Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03856-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03856-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03856-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de octubre de 2025
Demandante: Natalia Ríos Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03856-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta [30] de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03856-01
Demandante: NATALIA RÍOS DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
TEMA: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia.
Inmediatez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la señora Natalia Ríos Diaz en
contra de la sentencia de 25 de julio de 2025 por medio de la cual el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C declaró improcedente la solicitud de
amparo, por no cumplir con el requisito de inmediatez.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Natalia Ríos Díaz, quien actúa en nombre propio y en representación
de su hija menor de edad H.S.V.R., presentó acción de tutela el 19 de junio de
2025, mediante apoderado judicial, en donde señaló que se le vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B al
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Demandante: Natalia Ríos Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección B
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revocar la decisión de primera instancia1, y en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el radicado 1100133-35-029-2023-00209-00/01.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
La señora Natalia Ríos Diaz, en su calidad de compañera permanente del
docente Luis Enrique Vela González [q.e.p.d] promovió demanda en el ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, con el fin de que se declarara la
nulidad del Oficio 20231090538431 de 21 de marzo de 2023, por medio del cual
la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG,
negó la sanción moratoria derivada del retraso en la consignación de las
cesantías, por prescripción.
El conocimiento de dicho medio de control correspondió al Juzgado 29
Administrativo Circuito Judicial de Bogotá, el cual, mediante sentencia de 17 de
abril de 2024, declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio
No. 20231090538431 de 21 de marzo de 2023 y accedió al reconocimiento de la
sanción por mora en el pago de cesantías del docente.
Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación
en donde expresó que conforme a las pruebas que obran en el expediente se
lograba concluir que había operado el fenómeno de la prescripción.
Mediante fallo de 31 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B revocó la decisión apelada y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que sí se
configuró el fenómeno de la prescripción extintiva, al no haber sido presentada
la correspondiente reclamación administrativa dentro del término de los tres [3]
años que la norma prevé para el efecto. Aunado a lo anterior, consideró que en
el caso en concreto la referida entidad no se acogió a la suspensión de términos
1 Proferida el 17 de abril de 2024.
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de que trata el Decreto 564 de 20202 y por lo tanto, no impidió que la demandante
pudiese presentar la reclamación ante la administración.
1.3. Peticiones del amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
PRIMERO: Que se tutele el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y AL
ACCESO A LA JUSTICIA, EL DERECHO A LA IGUALDAD vulnerado por la
sentencia de segunda instancia de fecha 31 de octubre de 2024 notificada el 12
de noviembre del 2024 expedida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B MAGISTRADO
PONENTE: ALBERTO ESPINOZA BOLAÑOS dentro del radicado No.
110013335029-2023-00209-01 dentro del proceso de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO y en su lugar se invalide el fallo de
segunda instancia, para que así, prosperen las pretensiones de la demandante.
SEGUNDO: Que se ordene confeccionar una providencia que recoja un análisis
exhaustivo sobre la suspensión de los términos a favor de los usuarios en época
de pandemia y la importancia de que las decisiones emitidas por los jueces de la
república sean tomadas, bajo la hermenéutica garantista de los derechos
fundamentales de todo ciudadano.3
1.4. Fundamento de la solicitud
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a
la igualdad, al revocar la decisión de primera instancia dictada dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda, con fundamento en el fenómeno jurídico de la
prescripción.
En primer término, afirmó que la providencia judicial cuestionada incurrió en un
defecto fáctico, al valorar una «prueba desactualizada». Lo anterior, porque el
tribunal basó su decisión en un error de apreciación, al interpretar un comunicado
como prueba de que la entidad se había pronunciado frente a su decisión de no
suspender los términos procesales, cuando en realidad dicho documento
2Decreto legislativo emitido por el estado de Colombia, por la contingencia de salubridad
generada por el Covid-19, y donde se les otorgó a las entidades del estado someterse mediante
acto administrativo motivado, a la suspensión de términos.
3 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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únicamente hacía referencia a la posibilidad de que sus trabajadores pudieran
desplazarse al lugar de trabajo.
De igual manera, alegó la vulneración al derecho a la igualdad, al considerar que
se le impuso una carga desproporcionada. Señaló que resultaba irrazonable
exigir a los usuarios elevar solicitudes ante la entidad si esta no había
suspendido los términos, toda vez que, durante la emergencia sanitaria derivada
del Covid-19, los ciudadanos se encontraban en una situación de desventaja
considerable frente a las condiciones normales de acceso a la administración
pública.
Finalmente, manifestó la existencia de una vulneración a la seguridad jurídica y
a la confianza legítima del administrado, al advertir que la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se fundó en un criterio que no reflejaba la
regulación vigente durante la pandemia, generando incertidumbre jurídica y
afectando la protección de sus derechos. En sustento de lo anterior, invocó la
sentencia C-213 de 2020, en la cual la Corte Constitucional estableció reglas
procesales excepcionales orientadas a garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia durante el estado de emergencia sanitaria.
1.5. Trámite e intervenciones
El 19 de junio 2025, el despacho sustanciador de primera instancia admitió el
mecanismo constitucional de la referencia, oportunidad en la que dispuso
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, y en calidad de terceros con interés, al Juzgado 29
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a
la Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá.
1.5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, informó que la acción de tutela se centra en dos aspectos: (i) el
incumplimiento del requisito de inmediatez para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, y (ii) el análisis sustancial de la controversia respecto a
la prescripción extintiva durante la pandemia.
En cuanto al requisito de inmediatez, indicó que la sentencia de segunda
instancia fue proferida el 31 de octubre de 2024 y notificada el 8 de noviembre
de la misma anualidad, lo cual desconoce la exigencia del plazo razonable para
la interposición de la acción de tutela.
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Asimismo, precisó que, mediante circular externa No. 001 de 2020, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no se acogió a la prerrogativa
otorgada por el Gobierno Nacional durante la emergencia sanitaria, lo que
explica que no existía impedimento alguno para que la accionante continuara
con su petición, trámite o solicitud, dado que la entidad mantuvo la operación
normal de sus servicios. De igual manera, resaltó que la señora Natalia Ríos
Díaz contaba con canales digitales habilitados por las entidades, así como con
mecanismos tecnológicos para el registro y respuesta de peticiones, y con
buzones de notificaciones y comunicaciones destinados a los trámites en curso.
Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declare improcedente el amparo
constitucional por falta de cumplimiento del requisito de inmediatez.
1.5.2. El Ministerio de Educación, por conducto de la jefe (E) de la Oficina
Asesora Jurídica manifestó que el presente mecanismo constitucional se
circunscribe a un asunto de naturaleza meramente económica, razón por la cual
excede el ámbito propio de la acción de tutela, carece de relevancia
constitucional y, en consecuencia, debe declararse su improcedencia.
Asimismo, al realizar un análisis de las competencias legales del Ministerio de
Educación Nacional, señaló que, en el presente asunto, debe desvincularse a
esta cartera, toda vez que el Ministerio no es responsable de la conducta cuya
omisión se alega como generadora de la vulneración, ni tiene competencia para
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones formulados en la solicitud de
amparo.
1.5.3 La Secretaría de Educación a través de la Oficina Asesora Jurídica
presentó informe el 26 de junio de 2025, en el que indicó que los hechos y
pretensiones expuestos en el escrito de tutela no son imputables a la Secretaría
de Educación del Distrito. En consecuencia, solicitó desvincular a esta entidad
del trámite y declarar la improcedencia del mecanismo de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
1.5.4. El juez 29 Administrativo del Circuito de Bogotá expuso brevemente
las actuaciones relevantes adelantadas dentro del trámite ordinario de primera
instancia y solicitó su desvinculación de la acción constitucional. Finalmente,
remitió el enlace del proceso identificado con el radicado 11001-33-35-029-2024-
00209-00/01.
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1.6. Sentencia impugnada
Mediante fallo de 25 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C resolvió declarar improcedente la acción de tutela, al no cumplirse
con el requisito de inmediatez.
La autoridad judicial fundamentó su decisión en que la sentencia cuestionada fue
dictada el 31 de octubre de 2024, notificada el 8 de noviembre de 2024 y adquirió
firmeza el 18 de noviembre de 2024. En consecuencia, al realizar el cómputo del
plazo razonable para la presentación de la acción4, se determinó que venció el
18 de mayo de 2025.
Asimismo, precisó que la parte accionante no presentó argumentos que se
enmarcaran en las situaciones previstas por la jurisprudencia para flexibilizar el
requisito de inmediatez, ni aportó prueba alguna que justificara su inactividad o
la interposición extemporánea del amparo.
1.7. Impugnación
El accionante, en su escrito de impugnación, solicitó la revocatoria del fallo que
declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, pidió que se ordene el
estudio de fondo de los cargos formulados contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, buscando proteger los derechos
fundamentales de la menor H.S.V.R., heredera del docente fallecido Luis Enrique
Vela González.
Su argumentación se centró en debatir la aplicación estricta del requisito de
inmediatez, al considerar que debe aplicarse un criterio flexible cuando se
involucra a sujetos de especial protección constitucional, como los menores de
edad. En respaldo de ello, citó las sentencias T-585 de 2006, T-634 de 2013 y
T-10085 de 2002 de la Corte Constitucional.
Por otro lado, sostuvo que la inmediatez no constituye un término fatal o
perentorio a la luz de la Constitución y la ley, por lo que su evaluación debe
atender a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y contexto, conforme a la
sentencia T-634 de 2013.
4 La acción de tutela fue presentada el 18 de junio de 2025.
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Asimismo, consideró que el fallo impugnado omitió el precedente sentado en la
sentencia C-213 de 2020, mediante la cual se interpretó el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 a favor de los beneficiarios de cesantías definitivas, configurándose
así un defecto sustantivo que exige revisión.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Natalia Ríos Díaz, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080
del 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
El Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Secretaría
de Educación del Distrito de Bogotá solicitaron ser desvinculadas del proceso,
aspectos que no fueron objeto de pronunciamiento por el a quo constitucional.
Al respecto se anuncia que estas peticiones serán denegadas con fundamento
en que su llamado a este trámite se hizo en calidad de terceros con interés en
las resultas del proceso.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 25 de julio de 2025, en la cual se declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de inmediatez
Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) generalidades de la acción
de tutela, (ii) análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva y (iii) el caso
en concreto:
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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.5.1. La Sala considera que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito de la inmediatez, por las razones que a continuación se explican:
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse
en un plazo razonable9, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso,
pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo10.
De acuerdo con lo anterior, esta sección11 ha considerado como plazo prudencial
el de seis [6] meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la
solicitud de protección y la consecuencia de su presentación cuando se
sobrepasa este límite es que se declara su improcedencia.
En el caso objeto de estudio, la Sala observa que la señora Natalia Ríos Díaz
pretende dejar sin efectos la providencia expedida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 1100133-
35-029-2023-00209-00/01.
Al respecto, esta colegiatura al revisar el expediente digital que reposa en el
aplicativo Samai, evidencia que:
• La sentencia de 31 de octubre de 2024 del Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B se notificó
electrónicamente el 8 de noviembre de 2024.
• La ejecutoria de esta providencia operó el 18 de noviembre de 202412.
9 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de
fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de
octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
11 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-
01, 12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01,
12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente:
Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01,
Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
12 Teniendo en cuenta que la notificación se realizó el 8 de noviembre de 2024, los 3 días de
ejecutoria que contempla el artículo 302 de la Ley 1564 de 2012 y los 2 días que contempla el
inciso tercero del artículo 8. º del Decreto 806 de 2020, cuya vigencia se estableció de manera
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• La solicitud de tutela se radicó el 18 de junio de 2025.
De manera que, como la acción de tutela se presentó el 18 de junio de 2025, la
Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la
respectiva providencia, un término superior a 6 meses, lo cual desatiende el
plazo que, tanto la Corte Constitucional como esta Sección, han considerado
como prudencia para presentar la solicitud de amparo.
En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que
justifican el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado como
criterio auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente:
Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó
la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de
los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad
injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados;
o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual13.
En este orden de ideas, esta colegiatura considera como plazo prudencial el de
seis [6] meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual,
para el caso concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada.
En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del
derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a
quienes se les ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el
lapso en mención. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de
agosto de 201414, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
permanente mediante la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 y el numeral 2.º del artículo 205 de la
Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2011, los cuales se establecen
desde cuándo se entiende realizada la notificación cuando se efectúa por medios electrónicos.
13 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 200515, para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis [6] meses es el
término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales
que se estimen vulnerados.
De igual manera se destaca que controvertir una providencia judicial supone
cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, lo cual
impone al interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo justificación
razonable, carga que le corresponde alegar y demostrar a la parte accionante y
que en este asunto no se hizo.
Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las
tutelas contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la
decisión que se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea
conocida en razón de la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para
que la persona acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus
garantías.
Ahora bien, la Sala resalta que en el presente asunto no es de recibo flexibilizar
el término de la inmediatez simplemente afirmando que representa los intereses
de un menor en la medida que dicho hecho no tiene nexo causal de
temporalidad, nótese que la parte accionante no probó la imposibilidad de
acceder o conocer la decisión que hoy se controvierte en sede de tutela o la
incapacidad de acudir a los medios digitales para presentar su caso ante el juez
constitucional. Por lo tanto, se considera que solo en casos excepcionales y
debidamente acreditados es posible ponderar el principio de la seguridad jurídica
con el derecho de acceso a la administración de justicia, pero como ya se
expuso, ello no corresponde los supuestos fácticos aquí analizados.
2.6. Conclusión
Así las cosas, es claro para esta colegiatura que en el sub examine, no puede el
juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez
que no se superó el requisito de inmediatez.
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«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
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Demandante: Natalia Ríos Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03856-01
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Secretaría de
Educación del Distrito de Bogotá.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de julio de 2025 por medio de la
cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C declaró improcedente
la solicitud de amparo.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co;8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
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