Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03872-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03872-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03872-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
31 de julio de 2025
Demandante: Carlos Mario Gallego Sáenz
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03872-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03872-00
Demandante: CARLOS MARIO GALLEGO SÁENZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en
la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Carlos Mario Gallego Sáenz, mediante apoderada judicial, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A y el Juzgado 52 Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que le sean protegidos sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la propiedad privada, al
mínimo vital y a la seguridad social.
Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 28
de abril de 2025, que confirmó el fallo emitido por el Juzgado 52
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá el 16 de noviembre
de 2021, que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el actor en contra de
la Nación- Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduciaria La Previsora S.A. y
Secretaría de Educación de del Distrito de Bogotá D.C., proceso identificado
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Demandante: Carlos Mario Gallego Sáenz
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03872-00
con el número 11001-33-42-052-2021-00202-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS
las sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”, en la
providencia de fecha 28 de abril de 2025 que CONFIRMO la sentencia de
primera instancia proferida por el JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 16 de noviembre de 2021, mediante
la cual, NEGO las suplicas de la demanda, dentro del proceso con radicado
No. 11001334205220210020201.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “A” a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a
reliquidar la pensión vitalicia de jubilación del docente CARLOS MARIO
GALLEGO SAENZ, incluyendo los factores salariales devengados y que
fueron COTIZADOS, entre ellos la (BONIFICACION PEDAGOGICA), a la
fecha del CUMPLIMIENTO DEL STATUS PENSIONAL, además de los ya
reconocidos mediante la resolución No 4937 del 04 de junio de 2019, acto
administrativo que reconoce la pensión vitalicia de jubilación a mi
representado»1.
1.3. Hechos
La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor Carlos Mario Gallego Sáenz se vinculó como docente al Magisterio
Oficial Colombiano desde el 15 de febrero de 1999 y una vez cumplidos los
requisitos establecidos por la Ley 91 de1989, solicitó la pensión jubilación por
aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
y mediante la Resolución N° 4937 del 04 de junio de 2019, se le reconoció y
ordenó el pago de dicha prestación, con efectividad a partir del 15 de febrero
de 2019.
Expresó que, pese a que cumplió con el estatus pensional, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, no le tuvo en
cuenta en el ingreso base de liquidación (IBL) la totalidad de los factores
salariales sobre los cuales su empleador le hizo los respectivos descuentos
para seguridad social, como son: asignación básica, prima de vacaciones y
bonificación decreto, excluyendo la bonificación pedagógica.
1 Transcripción original
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Demandante: Carlos Mario Gallego Sáenz
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Indicó que, por lo anterior, solicitó a la entidad se le reajustara la mesada
pensional incluyendo el factor salarial denominado bonificación pedagógica.
Sin embargo, ante el silencio administrativo de la entidad se agotó la vía
gubernativa, razón por la cual inició demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del FOMAG, para que se le incluyera el mencionado
factor salarial además de los ya reconocidos, los cuales fueron devengados y
cotizados en el año inmediatamente anterior al cumplimiento del status
pensional, tal como indica el certificado de salarios.
El proceso en primera instancia correspondió al Juzgado 52 Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que, mediante sentencia del 16
de noviembre de 2021, resolvió negar las pretensiones de la demanda al
considerar que «para liquidar la mesada pensional de los docentes que
adquirieron su derecho conforme a los presupuestos de la Ley 91 de 1989
solamente se incluirán los factores sobre los cuales se haya realizado el
aporte o cotización al régimen de seguridad social de pensiones y que
además se encuentren enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985».
La parte actora interpuso recurso de apelación el cual fue dirimido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que mediante fallo de 28 de abril de 2025 confirmó la providencia de primera
instancia manifestando que la bonificación pedagógica sí fue liquidada dentro
de la prestación pensional y en la cuantía que se certificó como devengada
en el año anterior a la fecha del estatus pensional.
Por tal razón no encontró argumentos que le permitieran reconsiderar y
cambiar el sentido de la sentencia recurrida para acceder a una pretensión
que sí fue reconocida en su momento y se ha mantenido durante la vigencia
del pago de la mesada pensional.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte accionante sostuvo que se está violentando la aplicación del Acto
Legislativo 01 de 2005 que estableció que las mesadas pensionales serán
liquidadas con los factores sobre los cuales se realizaron las
correspondientes cotizaciones, que para su caso fueron asignación básica,
bonificación decreto y prima de vacaciones, sin embargo, en vía
administrativa y judicial no se dio aplicación a esta norma al no incluir la
bonificación pedagógica sobre la cual manifestó se le efectuaron los
respectivos descuentos.
Indicó que no pretende reabrir una tercera instancia, sino que se realice un
juicio de validez de la aplicación de la ley y la Constitución, ya que consideró
que en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento impetrado contra el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), se desconoció lo
relativo a la forma en como deben liquidarse las pensiones en Colombia.
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Consideró, por tanto, que se le tiene que reajustar la mesada pensional con
los factores salariales de asignación básica, bonificación decreto,
bonificación pedagógica y prima de vacaciones devengados en el año
anterior al cumplimiento del estatus pensional, es decir del 14 de febrero de
2018 al 14 de febrero de 2019, dado que no fueron incluidos como factores
salariales dentro de la pensión vitalicia de jubilación reconocida.
1.5. Trámite
Mediante auto de 25 de junio de 2025 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en calidad de accionados, y
al Juzgado 52 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, así
mismo, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a la entidad Fiduciaria La Previsora
S.A. y a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá D.C., como
terceros con interés en las resultas del proceso
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
El magistrado encargado del despacho que profirió la providencia
cuestionada solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por
cuanto no cumple con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.
Manifestó que lo pretendido por el accionante carece de asidero por cuanto
en la Resolución 4937 del 4 de junio de 2019 que dilucidó ese derecho
pensional, sí incluyó el factor denominado “Bonificación Decreto” que, para
todos los efectos, equivale a la bonificación pedagógica reclamada por el
actor.
Expresó que dicho reclamo le resultaba inexplicable por cuanto se corroboró
que dicho factor salarial fue correctamente incorporado en su pensión.
1.6.2. Alcaldía de Bogotá - Secretaría de Educación del Distrito
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de dicha entidad señaló que esta
acción de amparo resulta improcedente por cuanto no cumple con ninguno
de los requisitos específicos establecidos por la jurisprudencia constitucional
para su procedencia.
Resaltó que «dentro del escrito de tutela no se vislumbra reproche alguno
frente a la actuación u omisión de la Secretaría de Educación del Distrito que
genere o contribuya a la afectación de los derechos de la accionante, ya que
estos se circunscriben a situaciones específicas de la legalidad o no de una
providencia judicial proferida por este, así como de la aplicación de las
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normas de orden legal y administrativo que regulan la materia, de la cual la
Secretaría de Educación no tiene ni tuvo inherencia alguna».
Indicó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para intentar revivir
discusiones jurídicas que ya fueron resueltas por el juez natural de la causa o
pleitos y demandas perdidas, máxime cuando la accionante gozó de todas
las garantías procesales consagradas en el ordenamiento jurídico.
1.6.3. Juzgado 52 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá. Se limitó a remitir el expediente digital con radicado 11001-33-42-
052-2021-00202-00.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral
1° del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado 52
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la propiedad
privada, al mínimo vital y a la seguridad social con ocasión de la providencia
del 28 de abril de 2025, que confirmó el fallo emitido por el Juzgado 52
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá el 16 de noviembre
de 2021, que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el actor en contra de
la Nación- Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduciaria La Previsora S.A. y la
Secretaría de Educación de del Distrito de Bogotá D.C.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; ii los requisitos adjetivos de procedibilidad – relevancia
constitucional; y finalmente, de encontrarse superado, iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20122, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
2
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»3 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la
decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…».
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
3
Ibídem.
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improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad -
Relevancia Constitucional
En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
«(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.» (Destacado por la Sala)
En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573
de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según
la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
relativas a un derecho de índole económico4 deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite5, comoquiera que “le
está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario6”, so pena de involucrarse en
cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.
4
No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso
a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de
una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia”
5 Sentencia T-606 de 2000
6
Ibidem
7
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En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por el
accionante versa sobre una discrepancia en lo que corresponde a los
factores salariales a tener en cuenta para su pensión de jubilación al advertir
que solo incluyeron la asignación básica, la prima de vacaciones y la
bonificación decreto, mas no se le tuvo en cuenta la denominada bonificación
pedagógica.
Consideró que tanto el Juzgado 52 Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la propiedad privada, al mínimo vital y a la
seguridad social, al no aplicar el Acto Legislativo 01 de 2005 que estableció
que las mesadas pensionales serán liquidadas con los factores sobre los
cuales se realizaron las correspondientes cotizaciones, razón por la cual se
debía incluir la bonificación pedagógica sobre la cual manifestó se le
efectuaron los respectivos descuentos.
En su concepto, la bonificación decreto y la bonificación pedagógica son
factores diferentes y por tanto ambos debieron ser tenidos en cuenta para su
pensión de jubilación.
En consecuencia, es evidente que el debate planteado por el accionante solo
tiene por objeto manifestar una discrepancia interpretativa frente a este factor
y la postura asumida por las autoridades judiciales demandadas al
considerar que sí le fue incluida bajo la denominación de bonificación
decreto.
Así pues, se observa que lo que busca el accionante es controvertir las
decisiones tomadas dentro del proceso ordinario para reabrir el debate que
tuvo lugar en el trámite ordinario con el fin de que prevalezca su
interpretación respecto a los factores salariales que se le deberían incluir en
su pensión de jubilación.
En relación con este presupuesto, la Corte Constitucional ha considerado
que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo que no se puede
utilizar este instrumento como un escenario para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el
juez natural.
Así mismo, el alto tribunal ha precisado que la acreditación del requisito de la
relevancia constitucional «supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel» y que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades, a saber:
«(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
8
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jurisdicciones diferentes a la constitucional7 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad8; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales9 y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces10».
Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que
implicaría un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez
natural. En efecto, esta Sala de decisión planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta corporación, que
en concreto se refieren entre otros a que no se trate de asuntos de legalidad
en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y
una vulneración ostensible de un derecho fundamental.
Lo anterior, porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios o naturales de la causa, pues la acción de tutela no puede
convertirse en una tercera instancia.
Por consiguiente, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales,
sino que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la
carga de argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta
contradicción de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la
intervención del juez constitucional.
En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre
derechos fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada que amerite la intervención en sede constitucional, por cuanto lo
que se debate es una controversia interpretativa del orden económico y legal.
Por tal motivo, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez
que el reclamo del señor Carlos Mario Gallego Sáenz, carece de relevancia
constitucional, en atención a que lo pretendido es convertir este mecanismo
de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario, en la que se fije
una postura distinta y favorable a sus intereses, respecto de lo que considera
un factor salarial adicional a tener en cuenta para su pensión de jubilación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
7
Sentencia C-590 de 2005
8
Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008.
9
Sentencia C-590 de 2005.
10 Sentencia T-102 de 2006.
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III. FALLA
PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Carlos Mario Gallego Sáenz contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado 52
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, por no superar el
requisito de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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