desacato fueron
presentadas por otras personas, distintas al hoy accionante.
3.4. La IPS Vivir IPS S.A.S. guardó silencio.
3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 9 de julio de 202520.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03787 00.
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199121 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26
de mayo de 2015,22 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202123, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201924, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente25:
4.2.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, en fallo
de tutela proferido el 5 de marzo de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental de petición de
la IPS Vivir IPS SAS.
SEGUNDO. ORDENAR al Director de Sanidad del Ejército
Nacional que disponga lo necesario para que en un término no
superior a cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta sentencia, se pronuncie sobre el escrito formulado, por la
tutelante, del 27 de diciembre de 2023.
Cumplido lo anterior deberá remitir copia de la respectiva
constancia a este Despacho, con el fin de verificar la satisfacción
21
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
22
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
23
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente
a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
24
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
25
Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de tutela identificada
con el radicado nro. 11001 33 34 002 2024 00107 00/01. Visto en el índice 11 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2025 03787 00.
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de lo ordenado […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
Conforme la documentación obrante en el expediente, la precitada
decisión no fue impugnada.
4.2.2. El 18 de marzo de 2024, la IPS Vivir IPS S.A.S. solicitó al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá que ordenara al Director
de Sanidad del Ejército Nacional el cumplimiento del precitado fallo de
tutela, comoquiera que “(…) la entidad no responde de fondo ni de
manera clara las peticiones solicitadas en el derecho de petición (…)”.
4.2.3. Por auto del 19 de marzo de 2024, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá dispuso:
“[…] PRIMERO. - Por Secretaría, requiérase al Director de
Sanidad del Ejército Nacional para que, en el término de tres
(3) días, contados a partir de la comunicación del presente
proveído, informe sobre el trámite adelantado con miras a dar
cumplimiento a la providencia del 5 de marzo de 2024, emitida por
este Despacho (…).
SEGUNDO.- Comuníquese la presente decisión de manera
personal, por el medio más expedito y eficaz al Director de
Sanidad del Ejército Nacional, haciéndole entrega de una copia
de esta providencia y de la solicitud de desacato […]”. (Mayúsculas
y negrillas originales de la providencia).
4.2.4. Por auto del 2 de mayo de 2024, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá dispuso:
“[…] PRIMERO.- Abrir el incidente de desacato a que se refiere
el artículo 52 del Decreto Ley 2591 de 1991, en contra del señor,
Coronel (EC) Luis Hernando Sandoval Pinzón, Director de
Sanidad del Ejército Nacional.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente este auto, por el medio
más expedito y eficaz al señor, Coronel (EC) Luis Hernando
Sandoval Pinzón, Director de Sanidad del Ejército Nacional.
Entréguesele copia del presente proveído.
TERCERO. Del mismo modo córrasele traslado al señor, Coronel
(EC) Luis Hernando Sandoval Pinzón, Director de Sanidad
del Ejército Nacional, de toda la actuación adelantada hasta el
momento por este Juzgado por el término de tres (3) días,
contados a partir de la notificación de esta providencia, durante
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los cuales podrá adelantar y/o sustentar las gestiones necesarias
para cumplir en su totalidad el fallo de la tutela en cuestión, así
como solicitar y acompañar las pruebas que considere pertinentes
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
4.2.5. Por auto del 23 de mayo de 2024, notificado el 27 de mayo de
2024, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, resolvió
lo siguiente:
“[…] PRIMERO. IMPONER al Director de Sanidad del ejército
Nacional, Coronel (EC) Luis Hernando Sandoval Pinzón, multa de
un (1) salario mínimo mensual legal vigente, como sanción por no
haber cumplido la orden impartida en el fallo de tutela del 5 de
marzo de 2024.
SEGUNDO. ORDENAR al Director de Sanidad del Ejército
Nacional, Coronel (EC) Luis Hernando Sandoval Pinzón que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en
fallo del 5 de marzo de 2024 proferido por este Despacho, esto es,
“ORDENAR al Director de Sanidad del Ejército Nacional que
disponga lo necesario para que en un término no superior a
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, se pronuncie sobre el escrito formulado, por la
tutelante, del 27 de diciembre de 2023” (Se destaca).
TERCERO. COMUNICAR a las partes la presente decisión por el
medio más expedito y eficaz.
CUARTO. REMITIR el expediente en forma inmediata al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin que se surta el grado
jurisdiccional de consulta […]”. (Mayúsculas y negrillas originales
de la providencia).
4.2.6. Por auto del 31 de mayo de 2024, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá, dispuso lo siguiente:
“[…] Visto el informe Secretarial que antecede, el Despacho
advierte que, mediante auto de 23 de mayo de 2024 esta
judicatura resolvió el incidente desatado dentro del proceso de la
referencia, imponiendo sanción en contra del director de Sanidad
del Ejército Nacional, Coronel (EC) Luis Hernando Sandoval Pinzón,
en vista del incumplimiento al fallo de tutela del 5 de marzo del
año en curso. En virtud de ello, se ordenó remitir el expediente en
forma inmediata al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con
el fin de que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta. Sin
embargo, el 27 de mayo del 2024, el accionante presentó informe
de cumplimiento al referido fallo.
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Por tanto, este Despacho procederá a remitir dicho informe, para
su conocimiento y fines pertinentes, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca […]”.
4.2.7. Por auto del 7 de junio de 2024, notificado el 12 de junio de 2024,
la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la
sanción impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bogotá, al señor Luis Hernando Sandoval Pinzón, como director de
Sanidad del Ejército Nacional.
4.2.8. Por auto del 12 de junio de 2024, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá, dispuso obedecer y cumplir lo
resuelto por la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
4.2.9. Por escrito del 18 de junio de 2024, la IPS Vivir IPS S.A.S. informó
al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá que
“transcurridas más de 48 horas no hemos recibido respuesta alguna por
parte de la entidad”.
Por lo anterior, solicitó que “[se] tome[n] acciones definitivas para la
superación de la violación constante y grosera por parte de la entidad de
nuestros derechos fundamentales. De igual manera, quisiéramos poner
de presente que no sabemos qué más hacer para qué nos responda un
simple derecho de petición la primera excusa fue que no habían recibido
el correo electrónico, hoy, 6 meses después de iniciada la acción
constitucional y ya con el derecho de petición en su conocimiento
seguimos sin contar con una respuesta de fondo por parte de la entidad.
No fue suficiente la multa impuesta al director de sanidad para que
respondiera, al parecer esta no actúo como una medida coercitiva
suficiente para que cesara la violación a nuestros derechos
fundamentales”.
4.2.10. Por auto del 26 de junio de 2024, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá dispuso requerir al Director de
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Sanidad del Ejército Nacional, para que aportara informe en el que
indicara las actuaciones que había desarrollado para dar cumplimiento al
fallo de tutela dictado el 5 de marzo de 2024.
4.2.11. Mediante oficio radicado nro. 2024325001700801: MDN-COGFM-
COEJC-SECEJ-COPER-1.9 del 28 de junio de 2024, el oficial de gestión
jurídica de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional solicitó lo
siguiente:
“[…] solicito a su señoría, declare la IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN al no haber vulnerado los derechos del accionante por
parte de esta Dirección de Sanidad Ejército y por ende se
inapliquen las sanciones impuestas […]”. (Mayúsculas originales
del escrito).
Lo anterior, comoquiera que, según aseveró, “el derecho de petición
motivo de esta tutela ya fue resuelto y notificado al accionante”.
4.2.12. Por auto del 9 de julio de 2024, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en el auto del 12 de
junio de 2024, que dispuso obedecer y cumplir “lo resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “B”, en providencia del 7 de junio de 2024, mediante
la cual confirmó el auto de 23 de mayo del 2024, que sancionó
dentro del trámite de incidente de desacato, al Director de Sanidad
del Ejército Nacional - Coronel (EC) Luis Hernando Sandoval
Pinzón, al encontrar incumplido el fallo de tutela dictado el 5 de
marzo de 2024.”
SEGUNDO: CORRER TRASLADO, por el término de tres días, a
la parte actora, del informe de cumplimiento allegado por la
accionada, Dirección de Sanidad del Ejército Nacional […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).
Lo anterior, al considerar lo siguiente:
“[…] en torno a la solicitud presentada por la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional, en la que pretende la inaplicación de la
sanción impuesta por desacato, el Despacho precisa que, el auto
del 23 de mayo de 2024, a través del cual se impuso la sanción
referida se encuentra en firme, ya que fue confirmado por medio
de la providencia del 7 de junio de 2024, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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“B”. En consecuencia, el Despacho perdió competencia para
disponer una decisión contraria.
De otro lado en lo atinente al informe de cumplimiento allegado
dentro de la solicitud de inaplicación de la sanción, el Despacho
procederá a dar el traslado respectivo a la parte actora, para que
se pronuncie sobre lo que considere pertinente.
En efecto, ha de precisarse que, el cumplimiento de la orden de
tutela y la facultad para sancionar por vía del incidente de desacato
son dos instituciones procesales diferentes. Pues, una es la
facultad del juez para vigilar que su decisión se acate por el
obligado y otro el deber de sancionar a la parte incumplida. Y en
esa razón, lo que corresponde es garantizar que la decisión de
tutela efectivamente sea observada, sin que haya lugar a
pronunciarse sobre un asunto que ya fue objeto de consulta por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]”.
4.2.13. Mediante oficio radicado nro. 2024325002247551: MDN-COGFM-
COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-1.5 del 21 de agosto de 2024, el
oficial de gestión jurídica de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERO: INAPLICAR la SANCIÓN impuesta al director de la
Dirección de Sanidad del Ejército, coronel Luis Sandoval Pinzón,
del pago de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
SEGUNDO: Subsidiariamente, se solicita la INEJECUCIÓN de los
actos que se deriven a causa de la sanción, entre ellos oficiar a la
oficina de cobros persuasivos y coactivos de Bogotá con la finalidad
de no hacerse efectiva la multa impuesta dentro de la presente
sanción […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito).
Para ello, manifestó lo siguiente:
“[…] El 28 de junio de 2024 se emitió nueva respuesta a la entidad
Vivir IPS, en la que se dio respuesta de fondo a la petición del 27
de diciembre de 2023 (…).
Respuesta que se anexa al presente escrito para mejor consulta
por parte del despacho.
(…)
En ese orden de ideas, cuando es impuesta una sanción por
desacato al fallo de tutela e incluso dicha sanción es confirmada
por el superior que conoce de la consulta, pero la accionada
acredita el cumplimiento a lo ordenado en la acción de tutela, se
puede aplicar la figura de la inejecución de la sanción de (…) multa,
pues esta resulta ser efectiva siempre y cuando se cumpla con el
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requisito principal de demostrarse que acató en forma total el fallo
de tutela […].
4.2.14. Por auto del 17 de septiembre de 2024, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CORRER TRASLADO, por el término de tres días,
a la parte actora, del informe de cumplimiento alegado por la
accionada, Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.
SEGUNDO: ESTARSE A LO RESUELTO en el auto del 8 (sic) de
julio de 2024.
TERCERO: Por Secretaría, adelántese el trámite que corresponde
para la ejecución de la sanción […]”.
Lo anterior, al considerar lo siguiente:
“[…] se informa que, el día 21 de agosto del año en curso, la
accionada allegó informe de cumplimiento, por lo que el Despacho
procederá a dar traslado respectivo a la parte actora, para que se
pronuncie sobre lo que considere pertinente.
Finalmente, y frente a la solicitud de inaplicación de la sanción
allegada junto con el informe de cumplimiento, el Despacho
dispone estarse a lo resuelto en el auto del 8 (sic) de julio de 2024,
que resolvió:
PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en el auto del 12 de junio
de 2024, que dispuso obedecer y cumplir “lo resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “B”, en providencia del 7 de junio de 2024, mediante
la cual confirmó el auto de 23 de mayo del 2024, que sancionó
dentro del trámite de incidente de desacato, al Director de Sanidad
del Ejército Nacional - Coronel (EC) Luis Hernando Sandoval
Pinzón, al encontrar incumplido el fallo de tutela dictado el 5 de
marzo de 2024” […]”.
4.2.15. Mediante oficio radicado nro. 2024325002640361:MDN-COGFM-
COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-1.5 del 25 de septiembre de 2024,
el oficial de gestión jurídica encargado de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DISPONER la inejecución de la sanción de multa
impuesta por desacato a través de auto del 23 de mayo de 2024
al director de la Dirección de Sanidad del Ejército, coronel Luis
Sandoval Pinzón, del pago de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente.
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SEGUNDO: Subsidiariamente, se solicita la INEJECUCIÓN de los
actos que se deriven a causa de la sanción, entre ellos oficiar a la
oficina de cobros persuasivos y coactivos de Bogotá con la finalidad
de no hacerse efectiva la multa impuesta dentro de la presente
sanción […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito).
4.2.16. Por auto del 1 de octubre de 2024, notificado ese mismo día, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá señaló lo
siguiente:
“[…] atendiendo a la solicitud de inaplicación de la sanción
presentada por la entidad accionada, el Despacho dispone, estarse
a lo resuelto en el auto del 8 (sic) de julio de 2024, que resolvió:
PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en el auto del 12 de junio
de 2024, que dispuso obedecer y cumplir “lo resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “B”, en providencia del 7 de junio de 2024, mediante
la cual confirmó el auto de 23 de mayo del 2024, que sancionó
dentro del trámite de incidente de desacato, al Director de Sanidad
del Ejército Nacional - Coronel (EC) Luis Hernando Sandoval
Pinzón, al encontrar incumplido el fallo de tutela dictado el 5 de
marzo de 2024.” […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
4.2.17. Mediante correo electrónico del 5 de febrero de 2025 dirigido al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, la abogada Laura
Juliana Ochoa Sandoval solicitó lo siguiente:
“[…] Por medio del presente me permito solicitar información
respecto del expediente del asunto 11001-33-34-002-2024-
00107-00, en razón a que consultada la página web
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroR
adicacion la última actuación que se evidencia es el auto de fecha
17 de septiembre de 2024, en donde se resolvió:
PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en el auto del 12 de junio de
2024, que dispuso obedecer y cumplir “lo resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“B”, en providencia del 7 de junio de 2024, mediante la cual
confirmó el auto de 23 de mayo del 2024, que sancionó dentro del
trámite de incidente de desacato, al Director de Sanidad del
Ejército Nacional - Coronel (EC) Luis Hernando Sandoval Pinzón,
al encontrar incumplido el fallo de tutela dictado el 5 de marzo de
2024.”
En donde se ordenó correr traslado a la parte actora del informe
de cumplimiento de allegado por la accionada, ignorando a la fecha
la respuesta de la parte actora, con el fin de conocer el estado de
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la sanción, quedando atenta […]”. (Mayúsculas originales del
escrito).
4.2.18. Por auto del 14 de febrero de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá dispuso lo siguiente:
“[…] atendiendo a la solicitud de conocer el estado de la sanción
presentada por la entidad accionada, el Despacho dispone estarse
a lo resuelto en el auto del 9 de julio de 2024, que resolvió:
PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en el auto del 12 de junio
de 2024, que dispuso obedecer y cumplir “lo resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “B”, en providencia del 7 de junio de 2024, mediante
la cual confirmó el auto de 23 de mayo del 2024, que sancionó
dentro del trámite de incidente de desacato, al Director de Sanidad
del Ejército Nacional - Coronel (EC) Luis Hernando Sandoval
Pinzón, al encontrar incumplido el fallo de tutela dictado el 5 de
marzo de 2024.” […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
4.2.19. Por auto del 10 de junio de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá resolvió “dar por cumplida la
sentencia de tutela proferida el 5 de marzo de 2024”.
Para ello, consideró lo siguiente:
“[…] El 28 de junio de 2024, ingresó al Despacho escrito de la
demandada. En el aludido memorial, la demandada precisó que
emitió respuesta en el que resolvió de fondo la solicitud de la
demandante, relativo proceso de selección abreviada de menor
cuantía por prestación de servicios de salud SAMC-028-DISAN-EJC-
2023.
De lo pertinente, mediante auto del 17 de septiembre de 2025
(sic), el Despacho corrió traslado a la parte actora, quien guardó
silencio frente a la referida actuación.
Frente al sub lite, estima el Despacho:
El fallo de tutela ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional dar respuesta “sobre el escrito formulado, por la tutelante,
del 27 de diciembre de 2023”.
En ese contexto, en informe de cumplimiento, la demandada allegó
al plenario copia del oficio con radicado 2024325001700751, en el
que el que (sic) resolvió de fondo la solicitud de respuesta a las
observaciones presentadas por Vivir IPS dentro del proceso de
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selección abreviada de menor cuantía por prestación de servicios
de salud SAMC-028-DISAN-EJC-2023 (…).
El oficio en comento fue notificado el 18 de junio de 2024, al correo
electrónico de la tutelante: vivirips@hotmail.com. De la respectiva
actuación, Dirección de Sanidad del Ejército Nacional allegó
certificación de notificación electrónica.
Así las cosas, de lo aquí expuesto, se advierte que el contenido de
lo informado por la entidad accionada es conforme con lo ordenado
en la sentencia de tutela del 5 de marzo de 2024, y con lo solicitado
por la parte actora, pues la accionada acreditó haber emitido
respuesta al tutelante, de fondo y de manera congruente con lo
pedido […]”.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la parte actora presentó acción de tutela
pretendiendo la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, los cuales estima
vulnerados con ocasión de los autos proferidos el 23 de mayo de 2024,
el 1 de octubre de 2024 y el 14 de febrero de 2025 por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá; así como la dictada el 7
de junio de 2024 por la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el trámite incidental promovido en
la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001 33 34 002 2024
00107 00/01.
En ese sentido, la Sala estima pertinente analizar, por una parte, los
autos proferidos el 23 de mayo de 2024, el 7 de junio de 2024 y el 1 de
octubre de 2024; y por otra, el dictado el 14 de febrero de 2025.
4.3.1. Frente a los autos proferidos el 23 de mayo de 2024 y 1 de
octubre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bogotá; así como el dictado el 7 de junio de 2024 por
la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional ha
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considerado que, dado que la finalidad de la tutela es la protección
urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe
formularse en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó
la amenaza o vulneración, pues aceptar lo contrario desvirtuaría su
carácter excepcional.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 201726, la Corte Constitucional
destacó que la importancia de exigir un término razonable entre la
notificación de la providencia que se controvierte y la interposición de la
acción de tutela radica en que dicho requisito: “(…) (i) garantiza una
protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a
atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y
(iv) desestima las solicitudes negligentes (…)”.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto,
teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante; (ii) si la inactividad
injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados, y (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después
de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición27.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-069 del
2018, explicó, haciendo referencia al presupuesto de la inmediatez, “(…)
que la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y
razonable, es decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó
la vulneración o amenaza (…)”.
26
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
27
Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia del 5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia 28 y, en
cuanto al requisito de inmediatez, estableció que “(…) la Sala Plena, como
regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente (…)”. (Negrillas del texto).
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación de la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad,
plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en
que se encuentre el accionante.
En el asunto bajo examen, el accionante cuestiona el auto del 23 de
mayo de 2024, notificado el 27 de mayo de 2024, proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá que lo sancionó
por desacato, así como el auto del 7 de junio de 2024, notificado el
12 de junio de 2024, dictado por la Subsección B, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió el grado
jurisdiccional de consulta en el sentido de confirmar la precitada sanción.
Adicionalmente, la parte actora también controvierte el auto del 1 de
octubre de 2024, notificado ese mismo día, dictado por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá que, al responder una
solicitud de inaplicación de la sanción impuesta, dispuso estarse a lo
resuelto en el auto del 9 de julio de 2024, que a su vez resolvió estarse
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001-03-15-000-2012-
02201-01.
20
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a lo resuelto en el auto del 12 de junio de 2024 que obedeció y cumplió
lo resuelto por la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el auto del 7 de junio de 2024.
Por su parte, la acción de tutela fue radicada el 16 de junio de 2025,
de donde se desprende que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de inmediatez, dado que, se presentó pasados más de
seis meses desde que se notificó el auto que resolvió el grado
jurisdiccional de consulta en el trámite incidental y del auto que dispuso
estarse a lo resuelto en el auto del 9 de julio de 2024, en respuesta a la
solicitud de inaplicación de la sanción presentada por la entidad
accionada.
En ese sentido, se declarará improcedente la acción de tutela respecto a
los autos proferidos el 23 de mayo y el 1 de octubre de 2024, por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá; así como, al
dictado el 7 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por no superar el
requisito de inmediatez.
4.3.2. Frente al auto proferido el 14 de febrero de 2025 por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá
La Corte Constitucional en la sentencia SU-659 de 2015, al hacer
referencia a la sentencia C-590 de 2005, indicó que un asunto sometido
al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “(…)
[se] plantee una confrontación de la situación suscitada por la parte
accionada con derechos de carácter constitucional fundamental (…)”.
Para que el requisito de relevancia constitucional esté acreditado, la parte
interesada deberá explicar clara y expresamente las razones por las
cuales estima que la providencia acusada vulnera sus derechos
fundamentales.
21
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Seguidamente, debe el juez examinar si, en efecto, la vulneración del
derecho acontece en lo que se denomina su núcleo esencial, pues sólo de
esta manera el caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para
permitir que, por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio
constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje
institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este
propósito, el juez no podrá limitarse a convalidar el requisito de la
relevancia constitucional con la sola mención de un derecho fundamental,
pues deberá evaluar si, de acuerdo con los argumentos expresados en el
escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva de un derecho
fundamental por parte del pronunciamiento efectuado por la autoridad
judicial accionada.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial de
un derecho fundamental es “(…) esa parte del derecho que lo identifica,
que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de
inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho
fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo
convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al
derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O,
también, puede verse como la parte del derecho fundamental que no
admite restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”29.
En el asunto bajo examen, el accionante pretende que “se declare” que
el auto del 14 de febrero de 2025, proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá, viola el artículo 29 de la
constitución y que, en consecuencia, “se revoque lo ordenado” en dicha
providencia.
29
Corte Constitucional. Sentencia C-756 del 30 de julio de 2008. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
22
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Al respecto, la Sala precisa que el precitado auto responde la solicitud
“de información respecto del expediente del asunto 11001-33-34-002-
2024-00107-00 (…) con el fin de conocer el estado de la sanción”30, en
el sentido de estarse a lo resuelto en el auto del 9 de julio de 2024, que
a su vez resolvió estarse a lo resuelto en el auto del 12 de junio de 2024
que obedeció y cumplió lo resuelto por la Subsección B, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el auto del 7 de junio de
2024.
En ese sentido, se advierte que la providencia acusada, esto es la dictada
el 14 de febrero del 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bogotá, no profiere una orden en particular, sino que se limita
a responder una solicitud presentada el 6 de febrero de 2025, sobre el
estado de la sanción impuesta en mayo de 2024, por lo que el auto
cuestionado se trata de una providencia de trámite que no resuelve ni
imparte una orden en particular.
Ahora, es preciso anotar que, contra dicho auto puntualmente, el
accionante no presentó con claridad una inconformidad, lo anterior,
comoquiera que se limitó a solicitar que se declare que dicha providencia
vulneró su derecho fundamental al debido proceso, establecido en el
artículo 29 de la constitución.
Si bien en el escrito de tutela el accionante adujo que las providencias
acusadas incurrieron “[en] un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria de la responsabilidad subjetiva de la Dirección de Sanidad
Ejército y en consecuencia un defecto fáctico por insuficiencia del análisis
sobre el cumplimiento objetivo del fallo de tutela y al omitir valorar
detalladamente las acciones propositivas y concretas realizadas por esta
entidad”31, y que “frente a la motivación de los accionados también se
30
Aparte del correo electrónico remitido al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Bogotá el 6 de febrero de 2025. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03787 00.
31
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03787 00.
23
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Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón
configura una vía de hecho por indebida motivación de la decisión
adoptada”32, la Sala resalta que estos argumentos están orientados a
reprochar los autos del 23 de mayo de 2024 que lo sancionó por desacato,
el del 7 de junio de 2024 que confirmó dicha sanción y el del 1 de octubre
de 2024 que, al resolver la solicitud de inaplicación e inejecución de la
sanción impuesta, resolvió estarse a lo resuelto en el auto del 9 de julio
de 2024; providencias sobre las cuales, como se explicó previamente, no
procede la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
inmediatez.
En ese sentido, la Sala considera que, frente al auto del 14 de febrero de
2025, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bogotá, la acción de tutela es improcedente por falta de relevancia
constitucional, comoquiera que el accionante se limitó a invocar la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, sin cumplir con
la carga de exponer como, ese auto, trasgrede dicho derecho y el núcleo
esencial que lo compone.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Luis Hernando Sandoval Pinzón, respecto a los autos
proferidos el 23 de mayo de 2024 y el 1 de octubre de 2024 por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá; así como el
dictado el 7 de junio de 2024 por la Subsección B, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el trámite incidental
32
Ibidem.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03787 00
Accionante: Luis Hernando Sandoval Pinzón
promovido en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001
33 34 002 2024 00107 00/01, por no cumplir con el requisito general de
inmediatez.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Luis Hernando Sandoval Pinzón, respecto al auto proferido
el 14 de febrero de 2025, por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bogotá, en el trámite incidental promovido en la acción de
tutela identificada con el radicado nro. 11001 33 34 002 2024 00107
00/01, por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional
por falta de carga argumentativa.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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