Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03802-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03802-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03802-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03802-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
4 de agosto de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Demandante: ÁNGELA MARÍA CEDEÑO RUÍZ Y OTRAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
LA ACCIÓN DETUTELA CARECE DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL CUANDO SE UTILIZA PARA REABRIR
UN DEBATE YA ZANJADO CON OCASIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES
IDÓNEOS. NIEGA LOS REPAROS RESTANTES
Síntesis del caso: las accionantes alegaron que la autoridad judicial demandada incurrió en los
defectos orgánico, procedimental, fáctico y sustantivo, por proferir los autos del 28 de abril, 16 de
mayo y 11 de junio de 2025, dentro del proceso de nulidad electoral que cuestiona su elección
como integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del Magdalena.
Consideraron, en esencia, que dichas decisiones desconocieron la competencia de la Sala,
omitieron el traslado de la solicitud de suspensión del acto supuestamente reproducido y
valoraron de forma errada el estado de firmeza de la sanción disciplinaria impuesta al diputado
Alberto Mario Gutiérrez Uribe. No obstante, la Sala declarará improcedente la acción de tutela,
tras constatar que los cuestionamientos en contra de la providencia del 28 de abril de 2025 fueron
expresamente analizados y resueltos en la providencia del 16 de mayo de 2025. Por otra parte,
negará el amparo frente a los reparos formulados en contra de la providencia del 11 de junio de
2025.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por las señoras Ángela María Cedeño
Ruíz, Marta Liliana García Rivera y Candy Julieth Sánchez Vásquez en contra del
Tribunal Administrativo del Magdalena, para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados
en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados por el
auto del 28 de abril de 2025, mediante el cual se suspendió provisionalmente el acto de
elección transitorio de la mesa directiva de la Asamblea del Magdalena y el auto del 16
de mayo de 2025, a través del que se rechazó por improcedente el recurso de apelación
contra el anterior auto, lo adecuó a uno de reposición y, en consecuencia, lo negó, así
1
Mediante escrito radicado el 17 de junio de 2025 (índice 01 de Samai).
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
como el auto del 11 de junio de 2025, que rechazó el recurso de reposición y, en subsidio
de queja, en contra del auto del 16 de mayo de 2025, por medio del cual resolvió no
reponer el auto del 28 de abril de 2025.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Por proveído del 20 de noviembre de 2024, el Partido Demócrata Colombiano abrió
una investigación disciplinaria y le formuló cargos al diputado Alberto Mario Gutiérrez
Uribe, por presuntamente desconocer los artículos 76 y 78 de los estatutos de esa
colectividad, al tiempo que decretó como medida cautelar la suspensión de su derecho a
voz y voto en la Asamblea Departamental de Magdalena por el término de 30 días, la cual
estaría comprendida entre el 1 hasta el 30 de diciembre de 2024, decisión que fue
notificada a la duma departamental el 25 de noviembre siguiente.
2) En sesión del 26 de noviembre de 2024, la Asamblea Departamental del Magdalena
eligió como miembros de la Mesa Directiva a las señoras Ángela María Cedeño Ruíz
como presidenta, Marta Liliana García Rivera como primera vicepresidenta y Candy
Julieth Sánchez Vásquez como segunda vicepresidenta.
3) La señora María Margarita Guerra Zúñiga presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral en contra de los tres actos de elección de tales miembros2 Y
solicitó que se decretara como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos
de los actos antes aludidos.
4) A través de proveído del 31 de enero de 2025, el tribunal corrió traslado a los extremos
procesales de la solicitud de medida cautelar, por un término de cinco días contados a
partir de la notificación personal de esa providencia, al tiempo que vinculó como
litisconsorcio necesario a los señores Edgar Gerónimo Arias Ortiz, Linda Luz Cabarcas
Suárez, María del Socorro Charris Pizarro, Alberto Mario Gutiérrez Uribe, Rosa Idalia
2
47001-2333-000-2025-00015-00.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
Jiménez Rodríguez, Mallath Paola Martínez Cantillo, Rafael Emilio Noya García, Yohan
Alfonso Pinedo Panetta y Amed José Zawady Pupo, quienes también son empleados.
5) Mediante auto del 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena i)
admitió la demanda, ii) vinculó a los diputados Linda Luz Cabarcas Suarez, María del
Socorro Charris Pizarro, Rafael Emilio Noya García, Yohan Alfonso Pinedo Panetta, en
condición de terceros coadyuvantes de la parte accionante y, a los señores Alberto Mario
Gutiérrez Uribe, Rosa Idalia Jiménez Rodríguez y Mallath Paola Martínez Cantillo, como
terceros coadyuvantes de la parte demandada, iii) suspendió provisionalmente los
efectos de los actos de elección de las demandas como miembros de la Mesa Directiva
de la Asamblea Departamental del Magdalena, por considerar que en esta etapa procesal
no se acreditó que había cuórum decisorio para realizar la elección cuestionada.
6) Asimismo, como medida preventiva, ordenó «que en el próximo primer periodo de
sesiones ordinarias, esto es, el que inicia a partir del 1° de marzo de 2024 (artículo 22 de
la ordenanza reglamento 162 de 2023) adelante el procedimiento establecido en su
reglamento y la Ley, incluyendo la etapa de convocatoria, con la finalidad de que se lleve
a cabo a elección de una mesa directiva, la cual ejercerá mientras subsista la presente
medida precautelativa. En todo caso, y en el evento hipotético de que con anterioridad al
inicio del periodo de sesiones ya referido, se celebren sesiones de tipo extraordinario que
convocare el Gobernador del departamento del Magdalena, la ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA deberá igualmente llevar a cabo a elección de la
mesa directiva, en los términos ya definidos con anterioridad, ello al tratarse de un tema
de su resorte y con respeto a lo dispuesto en el parágrafo 1° del numeral segundo del
artículo 22 de la ordenanza reglamento 162 de 2023»3.
3
“SÉPTIMO: Suspender provisionalmente el acto de elección de las señoras ÁNGELA MARÍA
CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ como
Presidente, primera Vicepresidente y segunda Vicepresidente, respectivamente, para el periodo
2025, de la ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, consignada en el acta No. 61 del
26 de noviembre de 2024, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
OCTAVO: Adoptar como medida cautelar preventiva y conservativa, consistente en ordenar a la
ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA que en el próximo primer periodo de
sesiones ordinarias, esto es, el que inicia a partir del 1° de marzo de 2024 (artículo 22 de la
ordenanza reglamento 162 de 2023) adelante el procedimiento establecido en su reglamento y la
Ley, incluyendo la etapa de convocatoria, con la finalidad de que se lleve a cabo a elección de una
mesa directiva, la cual ejercerá mientras subsista la presente medida precautelativa. En todo caso, y
en el evento hipotético de que con anterioridad al inicio del periodo de sesiones ya referido, se celebren
sesiones de tipo extraordinario que convocare el Gobernador del departamento del Magdalena, la
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA deberá igualmente llevar a cabo a elección de la mesa
directiva, en los términos ya definidos con anterioridad, ello al tratarse de un tema de su resorte y con
4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
7) Inconformes con lo anterior, las demandantes apelaron y aseguraron que i) la
suspensión del derecho a voz y voto del señor Alberto Mario Gutiérrez Uribe no afectó el
cuórum; ii) para la sesión del 26 de noviembre de 2024 el referido diputado no tenía
suspendidos sus derechos4; iii) la Resolución 064 de 2024 era irrelevante y iv) la
sentencia T-009 de 2017 no era aplicable a la controversia.
8) En efecto, el 6 de marzo de 2025, se llevó a cabo la asamblea departamental, sin
embargo, nuevamente resultaron elegidas las demandadas, con los mismos 7 votos.
9) La Asamblea Departamental del Magdalena allegó al proceso de nulidad electoral
copia de la Proposición no. 001 del 1 de marzo de 2025 que convocó a sesión plenaria
el 6 de marzo de 2025 con la finalidad de acatar y cumplir la medida cautelar.
10) Mediante escrito del 10 de marzo de 2025, la señora María Margarita Guerra Zúñiga
le pidió al tribunal adelantar el procedimiento previsto en los artículos 2375 y 2386 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
debido a que, en su criterio, en la sesión del 6 de marzo de 2025 se replicó el acto
suspendido del 26 de noviembre de 2024, ya que nuevamente las demandadas fueron
elegidas como miembros de la mesa directiva de la asamblea, por los votos de los
mismos diputados e, inclusive del diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, quién tenía
suspendido su derecho al voto por decisión del Consejo de Control Ético del Partido
Demócrata Colombiano.
11) Mediante memorial del 31 de marzo de 2025, la señora Guerra Zúñiga informó al
tribunal que no allegó copia del acta de la sesión del 6 de marzo porque ésta no fue
respeto a lo dispuesto en el parágrafo 1° del numeral segundo del artículo 22 de la ordenanza reglamento
162 de 2023”.
4
«Indicaron que para la referida fecha no se había hecho efectiva la decisión de la agrupación política del
señor Alberto Mario Gutiérrez Uribe, por cuanto previamente se debía comunicar el respectivo oficio y
otorgar la oportunidad de «controvertir la legitimidad de la orden» en aras de garantizar el debido proceso,
máxime cuando el proveído del 20 de noviembre de 2024 «presentaba irregularidades ostensibles».
5
“Artículo 237. Prohibición de reproducción del acto suspendido o anulado. Ningún acto anulado o
suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o
suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto, hayan desaparecido los fundamentos
legales de la anulación o suspensión”.
6
“Artículo 238. Procedimiento en caso de reproducción del acto suspendido. si se trata de la reproducción
del acto suspendido, bastará solicitar la suspensión de los efectos del nuevo acto, acompañando al proceso
copia de este. esta solicitud se decidirá inmediatamente, cualquiera que sea el estado del proceso y en la
sentencia definitiva se resolverá si se declara o no la nulidad de ambos actos.
<inciso modificado por el artículo 87 de la ley 2080 de 2021. el nuevo texto es el siguiente:> la solicitud de
suspensión provisional será resuelta por auto del juez o magistrado ponente”.
5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
elaborada por la duma departamental, lo cual motivó la interposición de una acción de
tutela por parte del diputado Yohan Pinedo Panetta para obtener dicho documento, pero,
a esa fecha, se encontraba pendiente de fallo7.
12) Por auto del 25 de abril de 2025, en aplicación de la figura de sentencia anticipada,
el tribunal incorporó las pruebas allegadas con la demanda y su contestación, al tiempo
que fijó el litigio, decisión contra la cual interpusieron recurso de reposición.
13) A través de providencia del 28 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del
Magdalena resolvió la solicitud formulada por la demandante el 10 de marzo de 2025, por
consiguiente i) declaró la suspensión provisional del acto administrativo del 6 de marzo
de 2025, por encontrar que efectivamente se había reproducido el acto administrativo
suspendido mediante proveído del 26 de febrero de 2025, ii) instó a la asamblea para
que cumpliera lo dispuesto en el auto del 26 de febrero de 20258 y iii) remitió copias a la
Procuraduría General de la Nación para que adelantara el procedimiento administrativo
para establecer si los miembros de la asamblea incurrieron en una eventual falta
disciplinaria.
14) Contra el auto del 28 de abril de 2025, formularon recurso de apelación, por
considerar que la alzada era procedente, debido a que, en realidad, se trataba de una
providencia que decretaba una medida cautelar y lo fundó en tres argumentos a) la
inexistencia de reproducción del acto suspendido, b) la violación del debido proceso por
ausencia de traslado de la solicitud de suspensión y c) la falta de competencia del
magistrado ponente para adoptar la medida cautelar.
15) En cuanto al primer argumento, sostuvo que el presupuesto fáctico que dio lugar a la
suspensión inicial, esto es, la participación del diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe,
quien tenía suspendido su derecho a voz y voto por una medida cautelar interna del
partido político al que pertenece, no surtía efectos al momento de celebrarse la elección
del 6 de marzo de 2025, ya que la sanción impuesta el 21 de febrero de 2025 no se
encontraba en firme, pues fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio de apelación,
7
El proceso de registró con radicación número 47001-40-09-007-2025-00108-00, adelantada por el
Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta.
8
Con la aclaración de que “en el periodo de sesiones ordinarias, adelante el procedimiento establecido en
su reglamento y la Ley, incluyendo la etapa de convocatoria, con la finalidad de que se lleve a cabo a
elección de una mesa directiva, la cual ejercerá mientras subsista la medida precautelativa, de conformidad
con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
el cual solo fue resuelto el 7 de marzo de 2025, es decir, un día después del acto cuya
suspensión fue decretada.
16) En segundo lugar, alegó que no se surtió traslado a la parte demandada de la solicitud
de suspensión del nuevo acto, circunstancia que a su juicio vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso y contradicción, en la medida en que no se le brindó
la oportunidad de desvirtuar los supuestos de hecho ni de aportar pruebas en defensa de
la legalidad del nuevo acto de elección.
17) Finalmente, sostuvo que el auto apelado fue proferido por el magistrado ponente de
manera individual, pese a que el artículo 125 del CPACA dispone que en los procesos de
nulidad electoral la competencia para decidir sobre medidas cautelares radica en la
respectiva Sala.
18) Dentro del término de ejecutoria de la providencia antes referenciada, también
solicitaron adición de la providencia del 25 de abril de 2025, a fin de que se incorporaran
como pruebas ciertos documentos allegados con el recurso de apelación interpuesto
contra el auto del 28 de abril de 2025.
19) Por medio de providencia del 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado confirmó el auto del 26 de febrero de 2024.
20) En auto del 16 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena denegó la
solicitud de adición, con base en que no resultaba procedente la integración de pruebas
por fuera de las oportunidades legales correspondientes.
21) En providencia aparte también del 16 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del
Magdalena adecuó el recurso de apelación formulado en contra del auto del 28 de abril
de 2025 al de reposición, sin embargo, resolvió no reponer el auto del 28 de abril de 2025,
con los argumentos que se expondrán seguidamente:
22) En cuanto al reproche sobre la falta de competencia, concluyó que la suspensión de
la mesa transitoria no correspondía a una medida cautelar en los términos del artículo
229 del CPACA, sino que se trataba de una figura especial contenida en el artículo 238
del mismo código, que prevé la posibilidad de anular los actos que reproducen otro que
7
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
previamente ha sido suspendido o anulado, por tanto, la competencia para decidir sobre
esa solicitud correspondía exclusivamente al magistrado ponente.
23) En segundo lugar, frente al cuestionamiento sobre la falta de traslado de la solicitud,
consideró que el artículo 238 del CPACA no establece esa exigencia y, en todo caso,
señaló que los sujetos procesales tuvieron conocimiento oportuno del escrito radicado el
10 de marzo de 2025, pues fue enviado por correo electrónico a las partes interesadas.
24) Por último, respecto del argumento según el cual el presupuesto fáctico que motivó
la suspensión de la segunda elección de la mesa directiva había desaparecido al
momento de proferirse el nuevo acto, concluyó que en el expediente obran las decisiones
de 21 de enero, 3 de marzo y 7 de marzo de 2025, mediante las cuales el Partido
Demócrata Colombiano, en sede de reposición y apelación, respectivamente, sancionó
al diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe con la pérdida del derecho al voto por seis
meses.
25) En ese contexto, el diputado sí se encontraba impedido legal y estatutariamente para
participar en la sesión del 6 de marzo, razón por la cual se mantenía incólume el
fundamento que había justificado la suspensión inicial y se configuraba la reproducción
del acto anulado, de ahí que no se acreditó que hubieran cambiado las circunstancias de
hecho relevantes para revocar la medida adoptada.
26) En contra del auto del 16 de mayo de 2025, que negó la solicitud de adición de
pruebas (hecho 20), formularon recurso de reposición y, en subsidio de apelación, sin
embargo, por auto del 11 de junio de 2025, el tribunal dispuso i) rechazar por
improcedente esos recursos ii) no reponer el auto del 25 de abril de 2025 y iii) instar a la
apoderada de las demandadas para que en lo sucesivo se abstuviera de adelantar
actuaciones dilatorias que entorpecieran el curso normal del proceso.
27) Asimismo, presentó recurso de reposición y, en subsidio de queja, en contra del auto
del 16 de mayo de 2025 (hecho 21) por medio del cual se adecuó el recurso de apelación
al de reposición y no se revocó el auto del 28 de abril de 2025.
28) Mediante auto del 11 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena
dispuso no revocar el auto del 25 de abril de 2025, por medio del cual se dispuso dictar
sentencia anticipada, rechazó el recurso de apelación por improcedente e instó a la
8
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
apoderada de las demandadas para que en lo sucesivo se abstuviera de adelantar
actuaciones dilatorias que entorpecieran la marcha normal del proceso.
29) En providencia aparte de la misma fecha, el tribunal rechazó por improcedente el
recurso de reposición y, en subsidio de queja, en contra del auto del 16 de mayo de 2025,
por medio del cual resolvió no reponer el auto del 28 de abril de 2025, que ordenó la
suspensión provisional del acto de elección del 6 de marzo de 2025, por considerar que
era reproducción del acto del 26 de noviembre de 2024.
30) Asimismo, con carácter urgente e inmediato, ordenó, remitir copias del proceso a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena.
Fundamento de la vulneración
Reproches en contra de la providencia del 28 de abril de 2025 que, en virtud del
artículo 238 del CPACA, declaró la suspensión provisional del acto administrativo
del 6 de marzo de 2025
Las actoras señalaron que la providencia del 28 de abril de 2025 adolece de un defecto
orgánico, procedimental y fáctico, por los siguientes motivos:
En primer lugar, alegó que incurrió en un defecto orgánico, porque se declaró la
suspensión provisional del acto administrativo del 6 de marzo de 2025, mediante el cual
las actoras habían sido elegidas nuevamente, pero esta vez de manera provisional, como
miembros de la mesa directiva para la Asamblea Departamental del Magdalena, pese a
que la competencia para adoptar esa decisión correspondía a la Sala y no al ponente de
manera individual.
Aunque el artículo 229 del CPACA9 permite al juez o magistrado ponente decretar
medidas cautelares en los procesos declarativos, el literal f del numeral 1 del artículo 125
9
“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado
del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger
y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo
con lo regulado en el presente capítulo.
(…)”.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
del mismo código –modificado por la Ley 2080 de 202110– establece expresamente que
en los procesos de nulidad electoral la competencia para decidir cualquier medida
cautelar corresponde a la Sala, no al ponente.
En segundo lugar, se presentó un defecto procedimental absoluto por omitirse el
traslado de la solicitud de suspensión del acto presuntamente reproducido, luego
entonces la providencia que la resolvió –28 de abril de 2025– fue dictada sin que se diera
a las partes la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Tal providencia fue adoptada en los términos del artículo 238 del CPACA, el cual si bien
establece que la solicitud será decidida <<inmediatamente, cualquiera que sea el estado
del proceso>>, lo cierto es que ese mandato de decidir de forma inmediata debe
interpretarse como un llamado a la celeridad, mas no como una autorización para omitir
el traslado a la contraparte.
El trámite regulado en el artículo 238 forma parte del capítulo XI del CPACA sobre
medidas cautelares, por ende, debe considerarse una modalidad de estas, en
consecuencia, le eran aplicables las disposiciones que regulan los incidentes,
particularmente lo dispuesto en los artículos 209 numeral 8; 210 numeral 2 y 212 del
CPACA, que prevén el traslado y la oportunidad de solicitar pruebas.
Ante cualquier vacío sobre este punto, era procedente aplicar de forma supletoria el
artículo 129 del Código General del Proceso, que también ordena el traslado de los
incidentes promovidos.
No podía considerarse subsanado este vicio con el envío de la solicitud por parte de la
actora a los correos electrónicos de las diputadas demandadas, pues lo correcto era
enviarla al correo de su apoderada, quien se encontraba debidamente reconocida en el
proceso, pues tratándose de una medida cautelar, no recaía sobre la actora la carga de
enviar copia de la solicitud en los términos del ordinal 14 del artículo 78 del CGP.
Además, existió una aparente contradicción, debido a que entre la recepción de la
solicitud de suspensión de los actos el 10 de marzo de 2025 y el auto del 28 de abril de
10
<<En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas
cautelares será de sala>>.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
2025, se dictaron al menos dos providencias ajenas a ese trámite, lo que, a su juicio,
desvirtuaba cualquier argumento sobre una supuesta urgencia que justificara la omisión
del traslado11.
En tercer lugar, se alegó que el tribunal incurrió en un defecto fáctico, por valorar de
manera defectuosa algunas pruebas, puntualmente, señaló que la sanción disciplinaria
impuesta al diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe consistente en la pérdida del derecho
al voto el 21 de enero de 2025, notificada el 24 de febrero del mismo año, no estaba en
firme, ya que contra ella se presentaron los recursos de reposición y, apelación, este
último que no se había resuelto en segunda instancia para la fecha de la segunda
elección en la sesión del 6 de marzo de 2025.
Circunstancia que era relevante, ya que el artículo 4 de la Ley 974 de 2005 establece que
los recursos contra sanciones impuestas por partidos políticos se conceden en el efecto
suspensivo, por tanto, la sanción no generaba efectos hasta tanto no quedara en firme.
Reproches en contra del auto del 16 de mayo de 2025, que adecuó el recurso de
apelación formulado en contra del auto del 28 de abril de 2025 al de reposición y
resolvió no reponer el auto del 28 de abril de 2025
La parte actora consideró que el tribunal demandado también incurrió en un defecto
orgánico en el auto del 16 de mayo de 2025, por sostener que el magistrado ponente
tenía la facultad de suspender el acto reproducido en un proceso de nulidad electoral, ya
que el artículo 125 del CPACA, asigna expresamente esa competencia a la Sala,
tratándose de medidas cautelares en procesos electorales.
De igual manera, en un defecto fáctico por no reponer la decisión de decretar la
suspensión provisional del acto administrativo del 6 de marzo de 2025 mediante auto del
28 de abril de ese mismo año, pues, a su juicio, el magistrado ponente valoró de manera
errónea la prueba relativa a la sanción disciplinaria impuesta al diputado Alberto Mario
11
“El mandato del artículo 238 de resolver inmediatamente la solicitud en cualquier etapa del proceso es
una orden legal de celeridad y prioridad, sin importar el momento procesal, que por demás el Magistrado
Ponente no cumplió, porque entre la recepción de la solicitud el 10 de marzo de 2025 y el 16 de mayo del
mismo año, profirió 2 autos ajenos a este trámite. A saber:
• Auto de 27 de marzo de 2025, mediante el cual la Sala de Decisión del Tribunal decidió abstenerse de
imponer sanción por desacato a los miembros de la Asamblea, solicitada por la demandante.
• Auto del 25 de abril de 2025, mediante el cual el Magistrado Ponente decidió dar aplicación a la figura de
la sentencia anticipada, decretar pruebas y fijar el litigio”.
11
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
Gutiérrez Uribe, ya que dicha sanción, decretada en primera instancia el 21 de enero de
2025 por el Consejo de Control Ético del Partido Demócrata Colombiano, no se
encontraba en firme, pues había sido recurrida en apelación con efecto suspensivo, tal
como lo establece el artículo 4 de la Ley 974 de 2005.
De hecho, indicaron que el fallo definitivo que confirmó la sanción fue proferido el 7 de
marzo de 2025, un día después de la elección de la nueva Mesa Directiva, por lo que
para la fecha de dicha votación el diputado no tenía suspendido su derecho al voto.
Además, afirmaron que el magistrado omitió considerar que la medida cautelar previa del
partido ya había expirado, por lo que no existía identidad en los presupuestos fácticos
que justificaran la suspensión del nuevo acto.
Reproches en contra del auto del 11 de junio de 2025, que rechazó por
improcedente el recurso de reposición y, en subsidio de queja, en contra del auto
del 16 de mayo de 2025, por medio del cual resolvió no reponer el auto del 28 de
abril de 2025, que ordenó la suspensión provisional del acto de elección del 6 de
marzo de 2025, por considerar que era reproducción del acto del 26 de noviembre
de 2024.
Por último, señaló que mediante auto del 11 de junio de 2025 se rechazó el recurso de
reposición y, en subsidio, el de queja, lo que supuso una nueva afectación al debido
proceso, pues, conforme con el artículo 353 del CGP, una vez negada la reposición, el
funcionario no puede declarar improcedente la queja, sino que debe compulsar copias y
dar trámite a la segunda instancia.
En consecuencia, el desconocimiento de esta obligación impidió que se revisara la
decisión del 16 de mayo que adecuó el recurso de apelación al de reposición y,
finalmente, no repuso el auto del 28 de abril de 2025, lo cual configuró una transgresión
a la garantía del acceso a la administración de justicia.
A esto se suma que el recurso no cuestionaba la negativa a reponer, sino el rechazo de
la apelación, por lo que la motivación usada resulta también jurídicamente errónea.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
12
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
“PRIMERA: Se amparen los siguientes derechos fundamentales que le han sido
vulnerados a mis poderdantes:
• DERECHO AL DEBIDO PROCESO
• DERECHO A ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
• DERECHO A SER ELEGIDO
• DERECHO A ELEGIR
• DERECHO A ACCEDER AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS
PÚBLICOS
SEGUNDA: Reconocer que la suspensión provisional de la reproducción del
acto suspendido es una medida cautelar.
TERCERA: Como medida definitiva, dejar sin efecto las providencias contra las
que se dirige la tutela que han vulnerado los derechos de las accionantes.
CUARTA: Ordenar a la Sala de decisión del Tribunal Administrativo del
Magdalena que conoce del radicado 47-001-23-33-000-2025-00015-00,
integrada por los Magistrados ADONAI FERRARY PADILLA, MARIBEL
MENDOZA JIMÉNEZ y MARTHA LUCÍA MOGOLLÓN SAKER, que decida
sobre la solicitud de suspensión provisional de la reproducción del acto
demandado previamente suspendido presentada por la actora del proceso de
nulidad electoral, diputada MARÍA MARGARITA GUERRA ZUÑIGA, dando el
traslado de ley para ejercer el derecho de defensa y contradicción.
QUINTA: En subsidio de lo anterior, ordenar al Tribunal Administrativo del
Magdalena conceder el recurso de apelación contra el auto del 28 de abril de
2025.”. (fl. 15 de la demanda de tutela).
Actuación procesal
Mediante auto del 19 de junio de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Magdalena y, como tercero con interés, se vinculó a la diputada María Margarita Guerra
Zúñiga y al presidente de la Asamblea Departamental del Magdalena, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 04
de Samai)12.
Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas
El Tribunal Administrativo del Magdalena (índice 08 de Samai) remitió copia digital del
expediente de nulidad electoral y solicitó negar la solicitud de amparo constitucional o, en
su lugar, declararla improcedente, toda vez que las decisiones adoptadas dentro del
12
El 1 de julio de 2025, la parte demandante solicitó que se emitiera un pronunciamiento sobre de la
solicitud de medida cautelar que formuló, consistente en que se suspendieran los efectos jurídicos de los
autos cuestionados y que fueron proferidos dentro del proceso de nulidad electoral con radicación no.
47001-2333-000-2025-00015-00.
Mediante providencia del 17 de julio de 2025, el despacho adicionó el auto del 19 de junio de 2025, en el
sentido de negar la medida cautelar solicitada.
13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
proceso ordinario se ajustaron al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia vigente,
fueron debidamente motivadas y constituyen la expresión legítima del principio de
autonomía judicial.
En su criterio, no se advierte arbitrariedad, defecto alguno ni violación de derechos
fundamentales; en cambio, lo que pretende la parte actora es reabrir un debate ya
resuelto en sede judicial ordinaria, lo cual desnaturaliza el objeto de la acción de tutela,
convirtiéndola en una tercera instancia.
El apoderado de la parte actora presentó una solicitud en la que pidió que se adicione el
auto admisorio de la tutela de 19 de junio de 2025, en el sentido de acceder a las medidas
cautelares solicitadas, pues su necesidad y urgencia son hoy mucho más apremiantes
que al momento de presentar esta petición de amparo (índice 13 de Samai)
Las demás autoridades guardaron silencio, a pesar de que fueron notificadas en debida
forma.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y, 3) el
caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
Delimitación del asunto
En atención a los argumentos planteados en la solicitud de amparo, la Sala observa que
los reproches formulados por las actoras se dirigieron contra los autos del 28 de abril y
16 de mayo de 2025, proferidos dentro del proceso de nulidad electoral promovido contra
su elección como miembros de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del
Magdalena.
No obstante, se advierte que fue el auto del 16 de mayo de 2025 el que resolvió el recurso
de apelación interpuesto contra el auto del 28 de abril –el cual fue adecuado a uno de
reposición– y definió los cuestionamientos relativos a la competencia para suspender el
acto de elección del 6 de marzo de 2025, la presunta omisión del traslado de la solicitud
que lo originó y la supuesta desaparición del presupuesto fáctico que motivó dicha
medida. En consecuencia, en primer lugar, la Sala limitará su análisis a esta última
providencia.
En segundo lugar, resolverá los reproches en contra de la providencia del 11 de junio de
2025, que rechazó por improcedente el recurso de reposición y, en subsidio de queja, en
contra del auto del 16 de mayo de 2025, por medio del cual resolvió no reponer el auto
del 28 de abril de 2025, que ordenó la suspensión provisional del acto de elección del 6
de marzo de 2025, por considerar que era reproducción del acto del 26 de noviembre de
2024.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Magdalena, con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes enunciados, presuntamente vulnerados por dicha autoridad, con
ocasión de las providencias del 16 de mayo y 11 de junio de 2025.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a
los reparos de la providencia del 16 de mayo de 2025 y, se negará el amparo, respecto
de los reparos en contra del auto del 11 de junio de 2025, por las siguientes razones:
15
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
3.1. Falta de relevancia constitucional de los cuestionamientos formulados en
contra de los autos del 28 y 16 de mayo de 2025
1) Las accionantes señalaron que el auto del 28 de abril de 2025 incurrió en un defecto
orgánico, porque fue expedido por el magistrado ponente a través del cual resolvió la
solicitud de suspensión del acto del 6 de marzo de 2025, pese a que, a su juicio, la
competencia era de la sala del tribunal demandado, por tratarse de una medida cautelar
en el marco de un proceso de nulidad electoral, frente a lo cual citaron el literal f del
numeral 1 del artículo 125 del CPACA, que atribuye dicha competencia a la Sala y no al
magistrado ponente.
2) Asimismo, en contra de esa providencia adujeron la existencia de un defecto
procedimental absoluto, pues el tribunal omitió correr traslado de la solicitud de
suspensión a su apoderada y, si bien les fue enviada directamente a sus correos, lo cierto
es que debió enviarse a la dirección de correo electrónica de su apoderada quién había
sido reconocida y había participado activamente en el proceso.
3) Finalmente, formularon un defecto fáctico, por cuanto el tribunal valoró de manera
incorrecta las decisiones disciplinarias adoptadas en contra del diputado Alberto Mario
Gutiérrez Uribe, ya que para el momento en que se celebró la elección del 6 de marzo de
2025, la sanción que le había sido impuesta no se encontraba en firme debido a que se
encontraba surtiendo el trámite del recurso de apelación, razón por la cual no se
configuraban los presupuestos que permitieran concluir que se reprodujo el acto
suspendido con anterioridad.
4) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos con ocasión del recurso de apelación que
fue adecuado al de reposición, presentado en contra del auto del 28 de abril de 2025,
mediante el cual el tribunal declaró la suspensión provisional de la mesa directiva
transitoria de la Asamblea Departamental en la que resultaron elegidas las actoras.
5) En efecto, en aquella oportunidad, la parte demandante indicó, en similares términos
a los que ahora plantea, que el presupuesto fáctico que determinó la suspensión de la
elección de la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena había desaparecido al
momento de la supuesta reproducción del acto, así:
16
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
“4.1. El presupuesto fáctico que determinó la suspensión de la elección de
la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena había desaparecido al
momento de la supuesta reproducción del acto
La providencia que se recurre recuerda con precisión que la elección de la Mesa
Directiva de la Asamblea del Magdalena fue suspendida mediante auto de 26
de febrero de 2025, expedido en este mismo proceso, porque «no existió
quorum deliberatorio y decisorio suficiente».
El Tribunal arribó a esa conclusión por considerar que de los 13 diputados, 6 no
se encontraban en la votación, y de los restantes 7, «el diputado ALBERTO
MARIO GUTIÉRREZ URIBE tenía suspendido el derecho a voz y voto por el
término de 30 días, en razón de decisión fechada veinte (20) de noviembre de
dos mil veinticuatro (2024), dictada por el Consejo de Control Ético del Partido
Político Demócrata Colombiano, al cual pertenece el diputado quien dispuso la
apertura de una investigación disciplinaria en contra del mismo, bajo los cargos
de transgresión a los artículos 76 y 80 de los estatutos del partido, esto es, el
régimen de bancadas», suspensión que procedía de una medida cautelar
proferida al iniciar la correspondiente investigación.
Esta suspensión de 30 días fue debidamente cumplida, pues según el criterio
del Tribunal, plasmado en el auto de 26 de febrero de 2025, en el que se admitió
la demanda y se ordenó la suspensión provisional del acto demandado, ese
término empezó a correr el 20 de noviembre de 2024. Textualmente expresó:
«De conformidad con lo hasta aquí expuesto, puede concluir esta Colegiatura
que, le asiste razón al extremo demandante en tanto afirma que para la sesión
a realizarse con posterioridad al 25 de noviembre de 2024, esto es, una vez se
comunicó la decisión del veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024), proferida por el Consejo de Control Ético del Partido Político Demócrata
Colombiano, el diputado ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE tenía
suspendido su derecho a voz y voto en las deliberaciones que la ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA celebrare durante el lapso de 30 días,
medida cautelar que era de cumplimiento inmediato y de forzosa aplicación por
parte de la Duma Departamental». [Énfasis añadido].
Además, el Tribunal conocía que la Asamblea del Magdalena había dado
cumplimiento a la suspensión provisional del derecho al voto del diputado
GUTÍERREZ mediante Resolución 064 de 30 de noviembre de 2024, pues ese
documento no solo reposa en el expediente, sino que expresamente fue citado
para reprocharlo, en el auto de admisión y suspensión provisional, así:
«En este sentido, llama la atención de la Sala el hecho de que las partes
accionadas y vinculadas aleguen que la inobservancia de dicha medida
precautelativa se realizó en aras de garantizar el debido proceso del diputado
ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE, pero a sólo escasos 5 días la
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA hubiere proferido la
Resolución No. 064 del 30 de noviembre de 2024, “POR MEDIO DE LA CUAL
SE ACEPTA UNA SOLICITUD DENTRO DE LA ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA QUE EL PARTIDO DEMOCRATA COLOMBIANO SIGUE A
UN DIPUTADO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL
MAGDALENA”, acto administrativo que no resultaba obligatorio para
efectivizarse la decisión del partido político en mención, sin soslayarse en todo
caso que en el mismo se dejó constancia de la fecha en que la Duma
Departamental había sido notificada de la misma y sin que se vislumbra que el
diputado objeto de la medida hubiere desplegado alguna actuación desde la
fecha de adopción de la medida cautelar en su contra y la expedición del acto
administrativo que dispuso expresamente su acatamiento. Para mayor
compresión se ilustra: [...]». [Énfasis añadido].
17
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
De manera que, bien a partir de la fecha que el Tribunal tomó para iniciar el
cómputo del plazo de la suspensión (20 de noviembre de 2024), o bien a
partir de la tomada por la Asamblea (1 de diciembre de 2024), para el 6 de
marzo de 2025, día de la supuesta reproducción del acto de elección de la
mesa directiva provisional, ordenada por el mismo Tribunal, la suspensión
del derecho al voto del diputado ALBERTO GUTÍERREZ había expirado.
En la providencia que se recurre, el Tribunal asimiló la suspensión por 30
días del derecho al voto del diputado GUTÍERREZ originada en una medida
cautelar, con la sanción que el Partido Demócrata Colombiano impuso el
21 de febrero de 2025 consistente en la pérdida del derecho al voto en la
Duma Departamental por 6 meses y que le fue comunicada el 24 de febrero
del mismo año.
La primera era una medida cautelar que según el Tribunal es de aplicación
inmediata; mientras la segunda tiene el carácter de sanción de primera
instancia que, conforme a las normas del debido proceso, no quedaría en
firme hasta tanto se resolviera la apelación interpuesta en su contra.
El artículo 4 de la Ley 974 de 2005 «Por la cual se reglamenta la actuación en
bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el
Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas», expresamente consagra
que «En caso de la imposición de una sanción por un partido o movimiento a
uno de sus miembros procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo,
que se surtirá dentro del mismo partido y ante la instancia correspondiente que
determine los estatutos». [Énfasis añadido].
En consecuencia, no cabe duda de que el Tribunal erró al no verificar que la
suspensión del derecho al voto del diputado ALBERTO GUTÍERREZ, adoptada
el 21 de febrero de 2025 correspondía a una decisión sujeta a recurso, hecho
que se evidenciaba con solo leer el artículo 4 de la resolución, cuya imagen fue
incorporada en el auto recurrido (página 9), en la que se puede leer: «CUARTO:
contra esta decisión proceden recursos conforme lo dispone el artículo 97
estatuario, recurso de reposición por no tener jerárquico». [Énfasis añadido].
El diputado ALBERTO GUTÍERREZ interpuso ante el Partido Demócrata
Colombiano el recurso de reposición, en el que alegó, entre otras cosas, que el
artículo 4 de la Ley 974 de 2005 garantiza una apelación.
El 3 de marzo de 2025 el Consejo de Control Ético del Partido resolvió el recurso
de reposición confirmando la decisión y concediendo el recurso de apelación
ante el Comité Ejecutivo Nacional, conforme lo prevé el numeral 6 del artículo
46 estatutario con apego a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 974 de 2005.
Finalmente, el 7 de marzo de 2025, es decir, un día después de la supuesta
reproducción del acto que se reprocha, el Comité Ejecutivo Nacional resolvió la
apelación en el sentido de confirmar el fallo sancionatorio.
En conclusión, el 6 de marzo de 2025, fecha en la que se dio cumplimiento a la
orden del Tribunal de elegir una Mesa Directiva como medida precautelar, sobre
el diputado ALBERTO GUTÍERREZ no pesaba ninguna limitación para emitir su
voto en las decisiones de la asamblea departamental.
Por tanto, es evidente que los fundamentos fácticos de la suspensión del acto
de elección de las demandadas de 26 de noviembre de 2024 no son los mismos
que del acto de elección de 6 de marzo de 2025. La situación fáctica y jurídica
del Diputado GUTIÉRREZ no es la misma.
Si el Tribunal suspendió la elección de las demandadas efectuada el 26 de
noviembre de 2024 porque «el diputado ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE
tenía suspendido el derecho a voz y voto por el término de 30 días», lo cierto es
que, para el 6 de marzo de 2025, fecha en la que se produjo la segunda
18
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
elección, los fundamentos de la medida cautelar decretada el 26 de febrero de
2025 habían desparecido, pues el 6 de marzo de 2025 dicho diputado estaba
en pleno uso y ejercicio de sus derechos como diputado, en virtud de que la
medida cautelar estaba siendo objeto de impugnación ante el Partido y que la
sanción se le impuso al día siguiente
Se concluye entonces que no se reprodujo el acto suspendido”.
6) Asimismo, alegó que se omitió dar traslado de la solicitud de suspensión en caso de
reproducción de un acto suspendido o anulado, en los siguientes términos:
4.2. Violación del debido proceso por ausencia de traslado
La solicitud de suspensión del acto reproducido nunca fue objeto de traslado a
la parte demandada para ejercer el derecho de contradicción y defensa.
Si bien el artículo 238 del CPACA señala que la solicitud de suspensión
provisional del acto reproducido «se decidirá inmediatamente», esa inmediatez
no puede operar en perjuicio del debido proceso, sino de cualquier otro trámite
pendiente. Es decir, se trata de darle prioridad a la toma de la decisión, no de
prescindirse del traslado en perjuicio de la garantía constitucional a la defensa.
La solicitud de suspensión provisional de un acto reproducido es una medida
cautelar, sujeta a las normas que regulan la materia, que exigen el traslado de
la solicitud.
El artículo 233 del CPACA, en referencia a la solicitud de suspensión provisional
que se presenta con la demanda, consagra expresamente que de ella se
«ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el
demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de
cinco (5) días».
En materia electoral, existe disposición especial en el último inciso del artículo
277 del mismo estatuto, que establece que la solicitud de suspensión
provisional del acto acusado debe hacerse en la demanda y resolverse en el
mismo auto admisorio.
Esta norma no solo no estableció traslado alguno, sino que, además, en tanto
el artículo 233 ordena el traslado en el auto admisorio, y el 277 señala que en
ese mismo auto debe decidirse, ello no dejaba espacio para entender la
existencia del traslado.
Sin embargo, la necesidad de garantizar el derecho de defensa y contradicción
llevó a la Sección Quinta a unificar jurisprudencia alrededor de la imperiosa
necesidad de hacer traslados de las solicitudes de medidas cautelares en el
proceso electoral.
En efecto, en auto de unificación de 26 de noviembre de 2020, la Sala Electoral
consideró que se debe correr traslado de la medida cautelar al demandado, con
el fin de garantizar su derecho de defensa, criterio que se mantiene vigente. Así
se dijo en esa providencia:
«(...) el traslado de la medida cautelar, de que trata el artículo 233 de la Ley
1437 de 2011, sí es compatible con el proceso de nulidad electoral, así como
con la posibilidad de prescindir del mismo en los términos del artículo 234 del
mismo estatuto» y, por tanto, «(...) por regla general, al demandado debe
corrérsele traslado por el término de 5 días de la solicitud de medida cautelar, a
fin de garantizar su derecho de defensa».
19
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
Dijo la Sección que el sustento del traslado obedece a:
«a) El término de 5 días del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011 materializa el
derecho de defensa y está acorde con el principio democrático y los derechos
a elegir y ser elegido, pues se trata de un término corto y razonable para que el
demandado ejerza contradicción frente a la medida.
b) El ejercicio del derecho de contradicción le brinda al juez mayores elementos
de juicio para adoptar una decisión cautelar acertada, que tenga en cuenta los
derechos e intereses en conflicto, los invocados por el elegido y las personas
que representa. [...]»4. [Énfasis añadido].
La Sección Quinta ha entendido que el traslado de las medidas cautelares tiene
como finalidad «contar con la mayor cantidad de elementos probatorios y
jurídicos para tomar la decisión de adoptar o no la medida»5, por lo que, de
haberse efectuado en el presente caso, el Magistrado Ponente no solo hubiera
garantizado el derecho de defensa de la parte demandada, sino que habría
contado con los elementos expuestos en el acápite anterior que le habrían
permitido arribar a una conclusión distinta.
Son las probanzas que allegue la parte actora con la solicitud de la medida
cautelar, en este caso, con la solicitud de aplicación del artículo 238 del CPACA,
y las que aporte la parte demandada en el traslado, las que permiten al juez
valorar la procedencia o no del decreto de la suspensión provisional.
En el presente caso, el desequilibrio entre las partes es evidente, pues con la
solicitud de la demandante de adelantar el procedimiento del artículo 237 del
CPACA y su ampliación - ambos documentos apreciados según se lee en la
providencia recurrida-, aportó pruebas documentales que fueron tenidas en
cuenta por el Magistrado Ponente, mientras que a las demandadas se les
cercenó el derecho a la contradicción ante la ausencia de un término de traslado
en el que se pudieran no solo plantear argumentos para desvirtuar la supuesta
reproducción, sino pruebas relevantes para la adopción de la decisión.
La importancia de concederle a la parte demandada el traslado para
pronunciarse sobre la suspensión de los efectos del nuevo acto es vital, si se
tiene en cuenta que, en la sentencia, el juez decidirá sobre la nulidad de ambos
actos. Sería violatorio del debido proceso que el juez anule un acto sin haber
dado la oportunidad a la parte demandada de defender su legalidad.
La Sección Quinta ha sido enfática en la necesidad de que se corra traslado de
la solicitud de suspensión provisional de los actos electorales:
«7. La jurisprudencia que se reitera muestra que la regla general es correr el
traslado de la medida cautelar en los procesos de nulidad electoral en los
términos del artículo 233 del CPACA, pues así se garantiza el derecho de
contradicción del demandado, sin perjuicio de proferir la decisión
correspondiente de plano y de manera justificada, en el evento del artículo 234
de la misma ley.
8. Por ende, el despacho reitera que en los procesos de nulidad electoral con
solicitud de suspensión provisional debe correrse traslado de esta por el término
de 5 días como lo ordena el artículo 233 del CPACA, salvo la excepción del
artículo 234; de lo contrario, se configuraría una irregularidad que afecta el
debido proceso»6.
Es decir, solo en los casos en los que se pida una medida cautelar de urgencia,
el juez puede prescindir del traslado, evento en el que se debe tomar la decisión
de plano de manera justificada, lo cual no ocurrió en el presente caso.
20
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
El hecho de que la solicitud de suspensión provisional se haya realizado en el
marco de una supuesta reproducción del acto suspendido, no enerva las
razones que han justificado el traslado de la medida cautelar. Por el contrario,
al no haber «contestación de la demanda» frente al segundo acto, adquiere
mayor relevancia el traslado a fin de que la parte demandada pudiera
defenderse y evidenciar que no se reprodujo el acto electoral suspendido.
Al no haberse surtido, la única posibilidad de la parte demandada para ejercer
su derecho a la defensa y la contradicción es la interposición del presente
recurso”.
7) Finalmente, cuestionó la supuesta falta de competencia del magistrado ponente para
proferir la decisión del 28 de abril, por considerar que, en realidad, se trata de una
providencia que decretaba una medida cautelar, por ende, debió ser expedida por la sala,
así:
“4.3 Violación del debido proceso por incompetencia para tomar la
decisión recurrida por parte del Magistrado Ponente
Si bien el artículo 237 del CPACA dice que la solicitud de suspensión provisional
del acto reproducido será resuelta por auto del juez o magistrado ponente, en
materia electoral existe norma expresa y especial que señala que debe hacerlo
la Sala respectiva.
El artículo 125, literal f) del mismo estatuto establece que «en las demandas
contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las
medidas cautelares será de sala». [Énfasis añadido].
Por tanto, como el procedimiento en el caso de la reproducción del acto acusado
pretende la suspensión del nuevo acto, esto es, una decisión sobre una medida
cautelar corresponderá a la Sala adoptarla.
Adicional al tenor literal de la norma especial, la competencia de la Sala está
justificada precisamente porque el acto inicial fue suspendido por una decisión
de la Sala, de manera que solo ella resulta idónea y competente para determinar
si el acto suspendido ha sido reproducido o no, pues de lo contrario se le estaría
permitiendo a un juez diferente, y quizá de inferior rango (lo es el ponente frente
a la sala) ser quien lo decida”.
8) Para resolver esos planteamientos, en auto del 16 de mayo de 2025, el Tribunal
Administrativo del Magdalena se pronunció de manera expresa en cuanto con las
siguientes consideraciones al respecto:
“Por su parte, se tiene que la mandataria judicial de las señoras ÁNGELA
MARÍA CEDEÑO RUÍZ, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA y CANDY JULIETH
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, mediante memorial radicado a través del sistema de
gestión judicial – SAMAI -, en data del 2 de mayo de 2025, manifestó interponer
el referido recurso de apelación, el cual se itera, se adecuó a recurso de
reposición, por ser éste el único procedente. En este sentido, resulta evidente
la conclusión de que, dicho medio de impugnación fue presentado dentro de la
oportunidad legal pertinente, sin embargo, de forma anticipada se procede a
advertir que se emitirá decisión en el sentido de reponer el auto de calenda
21
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
veintiocho (28) de abril del año dos mil veinticinco (2025), por las
consideraciones que se pasaran a exponer brevemente.
Respecto del reparo consistente a la presunta violación al debido proceso
por ausencia de traslado, esta Agencia Judicial considera que el mismo
no posee vocación de prosperidad, por la potísima razón de que, tal como
se señaló ampliamente en el auto objeto de reparo, el artículo 238 del
C.P.A.C.A., prevé el trámite o procedimiento en caso de reproducción del
acto suspendido, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 238. Procedimiento en caso de reproducción del acto suspendido.
Si se trata de la reproducción del acto suspendido, bastará solicitar la
suspensión de los efectos del nuevo acto, acompañando al proceso copia de
este. Esta solicitud se decidirá inmediatamente, cualquiera que sea el estado
del proceso y en la sentencia definitiva se resolverá si se declara o no la nulidad
de ambos actos. (...)”
(Negrillas y subrayas del Despacho)
De la simple lectura de la norma referida, es dable concluir que no se previó por
el legislador la necesidad de surtirse un traslado, dentro del procedimiento en
caso de reproducción del acto suspendido, como erradamente lo pretende la
parte accionada. Situación distinta a la de la medida precautelativa, en la cual
la jurisprudencia unificada del H. Consejo de Estado si la ha entendido como
obligatoria, precedente que fue respetado por esta Colegiatura, dentro del
procedimiento para desatar la procedencia o no de la medida cautelar elevada
junto con la demanda, pues, si se efectuó el correspondiente traslado.
Se insiste en que si bien el extremo accionado para argumentar la procedencia
del recurso de apelación, hace alusión al procedimiento para la adopción de una
medida cautelar, no puede perderse de vista que a través del auto recurrido no
se decidió sobre un asunto de tal naturaleza, evento en el cual claramente si
resultaba necesario efectuarse un traslado previo a decidir, sino que se
circunscribió a desatar lo atinente al procedimiento en caso de reproducción del
acto suspendido, figura jurídica distinta que se encuentra contemplada en el
artículo 238 del C.P.A.C.A., y que ya fue transcrito en aparte anterior.
Denótese que la misma mandataria judicial del extremo accionado trae a
colación lo discurrido en providencia del 26 de noviembre de 2020, por la
Sección Quinta del H. Consejo de Estado en la cual se señaló que el traslado
de la medida cautelar, de que trata el artículo 233 de la Ley 1437 de 20111, sí
es compatible con el proceso de nulidad electoral, así como con la posibilidad
de prescindir del mismo en los términos del artículo 234 del mismo estatuto, lo
cual no guarda ningún grado de correspondencia con lo decidido por este
Despacho en el proveído de calenda veintiocho (28) de abril de dos mil
veinticinco (2025), vale decir sin ánimo de ser reiterativo, del procedimiento en
caso de reproducción del acto administrativo suspendido, que contempla el
artículo 238 de la Ley 1437 de 2011, sin soslayarse en todo caso que la norma
ibidem establece claramente que bastará solicitar la suspensión de los efectos
del nuevo acto (presuntamente replicado), acompañando al proceso copia de
éste.
Si lo anterior no fuere suficiente, analizado el memorial de calenda 10 de marzo
de 2025, presentado por la aquí accionante y a través del cual impetró que se
adelantara el procedimiento del artículo 238 del C.P.A.C.A., se vislumbra que el
mismo fue remitido al buzón electrónico de las accionadas, así como a los
demás miembros de la duma departamental, tal como se ilustra a continuación:
(…)
22
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
En este sentido, y si en gracia de discusión se aceptare que había lugar a
realizarse un traslado previo a decidir sobre el procedimiento en caso de
reproducción del acto suspendido, debe hacerse alusión a lo establecido en el
artículo 201A introducido al C.P.A.C.A., mediante el artículo 51 de la Ley 2080
de 2021 y el Decreto 806 de 2020, siendo replicado en la Ley 2213 de 2022, el
cual señala ad pedem litterae:
“ARTÍCULO 201A. Traslados. Los traslados deberán hacerse de la misma
forma en que se fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber
enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos
procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá
del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días
hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a
correr a partir del día siguiente. (...)”.
La anterior disposición, establece de forma clara y precisa que en el evento de
que una parte acredite que envió el escrito del cual deba correrse traslado por
secretaría (tal como lo alega el extremo recurrente), hay lugar a prescindir de
tal actuación, corriendo el término a partir de los dos (02) días siguientes a la
remisión del escrito.
En el presente asunto, y bajo la hipótesis planteada por la mandataria
judicial de la parte accionada, al haberse enviado a dicho extremo
procesal el mensaje de datos con la solicitud para adelantar el
procedimiento en caso de reproducción del acto suspendido, el día 10 de
marzo de 2025, es dable concluirse que tal actuación se entendió surtida
por hasta la calenda del 12 del mismo mes y año, y el término de cinco (05)
días del traslado que se efectuaría por secretaría, acontecería en el lapso
comprendido entre el 13 y el 19 de marzo de 2025, espacio en el cual las
demandadas pudieron haber presentado las argumentaciones y reparos
que a bien consideraran, sin embargo, esto no aconteció, siendo resuelto
dicho incidente hasta el día 28 de abril de 2025.
Como corolario de lo anterior no existe duda para el Despacho que
contrario a lo manifestado en el recurso sub examine, en el presente
asunto no se avizora ninguna transgresión a la garantía al debido proceso
de dicho extremo procesal y en tal virtud, se itera, dicho argumento no
tiene la virtualidad de provocar el cambio de la decisión ya adoptada”.
(resaltado de la Sala)
9) En cuanto a la falta de competencia, la providencia cuestionada plasmó:
En cuando a la “Violación del debido proceso por incompetencia para tomar la
decisión recurrida por parte del Magistrado Ponente”, el Despacho se remitirá a
lo estudiado en la parte inicial de esta providencia, en el cual ya se abordó el
estudio de dicho reparo al momento de adecuarse el recurso de apelación en
recurso de reposición y en el cual claramente quedó acreditado que la decisión
objeto de reparo si es de competencia de Magistrado Ponente y no del cuerpo
Colegiado.
Finalmente, respecto del argumento del recurso de apelación consistente
en que “el presupuesto fáctico que determinó la suspensión de la elección
de la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena había desaparecido al
momento de la supuesta reproducción del acto”, bajo la tesis de que la
medida provisional decretada por el partido DEMOCRÁTA COLOMBIANO en
contra del diputado y militante ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE,
consistente en la suspensión de su derecho a voz y voto ya había fenecido, el
23
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
Despacho considera que ello tampoco resulta suficiente para reponer la
decisión cuestionada, habida cuenta que el mismo extremo procesal arribó
al plenario copia de las decisiones de calendas 21 de enero de 2025, 03 de
marzo de 2025 y 7 de marzo de 2025, por medio de las cuales se resolvió
sancionar al referido diputado con la pérdida del derecho al voto por el
termino de seis (6) meses en la Asamblea Departamental del Magdalena y
se resolvieron los recursos de reposición y el de apelación en contra del
acto sancionatorio, en el sentido de confirmarla en su integridad, situación
bajo la cual, mal podría entenderse que éste podía participar activamente
en las decisiones de la Duma Departamental.
En este sentido, resulta claro para esta Agencia Judicial que, contrario a
afirmado por el extremo recurrente, el acto administrativo adoptado por la
ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA en calenda del 6 de
marzo de 2025, si reprodujo el acto suspendido, teniendo en
consideración que i) se escogieron nuevamente a las señoras ÁNGELA
MARÍA CEDEÑO RUÍZ como Presidente, MARTA LILIANA GARCÍA RIVERA
como Primera Vicepresidente Y CANDY JULIETH SÁNCHEZ VÁSQUEZ
como Segunda Vicepresidente de la mesa directiva para el período 2025,
ii) en ambas elecciones participaron los mismos diputados y iii) en ambas
elecciones participó el diputado ALBERTO MARIO GUTIÉRREZ URIBE, es
decir, el acto administrativo que suspendido en esta oportunidad
conservó el esencia las disposiciones suspendidas.
Como corolario de lo anterior, y como quiera que el Despacho ya efectuó un
riguroso y serio estudio tendiente a establecer si el acto administrativo
suspendido mediante la medida cautelar decretada junto con la admisión de la
demanda, fechado veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticinco (2025), sin
que en el recurso estudiado en esta oportunidad se hubiere expuesto
argumentación suficiente con la virtualidad de variar la decisión, se emitirá
decisión en el sentido de no reponer el proveído de calenda veintiocho (28) de
abril de dos mil veinticinco (2025), como en efecto se hará constar
seguidamente”.
10) De acuerdo con lo expuesto, es claro que para sustentar la vulneración de los
derechos invocados en el mecanismo constitucional la sociedad demandante expuso
similares argumentos a los planteados en el recurso de reposición, con base en el cual
cuestionó la falta de competencia, la ausencia de traslado de la solicitud de anulación en
caso de reproducción de un acto suspendido o anulado y el cambio de supuestos fácticos
entre la suspensión de los actos de elección en virtud de la medida cautelar y la supuesta
reproducción de ese acto.
11) No obstante, frente a tales argumentos la autoridad judicial accionada se pronunció
expresamente frente a cada uno de tales reparos en sentido desfavorable.
12) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicios o defectos a
dicha situación, es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela aunque expresamente no son una reproducción de los argumentos que
fueron planteados en el recurso de apelación que fue adecuado al de reposición, lo cierto
24
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
es que se igualmente se dirigen a cuestionar que nuevamente se haya declarado la
suspensión provisional del acto de elección de las actoras como miembros de la mesa
directiva de la Asamblea Departamental del Magdalena en sesión del 6 de marzo de
2025, los cuales fueron resueltos de manera suficiente y exhaustiva en las providencia
del 16 de mayo de 2025.
13) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente procesal que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
14) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.
3.2 Análisis de los requisitos generales de procedencia de los argumentos
formulados en contra de la providencia del 11 de junio de 2025
Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la
parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez13; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que el tribunal demandado transgredió de manera directa
el debido proceso por no conceder el recurso de queja, a pesar de ser procedente.
3.3 Análisis sobre la violación directa del debido proceso en la providencia del 11
de junio de 2025
1) De entrada no se advierte vulneración de los derechos fundamentales de las actoras
con la decisión adoptada mediante auto del 11 de junio de 2025, por medio del cual el
13
La providencia se notificó el 12 de junio de 2025 y la tutela se presentó el 17 de junio de 2025, esto es,
en el término de los seis meses.
25
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó por improcedente el recurso de reposición
y, en subsidio, el de queja, formulados en contra de la providencia del 16 de mayo del
mismo año, mediante la cual se adecuó el recurso de apelación al de reposición y se
resolvió no revocar el auto del 28 de abril de 2025.
2) En este caso, el recurso de reposición interpuesto el 3 de junio de 2025 resultaba
improcedente, en tanto se dirigía contra una providencia que ya había resuelto una
reposición previa, ya que conformidad con el artículo 242 del CPACA, dicho recurso tiene
por finalidad permitir que el juez o magistrado que dictó la decisión pueda reconsiderarla,
aclararla, modificarla o adicionarla, no obstante, una vez agotada esa oportunidad, no es
viable interponer nuevo recurso de la misma naturaleza respecto del auto que la resolvió,
pues ello implicaría una indebida reiteración del debate procesal ya zanjado.
3) La normativa vigente no contempla la figura de reposiciones sucesivas frente a una
misma controversia, dado que tal práctica comprometería los principios de seguridad
jurídica, celeridad y economía procesal que orientan el trámite judicial.
4) En esa misma línea, tampoco resultaba procedente el recurso de queja en subsidio,
pues su función es permitir el acceso al superior cuando se rechaza un recurso
procedente de apelación o casación, mas no cuando lo que se pretende es revivir un
debate que ya fue agotado procesalmente.
5) Así las cosas, no puede reprocharse al tribunal haber rechazado recursos
manifiestamente improcedentes, ni puede considerarse que esta actuación haya
desconocido el acceso a la administración de justicia o el derecho al debido proceso de
las actoras. En consecuencia, este reparo tampoco tiene vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en cuanto a los reparos
26
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03802-00
Actor: Ángela María Cedeño y otras
Acción de tutela
formulados en contra de la providencia del 16 de mayo de 2025, por las razones
expuestas en esta providencia.
2º) Niégase el amparo invocado frente a los reproches formulados en contra del auto del
11 de junio de 2025.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.