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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03842-01

Fecha
10 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03842-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Modificar la sentencia proferida el 1 de agosto de 2025, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo constitucional para, en su lugar, negarlo de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de acuerdo con los motivos consignados en la parte considerativa de esta decisión. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03842-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

10 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana
González Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina
González Robles y Edwar Maglioni Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca

Tema: tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: defectos fáctico,
sustantivo por inaplicación normativa y por desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución Política. Subtema 2: requisitos de procedibilidad
acreditados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del 1 de
agosto de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, en nombre propio y en el de sus
hijas Mariana González Abadía y Sofía González Abadía, Paola Cristina González
Robles y Edwar Maglioni Reyes González presentaron acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con ocasión de la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2024, en la que confirmó
parcialmente la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo de Oralidad del Distrito Judicial de Bogotá que negó las pretensiones
de la demanda de reparación directa que iniciaron contra la Nación, Ministerio de

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, el departamento del Meta y el municipio de Mapiripán.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las
partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes
hechos:

2. Los señores Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González en nombre
propio y en el de sus hijas Mariana González Abadía y Sofía González Abadía,
Jaimes Alberto González Robles, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González radicaron demanda de reparación directa en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, la UARIV, el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el departamento del Meta
y el municipio de Mapiripán con el fin de que se les declarara patrimonial y
administrativamente responsables por el desplazamiento forzado que sufrieron y la
desaparición forzada y muerte del señor Germán Antonio Arias.

3. En primera instancia, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia el 28 de julio de 2022, en la que
determinó que respecto del daño antijurídico derivado del desplazamiento forzado
de los actores obraba en el expediente la respuesta a un oficio frente al reporte de
la UARIV que consignaba que fueron incluidos en el RUV por dicho hecho
victimizante. Por su parte, en lo relativo a la desaparición forzada, de conformidad
con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son
suficientes las pruebas testimoniales, tanto indirectas como circunstanciales,
aunado a las inferencias lógicas.

4. De este modo, encontró demostrada la desaparición forzada del señor
Germán Antonio Arias a partir del testimonio de Carlos Alberto Jiménez Román, así
como los documentos tipo certificación y las declaraciones extra judiciales rendidas
por Ana Tilde Ortíz Bernal, Zuli Malerba Bernal Ortíz, Héctor Raúl Franco Roa,
Albertina Hernández de Arias, Gilberto Antonio Melchor y José Albeiro Riaño
Ramírez.

5. Por su parte, en lo que respecta a la imputación, consideró que en atención
a la flexibilidad probatoria que regía en esta clase de asuntos la zona donde
sucedieron los hechos se caracterizaba por la presencia de la guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, ninguna de

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

las pruebas podía dar certeza de los autores del homicidio del señor Germán
Antonio Arias, situación que debía ser declarada judicialmente.

6. Igualmente, mencionó que las declaraciones de los testigos permitían
establecer que en la zona donde ocurrieron los hechos estaban presentes varios
integrantes de las FARC, quienes adelantaban labores de extorsión en el
departamento del Guaviare desde mediados de los años 80. En el mismo sentido,
se demostró que a raíz del altercado ocurrido entre el señor Arias e integrantes de
la guerrilla, este fue retenido y desaparecido y su familia se vio obligada a salir de
la zona, primero con destino a Villavicencio y después a Bogotá. Por lo tanto,
consideró que existía un riesgo real sobre la vida de los demandantes que resultaba
evidente.

7. Sin embargo, de los medios probatorios dedujo que la parte actora no puso
en conocimiento de las autoridades la desaparición del señor Germán Antonio Arias
Hernández. Pese a que el testigo Carlos Alberto Jiménez manifestó que en la zona
no existía presencia de la Policía Nacional ni del Ejército Nacional, no se probó que
hubieran conocido de la situación de riesgo. Asimismo, aunque la retención del
señor Arias ocurrió el 29 de noviembre de 2002, la denuncia penal ante la Nación,
Fiscalía General de la Nación solo se interpuso hasta el 19 de marzo de 2003, lo
que impedía efectuar un juicio de reproche en contra de las autoridades
demandadas.

8. En este orden de ideas, la fuerza pública no conoció de los primeros hechos,
sino varios meses después y las otras entidades no fueron informadas. De ahí
extrajo que solo la Fiscalía y la Policía conocieron las amenazas presentadas
durante el 2004.

9. Finalmente, analizó lo relativo a la ausencia de adopción de medidas
necesarias y razonables para prevenir el riesgo, frente a lo cual destacó que según
la declaración rendida por la señora Miriam Acero Gómez las autoridades actuaron
con el fin de evitar la materialización de las amenazas, tan así que le plantearon a
la familia un plan de manejo que esta no aceptó. Dicho de otro modo, aunque para
los actores las medidas no revestían de viabilidad, dicha apreciación era subjetiva
y ajena al debate probatorio, del que se desprendía que las demandadas
respondieron por el riesgo derivado del desplazamiento.

10. En línea con ello, precisó que pese a las afirmaciones realizadas frente a la
muerte del señor Arias por parte de integrantes de las FARC, no se aportó copia de
la sentencia penal que hubiera declarado la responsabilidad del Estado. En este
orden, se absolvió a la administración en línea con la postura del Consejo de Estado
en casos similares, puesto que la parte actora no demostró la falla del servicio.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

11. Inconforme con esta decisión, el apoderado de la parte demandante
interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera
instancia. Argumentó que el análisis probatorio resultó inadecuado porque sí
pusieron en conocimiento de las autoridades la desaparición forzada de la que fue
víctima el señor Germán Antonio Arias Hernández, aunado a que debían tenerse en
cuenta las circunstancias puntuales en que se encontraban por las amenazas, la
ausencia de fuerza pública en el lugar y la presencia de la guerrilla de las FARC.

12. De forma similar, reprochó que se apreció indebidamente la imputación, por
el desconocimiento de la atribución de responsabilidad de la guerrilla de las FARC,
pese a existir pruebas que lo indicaban y que no fueron controvertidas en el proceso.
Además, por tratarse del contexto del conflicto armado interno que implicaba el
refuerzo de las medidas de seguridad y de protección a partir de la posición de
garante. Así las cosas, de forma concreta la fuerza pública no evitó que los grupos
al margen de la ley accionaran en la zona, lo que debió analizarse como una
omisión, y resultaba desbordaba la exigencia de acreditar que presentaron una
solicitud de protección en el marco de una situación de peligro. Por lo tanto, se
presentó un incumplimiento obligacional y no se podía configurar el hecho de un
tercero.

13. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia el 4 de diciembre de 2024 en
la que revocó únicamente la decisión apelada en punto a la condena en costas, y la
confirmó en lo demás. Específicamente, luego de superado el estudio de los
presupuestos procesales, puso de presente que la tesis de la falla del servicio exigía
demostrar uno de los siguientes presupuestos: i) que las accionadas omitieron
adoptar medidas razonables para prevenir la violación de los derechos humanos; ii)
que el victimario se encontraba bajo su dirección o control; iii) que la conducta se
adoptó de forma subsecuente por las accionadas; iv) que el infractor no estatal
desarrollaba funciones estatales; y que v) las accionadas crearon una situación
objetiva de riesgo, y posteriormente no desplegaron los deberes que les son
exigibles.

14. Al respecto, indicó que pese a estar demostrado el daño antijurídico,
consistente en la desaparición y el desplazamiento forzado, la carga probatoria
requerida para tener por demostrada la falla del servicio no se satisfizo en el
presente asunto, ya que no bastaba con poner de presente la existencia de
problemas de orden público ni la ausencia de adopción de medidas de seguridad,
en abstracto, para comprometer la responsabilidad estatal.

15. Bajo este entendido, respecto al daño derivado de la desaparición forzada
del señor Germán Antonio Arias Hernández la única prueba que se aportó al
proceso fue la denuncia interpuesta ante la Nación, Fiscalía General de la Nación
después se ocurrida la retención. Por tanto, esta circunstancia evidenciaba la

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

imposibilidad de las entidades demandadas de adoptar las medidas de protección,
porque no conocían de alguna situación de riesgo que hiciera imperativa su
intervención.

16. Del mismo modo, no se probó que el señor Arias Hernández hubiera
desplegado una actividad de liderazgo que hiciera presumible que estaba en una
situación de riesgo especial y que, por tanto, requería un trato diferencial en su
seguridad y protección. Por consiguiente, el Tribunal encontró razonable el análisis
del juez de primer grado, frente a la imposibilidad de atribuir responsabilidad.

17. Por su parte, en lo que respecta al desplazamiento forzado, pese a que está
claro que uno de los demandantes presentó denuncia en el año 2004, se
desconocían las circunstancias de las intimidaciones ya que de la copia de esta no
se podía extraer el contenido ni los supuestos fácticos que la motivaron.
Seguidamente, los accionantes rindieron declaraciones después de su
desplazamiento en torno a las amenazas que sufrieron por indagar el paradero de
su familiar desaparecido, y luego de que arribaron en Bogotá recibieron información
para prevenir situaciones de peligro por parte de la Policía Nacional, entidad que
efectuó supervisiones del lugar donde se encontraban alojados, como dan cuenta
los testimonios rendidos en el proceso.

18. Por lo visto, no existió falla del servicio de la Policía Nacional puesto que la
entidad no conoció de la situación de los accionantes sino solo hasta que llegaron
a Bogotá y allí les ofreció una alternativa para la atención del estado de riesgo al
que estaban expuestos, emitió recomendaciones de cuidado y suministró teléfonos
de contacto. Por su parte, en lo que respecta a las restantes entidades, estas no
tenían conocimiento de la situación de riesgo a la que se enfrentaban. Por tanto, se
debía confirmar la sentencia de primera instancia ante la falta de acreditación en los
términos del artículo 167 del CGP, ya que el solo hecho de vivir en una zona
afectada por el conflicto armado interno no presupone que está acreditada la
responsabilidad.

19. En sustento de la decisión, el Tribunal hizo referencia a la demostración de
la falla del servicio como título de imputación de responsabilidad extracontractual
aplicable en los asuntos de desplazamiento forzado en el caso del conflicto armado
interno. Al respecto, destacó que se debía demostrar el incumplimiento aunado a la
obligación de migrar y la extensión de las medidas que razonablemente le eran
exigibles al Estado, con ocasión a los deberes de garantía, protección y prevención.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

20. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Por los argumentos fácticos, probatorios, jurídicos y jurisprudenciales expuestos,
respetuosamente solicito al juez constitucional acceda a la protección de los
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso
efectivo a la administración de justicia y, consecuencialmente, se deje sin efectos la
providencia proferida el 4 de diciembre de 2024 por la Sección Tercera, Subsección
“C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y le sea ordenado que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, emita decisión
siguiendo los lineamientos del juez constitucional, tendiente a revocar la providencia
del a quo y, en su lugar se profiera sentencia siguiendo los parámetros establecido
por la jurisprudencia.

21. Como fundamento de sus pretensiones, afirmó que el asunto tiene relevancia
constitucional en la medida en que la sentencia de segunda instancia pasó por alto
que al tratarse de sujetos de especial protección constitucional se exigía un análisis
diferenciado y flexible, tanto de los hechos como de las pruebas. Adicionalmente,
una adecuación con las consecuencias dispuestas en las normas convencionales,
constitucionales y legales aplicables, que se derivan de las reglas jurisprudenciales
contenidas en sentencias de la Corte Constitucional, en torno a la aplicación del
principio indubio pro1 víctima, entre otros.

22. A juicio de la parte actora se configuró un defecto fáctico por omitir aplicar un
método de análisis diferenciado y flexible del material probatorio, ya que pese a que
era un hecho notorio la existencia de un riesgo inminente por la presencia de grupos
al margen de la ley en el territorio, se les exigió a los demandantes probar el
conocimiento puntual de la fuerza pública frente a la situación de inseguridad que
padecía el grupo familiar desplazado y la ausencia del despliegue de acciones
tendientes a salvaguardar su integridad física. Además, las circunstancias de
certeza frente a la materialización del riesgo y la falla del servicio, para lo cual no
bastó la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV).

23. Por ende, la decisión enjuiciada incurrió en este vicio porque minimizó el valor
de las pruebas que obraban en el proceso y que demostraban la condición de
víctimas de desplazamiento forzado. Concretamente, el RUV, previa denuncia
realizada ante la Unidad Investigativa del Gaula del Meta, la Fiscalía General de la
Nación y la Personería Local de Sumapaz, puesto que estas ponen en evidencia las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que dejaron de ser valoradas por el Tribunal
accionado. Al respecto, agregó que no se requerían documentos adicionales, como
los que se exigió, porque ello se solventaba con el RUV que era producto de un
trámite administrativo que implicaba la verificación de la totalidad de los hechos
victimizantes.

24. Igualmente, destacó que la sentencia impuso el estándar probatorio previsto
en el artículo 167 del CGP como si los demandantes estuvieran en circunstancias

1 Según el diccionario panhispánico del español jurídico, se refiere a que en caso de duda se aplica a favor de.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

de normalidad, al exigirles demostrar que le pidieron a la fuerza pública la garantía
de seguridad derivada de su situación puntual. Sin embargo, como se detalló en la
demanda, y se probó en el proceso, era notoria la presencia de grupos armados al
margen de la ley, sin que se requiriera un despliegue operativo para el cumplimiento
del mandato constitucional.

25. Tampoco se requería una oferta de protección si se tiene en cuenta que ya
se había materializado el daño consistente en el desplazamiento forzado y en el
desaparecimiento, como lo advierten la declaración de hechos victimizantes, el acto
de inscripción suscrito por la UARIV y las certificaciones que soportaban los hechos
de la demanda. Por ende, estas pruebas permitían construir el indicio de que la
migración forzosa y la desaparición del señor Germán Antonio Arias Hernández fue
consecuencia del actuar de los grupos delictivos.

26. De este modo, destacó que el estándar probatorio flexible estaba
encaminado a garantizar los derechos de las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos en los términos de la sentencia SU-035 de 2018. Por
consiguiente, el Tribunal les restringió a los demandantes la posibilidad de que se
declarara la responsabilidad estatal, cuando el RUV era suficiente para tener por
acreditados los dos daños antijurídicos. De este modo, debió reconocerse el daño
moral que quedó demostrado con el citado documento y ante la naturaleza del
hecho notorio.

27. Seguidamente, sostuvo que en el expediente contencioso-administrativo se
acreditó la situación de riesgo real sufrida por los demandantes, el conocimiento
previo y previsible de las demandadas, que materializó el desplazamiento, así como
la desaparición del señor Germán Antonio Arias Hernández. Esto, sin perjuicio de
las acciones que se requerían por parte de la fuerza pública, todo lo cual
desencadenó en los daños reclamados. Así las cosas, la sentencia inadvirtió la
condición de los actores como sujetos de especial protección constitucional, con lo
cual incurrió en un rigorismo excesivo y pasó por alto el precedente constitucional
que es vinculante en la materia, contenido, entre otras, en las sentencias SU-279
de 2024 y SU-648 de 2017.

28. En línea con lo expuesto, se indicó que la sentencia desconoció el precedente
judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado2 que ha abordado la
imposibilidad de las víctimas de desplazamiento forzado de acreditar ciertas
circunstancias, por la situación de debilidad manifiesta en que se encuentran.
También, las providencias emitidas por la misma corporación relativas a la carga
dinámica de la prueba y al principio de buena fe, con el fin de establecer el

2 Como es el caso de las sentencias proferidas, el 26 de enero de 2006, dentro del expediente con radicado

núm. 25000232600020010021301, del 15 de agosto de 2007, exp. 190012331000200300385-01 y del 18 de
febrero de 2020, exp. 2000123100019980371301.

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Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

conocimiento amplio que tiene la fuerza pública sobre la presencia de grupos al
margen de la ley.

29. A lo anterior agregó que la providencia desconoció el precedente judicial
horizontal del propio Tribunal, contenido en la sentencia del 9 de octubre de 2020,
dentro del expediente con número de radicado 11001-33-36-033-2015-00577-01,
en el que accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa en
circunstancias similares a las de los demandantes. Bajo este entendido, abordó la
línea de interpretación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, relativa
al riesgo y a la posición de garante y consideró que la interposición de una denuncia
no era óbice para declarar la responsabilidad del Estado. También resaltó que, en
iguales términos se pronunció el Tribunal, en sentencia del 15 de julio de 2022,
dictada dentro del expediente con radicado número 11001-33-36-033-2015-00542-
01.

30. De forma consecutiva, abordó lo relativo a los defectos sustantivo por
inaplicación normativa y de la violación directa de la Constitución Política. Refirió
que el primero tuvo lugar por la omisión en flexibilizar la interpretación probatoria,
que conllevó a la limitación en la aplicación de las normas constitucionales y legales
propias de los hechos inherentes a la persona en el marco de una situación de
desplazamiento forzado y de desaparición, pese a estar probado el desarrollo de
ofensivas militares para contrarrestar el actuar de los grupos delictivos3.
Puntualmente, por la inaplicación de los artículos 2, 217 y 218 de la Constitución
política, cuyo alcance lo fijó la Corte Constitucional en la sentencia SU-241 de 2024,
y de los principios pro homine4 e indubio pro víctima.

31. Por su parte, el segundo se materializó por desconocimiento de la posición
de garante de que tratan los artículos 2, 217 y 218 constitucionales, al tratarse de
un hecho notorio que exigía reforzar y adelantar las acciones tendientes a impedir
la consumación del desplazamiento forzado y del desaparecimiento.

2.3. Trámite procesal

32. El asunto le correspondió conocerlo, por reparto, a la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado. El magistrado encargado del asunto profirió
auto el 20 de junio de 20255, en el que admitió la acción de tutela de la referencia,

3 A través de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 15 de septiembre de

2005, para el caso de la masacre de Mapiripán, la toma guerrillera ocurrida el 10 de julio de 1999 y la Resolución
núm. 03081 del 3 de septiembre de 1999 que declaró que las FARC secuestró a un agente de la Policía Nacional
en el municipio de Pueblo Rico, donde fue detenido el señor German Antonio Arias Hernández, según se
consignó en el proceso de reparación directa radicado al numero 50001-23-31-000-2003-10207-01 (49223),
cuyo conocimiento le correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
4 De conformidad con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, significa «Principio en virtud del cual se

ha de acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos
protegidos y, a la inversa, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites
al ejercicio de los mismos».
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 5.

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vinculó al Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, a James Alberto
González Robles, al Ejército Nacional, Policía Nacional, a la UARIV, al
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, al departamento del Meta y
al municipio de Mapiripán, tuvo como pruebas los documentos allegados con la
solicitud de amparo, ordenó la remisión del expediente digital, requirió a la parte
actora para que allegara los registros civiles de las menores y le reconoció
personería al apoderado de los accionantes.

2.4. Intervenciones

33. El coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social rindió informe en el que
expresó que la decisión cuestionada no era caprichosa y que los argumentos
estaban dirigidos a revivir la controversia del juez natural. Por tanto, la acción de
tutela era improcedente. En este sentido, advirtió que no se acreditó el requisito de
relevancia constitucional e igualmente hizo referencia a la ausencia de agotamiento
del recurso extraordinario de revisión. En consecuencia, pidió su desvinculación de
este asunto, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales6.

34. Por su parte, el magistrado de la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó memorial en el que hizo un
recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario de reparación directa7.

35. Por otro lado, el apoderado de la parte accionante allegó registros civiles de
nacimiento de Mariana González Abadía y Sofía González Abadía8.

36. El secretario jurídico del Departamento del Meta se opuso a las pretensiones
de la demanda al considerar que no se reunían los requisitos generales de
procedencia. Además, alegó que en el caso particular no se cumplía el requisito de
subsidiariedad porque pese a la improcedencia de los recursos ordinarios en contra
de la sentencia del Tribunal, no se demostró la existencia de una vulneración grave
y manifiesta de los derechos fundamentales que justificara la intervención del juez
constitucional. Por tanto, la acción de tutela no podía convertirse en una tercera
instancia a través de la cual se reabriera el debate concluido por los jueces naturales
y al amparo del debido proceso.

37. A lo anterior agregó que carece de competencia funcional toda vez que la
solicitud de amparo se dirigió exclusivamente en contra el Tribunal, motivo por el
cual carecía de legitimación en la causa por pasiva. También destacó que este
último valoró el material probatorio aportado al proceso, pero enfatizó en que la sola

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 11, 17_MemorialWeb_Otro-S20251407085672D(.pdf)

NroActua 11.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 12.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 13, 20_MemorialWeb_Respuesta-Memorial(.pdf)

NroActua 13.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

condición de víctima reconocida mediante el RUV no era suficiente, por sí sola, para
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. De este modo, la providencia se
dictó de conformidad con el debido proceso. Por tanto, pidió declarar improcedente
la acción de tutela y, subsidiariamente, negar el amparo9.

38. El apoderado de la UARIV solicitó que se le absolviera a la entidad de todas
las declaraciones y condenas porque no incurrió las conductas que vulneraron sus
derechos fundamentales, las cuales son ajenas a sus funciones. Asimismo, advirtió
que la acción de tutela no podía convertirse en una tercera instancia judicial para
reabrir un debate ya resuelto en sede ordinaria. En consecuencia, pidió que se
declarara improcedente la acción de tutela, y que se considerara que la decisión del
Tribunal se ajustó a derecho10.

39. El apoderado de la parte actora allegó memorial en el que informó que el
señor Juan Gabriel Marín Ramírez falleció el 16 de julio de 2021, de conformidad
con el certificado de defunción emitido por la Registraduría Nacional del Estado
Civil11. Por último, la secretaría del Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá allegó enlace de acceso al expediente ordinario12.

40. Pese a que el auto admisorio se les notificó en debida forma al departamento
del Meta, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Ejército
Nacional, al municipio de Mapiripán, al Juzgado Treinta y Seis Administrativo de
Bogotá, a la Policía Nacional, y a la UARIV13, estas autoridades no contestaron

2.5. Sentencia de primera instancia

41. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia el 1 de agosto de 2025 en la que declaró improcedente el amparo
constitucional. En sustento, determinó que los cargos propuestos no satisficieron el
requisito de relevancia constitucional, ya que además de no estar debidamente
sustentados se advirtieron como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico
realizado por parte del juez natural, como si se tratara de una tercera instancia
judicial.

42. En punto a ello, citó el contenido de la providencia del 4 de diciembre de
2024, y de esta extrajo que no encontró probada la falla del servicio que se le
atribuyó a las entidades demandadas. Concretamente, no se probó que se les
hubiera informado a las autoridades del riesgo previo asumido por las víctimas, ni
que omitieran adoptar medidas razonables de protección. En estos términos, como

9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 15.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 16.
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 18.
12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 19.
13Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 8, Soporte notificación Auto que admite tute(.pdf)
NroActua 8.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

el deber de probar recaía en la parte demandante, no le podía imputar
responsabilidad al Estado con ocasión a la ausencia de medios de convicción que
evidenciaran un conocimiento anterior.

43. Además, destacó que la Nación, Policía Nacional actuó oportunamente una
vez conoció el riesgo, comoquiera que orientó, acompañó y le brindó información a
los afectados en Bogotá, lo que descartó la configuración de una conducta omisiva.
Por su parte, en lo que respecta a las demás entidades insistió en la falta de
elementos que acreditaran el conocimiento de la situación o la interposición de
peticiones de intervención.

44. Por ende, la Subsección C de la Sección Tercera de la corporación consideró
que los aspectos relativos a la falla del servicio fueron analizados por el juez natural
y que las quejas de la parte accionante están dirigidas a revivir el debate resuelto
en sede del proceso ordinario, en aras de hacer prevalecer su interpretación por
encima de la del Tribunal. Adicionalmente, precisó que aun cuando la parte actora
alegó que se omitieron principios superiores en la valoración probatoria y que se
desatendió el precedente jurisprudencial, estos reprochen no tienen incidencia
constitucional, porque no se identificó la subregla que hubiera sido desconocida.
Tampoco se explicó de qué forma se transgredieron los principios.

45. En igual sentido, agregó que no porque los demandantes fueron víctimas de
conflicto armado están exentos de toda carga probatoria, porque la postura vigente
ha señalado que la flexibilización no presupone que esta se elimine. Por
consiguiente, en la acción de tutela no basta con manifestar inconformidades
respecto de la decisión judicial o alegar que se configuraron requisitos especiales
de procedencia, pues de esta forma el asunto queda restringido a la mera legalidad
y no trasciende al plano constitucional. Finalmente, expresó que la solicitud en
contra providencias judiciales tiene un carácter residual, no permite desconocer la
autonomía, la independencia judicial y seguridad jurídica, y fue concebida como un
juicio de validez y no de corrección de la decisión14.

2.6. Impugnación

46. La parte actora alegó que la primera instancia no aplicó adecuadamente las
reglas contenidas en la sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional en
punto a la relevancia constitucional. Por ende, contrario a lo sustentado en el fallo
apelado el caso permite determinar la interpretación y el alcance de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

47. Agregó que las víctimas del conflicto armado interno gozan de unos derechos
especiales, por lo que la carga impuesta por el juez natural, relativa a poner en

14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 23.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

conocimiento previo de las autoridades la situación de riesgo, contravino la
jurisprudencia constitucional. Lo anterior, ya que su inactividad está justificada. En
igual sentido, destacó que en el caso particular no le pretendía otorgar un alcance
diferente a los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
ni imponer una interpretación personal. En cambio, la solicitud de amparo se dirigió
a lograr la protección de garantías fundamentales.

48. Precisó que aun cuando el Consejo de Estado despachó la acción de tutela
al considerar que no revestía de relevancia constitucional, en la parte motiva estudió
presupuestos de fondo como el desconocimiento del precedente judicial vinculante,
al traer a colación que no se especificaron las subreglas, pese a que el escrito de
tutela hizo referencia a las contenidas en la sentencia SU-035 de 2018, y a que no
es obligatorio probar que se interpuso una solicitud o denuncia previa.

49. Señaló que en el expediente existía un hecho notorio consistente en las
certificaciones emitidas por la alcaldía de Mapiripán, el centro de salud y la empresa
social del Estado, lo que ponía en evidencia que a pesar de que las entidades
demandadas manifestaron no conocer las condiciones de riesgo, debió presumirse
por el conocimiento de otras instituciones públicas. También destacó que quedó en
evidencia que las entidades accionadas faltaron a la verdad y que se omitió realizar
pronunciamiento frente al daño moral sufrido por los actores, ya que esto se extraía
del RUV que demostraba los hechos notorios del desplazamiento y de la
desaparición.

50. Solicitó revocar la decisión de instancia, y, en su lugar, acceder a las
pretensiones de amparo15. Mediante auto del 2 de octubre de 2025, el magistrado
ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado concedió
el recurso16.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

51. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política
y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer,
en segunda instancia, la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de
la sentencia del 1 de agosto de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 28.
16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 31.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

3.2. Legitimación en la causa

52. La legitimación en la causa por activa de Myriam Robles Román, Sergio
Mauricio González, Mariana González Abadía, Sofía González Abadía, Paola
Cristina González Robles y Edwar Maglioni Reyes González está acreditada por
cuanto fueron demandantes en el proceso ordinario de reparación directa objeto de
este trámite. Por lo tanto, son los titulares de los derechos fundamentales
vulnerados.

53. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, porque fue la autoridad que profirió la sentencia del 4 de
diciembre de 2024, que según afirmó la parte tutelante, quebrantó sus derechos
fundamentales.

54. Por otro lado, se advierte que el departamento del Meta puso de presente
que carecía de legitimación en la causa por pasiva toda vez que no tenía
competencia funcional. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al
presente asunto fue en calidad de tercero, en aras de garantizar sus derechos
de defensa y contradicción, toda vez que participó como sujeto demandado
dentro del proceso en el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses.
Por los motivos expuestos, el requisito no le resulta predicable, sin que deba
resolverse expresamente su desvinculación, porque no lo pidió en estos
términos.

3.3. Problema jurídico

55. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 1 de agosto de 2025, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia por no superar el requisito de relevancia constitucional. En
particular, debe resolverse el siguiente problema jurídico:

56. ¿En el caso particular está superado el requisito general de procedibilidad
relativo a la relevancia constitucional?

57. Si la respuesta a lo anterior resulta afirmativa, esto es que se encuentra
superado el referido presupuesto, así como los demás requisitos generales de
procedencia, se estudiará de fondo el asunto, lo que exigirá dar respuesta a lo
siguiente:

58. ¿Incurrió la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en los defectos alegados por los accionantes y, por tanto, vulneró
sus derechos fundamentales?

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

59. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 17 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales
se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional18.

60. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

61. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales19 y,
por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

62. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución20.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso

con radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-813 del 4 de octubre de 2007, proceso con radicado T-
1334615 (acumulados). M.P. Jaime Araújo Rentería.
19 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-024 del 5 de abril de 2018, proceso con radicado T- 6.221.520.

M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009, proceso con radicado

T-2.021.124. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de junio
de 2018, proceso con radicado T-6.304.188. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; Corte Constitucional, Sala
Plena, sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022, proceso con radicado T-8.497.337. M.P. Natalia Ángel Cabo.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
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Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

63. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional21 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

64. Así pues, la Corte Constitucional22 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»23 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental»24;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar
o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto
monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés
general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.

65. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
providencia judicial cuestionada se incurrió en defecto fáctico, sustantivo por
inaplicación normativa y por desconocimiento del precedente y violación directa de
la Constitución Política, que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión
ajustada a derecho. En este orden, la respuesta al primer problema jurídico será
afirmativa.

66. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso ordinario en el que se profirió la providencia objeto de tutela.

21 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022, proceso con radicado T-
8.497.337. M.P. Natalia Ángel Cabo.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
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67. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia de segunda instancia cuestionada en este trámite se profirió el 4 de
diciembre de 2024 y se notificó el 19 siguiente de ese mes y año. Por tanto, la acción
de tutela se interpuso el 18 de junio de 202525, esto es, dentro del plazo de seis
meses previsto por la jurisprudencia constitucional26 y el Consejo de Estado27 como
razonable.

68. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación, y no resultaba
posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin al proceso ordinario de reparación directa.

69. Finalmente, la sentencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso ordinario.

70. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico, sustantivo y de
violación directa de la Constitución política, propuestos por la parte demandante,
por lo que continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

71. En ese sentido, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos
invocados; y (ii) el caso concreto.

3.5. Generalidades de los defectos invocados

3.5.1. Defecto fáctico

72. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en
defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»28. Este vicio en la
valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener
«incidencia directa en la decisión29» objeto de tutela. Además, puede configurarse
en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

25 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03842-00, índice 2, obra la siguiente anotación: «Se presentó demanda

por ventanilla virtual con solicitud No 17443, fecha de presentación: 18/06/2025 12:53:41, anexos remitidos:3
secuencia de reparto:»
26 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-466 del 19 de diciembre de 2022, proceso con

radicado T-8.338.820. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso

con radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
29 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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73. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»30. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la
solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»31.

74. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 32.

3.5.2. Defecto sustantivo

75. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado33.

76. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

30 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
32 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
33 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-649 del 19 de octubre de 2017, proceso con radicado T-
3.402.625. M.P. Alberto Rojas Ríos.

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77. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

78. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)34.

3.5.3. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

79. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas35. Al respecto,
la Corte Constitucional36 ha considerado que el precedente se define como aquella
la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un caso
determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior.

80. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia37. En ese orden, el
precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que los jueces, sean
individuales o colegiados, adopten fallos «sin determinar si él mismo o el tribunal
del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación con casos

34 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-050 del 2 de febrero de 2017, proceso con radicado T-

5.375.361. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
35 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
36 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.

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similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»38.

3.5.4. Violación directa de la Constitución Política

81. La Corte Constitucional señaló que esta causal tiene sustento en el artículo
4° de la Constitución Política el cual prevé que la Constitución es norma de normas
y en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales39.

82. A su turno, recopiló los eventos en los que se presenta la violación directa de
la Constitución los cuales se resumen, así: primero, cuando en la solución del caso
se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; segundo, cuando el asunto versa sobre la violación
evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; tercero, cuando los
jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta
el principio de interpretación conforme con la Constitución y cuarto, si el juez
encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales (excepción de inconstitucionalidad).

3.6. Caso concreto

83. La parte accionante interpuso solicitud de amparo con el fin de reclamar la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión
de la sentencia que profirió el 4 de diciembre de 2024.

84. En particular, sustentó que la decisión incurrió en un defecto fáctico porque
omitió realizar un análisis probatorio diferenciado y flexible aun cuando los
demandantes revestían de la condición de sujetos de especial protección
constitucional por ser víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Así,
a juicio de los actores, a pesar de que la presencia de grupos al margen de la ley
era un hecho notorio, se les exigió probar el conocimiento que tenía la fuerza pública
de su situación y, en general, la falla del servicio, pese a la inscripción de las
víctimas en el RUV.

85. Dicho de otro modo, aun cuando se acreditó su condición como víctimas del
desplazamiento, mediante pruebas documentales como el RUV, la denuncia previa
ante la Unidad Investigativa del Gaula del Meta, la Fiscalía General de la Nación y
la Personería Local de Sumapaz, estas dejaron de ser valoradas por el Tribunal.

38 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
39 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03842-01 (10271)
Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
Abadía, Sofía González Abadía, Paola Cristina González Robles y Edwar Maglioni
Reyes González
Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Por tanto, no podía aplicarse el estándar probatorio de que trata el artículo 167 del
CGP como si estuvieran en circunstancias de normalidad, si ya se habían
materializado los daños reclamados. Por consiguiente, para la parte actora las
pruebas permitían construir el indicio requerido respecto de la migración forzosa y
la desaparición del señor Germán Antonio Arias Hernández, sumado al hecho de
que se probó su situación de riesgo real y el conocimiento previo y previsible que se
materializó en los hechos dañosos.

86. Al respecto, de una revisión de los cargos de tutela se advierte que los
actores más allá de referir que la valoración probatoria fue rigurosa, y no flexible, no
cuestionaron en términos concretos la realidad evidenciada por cada una de las
pruebas que se allegaron al proceso, porque se limitaron a afirmar que quedó
acreditada la situación de riesgo real que sufrieron y la previsibilidad del
conocimiento por las autoridades. En consecuencia, se tiene que se amparan en su
condición de víctimas del desplazamiento forzado para insistir en que el RUV y, en
general, la notoriedad de los hechos eran suficientes para declarar la
responsabilidad estatal, sin demostrar con razones concretas por qué la sentencia
enjuiciada desconoció sus derechos fundamentales.

87. Ahora bien, de una revisión de la providencia del 4 de diciembre de 2024,
esta valoró en detalle las pruebas allí relacionadas lo que le permitió tener por
demostrados los dos daños antijurídicos consistentes en el desplazamiento y en la
desaparición forzada del señor Germán Antonio Arias Hernández. Sin embargo, no
ocurrió lo mismo respecto al elemento de la imputación que era imprescindible para
declarar la responsabilidad, puesto que, pese a que en abstracto existía un deber
de protección estatal, no se probó el conocimiento previo por parte de las
autoridades, que hubiera hecho exigible la adopción de medidas de protección.

88. Es más, en lo que respecta específicamente al desplazamiento, aunque el
Tribunal no pasó inadvertido que uno de los demandantes radicó denuncia en el
año 2004, a partir de esta no era posible extraer las circunstancias fácticas que
rodearon el asunto. Igualmente, si bien se rindieron declaraciones y ampliaciones
de denuncias por la desaparición del señor Germán Antonio Arias Hernández, la
Policía Nacional le prestó a los demandantes colaboración cuando llegaron a
Bogotá. Por tanto, por lo menos para el momento en que sí existió conocimiento, el
Tribunal destacó que no era posible atribuir responsabilidad porque la entidad les
brindó a los actores una alternativa para atender el estado de peligro en el cual se
hallaban.

89. En esta línea, queda en evidencia que el Tribunal se vio en la necesidad de
aplicar el artículo 167 del CGP, como consecuencia de la falta de acatamiento de la
carga probatoria, de ahí que no existió materialmente un defecto fáctico en la
providencia sino, en cambio, una inconformidad de los actores con el estándar de

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Accionantes: Myriam Robles Román, Sergio Mauricio González, Mariana González
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Accionada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
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prueba que se exigió, aun en los escenarios en los cuales se trató de sujetos de
especial protección constitucional.

90. Asimismo, no puede equipararse indebidamente la prueba del daño con la de
la falla del servicio porque se trata de elementos de la responsabilidad distintos,
pese a que su concomitancia se requiere para la atribución de esta. Así las cosas,
no resulta válido plantear que, al demostrarse la condición de víctima, que se prueba
con el RUV, se acredita a su vez el título de imputación subjetivo referido.

91. En estos términos, la sentencia enjuiciada fue enfática en exponer que la
simple referencia contextual al conflicto armado, en abstracto, no era imperativo
para tener por demostrada la falla del servicio, ya que se exigía la prueba de la
irregularidad. En particular, así lo sostuvo la providencia tutelada:

no siendo suficiente vivir en zonas afectadas por el conflicto armado interno para
atribuir la descrita responsabilidad extracontractual. Sobre este aspecto, era carga
procesal de la parte demandante probar la irregularidad en la que incurrieron las
entidades accionadas y, concretamente, tratándose de conducta omisiva en el deber
de protección, demostrar mínimamente, que, con antelación a su ocurrencia, los
accionantes solicitaron su protección y pese a ello, no cumplieron ninguna gestión
para salvaguardarles del riesgo inminente o resultó gravemente insuficiente.

Al respecto, la estructuración de falla en el servicio respecto de desplazamiento
forzado y desaparición forzada, exige demostrar alguno de los siguientes supuestos:
i) que las accionadas omitieron la adopción de medidas razonables para prevenir la
violación de los derechos humanos; ii) que el victimario se encontraba actuando bajo
su dirección o control; iii) que su conducta fue adoptada de manera subsecuente por
las accionadas; iv) que siendo infractor no estatal, ostentaba delegación de
funciones estales; o v) que las accionadas crearon una situación objetiva de riesgo
y luego no desplegaron los deberes de salvamento que les son exigibles.

92. Igualmente, se advierte que hizo un análisis conjunto de los medios de
prueba al hacer referencia a la denuncia interpuesta el 19 de marzo de 2003, la
constancia de radicación, la certificación emitida por el departamento del Guaviare,
la constancia emitida por la Personería Local de Sumapaz del 25 de mayo de 2005,
la denuncia presentada en la citada fecha en la Personería, las denuncias rendidas
ante la Fiscalía y las certificaciones de salud, entre otras, así como los testimonios
rendidos en el proceso por Myriam Acero Gómez, Carlos Alberto Jiménez Román.
No obstante, precisó que el hecho de vivir en territorios afectados por el accionar de
grupos delictivos no implicaba que todo evento dañoso fuera jurídicamente atribuible
a la fuerza pública, por su posición de garante, ya que las obligaciones del Estado
no eran omnipresentes.

93. Así pues, se dejó expuesta la necesidad de evaluar el incumplimiento a partir
de cada caso particular, con sustento, entre otras, en la postura desarrollada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 14

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de septiembre de 201140. A partir de esta se precisó que no estaba probada la falla
del servicio, porque la sola circunstancia de vivir en zonas afectadas por el conflicto
armado interno no generaba una atribución inmediata de responsabilidad, máxime
en un escenario en el que se alegó la omisión de los deberes de protección.

94. De otra parte, frente al desconocimiento del precedente judicial vertical y
horizontal en eventos en los que se ha accedido a las pretensiones de demandas
interpuestas en sede de reparación directa con ocasión al riesgo y de la posición de
garante, advierte esta Sala que, a pesar de que se identificó que en estos procesos
se afirmó que no era necesario interponer denuncia o solicitud previa para configurar
la responsabilidad por omisión, no se desarrolló la razón por la cual las citadas
providencias constituían precedente para su situación concreta. Ello, porque no se
explicaron lo supuestos fácticos y jurídicos abordados en dichos casos ni se
transcribió cual era la regla jurídica que debía replicarse en su caso y que hacía
irrazonable el criterio del Tribunal.

95. En este orden, no basta con mencionar que se desconocieron ciertas
decisiones y trascribir de estas apartes que sirven para la explicación la teoría del
caso, sin evidenciar cómo estas tienen la connotación de precedente. Asimismo, no
resulta suficiente indicar que se trató de casos estudiados en sede de reparación
directa, porque todos los procesos se analizan en función de las pruebas que a ellos
se alleguen. Por tanto, sobre todo en cuestiones probatorias, no podía replicarse de
facto una postura sustentada en otra decisión, a no ser que esta constituyera una
regla de obligatorio cumplimiento en esa clase de asuntos.

96. Ahora bien, los accionantes también manifestaron que el Tribunal incurrió en
defecto sustantivo por inaplicación normativa y en violación directa de la
Constitución política, por cuanto inaplicó los artículos 2, 217 y 218 de la Carta, en
atención al alcance fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-241 de
2014, así como de los principios pro homine e indubio pro víctima. Además, porque
se desconoció la posición de garante que le asiste al Estado, al tratarse de un hecho
notorio.

97. Esta exposición resulta insuficiente para tener por acreditados los defectos
alegados, ya que en modo alguno se desconoció la calidad de los actores de sujetos
de especial protección constitucional, cuestión distinta es que se aplicó la regla de
la carga probatoria de que trata el artículo 167 del CGP, como quedó expuesto. En
igual sentido, no se desconoció la posición de garante que tiene el Estado, pero sí
se aclaró que la responsabilidad no procedía automáticamente, en abstracto, sino
que estaba atada a la exigibilidad, de la forma en que se expuso en el fallo, y se
transcribe a continuación:

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14

de septiembre de 2011, expediente con radicación núm. 66001-23-31-000-1998-00496-01(22745).

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Así lo ha precisado el Consejo de Estado[…] al indicar que “un Estado no puede
responder por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares
dentro de su jurisdicción”[…]; y acorde con esa idea es que se torna necesario
aproximarse a los hechos jurídicamente relevantes del asunto en particular, puesto
que todo acto violatorio de derechos humanos perpetrado por un particular “no es
automáticamente atribuible al Estado” de ahí que, en orden a llevar a cabo ese
escrutinio judicial, resulta imperioso tomar en consideración la condicionalidad de
las medidas de prevención y protección en favor de los particulares, toda vez que
éstas se tornarán exigibles siempre que se pueda advertir por parte del Estado el
“conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo
de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese
riesgo” 113 o, como lo ha referido la Alta Corporación, “los razonamientos jurídicos
sobre la estructuración y violación de la posición de garante institucional no
proceden de modo genérico o abstracto sino que éstos necesariamente deben
concentrarse o concretarse en las cuestiones que rodean cada asunto en particular”.

98. De este modo, a diferencia de lo planteado por los actores, la acreditación del
daño y, del perjuicio, no resultan suficientes para atribuir responsabilidad patrimonial,
ya que se exige el análisis de la imputación que el Tribunal aplicó en el plano del
título subjetivo de la falla del servicio.

99. Finalmente, se tiene que, aunque la Sala no pasa por alto que la parte alegó un
desconocimiento del precedente constitucional, para lo cual hizo referencia a varias
sentencias, entre estas la SU-035 de 2018, que reiteró en su impugnación, lo cierto
es que no evidenció cuál fue la regla desconocida ni cómo esta, específicamente,
desvirtuaba el análisis del Tribunal.

4. CONCLUSIÓN

100. La Sala concluye que en el caso particular está superado el requisito general de
la relevancia constitucional, así como, en general, los demás presupuestos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. No obstante, la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no incurrió en los defectos alegados por los accionantes y, por tanto, no vulneró sus
derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia que
declaró improcedente el amparo, para, en su lugar, negarlo.

101. Finalmente, como la sentencia de primera instancia no resolvió la solicitud de
desvinculación presentada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, la Sala la resolverá negativamente porque el fundamento de ello no puede
ser la ausencia de violación de los derechos fundamentales.

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5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Modificar la sentencia proferida el 1 de agosto de 2025, por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo constitucional para, en su lugar, negarlo de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, de acuerdo con los motivos consignados
en la parte considerativa de esta decisión.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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