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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03854-00

Fecha
25 de julio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03854-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Mayid Alfonso Castillo Arias contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03854-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

25 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: MAYID ALFONSO CASTILLO ARIAS
Accionado: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
BOGOTÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela – presunta vulneración de derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia - requisito de
subsidiariedad – no se encuentra acreditado por cuanto la parte accionante utiliza
la acción de amparo constitucional como medio para revivir etapas procesales
precluidas.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución política, el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019 1, la Sala resuelve la acción de
tutela promovida por Mayid Alfonso Castillo Arias contra la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, con ocasión de las decisiones emitidas el 13 y 28 de
marzo de 2025, expedidas en el marco de un proceso disciplinario. En criterio del
peticionario, ambos pronunciamientos vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.

ANTECEDENTES
La demanda

1. El 18 de junio de 20251, Mayid Alfonso Castillo Arias, quien actúa a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, al considerar que dicha entidad vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

1
Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
miércoles, 18 de junio de 2025”.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Hechos relevantes

2. En julio de 2019, Mayid Alfonso Castillo Arias se reunió con el abogado Pedro
Alexander Rodríguez Matallana2, quien le ofreció, a cambio de su intermediación y
asesoría, garantizar un fallo favorable en un proceso que cursaba en sede de
apelación ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. En dicho litigio, la
sentencia de primera instancia había resultado contraria a los intereses del ahora
demandante.

3. El peticionario aceptó la oferta y firmó un contrato en el que se acordó que el
abogado recibiría el 10% de las ganancias obtenidas del proceso. En desarrollo de
ese pacto, el señor Pedro Alexander Rodríguez Matallana le solicitó un abono de
$350.000.000 millones de pesos, suma que el demandante entregó sin que mediara
constancia escrita de la recepción.

4. Posteriormente, Mayid Alfonso Castillo entregó al abogado un segundo abono
por $300.000.000 millones de pesos. Luego, el profesional en derecho le solicitó
$750.000.000 millones de pesos adicionales, presuntamente destinados a los
magistrados encargados de elaborar la sentencia de segunda instancia. Ante esa
solicitud, el demandante manifestó su inconformidad por tratarse de un acto de
corrupción, anunció su intención de presentar denuncias penales y disciplinarias, y
se retiró de la reunión.

5. El actor afirmó haber pagado en total $650.000.000 millones de pesos al abogado
mediante consignaciones bancarias de las cuales conserva los respectivos
comprobantes. Aclaró que Pedro Alexander Rodríguez Matallana no le entregó
recibos formales que acreditaran los pagos realizados por concepto de su asesoría.
Añadió que dispone de testigos que presenciaron la promesa del abogado de
garantizar una decisión favorable en el proceso.

6. El 29 de enero de 2020, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá profirió
sentencia de segunda instancia, la cual confirmó el fallo emitido en primera
instancia. El tutelante sostuvo que, pese al resultado desfavorable, el abogado
denunciado no le devolvió suma alguna, y señaló que este último registra sanciones
disciplinarias en su contra.

7. El 30 de julio de 2020, el señor Mayid Alfonso Castillo Arias presentó queja
disciplinaria contra Pedro Alexander Rodríguez Matallana. Mediante auto del 26 de

2
En adelante: el abogado.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

marzo de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá ordenó la
apertura de la investigación disciplinaria correspondiente.

8. No obstante, mediante providencia del 18 de febrero de 2025, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró prescrita la acción disciplinaria y
dio por terminado anticipadamente el proceso seguido contra el abogado Rodríguez
Matallana.

9. El 6 de marzo de 2025, el peticionario interpuso recurso de apelación contra la
decisión del 18 de febrero de 2025. Mediante providencia del 13 de marzo del mismo
año, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá rechazó la apelación
por extemporánea, al considerar que la notificación de la decisión atacada se realizó
el 26 de febrero de 2025 y la presentación del recurso de apelación se realizó el 6
de marzo de 2025, es decir, por fuera del término legalmente establecido, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007.

10. En respuesta, el demandante presentó recurso de queja. Mediante providencia
del 28 de marzo de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá lo
declaró improcedente, conforme al artículo 79 de la Ley 1123 de 2007 (Código
Disciplinario del Abogado), la funcionaria sostuvo que, únicamente proceden los
recursos de reposición y apelación contra las decisiones disciplinarias, razón por la
cual no es admisible el recurso de queja.

Pretensiones

11. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“8.1. Se conceda el amparo constitucional a mi representando, doctor MAYID
ALFONSO CASTILLO ARIAS al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia quebrantados por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL SALA PRESIDIDA POR LA MAGISTRADA PONENTE DOCTORA
SANDRA KARYNA JAIMES DURÁN

8.2. Se solicita al juez constitucional disponga que la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá deje sin ningún valor ni efecto la providencia
emitida y proceda a dar trámite al recurso de queja.

8.3. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor ni efecto: la providencia
de 28 de marzo de 2025, por violar el art. 29 de la Carta Política, artículo 136 y

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

ss, del Código General Disciplinario, artículos 6°, 15, 16 y 54 de la Ley 1123 de
2007”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. El actor manifestó que la presente acción de amparo constitucional cumple con
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En primer lugar, afirmó que se satisface el requisito de legitimación en la
causa por activa, dado que Mayid Alfonso Castillo Arias actuó como quejoso en el
proceso disciplinario identificado con el número 11001-11-02-000-2020-01854-00.
En segundo lugar, indicó que se cumple el requisito de subsidiariedad, por cuanto
no dispone de otro medio judicial idóneo para la protección de sus derechos
fundamentales. Finalmente, señaló que también se acredita el requisito de
inmediatez, ya que la supuesta vulneración ocurrió con ocasión del auto proferido
el 28 de marzo de 2025, mediante el cual se declaró improcedente el recurso de
queja, y la acción fue presentada el 18 de junio de 2025, es decir dentro de un
término razonable conforme a los criterios fijados por la jurisprudencia
constitucional.

13. Manifestó que el artículo 16 del Código Disciplinario del Abogado4 dispone que
se aplicarán supletoriamente, entre otros, los lineamientos del Código Disciplinario
Único, hoy el Código General Disciplinario. En ese sentido, señaló que la Comisión,
al rechazar el recurso de queja, debió aplicar el artículo 136 del Código General
Disciplinario, el cual prevé que dicho recurso procede contra la decisión que rechaza
el recurso de apelación y debe interponerse dentro del término de ejecutoria de la
providencia que lo niega.

14. Adicionalmente, Mayid Alfonso Castillo Arias señaló que la Ley 1123 de 2007
no prevé el recurso de queja contra la providencia que niega el recurso de apelación.
A su juicio, esta omisión vulnera los principios de doble instancia, debido proceso y
acceso a la justicia, al impedir que un superior revise decisiones que restringen los
mecanismos de impugnación y cierran el proceso de forma arbitraria. Por tanto,
debe permitírsele interponer el recurso de queja, aun en ausencia de regulación
expresa en la Ley 1123 de 2007, pues esta interpretación restrictiva transgrede el
núcleo esencial de los derechos fundamentales.

3
Índice electrónico 02 de SAMAI. 2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
4
Ley 1123 de 2007.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

15. Finalmente, el actor afirmó que las decisiones impugnadas presentan tres
defectos específicos, a saber: (i) procedimental absoluto, por cuanto desconocieron
que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia
hacen parte del bloque de constitucionalidad y prevalecen sobre la legislación
interna en caso de conflicto, (ii) sustantivo, al omitir la aplicación del artículo 16 de
la Ley 1123 de 2007, que prevé la integración normativa en lo no regulado
expresamente, y (iii) decisión sin motivación, toda vez que la providencia del 28 de
marzo de 2025 se limitó a rechazar el recurso de queja por no estar previsto en el
Código Disciplinario del Abogado, sin responder los argumentos planteados en el
escrito mediante el cual se interpuso dicho recurso.

Trámite en primera instancia

16. Mediante Auto del 20 de junio de 20255, el despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte demandada
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como vincular a Pedro
Alexander Rodríguez Matallana y reconocer personería adjetiva al abogado José
Enrique Jesús Hernando Caballero Quintero, en calidad de terceros con interés6.

Intervenciones

17. El señor Pedro Alexander Rodríguez Matallana7 solicitó que se declare
improcedente esta acción de tutela, al considerar que no cumple con el requisito de
relevancia constitucional. En su criterio, Mayid Alfonso Castillo Arias se limitó a
afirmar que las decisiones cuestionadas incurren en un defecto sustantivo y en un
exceso ritual manifiesto, pero no explicó de manera suficiente cómo se vulneraron
sus derechos fundamentales. A su juicio, el debate planteado es de naturaleza
meramente legal, ya que el tutelante se limita a alegar una indebida aplicación
normativa.

5
Índice electrónico 04 de SAMAI. 6Autoqueadmite_120250385400ADMITEMA(.pdf) NroActua 4.
6
En el Oficio No. JFS 3823, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal explicó
que Mayid Alfonso Castillo interpuso previamente una acción de tutela, basandose en los mismos
hechos de la demanda que hoy se estudia. Sin embargo, a través de auto del 4 de julio de 2025,
dicha autoridad judicial admitió el desistimiento presentado por el tutelante, lo cual habilita el estudio
de la presente solicitud de amparo por esta Subsección.
7
Índice electrónico 08 de SAMAI. 10_MemorialWeb_Otro-Pronunciamientovinc(.pdf) NroActua 8.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

18. La Procuraduría General de la Nación8 pidió declarar improcedente la acción
de tutela, al estimar que no satisfacía el requisito de relevancia constitucional.
Afirmó que la tutela contra providencias judiciales no constituye una instancia
adicional ni un mecanismo para resolver discrepancias jurídicas o interpretaciones
del juez natural.

19. Sostuvo que no se configuró un defecto sustantivo, de manera que el artículo
16 de la Ley 1123 de 2007 no imponía la aplicación automática de normas
supletorias. En su criterio, no existe un vacío normativo sino una decisión legislativa
deliberada de limitar los medios de impugnación en ese procedimiento especial.
Tampoco observó un defecto procedimental absoluto, pues el operador jurídico
aplicó el procedimiento previsto en la ley especial, en ejercicio de su autonomía
funcional y conforme al principio de legalidad procesal.

20. Finalmente, indicó que el actor no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara el amparo constitucional, dado que el proceso
disciplinario ya había sido archivado por prescripción y la negativa al recurso de
queja no le generaba una afectación directa ni irreversible en su derecho de acceso
a la justicia, sin perjuicio de que pudiera acudir a otros mecanismos en un proceso
diferente.

21. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá9 sostuvo que no
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso ni al acceso a la
administración de justicia. Explicó que el régimen aplicable al caso, esto es, la Ley
1123 de 2007 norma especial que regula el ejercicio de la abogacía en Colombia
solo contempla los recursos de reposición y apelación, conforme al artículo 79 de
dicha ley.

22. En relación con el recurso de queja interpuesto por el tutelante, la Comisión
indicó que dicho medio de impugnación no fue previsto por el legislador como
mecanismo para controvertir decisiones dentro del proceso disciplinario regido por
la Ley 1123 de 2007. Por tanto, consideró improcedente acudir al Código General
Disciplinario, al no existir un vacío normativo que habilite la integración entre
regímenes.

8
Índice electrónico 013 de SAMAI.
23RECIBEMEMORIAL_Memorial_TRASLADOTUTELAJULIO2(.docx) NroActua 13.
9
Índice electrónico 014 de SAMAI.
27_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-RESPUESTATUTELA202(.pdf) NroActua 14.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

23. Finalmente, concluyó que la acción de tutela resultaba improcedente, en tanto
el accionante pretendía reabrir un debate ya resuelto y revivir términos judiciales
que se encontraban fenecidos.

CONSIDERACIONES

24. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

25. De acuerdo con los presupuestos fácticos anteriormente reseñados,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si se superan los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, estudiará si la
interposición extemporánea del recurso de apelación contra el auto del 13 de marzo
de 2025 afecta el requisito de subsidiariedad. En caso de sobrepasar este análisis,
la Sala abordará los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá incurrió en un
defecto sustantivo al omitir la aplicación del artículo 16 de la Ley 1123 de
2007?
(ii) ¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá incurrió en un
defecto procedimental absoluto, al desconocer que los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia
prevalecen sobre la legislación interna?
(iii) ¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá incurrió en un
defecto por falta de motivación, toda vez que la providencia del 28 de
marzo de 2025 se limitó a rechazar el recurso de queja, sin responder los
argumentos planteados en el escrito mediante el cual se interpuso dicho
recurso?

26. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará cuatro ejes
temáticos. En primer lugar, examinará las causales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. En segundo lugar, analizará el principio de

10
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

subsidiariedad como requisito esencial para su procedencia. En tercer lugar,
reiterará la jurisprudencia sobre la improcedencia de la tutela cuando se utiliza para
revivir etapas procesales ya precluidas por no haber ejercido los recursos
disponibles en el ordenamiento jurídico. Finalmente, estudiará el caso concreto.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

27. En la Sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional “sistematizó” los
requisitos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales. En
dicha decisión, la Corte estableció una distinción entre requisitos de carácter
general, y requisitos de carácter específico o defectos.

28. Los primeros constituyen condiciones previas que deben cumplirse en su
totalidad, para que el juez pueda asumir el conocimiento de fondo del caso
analizado11. Una vez superados estos requisitos de forma, es procedente el estudio
de fondo. Por su parte, los requisitos específicos hacen alusión a los defectos
presentes en la providencia cuestionada, los cuales serían la causa directa de la
vulneración de los derechos fundamentales12.

29. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar13; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela14, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional15 o el Consejo de Estado16,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-17; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los

11
Corte Constitucional, Sentencia T-089 de 2025.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-026 de 2021.
13
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
14
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
16
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable18 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vi) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales

30. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución política, la acción de tutela es
de carácter subsidiario y, por tanto, sólo procede cuando no exista otro mecanismo
judicial eficaz para la protección del derecho amenazado o vulnerado, salvo que se
pretenda evitar un perjuicio irremediable y se interponga como mecanismo
transitorio. Así, este principio impone a los ciudadanos la obligación de agotar
previamente los recursos ordinarios y extraordinarios que ofrece el ordenamiento
jurídico, evitando que la tutela se convierta en una vía preferente o supletoria de los
mecanismos establecidos en otras jurisdicciones.

31. En ese sentido, la Corte Constitucional ha identificado tres supuestos que hacen
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales19: “(i) cuando el
proceso judicial se encuentra en curso, (ii) cuando el accionante no ha agotado los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos en la ley, y (iii)
cuando se pretende utilizar la tutela para reabrir etapas procesales precluidas por
no haber ejercido oportunamente los recursos legales disponibles”.

32. En particular, si el proceso judicial aún está en trámite, la intervención del juez
constitucional resulta, en principio, improcedente, dado que la tutela no constituye
una vía alterna ni paralela al proceso ordinario. Por tanto, no es admisible que el
accionante alegue la vulneración de derechos fundamentales, cuando no ha
solicitado su protección en el marco del proceso judicial correspondiente.

18
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-115 de 2018 y T-016 de 2022.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Improcedencia de la acción de tutela como medio para revivir etapas
procesales precluidas

33. La acción de tutela, por su carácter excepcional, no puede convertirse en una
herramienta para corregir omisiones procesales atribuibles a la negligencia o el
descuido de las partes. Su finalidad no es reabrir procesos cerrados ni revivir
términos caducados por la inacción de los interesados.

34. Desde sus primeras decisiones, la Corte Constitucional ha sido enfática en
señalar que quien ha contado con medios judiciales ordinarios de defensa y no los
utilizó de manera oportuna, no puede luego acudir a la tutela como un atajo para
obtener la protección de sus derechos. Así, la jurisprudencia lo ha sostenido al
indicar que “si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y,
además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde
apelar a la acción de tutela”20.

35. Permitir que la acción de tutela se emplee como un instrumento para corregir
errores procesales o reabrir etapas precluidas del proceso judicial constituye una
amenaza al principio de seguridad jurídica, el cual es un pilar fundamental del
Estado de Derecho. Esta desviación del propósito original del mecanismo
constitucional desvirtúa su carácter excepcional y subsidiario, al convertirlo en una
vía alterna para suplir la falta de diligencia procesal de las partes.

36. La jurisprudencia constitucional ha sido consistente al rechazar el uso indebido
de la tutela como mecanismo para reabrir oportunidades procesales ya vencidas.
En el precedente se ha señalado que no es admisible que quien dejó transcurrir los
términos legales sin ejercer oportunamente los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico, luego, pretenda obtener por esta vía una nueva oportunidad
para hacer valer sus derechos. El sistema procesal impone a las partes el deber de
actuar con diligencia en la defensa de sus intereses, pues la acción de tutela no
puede suplir la falta de impulso procesal ni reemplazar los mecanismos ordinarios
dejados de utilizar21.

37. En definitiva, la tutela no puede convertirse en un mecanismo para revivir
procesos vencidos ni para remediar omisiones atribuibles a la conducta negligente
de los interesados. Quien acude al amparo constitucional debe demostrar que agotó
en debida forma los medios ordinarios de defensa y que actuó con la diligencia

20
Corte Constitucional, Sentencias SU-111 de 1997 y SU-037 de 2009.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-396 de 2014.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
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Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

debida. Lo contrario implicaría desnaturalizar la esencia misma de la acción de
tutela, al trastocar su función como herramienta de protección urgente y subsidiaria
de los derechos fundamentales.

Análisis del caso concreto

38. La Sala abordará, en primer lugar, el análisis de la legitimación en la causa por
activa y por pasiva. Posteriormente, desarrollará el principio de subsidiariedad,
frente al cual concluirá que no se acredita en el presente caso.

La legitimación en la causa por activa y pasiva

39. Mayid Alfonso Castillo Arias cumple con el requisito de legitimación en la causa
por activa, toda vez que es el quejoso directamente afectado por las decisiones
proferidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, las cuales
presuntamente vulneraron los derechos fundamentales invocados.

40. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, autoridad judicial que dictó las
decisiones a las que se le atribuye la transgresión de los derechos fundamentales
reclamados por el tutelante.

Subsidiariedad

41. Mayid Alfonso Castillo Arias promovió acción de tutela contra la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, con el fin de controvertir las decisiones
adoptadas el 13 y 28 de marzo de 2025. Mediante la primera, la autoridad
disciplinaria rechazó el recurso de apelación debido a que el actor lo presentó de
manera extemporánea; y mediante la segunda, declaró improcedente el recurso
de queja interpuesto contra el auto que negó dicha apelación, dado que este recurso
no se encuentra previsto en el Código Disciplinario del Abogado. A juicio del
accionante, ambas decisiones vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.

42. En el presente caso, la Sala advierte que la pretensión del accionante se dirige
en esencia a revivir etapas procesales que ya se encuentran precluidas. En efecto,
según se desprende de los antecedentes de la presente acción, la Comisión

11

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá rechazó el recurso de apelación
presentado por el actor, al considerarlo extemporáneo22.

43. Frente a este escenario, es claro que el accionante no agotó oportunamente los
recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico y pretende, a través de la
acción de tutela, obtener una segunda oportunidad para reabrir una etapa procesal
que ya se encuentra cerrada por su propia inactividad. No puede pasarse por alto
que el sistema jurídico impone a las partes el deber de actuar con diligencia en la
defensa de sus intereses, lo cual implica el uso oportuno y adecuado de los medios
de impugnación. El descuido en el ejercicio de estas cargas procesales no puede
habilitar el uso de la tutela como mecanismo correctivo de actuaciones procesales
omitidas.

44. Así las cosas, la acción de tutela no resulta procedente como medio para
remediar errores u omisiones atribuibles a la parte actora ni para reabrir
oportunidades procesales ya vencidas. Su carácter excepcional y subsidiario impide
que se convierta en una vía paralela de los mecanismos ordinarios de defensa. Tal
como lo ha reiterado la Corte Constitucional, no es admisible que mediante de esta
acción constitucional se pretenda revivir términos precluidos o modificar decisiones
judiciales que adquirieron firmeza por la falta de impulso oportuno de los
interesados.

45. En conclusión, resulta evidente que la tutela es utilizada como un intento para
subsanar una actuación procesal negligente, de ahí que la acción de tutela no
satisface el requisito general de subsidiariedad.

22
La Ley 1123 de 2007 en su artículo 81 plantea lo siguiente: “Recurso de apelación. Procede
únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al
momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas
y contra la sentencia de primera instancia. Podrá interponerse de manera principal o subsidiaria al
recurso de reposición respecto de las providencias que lo admitan. Se concederá en el efecto
suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro
de los tres (3) días siguientes a la última notificación”. En el caso concreto, mediante decisión del
18 de febrero de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró prescrita la
acción disciplinaria y dio por terminado anticipadamente el proceso seguido contra el abogado
Rodríguez Matallana. La notificación de dicha decisión se efectuó el 26 de febrero de 2025. Conforme
al régimen legal aplicable, la notificación se entiende surtida a las partes 2 días después de realizada,
es decir, el 28 de febrero de 2025. En consecuencia, el término legal para interponer el recurso de
apelación vencía el 5 de marzo de 2025. Sin embargo, el actor presentó el recurso el 6 de marzo de
2025, esto es, por fuera del plazo previsto en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03854-00
Accionante: Mayid Alfonso Castillo Arias
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Mayid Alfonso Castillo Arias contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
AUSENTE CON PERMISO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

13

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