Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03813-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03813-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03813-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03813-01
Accionante: William Triana Moreno
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Ejecutivo.
Decisión: Confirma improcedencia por falta de relevancia constitucional.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 17 de julio de 2025 por la Sección Primera de esta
corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 17 de junio de 2025, William Triana Moreno presentó acción de tutela con
el fin de que se declare que el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá y a la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al proferir las providencias del 22 de marzo de 2024 y del 16 de mayo de 2025 en
el proceso ejecutivo con radicado No. 11001-33-42-049-2019-00475-00/01,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a las autoridades
judiciales precitadas dictar, dentro del término razonable, una decisión de
reemplazo, en la que se acaten tanto los argumentos jurídicos, como la normatividad
y los reglamentos internos de la institución que regulan el actuar y el procedimiento
de la Junta Asesora. Además, se acate el precedente fijado por el Consejo de
Estado en las sentencias invocadas como desconocidas.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
afirmó que presentó demanda ejecutiva en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, para lograr el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con su ascenso y se ordenara el pago de los salarios y prestaciones
sociales adeudados, los cuales fueron reconocidos en la Sentencia del 26 de agosto
de 2014 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 11001-33-31-016-2010-00533-01.
4. El 22 de marzo de 2024, el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá declaró
probada la excepción de pago de la obligación propuesta por la entidad demandada
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Accionante: William Triana Moreno
y, en consecuencia, decidió no seguir adelante la ejecución. Como fundamento de
su decisión, frente a la orden de reintegro, expuso que se demostró que el señor
Triana Moreno fue reintegrado a su cargo de teniente coronel en la Policía Nacional,
mediante la Resolución No. 2649 del 7 de abril de 2016. Además, aclaró que esa
nueva situación era ajena al objeto de la sentencia ejecutada y, por tanto, no era
competencia del juez de la ejecución.
5. En cuanto a la orden de pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir,
indicó que la demandada efectuó el pago del capital e intereses moratorios
resultantes de los haberes dejados de recibir entre el 30 de septiembre de 2010 y
el 12 de abril de 2016, correspondientes al cargo de teniente coronel, tal y como se
ordenó en los fallos objeto de recaudo.
6. Finalmente, en lo que concierne al reconocimiento de ascenso, precisó que
las sentencias ejecutadas ordenaban el reconocimiento de los ascensos conforme
a los reglamentos internos, no el ascenso automático, por lo que si bien el actor en
sus alegatos de conclusión cuestionó el actuar de la Junta de Evaluación y
Clasificación y de la Junta Asesora ante el Ministerio de la Defensa al no proponer
ni recomendarlo para los respectivos cursos y posterior ascenso, esa situación se
escapa de su competencia.
7. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, para lo cual señaló que el juez de primera instancia «conspiró para
favorecer a la demandada con su decisión», toda vez que no tuvo en cuenta que,
(i) la entidad negó nuevamente los ascensos con base en los mismos argumentos
que fueron debatidos en el proceso ordinario; (ii) incurrió nuevamente en los vicios
y arbitrariedades que se encontraron demostrados en la sentencia base de recaudo;
y (iii) pese a ser conocedor de tales circunstancias arbitrarias e irregularidades no
las verificó (a pesar de habérsele solicitado que lo hiciera) para determinar
nuevamente la manera ilegal, arbitraria y violatoria en la que incurrió la entidad en
el procedimiento de los ascensos, al igual que lo ocurrido en el 2010.
8. El 16 de mayo de 2025, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera instancia. Como
sustento de su decisión, explicó que la sentencia que constituye título ejecutivo no
ordenó que el pago de los salarios y las prestaciones fuera conforme a aquellos
montos percibidos por quienes ocupaban un cargo similar, tenían igual antigüedad
y contaban con idénticos méritos al demandante, sino que por el contrario señaló
que el reintegro sería en el mismo cargo y grado del que fue retirado el señor Triana
Moreno, lo que aplicaba igualmente para el pago de los emolumentos dejados de
percibir.
9. Adicionalmente, sostuvo que (i) en el proceso ordinario no se demostró el
cumplimiento de todos los requisitos para que el actor fuera merecedor de los
ascensos pretendidos y que estos fueran ordenados en la condena; únicamente
declaró nulo el acto administrativo que lo retiró del servicio en el 2010, con el
consecuente pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir, así
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como lo ascensos que le correspondieran conforme con los reglamentos de la
entidad; y (ii) tampoco era cierto que en el proceso ordinario y en la sentencia base
de recaudo se hubiese resuelto acerca de la ilegalidad de las juntas «mediante las
cuales se impidió específicamente el reconocimiento de los respectivos ascensos
para la época de los hechos», pues esto no hizo parte del problema jurídico allí
resuelto.
10. Por último, adujo que no existió mérito para seguir adelante con la ejecución
contra la Policía Nacional, dado que no se encontraba en la obligación de efectuar
los ascensos pretendidos por el señor Triana Moreno, ya que si bien la obligación
contenida en la sentencia era clara y expresa, lo cierto era que para ser exigible
debía cumplir la condición de completar los requisitos establecidos en los
reglamentos internos de la Institución precitada para poder ascender, los cuales no
fueron demostrados.
11. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que el Juzgado 49
Administrativo de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al proferir las providencias del 22 de marzo de
2024 y del 16 de mayo de 2025, incurrieron en defecto sustantivo, puesto que la
primera autoridad «violó el principio de legalidad […] y no actuó con todo el rigor
técnico jurídico, ya que impuso sus propias formas o puntos de vista, apartándose
de un asunto que ya había sido debatido y […] que ya estaba regulado por la norma
materia de estudio e incluso ya se había proferido una condena en contra de la
entidad demandada por la indebida y legal aplicación de la facultad discrecional del
llamamiento a calificar servicios y, en especial, la indebida aplicación de los
reglamentos internos de la institución».
12. En cuanto al Tribunal, manifestó que en la providencia cuestionada, se
realizó una «interpretación inadecuada sobre las pretensiones de la demanda, en el
sentido que lo pretendido en la demanda ejecutiva versaba sobre el cumplimiento
total de una sentencia debidamente ejecutoriada»; sin embargo, a pesar de haberle
puesto de presente todas las anomalías presentadas en primera instancia por el
juzgado accionado, la corporación precitada no analizó tales irregularidades, ni
«verificó la existencia de las inconsistencias frente a las pruebas» y, además, «se
apartó de su deber legal de decretar las pruebas solicitadas en ese aspecto».
13. Indicó que la afirmación consistente en que la orden sometida en el titulo
ejecutivo estaba sujeta a la condición de que el ascenso debía reconocerse
conforme a los reglamentos internos de la entidad fue contraria a derecho, pues
dichos requisitos «se encuentran probados en todo el acervo probatorio». Resaltó
que fue la demandada la que violentó esos reglamentos internos y la «normatividad
legal en forma sistemática, al proferir esa acta de la Junta Asesora en tres
oportunidades, a pesar de que el artículo 22 del Decreto Ley 1791 de 2000, en
complemento con la Resolución 03593 de 2001 y el Decreto 1512 de 2000
[establecen] que dicha actuación de la administración se realiza por una sola vez,
ya que la trayectoria dentro de la institución obedece a un solo evento en la carrera
policial. Sin que los accionados hubiesen ejercido un control judicial sobre los
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mismos pese reiteradas solicitudes en este aspecto permitiéndose tal violación
flagrante a dicha normatividad».
14. Señaló que las autoridades accionadas desconocieron el precedente fijado
por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional sobre la causal de
«llamamiento a calificar servicios y la indebida aplicación de los reglamentos
internos de la entidad», toda vez que sustentaron su decisión en la simple
transcripción de los reglamentos de la institución allí demandada (Policía Nacional),
sin tener en cuenta el mandato jurisprudencial establecido.
15. Para soportar lo anterior, citó, de un lado, las Sentencias T-438 de 1993, T-
329 de 1994, T-537 de 1994, T-553 de 1995, T-403 de 1996, T-478 de 1996, T-262
de 1997, T-084 de 1998, T-1686 de 2000, T-342 de 2002, T-321 de 2003, T-1222
de 2003 y T-261 de 2018; y, del otro, la sentencia proferida el 11 de mayo de 2017
por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso con radicado No.
25001-23-36-000-2016-01700-01.
Intervenciones1
16. El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, luego de hacer un recuento de
las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo, indicó que el único argumento
que presenta el accionante para sustentar su dicho se centró en el hecho de que no
se accedieron a las pretensiones de la demanda ejecutiva en el sentido de ordenar
los ascensos. Sin embargo, señaló que justamente en la sentencia de primera
instancia, ese despacho dedicó un acápite para explicar por qué no era procedente
seguir adelante con la ejecución por los ascensos y esto fue por la sencilla razón de
que la sentencia base de recaudo señaló de manera clara, expresa e inequívoca
que estos debían ser «conforme a los reglamentos internos».
17. Asimismo, manifestó que si el actor discute el hecho consistente en que esa
dependencia judicial negara el decreto de la prueba consistente en oficiar a la
entidad para que aportara los antecedentes administrativos que dieron como
resultado la expedición del Acta 009-ADEHU-GRUAS-2.25//APROP-GRURE-3.22
de 4 de julio de 2017, aquel debió recurrir en su debida oportunidad esa decisión a
través de los recursos de reposición y apelación, y no por medio de la acción de
tutela, pues ello desconoce su naturaleza subsidiaria. Además, manifestó que si el
defecto alegado se encuentra en el auto de decreto de pruebas, este es, del 15 de
febrero de 2024, la tutela tampoco cumplió con la exigencia de inmediatez.
18. Señaló que si el demandante consideraba que sí cumplía los requisitos para
el ascenso, debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues como lo advirtió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
decisión de segunda instancia, ese aspecto no fue debatido ni mucho menos
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El 24 de junio de 2025, la Sección Primera de esta corporación admitió la acción de tutela contra el Juzgado 49 Administrativo
de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, además, se vinculó a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
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probado en el proceso ordinario, de ahí que no puedan ser objeto de reconocimiento
en la acción ejecutiva.
19. Finalmente, sostuvo que la Sentencia del 11 de mayo de 2017 proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela No. 25001-
23-36-000-2016-01700-01, citada por el actor como desconocida, aunque dejó sin
efectos unos oficios mediante los cuales se les había comunicado a los actores la
no recomendación para ser convocados a curso, los fundamentos fácticos son
diferentes. En esos términos, solicitó desestimar las pretensiones formuladas.
20. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca afirmó que la acción de tutela no cumplió con los requisitos
generales de procedencia, comoquiera que no gozaba de importancia
constitucional, ya que se discuten aspectos de orden estrictamente legal y que, en
su momento, fueron debatidos y discutidos en el proceso ejecutivo, por lo que no
pueden nuevamente conocerse, ya que se estaría empleando la acción de amparo
como una tercera instancia.
21. Adicionalmente, manifestó que no se cumplió con la exigencia de
subsidiariedad, toda vez que el accionante no agotó el medio de defensa judicial
que tiene a su alcance, esto es, el recurso extraordinario de revisión, previsto en el
artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
22. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de estudiarse de fondo la acción de
tutela, aseguró que la sentencia reprochada no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el actor, sino que, por el contrario, fue proferida conforme a
argumentos expuestos por las partes, las pruebas obrantes en el expediente y la
jurisprudencia aplicable al caso. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la
acción de la referencia o, en su defecto, negar las pretensiones, al no haberse
configurado ninguno de los defectos alegados.
23. La Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional no rindió el
informe solicitado, a pesar de haber sido debidamente notificada del auto admisorio
de la presente acción.
Sentencia impugnada
24. El 17 de julio de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, debido a que, en primer lugar, el debate no se realizó desde una
óptica constitucional y, en segundo lugar, la parte accionante pretende utilizar este
mecanismo como una tercera instancia al proceso ordinario con el fin de que se
reabra la discusión que fue analizada y resuelta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, la cual, en su criterio, no se dilucidó de forma arbitraria o irrazonable.
25. Aunado a lo expuesto, precisó que si bien la parte actora alegó la
vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
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administración de justicia y a la igualdad, lo cierto fue que no expuso las razones
por las cuales considera que estos fueron transgredidos. En consecuencia, estimó
que la discusión propuesta no revestía de importancia constitucional.
Impugnación
26. La parte accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual manifestó que
los argumentos expuestos por el juez de primera instancia distan de la realidad de
los hechos y vulneran nuevamente sus derechos fundamentales. Al respecto, adujo
que se desconocieron decisiones y condenas emitidas por altos tribunales, que la
providencia impugnada carece de un enfoque constitucional y omitió valorar la
conducta arbitraria de los accionados.
27. Indicó que acompañó la demanda ejecutiva con abundante material
probatorio que, en su parecer, evidencia la conducta ilegal de la parte allí
demandada para eludir el cumplimiento de las órdenes judiciales. Sin embargo,
arguyó que tal material fue desechado injustificadamente por las autoridades
accionadas, a pesar de que las instancias judiciales anteriores ya habían avalado la
existencia de tales irregularidades, particularmente respecto al concepto emitido por
la Junta, el cual se habría expedido con serias inconsistencias y en contravía del
mandato constitucional contenido en los fallos a su favor.
28. Resaltó que en ninguna instancia se ha dado respuesta a los múltiples
interrogantes que ha planteado, especialmente, aquellos relacionados con la
aplicación de normas contrarias al derecho que han servido como sustento para
desconocer las decisiones judiciales en su favor. Alegó que el juez de primera
instancia transcribió de forma inadecuada uno de los desacuerdos propuestos, en
lugar de resolverlo sustancialmente y, con ello, impidió que se emitiera una decisión
ajustada a los principios constitucionales y legales.
29. Aseguró que, en lugar de dar cumplimiento a la sentencia, se profirió un
nuevo concepto administrativo con el único fin de evadir la condena judicial,
actuando en represalia por su insistencia en exigir el cumplimiento del fallo.
Finalmente, manifestó que tampoco se dio respuesta a los interrogantes planteados
sobre la normatividad aplicada por los accionados para justificar el incumplimiento
de la demandada, ni se explicó cómo se permitió avalar dichas actuaciones ilegales
y arbitrarias. Añadió que esos vacíos comprometen la validez del fallo impugnado,
pues los hechos y argumentos planteados en la demanda no fueron debidamente
considerados ni resueltos.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
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Accionante: William Triana Moreno
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, especialmente el de
relevancia constitucional, si la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al expedir la providencia del 16 de mayo de 2025,
incurrió en los defectos invocados por el accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
32. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por no superarse el requisito general de
relevancia constitucional, de acuerdo con los argumentos que a continuación se
exponen:
33. Analizados los reparos expuestos por el accionante para sustentar la
configuración del defecto sustantivo, la Sala observa que estos, lejos de evidenciar
una vulneración ostensible de normas sustanciales que justifique la intervención del
juez constitucional, revelan la inconformidad del actor con el resultado del proceso
ejecutivo y la intención de aquel de utilizar el mecanismo de amparo como una
instancia adicional para reinterpretar el contenido del título ejecutivo y reabrir el
debate que ya fue analizado y resuelto por el juez natural de la causa.
34. Al respecto, se observa que la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la providencia del 16 de mayo de
2025, al estudiar el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia del 26 de agosto
de 2014 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, frente al pago de
salarios y prestaciones dejados de percibir, indicó que dicho título no ordenó que el
pago de los salarios y las prestaciones al actor fuera conforme a aquellos montos
percibidos por quienes ocupaban cargo similar, tenían igual antigüedad y contaban
con idénticos méritos al demandante, sino que, por el contrario, señaló que el
reintegro sería en el mismo cargo y grado del que fue retirado, lo que aplica
igualmente para el pago de los emolumentos dejados de percibir.
35. Adicionalmente, en cuanto a la orden de los ascensos, aclaró que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho únicamente estuvo dirigido a
obtener la nulidad del acto administrativo que retiró del servicio al actor en el año
2010 por llamamiento a calificar servicios, y, en tal sentido, el análisis que realizó
esa autoridad judicial fue exclusivamente de ese aspecto.
36. Además, indicó que carecen de fundamento los argumentos expuestos por
la parte ejecutante, toda vez que (i) en el proceso ordinario no se demostró en
ningún momento el cumplimiento de todos los requisitos para que el actor fuera
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Accionante: William Triana Moreno
merecedor de los ascensos establecidos y ordenados en la condena, pues
únicamente se declaró nulo el acto administrativo que lo retiro del servicio en el año
2010, con el consecuente pago de los salarios y demás emolumentos dejados de
percibir, así como lo ascensos que le correspondieran de conformidad con los
reglamentos de la entidad; y, (ii) no es cierto que en el proceso ordinario y en la
sentencia base de recaudo se hubiese resuelto acerca de la ilegalidad de las juntas
«mediante las cuales se impidió específicamente el reconocimiento de los
respectivos ascensos para la época de los hechos», dado que esto no hizo parte
del problema jurídico allí resuelto.
37. Finalmente, precisó que la orden de reconocer los ascensos
correspondientes al actor, está sometida a condición, pues en la sentencia acusada
se indicó expresamente que debían reconocerse conforme a los reglamentos
internos de la entidad, de manera que si bien la obligación contenida en la sentencia
objeto de recaudo es clara y expresa, lo cierto es que para ser exigible debía cumplir
la condición de completar los requisitos establecidos en los reglamentos internos
de la Policía Nacional para poder ascender.
38. En ese orden de ideas, la Sala constata que la acción de tutela no plantea
un asunto de relevancia constitucional que habilite la intervención del juez de
amparo, pues la controversia se circunscribe en la interpretación y aplicación del
título ejecutivo proferido en un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho, asunto que, como se vio en precedencia, fue resuelto de manera motivada
por las autoridades judiciales competentes, en ejercicio legítimo de su autonomía e
independencia judicial.
39. Aunado a lo expuesto, se observa que el accionante, en el escrito, de
amparo frente al cargo del defecto sustantivo no identificó la norma que fue
desconocida o aplicada de manera errónea. Además, sustentó dicho cargo, bajo el
argumento de unas supuestas irregularidades en la valoración probatoria o en el
decreto de los elementos de juicio, sin tener en cuenta que la acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario en la que pueda examinarse
nuevamente todo el debate probatorio, sino que su análisis de circunscribe a
verificar la existencia de un yerro de tal magnitud que exija la intervención de la
autoridad constitucional, lo cual no se evidencia en el caso concreto.
40. La Sala advierte que los pronunciamientos invocados como desconocidos
no guardan similitud fáctica y jurídica con el caso que aquí se discute, lo que
refuerza la idea de la utilización del mecanismo de amparo como una tercera
instancia para que el juez de tutela realice una nueva interpretación del caso a partir
de los pronunciamientos invocados como desconocidos.
41. En esa medida, debe recordarse que el mecanismo de amparo no es un
instrumento de revisión o corrección de las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales, menos aun cuando aquellas han sido proferidas en el pleno
ejercicio de la autonomía e independencia judicial, pues que la función del juez
constitucional, en los casos en que se discute por vía de tutela providencias
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Accionante: William Triana Moreno
judiciales, se centra en realizar un juicio de validez, con el fin de determinar si se
produjo una vulneración de los derechos fundamentales deprecados a la luz de la
Constitución Política.
42. Por tanto, se concluye que no se cumplió con el requisito general de
relevancia constitucional y, en consecuencia, confirmará la sentencia proferida el
17 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela instaurada por William Triana Moreno.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de julio de 2025 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por William Triana Moreno en contra del Juzgado 49
Administrativo de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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