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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03865-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03865-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Secretaría de Infraestructura del departamento del Valle del Cauca, la empresa Aquaoccidente SA ESP y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03865-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

24 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03865-00
Demandante: Danilo Domínguez Saavedra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03865-00
Demandante: DANILO DOMÍNGUEZ SAAVEDRA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Derecho fundamental de petición. Falta de legitimación en la causa
por activa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Danilo Domínguez Saavedra contra la
Presidencia de la República, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Palmira
y la empresa Aquaoccidente SA ESP.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 18 de junio de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Danilo Domínguez Saavedra pidió la protección de sus derechos fundamentales de
petición, a la salud, a la vida digna y al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la falta de respuesta
de fondo a la petición, del 26 de mayo de 2025, radicada por los habitantes del callejón
La Unión, ubicado en el corregimiento el Rozo, municipio de Palmira, departamento del
Valle del Cauca, relacionada con que se ordenara el mantenimiento del pozo séptico, la
creación del alcantarillado y la pavimentación del mencionado callejón.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1) Que ordenen a quien correspondan al mantenimiento y arreglo de la vía del callejón la unión, en la
extensión de 500 metros aproximadas del sector cementerio al tramo que limita con la variante rozo-

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Demandante: Danilo Domínguez Saavedra

cerrito y el segundo tramo es una extensión aproximada de 1.000 metros que comprende sector
parador de rozo a el vivero o sector tres esquinas o callejón dimas, ya que el callejón la unión por
la construcción de la carretera rozo- cerito fue dividido en dos tramos

2) Ordenar a las entidades accionadas en hacer los estudios predios para la construcción del
alcantarillado y si es posible contar el lote para apelar de dicho sector.

3) La pavimentación del callejón la unión en su totalidad en ambos tramos.

4) La fumigación periódica para los bichos y no se genere enfermedades especialmente como el
dengue hemorrágico.

5) El mantenimiento cada 3 meses de los pozos sépticos que están en el sector. (sic)

3. Hechos

Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Manifestó el señor Danilo Domínguez Saavedra, que es residente del callejón La Unión,
ubicado en el corregimiento el Rozo, municipio de Palmira, departamento del Valle del
Cauca. Que ese callejón se encuentra destapado y en mal estado, debido a que no tiene
servicio de alcantarillado y que las aguas residuales y pluviales son drenadas a través de
un pozo séptico.

Que durante varios años la comunidad ha solicitado a la administración municipal que les
instalen el servicio de alcantarillado.

Que el 26 de mayo de 2025, los habitantes del callejón La Unión pidieron al alcalde del
municipio de Palmira, a la gobernadora del departamento del Valle del Cauca y al
presidente de la República que ordenaran: i) una inspección para que se determinaran
las afectaciones que padecía, ii) el mantenimiento del callejón, iii) estudios previos para
la construcción del alcantarillado y iv) la pavimentación de la carretera.

Que, sin embargo, solo la Gobernación del Valle del Cauca atendió su solicitud y le
informó que la remitiría a la alcaldía del municipio de Palmira.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora alegó que las entidades demandadas vulneran sus derechos
fundamentales de petición, a la salud, a la vida digna y al debido proceso al no dar
respuesta de fondo a su solicitud y no atender las reclamaciones de los habitantes del
callejón La Unión, relacionadas con el mantenimiento del pozo séptico, la creación del
alcantarillado y la pavimentación de la vía.

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Demandante: Danilo Domínguez Saavedra

5. Trámite procesal

El 18 de junio de 2025, la presente acción de tutela fue asignada por reparto al Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Palmira, quien ese mismo día la remitió a esta
Corporación.

El 26 de junio de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras
cosas, ordenó notificar en calidad de demandados al presidente de la República, a la
gobernadora del Valle del Cauca, al alcalde del municipio de Palmira y al representante
legal de la empresa aquaoccidente SA ESP.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 2 de julio de
2025.

6. Intervenciones

La Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda de la alcaldía del
municipio de Palmira pidió que se declarara improcedente la acción de tutela o que se
denegaran las pretensiones de la parte actora.

Dijo que había dado respuesta a la petición radicada por los habitantes del callejón La
Unión e informó que, fue reportado, registro e incluido en la lista de priorizaciones de
intervención de infraestructura el requerimiento de mantenimiento y pavimentación del
mencionado callejón.

Que ese listado se construía conforme a criterios técnicos, sociales y de disponibilidad
presupuestal, que, por lo anterior, había programado visitas técnicas, para definir las
acciones a seguir.

Que había solicitado a la empresa Vallecaucana de Aguas SA ESP que incluyera el
callejón La unión en los diseños del plan maestro de alcantarillado. Que se había
realizado una visita técnica al sector con el fin de efectuar el levantamiento de un informe
de campo y verificar las condiciones del terrero.

Que se encontraba en proceso de elaboración del informe técnico correspondiente, así
como de los diseños de ingeniería necesarios para la ejecución de las obras de
pavimentación e implementación del sistema de alcantarillado.

La Secretaría de Infraestructura del departamento del Valle del Cauca solicitó su
desvinculación, al estimar que carecía de legitimación en la causa por pasiva, debido a
que, según dijo, había dado respuesta a la petición objeto de tutela.

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Demandante: Danilo Domínguez Saavedra

Manifestó que, de acuerdo con el Decreto 122-1599 del 19 de septiembre de 2024, <<por
el cual se ajusta la estructura de la administración central del departamento del Valle del Cauca
y se definen las funciones de sus dependencias>>, no era competente para conocer sobre el
asunto, por lo que remitió la petición de los residentes del callejón La Unión a las
entidades competentes.

La empresa Aquaoccidente SA ESP pidió su desvinculación y que se declarara
improcedente la acción de tutela. Señaló que no tenía legitimación en la causa por pasiva
porque no es la entidad prestadora del servicio de alcantarillado en el corregimiento de
Rozo y porque las pretensiones del actor estaban relacionadas con la construcción y
mantenimiento del sistema de alcantarillado, servicio que, según dijo, no presta en esa
zona.

Que no vulneró el derecho de petición de los residentes del callejón La Unión, debido a
que trasladó de forma oportuna la petición que le fue remitida por la gobernación del Valle
del Cauca.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó su
desvinculación, que se declarara improcedente la acción de tutela y que se denegaran
las pretensiones de la parte actora.

Adujo que el mantenimiento y prestación del servicio público de alcantarillado y de
saneamiento básico era competencia de los entes territoriales, de acuerdo con el artículo
1 de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994. Que, en consecuencia, las
pretensiones del actor debían ser atendidas por la alcaldía municipal de Palmira, por lo
que, a su juicio, carecía de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no tiene
competencias para intervenir en el asunto y, que, en todo caso, no había vulnerado los
derechos fundamentales reclamados por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

1. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional1 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción

1 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Demandante: Danilo Domínguez Saavedra

de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la falta de respuesta de fondo a una
petición que fue radicada ante la Presidencia de la República, la Gobernación del Valle
del Cauca y la Alcaldía de Palmira, relacionada con la implementación del alcantarillado
y la pavimentación del callejón La Unión ubicado en el corregimiento el Rozo, municipio
de Palmira, departamento del Valle del Cauca.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura del departamento del Valle del Cauca, la
empresa Aquaoccidente SA ESP y el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República pidieron su desvinculación, al estimar que carecía de legitimación en la
causa por pasiva. No obstante, la Sala advierte que esas entidades tienen interés directo
en la resolución de la presente acción constitucional y pueden, eventualmente, estar
llamadas a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la
parte actora, puesto que, conocieron la petición objeto de tutela.

En consecuencia, no se accederá a su solicitud de desvinculación.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Danilo Domínguez Saavedra para proteger sus derechos fundamentales de petición, a la
salud, a la vida digna y al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Presidencia
de la República, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Palmira y la empresa
Aquaoccidente SA ESP con ocasión de la falta de respuesta de fondo a la petición
radicada el 26 de mayo de 2025 por los habitantes del callejón La Unión, ubicado en el
corregimiento el Rozo, municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca,
relacionada con que se ordenara el mantenimiento del pozo séptico, la creación del
alcantarillado y la pavimentación del mencionado callejón.

La Sala anticipa que declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto el señor
Danilo Domínguez Saavedra carece de legitimación en la causa por activa, debido a que
no hizo parte del grupo de habitantes del callejón La Unión, que presentaron la petición
objeto de tutela.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) la legitimación en la causa por activa y, finalmente, (iii) analizará
el caso concreto.

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3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

4. La legitimación en la causa por activa

Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela «podrá ser ejercida
por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante». Al respecto, en sentencias T-
511 de 2017 y T-005 de 20222, la Corte Constitucional señaló que la legitimación en la
causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Por consiguiente,
de no satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente el amparo
solicitado.

La legitimación en la causa por activa en materia de tutela se refiere a exigir que quien
actúa sea el titular de los derechos invocados como supuestamente vulnerados. En
sentencia T-105 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «quien demanda tiene
legitimidad en la causa por activa cuando es titular de los derechos fundamentales
vulnerados o está en capacidad de actuar en representación de otras personas a quienes
les es imposible defender sus derechos directamente».

A partir de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991,
también puede establecerse que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por
el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su nombre.
Sobre esta última posibilidad, la Corte Constitucional ha determinado que quien actúa en
nombre de otro puede hacerlo como: «(i) representante legal del titular de los derechos, (ii)
apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o personero municipal»3.

2 También pueden consultarse las sentencias T-001 de 1997, T-531 de 2002, T-024 de 2019, entre otras.
3 Sentencia T-292 de 2021.

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5. Análisis del caso concreto

Previo a resolver, la Sala empezará por referirse a las pruebas aportadas al expediente:

Obra una petición dirigida al señor Víctor Ramos Vergara, alcalde del municipio de
Palmira, la señora Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento del Valle del
Cauca y al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la república de
Colombia, que en su encabezado tiene fecha del 10 de mayo de 2025 y como referencia
se dijo lo siguiente: <<mantenimiento, alcantarillado y pavimentación del callejón de la unión
del corregimiento de rozo Palmira – valle del cauca>>, firmada por 271 personas, que dicen
ser residentes del callejón La Unión, ubicado en el corregimiento el Rozo, municipio de
Palmira, Valle del Cauca, entre los que no se encuentra el señor Danilo Domínguez
Saavedra, y que pidieron:

1) Realizar la inspección ocular al callejón la unión del corregimiento de rozo bien sea el municipio, el
departamento o la nación y se constante la problemática del sector.

2) Que una vez se realice la inspección ocular, hacer el mantenimiento del callejón total denominado
la unión y hacer los estudios predios para el alcantarillado y pavimentación del mismo en su
totalidad.

3) La constitución política de 1991 nos habla de los derechos fundamentales del ser humano, de la
familia y por ende nosotros los habitantes del callejón la unión vemos vulnerados nuestros derechos
a la vida digna a la salud a la educación porque estamos en pleno 2025 abandonados por el
gobierno local departamental y nacional.

4) Por lo anteriormente expuestos nosotros los habitantes del callejón la unión con nuestras firmas,
teléfonos número de cédula y dirección solicitamos a usted que se nos dé una solución pronta a
nuestra petición y calidad de vida de lo contrario iniciaremos lo esencial ante los jueces competentes
y así defender nuestros derechos constitucionales. (sic)

También obran en el expediente las dos constancias de radicación del 26 de mayo de
2025, ante la Presidencia de la República y la Alcaldía Municipal de Palmira, de la
mencionada petición.

El oficio 1.360.23.10 SADE 2025204446 del 5 de junio de 2025, expedido por la
gobernación del departamento del Valle del Cauca y dirigido a los habitantes del callejón
la Unión, en el que se puede leer:

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, en la cual solicitan lo siguiente:
*1. Realizar la inspección ocular al callejón, la unión del corregimiento de Rozo, bien sea el municipio,
el departamento o la nación y se constate la problemática del sector.
2. Que una vez se realice la inspección ocular, hacer el mantenimiento del callejón total denominado la
unión y hacer los estudios previos para el alcantarillado y la pavimentación del mismo en su totalidad.*
Frente a lo anterior, se le informa que su petición fue trasladada al municipio de Palmira y a
Aquaoccidente S.A. E.S.P., para que desde su competencia resuelvan de fondo su petición.

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Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado por
el artículo 1 de la ley 1755 de 2015 y el artículo 5 de la Ley 2080 de 2021.
Respecto a su solicitud referente al tramo que empieza al frente del parador de Rozo y termina en el
denominado vivero de tres esquinas carretera Rozo - Cerrito en una extensión de aproximadamente
1.000 metros, se solicitó la información pertinente ante la Subsecretaría de Infraestructura del
Transporte - Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca, para que otorguen
una respuesta, dentro de los términos de su competencia.

Adicionalmente, se allegaron los oficios de remisión mencionados en el documento que
fue trascrito en el párrafo anterior.

Obra oficio de la empresa Aquaoccidente S.A. E.S.P. en el que informa a la Gobernación
del departamento del Valle del Cauca que no tenía competencias para atender asuntos
relacionados con el sistema de alcantarillado del callejón la Unión, por lo que remitiría la
petición a la Asociación de Usuarios de Acueducto y/o Alcantarillado y/o Aseo de Rozo
ESP.

De lo anterior, la Sala extrae que la petición objeto de tutela no fue presentada por el
señor Danilo Domínguez Saavedra, debido a que en la misma no se advierte su firma ni
datos personales.

La Corte Constitucional, en sentencia T-817 del 3 de octubre de 2002, precisó:

Frente al caso del derecho fundamental de petición, el único legitimado para perseguir su protección
judicial en caso de vulneración (ausencia de respuesta, respuesta inoportuna, respuesta incompleta,
respuesta evasiva, etc.), será aquel que en su oportunidad haya presentado el escrito de petición. De
tal forma que la titularidad o el derecho subjetivo de petición nace a la vida jurídica al momento en que
la persona por su cuenta o a su nombre presenta petición ante la autoridad o el particular; ya en el
evento de insatisfacción o de presunta vulneración del derecho, solamente el signatario estará
legitimado para promover, tanto los trámites administrativos (recursos, silencios administrativos), como
las diversas acciones judiciales (nulidad y restablecimiento, tutela), según el caso.

Siendo así, la Sala encuentra que el actor carece de legitimación en la causa por activa,
puesto que no hizo parte del grupo de habitantes del callejón La unión, que presentaron
la petición objeto de tutela.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la
solicitud de amparo, porque no superó el requisito general de legitimación en la causa
por activa.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

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Demandante: Danilo Domínguez Saavedra

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Secretaría de Infraestructura
del departamento del Valle del Cauca, la empresa Aquaoccidente SA ESP y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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