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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03883-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03883-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de julio de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03883-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-03883-01
Accionante: EDGAR FERNANDO FARFÁN CORZO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
31 de julio de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Edgar Fernando Farfán Corzo solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia 12 de junio de 2025 proferida por la Sala
Decisión núm. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control
de repetición con número de radicación 15238-33-33-001-2019-00136-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que el departamento de Boyacá promovió el medio de control de
repetición núm. 15238-33-33-001-2019-00136-00/01 contra los señores Alcira
Hernández Hernández, Vilma Esperanza Torres Medina, Iván Mauricio Álvarez
Orduz y Edgar Fernando Farfán Corzo, en calidad de ex funcionarios del Fondo
Pensional Territorial de Boyacá, con el fin de que se declararan civil y
patrimonialmente responsables “[…] por el detrimento patrimonial sufrido por la
entidad, con ocasión de la condena proferida en su contra, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el número 2017-
00061, que ordenó indemnizar al señor José Gabriel Gómez Álvarez, con la suma
de $5.577.020.82, por concepto de sanción moratoria por el no pago oportuno de
sus cesantías parciales […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03883-01
Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

2.2. Señaló que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Duitama, autoridad judicial que mediante sentencia
de 21 de junio de 2022 negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Precisó que el departamento de Boyacá interpuso recurso de apelación contra
la anterior decisión y la Sala Decisión núm. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá
a través de sentencia de 12 de junio de 2025 revocó la sentencia proferida en
primera instancia y, en su lugar, declaró a los señores Alcira Hernández Hernández,
Vilma Esperanza Torres Medina, Iván Mauricio Álvarez Orduz y Edgar Fernando
Farfán Corzo civil y patrimonialmente responsables, a título de culpa grave, por el
detrimento patrimonial sufrido por el demandante.

2.4. Manifestó que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por
incurrir en los defectos fáctico y sustantivo y en un desconocimiento del precedente
judicial.

2.5. Al respecto manifestó que “[…] la invocación de una causal de presunción de
culpa grave de las previstas en el artículo 6º de la Ley 678 de 2001, no produce el
efecto automático de trasladar la carga de la prueba, lo que significa que la entidad
accionante no se libera de demostrar el supuesto de hecho cuya ocurrencia se
afirma en la demanda. Criterio que se edifica en la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado […]”.

2.6. Indicó que “[…] El juez de segunda instancia fallo sin tener en cuenta lo expuesto
por la defensa y valorado por el juez de primera instancia “2.2. EDGAR
FERNANDO FARFÁN CORZO (E. D. Archivo 10): El ex servidor público
demandado, actuando en causa propia, contestó la demanda dentro de la
oportunidad procesal, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Consideró
que no existe fundamento de hecho ni de derecho que lo haga responsable, pues
inicialmente el proceso se le había asignado a la contratista María Alejandra
Morales, quien tenía la responsabilidad de proyectar el acto administrativo de
reconocimiento de la cesantía parcial y al momento de los hechos fungía como jefe
de la Oficina Asesora Jurídica del FPTB el Dr. Iván Mauricio Álvarez Orduz, y del
material probatorio se evidencia que sus actuaciones siempre fueron
diligentes.” Como lo resalta el tribunal administrativo en el ítem 112 de su
providencia, la solicitud se radico (sic) “el 18 de diciembre de 2014 (f. 79), de suerte
que tenían hasta el 13 de enero de 2015 para proferir tal acto administrativo” y mi
vinculación de (sic) efectuó a partir del 19 de enero del mismo Año […]”.
[Negrilla original del texto].

2.7. Finalmente consideró que se desconoció “[…] jurisprudencia constitucional,
como la Sentencia C-619 de 2002, la Sentencia SU-446 de 2011 y la SU-917 de
2010, que desarrollan los estándares de responsabilidad subjetiva en la acción de
repetición […]”.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03883-01
Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y acceso a la administración de justicia a favor de EDGAR
FERNANDO FARFAN CORZO.

2. Que se deje sin efectos la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOYACA (sic) SALA DE DECISION (sic) N° 2, dentro del expediente
152383333001-2019-00136-01, y se ordene la emisión de una nueva
sentencia respetando los parámetros constitucionales de responsabilidad
subjetiva respecto de EDGAR FERNANDO FARFAN CORZO.

3. Como medida provisional, se solicita suspender los efectos de la sentencia
mientras se decide esta tutela […]”. [Mayúscula y negrilla del texto original].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 24 de junio de 2025, el Despacho de la Sección Quinta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Duitama, al departamento de Boyacá y a los señores Alcira Hernández
Hernández, Vilma Esperanza Torres Medina e Iván Mauricio Álvarez Orduz.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El
Tribunal Administrativo de Boyacá manifestó que actuó de manera
razonable dentro de la órbita de autonomía que le reconoce la Carta Política a la
función jurisdiccional “[…] sin que al hacerlo hubiera interpretado o aplicado
equivocadamente la ley, ni hubiera valorado erradamente el material probatorio o
hubiera omitido injustificadamente algún elemento de prueba relevante para tomar
la decisión […] resulta evidente que lo allí decidido no amenaza ninguno de los
derechos fundamentales invocados, pues el proceso se surtió con las ritualidades
establecidas […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 31 de julio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03883-01
Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

7. Al respecto consideró que “[…] la parte accionante con la interposición de este
amparo constitucional pretende reabrir discusiones resueltas y decididas por el juez
ordinario en el medio de control de repetición, toda vez que los reparos atacan la
interpretación legal y de la jurisprudencia de la acción de repetición, valoración de
la prueba y la decisión adoptada por el ad quem […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. El accionante impugnó la sentencia proferida en primera instancia argumentando
lo siguiente:

“[…] respetuosamente considero que sí existe un problema de relevancia
constitucional, ya que la decisión de segunda instancia en el proceso de acción
de repetición vulneró de manera directa mis derechos fundamentales como el
debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el derecho a la
defensa, al incurrir en defectos identificados por la jurisprudencia constitucional,
entre ellos el defecto sustantivo y el defecto fáctico […]”.

[…]

“[…] Como se evidencia el Tribunal incurrió en defecto fáctico al valorar de
manera arbitraria la prueba, pues ignoró elementos de convicción obrantes en
el expediente que demostraban que la demora en el pago de la cesantía parcial
no era atribuible a los demandados, y que incluso existían constancias y oficios
que evidenciaban actuaciones diligentes de los mismos. Adicionalmente,
sustentó la condena en una inversión de la carga probatoria, presumiendo la
culpa grave sin demostración probatoria suficiente, desconociendo los
estándares fijados por el Consejo de Estado y la Ley 678 de 2001”.

El caso trasciende el simple debate legal o procesal, pues compromete
garantías fundamentales que afectan gravemente la situación jurídica como
accionante, siendo este un aspecto que exige revisión por parte del juez
constitucional […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan

los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03883-01
Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo y en desconocimiento
del precedente judicial.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03883-01
Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

19. El señor Edgar Fernando Farfán Corzo solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia 12 de junio de 2025 proferida por la Sala
Decisión núm. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control
de repetición con número de radicación 15238-33-33-001-2019-00136-00/01.

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03883-01
Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental11 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones12.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03883-01
Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03883-01
Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Sala de Decisión núm. 2 del Tribunal
Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales indicados supra, por
haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo y en un
desconocimiento del precedente judicial.

28. Al respecto manifestó que “[…] la invocación de una causal de presunción de
culpa grave de las previstas en el artículo 6º de la Ley 678 de 2001, no produce el
efecto automático de trasladar la carga de la prueba, lo que significa que la entidad
accionante no se libera de demostrar el supuesto de hecho cuya ocurrencia se
afirma en la demanda. Criterio que se edifica en la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado […]”.

29. Indicó que “[…] El juez de segunda instancia fallo sin tener en cuenta lo
expuesto por la defensa y valorado por el juez de primera instancia “2.2. EDGAR
FERNANDO FARFÁN CORZO (E. D. Archivo 10): El ex servidor público
demandado, actuando en causa propia, contestó la demanda dentro de la
oportunidad procesal, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Consideró
que no existe fundamento de hecho ni de derecho que lo haga responsable, pues
inicialmente el proceso se le había asignado a la contratista María Alejandra
Morales, quien tenía la responsabilidad de proyectar el acto administrativo de
reconocimiento de la cesantía parcial y al momento de los hechos fungía como jefe
de la Oficina Asesora Jurídica del FPTB el Dr. Iván Mauricio Álvarez Orduz, y del
material probatorio se evidencia que sus actuaciones siempre fueron
diligentes.” Como lo resalta el tribunal administrativo en el ítem 112 de su
providencia, la solicitud se radico (sic) “el 18 de diciembre de 2014 (f. 79), de suerte
que tenían hasta el 13 de enero de 2015 para proferir tal acto administrativo” y mi
vinculación de (sic) efectuó a partir del 19 de enero del mismo Año […]”.
[Negrilla original del texto].

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

30. Finalmente consideró que se desconoció “[…] jurisprudencia constitucional,
como la Sentencia C-619 de 2002, la Sentencia SU-446 de 2011 y la SU-917 de
2010, que desarrollan los estándares de responsabilidad subjetiva en la acción de
repetición […]”.

31. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto y, iii) la pretensión guarda relación con un asunto de contenido
económico.

32. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

33. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que el
accionante no está poniendo de presente que la providencia controvertida haya
incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su inconformidad se
fundamenta en que el juez de segunda instancia ordenó revocar lo resuelto en
primera instancia y, en su lugar, declararlo responsable por el detrimento
patrimonial sufrido por el departamento de Boyacá.

34. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Sala de Decisión núm. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá así:

“[…] no hay duda de que existe un nexo causal entre la conducta omisiva, la
falta de cuidado, vigilancia y control de las obligaciones a cargo de los
demandados y la condena impuesta al departamento de Boyacá, pues el actuar
negligente de los señores ALCIRA HERNANDEZ HERNANDEZ, VILMA
ESPERANZA TORRES MEDINA, IVAN MAURICIO ALVAREZ ORDUZ y
EDGAR FERNADO (sic) FARFAN CORZO, fue determinante en ocasionar un
daño antijurídico al departamento de Boyacá, el cual se hubiera podido evitar
si estos hubieran dado el correspondiente trámite y hubieran cumplido
efectivamente los términos legales que se dan a estas solicitudes
prestacionales […]”.

[…]

“[…] resulta claro para esta Corporación que la falla administrativa que
ocasionó el detrimento patrimonial de la entidad resulta atribuible a título de
culpa grave a los señores ALCIRA HERNANDEZ HERNANDEZ, VILMA
ESPERANZA TORRES MEDINA, IVAN MAURICIO ALVAREZ ORDUZ y
EDGAR FERNADO (sic) FARFAN CORZO, por violación manifiesta e

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Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

inexcusable de las normas de derecho, establecida en el artículo 6 de la Ley
678 de 2001.

135. Lo anterior por cuanto que la entidad demandante demostró plenamente
que la conducta de los ex-servidores públicos fue manifiesta e inexcusable,
ya que sobre ellos recaía la obligación de realizar el respectivo trámite de
liquidar y pagar las cesantías parciales al señor José Gabriel Gómez Álvarez,
conforme a los términos dispuestos en la ley.

136. Es decir, ninguna justificación externa podía alegarse, por cuanto se trata
de un deber objetivo, el cual se dejó de cumplir por parte de los demandados,
de manera que lo que se presentó, en sentir de la Sala, fue una culpa por
omisión, que conllevó a una violación clara de las normas de derecho.

137. De suerte que, al encontrarse probada la presunción de violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, referente al
desconocimiento de los términos estipulados en la Ley 1071 de 2006 para darle
trámite al procedimiento administrativo respecto de las cesantías parciales y, la
falta de actividad probatoria de la parte demandada, la Sala revocará la
sentencia proferida por el a quo y declarará a los señores ALCIRA
HERNANDEZ HERNANDEZ, VILMA ESPERANZA TORRES MEDINA, IVAN
MAURICIO ALVAREZ ORDUZ y EDGAR FERNADO (sic) FARFAN CORZO,
en calidad de exfuncionarios del Fondo Pensional Territorial de Boyacá, civil y
patrimonialmente responsables, a título de culpa grave, por el detrimento
patrimonial sufrido por la entidad territorial demandante, con ocasión de la
condena proferida en su contra, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con radicado número 2017-00061, que ordenó
reconocerle y pagarle al señor José Gabriel Gómez Álvarez, la suma de
$5.577.020.82, por concepto de sanción moratoria por el no pago oportuno de
sus cesantías parciales, trámite que estuvo a cargo de aquellos, quienes
laboraban en dicha dependencia.

138. Como consecuencia de la anterior declaración se condenará a los
demandados a reembolsar al departamento de Boyacá, de manera solidaria, la
suma de cinco millones quinientos setenta y siete mil veinte pesos con ochenta
y dos centavos ($5.577.020,82), teniendo en cuenta que todos participaron de
manera concurrente en la causación del daño y, como se itera, no desvirtuaron
la presunción de culpa grave alegada por la entidad demandante, debido a su
deficiente actividad procesal […]”.

35. La anterior transcripción permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

36. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, decidió declarar a los
señores Alcira Hernández Hernández, Vilma Esperanza Torres Medina, Iván
Mauricio Álvarez Orduz y Edgar Fernando Farfán Corzo, civil y patrimonialmente
responsables, a título de culpa grave, por el detrimento patrimonial sufrido por
departamento de Boyacá, por encontrar probada la presunción de violación

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manifiesta e inexcusable de los términos estipulados en la Ley 1071 de 31 de julio
de 200619 y la falta de actividad probatoria de la parte demandada.

37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21.

38. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de julio de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

19 “por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales

a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibid.

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Accionante: Edgar Fernando Farfán Corzo

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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