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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03828-00

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03828-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: NEGAR la acción de tutela instaurada por la señora Sandra Marcela Ramírez Ramos, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03828-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03828-00
Accionante: Sandra Marcela Ramírez Ramos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Derecho al debido proceso. Acto
expedido por alcalde que impone sanción por incumplir normas
urbanísticas. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Sandra Marcela Ramírez
Ramos, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.

ANTECEDENTES

La accionante solicita que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, el
cual estima vulnerado con la sentencia del 21 de mayo de 2025 proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25269-33-
33-001-2014-00931-00 [01].

HECHOS

La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
municipio de Tenjo, a fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones 232 del
2 de diciembre de 2013 y 063 del 8 de abril de 2014, por medio de las cuales se
impuso a la accionante multa por infracción de las normas urbanísticas y se rechazó
el recurso de reposición.

Que le correspondió al Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Facatativá, quien
mediante sentencia del 31 de octubre de 2019 desestimó las pretensiones de la
demanda.

Que inconforme con la decisión antes citada promovió recurso de apelación, el cual

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fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C el 21 de mayo de 2025 confirmando la providencia de primera
instancia.

Considera que el Tribunal incurrió en el defecto: violación directa de la Constitución
por desconocer su derecho fundamental al debido proceso y al principio de
legalidad, por no tener en cuenta que el artículo 108 de la Ley 388 de 1997 remite
a las normas de procedimiento sancionatorio del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), por lo que
el procedimiento sancionatorio por normas urbanísticas en su criterio es de doble
instancia.

Que conforme al artículo 56 del Decreto 95 de 2008 la competencia inicial de
investigación y sanción de las infracciones urbanísticas la tiene el Departamento
Administrativo de Planeación en primera instancia y el alcalde en segunda; sin
embargo, en el caso particular el proceso sancionatorio fue de única instancia
porque lo adelantó el alcalde del municipio de Tenjo, situación que le transgrede su
derecho al debido proceso.

Citó las sentencias C 248 de 2013 y C 162 de 2021 que tratan sobre el debido
proceso administrativo.

PRETENSIONES

Solicita que se ampare el derecho invocado dejando sin efectos la sentencia del 21
de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C y, en consecuencia, ordenar al Tribunal que profiera una
nueva decisión teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 19 de junio de 2025 se dispuso su admisión, se vinculó como tercero
interesado al municipio de Tenjo y se ordenó la notificación a la autoridad judicial
accionada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
fue debidamente notificado de la acción de tutela; sin embargo, decidió guardar
silencio.

POSICIÓN DEL VINCULADO

El municipio de Tenjo señaló que no se configuran los defectos: violación directa
de la Constitución, bajo el entendido que las decisiones han reafirmado la
competencia legal de los alcaldes municipales de imponer sanciones por infringir
normas urbanísticas, facultad conferida por el artículo 104 de la Ley 388 de 1998;
también precisó que la delegación de funciones, regulada por la Ley 489 de 1998,

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«implica únicamente el ejercicio de la competencia por parte de la autoridad
delegataria, sin que ello suponga una transferencia de su titularidad», y material o
sustantivo, porque «[l]a decisión de la Sala, al reafirmar la validez constitucional y
legal de la competencia del alcalde para decidir sobre infracciones urbanísticas,
incluso en única instancia, encuentra pleno sustento en la normativa especial que
rige la materia».

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, alega la accionante que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C incurrió en el defecto de violación directa de la
Constitución por transgredir su derecho al debido proceso. Afirma que desconoció
1) el artículo 108 de la Ley 388 de 1997 que señala que las sanciones se impondrán
conforme al procedimiento que establece el CPACA y 2) el Decreto 095 de 2008
expedido por el alcalde de Tenjo, que consagra la competencia del Departamento
Administrativo de Planeación para adelantar el procedimiento sancionatorio por
infringir normas urbanísticas en primera instancia. En ese sentido, se entiende que
alega también defecto sustantivo.

Observa la Sala que la acción de tutela contra la sentencia del 21 de mayo de 2025
cumple los requisitos de procedencia así: a) tiene relevancia constitucional en la
medida en que se debe examinar la presunta vulneración del derecho fundamental
al debido proceso por el defecto violación directa de la Constitución, la accionante
argumentó suficientemente la solicitud, b) la accionante no cuenta con otro medio
de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se satisface el requisito de inmediatez,
pues la decisión controvertida fue notificada el 23 de igual mes y año7 y quedó
ejecutoriada el 30 del mismo mes y anualidad, es decir, que la acción se presentó
dentro de los seis meses que establece la jurisprudencia y d) la tutela no se dirige
contra un fallo de la misma naturaleza.

El Tribunal fundamentó su decisión en el artículo 104 de la Ley 388 de 1997 que
dispone:

«Las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación de las
sanciones a los responsables que a continuación se determina, por parte
de los alcaldes municipales y distritales, el gobernador del departamento
de San Andrés y Providencia o el funcionario que reciba la delegación,
quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad y magnitud de la
infracción y la reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas se
presentaren: (…)»

4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
7 Índice 26 SAMAI del Tribunal

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Frente al argumento del recurso de apelación relativo al desconocimiento del
Juzgado 1º Administrativo de Facatativá del Decreto 095 de 2008 en cuanto a que
no es un acto de delegación sino un decreto especial con categoría de acuerdo; el
Tribunal dijo que la competencia de sancionar está en cabeza de los alcaldes
municipales y distritales, quienes pueden delegar la facultad, «respetando las
normas constitucionales (art. 209, 211) y legales (artículos 9 a 11 de la Ley 489 de
1998)».

Se refirió a la figura de la delegación expresando que fue establecida por el
legislador y debe cumplir los siguientes requisitos «(i) constar por escrito, ii)
determinar la autoridad delegataria, y iii) establecer las funciones o asuntos
específicos cuya atención y decisión se transfieren».

De esta manera, el Tribunal determinó que el alcalde del municipio de Tenjo con la
expedición de la Resolución núm. 232 del 2 de diciembre de 2013 ejerció la
competencia asignada por el artículo 104 de la Ley 388 de 1997, como
«consecuencia de los hechos -obras de construcción de una vivienda sin contar con
la licencia de construcción- puestos en conocimiento por el Departamento
Administrativo de Planeación».

Aunado a lo anterior, aclaró que en virtud del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 los
actos expedidos por las autoridades delegatarias son susceptibles de los mismos
recursos procedentes contra los actos del delegante, por lo que no le asiste razón
a la accionante cuando argumenta que de haber sido proferida la Resolución núm.
232 del 2 de diciembre de 2013 por el Departamento Administrativo de Planeación
gozaría del recurso de apelación ante el alcalde del municipio de Tenjo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la autoridad judicial decidió confirmar la sentencia
del 31 de octubre de 2019 proferida por el Juzgado 1º Administrativo de Facatativá
y no encuentra la Sala que con dicha providencia haya incurrido en los defectos de
violación directa de la Constitución y sustantivo aducidos por la accionante.

La señora Ramírez alega que se desconocieron en el proceso administrativo
sancionatorio las normas del CPACA según las cuales el procedimiento era de doble
instancia lo cual constituye un argumento que ya fue estudiado en el proceso
ordinario y la autoridad judicial accionada fundamentó debidamente la sentencia,
expresando las razones por las cuales no encontró la trasgresión al debido proceso
administrativo que desvirtuara la legalidad del acto administrativo demandado.

Es importante tener en cuenta que para que haya lugar a los recursos ante la
administración es necesario que exista un superior jerárquico que ostente la
competencia para su resolución. En tal sentido, no es posible afirmar un derecho
absoluto a la doble instancia en la vía administrativa.

En conclusión, el Tribunal no desconoció el artículo 108 de la Ley 388 de 1997 ni el
Decreto 095 de 2008 y tampoco transgredió el derecho al debido proceso ni el
principio de legalidad, sino que resolvió la controversia conforme a las normas
aplicables al caso concreto, por lo que se negará el amparo solicitado, pues no se
materializaron los defectos: sustantivo y violación directa de la Constitución, ni
cualquier otro.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03828-00

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: NEGAR la acción de tutela instaurada por la señora Sandra Marcela
Ramírez Ramos, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

7

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