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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03813-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03813-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03813-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-03813-00
Accionante: WILLIAM TRIANA MORENO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor William Triana Moreno solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 22 de marzo de 2024
y 16 de mayo de 2025, proferidas por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo
del Circuito de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo
con el número de radicación 11001-33-42-049-2019-00475-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que presentó la demanda ejecutiva núm. 11001-33-42-049-2019-00475-
00/01 contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, para que
se ordenara el cumplimiento de las obligaciones pendientes por cumplir, relacionadas
con su ascenso y se ordenara el pago de los salarios y prestaciones sociales

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: William Triana Moreno

adeudados, los cuales fueron reconocidos en la sentencia de 26 de agosto de 2014,
proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-
33-31-016-2010-00533-00/01.

2.2. Afirmó que el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante providencia de 22 de marzo de 2024, declaró probada la excepción de pago
propuesta por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, negó las
pretensiones de la demanda ejecutiva y decidió no seguir adelante la ejecución.

2.3. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y a través de
sentencia de 16 de mayo de 2025, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia.

2.4. Manifestó que las providencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, al incurrir en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente.

2.5. Expuso que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo, en razón a que
desconoció el artículo 22 del Decreto Ley 1791 de 2000, la Resolución 03593 de 2001
y el Decreto 1512 de 2000 el cual establece que “[…] que dicha actuación de la
administración se realiza por una sola vez, ya que la trayectoria dentro de la institución
obedece a un solo evento en la carrera policial. Sin que los accionados hubiesen
ejercido un control judicial sobre los mismos pese reiteradas solicitudes en este
aspecto permitiéndose tal violación flagrante a dicha normatividad […]”.

2.6. Refirió en cuanto al desconocimiento del precedente que, las autoridades judiciales
“[…] desconocieron el precedente jurisprudencial del retiro por la causal del
“Llamamiento a calificar servicios” y la indebida aplicación de los reglamentos internos
de la institución proferido por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, el H. Consejo de Estado y concretamente la H. Corte
Constitucional en sede de revisión, en el entendido que las mismas sustentaron y
fundamentaron su decisión en la simple trascripción (copy- page) de los reglamentos
de la institución limitando, soportando y fundamentando sus providencias en dicha
normatividad, desconociéndose la totalidad del mandato establecido en tales
precedentes […]”.

2.7. Por lo anterior citó las sentencias “[…] Sentencia Corte Constitucional. T 261 de
2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez., - Corte Constitucional, Sentencia T-438
de 1993. Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1995.- Corte Constitucional,
Sentencias T-553 de 1995, T-478 de 1996, T 403 de 1996 y T-321 de 2003,- Corte
Constitucional, Sentencia T-342 de 2002. -Corte Constitucional, Sentencias T-329 de
1994, T-537 de 1994, T-478 de 1996, T-262 de 1997, T-084 de 1998 y T-1222 de

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Accionante: William Triana Moreno

2003. Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1995. Corte Constitucional, Sentencia
T-1686 de 2000 […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se declare que las sentencias de primera y segunda
instancia de fecha 16 de mayo de 2025 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN E DENTRO DEL PROCESO RADICADO 2019-00475-01,
DEMANDANTE, WILLIAM TRIANA MORENO, acción Ejecutiva violó el
derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad, a la administración de
justicia y a los precedentes constitucionales.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior se conceda el
amparo de tutela solicitado, y se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y AL
JUZGADO ACCIONADO, dentro del término razonable que se considere, dictar
la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten tanto los argumentos jurídicos,
como la normatividad establecida y ordenada en la ley y esos reglamentos
internos de la institución que regula el actuar y el procedimiento de la
Junta asesora, con los cuales argumentaron y motivaron las providencias
expuestos en la presente acción y observándose el precedente vertical fijado
por el Honorable Consejo de Estado en las sentencias cuyo desconocimiento
se invocó, y se continúe con el proceso ejecutivo para dar cumplimiento al
mismo […]”. [Negrilla original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 24 de junio de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con interés
directo en el resultado del proceso a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque el
accionante pretende una tercera instancia, dado que insiste en un debate que ya
fue resuelto por el juez del proceso ejecutivo.

5.2. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó
declarar improcedente la acción constitucional toda vez que el accionante pretende
usar el mecanismo de amparo como una tercera, por cuanto los argumentos

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Accionante: William Triana Moreno

expuestos en el escrito de tutela fueron estudiados al interior del proceso ejecutivo
núm. 11001334204920190047500.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VI.2. Problemas jurídicos

7. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 22 de marzo de 2024 y 16 de mayo de 2025, proferidas por
el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 16 de
mayo de 2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal de Cundinamarca,
vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión
fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

5

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Accionante: William Triana Moreno

ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03813-00
Accionante: William Triana Moreno

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. Elseñor William Triana Moreno solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 22 de marzo de 2024
y 16 de mayo de 2025, proferidas por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo
del Circuito de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo
con el número de radicación 11001-33-42-049-2019-00475-00/01.

18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

19. El requisito
de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el
asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y
no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido
económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.

9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03813-00
Accionante: William Triana Moreno

20. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.

21. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena de rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

22. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03813-00
Accionante: William Triana Moreno

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

23. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202316.

24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera

16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

9

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Accionante: William Triana Moreno

legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales17.

25. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, al incurrir en un defecto sustantivo y un desconocimiento del
precedente.

26. Expuso que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo, en razón a que
desconoció el artículo 22 del Decreto Ley 1791 de 2000, la Resolución 03593 de 2001
y el Decreto 1512 de 2000 el cual establece que “[…] que dicha actuación de la
administración se realiza por una sola vez, ya que la trayectoria dentro de la institución
obedece a un solo evento en la carrera policial. Sin que los accionados hubiesen
ejercido un control judicial sobre los mismos pese reiteradas solicitudes en este
aspecto permitiéndose tal violación flagrante a dicha normatividad […]”.

27. Refirió en cuanto al desconocimiento del precedente que se desconoció “[…] el
precedente jurisprudencial del retiro por la causal del “Llamamiento a calificar
servicios” y la indebida aplicación de los reglamentos internos de la institución
proferido por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, el H. Consejo de Estado y concretamente la H. Corte Constitucional
en sede de revisión, en el entendido que las mismas sustentaron y fundamentaron su
decisión en la simple trascripción (copy- page) de los reglamentos de la institución
limitando, soportando y fundamentando sus providencias en dicha normatividad,
desconociéndose la totalidad del mandato establecido en tales precedentes […]”.

28. Por lo anterior citó las sentencias “[…] Sentencia Corte Constitucional. T 261 de
2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez., - Corte Constitucional, Sentencia T-438
de 1993. Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1995.- Corte Constitucional,
Sentencias T-553 de 1995, T-478 de 1996, T 403 de 1996 y T-321 de 2003,- Corte
Constitucional, Sentencia T-342 de 2002. -Corte Constitucional, Sentencias T-329 de
1994, T-537 de 1994, T-478 de 1996, T-262 de 1997, T-084 de 1998 y T-1222 de
2003. Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1995. Corte Constitucional, Sentencia
T-1686 de 2000 […]”.

29. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, iii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: William Triana Moreno

tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.

30. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

31. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, lo cierto es que no existe un
desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera
que se afectaron estos derechos.

32. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en la providencia cuestionada:

“[…] 12.2 Título ejecutivo

A efectos de resolver el problema jurídico planteado, se recuerda que en la
sentencia proferida el día 26 de agosto de 2014 por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca –Sección Segunda –Subsección E, Sala de
Descongestión, ordenó lo siguiente:

“[…] “SEGUNDO.- DECLÁRASE la nulidad del Decreto 2219 de 21 de
junio de 2010, expedido por el Presidente de la República, por el cual
fue retirado del servicio de la Policía Nacional el Teniente Coronel
WILLIAM TRIANA MORENO identificado con la C.C. No 79.048.013,
por llamamiento a calificar servicios, a partir del 25 de los mismos mes
y año, conforme a lo expuesto en la motiva de este proveído.

TERCERO.- CONDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICIA NACIONAL, reintegrar en el mismo cargo y
grado al señor WILLIAM TRIANA MORENO de condiciones civiles ya
anotadas y al reconocimiento de los ascensos correspondientes
conforme a los reglamentos internos y de acuerdo con lo pretendido
en la demanda; igualmente, a pagarle todos los salarios y prestaciones
sociales dejadas de percibir desde el momento de su desvinculación
hasta cuando sea reintegrado declarándose la no solución de
continuidad.

La suma respectiva deberá ser reajustada y actualizada en la forma
indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la formula allí
señalada. No hay lugar a deducir suma alguna por el desempeño de
otro cargo o el reconocimiento de asignación de retiro, durante el
tiempo en que la parte demandante estuvo desvinculada del servicio,
de acuerdo con la considerativa de esta providencia”.

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Accionante: William Triana Moreno

12.3 Cumplimiento efectuado por la N-MDN-PN

12.3.1 Respecto de la orden de reintegro, la entidad dio cumplimiento a través
de la Resolución No. 2649 de 7 de abril de 2016, que dispuso reincorporar al
señor William Triana Moreno al servicio activo de la PN, en el cargo de teniente
coronel, sin solución de continuidad para todos los efectos legales.

12.3.2 En cuanto al pago de las acreencias laborales, la entidad profirió la
Resolución No. 365 de 21 de abril de 2017, mediante la cual ordenó pagar los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir por el demandante durante
el tiempo que permaneció separado del servicio, liquidados con el salario de
teniente coronel.

12.3.3 Y en cuanto a los ascensos, la entidad señaló que el actor no cumplió
los requisitos señalados en las normas para el efecto, pues por medio del acta
004-ADEHU-GRUAS2.25//APROP-GRURE 3.22, de 2 de mayo de 2018, la
junta asesora del MDN para la PN decidió no recomendar al señor William
Triana Moreno para que realizara el curso de capacitación para ascenso al
grado de coronel.

[…]

Así pues, como lo que pretende el demandante es que se interprete la
sentencia judicial en el sentido de ordenar el pago de las prestaciones de una
manera diferente a la allí señalada, ello resulta improcedente, pues desconoce
que la finalidad del proceso ejecutivo es cumplir las obligaciones contenidas en
sentencias judiciales, en las que, tal como lo indicó el Consejo de Estado, no
debe ser “el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa”.

[…]

Por su parte, el demandante alega que la N-MDN-PN incumplió la orden dada,
pues: (i) en el proceso ordinario se demostró el cumplimiento de todos los
requisitos para que el actor fuera merecedor de los ascensos establecidos y
ordenados en la condena; y (ii) la entidad demandada desconoció tales
pronunciamientos y órdenes impartidas, y volvió a negar los ascensos al actor,
pese a que dicha controversia fue zanjada con las sentencias que constituyen
título ejecutivo, las cuales determinaron “la ilegalidad de las juntas, tanto de
evaluación de la trayectoria policial, como la junta asesora ante el ministerio de
la defensa, mediante las cuales se impidió específicamente el reconocimiento
de los respectivos ascensos para la época de los hechos”

[…] 12.4.2.2 Ahora bien, al analizar la orden que fue dada en el título ejecutivo,
se observa que estaba sometida a una condición, pues la providencia señaló
que se debían reconocer los ascensos correspondientes al actor, conforme con
los reglamentos internos de la entidad.

De manera que, si bien la obligación contenida en la sentencia objeto de
recaudo es clara y expresa, lo cierto es que para ser exigible debía cumplir la
condición de completar los requisitos establecidos en los reglamentos internos
de la PN para poder ascender.

Es decir, el título ejecutivo de ninguna manera dispuso un ascenso automático,
pues ello no quedó plasmado como lo pretende la parte actora.

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Accionante: William Triana Moreno

[…] La sala confirmará la sentencia de primera instancia, habida consideración
que:

13.1 La sentencia que constituye el título ejecutivo en este asunto no ordenó
que el pago de salarios y prestaciones fuera conforme con aquellos montos
percibidos por quienes ocupaban un cargo similar, tenían igual antigüedad y
contaban con idénticos méritos al demandante, por el contrario, señaló que el
reintegro sería en el mismo cargo y grado del que fue retirado el señor William
Triana Moreno, lo que aplica igualmente para el pago de los emolumentos
dejados de percibir.

13.2 Contrario a lo afirmado por el demandante en el recurso de apelación: (i)
en el proceso ordinario no se demostró el cumplimiento de todos los requisitos
para que el actor fuera merecedor de los ascensos pretendidos y ordenados en
la condena, únicamente declaró nulo el acto administrativo que lo retiró del
servicio en el año 2010, con el consecuente pago de los salarios y demás
emolumentos dejados de percibir, así como lo ascensos que le correspondieran
conforme con los reglamentos de la entidad; y (ii) tampoco es cierto que en el
proceso ordinario y en la sentencia base de recaudo se hubiese resuelto acerca
de la ilegalidad de las juntas “mediante las cuales se impidió específicamente
el reconocimiento de los respectivos ascensos para la época de los hechos”,
pues esto no hizo parte del problema jurídico allí resuelto.

13.3 Y, finalmente, por cuanto no existe mérito para seguir adelante con la
ejecución contra el MDN-PN, dado que no se encuentra en la obligación de
efectuar los ascensos pretendidos por el señor William Triana Moreno, pues si
bien la obligación contenida en la sentencia objeto de recaudo sobre este
aspecto es clara y expresa, lo cierto es que para ser exigible debía cumplir la
condición de completar los requisitos establecidos en los reglamentos internos
de la PN para poder ascender, los cuales no fueron demostrados […]” [Negrilla
original del texto y subrayado fuera del texto].

33. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción contenciosa administrativa y no se
observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso ejecutivo.

34. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, decidió confirmar la
decisión de primera instancia, a saber, declarar probada la excepción de pago
propuesta por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, negar las
pretensiones de la demanda ejecutiva y no seguir adelante la ejecución.

35. En tal virtud, la acción de “[…] tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado […]”18. Significa
lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…] mecanismo de
amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado indebidamente como una

18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: William Triana Moreno

instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial […]”; ya que en “[…] el marco
de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los
jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”19. En esa
medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara arbitrariedad
judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra providencias
judiciales […]”20.

36. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

19
Ibid.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Accionante: William Triana Moreno

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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