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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03860-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03860-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la presente acción de tutela. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-03860-00 Demandante: Armando David Campo Linero 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03860-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

24 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03860-00
Demandante: Armando David Campo Linero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03860-00
Demandante: ARMANDO DAVID CAMPO LINERO
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Temas: Acción de tutela contra autoridad administrativa. Ausencia de
vulneración de derechos fundamentales.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Armando David Campo Linero,
contra la Presidencia de la República, la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes, el Consejo Nacional Electoral y la Presidencia de la Corte
Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto
333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de junio de 2025, el accionante interpuso acción de tutela contra las entidades
demandadas, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Declare la vulneración de mis derechos fundamentales por la omisión de las
autoridades competentes al no hacer efectiva la nulidad de la elección presidencial, a
pesar de los hechos públicos, confesiones y pronunciamientos institucionales que
evidencian la violación del artículo 109 de la Constitución Política.

2. Ordene a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, al Consejo
Nacional Electoral y a la Corte Suprema de Justicia que, en el término de diez (10) días,
se pronuncien de fondo sobre la situación jurídica del presidente Gustavo Petro Urrego, y
adopten las medidas jurídicas pertinentes, incluida la suspensión provisional del cargo
mientras se surte el proceso de nulidad por violación de los topes electorales.

3. Que se ordene a Gustavo Petro abstenerse de emitir decretos, realizar nombramientos,
celebrar contratos o ejercer actos administrativos, hasta tanto se resuelva su situación
jurídica.

4. Prohíba al presidente Gustavo Petro salir del país, firmar tratados internacionales o
celebrar actos administrativos con efectos estructurales o económicos significativos para
el Estado, mientras se resuelve su situación jurídica derivada del presunto delito electoral.

5. Ordene al presidente Gustavo Petro que se abstenga de convocar, promover o financiar
directa o indirectamente marchas, protestas o movilizaciones sociales, especialmente si
involucran el traslado masivo de personas desde otras regiones hacia Bogotá o cualquier
otra capital.

6. Prohíba todas las movilizaciones promovidas por el Gobierno o sectores oficialistas
durante los quince (15) días previos a cualquier fecha anunciada de protesta por parte de
estos sectores, hasta tanto no se defina la legalidad de su permanencia en el poder.
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Demandante: Armando David Campo Linero

7. Ordene al presidente Gustavo Petro abstenerse de hacer alusión pública a supuestos
intentos de golpe de Estado, magnicidio o amenazas contra su vida sin prueba alguna
respaldada por investigación judicial en curso.

8. Ordene al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente, en cadena nacional y a
través de todos los medios institucionales, sobre: declaraciones en las que desconozca la
separación de poderes, expresiones de odio de clases, negación del delito electoral
cometido, y afirmaciones no sustentadas de amenazas contra su vida.

9. Exhorte a los medios estatales a garantizar una narrativa veraz y objetiva, evitando el
uso propagandístico del aparato estatal para defender una campaña electoral
comprometida constitucionalmente.

10. Ordene que el presidente Gustavo Petro se abstenga de emitir decretos, realizar
nombramientos, firmar contratos estatales, realizar actos administrativos o ejercer
facultades ejecutivas de impacto hasta que se defina su situación jurídica respecto del
delito electoral.

11. Que se ordene un examen toxicológico urgente de sangre, saliva y cabello, practicado
al presidente Gustavo Petro, en presencia de la senadora María Fernanda Cabal, el
senador Jonathan Pulido Hernández y el abogado Abelardo De La Espriella, garantizando
cadena de custodia y transparencia.

12. Que, en caso de confirmarse consumo activo de sustancias psicoactivas, se ordene la
suspensión inmediata del cargo y el ingreso obligatorio a un tratamiento profesional de
desintoxicación, por ser un riesgo para la institucionalidad del país.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El accionante señaló que el Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE) y la
Procuraduría General de la Nación han indicado públicamente que existen pruebas
de financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022,
así como la superación de los topes legales establecidos en el artículo 109 de la
Constitución Política.

Indicó que Nicolás Petro, hijo del presidente, confesó ante la Fiscalía General de la
Nación haber recibido y canalizado dineros ilícitos para dicha campaña, lo cual fue
ampliamente divulgado por los medios de comunicación.

Señaló que el entonces embajador, Armando Benedetti, manifestó haber conseguido
«15.000 millones» de pesos para la campaña presidencial y advirtió que si hablaba
«nos caemos todos».

Agregó que el exministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva, declaró públicamente
que el presidente Gustavo Petro consumía sustancias psicoactivas y había perdido el
control fisiológico durante actos oficiales. A estas declaraciones se suman las de
Armando Benedetti, quien también afirmó haber consumido drogas en compañía del
mandatario.

Resaltó que el presidente de la República ha presentado ausencias prolongadas,
pérdidas de ubicación sin explicación oficial y comportamientos incoherentes, sin que
se informe oportunamente a la ciudadanía sobre su paradero.

Por último, advirtió que el 13 de septiembre de 2024 presentó acción de tutela ante el
Consejo de Estado (Rad. 11001-03-15-000-2024-04919-00), la cual dijo que fue
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Demandante: Armando David Campo Linero

admitida, pero aún no ha sido resuelta por la autoridad judicial a la que correspondió,
lo que considera una vulneración a su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte accionante argumentó que las conductas descritas comprometen el
adecuado funcionamiento del Estado, en tanto afectan la toma de decisiones en
materia de seguridad, defensa, relaciones exteriores y administración de justicia.

Sostuvo que la violación de los topes de campaña, conforme lo dispone el artículo 109
de la Constitución Política, conlleva la nulidad de la elección. Sin embargo, a la fecha
no se ha declarado la pérdida del cargo, lo que a su juicio, constituye una violación al
principio de legalidad y a los derechos de participación democrática.

Agregó que el presidente continúa ejerciendo funciones ejecutivas a pesar de que su
elección estaría viciada desde el origen, lo que genera una crisis institucional que
afecta directamente los derechos ciudadanos.

Finalmente, indicó que la presente acción de tutela se fundamenta en la «violación
grave y continuada de los derechos fundamentales anteriormente señalados, derivada
de su elección viciada por el delito electoral tipificado en el artículo 109 de la
Constitución, su comportamiento errático y su posible adicción a sustancias
psicoactivas que compromete el ejercicio del cargo público más importante del país».

4. Trámite previo

El 25 de junio de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante y a las entidades demandadas. Además, se vinculó al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Procuraduría
General de la Nación como terceros con interés en el proceso.

5. Oposiciones

El CNE solicitó ser desvinculado del trámite constitucional por carecer de legitimación
en la causa por pasiva, al no haber incurrido en alguna conducta que amenace o
vulnere los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Sostuvo que no es la autoridad competente respecto de los hechos cuestionados, los
cuales se relacionan principalmente con la actuación de la Presidencia de la
República.

Aclaró que, si bien el CNE tiene competencia para regular, inspeccionar y sancionar
asuntos relacionados con la financiación de campañas electorales, a la fecha no se
ha impuesto sanción alguna en contra de la campaña presidencial del actual
presidente.

Expuso que las funciones del CNE están delimitadas por el artículo 265 de la
Constitución Política y las leyes estatutarias electorales, y no incluyen la revisión o
control de las decisiones administrativas adoptadas por el Ejecutivo.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que, en consecuencia,
se desvincule del trámite constitucional, por cuanto no ha incurrido en actuación u
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Demandante: Armando David Campo Linero

omisión que configure una vulneración o amenaza a los derechos fundamentales
invocados.

Finalmente, resaltó que no existe algún acto concreto atribuible a la Comisión que
pueda ser considerado como lesivo de los derechos fundamentales del accionante.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia pidió la desvinculación de dicha
entidad del trámite de tutela, porque no tiene injerencia alguna frente al asunto
expuesto por el actor.

La Presidencia de la República pidió que se declare improcedente tutela porque el
accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad, porque no adelantó ninguna
gestión previa ante la Presidencia de la República para que esta subsanara las causas
de la presunta violación de los derechos invocados.

Al respecto, expresó que el accionante no ejerció petición para solicitar un
pronunciamiento o retractación pública, a pesar de que el Consejo de Estado lo ha
señalado como vía idónea en casos similares. Además, resaltó que el Grupo de
Correspondencia de la Presidencia certificó que no se encontró alguna comunicación
del accionante sobre los temas mencionados en la tutela.

Advirtió que el accionante carece de legitimación en la causa por activa porque las
pretensiones no buscan la protección directa de un derecho fundamental propio, sino
que expresan un desacuerdo general con actuaciones y omisiones de diversas
autoridades relacionadas con la campaña presidencial, sin demostrar una afectación
concreta, personal e inmediata a sus derechos fundamentales.

Aunado a lo anterior, anotó que la acción de tutela no puede ser empleada para definir
situaciones en abstracto o buscar la protección general en nombre de «todos los
ciudadanos», sin acreditar un daño concreto, personal e individualizado.

Asimismo, manifestó que las afirmaciones del accionante carecen de elementos
probatorios suficientes que permitan concluir que dichas acciones u omisiones hayan
tenido una incidencia directa en sus derechos fundamentales, máxime si se tiene en
cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que las decisiones
de tutela tienen efectos inter-partes y solo excepcionalmente inter communis, facultad
reservada a la Corte Constitucional.

Por otro lado, explicó que el presidente de la República goza de un fuero constitucional
especial, previsto en los artículos 174 y 178 de la Constitución Política, que reserva al
Congreso la investigación y juzgamiento de infracciones.

Advirtió que la solicitud de un examen toxicológico al presidente, en presencia de
opositores políticos, constituye una medida degradante e inconstitucional, violatoria
de los derechos a la dignidad humana, intimidad y debido proceso, pues ningún
procedimiento médico puede imponerse sin consentimiento informado.

Manifestó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y residual, no un
instrumento para judicializar la política o activar procesos de persecución institucional.

Indicó que gran parte de los hechos en que se apoya la acción ocurrieron entre
mediados de 2023 y comienzos de 2024, sin que el actor explique por qué presenta
esta acción en julio de 2025, lo cual desconoce el principio de inmediatez establecido
por la Corte Constitucional.
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Demandante: Armando David Campo Linero

6. Terceros con interés

La Procuraduría General de la Nación pidió la desvinculación de dicha entidad del
trámite de tutela, porque no se configuró legitimación en la causa por pasiva, en tanto
no ha desplegado acción u omisión que permita atribuirle la presunta vulneración de
derechos fundamentales.

Además, resaltó que la parte actora no cumplió con la carga mínima de probar la
existencia de una solicitud previa como presupuesto de procedencia frente a un
eventual desconocimiento del derecho de petición. En tal sentido, resaltó que no
puede exigirse respuesta de fondo si no hay constancia de solicitud radicada, lo que
también compromete el principio de subsidiariedad.

Asimismo, precisó que las pruebas allegadas al expediente son publicaciones
realizadas por medios de comunicación y no provienen de canales oficiales de la
Procuraduría.

Por último, mencionó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar
investigaciones disciplinarias o penales, y solicitó formalmente su desvinculación del
trámite constitucional, por inexistencia de vulneración atribuible a su representada.

7. Intervención adicional de la parte actora

El 8 de julio de 2025 el accionante presentó escrito «de réplica» a la respuesta de la
Presidencia de la República, en el que sostuvo que radicar una petición ante esa
dependencia resultaba ineficaz en el presente caso, porque no tiene competencia para
autocontrolarse o autocensurarse sobre los hechos denunciados, los cuales incluyen
presuntas violaciones electorales y omisiones institucionales.

Advirtió que, en casos de interés público, corrupción y vulneración democrática,
cualquier ciudadano tiene legitimación para acudir a la tutela, con base en el artículo
86 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Aclaró que sus pretensiones no buscan suplantar las funciones del Congreso, sino
solicitar que los órganos de control se pronuncien frente a la inacción estatal y se frene
la impunidad institucional.

Finalmente, solicitó desestimar los argumentos de improcedencia de la Presidencia y
dictar una sentencia de fondo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
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Demandante: Armando David Campo Linero

Cuestión previa

Antes de abordar el estudio de fondo, la Sala considera necesario pronunciarse sobre
la posible configuración de cosa juzgada constitucional o temeridad, debido a que
accionante informó que interpuso otra acción de tutela con radicado núm. 11001-03-
15-000-2024-04919-00.

Al respecto, se observa que aquella solicitud de amparo se fundamentó en las
declaraciones públicas realizadas por el presidente de la República en medios de
comunicación el 12 de septiembre de 2024, que, a juicio del accionante, vulneraban
los derechos a la paz, la seguridad personal, la integridad física y el derecho a una
información veraz y objetiva.

Además, las pretensiones allí formuladas se enfocaron en solicitar la rectificación de
dichas afirmaciones, el llamado a la ciudadanía para respetar la institucionalidad, y la
abstención de emitir pronunciamientos que incitaran a la violencia o al desorden
social.

Además, consta en el expediente que esa solicitud de amparo fue decidida mediante
sentencia del 19 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado, que decidió declarar la falta de legitimación en la causa por
activa.

En contraste, la acción de tutela objeto de estudio tiene un fundamento fáctico y
jurídico distinto, pues está orientada a cuestionar la omisión de diversas autoridades
en pronunciarse de fondo frente a la presunta nulidad de la elección presidencial por
violación del artículo 109 de la Constitución, así como a solicitar medidas concretas
de suspensión del cargo y limitación de funciones del jefe de Estado, mientras se
define su situación jurídica. Además, expone señalamientos sobre su presunto
consumo de sustancias psicoactivas y solicitudes de orden médico y restrictivo de
derechos políticos.

Por tanto, se concluye que no se configura la temeridad o cosa juzgada constitucional,
porque no se advierte identidad de hechos, fundamentos ni pretensiones entre ambas
acciones.

Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si existió vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la participación política, o si, por el contrario, las
pretensiones corresponden a la defensa de un interés general y abstracto, ajeno al
ámbito de protección del amparo constitucional.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción, toda vez que el escrito
de tutela no argumenta la afectación de un derecho fundamental subjetivo que habilite
un pronunciamiento de fondo.

Al efecto, la Sala se referirá a: (i) la legitimación en la causa por pasiva alegada por
las autoridades demandadas y; (ii) al caso concreto.

(i) De la falta de legitimación en la causa por pasiva

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03860-00
Demandante: Armando David Campo Linero

El Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara
de Representantes, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría
General de la Nación solicitaron su desvinculación del trámite constitucional de la
referencia.

En síntesis, fundamentaron su petición en que carecen de legitimación en la causa
por pasiva, porque no han incurrido en alguna acción u omisión que vulnere los
derechos del accionante y que los hechos de la demanda son ajenos a sus
competencias constitucionales.

Para empezar, se encuentra que el accionante atribuye una presunta omisión en el
ejercicio de sus funciones al CNE y la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes.

En ese contexto, dado que el núcleo de la acción constitucional se dirige a cuestionar
la supuesta inacción de estas dos autoridades en el marco de sus competencias para
la investigación electoral y el fuero presidencial, les asiste legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto son las autoridades señaladas por la Constitución para adelantar
las actuaciones que el actor echa de menos.

Por lo tanto, no se accederá a la solicitud de desvinculación de estas entidades.

Por otro lado, en cuanto a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la
Procuraduría General de la Nación, la Sala encuentra que no tienen injerencia en los
hechos que motivan la tutela. En consecuencia, se accederá a su solicitud de
desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

(ii) Caso concreto

En el asunto bajo examen, el accionante, en nombre propio, invoca la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política, los cuales
considera vulnerados por la omisión de diversas autoridades estatales en resolver la
situación jurídica del presidente de la república, ante presuntas irregularidades en la
financiación de su campaña electoral y otras conductas que, a su juicio, comprometen
la institucionalidad del país.

Sin embargo, no se acredita la afectación de derechos fundamentales subjetivos del
accionante, pues demuestra de qué manera la supuesta inacción de las autoridades
demandadas le ha ocasionado un perjuicio cierto, personal y directo sobre sus
derechos fundamentales.

Al efecto, se recuerda que el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que «toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, (…)».

En efecto, el accionante no logra acreditar un daño particular y diferenciado, pues sus
argumentos se fundamentan en lo que denomina una crisis institucional y en la
defensa de la Constitución, intereses que son de naturaleza pública y abstracta. Sin
embargo, la acción de tutela, por su naturaleza, no es el instrumento idóneo para
definir situaciones jurídicas en abstracto.

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Además, el actor no explica de qué manera se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso o a la participación política, más allá del interés que le asiste como a
cualquier otro ciudadano en el correcto funcionamiento del Estado.

Aunado a lo anterior, la acción de tutela no es procedente para ordenar la práctica de
un examen toxicológico al presidente de la República, pues no existe fundamento legal
o constitucional que faculte al juez de tutela para compeler a un ciudadano a
someterse a un examen médico forzoso en contra de su voluntad. Adicionalmente,
una orden de dicha naturaleza resultaría manifiestamente contraria a la Constitución,
al desconocer garantías fundamentales e irrenunciables como la dignidad humana y
la intimidad personal.

En consecuencia, al no acreditarse un interés directo y particular en el asunto, la Sala
concluye que no se evidencia la vulneración de derechos y garantías de carácter
fundamental al accionante.

Asimismo, las pretensiones encaminadas a que se prohíba al presidente ejercer sus
funciones constitucionales (expedir decretos, celebrar contratos, salir del país)
equivalen a solicitar una suspensión de hecho del cargo por vía judicial, lo cual es
aspecto que eventualmente se encuentra en cabeza del Congreso de la República,
conforme con los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política, que, establece
un fuero constitucional especial para el presidente de la república.

De manera que no es posible ejercer la acción de tutela para desconocer las vías
constitucionales diseñadas para el control de los actos de los altos funcionarios del
Estado.

Igual circunstancia ocurre en lo relacionado con la presunta violación de los topes de
financiación de la campaña presidencial, pues, el artículo 265 de la Constitución y la
Ley 130 de 1994 otorgan al Consejo Nacional Electoral (CNE) la competencia para
regular, inspeccionar, vigilar y controlar la actividad electoral de los partidos y
movimientos políticos, de modo que no es un asunto que deba ser tramitado a
instancias de la acción de tutela a solicitud del aquí accionante, sin acreditar el interés
legítimo que le asiste.

La acción de tutela no está prevista para realizar solicitudes abiertamente
improcedentes, sino que, se trata de un valioso instrumento previsto para la protección
de derechos y garantías de contenido fundamental, cuando los afectados no cuentan
con otros medios de defensa o herramientas jurídicas para la defensa de sus
derechos.

En síntesis, en el presente caso, en la solicitud de amparo no se acredita la afectación
de derechos fundamentales subjetivos del accionante, lo cual impide hacer
pronunciamiento de fondo en el caso objeto de estudio, por lo que, se declarará
improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Armando David Campo Linero.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la presente acción de tutela.
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Demandante: Armando David Campo Linero

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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