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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03839-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03839-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad de Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Diego Armando Calle Buendía contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, la Unidad de Carrera Judicial, el Tribunal Administrativo de Córdoba, el Tribunal Superior de Montería y los Centros de Servicios Judiciales de Córdoba, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03839-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03839-00
Demandante: DIEGO ARMANDO CALLE BUENDÍA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Tutela contra acto administrativo – improcedente por no superar
el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el instrumento constitucional de la referencia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor Diego Armando Calle Buendía interpuso acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba, la Unidad de Carrera Judicial, el Tribunal Administrativo de Córdoba, el
Tribunal Superior de Montería2 y los Centros de Servicios Judiciales de Córdoba.
Con su solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales
a la igualdad, al trabajo, de acceso a cargos públicos y los principios de confianza
legítima, «mérito y carrera administrativa».

2. El accionante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al
hecho de que, pese a ocupar el primer puesto en la lista de elegibles para el cargo
de profesional universitario 16 de tribunal, correspondiente a la Convocatoria
Número 4 para empleados de juzgados, tribunales y centros de servicios del
departamento de Córdoba3, no ha podido tomar posesión del cargo debido a la
ausencia de vacantes disponibles.

1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
El accionante se refirió al Tribunal Administrativo de Córdoba y al Tribunal Superior de Montería
como «los tribunales de Córdoba».
3
Efectuada a través del Acuerdo CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017.

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Demandante: Diego Armando Calle Buendía
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03839-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó:

PRIMERA: Se amparen mis derechos fundamentales al acceso a cargos públicos,
igualdad, legitima confianza y principio del mérito por lo expuesto en esta acción de
tutela.
SEGUNDA: ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que en un
término perentorio de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente
decisión, REMITA a las autoridades nominadoras de los tribunales, oficinas
judiciales y centros de servicio de las diferentes sedes territoriales de la Rama
Judicial, donde se ubique el cargo de profesional universitario GRDO 16, y que
tenga funcionario nombrado en provisionalidad o que se encuentren vacante, para
que se haga uso de la lista de elegibles de la Convocatoria No. 4.
TERCERO: Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba que de no existir el cargo con las mismas
equivalencias, este sea creado y se efectúe mi nombramiento en propiedad por ser
el primero en el registro de elegibles listas conformado para el cargo de profesional
universitario grado 16 de tribunales, centros de servicios u oficinas judiciales,
teniendo en cuenta los principios constitucionales de confianza legitima, seguridad
jurídica y mérito contemplados en nuestra constitución.
CUARTO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional
de la Judicatura de Córdoba, publicar en el portal web correspondiente, los cargos
que actualmente se encuentren en vacancia temporal y que estén siendo ocupados
por personas que NO PERTENECEN AL REGISTRO DE ELEGIBLES Y QUE NO
TIENEN NINGUNA PROPIEDAD EN LA RAMA JUDICIAL.
QUINTO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de
la Judicatura de Córdoba, publicar en el portal web correspondiente, los cargos que
actualmente se encuentren en vacancia temporal INCLUIDOS LOS DE
DESCONGESTIÓN, y que estén siendo ocupados por personas que NO
PERTENECEN AL REGISTRO DE ELEGIBLES Y QUE NO TIENEN NINGUNA
PROPIEDAD EN LA RAMA JUDICIAL, y a proceder con los nombramientos
provisionales de las personas que pertenecen a los registros de elegibles vigentes,
o a las personas en propiedad que cumplan los requisitos, conforme lo establece el
Art. 68 de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que modificó el numeral segundo del Art.
132 de la Ley 270 de 1996. [Sic en toda la cita].

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia,
de la siguiente manera:

5. El señor Diego Armando Calle Buendía afirmó que mediante Acuerdo
CSJACOA17-61 del 6 de octubre de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba convocó a «concurso de méritos para la conformación del Registro
Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios».

6. Mencionó que, luego de haber aprobado todas las etapas del concurso de
méritos, ocupó inicialmente el puesto número 10 para el cargo de profesional
universitario grado 16. Inconforme con dicha ubicación, presentó un recurso de

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reposición. Como resultado, fue reclasificado en la posición número 8 y, «posterior
y progresivamente hasta alcanzar el puesto número 1 en la lista de elegibles».

7. Afirmó que, a la fecha no ha tomado posesión del cargo en propiedad, toda
vez que el Consejo Superior de la Judicatura «en una respuesta a una solicitud que
presentó», le indicó que la única vacante para dicho cargo estaba ocupada por una
persona en carrera judicial.

1.4. Fundamentos de la vulneración

8. El accionante mencionó que, al momento de inscribirse al concurso de
méritos, lo hizo con la convicción de que existían vacantes definitivas en encargos
o en provisionalidad. No obstante, como el cargo está ocupado por persona en
carrera judicial, es casi nula su posibilidad de ser nombrado.

9. Indicó que existen un sin número de cargos que se encuentran en vacancia
temporal, ocupados de forma provisional por personas que no pertenecen al registro
de elegibles o con cargos en propiedad. Tal situación, a su modo de ver, le impide
a quienes, como él, se encuentran en lista de elegibles para ingresar a la rama
judicial.

10. Agregó que, incluso, hay vacantes ocupadas por personas que no tienen
cargo en propiedad. No obstante, las mismas no han sido publicadas por los
nominadores en el portal web dispuesto para ello, a efectos de garantizar lo
establecido en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, lo que a todas luces
contraviene el principio al mérito, el derecho a la carrera judicial y las posibilidades
que «la nueva Ley» otorga a quienes han aprobado concurso de méritos.

11. Acto seguido, el accionante trajo a colación jurisprudencia constitucional
relacionada con los principios que permean la carrera judicial.

12. Insistió que, al haberse adelantado un concurso de méritos para cargos que
no estaban vacantes al momento de la convocatoria pública, se generaron
consecuencias negativas. De un lado, se generó una percepción de que la
administración está utilizando el concurso de méritos de forma incorrecta y como
mero trámite. De otro, a su juicio, ello entorpeció el proceso de selección personal,
dado que cercenó la motivación para participar en concursos posteriores. Consideró
que estas situaciones desataron conflictos entre funcionarios públicos.

13. Alegó que aun cuando han transcurrido más de 7 años desde la convocatoria
al concurso, hasta la fecha de interposición de su solicitud de amparo constitucional,
las accionadas no han hecho uso de la lista de elegibles para el cargo al que se
presentó, lo que demuestra que no estaba vacante para el momento en el que se
inscribió.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto de 20 de junio de 2025, el despacho ponente admitió la
tutela. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionados al Consejo
Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, a la
Unidad de Carrera Judicial, al Tribunal Administrativo de Córdoba, al Tribunal
Superior de Montería y a los Centros de Servicios Judiciales de Córdoba.

15. De otro lado, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica de Defensa Jurídica del Estado y se negó la solicitud de vinculación de
«todas las personas pertenecientes al registro de elegibles de la convocatoria 4 para
ocupar cargos de empelados en los juzgados, tribunales y centros de servicios de
Córdoba» elevada por el señor Calle Buendía.

16. Por último, se requirió al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba para que rindieran un informe en el que
señalaran el estado de la provisión del cargo al que aspiró el señor Diego Armando
Calle Buendía en la Convocatoria número 4 para empleados de los juzgados,
tribunales y centros de servicios de Córdoba.

1.6. Intervenciones e informes

17. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba

18. La presidencia de dicha corporación mencionó que en el distrito de Córdoba
solamente existe 1 cargo de profesional universitario de Centro u Oficina de
Servicios y/o Equivalentes grado 16, el cual está ocupado en propiedad. Información
que le fue suministrada al accionante a través del oficio CSJCOOP 22-1174 del 22
de noviembre de 2022.

19. En cuanto a las pretensiones elevadas por el señor Calle Buendía, expuso
que:

• No ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora, dado que ha
actuado dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias. Por
ende, la tutela es improcedente por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al no haber nexo causal entre la presunta vulneración y dicha
corporación.
• Mediante el Acuerdo CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017 adelantó
proceso de selección para la conformación del Registro Seccional de
Elegibles para la provisión de cargos de empleados de carrera de Tribunales,
Juzgados y Centros de Servicio. Tal concurso de méritos de empleados fue
realizado para que los interesados optaran por el cargo de su preferencia al

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momento de la inscripción y no por vacantes definitivas al momento en que
inició la convocatoria.
• En oficio CSJCOOP22-1174 del 22 de noviembre de 2022, dio respuesta al
tutelante.
• Tal seccional ha adelantado gestiones para garantizar los derechos de los
servidores judiciales en propiedad y de los integrantes de los registros de
elegibles vigentes de la convocatoria 4.
• No puede atender todas las pretensiones elevadas en este trámite, dado que
algunas están dirigidas en contra del Consejo Superior de la Judicatura
quien, por lo demás, es el único que tiene la facultad para crear, transformar,
suprimir y trasladar permanentemente cargos en la Rama Judicial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 85 numeral 13 de la Ley 270 de
1996.
• Escapa de su competencia publicar vacantes temporales, dado que aquello
corresponde a las autoridades nominadoras, según lo estipulado en la
Circular PCSJC25-5 del 10 de febrero de 2025 del Consejo Superior de la
Judicatura.
• Sobre la publicación de vacantes de cargos de descongestión, que el
numeral 2. ° del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo
68 de la Ley 2430 de 2024, señala la manera de proveer los cargos de carrera
judicial cuando se presenten vacantes temporales. Y, en todo caso, de
conformidad con el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024 no es aplicable la
provisión de cargos transitorios (descongestión), por su misma naturaleza.

1.6.2. Unidad de Administración de la Carrera Judicial

20. Alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que
la decisión sobre los nombramientos de empleados de los despachos judiciales
corresponde al titular del despacho nominador, sin que aquella autoridad pueda
tener injerencia. Para ello, trajo a colación lo previsto en los artículos 131, 174 y 175
de la Ley 270 de 1996.

21. Afirmó que el numeral 2. ° del artículo 132 de la Ley 270 de 199 establece la
forma de proveer una vacancia temporal, e indicó que dicha disposición fue
reglamentada mediante el Acuerdo PCSJA2-12238 del 9 de diciembre de 2024 por
el Consejo Superior de la Judicatura. En aquel acto se precisaron las reglas y
lineamientos que se debía aplicar en orden a lograr los nombramientos respectivos.

22. De otro lado, refirió que aun cuando el artículo 163 de la Ley Estatuaria de
Administración de Justicia, modificado por el artículo 80 de la Ley 2430 de 2024,
señala que los procesos de selección son permanentes para garantizar en todo
momento la disponibilidad para la provisión de vacantes que respondan a
denominación y categoría, de manera alguna se podría considerar el número de
cargos existentes, ni se encuentran en vacancia definitiva al momento de la
convocatoria.

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1.6.3. Las demás partes y terceros vinculados, pese a ser debidamente notificados,
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

23. Esta Sala es competente para conocer en primera instancia la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, la Unidad de Carrera Judicial, el
Tribunal Administrativo de Córdoba, el Tribunal Superior de Montería4 y los Centros
de Servicios Judiciales de Córdoba. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa y solicitudes de desvinculación

24. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

25. La Sala advierte que el señor Diego Armando Calle Buendía se encuentra
legitimado en la causa por activa. En efecto, al actor le asiste un interés directo y
personal en las resultas del proceso, pues es la persona que pretende el amparo
de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, el acceso a cargos
públicos y los principios de confianza legítima, «mérito y carrera administrativa».

26. Por su parte, esta colegiatura encuentra que el Consejo Superior de la
Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, la Unidad de Carrera
Judicial, el Tribunal Administrativo de Córdoba, el Tribunal Superior de Montería5 y
los Centros de Servicios Judiciales de Córdoba están legitimados en la causa por
pasiva. Esto, porque son las autoridades a quienes se les atribuye la supuesta
vulneración de las garantías constitucionales antes mencionadas; y en su calidad
de nominadores y administradores del régimen de carrera de la Rama Judicial, son
los competentes para resolver las solicitudes del accionante.

27. En vista de lo anterior, la Sala negará las solicitudes de desvinculación por
falta de legitimación en la causa alegadas por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba.

4
El accionante se refirió al Tribunal Administrativo de Córdoba y al Tribunal Superior de Montería
como «los tribunales de Córdoba».
5
El accionante se refirió al Tribunal Administrativo de Córdoba y al Tribunal Superior de Montería
como «los tribunales de Córdoba».

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2.3. Problemas jurídicos y metodología de la decisión

28. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales cuya
protección reclama el señor Diego Armando Calle Buendía, con la omisión de
efectuar su nombramiento en el cargo de profesional universitario Grado 16, dado
que la plaza está ocupada en propiedad por otra persona?

29. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) los requisitos generales de
procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de superarse, (iii) el
caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

30. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

31. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

32. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991.

33. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.

7
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34. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.

35. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

36. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son
de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2 del
artículo 2 de la Constitución. De ahí que la garantía de los derechos fundamentales
de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para
cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de
los ámbitos funcionales del mismo.

2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos

37. Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela
no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos.

38. Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a
través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Esta es la vía procesal idónea para que el legislador ha diseñado
para la garantía de los derechos6.

39. Así las cosas, la Corte ha precisado que «conforme al carácter residual de la
tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las
actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela
cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales
cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa
administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)»7.

40. En tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Al interior de este tipo de procesos

6
Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.

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es posible recurrir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de urgencia, al
tenor de lo dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido ordenamiento.

41. A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de
actos administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la
Ley 1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de
amparo, salvo en el evento, se itera, en que se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.

2.7. Subsidiariedad de la acción de tutela en el caso concreto

42. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la solicitud de amparo
porque no se acreditó el requisito de la subsidiariedad. De los supuestos fácticos y
jurídicos expuestos por la parte actora, así como, de los elementos de juicio
aportados, se advierte que lo pretendido pudo o puede ser subsanado por los
causes ordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico.

43. Debe recordarse que, a juicio de la parte actora, la trasgresión de las
garantías constitucionales cuya protección solicita proviene de la omisión de las
autoridades accionadas de hacer uso de la lista de elegibles conformada luego del
proceso de selección convocado por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba mediante Acuerdo CSJCOA17-616 del 6 de octubre de 2017.

44. Cabe destacar que, de los elementos de juicio allegados a esta instancia
judicial, se encontró que el 8 de noviembre de 2022 el tutelante le solicitó al Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba que acatara lo dispuesto en el Acuerdo de
convocatoria previamente referido y lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, de modo
que se procediera con su nombramiento en el cargo de profesional universitario de
Centro u Oficina de Servicios Grado 16 u otro equivalente8.

45. Asimismo, obra oficio CSJCOOP22-1174 del 22 de noviembre de 20229
mediante el cual, la Presidencia del Consejo Seccional le comunicó al usuario las
facultades legales y reglamentarias que le asisten, en virtud de lo dispuesto en la
Constitución Política, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA08-4856 de 2008.

En la misma oportunidad, le indicó que, consultada la planta de cargos de tal Distrito
Judicial se evidenciaba que de ese cargo existía solo 1 plaza:

8
Cfr. Índice 2 Samai – Documento:
9_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_18_6_202510_3_10_20250619101658286
9
Cfr. Índice 2 Samai – Documento:
10_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_18_6_202510_3_11_20250619101658333

9
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DESPACHO CARGO ESTADO ACTUAL NOMBRE DEL
CARGO EMPLEADO QUE
TIENE EL CARGO
EN PROPIEDAD
Centro de Profesional Provisto en Álvaro Miguel Arrieta
Servicios Universitario de Propiedad Burgos
Judiciales para Tribunal, Centro u
los Juzgados Oficina de Servicios
Penales para Grado 16
Adolescentes de
Montería

46. En vista de ello, le explicó al señor Calle Buendía la imposibilidad de
designarlo en el único cargo provisto en propiedad. También le indicó que, dada la
naturaleza pública y abierta de los concursos de la Rama Judicial, los mismos no
son convocados para cargos vacantes, ni despachos determinados, sino para
contar en todo momento con banco de disponibilidad de elegibles y proveer las
plazas vacantes que se fueran presentando.

47. Finalmente, la autoridad le manifestó que tal seccional ha estado publicando
las vacantes definitivas de cargos de empleados de dicho distrito judicial a efectos
de enviar las listas a los despachos judiciales de los registros respectivos que se
encuentren en firme de la convocatoria 4 y las vacantes definitivas para traslados
de servidores judiciales, durante los primeros 5 días hábiles de cada mes y que se
podían consultar en el portal web de la Rama Judicial.

48. Así las cosas, a juicio de esta Sección, la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad, dado que lo pretendido en esta instancia guarda
intrínseca relación con lo solicitado por el accionante en noviembre de 2022 y que
fue resuelto por la administración en oficio CSJCOOP22-1174 del 22 de noviembre
de ese año. Por ende, contaba con medios ordinarios para proteger sus derechos,
sin que esté en presencia de un perjuicio irremediable.

49. Al respecto, se advierte que el accionante contó con la posibilidad de
controvertir a través de los medios de control dispuestos por el ordenamiento
jurídico en los artículos 137 y 138 del CPACA, el oficio proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura, mediante el cual se negó su solicitud de nombramiento
en el cargo de profesional universitario grado 16 u otro equivalente.

50. Nótese que dicho documento tiene naturaleza de acto administrativo,
comoquiera que se trata de una manifestación unilateral de la administración
mediante la cual se produjo un efecto jurídico10. En concreto, mediante aquel se le
negó la posibilidad de ser designado en la plaza para la cual ocupó el primer puesto
de la lista de elegibles conformada luego de adelantado concurso de méritos o
equivalente. Por ende, es claro que el mismo le resolvió una situación particular y
concreta.

10
Véase: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de
2020 dentro del proceso 25000-23-42-000-2014-00109-01(1997-16).

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diego Armando Calle Buendía
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03839-00

51. Ahora bien, dado que el accionante también elevó reproches encaminados a
demostrar su inconformidad con el Acuerdo CSJCOA17-616 del 6 de octubre de
2017, por cuanto, en su sentir, ofertó plazas que no estaban vacantes y ello afectó
los principios de seguridad, confianza legítima, carrera judicial, entre otros, es claro
que cuenta con la posibilidad de controvertirlo ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.

52. En este punto, se destaca que la Corte Constitucional al resolver un asunto
similar al que se discute en esta vía y en el que se pidió la protección de derechos
fundamentales tales como el acceso a cargos públicos «[…] porque la plaza para la
cual fue elegida la tutelante se encontraba ocupada en propiedad por otra persona»,
el máximo tribunal constitucional precisó que los actos mediante los cuales se
convocan a concurso «son susceptibles de control mediante los medios de control
de nulidad y restablecimiento del derecho o de nulidad simple. [Si] considera que
estos se profirieron con diferentes irregularidades, causal que se enmarca dentro
de los supuestos de nulidad del artículo 137 del CPACA, según el cual la nulidad
“[p]rocederá cuando hayan sido expedidos (…) en forma irregular”»11

53. Incluso, en tal oportunidad, el alto tribunal constitucional indicó:

[…] la pretensión subsidiaria de la acción de tutela, relativa al nombramiento en un cargo
equivalente, también puede ser adelantada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Esta discusión se relaciona con un debate sobre la legalidad del acto
administrativo y las condiciones en las que este debía emitirse, debate que es propio del
juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

54. Por lo anterior, la Sala considera que la petición de amparo debe declararse
improcedente. Como fue visto, para discutir la legalidad de los actos administrativos
que se enmarcan en el concurso de méritos en el que participó el señor Calle
Buendía, el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos judiciales idóneos para
proteger los derechos fundamentales involucrados en el asunto, sin que se
evidencia que el tutelante los hubiera ejercido.

55. Misma apreciación que surge en relación con las pretensiones tercera, cuarta
y quinta de la solicitud de amparo. Al respecto, se precisa que a través de este
mecanismo constitucional no es viable atender pretensiones relativas a la
implementación de la infraestructura judicial, como la creación de un cargo de
profesional universitario grado 16, o que se ordenen nombramientos de personas
que pertenezcan a los registros de elegibles vigentes, sin verificar las condiciones
del caso, pues para ello se requieren estudios presupuestales y técnicos por
autoridad competente que acrediten la necesidad de general una medida de esta
naturaleza, y que, a su vez, garanticen la disponibilidad presupuestal.

11
Corte Constitucional, sentencia T-156 de 2924.

11
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56. Además, se destaca que la facultad de nombrar a vacantes temporales que
se presenten en cargos de carrera judicial es potestativa del nominador, dado que,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de
1996 «se optará por un funcionario o empleado de carrera del despacho respectivo,
siempre que cumpla los requisitos para el cargo, o por la persona que hace parte
del Registro de Elegibles».

57. Se aclara, en este punto, que tampoco es posible inferir la configuración de
un perjuicio irremediable por dos razones fundamentales. La primera, deviene del
hecho de que el accionante no mencionó alguna de las razones que justificaran la
imposibilidad de acudir a los mecanismos judiciales, ni alguna circunstancia que
amerite la procedencia excepcional de la acción de tutela.

58. Si bien podría inferirse que la necesidad deriva del hecho de que la lista de
elegibles conformada mediante Resolución CSJCOR21-532 del 25 de agosto de
202112 está próxima a vencer13, lo cierto es que la Corte Constitucional ha sido
enfática al señalar que «el agotamiento de los medios ordinarios de defensa es
muestra del ejercicio legítimo de la acción de tutela y no de su interposición para
revivir, por ejemplo, cargas procesales no ejercidas o términos precluidos»14.

59. La segunda razón obedece al hecho de que la jurisprudencia constitucional
ha considerado que no hay la potencialidad de generarse un perjuicio irremediable
cuando no existe una vacante para que el concursante sea designado, dado que,
hasta ese momento, solo existe una mera expectativa y no un derecho adquirido:

[…] no se configura un perjuicio irremediable cuando los accionantes “contaban con
una mera expectativa de ser nombradas en los cargos a los cuales concursaron, sin
que se haya consolidado un derecho a acceder de inmediato a los cargos públicos”.
Para considerar que existe un derecho adquirido en materia de concursos, esta
corporación ha sostenido que se requiere acreditar “(a) [que] la persona participó en
un concurso de méritos; (b) que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c)
que existe una vacante para ser designado”. En el caso concreto, no se evidencia
que se acredite el tercer requisito, por lo que ante la ausencia de un derecho
adquirido no se configuraría un perjuicio irremediable.15

60. En vista de lo anterior, la Sala no evidencia que en este caso exista un grave
riesgo que configure un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales del
señor Calle Buendía y que habilite la procedencia excepcional de esta herramienta
constitucional.

12
«Por medio de la cual se modifica la Resolución N° CSJCOR21-270 de mayo 21 de 2021, que
conformó el Registro Seccional de Elegibles para el cargo de Profesional Universitario de Tribunal,
Centro u Oficina de Servicios Grado 16, de los Distritos Judiciales de Montería y Administrativo de
Córdoba, dentro del Concurso de Méritos convocado mediante el Acuerdo No. CSJCOA17-61 del 6
de octubre de 2017 – Convocatoria N° 4”.
13
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo
80 de la Ley 2430 de 2024, los Registros de Elegibles tendrán una vigencia individual de 4 años.
14
Corte Constitucional, sentencia T-021 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia T-156 de 2024.

12
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03839-00

61. Por consiguiente, se declarará que este medio constitucional es
improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte
actora contó con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
nulidad simple, para proponer lo que plantea por esta vía.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Diego Armando Calle Buendía contra el Consejo Superior de la Judicatura, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, la Unidad de Carrera Judicial, el
Tribunal Administrativo de Córdoba, el Tribunal Superior de Montería y los Centros
de Servicios Judiciales de Córdoba, por no satisfacer el requisito de la
subsidiariedad.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

13
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