Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03869-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03869-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03869-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
4 de septiembre de 2025
Demandantes: Yadira Mancera Joya y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03869-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03869-01
Demandantes: YADIRA MANCERA JOYA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO
Temas: Tutela de fondo. Derecho fundamental de petición
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 17 de julio de 2025, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado en relación con la pretensión de ordenar al Juzgado Treinta y Seis
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá remitir la solicitud de
nulidad y, negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y de
petición y, declaró improcedente el mecanismo constitucional respecto al
derecho fundamental a la igualdad por subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Los señores Yadira Mancera Joya, Óscar Andrés Ortega Mancera, Cristian
Romario Ortega Mancera y María Juliana Ortega Mancera, mediante
apoderada judicial, presentaron acción de tutela contra el Juzgado Treinta y
Seis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con la
finalidad de que se ampare su derecho fundamental de petición.
La parte actora consideró vulnerada la mencionada garantía constitucional
porque el mencionado juzgado no remitió de manera inmediata al superior
las peticiones que radicaron los días «22, 24 y 31 de enero, 26 de febrero, 7
de marzo y 2 de abril del año 2025, junto con las demás piezas procesales
necesarias para el estudio y resolución de la nulidad solicitada» y porque el
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Demandantes: Yadira Mancera Joya y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y otro
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tribunal demandado tampoco se ha pronunciado de fondo sobre dichas
solicitudes.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
2.1 Que se declare la vulneración del Derecho de Petición, disponiendo el
Amparo Tutelar efectivo de este derecho fundamental, a los señores YADIRA
MANCERA JOYA, ÓSCAR ANDRÉS ORTEGA MANCERA, CRISTIAN
ROMARIO ORTEGA MANCERA y MARÍA JULIANA ORTEGA MANCERA.
2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ remitir de manera inmediata al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C, Magistrado FERNANDO IREGUI CAMELO, los Derechos
de Petición radicados por esta parte los días 22, 24 y 31 de Enero, 26 de
Febrero, 7 de Marzo y 2 de Abril del año 2025, junto con las demás piezas
procesales necesarias para el estudio y resolución de la Nulidad solicitada .
2.3 Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, bajo la ponencia del Magistrado
FERNANDO IREGUI CAMELO, pronunciarse de fondo sobre la reiterada
solicitud peticionada, presentada por la suscrita abogada, ello, en un plazo
perentorio y razonable, garantizando el Derecho fundamental de Petición.
1.3. Hechos
La parte actora sostuvo que presentó demanda de reparación directa en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional para
que se declarara la responsabilidad administrativa y extracontractual de esas
entidades por los daños padecidos como consecuencia de la muerte del
señor Óscar Alberto Ortega Ariza. Este proceso se identificó con el radicado
11001-33-36-036-2024-00137-00/01.
Mencionó que el conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado
Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, el cual
mediante auto del 9 de julio de 2024 inadmitió la demanda1 y, en providencia
del 26 de agosto de la misma anualidad, la rechazó pues no subsanó el
yerro advertido con la providencia anterior, en cuanto al envío de la copia de
la demanda, subsanación y anexos a la entidad demandada.
Indicó que presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión, el
cual resolvió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
1
Esto, para que se determinaran las partes, hechos y omisiones que fundamentan las
pretensiones debidamente clasificados y numerados para cada uno de los demandados y
para que remitiera copia de la demanda, subsanación y de sus anexos, al correo de
notificaciones judiciales de estas.
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Subsección C con auto del 4 de diciembre de 2024, en el que confirmó el
rechazo de la demanda.
Señaló que formuló una solicitud de nulidad en contra de este último auto
por las «graves irregularidades constitucionales y legales, que afectaron de
manera directa garantías fundamentales como el debido proceso, derecho a
la igualdad, derecho a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
y el acceso efectivo y real a la administración de justicia».
Refirió que el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá no le remitió al tribunal la solicitud de nulidad en mención, lo cual
contraviene el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que su derecho fundamental de petición se vulneró
porque el juzgado demandado no remitió la solicitud de nulidad que presentó
en el trámite del proceso ordinario objeto de demanda y, porque el tribunal
acusado, por su parte, guardó silencio frente a los requerimientos que le
fueron dirigidos de manera directa en el medio de control identificado con el
radicado 11001-33-36-036-2024-00137-00/01.
Afirmó que también se le transgredió el derecho a la igualdad porque los
procesos 11001-33-36-036-2024-00135-00 y 11001-33-36-036-2024-00137-
00 (el que es objeto de demanda), los cuales conoció el juzgado
demandado, tienen la misma situación fáctica y jurídica, pero en ellos se
profirieron decisiones contrarias.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 20 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A admitió la demanda de tutela y, por consiguiente,
ordenó la notificación de las autoridades judiciales demandadas.
1.6. Contestaciones
Surtidas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
El magistrado ponente de la providencia acusada manifestó que el derecho
de petición no es el mecanismo idóneo para solicitar el impulso de un
proceso y mucho menos para promover una nulidad de lo actuado.
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Agregó que no tuvo conocimiento de los escritos de nulidad que aluden los
accionantes, ya que fueron radicados directamente ante el Juzgado Treinta y
Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; de ahí que, el juzgado
mediante auto del 1º de julio de 2025 ordenó la remisión del expediente con
la solicitud, el cual fue allegado el 3 del mismo mes y año, por lo que
«procederá el Despacho (sic) que dirijo a imprimir el trámite procesal
pertinente».
En relación con el derecho a la igualdad por las decisiones contrarias en los
procesos 11001-33-36-036-2024-00135-00 y 11001-33-36-036-2024-00137-
00, sostuvo que la situación de los casos no es la misma, ya que en el
proceso 2024-00135 se aportaron los elementos probatorios que
demostraron la subsanación de la demanda, mas no en el 2024-00137-00.
1.6.2. Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Expuso que desde la radicación de las solicitudes a la fecha han transcurrido
3 meses, término que si bien no es el ideal se encuentra dentro del promedio
en que se resuelven las solicitudes en los procesos ordinarios.
Además, indicó que el proceso ya fue remitido al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C para que se pronuncie sobre
la solicitud realizada, por lo que se encuentra superada la eventual violación
de derechos.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 17 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado en relación con la pretensión de ordenar al Juzgado Treinta y Seis
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá remitir la solicitud de
nulidad. A su vez, negó el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, de «acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva (sic)» y de petición y declaró la improcedencia ante la falta de
cumplimiento del requisito de la subsidiariedad respecto del derecho
fundamental a la igualdad.
Advirtió que el juzgado en mención, a través del auto del 1º de julio de 2025,
ordenó remitir al tribunal la solicitud referenciada y el 3 de igual mes y año
allegó la documental a este último, según registro en SAMAI.
Aclaró que no se configuraba una vulneración del derecho fundamental de
petición puesto que se trataba de una solicitud presentada al interior del
proceso ordinario, lo cual no se rige por los términos de la mencionada
garantía constitucional, sino que se encuentra sujeta a las etapas procesales
del caso.
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Refirió que también resultaba improcedente la acción de tutela para estudiar
la presunta violación del derecho a la igualdad que alude el actor por trato
desigual en los procesos 11001-33-36-036-2024-00137-00 y 11001-33-36-
036-2024-00135-00, ya que una vez revisados los anexos de la tutela se
advertía que este era uno de los argumentos esgrimidos por los tutelantes
en la solicitud de nulidad y correspondía al tribunal pronunciarse al respecto.
Por lo anterior, estimó que no se cumplía tampoco el requisito de
subsidiariedad.
1.8. Impugnación
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia mediante memorial
radicado el 29 de julio de 2025. Dicha providencia se notificó el 24 del mismo
mes y año.
Indicó que el a quo hizo una indebida extensión del objeto del amparo
solicitado porque no solicitó el amparo de ningún otro derecho fundamental,
ni se estructuró un cargo que permitiera inferir la vulneración de alguna
garantía distinta de esta.
Mencionó que resulta jurídicamente improcedente que, en la parte resolutiva
de la sentencia recurrida, se niegue el amparo de derechos fundamentales
no invocados como la igualdad, el debido proceso, la tutela judicial efectiva o
el acceso a la administración de justicia.
Expuso que esta decisión excede los límites del principio de congruencia
que rige las decisiones judiciales, vulnerando así el derecho de defensa y
contradicción de esta parte, quien no tuvo oportunidad de pronunciarse
sobre tales aspectos por no haberlos invocado.
Añadió que el ad quem debe corregir y adecuar el contenido del fallo a los
términos en que fue planteada la acción de tutela, limitando su decisión a
resolver exclusivamente sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición, sin extender sus efectos a otros derechos que no
fueron objeto de la solicitud de amparo.
Manifestó que esta precisión resulta indispensable para evitar
interpretaciones erradas o futuros obstáculos procesales, en especial frente
a la eventual interposición de nuevas acciones judiciales relacionadas con
otros derechos fundamentales que no fueron debatidos en esta tutela.
Indicó que impugnaba este punto con el propósito de que el juez de segunda
instancia clarifique y deje expresa constancia de que el único derecho
fundamental cuya protección fue solicitada por esta parte es el derecho de
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petición, sin que se haya invocado el amparo de ningún otro derecho
fundamental.
Agregó que, otro motivo de inconformidad respecto del fallo impugnado
consistía en la inexistencia de respuesta de fondo, clara y definitiva pues, a
la fecha, no se ha materializado una respuesta de fondo, clara ni definitiva
por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a la solicitud de
nulidad planteada mediante varias peticiones, que fueron reiteradas en
diversas oportunidades.
Expuso que el juez de primera instancia no valoró adecuadamente que el
derecho fundamental de petición, por lo que, se mantiene vulnerado
mientras no exista una respuesta congruente con lo solicitado. Esto, pues a
la fecha, dicha respuesta no ha sido emitida, motivo por el cual no puede
considerarse que la vulneración haya cesado, ni que el hecho se encuentre
superado, como erróneamente lo concluyó el a quo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas
contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el
Decreto 2591 de 19912, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de
2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por las partes impugnantes.
Por tanto, se analizará si el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C vulneraron el derecho fundamental de
petición de la parte actora pues el primero no remitió la solicitud de nulidad
que presentó en el trámite del proceso de reparación directa identificado con
el radicado 11001-33-36-036-2024-00137-00/01, objeto de demanda y,
porque el segundo, por su parte, guardó silencio frente a los requerimientos
que le fueron dirigidos de manera directa para que resolviera dicha petición.
2.3. Caso concreto
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
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Los señores Yadira Mancera Joya, Óscar Andrés Ortega Mancera, Cristian
Romario Ortega Mancera y María Juliana Ortega Mancera, mediante
apoderado, presentaron acción de tutela contra el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con la
finalidad de que se ampare su derecho fundamental de petición.
La parte actora consideró vulnerada la mencionada garantía constitucional
porque el juzgado en mención no había remitido de manera inmediata al
superior las peticiones que radicaron los accionantes los días «22, 24 y 31
de enero, 26 de febrero, 7 de marzo y 2 de abril del año 2025, junto con las
demás piezas procesales necesarias para el estudio y resolución de la
nulidad solicitada» y porque el tribunal tampoco se ha pronunciado de fondo
sobre dichas solicitudes.
El a quo declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en relación
con la pretensión de ordenar al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá remitir la solicitud de nulidad y, a su vez, negó
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de «acceso a
la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva (sic)» y de petición, y
declaró la improcedencia de la acción constitucional frente al derecho a la
igualdad.
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia al considerar que el
a quo hizo una indebida extensión del objeto del amparo solicitado porque
no solicitó el amparo de ningún otro derecho fundamental distinto al de
petición.
También cuestionó el fallo de primera instancia ante la inexistencia de
respuesta de fondo, clara y definitiva por parte del tribunal demandado en
tanto que no ha decidido la solicitud de nulidad que formuló y que ha
reiterado en diversas oportunidades.
Para resolver, se considera:
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
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improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).
Por otro lado, el artículo 23 de la Constitución Política, así: «Toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.»
La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada3.
Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo
solicitado, e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al
peticionario.
A su vez, la citada corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo4.
De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, al pedir información acerca de un
documento que ha desaparecido.
Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en
lo que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.
Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 20005 como parámetros para su protección
los siguientes:
i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad
de los mecanismos de la democracia participativa;
ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la
3
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001,
entre otras.
4
Sentencia T – 1075 de 2003.
5
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.
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cuestión;
iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa
y congruente con lo pedido;
iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe
ser lo más corto posible;
v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita;
vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;
vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa6 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa
garantía fundamental;
viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;
ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera
del deber de responder;
x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su
respuesta al interesado.
Adicionalmente, debe indicarse que la Corte Constitucional ha considerado
que la existencia de otros mecanismos para la obtención de información
pedida en el derecho de petición no es óbice para contestarlo7.
De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de
un documento que ha desaparecido.
En atención a lo señalado por la parte actora en su impugnación en relación
con que solo invocó la protección del derecho fundamental de petición y que
a la fecha no ha recibido «respuesta de fondo, clara y definitiva» de la
nulidad que formuló en el proceso ordinario 11001-33-36-036-2024-00137-
00/01, el siguiente análisis se establecerá a partir de lo siguiente:
6
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
7
Sentencia T – 1075 de 2003.
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La parte actora presentó una petición para que el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá remitiera al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C las
peticiones que presentó los días «22, 24 y 31 de enero, 26 de febrero, 7 de
marzo y 2 de abril del año 2025, junto con las demás piezas procesales
necesarias para el estudio y resolución de la nulidad solicitada».
De las pruebas que obran en el expediente, se observa que el 22 de enero
de 2025, la apoderada de los accionantes en el proceso de reparación
directa envió al correo «scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co»
solicitud de nulidad en contra del auto del 4 de diciembre de 2024, por medio
del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C confirmó el rechazo de la demanda.
Además, el 30 de enero de 2025 envió petición al mismo correo, la cual
denominó «solicitud de nulidad del auto del 4 de Diciembre (sic) de 2024,
dentro del proceso radicado No. 2024-00137-00». Ese mismo día la
secretaría del Tribunal le contestó a la apoderada que el proceso había sido
devuelto para el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá el 20 de igual mes y año, por lo que se debía dirigir a ese
despacho.
A su vez, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bogotá acusó recibido de los memoriales de las fechas 24 y 31 de enero,
26 de febrero, 7 de marzo y 2 de abril de 2025. Y con auto del 5 de mayo del
año en curso el juzgado emitió auto de obedecer y cumplir providencia del 4
de diciembre de 2024.
Adicionalmente, se observó que el Juzgado, a través del auto del 1º de julio
de 2025, ordenó remitir al tribunal la solicitud referenciada y el 3 de igual
mes y año llegó dicha información a dicha corporación, según registro del
aplicativo SAMAI.
De igual manera, de conformidad con el registro del mencionado sistema, se
encuentra que el proceso 11001-33-36-036-2024-00137-00/01 cuenta con
las siguientes anotaciones:
1) El 10 de julio de 2025 se registró la fijación en lista de la solicitud de
nulidad en mención, así:
BDS-FIJACIÓN EN LISTA EL 10 DE JULIO DE 2025 DEL ESCRITO DE
NULIDAD PRESENTADO POR EL APODERADO DE LA PARTE ACTORA
CONTRA AUTO PROFERIDO POR ESTE DESPACHO
2) El 16 de julio de esta anualidad, se anotó «recibe memoriales online a la
secretaria», en el que se indica:
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El Señor(a):CAMILA TORRES GUARGUATI a través de la ventanilla virtual,
radicó la solicitud No. 1903065 tipo: Recepción de Memoriales de fecha:
16/07/2025 16:07:10, donde solicitó: Respetuosa replicación para indicar el
humano error. . Se realiza la siguiente gestión: Solicitud de réplica apoderada
parte actora
3) El 6 de agosto de 2025 ingresó el expediente al despacho con el siguiente
registro:
BDS-INGRESA AL DESPACHO EXPEDIENTE ELECTRONICO DEVUELTO
POR EL JUZGADO 36 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ CON SOLICITUD
DE NULIDAD CONTRA AUTO PROFERIDO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2024
-- FIJACIÓN EN LISTA DE ESCRITO DE SOLICITUD DE NULIDAD EL 10 DE
JULIO DE 2025 -- APODERADA PARTE ACTORA ALLEGA SOLICITUD DE
REPLICA 16 JULIO 2025 - Cuad.:ELECTRONICO
Así las cosas, en cuanto a la procedencia de las acciones de tutela frente al
derecho fundamental de petición y el ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades judiciales y la mora judicial, debe precisarse lo siguiente:
El derecho fundamental de petición también comprende el derecho a
presentar peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia,
pero solo en lo que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.
Ello, por cuanto el ejercicio de tal garantía «…no es aplicable a las
autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que estos se rigen por
las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos
mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos
procesales.»8
En relación con dicho aspecto la Corte Constitucional ha considerado:
5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces
las sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:
a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato
judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la
ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión
del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición.
b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un
lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.
c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
8
Sentencia T-178 de 2000.
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Demandantes: Yadira Mancera Joya y otros
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Sección Tercera, Subsección C y otro
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administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y
los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la
litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”9
…10 (Subrayado fuera del texto)
Ahora bien, en relación con la mora judicial, para la Corte Constitucional11 y
para esta Sección12 no todos los incumplimientos en los términos para el
ejercicio de la administración de justicia son violatorios de los derechos
fundamentales, será así cuando se presenta mora judicial, y al analizar el
plazo se observe que este no es razonable y la demora es injustificada.
En tales términos, la mora judicial puede llegar a violar el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes
por parte de los mismos13.
Conforme a lo anterior, el incumplimiento de los términos judiciales se
encuentra justificado cuando14:
a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial;
b) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la
administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de
congestión judicial; o
c) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.
Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra
justificado cuando15:
a) se presente un incumplimiento en los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente,
b) cuando se desborda el concepto de plazo razonable que involucra el
análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado,
9
Sentencia T-334 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
10
Sentencia T-377 de 2000.
11
Sentencias T-693 A de 2011 y T-1154 de 2004.
12
Expediente 1100103150020140170701 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
13
Sentencia T - 1019 de 2010.
14
Sentencia T - 803 de 2012.
15
Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.
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la conducta de la autoridad competente y el análisis global del procedimiento,
y,
c) exista falta de motivo o justificación razonable en aquel retraso.
Así las cosas, la Sala precisa que la petición a través de la cual se formula
una nulidad en un proceso judicial implica un acto judicial que no se
encuentra regulado por los actos propios de un trámite previamente
establecido en la ley para resolver tales solicitudes.
De manera que, constituye un trámite reglado lo relativo a la nulidad
presentada por la parte actora en el expediente objeto de esta demanda
constitucional, lo que exige del tribunal demandado una respuesta, pero no
bajo las reglas del derecho de petición, sino bajo las reglas propias del juicio;
esto es, dentro de los términos previstos en el proceso judicial.
Es decir, para la Sala la autoridad judicial demandada no se encuentra en la
obligación de responder la solicitud que alega la accionante, bajo los
parámetros del derecho fundamental de petición, pues no se trata de un
asunto que pueda resolverse bajo los lineamientos propios de las
actuaciones administrativas.
En consecuencia, como no se advierte vulneración alguna de su derecho
fundamental de petición, se confirmará el fallo impugnado.
Finalmente, sobre el análisis que efectuó Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A respecto del acceso a la administración de justicia, a
la tutela judicial efectiva y a la igualdad, se observa que esto obedeció a la
adecuación del juez de tutela para dirigir el análisis del amparo de acuerdo
con lo demandado y, no se evidencian motivos de vulneración constitucional
frente a esas garantías.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 17 de julio de 2025, por la cual el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A negó el amparo del
derecho fundamental de petición de la parte accionante.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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