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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03812-00

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03812-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional respecto de la sentencia de 20 de febrero de 2025, por las razones expuestas en esta providencia. 2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al reparo según el cual no se corrió traslado para alegatos de conclusión, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03812-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

11 de agosto de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá, once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03812-00
Demandante: JAVIER LÓPEZ BOTERO EN REPRESENTACIÓN LEGAL
DE ASOVAES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
LA ACCIÓN DETUTELA CARECE DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL CUANDO SE UTILIZA PARA REABRIR
UN DEBATE YA ZANJADO CON OCASIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES
IDÓNEOS.

Síntesis del caso: la parte actora alegó que las autoridades judiciales demandadas vulneraron
sus derechos fundamentales y desconocieron los acuerdos preexistentes para los vendedores
informales. Sin embargo, la Sala declarará improcedente el mecanismo, por cuanto se constató
que tal inconformidad fue resuelta de manera expresa en las providencias cuestionadas, sin que
la presente acción pueda convertirse en una instancia adicional para revisar las decisiones
adoptadas por el juez natural.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 el señor Javier López Botero como
representante legal de ASOVAES en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, defensa,
igualdad y trabajo consagrados en los artículos 13, 25 y 29 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de acción popular de 20 de
febrero de 2025.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

1 Mediante escrito radicado el 17 de junio de 2025 (índice 02 de Samai).

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03812-00
Actor: Javier López Botero en representación legal de ASOVAES
Acción de tutela

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El señor Juan Martín Bravo Castaño promovió una demanda de acción popular en
contra del Distrito Especial de Santiago de Cali con ocasión de la problemática social que
abarca la carrera 5 con calle 14 hasta la carrera 10 con calle 14 de la ciudad, donde el
asentamiento de vendedores informales y ambulantes impide la libre circulación de los
peatones y vehículos, además de que afecta a los comerciantes de la zona.

2) El proceso correspondió al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cali, el cual,
en sentencia de 26 de julio de 2022 admitió la acción popular y en auto de 19 de enero
de 2024 aceptó la solicitud de coadyuvancia elevada, entre otros por ASOVAES y UGTI
Valle2.

3) Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, el Juzgado Trece Administrativo
Oral del Circuito de Cali ordenó adelantar las gestiones necesarias para recuperar el
espacio público y lograr la sana convivencia entre los comerciantes que hacen uso de los
locales ubicados en el sector, los transeúntes y los vendedores informales.

4) Inconforme con la sentencia de primer grado, el Distrito de Santiago de Cali presentó
recurso de apelación en el que alegó que sí ha realizado acciones y actuaciones
tendientes a la recuperación del espacio público, entre ellos, operativos, mesas de
diálogo y regulación del comercio.

5) Por su parte, ASOVAES indicó que la sentencia de primera instancia vulneró los
derechos fundamentales de los trabajadores informales, pues se ordenó la recuperación
casi inmediata del espacio público sin brindarles mayores garantías, además, aseguró
que no se tuvo en cuenta el Acuerdo No. 0424 de 2017 que fue previamente establecido
y rige de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 1988 de 2019, la cual
resulta más favorable en su aplicación a los destinatarios de las mismas por su condición
de sujetos vulnerables.

6) En sentencia de 20 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la sentencia de primera instancia que amparó el derecho e interés colectivo al

2 Proceso con radicación no. 76001-33-33-013-2022-00152-00/01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03812-00
Actor: Javier López Botero en representación legal de ASOVAES
Acción de tutela

goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, luego de
considerar que se probó la vulneración con la ocupación de vendedores informales que
ejercen sus actividades en el tramo que abarca la carrera 5 con calle 14 hasta la carrera
10 con calle 14 de Cali.

Fundamento de la vulneración

La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus
derechos fundamentales del debido proceso, defensa, igualdad y trabajo, pues los
vendedores informales generan sus únicos ingresos para la manutención de sus familias
con la venta informal, por lo que con la decisión se generó una grave afectación para la
población vulnerable de vendedores informales.

De igual forma, afirmó que el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca omitió correr
traslado para realizar alegatos de conclusión lo que constituye una vulneración de su
derecho fundamental del debido proceso y resulta en la nulidad de la sentencia.

Se desconocieron los acuerdos firmados3 en la administración de Ricardo Hernando
Cobo y algunos sindicatos, lo cual afecta la confianza legítima y los principios
fundamentales como la seguridad jurídica, la buena fe y la protección de los derechos
adquiridos.

A su juicio, la decisión judicial no consideró adecuadamente los aspectos sociales
fundamentales involucrados en la recuperación del espacio público y precisó que “[e]sto
se evidencia en que otras acciones populares con el mismo objetivo que fueron
aprobadas en la ciudad de Cali, no han cumplido su objetivo, no lograron su propósito y,
en cambio, generaron conflicto social. Es posible que la acción popular en cuestión tenga
un impacto similar, lo que podría agravar el conflicto social en lugar de resolverlo”

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

3 Acuerdo no. 0424 de 2017.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03812-00
Actor: Javier López Botero en representación legal de ASOVAES
Acción de tutela

“1. Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de la Acción Popular Rad
76001-33-33-013-2022-00152-01, por violar la Constitución Política de
Colombia, en particular artículo 29, el debido proceso, el artículo 13, la igualdad
real.” (Índice 2 SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto del 19 de junio de 2025 se inadmitió con el fin de que el actor i) Identifique
de forma clara en qué consiste la presunta vulneración de los derechos fundamentales
que pretende demostrar y cuál es la orden u órdenes concretas que busca con el amparo
invocado, ii) Identifique contra cuál o cuáles autoridades presenta la demanda, iii) allegue
el respectivo documento o poder que acredite la condición con la que actúa en nombre
de ASOVAES y el certificado de existencia y representación legal de dicha asociación
(índice 05 de Samai).

En auto de 4 de julio de 205 se admitió la acción de tutela, se negó la medida cautelar
solicitada por la parte actora y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, como tercero con interés,
se vinculó al titular del Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, al
Concejo Distrital de Santiago de Cali, al Distrito Especial de Santiago de Cali y a los
señores Juan Martín Bravo Castaño y Juan Carlos Izquierdo Estupiñán, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción ( índice 11
de Samai).

En auto de 17 de julio de 2025, se vinculó a los señores Fanny Pérez, Juan Felipe Trujillo,
José Esquenazi, Juan Felipe Ramírez, Alba Cristina Medina, Dubian Salazar, Alberto
Gómez, Ángela Agudelo, Jorge Zuluaga y Carolina Nieves, pues se evidenció que
actuaron en calidad de coadyuvantes en el proceso ordinario. (índice 25 de Samai).

Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

La Alcaldía de Santiago de Cali precisó que únicamente ha actuado en cumplimiento de
las órdenes judiciales, y para tal fin se han implementado casetas de ventas
semiestacionarias para despejar el espacio público, lo cual constituye una medida
estratégica que no solo busca resolver un problema de ordenamiento urbano, sino
también dignificar el trabajo informal y mejorar significativamente la calidad de vida de los
habitantes y visitantes de Cali.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03812-00
Actor: Javier López Botero en representación legal de ASOVAES
Acción de tutela

En virtud de lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la demanda pues no ha
vulnerado de ninguna forma los derechos fundamentales del actor, por el contrario, se
han garantizado los derechos fundamentales de los vendedores ambulantes (índice 15
SAMAI).

El Concejo Distrital de Santiago de Cali solicitó su desvinculación del asunto por falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues se trata de una corporación pública de elección
popular que no cuenta con personería jurídica para actuar y, en tal sentido, no pueden
ser parte en un proceso (índice 16 SAMAI)

El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali realizó un recuento de los
hechos y remitió el expediente de la acción popular con radicación no. 76001-33-33-013-
2022-00152-00/01 (índice 18 SAMAI)

El señor Juan Martín Bravo Castaño indicó que la sentencia de acción popular fue
realizada cumpliendo con todas las garantías del debido proceso y respetando todos los
derechos fundamentales para la recuperación del espacio público, en virtud de lo cual
solicitó declarar improcedente la acción de tutela al no ser un mecanismo subsidiario o
paralelo para reabrir procesos judiciales concluidos (índice 24 SAMAI)

La señora Fanny Pérez solicitó declarar improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad pues el actor cuenta con otros recursos
procesales idóneos como el medio de control de nulidad, razón por la que no se cumple
con el requisito de procedencia.

De igual manera, aclaró que, si bien actuó como coadyuvante en el proceso de la
referencia, no tiene ningún interés personal o particular en el trámite de la referencia,
pues no le asiste un derecho fundamental propio que deba ser protegido (índice 17 de
SAMAI).

Las demás autoridades guardaron silencio, a pesar de que fueron notificadas en debida
forma. (índice 36 SAMAI)

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

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Actor: Javier López Botero en representación legal de ASOVAES
Acción de tutela

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes enunciados, presuntamente vulnerados por dicha
autoridad, con ocasión de la sentencia de acción popular de 20 de febrero de 2025.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a
la sentencia de 20 de febrero de 2025 y se declarará improcedente por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad frente a su solicitud de nulidad por la omisión de correr
traslado para alegatos de conclusión, por las siguientes razones:

1) En el asunto sub examine, la parte actora sostuvo que la decisión del 20 de febrero de
2025 vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, defensa, igualdad y
trabajo pues los vendedores informales generan sus únicos ingresos para la manutención
de sus familias en la venta informal.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03812-00
Actor: Javier López Botero en representación legal de ASOVAES
Acción de tutela

2) A su juicio, se desconocieron los acuerdos firmados en la administración de Ricardo
Cobo y algunos sindicatos, lo que afecta la confianza legítima y los principios
fundamentales como la seguridad jurídica, la buena fe y la protección de los derechos
adquiridos.

3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos con ocasión del recurso de apelación
presentado en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2024.

4) En efecto, en aquella oportunidad, la parte demandante indicó, en similares términos
a los que ahora plantea, que se desconocieron los acuerdos previamente establecidos y
se vulneraron los derechos fundamentales de los vendedores informales al ordenar la
recuperación inmediata del espacio público, sin tener en cuenta que estos proveen a sus
familias con los únicos recursos que consiguen con dicha labor.

5) Para resolver esos planteamientos, en sentencia de 20 de febrero de 2025, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca se pronunció de manera expresa en cuanto a los
vendedores informales con las siguientes consideraciones al respecto:

“2.4.2.- DE LOS VENDEDORES INFORMALES

La Corte Constitucional en sentencia T-083 de 2024 , dispuso que, es
competencia de las autoridades administrativas municipales regular los aspectos
esenciales y la protección del espacio público, y por otro lado, los concejos
municipales son los competentes para regular el uso del suelo y por otro, los alcaldes
tienen la obligación de acatar y hacer cumplir el ordenamiento jurídico, lo cual incluye las
normas relativas a la protección y acceso al espacio público

Esta protección y preservación del espacio público atiende a diversas finalidades, dentro
de las cuales se encuentran velar por su destinación al uso común y darle prevalencia al
interés general sobre el particular. Sin embargo, pese a la relevancia y justificación
de velar por la protección del espacio público, este deber en algunas circunstancias puede
entrar en tensión con otras prerrogativas constitucionales como el derecho al trabajo y la
libertad de escoger profesión u oficio, particularmente cuando las personas que se dedican
al comercio informal se ven afectados con las medidas de recuperación de espacio público.

En este sentido, la Corte Constitucional ha afirmado que el deber de velar por la integridad
del espacio público no es absoluto, pues encuentra como límite los derechos de las
personas que se han dedicado a las ventas informales en el espacio público y que se
encuentran amparadas por el principio de buena fe18.

Así las cosas, las medidas para la recuperación del espacio público implica que no se
pueden imponer cargas desproporcionadas a los vendedores informales, y además, el
Estado tiene la obligación de crear una política de recuperación con alternativas
económicas adecuadas para las circunstancias de los afectados y que deben establecerse

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03812-00
Actor: Javier López Botero en representación legal de ASOVAES
Acción de tutela

medidas complementarias para contrarrestar los efectos negativos, de forma que las
personas puedan preservar sus ingresos mientras realizan su transición a la formalidad o
a mecanismos de protección social que les solventar sus necesidades19.

Por su parte, en sentencia T-102 de 2024, la Corte Constitucional reiteró jurisprudencia en
el que sostiene en síntesis que la protección y conservación del espacio público no es
absoluto, pues aduce que la restricción absoluta del uso del espacio público puede
conllevar a la vulneración de las personas que derivan su sustento económico de las
ventas ambulantes quienes son sujetos de especial protección constitucional, en este
sentido, la Corte Constitucional ha establecido unos limites al deber de recuperación del
espacio público: 1. El principio de confianza legítima, 2. El derecho al trabajo, 3. y, el mínimo
vital.

(…).

Posteriormente, fue expedido el reciente el Decreto 801 de 2022 “Por el cual se
adiciona el Capítulo 6 al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, y se adopta la Política Pública
de los Vendedores Informales”, siendo este el marco regulatorio que servirá
como pauta a los entes territoriales para el tratamiento de los vendedores
informales.

Pues, se busca a través de la política pública de vendedores informales,
garantizar sus derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la
convivencia en el espacio público, con el fin, de dar solución a la situación de
precariedad de ese sector y apunta a ampliar las capacidades y oportunidades
de las personas hacia condiciones de igualdad y equidad, disminuyendo los
niveles de pobreza y desigualdad. Mejorar las condiciones para la inclusión de
la población trabajadora informal en el aprovechamiento del espacio público, y
reconociendo la necesidad de conciliar dos derechos fundamentales en
constante conflicto, por un lado, el derecho al trabajo y al mínimo vital, y por
otro, el derecho al gozo del espacio público.

(…)

En materia de lineamientos para la política pública de los vendedores
informales, la Ley 1988 de 2019 estableció, entre otros, i) instituir programas
y proyectos encaminados a garantizar el mínimo vital de esta población; ii)
reglamentar el funcionamiento de espacios para promover la inclusión social y
mejorar condiciones de vida de vendedores informales; iii) impulsar
investigaciones o estudios sobre los vendedores informarles; iv) desarrollar un
sistema de registro e inscripción de los vendedores informales que permita
caracterizarlos para la elaboración de las líneas de acción y programas que
integran la política pública; y v) disponer de espacios seguros para las
actividades que realizan los vendedores informales.

En desarrollo de la Ley 1988 se expidió el Decreto 801 de 16 de mayo de
2022, en el cual se establece la política pública para los vendedores
informales incluyendo, en relación con los distintos escenarios que abarca
este asunto, los siguientes enfoques: i) de Derechos Humanos; i) Poblacional-
Diferencial; iii) Ciclo Vital; y iv) Territorial. Asimismo, presenta el escenario del
trabajo informal a nivel internacional con prácticas que han permitido la
disminución de este a partir de una regulación en la materia y establece un
instrumento para recolección de información de distritos y municipios.

(…)

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Acción de tutela

En lo que respecta, al argumento dispuesto por ASOVAES en la
impugnación, no tiene fundamento en lo concerniente a que la a quo no
dio aplicación a las disposiciones de la Ley 1988 de 2019, puesto que se
avizora de la orden impartida estableció que el actuar de la administración
debe atemperarse a los lineamientos jurisprudencias de la Corte
Constitucional, la Ley 1988 de 2019, el Decreto 801 de 2022, y el Acuerdo
No. 0424 de 2017, es decir, que debe existir por parte de la administración
un acatamiento de todas las disposiciones mencionadas, con el fin de
garantizar una adecuada recuperación del espacio público de la carrera 5 con
calle 14 hasta la carrera 10 con calle 14 de Cali, con el fin de preservar los
derechos de los vendedores informales, como ya se ha dispuesto a lo largo de
la jurisprudencia citada.

(…)

En cuanto al tiempo otorgado para el cumplimiento de las mismas,
conforme a lo expresado por ASOVAES, en que se ordenó una
recuperación cuasi-inmediata del espacio público, se tiene que, el término
otorgado se ajusta a lo previsto en las disposiciones que regulan la
materia. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad del Juzgado, en el marco del
Comité de Verificación, de adoptar las decisiones que considere necesarias y
razonables para garantizar el cumplimiento de la sentencia, entre ellas la de
otorgar plazos adicionales a las autoridades obligadas, conforme a lo indicado
en la sentencia objeto de impugnación, en la cual se precisó “En el evento que
durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Despacho
adoptará las medidas que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento”.

En este sentido, se desprende que la a quo otorgó un tiempo perentorio
para la ejecución de las ordenes impartidas, sin embargo, dejó la
posibilidad de que requerirse se podrá otorgar un plazo adicional a las
autoridades para garantizar que el cumplimiento del fallo se realice en
consonancia con los parámetros antes indicados, en prevalencia de los
derechos de los vendedores informales, con el fin de que se garantice su
reubicación en un lugar que permita su subsistencia, en este sentido, no
se avizora que, la Juez haya ordenado la reubicación inmediata, sino que,
se otorgó un tiempo prudencial para su cumplimiento, esto en aras de que,
el Distrito de Cali desde el año 2019, viene adelantando gestiones para la
implementación del Acuerdo No. 0424 de 2017, pues tan es así, que ya se
surtió medidas como la caracterización de vendedores informales
ubicados entre la carrera 5 y calle 13,14 y 15 del centro de Cali, los cuales
suman un total de 110 vendedores ubicados en dicha zona.”. (resaltado de
la Sala índice 18 SAMAI)

6) De acuerdo con lo expuesto, es claro que para sustentar la vulneración de los derechos
invocados en el mecanismo constitucional la parte demandante expuso similares
argumentos a los planteados en el recurso de apelación, con base en el cual cuestionó
la sentencia del 30 de septiembre de 2024.

7) No obstante, frente a tales argumentos la autoridad judicial accionada se pronunció
expresamente para aclarar el desarrollo jurisprudencial frente a la actividad de los
vendedores informales y la aplicación de la Ley 1988 de 2019, el Decreto 801 de 2022, y

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el Acuerdo No. 0424 de 2017, mediante el cual se adoptaron políticas de regulación y
organización de ventas informales en el espacio público del municipio de Santiago de
Cali.

8) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación, es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela, aunque expresamente no son una reproducción literal de los argumentos que
fueron planteados en el recurso de apelación, lo cierto es que igualmente se dirigen a
cuestionar con similares argumentos a los vertidos en esa oportunidad, la sentencia del
tribunal accionado, con miras a poner de presente una supuesta vulneración de los
derechos de los vendedores informales y el desconocimiento de acuerdos previos con
anteriores administraciones.

9) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

10) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.

a. Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la

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situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.

En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para
evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo
transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

2.2.1 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad

1) En el asunto sub examine, el demandante indicó que la autoridad demandada vulneró
su derecho constitucional fundamental del debido proceso, con ocasión de la omisión de
correr traslado para presentar alegatos de conclusión.

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Acción de tutela

2) No obstante, de entrada, la Sala advierte que, revisada la solicitud de tutela objeto de
examen, la misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de
derechos fundamentales, la acción de tutela no es el medio idóneo para exponer los
fundamentos relacionados con la presunta omisión al correr traslado para alegatos de
conclusión, puesto que el demandante cuenta con la solicitud de nulidad que constituye
el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para ventilar la inconformidad que ahora
expone4, por lo cual resulta necesario declarar la improcedencia de la acción de tutela
por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

3) Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos
llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las competencias
ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora
de derechos fundamentales.

4) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues,
si bien el demandante alega que se trata de personas que dependen económicamente
de las ventas informales, a partir del análisis del acervo probatorio, no es posible
establecer que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la
protección de sus derechos fundamentales, en tanto no se aportaron pruebas o medios
de convicción a partir de los cuales se pueda colegir que dicha decisión afectó su mínimo
vital, su sostenimiento, vida digna o mucho menos que acrediten la existencia de un
perjuicio de tal envergadura que demande la adopción de medidas prioritarias para evitar
que se conjure una afectación.

5) Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.

4 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 133 del Código General del Proceso, que

establece que: “6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso
o descorrer su traslado.”.

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Actor: Javier López Botero en representación legal de ASOVAES
Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional respecto de la sentencia de 20
de febrero de 2025, por las razones expuestas en esta providencia.

2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad frente al reparo según el cual no se corrió traslado para alegatos de
conclusión, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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