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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03800-01

Fecha
11 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03800-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 21 de julio del 2025, emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03800-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

11 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 150001-23-33-000-2025-03800-011
Demandante : Yolanda Sandoval Calero
Demandado : Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Acción : Tutela
Derecho : Debido proceso
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada
por la señora Yolanda Sandoval Calero contra el Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección C, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante
frente a la providencia atacada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la
acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de
este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

La señora Yolanda Sandoval Calero interpuso el presente recurso de amparo con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.

Por consiguiente, pidió:

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03800-01
Demandante: Yolanda Sandoval Calero
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

«2. Que, como consecuencia, se revoque la Sentencia de 2ª instancia proferida por el Honorable
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C; Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS, dieciséis (16) de
diciembre de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso por el medio de control de Acción de Grupo
con Radicado No. 76001 23 33 000 2014 00215 01 (AG).

3. Se ordene al Honorable Consejo de Estado, proferir nueva decisión en la cual se tengan en cuenta
los criterios de flexibilización en la práctica de la prueba que conlleve, posiblemente a confirmar la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que condenó a las entidades
demandadas a responder por los daños causados a los accionantes, por la conducta omisiva de las
mismas».

1.3 Hechos.2

La accionante relató que, el 10 de marzo de 2014, presentó junto con otras familias una
demanda en ejercicio del medio de control de acción de grupo contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Ejército Nacional, Ministerio del Interior y el
Departamento del Valle del Cauca, la cual fue asignada al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca bajo radicado 76001-23-33-000-2014-00215-00, con fundamento en los
hechos relacionados con la desaparición forzada de su hijo Jorge Eliécer Agudelo
Sandoval.

En el trámite, la entidad judicial profirió sentencia el 18 de abril de 2016, mediante la cual
declaró responsables a las entidades demandadas y las condenó al pago de perjuicios
morales en cuantía de 5.832 SMLMV. Señaló que, tras el recurso de apelación, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 16 de diciembre de
2022, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no existía prueba suficiente para atribuir los hechos a una omisión del
Estado.

1.4 Argumentos de la tutela.

La accionante manifestó que, la sentencia del 16 de diciembre de 2022 vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al
haber sido proferida sin que el despacho tuviera en cuenta su condición de mujer
campesina, desplazada, en situación de pobreza y víctima del conflicto armado, y, sin
aplicar criterios de flexibilización probatoria.

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 2.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03800-01
Demandante: Yolanda Sandoval Calero
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B3, admitió la acción de tutela el 20 de junio del 2025. En dicha decisión se
ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y vinculó al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al Ministerio de Defensa e interior, al
Departamento del Valle del Cauca, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y quienes
obraron como demandantes en el proceso de acción de grupo.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 manifestó que, al tratarse de una
acción de tutela contra la decisión de segunda instancia, el Despacho se atiene a lo
resuelto en sede de tutela.

2.1.2 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C5 señaló que, la
providencia cuestionada tuvo como consejero ponente al antiguo titular del despacho,
motivo por el cual, se abstiene de pronunciarse sobre la solicitud de amparo.

2.1.3 El Departamento del Valle del Cauca6 solicitó declarar improcedente el recurso
de amparo, en razón que, la entidad no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante, por lo que, carece de legitimación en la causa por pasiva.

2.2 Sentencia de primera instancia7

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente la acción
de tutela al considerar que no acredita el requisito de inmediatez. Al respecto, indicó que:
«En consecuencia, la Sala constató que los seis (6) meses considerados como razonables por la
jurisprudencia constitucional fenecieron el 29 de septiembre de 2023, de manera que, si la acción de tutela
se presentó el 17 de junio de 2025, se ejerció un (1) año, ocho (8) meses y diecinueve (19) días por fuera
del término prudencial».

3
Visible en el expediente en SAMAI de segunda instancia, índice 4
4
Visible en el expediente digital en SAMAI de primera instancia, índice 8 y 9.
5
Visible en el expediente digital en SAMAI de primera instancia, índice 10.
6
Visible en el expediente digital en SAMAI de primera instancia, índice 12.
7
Visible en el expediente digital en SAMAI de primera instancia, índice 14,

3

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Demandante: Yolanda Sandoval Calero
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

2.3 Impugnación8

La accionante impugnó la decisión, bajo el argumento que, el juez constitucional de
primera instancia realizó una aplicación inadecuada del requisito de inmediatez frente a
víctimas del conflicto armado, y, además, omitió aplicar un enfoque diferencial, dada la
situación de la actora frente a este requisito de procedibilidad.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

En virtud de los artículos 329 del Decreto ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo 80 de 12
de marzo del 201912 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección
es competente para conocer de la presente impugnación.

3.3 Problema jurídico.

Se debe determinar si la acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos de
procedibilidad; de ser así, se analizará si el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yolanda
Sandoval Calero, al revocar la sentencia de primera instancia dentro de la acción de
grupo con radicado 76001-23-33-000-2014-00215-00, por haber omitido, presuntamente,
aplicar el criterio de flexibilización probatoria en casos de desaparición forzada y su
condición de víctima del conflicto armado.

3.4 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017
y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección

8
Visible en el expediente digital en SAMAI de primera instancia, índice 18.
9
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
10
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
12
“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
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Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

de los derechos constitucionales fundamentales.

Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que
no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, teniendo en cuenta que, el reconocimiento al principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.
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Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de
tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional;(ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible;(vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad contra
decisiones judiciales, la cual, solamente si tiene indudable relevancia constitucional
resulta procedente.

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Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales13, rectificó su posición mediante sentencia de 31
de julio de 201214, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente
contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al
fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos15.

13
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
14
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
15
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo

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2.5 Requisito general de la inmediatez.

Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar que, la
jurisprudencia constitucional16 ha establecido para tal propósito varios requisitos
generales, entre los que se encuentra la inmediatez.

Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante sentencia del
5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0117, en cuanto al
presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para ejercer la acción de
tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-
administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria.

Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque el
presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto es que,
cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el lapso de seis
(6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar derechos de terceros.

Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta indispensable
analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular, «(i) si existe un motivo
válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de
la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; 18 (iv) si el fundamento de la acción
de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición19.20».

De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional21, existen dos
excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son: «(i) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez
es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la
especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de

de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
16
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
17
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
18
Sentencia SU-961/99.
19
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
20
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
21
Sentencia T-584 de 2011.
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indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros». Situaciones que

deberán ser analizadas en cada caso, en el evento en que se acuda a la tutela en un
término superior al mencionado (6 meses).

3.7 Solución al caso concreto

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la tutelante; (ii) la decisión controvertida no es
susceptible de otro medio de defensa judicial, dado que, fue proferida en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de la aludida garantía superior; y (iv) la sentencia acusada no fue
dictada en una acción de tutela.

Ahora bien, para dilucidar si en el asunto sub judice se colma la exigencia de la
inmediatez, debe advertirse que el fallo atacado quedó ejecutoriado el 29 de marzo de
202322 y la solicitud de amparo se presentó el 17 de junio de 2025, es decir, (1) año, ocho
(8) meses y diecinueve (19) días después. Al respecto, la Corte Constitucional, en
sentencia T-954 de 201023, sostuvo:

«[…] esta Corporación ha precisado que, en virtud de la naturaleza cautelar de la acción de tutela,
ésta debe ser presentada en término oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se presuma que
la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable” 24. Ese
“plazo razonable” es consustancial a las regulaciones procedimentales de la acción de tutela y
determina en gran medida el campo de acción del juez de tutela, pues su orden debe estar
respaldada por la urgencia e inmediatez, “en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a
modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en el tiempo. […].
Incluso, la real configuración de una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en duda
cuando la demanda de tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la ocurrencia del
hecho que supuestamente la generó”25».

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que, cuando existe
un lapso prolongado entre la ocurrencia del hecho vulnerador y la presentación de la
acción de tutela, el análisis debe someterse al criterio de razonabilidad y
proporcionalidad aplicada al caso concreto, con el fin de establecer si la demora está
válidamente justificada:

«La razonabilidad en la interposición de la acción de tutela está determinada, tanto en su aspecto
positivo, como en el negativo, por la proporcionalidad entre medios y fines. El juez debe ponderar

22
Visible en el expediente original en SAMAI, índice 56
23
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24
Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
25
Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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una serie de factores con el objeto de establecer si la acción de tutela es el medio idóneo para lograr
los fines que se pretenden y así determinar si es viable o no. Dentro de los aspectos que debe
considerarse, está el que el ejercicio inoportuno de la acción implique una eventual violación de los
derechos de terceros. Para hacerlo, el juez debe constatar: 1) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados26».

Ahora bien, aunque en su escrito de impugnación la accionante expuso razones de
índole personal y social para explicar la tardanza en la interposición de la acción, tales
manifestaciones no resultan suficientes ni cuentan con respaldo probatorio. En
consecuencia, tratándose de una tutela contra providencia judicial, la accionante no
cumplió con la carga de exponer de manera conveniente las razones que le impidieron
acudir en un plazo prudencial ante el mecanismo constitucional. Además, la ausencia
de un sustento valido respaldado por algún medio o documento justificativo, bajo un
examen de razonabilidad, que la demora en la presentación de la acción se encuentre
justificada.

Asimismo, cabe precisar que en reciente sentencia de unificación SU-304 de 202427
la Corte Constitucional sostuvo que, en tratándose de tutelas contra fallos proferidos
por una alta corte, como en este caso, el examen debe realizarse con mayor
rigurosidad para poder constatar «una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria», lo que implica que no se permita su uso con el

propósito de reabrir debates concluidos en el proceso ordinario.

Además, en este punto, la Sala destaca que, el ejercicio de la acción de tutela no
habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni
interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente
vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto se impone
confirmar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, por no satisfacer el presupuesto de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

26
Sentencia SU-961/99 de la Corte Constitucional M.P Vladimiro Naranjo Mesa
27
M. P. Vladimir Fernández Andrade.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03800-01
Demandante: Yolanda Sandoval Calero
Demandada: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 21 de julio del 2025, emitida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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