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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03840-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03840-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 8 de agosto de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03840-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03840-01
Accionantes: Natalia Cristina Lasso Angarita y otras
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Accidente de tránsito.
Valoración probatoria. REVOCA SENTENCIA-NIEGA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 8 de agosto de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

Los señores Natalia Cristina, Claudia Yesica Carolina y Carmen Liliana Lasso
Angarita y Ruth Angarita Mejía pretenden que se protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al
acceso a la administración de justicia, que consideran vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Santander, con la sentencia del 23 de abril de 2025 proferido en
el medio de control de reparación directa, al que se le asignó el radicado 68001-33-
33-004-2014-00255-02.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La parte actora señaló que el 25 de noviembre de 2014, instauraron demanda de
reparación directa en contra de la Dirección de Tránsito y Transporte de
Bucaramanga, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable
por los perjuicios que le fueron causados por el accidente de tránsito que sufrió la
señora Natalia Cristina Lasso Angarita el 22 de abril de 2013, por falta de
señalización en la vía.

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Que la Dirección demandada llamó en garantía al municipio de Bucaramanga, lo
cual fue aceptado mediante auto del 17 de febrero de 2017.

Que durante el trámite se extravió el cuaderno de pruebas, por lo cual el proceso
permaneció inactivo durante 5 años y, el 23 de agosto de 2022 y el 23 de abril de
2023 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bucaramanga celebró
audiencia de reconstrucción del expediente, lo cual se efectuó con la documentación
aportada exclusivamente por la parte demandante.

Que el 10 de septiembre de 2024, el Juzgado mencionado accedió a sus
pretensiones, por lo cual el municipio de Bucaramanga interpuso recurso de
apelación y el 23 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander revocó
la sentencia y declaró la culpa exclusiva de la víctima.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en defecto fáctico,
en su dimensión negativa, porque omitió valorar objetivamente el Contrato de Obra
Pública 0377 del 14 de diciembre de 2012, puntualmente su cláusula segunda
desde el ítem 01 al 30, celebrado entre el Consorcio Mantenimientos Urbanos y el
municipio de Bucaramanga, Secretaría de Infraestructura, cuyo objeto era la
construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana del municipio
de Bucaramanga en los sectores definidos por dicha Secretaría.

Que también omitió la valoración de las pruebas documentales concernientes a las
reiteradas advertencias de la Dirección de Tránsito al secretario de Infraestructura
sobre el riesgo de accidentes para los usuarios de la vía, en razón al incumplimiento
de las obligaciones del contratista, conforme al Contrato referido y, puntualmente,
los ítems 02,06 y 13.

Que en el ítem 23 se incluyó dentro de las obras el replanteó de vías, por lo que las
intersecciones a lo largo de la carrera 17 en sentido sur norte incluido el tramo donde
incurrió el siniestro estaban sujetas a cambios, los cuales podían elevar los riesgos
de accidentes, máxime cuando no se instaló una señal preventiva de intersección,
situación que no valoró el Tribunal.

Concretamente, aludió a los oficios 57-13 del 4 de febrero, 169-13 del 18 de marzo
y 049-13 del 22 de abril de 2013, en los que se solicitó la revisión urgente con los
interventores de los contratos relacionados con la recuperación y mantenimiento de
la carpeta asfáltica en distintos sectores de la ciudad, para la reposición de la
señalización horizontal afectada, especialmente el pare, con el fin de prevenir
accidentes, y se pusieron de presente la ocurrencia de siniestros; lo que, a su juicio,
evidenciaba que desde el 4 de febrero de 2013 se venía alertando al municipio,
como propietario de la obra pública contratada, sobre el riesgo de accidentes que
conllevaba la falta de reposición de dicha señalización.

Que el Tribunal valoró arbitrariamente la declaración del agente que realizó el
informe del accidente de tránsito Jaime Osma Villamizar, quien sostuvo que en el

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lugar donde ocurrieron los hechos ya habían acontecido varios accidentes, lo que
coincide con lo señalado en el Oficio 169-13 del 18 de marzo de 2013 y, además,
no consignó en el informe de tránsito que la víctima hubiera excedido los límites de
velocidad, conducido en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias
prohibidas, sin portar el casco reglamentario o cualquier otro tipo de contravención,
pese a lo cual se estableció como posible hipótesis del siniestro la omisión del pare
por parte de la víctima.

Adujo que en la decisión no se tuvo en cuenta que el Consorcio Mantenimientos
Urbanos y el municipio de Bucaramanga, como propietario de la obra en vía pública,
vulneraron el principio de señalización, decantado por la doctrina y la jurisprudencia
contenciosa administrativa; que dicho municipio elevó significativamente el riesgo al
abrir la vía al tráfico vehicular y peatonal, cuando aún estaban en ejecución los
trabajos de reposición mencionados y sin que previamente se hubieran instalado
señales informativas y preventivas, siguiente los lineamientos previstos en el
numeral 2.1.3. del Manual de Señalización Vial de 2004, adoptado en la Resolución
1050 de 2004, vigente para la fecha del siniestro.

Que la autoridad judicial referida también valoró arbitrariamente las fotografías
allegadas en la audiencia de pruebas por el agente de tránsito que atendió el
siniestro, ya que en la imagen 5 se evidencia i) un objeto vertical de color blanco,
«cuya fotografía fue tomada al reverso de éste (sic)»; ii) la ausencia de la
señalización horizontal en el pavimento o de pares, zonas peatonales, flechas, línea
de carril y borde; iii) la inexistencia de señales o dispositivos de información o
prevención, como «trabajos en la vía» o similares.

Que, así mismo, en la imagen 3 no se observa ninguna señal de un Pare vertical
que confirme que el objeto registrado desde atrás en la imagen 5 sea esta ni los
puntos ii) y iii) respecto a la foto 5. Sin embargo, el Tribunal concluyó que sí existía
dicha señal de tránsito vertical, afirmado que no existía obstáculo alguno en lo
referente a su visibilidad y sin tener en cuenta que la fotografía se tomó tiempo
después de ocurrido el accidente.

Expuso que el Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente judicial del
Consejo de Estado, al determinar como causa adecuada del siniestro la culpa
exclusiva de la víctima, pues la realidad probatoria daba cuenta de la falla en el
servicio imputable al municipio de Bucaramanga, como propietario de la obra
pública que se ejecutaba el día del siniestro, por lo que la causa adecuada del
accidente fue dicha falla. Citó las sentencias del 23 de agosto de 2024, exp. 76001-
23-31-000-2008-00412-01 (63429); del 3 de noviembre de 2023, exp. 76001-23-31-
000-1999-00524-01 (29.334); del 20 de octubre de 2014, exp. 76001-23-31-000-
1997-24922-01 (30462); y del 2 de mayo de 2007, exp. 19001-23-31-000-1998-
00031-01 (24972).

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PRETENSIONES

Solicitó ordenar que se revoque o se deje sin efectos la sentencia del 23 de abril de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en consecuencia, que
dicha autoridad judicial dicte una nueva decisión, en la que se pronuncie sobre el
«oficio del 17 de octubre de 2024 dirigido por la parte demandante al despacho del
señor Juez de primer grado, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 247
num 4o de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la ley 2080 de 2021
y referente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, en virtud a que
en la providencia que desató la alzada se guardó silencio sobre el particular».

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 20 de junio de 2025, se inadmitió la acción, para que se allegaran los poderes
otorgados para la instauración de la acción, y el 15 de julio del presente año, admitió
la acción; vinculó al municipio de Bucaramanga-Dirección de Tránsito y al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, como terceros con interés; y se
corrió el respectivo traslado.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Santander afirmó que con la sentencia discutida no
vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, con ocasión de una presunta
debida valoración probatoria, pues su actuación estuvo conforme con la normativa,
a la jurisprudencia aplicable, al análisis de todas las pruebas allegadas y relevantes
para resolver el asunto y a lo expuesto en el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia.

Indicó que los accionantes pretenden reabrir el debate judicial ya finalizado, creando
una nueva instancia del proceso ordinario, por no estar de acuerdo con la decisión
adoptada, lo que demuestra el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, en la medida que, en el escenario propuesto, el juez constitucional
tendría que examinar nuevamente un asunto definido en el medio de control de
reparación directa, para lo cual no está prevista esta acción.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El municipio de Bucaramanga expuso que no tiene competencia para atender las
pretensiones de la acción, por lo cual carece de legitimación en la causa por pasiva
y solicitó su desvinculación.

Mencionó que en el caso los accionantes cuentan con el requisito extraordinario de
revisión y que esta acción no puede utilizarse como una tercera instancia, para
revivir un debate zanjado judicialmente, por lo que esta es improcedente.

La autoridad judicial vinculada guardó silencio.

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SENTENCIA IMPUGNADA

El 8 de agosto de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado denegó la
solicitud de desvinculación del municipio de Bucaramanga y declaró improcedente
la acción.

Sostuvo que la controversia planteada por la parte actora implicaba la reapertura de
un asunto que fue resuelto mediante la sentencia del 23 de abril de 2025,
constituyéndose así una instancia adicional, en tanto los argumentos expuestos se
dirigen a demostrar que el Tribunal accionado presuntamente no valoró en debida
forma las pruebas aportadas al medio de control de reparación directa y desconoció
los precedentes del Consejo de Estado, con base en razonamientos que fueron
resueltas de forma admisible por la autoridad judicial accionada y que carecen de
una perspectiva constitucional, pues su solución deriva de la interpretación que la
parte actora pretende que se otorgue a las pruebas y de la aplicación de los
precedentes.

Que las accionantes no cumplieron con la carga argumentativa mínima que permita
estudiar el desconocimiento del precedente judicial invocado, pues se limitaron a
citar providencias sin precisar claramente cómo operaban estas en el caso.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que la posición adoptada fue
demasiado rígida, pues no se tuvo en cuenta que el Tribunal accionado vulneró el
derecho a la igualdad procesal, en la medida que no se pronunció respecto al
memorial que allegó en segunda instancia, por lo cual no es cierto que esa autoridad
judicial haya resuelto sus reparos, como se señaló en las pretensiones de esta
acción. Para sustentar su dicho, aludió a dos sentencias de tutela en las que se
encontró superado el requisito de relevancia constitucional.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

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perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una
argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

A esta Subsección corresponde definir inicialmente si se encuentran cumplidos los
requisitos generales de procedencia, especialmente, el de relevancia constitucional
que no se encontró satisfecho, pues solo de ser así, habría lugar a realizar un
estudio de fondo sobre las inconformidades expuestas por las accionantes.

Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general, puesto

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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que lo pretendido por la parte actora es lograr la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al
acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados con la
sentencia discutida, mas no plantear un asunto de mera legalidad, desconocer la
autonomía e independencia judicial del juez natural de la causa o convertir esta
acción en una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, las solicitantes del amparo procuran demostrar la incursión en algunas
de las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la
providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.

En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que el 28 de abril
de 2025 se envió mensaje de datos para notificar la sentencia discutida y esta
acción fue instaurada el 18 de junio de 2025; ii) no se está invocando una
irregularidad procesal, por lo que no hay lugar a la exigencia relacionada con ese
supuesto; iii) se agotaron los medios judiciales con los que se contaba; iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de tutela. En
consecuencia, se procederá al estudio de los defectos invocados.

En la sentencia del 23 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
determinó que se configuraba la causal eximente de responsabilidad de la culpa
exclusiva de la víctima, pues evidenció que la causa eficiente del accidente fue la
omisión de aquella de atender a la señal de pare ubicada en la carrera 17 antes de
llegar a la intersección con la calle 34, la cual tenía prelación, conforme al numeral
2.3.5 de la Resolución 1050 de 2004; además, se trataba de una zona de alta
concentración de personas, lo que, a su vez, conllevaba el deber de reducir la
velocidad, según el artículo 74 de la Ley 769 de 2002, lo que no ocurrió, pues ello
le habría permitido a la demandante efectuar maniobras evasivas para evitar el
impacto.

Para llegar a esa conclusión, valoró las pruebas que resultaban relevantes para
decidir el asunto, como los oficios del 6 de febrero y del 22 de abril de 2013
provenientes de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, el Informe
Policial de Accidentes de Tránsito 68001000 A, el Informe Fotográfico SPOA
680016000159201380539 IPAT No. 12925919, la declaración de Natalia Cristina
Lasso Angarita y los testimonios del agente de tránsito Jaime Osma Villamizar y del
señor Orlando Chaparro.

En esta sede, la parte actora discute la falta de valoración del Contrato de Obra
Pública 0377 del 14 de diciembre de 2012; al respecto, se observa que el Tribunal
aquí accionado no hizo mención expresa a dicha prueba, pero esa situación no da
lugar al amparo pretendido, pues aunque daba cuenta de la realización de obras

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viales, estas no fueron la causa eficiente del daño reclamado, en tanto en el proceso
quedó demostrada la existencia de una señal vertical de pare, la cual no fue
obedecida por la demandante.

Así mismo, las accionantes manifestaron sus desacuerdos respecto a la valoración
de los oficios expedidos por la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga,
porque, a su juicio, probaban los requerimientos para que se repusiera la
señalización horizontal, especialmente, la de la señal de pare. No obstante, se
advierte que la conclusión del Tribunal no desconoció la ausencia de esa señal en
el pavimento, sino que evidenció la presencia de un pare vertical que no fue
atendido.

Frente al argumento del aumento de riesgo de accidentes con ocasión de los
cambios de la vía y de la apertura de esta, pese a las obras, se observa que se
tratan de meras hipótesis de las solicitantes del amparo que no logran desvirtuar la
conclusión de la autoridad judicial, esto es, la falta de cumplimiento de las normas
de tránsito por parte de la víctima como causa eficiente del daño.

En relación con la presencia del pare vertical, las accionantes estiman que esta no
se demostró, pero dicha conclusión contenida en la sentencia se fundamentó en la
valoración conjunta de las pruebas, como las fotografías aportadas, el informe del
accidente de tránsito y el testimonio del agente que lo suscribió, sin que el hecho de
la existencia de accidentes previos demostrase que en el caso particular el siniestro
obedeciera a una falta de señalización.

Por último, se tiene que, si bien la parte actora invocó un desconocimiento del
precedente judicial del Consejo de Estado, lo cierto es que este se fundamentó en
la supuesta indebida valoración probatoria, lo que no se acreditó en esta sede,
resultando suficiente para descartar su configuración.

En consecuencia, se revocará la sentencia del 8 de agosto de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, al encontrarse cumplido el requisito general
de relevancia constitucional, y se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 8 de agosto de 2025 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción
y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

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Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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