Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03851-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03851-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03851-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-03851-001
Demandantes : Jaime Alexander Chaves Montilla y Carmen del Socorro
Montilla
Demandado : Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
Vinculados : Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación,
Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Pasto, Sandra Milena
Montilla y Nicolt Alexander Chaves Martínez
Acción : Tutela
Derecho : Debido proceso
Tema : Tutela contra providencia, privación de la libertad
Decisión : Sentencia de primera instancia - niega
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por los señores Jaime Alexander Chaves Montilla y Carmen del Socorro
Montilla contra el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, por
la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
Jaime Alexander Chaves Montilla y Carmen del Socorro Montilla, quienes actúan a
través de apoderado judicial, interpusieron el presente recurso de amparo con el fin
de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03851-00
Demandantes: Jaime Alexander Chaves Montilla y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos la sentencia de 14 de marzo de 2025,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión2
revocó la providencia de 2 de mayo de 2018, en la que el Juzgado Cuarto (4°)
Administrativo de Pasto accedió parcialmente3 a las pretensiones formuladas en la
demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación
(expediente 52001-23-33-000-2015-00159-01), para negarlas. En su lugar, pidieron
que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión en la que se
concedan las súplicas formuladas en el aludido asunto contencioso administrativo.
Hechos4.
Relatan los accionantes que, el 8 de febrero de 2013 se le impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al señor
Jaime Alexander Chaves Montilla, por la presunta comisión del delito de hurto
calificado y agravado, en hechos ocurridos el 1° de diciembre del 2012, en los que
resultaron como aparentes víctimas el señor Óscar Heriberto Pasaje Echeverry y el
menor de edad Nilson Javier Viera Pasaje, la cual estuvo vigente hasta el 15 de
noviembre de 2013, comoquiera que el Juzgado Quinto (5°) Penal del Circuito de
Pasto decretó la preclusión de la investigación.
Que, al considerar que la restricción de la libertad del señor Chaves Montilla fue
injusta, el 10 de junio de 2015, junto con otras personas, incoaron demanda de
reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación (expediente 52001-23-33-
000-2015-00159-01), con el propósito que se les declarara administrativamente
responsables de los agravios causados por su aprehensión y se ordenara la
respectiva compensación económica.
Del asunto ordinario conoció el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Pasto que,
el 2 de mayo de 2018 accedió parcialmente a las pretensiones, y, en consecuencia,
declaró a las entidades demandadas administrativamente responsables de los
perjuicios derivados de la privación de la libertad del señor Jaime Alexander Chaves
Montilla, al estimar que, «devino en injusta, en razón a la posterior declaratoria de
2
M. P. José Gabriel Santacruz Miranda.
3
Comoquiera que, aunque declaró a la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación administrativamente
responsables de los perjuicios derivados de la privación de la libertad del señor Jaime Alexander Chaves, no reconoció los
daños morales en el monto solicitado, ni a todas las personas que integraron el extremo activo.
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03851-00
Demandantes: Jaime Alexander Chaves Montilla y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
preclusión de la investigación, la cual fue decretada por el Juzgado Quinto Penal
del Circuito de Pasto […], pues consideró que […] no existía certeza de la coautoría
del ilícito», pero no reconoció los daños morales en el monto solicitado, ni a todas
las personas que integraron el extremo activo.
Inconformes con la anterior decisión, tanto la Rama Judicial como la Fiscalía
General de la Nación interpusieron recursos de apelación, desatados el 14 de
marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión,
en el sentido de revocarla, con fundamento en que «pese a que se precluyó la
investigación penal por in dubio pro reo adelantada en contra del señor Jaime
Alexander Chaves Montilla por la presunta comisión del delito de hurto calificado y
agravado, no se desvirtuó que su privación de la libertad fue ilegal e innecesaria,
toda vez que, los medios de conocimiento puestos a disposición del juez de control
de garantías le permitían establecer en esa oportunidad una inferencia razonable
de autoría o participación […] en la conducta investigada y la medida resultaba
idónea para proteger a las víctimas directas del hurto y, en especial, del menor de
edad […] que [lo] reconoció fotográficamente […] como presunto autor y participe
del referido reato, el cual, además, tiene una pena superior a 4 años; por
consiguiente, no se demostró que las entidades demandadas incurrieron en falla
del servicio».
Argumentan que «todo lo que tenga que ver con imposición de medida de
aseguramiento intramural, se debe definir [con] base a la responsabilidad
objetiva», por lo que la autoridad accionada, al no fundamentar su caso conforme
a ese régimen de imputación, «vulner[ó] flagrantemente el debido proceso por
error judicial», lo cual resulta reprochable, máxime, si se tiene en cuenta que en
un asunto similar al suyo, donde el demandante Alcides Gamboa fue procesado por
los mismos hechos, aquella, con sentencia de 30 de septiembre de 20225, resolvió
favorablemente su demanda.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 20 de
junio de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión; y (ii)
dispuso vincular a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
5
Expediente 52001-33-33-008-2015-00106-01, M. P. Sandra Lucía Ojeda Insuasty.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03851-00
Demandantes: Jaime Alexander Chaves Montilla y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
Judicial y Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de
Pasto, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
Posteriormente, el 22 de julio de la presente anualidad se vinculó como terceros
con interés a los señores Sandra Milena Montilla, Josepth Esteban y Nicolt
Alexander Chaves Martínez, puesto que integraron el extremo activo en el trámite
ordinario dentro del que se dictó la providencia que aquí se cuestiona.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Pasto6 pidió ser desvinculado de
este trámite constitucional, comoquiera que «el cuestionamiento que efectúa la
parte [actora] está dirigido en forma exclusiva contra el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, en virtud del fallo de segunda instancia», por lo
que no le corresponde pronunciarse al respecto.
2.1.2 La Nación - Fiscalía General de la Nación7 solicitó su desvinculación de la
acción de tutela de la referencia al carecer de legitimación en la causa por pasiva,
puesto que, «no tiene las facultades ni la competencia para acceder a las
pretensiones d[e los] accionante[s]».
2.1.3 La señora Sandra Milena Montilla8 por conducto de apoderado, presentó
coadyuvancia, dado que, integró el extremo activo en el trámite ordinario dentro del
que se dictó la providencia que aquí se cuestiona y, considera que, en razón a que
la investigación penal adelantada contra el señor Jaime Alexander Chaves Montilla
terminó anticipadamente con preclusión, no podía soportar el daño ocasionado
tanto en sus derechos personales como sociales, por lo que, en la demanda
ordinaria que se instauró el operador judicial debía tener en cuenta el régimen de
responsabilidad objetiva, «como así lo confirma vasta jurisprudencia del Consejo
de Estado».
Adicionalmente, informó que no era posible la vinculación de los señores Josepth
Esteban y Nicolt Alexander Chaves Martínez, por cuanto, el primero falleció9 y el
6
Índice 00011 de Samai.
7
Índice 00012 de Samai.
8
Índice 00017 de Samai.
9
Se aportó el correspondiente registro de defunción.
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Demandantes: Jaime Alexander Chaves Montilla y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
segundo «viaj[ó] a la ciudad de Bogotá y no» se ha establecido comunicación con
él.
2.1.4 La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial10 solicitó ser desvinculada de esta acción constitucional, en atención a que
«el interés sustancial en el sub examine está encaminado a revocar una providencia
judicial proferida por [el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión], en el marco de su facultad jurisdiccional, lo que implica que […] no [sea]
la llamada a responder por la decisión adoptada por esa Corporación, la cual se
encuentra amparada bajo los principios de autonomía e independencia».
2.1.5 El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión guardó
silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestiones preliminares.
3.3.1 Solicitud de nulidad.
10
Índice 00025 de Samai.
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Demandantes: Jaime Alexander Chaves Montilla y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
En el asunto sub examine la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con escrito de 31 de julio de 202511 solicitó declarar la
nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de 20 de junio de 2025,
comoquiera que, «no fue notificado al canal oficial de mesa de entrada de
notificaciones judiciales de la DEAJ, razón por la cual, no existe […] prueba de tal
diligencia, acto que permite conocer el objeto del proceso y garantizar el ejercicio
de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa», en tanto «omitió una
letra en la dirección del destinatario al redactar “@deaj.ramajuicial.gov.co” y no
“@deaj.ramajudicial.gov.co”».
Que, «a pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura envió únicamente la
providencia de vinculación de la presente acción constitucional [de 22 de julio de
2025] no fue remitido el escrito de la demanda de tutela, por lo que […] procedió a
solicitar autorización para acceso al expediente en el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI […] [sin que] exist[a] respuesta, imposibilitando así el ejercicio de [sus]
derechos fundamentales al debido proceso y defensa».
Al respecto, para la Sala, una vez verificada la herramienta electrónica para la
gestión judicial denominada Samai, se observa que, aunque, en efecto, la
notificación del auto admisorio de 20 de junio de 2025 se realizó al correo
electrónico deajnotif@deaj.ramajuicial.gov.co, lo cierto es que, el 22 de julio
siguiente se dispuso la vinculación de algunos terceros con interés, proveído que
fue notificado el 28 de los mismos mes y año, no solo a esa dirección escrita de
manera errónea, sino también a info@cendoj.ramajudicial.gov.co y, comoquiera
que el 31 de julio de 2025 se radicó la referida petición, se entiende que la DEAJ sí
se enteró de la presente acción, tan es así que, en el índice 00024 figura una
constancia secretarial de 4 de agosto del año en curso, en la que se informa que
se le dio acceso al expediente y, el día siguiente pudo presentar su escrito de
contestación.
Así las cosas, en atención a que, a pesar del vicio alegado se cumplió la finalidad,
esto es, que la DEAJ pudiera contestar la tutela de la referencia y no se le vulnerara
su derecho de defensa, se entiende saneada la nulidad expuesta, de conformidad
con el numeral 4 del artículo 136 del Código General del Proceso (CGP)12 [aplicable
11
Índice 00019 de Samai.
12
Aplicable por remisión que a este ordenamiento hace el artículo 208 del CPACA, según el cual, «Serán causales de nulidad
en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como incidente».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03851-00
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a la acción de tutela por remisión expresa de los artículos 413 del Decreto 306 de
199214 y 2.2.3.1.1.315 del Decreto 1069 de 201516] y, en consecuencia, aquella no
será declarada.
3.3.2 Solicitud de coadyuvancia.
La señora Sandra Milena Montilla, quien integró el extremo activo en el medio de
control de reparación directa con radicado 52001-23-33-000-2015-00159-01, en el
que se dictó la providencia que aquí se cuestiona y fue vinculada al presente trámite
constitucional como tercera con interés, pide se le tenga como coadyuvante de los
actores, al considerar que, en razón a que la investigación penal adelantada contra
el señor Jaime Alexander Chaves Montilla terminó anticipadamente con preclusión,
no podía soportar el daño ocasionado tanto en sus derechos personales como
sociales, por lo que el operador judicial debía tener en cuenta el régimen de
responsabilidad objetiva, «como así lo confirma vasta jurisprudencia del Consejo
de Estado».
Al respecto, se advierte que la coadyuvancia es una figura procesal por medio de
la cual alguien acude a una controversia judicial, con el objeto de apoyar la
prosperidad de las aspiraciones del demandante u oponerse a ellas (es decir,
acompañar al demandado), y así salvaguardar sus propios intereses, de acuerdo
con el inciso 2º17 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 71 18 del
Código General del Proceso (CGP), aplicable a las acciones de tutela en virtud de
los artículos 419 del Decreto 306 de 199220 y 2.2.3.1.1.321 del Decreto 1069 de
201522 y de lo precisado por la Corte Constitucional23.
13
«Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto».
14
«Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991».
15
«De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la
interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán
los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto».
16
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
17
«Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud».
18
«Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la
sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella,
mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia[...]».
19
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
decreto”.
20
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
21
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
Decreto”.
22
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
23
Sentencia T-70 de 2018, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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En ese orden de ideas, comoquiera que la aludida persona está habilitada para
intervenir en el presente asunto, puesto que, se reitera, fue vinculada como tercera
con interés24 y expuso las razones por las cuales se deben atender las pretensiones
del mecanismo constitucional, se accederá a su solicitud de coadyuvancia.
3.3.3. Solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación.
La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía
General de la Nación, comoquiera que, fungió como demandada en el proceso
ordinario de reparación directa distinguido con el radicado 52001-23-33-000-2015-
00159-01, y, por tal razón, le asiste interés en las resultas de la presente acción de
tutela.
3.4 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 14
de marzo de 2025, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión revocó la providencia de 2 de mayo de 2018, en la que, el
Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Pasto accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa promovida por los
tutelantes, junto a otras personas, contra la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación (expediente
52001-23-33-000-2015-00159-01), para negarlas; y, en caso afirmativo, si se ha
vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
24
Mediante auto de 25 de febrero de 2025 visible en el índice 00004 de Samai.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03851-00
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La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
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trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la
cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
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afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales25, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201226, en el sentido de disponer
que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos27.
3.6 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que, recae sobre la presunta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso de los tutelantes; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que, la providencia
atacada quedó ejecutoriada el 9 de abril de 202528 y la solicitud de amparo se
presentó el 18 de junio siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (2 meses
y 9 días); y (v) el fallo acusado no es de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del precedente
horizontal, dado que, aunque los actores no la especificaron, se advierte que sus
25
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
26
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
27
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
28
Según constancia de ejecutoria emitida por el secretario del Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Pasto.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03851-00
Demandantes: Jaime Alexander Chaves Montilla y otra
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reproches y la génesis de la vulneración invocada radica en que la autoridad
judicial accionada, en un proceso de reparación directa (expediente 52001-33-33-
008-2015-00106-01), fundamentado con los mismos hechos y pretensiones a los
expuestos por el señor Jaime Alexander Chaves Montillo, resolvió favorablemente
las súplicas del ahí demandante conforme al régimen de imputación objetiva, lo
que no sucedió en el asunto sub examine, por lo que, en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de
manera extensiva el escrito inicial29, resulta procedente analizar este trámite a
partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.
3.6.1 Desconocimiento del precedente horizontal.
La Corte Constitucional30, sobre este tipo de precedente, ha precisado:
«El precedente horizontal exige que el juez unipersonal o colegiado siga sus propias
decisiones, al resolver un caso sometido a su competencia. Este imperativo no ordena
otra cosa que las autoridades judiciales sean consistentes y uniformes con los fallos
adoptados por ellas mismas. Sin embargo, el funcionario jurisdiccional no se halla
totalmente atado a sus decisiones anteriores, toda vez que puede apartarse de sus
sentencias siempre que de forma razonada motive su distanciamiento.
[…]
En consecuencia, el defecto por desconocimiento del precedente horizontal se
configura cuando el juez unipersonal o colegiado cambia su propia jurisprudencia, sin
realizar la referencia expresa al precedente que sirvió de sustento para resolver casos
análogos y para exponer razones suficientes que ameriten el distanciamiento. Para
decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso:
“(i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en
estos precedentes;
(ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta
necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad;
(iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente
judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso
analizado, bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra
manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los
principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los
derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro hómine” 31».
De la anterior jurisprudencia, se colige que el precedente horizontal tiene como fin
que las autoridades judiciales que adoptan determinada decisión para desatar una
29
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
30
Sentencia T-390 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
31
Sentencia T-028 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
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controversia, continúen con ella cuando se presenten posteriores asuntos bajo su
conocimiento con similares fundamentos fácticos y jurídicos y pretensiones, no
obstante, cuando lo consideren, pueden apartarse de esta, siempre y cuando
motiven de manera razonable su nueva posición.
En este asunto constitucional los demandantes alegan que los magistrados
accionados no tuvieron en cuenta el precedente fijado en la sentencia de 30 de
septiembre de 202232 emitida por la misma Corporación a la que pertenecen, pese
a que se fundamentan en similares hechos y pretensiones.
Sobre el particular, se observa que la aludida providencia que se aduce como
desatendida, fue proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño y su estudio se fundamentó únicamente en que, los
asuntos relacionados con privaciones injustas de la libertad se deben examinar de
acuerdo con el régimen de imputación objetivo, premisa de la que se deduce que
la absolución y preclusión penal son suficientes para demostrar la responsabilidad
del Estado y, bajo esas consideraciones decidió de manera favorable el caso objeto
de análisis en ese asunto ordinario.
Ahora bien, en el sub lite se evidencia que en la determinación objeto de reproche
constitucional, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
sostuvo:
«1) Según los hechos probados, el señor Jaime Alexander Chaves Montilla estuvo
privado de la libertad entre el 7 de febrero y el 15 de noviembre del 2013 y fue
procesado por la presunta comisión del delito de hurto calificado y agravado por los
hechos ocurridos el 1° de diciembre del 2012, en los que resultaron como aparentes
víctimas el señor Oscar Heriberto Pasaje Echeverry y el menor de edad Nilson Javier
Viera Pasaje.
2) En armonía con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política, el artículo
297 de la Ley 906 de 2004 establece que la captura de una persona requiere orden
legal del juez de garantías con independencia de las aprehensiones realizadas por la
Fiscalía General de la Nación o de los casos de flagrancia, evento en el cual la referida
autoridad judicial deberá finamente legalizar la captura; de igual manera, los artículos
286 y 287 de dicha legislación prescriben que si el ente acusador cuenta con materiales
probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que permitan inferir de
manera razonable que una persona es autor o participe de un delito le comunicara a
esta su calidad de imputado en audiencia ante el juez de garantías.
Por su parte, el artículo 30833 de la referida normatividad establece que la Fiscalía
General de la Nación también podrá solicitar al juez de garantías medida de
aseguramiento, quien la decretará cuando de los elementos materiales probatorios y
evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se
pueda inferir, razonablemente, que el imputado puede ser autor o partícipe de la
32
Expediente 52001-33-33-008-2015-00106-01, M. P. Sandra Lucía Ojeda Insuasty.
33
Legislación vigente para la época de los hechos.
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conducta delictiva que se investiga y, a su tuno, se cumpla alguno de los siguientes
requisitos: i) que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar
que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; ii) que el imputado constituye
un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; iii) que resulte probable que
el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia; presupuestos
que se desarrollan en los artículos 309 a 312 ibidem.
De igual manera, el artículo 31334 de la misma codificación prevé que la detención
preventiva es procedente: i) en los delitos de competencia de los jueces penales
especializados; ii) en los reatos investigables de oficio y que el mínimo de la pena
prevista sea o exceda de cuatro (4) años; iii) cuando la persona haya sido capturada
por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres (3) años
anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya
producido la preclusión o absolución en el caso precedente y, iv) en los injustos a que
se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal cuando la defraudación sobrepase
la cuantía de 150 SMLMV.
[…]
5) Desde esa perspectiva35, la Sala considera que la medida privativa de la libertad que
se decretó en contra del actor se ajustó al ordenamiento fue razonable, necesaria y
proporcional.
a) En efecto, la Sala advierte que la solicitud de medida de aseguramiento intramural
tuvo como fundamento los elementos materiales probatorios y evidencia física
aportados por la fiscalía, entre los que se destacan, las declaraciones rendidas por las
víctimas directas de hurto agravado y calificado y el reconocimiento fotográfico de
personas que en varias ocasiones realizó el joven Nilson Javier Viera Pasaje de que el
demandante fue, el presunto, autor de la conducta delictiva investigada y que utilizó un
arma de fuego, de ahí que la Sala encuentre que lo decidido por el juez de control de
garantías en las audiencias concentradas de 07 de febrero de 2013, le permitía inferir
razonablemente la autoría o participación del señor Jaime Alexander Chaves Montilla
en el delito imputado.
[…]
No desconoce la Sala que posteriormente la investigación penal se precluyó en favor
del demandante por indubio pro reo, pero también es verdad que los elementos de
conocimiento que en su momento sirvieron de fundamento para imponer la medida
restrictiva de la libertad del actor le permitían al juez de control de garantías establecer
la inferencia razonable de autoría o participación de aquel en el delito investigado, pues,
justo en dicho estadio procesal de la investigación penal esos elementos probatorios
permitían arribar racionalmente a esta conclusión.
6) De otra parte, se justificó la necesidad de la medida de aseguramiento en los
términos del estatuto procesal penal por cuanto las víctimas directas expusieron que el
delito se cometió aparentemente por el señor Jaime Alexander Chaves Montilla quien
recurrió a la violencia, usó arma de fuego y les arrebató sus pertenencias en compañía
del señor Segundo Alcides Gamboa, circunstancias que encajan en los presupuestos
de los artículos 240 y 241-10 del Código Penal.
[…]
34
Ley 906 de 2004, artículo 313. “Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo
308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:
1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4)
años.
3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de
los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la
preclusión o absolución en el caso precedente.” (Negrilla fuera del texto).
35
Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección A. Radicación número: 25000-
23-26-000-2011-00563-01 (54.541). veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023). MP. Marta Nubia Velásquez Rico.
En dicha oportunidad, señaló que los efectos y los cambios jurisprudenciales de las sentencias de unificación tienen efectos
retrospectivos en el tiempo, por ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03851-00
Demandantes: Jaime Alexander Chaves Montilla y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
10) Finalmente, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado el daño
padecido por los demandantes -que no fue objeto de apelación- no puede imputarse
en esta oportunidad a las entidades demandadas a título de daño especial, por cuanto
en esta ocasión el juez de conocimiento penal no decretó la preclusión de la
investigación porque el hecho no existió o por atipicidad objetiva de la conducta, sino
por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del procesado y en
aplicación del principio de in dubio pro reo».
De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que no había lugar
a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado en el proceso de
reparación directa con radicado 52001-23-33-000-2015-00159-01, porque se
justificaba la medida de aseguramiento impuesta al señor Jaime Alexander Chaves
Montilla, dado que, de los elementos de convicción adosados a ese expediente
contencioso administrativo se podía inferir razonablemente que él fue el autor o
coautor de la conducta delictiva de hurto calificado y agravado por el que fue
investigado, comoquiera que, las declaraciones rendidas por las víctimas y el
reconocimiento fotográfico de personas que en varias ocasiones realizó el joven
Nilson Javier Viera Pasaje le permitieron inferir razonablemente a la autoridad
judicial la autoría o participación del hoy accionante en la comisión del delito
imputado.
Por lo tanto, no resulta acertado predicar en este asunto desconocimiento del
precedente horizontal, en razón a que para ello la providencia que se aduce
desconocida y, la que es objeto de inconformidad en el sub lite, además de guardar
correspondencia entre los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos de las
controversias expuestas, deben ser dictadas por la misma sala de decisión,
presupuestos que no se configuraron y, de todas formas, como se explicó en
párrafos precedentes, la autoridad judicial accionada puede variar o apartarse de
su postura previa, siempre y cuando motive con suficiencia su nueva posición,
como evidentemente ocurrió en este caso.
En ese orden de ideas, se concluye que la decisión de revocar la providencia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa con
radicado 52001-23-33-000-2015-00159-01, no contraviene precedente horizontal
alguno.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
15
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Demandantes: Jaime Alexander Chaves Montilla y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto los
accionantes no acreditaron que la providencia de 14 de marzo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, hubiere
incurrido en desconocimiento del precedente horizontal. Por tal motivo, se negará
la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de nulidad formulada por la Nación - Rama Judicial
• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de acuerdo con lo indicado en la
motivación.
SEGUNDO. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia formulada por la señora
Sandra Milena Montilla, conforme a lo esgrimido en la parte considerativa de este
fallo.
TERCERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía
General de la Nación, según los argumentos que anteceden.
CUARTO. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado
por los señores Jaime Alexander Chaves Montilla y Carmen del Socorro Montilla,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03851-00
Demandantes: Jaime Alexander Chaves Montilla y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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