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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03889-00

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03889-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE 7 “(…) Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.” 8 En ese sentido, ver sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp.11001-03- 15-000-2021-05637-01, CP. Gabriel Valbuena Hernández Radicación: 11001-03-15-000-2025-03889-00 Demandante: Ángelo Andrés Ucrós Ospino Demandado: Presidencia de la República y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del accionante, vulnerado por la Agencia Nacional de Tierras -ANT-. En consecuencia, ORDENAR a dicha entidad que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, emita una respuesta de fondo, clara y congruente respecto a la solicitud elevada por el accionante el 16 de abril de 2025. SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional en relación con la Presidencia de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03889-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03889-00
Demandante: Ángelo Andrés Ucrós Ospino
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Derecho fundamental de petición / Concede amparo
frente a una autoridad y niega las pretensiones respecto de otra

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 19 de junio de 2025, el señor Ángelo Andrés Ucrós Ospino instauró demanda

de tutela en contra de la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de Tierras
-ANT-, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición
y debido proceso.

2. Señaló que el 16 de abril del año en curso, a través de correo electrónico2, presentó

una solicitud a las autoridades accionadas, en los siguientes términos:

<< 1) Solicito muy respetuosamente se le haga seguimiento e investigación al trámite
de oferta de venta voluntaria del predio de la referencia del cual es propietario el
suscrito (…), el predio se encuentra con una hipoteca vigente por un valor de
$50.000.000 desde el mes de junio de 2023 según escritura pública registro de
hipoteca con respaldo de letra de cambio en blanco y carta de instrucción para el
llenado de la misma, la cual se realizó a favor del señor Álvaro Gabriel Arregocés
Solano, quien no tiene facultades para vender el predio, se le otorgó facultades al
abogado JAVIER ENRIQUE MENDOZA LARA identificado con cedula (sic) de
ciudadanía No 72.122.603 con tarjeta profesional No 111.413 del C.S.J. Y las mismas
fueron revocadas , así como después de este poder no le he otorgado facultades a
nadie para que me represente en el trámite de venta del presente predio identificado
con FMI 210-40268, la Agencia Nacional de Tierras hasta el día (sic) de hoy no me ha

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Remitido a las direcciones contacto@presidencia.gov.co, info@ant.gov.co y compratierras@ant.gov.co.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03889-00
Demandante: Ángelo Andrés Ucrós Ospino
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

presentado la oferta de compra muy a pesar que el predio cuenta con todas la
viabilidades técnicas, jurídicas, agronómicas, cuenta con avalúo comercial elaborado
por LONJACUN y cumpliendo con todos los pasos para su compra por parte de la
AGENCIANACIONAL DE TIERRAS, aún continuamos en espera de la oferta de
compra por parte de la ANT.
Hasta donde tengo entendido las parcelas aledañas están siendo negociadas por la
Agencia Nacional de Tierras donde se encuentran involucrados algunos predios
aledaños a LA SINSONTE, el predio la sinsonte tiene todo listo para ser negociado y
no avanza.

2) Se me entrega un informe de las investigaciones que se adelante y las razones del
porque no se me ha presentado oferta de compra al predio de la referencia.>>

3. El actor reprochó que las entidades demandadas no hayan otorgado una respuesta

de fondo a su petición dentro del término legalmente establecido para tales efectos,
ni de forma extemporánea. Resaltó que tampoco solicitaron prórroga para atenderla.
Además, indicó que la ANT no ha definido si tiene interés en adquirir el predio en
cuestión, lo cual resulta indispensable, ya que existe otra empresa interesada en
adquirirlo.

4. De esta manera, con la demanda de tutela pretende que se ordene a las
accionadas emitir una contestación de fondo a la solicitud radicada el 16 de abril de
2025. Adicionalmente, a la ANT, pronunciarse sobre su interés en adquirir el
inmueble de propiedad del accionante y, en caso afirmativo, presentar la respectiva
oferta de compra.

B. Trámite procesal e intervenciones

5. Mediante auto del 24 de junio de 2025, se dispuso admitir la acción de tutela,

notificar de su presentación a la Presidencia de la República y a la Agencia Nacional
de Tierras -ANT-, así como comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

(i) Presidencia de la República3

6. Informó que, mediante oficio OFI25-00077341 / GFPU 13150001 del 28 de abril de

2025, dio respuesta a la solicitud elevada por el actor el 16 de abril de ese mismo
año, indicándole que carecía de competencia para resolverla, motivo por el cual sería
remitida a la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, en atención a lo previsto en el artículo
21 de la Ley 1755 de 2015. Señaló que dicho traslado se efectuó por medio de los
oficios OFI25-00077343 / GFPU 13150001 y OFI25-00077342 / GFPU 13150001 del
28 de abril de 2025. En razón a ello, solicitó negar la solicitud de amparo, toda vez
que atendió de forma oportuna la petición formulada por la parte accionante.

3 Intervención digital contenida en 12 folios.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03889-00
Demandante: Ángelo Andrés Ucrós Ospino
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(ii) Agencia Nacional de Tierras ANT-4

7. Sostuvo que la petición presentada por el accionante el 16 de abril de 2025 fue

resuelta de fondo, de manera clara y completa por la Subdirección de Acceso a
Tierras en Zonas Focalizadas de la entidad, a través del Oficio 202440010788581.

8. Según afirmó, en dicha respuesta, le informó al peticionario el estado del trámite

administrativo relacionado con su predio, indicándole que el mismo ya contaba con
informe de viabilidad técnica y jurídica, avalúo inscrito y control de calidad respectivo,
el concepto productivo agronómico y un análisis institucional consolidado, en el que
se concluyó que el inmueble no cumplía con los criterios técnicos y normativos
exigidos para los procesos de acceso a tierras, razón por la cual no era procedente
emitir una oferta formal de compra.

9. Esgrimió que dicho oficio fue remitido al correo electrónico suministrado por el

accionante para tales fines. Agregó que del expediente de tutela se desprende que
el señor Ucrós Ospino tuvo conocimiento y acceso efectivo al contenido de la
actuación administrativa, toda vez que aportó copia del concepto técnico agronómico
emitido por la entidad y, posteriormente, solicitó copia actualizada del mismo.

10. Señaló que la entidad ha desplegado las actuaciones necesarias para evaluar

técnica, jurídica y presupuestalmente la solicitud de oferta presentada por el
accionante. Con fundamento en lo expuesto, solicitó declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Caso concreto

11. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, las personas tienen

derecho a dirigir peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivo de
interés general o particular, así como a obtener una respuesta oportuna. Así, el
derecho de petición tiene una finalidad doble. Por un lado, permite que los
interesados presenten peticiones respetuosas ante las autoridades y, por otro,
garantiza una contestación oportuna, de fondo y congruente con los requerimientos
que plantea el peticionario.

12. En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo esencial de

dicha prerrogativa comprende los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta
y efectiva de presentar peticiones respetuosas; (ii) el otorgamiento de una respuesta
de fondo, esto es, clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado; (iii) el deber de contestar
oportunamente, es decir, dentro del término legalmente establecido y; (iv) la

4 Intervención digital contenida en 7 folios.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03889-00
Demandante: Ángelo Andrés Ucrós Ospino
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

obligación de comunicar dicha contestación al peticionario oportunamente. Lo
anterior, sin perjuicio de que el contenido de la respuesta sea favorable o
desfavorable a lo solicitado5.

13. La jurisprudencia constitucional también ha precisado que, además de formularse

en términos respetuosos, la petición debe ser presentada en debida forma, lo que
implica que la misma sea interpuesta ante la autoridad que tenga la competencia
para pronunciarse sobre la situación planteada. No obstante, en caso de que esta se
dirija ante quien no corresponde, éste último tiene la obligación remitir la solicitud a
la autoridad que estime competente y de informarle tal circunstancia al peticionario,
conforme lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 20156.

14. En el presente asunto, el accionante atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales de petición y debido proceso a la Presidencia de la República y a la
Agencia Nacional de Tierras con ocasión de la presunta falta de respuesta frente a
la solicitud que presentó el 16 de abril de 2025.

15. De los elementos de juicio obrantes en el expediente, se constató que el 16 de

abril de 2025, el señor Ucrós Ospino radicó una petición ante la Presidencia de la
República y la Agencia Nacional de Tierras, en la cual solicitó que se realizara el
seguimiento y la investigación respectiva al trámite de oferta de venta voluntaria de
un predio de su propiedad, así como se le informaran las razones por las cuales la
ANT no había presentada una oferta de compra.

16. En respuesta a dicha solicitud, por medio del oficioOFI25-00077341 / GFPU
13150001 del 28 de abril de 2025, la Presidencia informó al peticionario que no era
competente para resolver el asunto. Explicó que, de conformidad con la estructura
de la Rama Ejecutiva, existen entidades encargadas de apoyar la gestión del primer
mandatario, como los ministerios, los departamentos administrativos, las sociedades
de economía mixta, así como las entidades descentralizadas y las de orden distrital
y municipal, a las cuales les corresponde brindar respuesta frente a las solicitudes
que se presenten en el ámbito de sus competencias. Por tanto, indicó que la petición
sería trasladada a la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

17. Según se acreditó, dichas remisiones se efectuaron en esa misma fecha, a través

de los oficios OFI25-00077343 / GFPU 13150001 y OFI25-00077342 / GFPU
1315000. Asimismo, obra en el expediente las respectivas constancias de envío de
cada uno de los oficios mencionados.

18. Tal actuación se ajusta a lo previsto en el artículo 21 de Ley 1755 de 2015, según

5 Corte Constitucional, Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En ese mismo sentido, ver

sentencias T-430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019 y T-230 de 2020.
6 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03889-00
Demandante: Ángelo Andrés Ucrós Ospino
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

el cual, como ya se anotó, si la autoridad a quien se dirige la solicitud carece de
competencia para conocer de la misma, deberá remitir la petición al ente competente,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción y comunicar tal situación al
peticionario.

19. En consecuencia, cuando una autoridad no es competente para pronunciarse de

fondo sobre una solicitud, la única obligación que surge en cabeza de aquella es
remitir la petición a la entidad que estime competente, así como informar dicha
actuación al solicitante.

20. En tales condiciones, no se evidencia vulneración alguna por parte de la
Presidencia de la República, pues, al estimar que no tenía competencia para atender
la solicitud, procedió -de forma oportuna- a remitirla al ente que consideró
competente e informar sobre el respectivo traslado al peticionario, incluso antes de
que se incoara la presente acción constitucional.

21. Pese a ello, el accionante alegó que la Presidencia no le había otorgado una

respuesta dentro del término de ley, ni de manera extemporánea, cuando lo cierto
es que la entidad ya había atendido su petición, solo que, dada su falta de
competencia, la contestación no podía ser otra más que comunicarle al solicitante
sobre la remisión a la autoridad que estimó competente para atender sus
requerimientos.

22. Por consiguiente, la Sala habrá de negar el amparo solicitado en relación con la

Presidencia de la República.

23. No ocurre lo mismo respecto a la Agencia Nacional de Tierras, en tanto no se

acreditó que hubiera emitido una respuesta a la solicitud que presentó el accionante
el 16 de abril de 2025.

24. Si bien la accionada afirmó haber atendido dicha petición por medio del Oficio

202440010788581, al revisar su contenido se constató que dicho documento fue
emitido el 12 de diciembre de 2024, es decir, con anterioridad a la fecha en que el
accionante presentó la solicitud cuya falta de respuesta reclama en esta oportunidad.

25. Por tanto, es evidente que ese pronunciamiento resolvió una petición distinta a la

que es objeto de debate en el presente trámite, por lo que no es posible considerar
que el derecho de petición del actor se encuentre satisfecho o que se haya
configurado una carencia de objeto por hecho superado, como pretende la
accionada.

26. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el hecho superado se presenta

cuando lo pretendido con la acción de tutela se logra por voluntad propia de la entidad
demandada, luego de la interposición de la solicitud de amparo y antes de que el
juez constitucional profiera una decisión de fondo, lo que no ocurrió en el caso bajo

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03889-00
Demandante: Ángelo Andrés Ucrós Ospino
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

estudio.

27. Como ya se anotó, el Oficio 202440010788581 del 12 de diciembre de 2024 fue

expedido meses antes de que el actor formulara la petición que es objeto de análisis
en la presente acción. Por ende, no puede considerarse una contestación válida, en
tanto lo que resolvió fue un requerimiento previo y distinto.

28. Ahora, si la entidad consideraba que el contenido de esa respuesta anterior
abarcaba la totalidad de los asuntos planteados en la petición del 16 de abril de 2025,
como lo sostuvo en el informe de tutela, lo que correspondía era indicarlo de forma
expresa en una nueva contestación dirigida al peticionario, conforme lo exige el
inciso 2° del artículo 197 de la Ley 1755 de 2015. En todo caso, debe tenerse en
cuenta que la solicitud del accionante no se limitó a requerir información sobre el
trámite administrativo o las razones por las cuales no se le había presentado una
oferta formal de compra, sino que también solicitó que se adelantara el seguimiento
y la investigación respectiva a dicho trámite.

29. En tales condiciones, la Sala concluye que la Agencia Nacional de Tierras vulneró

el derecho fundamental de petición del accionante al no haberle otorgado una
respuesta frente a la solicitud que presentó el 16 de abril de 2025, pese a que conocía
de su existencia y reconoció su competencia para resolverla de fondo en la
contestación de la demanda.

30.Por consiguiente, la Sala dispondrá la protección del derecho fundamental de
petición del actor, para lo cual se ordenará a la Agencia Nacional de Tierras -ANT-
que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, brinde una respuesta de fondo,
clara y congruente a la petición elevada por el actor el 16 de abril de 2025.

31. Cabe aclarar que el amparo de dicha prerrogativa no supone la concesión de lo

requerido en la solicitud. El ámbito de protección constitucional del derecho
fundamental de petición se circunscribe a la posibilidad de ejercerlo y a obtener una
respuesta, sin que ello implique que se deba acceder a lo solicitado, en tanto el
sentido de la contestación es de competencia exclusiva del sujeto pasivo de la
petición8, pero debe abarcar todos los puntos requeridos.

32. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

7 “(…) Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores,

salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar
requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.”
8 En ese sentido, ver sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp.11001-03- 15-000-2021-05637-01, CP. Gabriel

Valbuena Hernández

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03889-00
Demandante: Ángelo Andrés Ucrós Ospino
Demandado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del accionante,
vulnerado por la Agencia Nacional de Tierras -ANT-. En consecuencia, ORDENAR
a dicha entidad que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, emita una respuesta de fondo, clara y
congruente respecto a la solicitud elevada por el accionante el 16 de abril de 2025.

SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional en relación con la Presidencia de la
República, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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