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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03893-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03893-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-03893-01 Demandante: Iván Carrillo López 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03893-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

16 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03893-01
Demandante: Iván Carrillo López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03893-01
Demandante: IVÁN CARRILLO LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN B Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial – acción popular – requisitos
generales de procedencia – legitimación en la causa por activa
– contra acción popular río Bogotá.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia de tutela del 8 de agosto de 2025, dictada por el Consejo de Estado -
Sección Segunda – Subsección A que resolvió:
«Primero: Aceptar la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría Distrital
de Salud de Bogotá, Ministerio de Justicia y del Derecho y la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI, de acuerdo con lo expuesto en precedencia.
Segundo: Negar la solicitud de desvinculación promovida por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, Enel Colombia S.A. ESP, el Instituto
Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, el Ministerio de Minas y
Energía, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, el Ministerio de Educación Nacional, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá E.S.P., la Agencia Nacional de Minería, la Contraloría General de la
República, la Corporación Autónoma de
Cundinamarca – CAR, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Procuraduría General de
la Nación, las Alcaldías de Bogotá, Sopó, Calera, Tocancipá, Mosquera, Cajicá y
Madrid, el Ministerio de Ambiente, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico – CRA, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Concejo
Municipal de Cajicá, de conformidad con los argumentos expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
Tercero: Declarar improcedente la acción de tutela formulada por el señor Iván Carrillo
López por falta de legitimación en la causa por activa, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
Quinto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de junio de 2025, Iván Carrillo López, en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra las providencias del 3 de septiembre y 18 de diciembre de 2024
dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B en el marco de la acción popular con radicado 2001-00479-02 y
contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Alcaldía municipal
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03893-01
Demandante: Iván Carrillo López

de Cajicá, el Concejo Municipal de Cajicá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la Procuraduría General
de la Nación, la Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el
Comité de Verificación de la sentencia del Río Bogotá entidades que han
intervenido en el referido proceso.

El actor estimó que con dicha decisión fueron vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, solicitó el amparo de sus derechos, con fundamento en las
siguientes pretensiones:

«1. DECLARAR la violación de mis derechos fundamentales al debido proceso,
ambiente sano, seguridad alimentaria y participación ciudadana.
2. ORDENAR a la Magistrada Villamizar (o a quien corresponda) que: DEJE SIN
EFECTOS los autos del 3 de septiembre y 18 de diciembre de 2024 PROFIERA
NUEVA DECISIÓN que incluya la Determinante Ambiental número 5, artículo 1 del
Acuerdo CAR 16 de 1998. CONSIDERE los estudios técnicos de ASURÍO sobre
2.344,27 hectáreas comprometidas. TENGA EN CUENTA las declaraciones
oficiales del IGAC del 13 de febrero de 2025 sobre competencias exclusivas.
3. SUSPENDER la expedición de licencias urbanísticas en: o 1.172,25 hectáreas
de suelos agrológicos clase II y III oficialmente clasificados por el IGAC (ANEXO 1,
diapositivas 27, 28 y 29) o 2.344,27 hectáreas de áreas agropecuarias intensivas y
semi-intensivas que requieren protección específica (ANEXO 1, diapositivas 34, 35
y 36) o Cualquier área donde se pretendan aplicar estudios predio a predio para
cambiar clasificaciones oficiales del IGAC.
4. ORDENAR al municipio de Cajicá la revisión integral del PBOT para corregir las
inconsistencias identificadas en los estudios técnicos de ASURÍO y confirmadas por
las declaraciones oficiales del IGAC. (…)»

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Proceso de acción popular 25000-23-15-000-2001-00479-02

El 12 de junio de 2001, el señor Gustavo Moya Ángel y otros interpusieron acción
popular contra los ministerios del Medio Ambiente, Desarrollo Económico,
Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y de Educación Nacional; así como los
municipios de Chocontá, Villapinzón, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, la
Calera, Sopó, Cajicá, Zipaquirá, Chía, Cota, Tabio, Tenjo, el Departamento de
Planeación Nacional, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales “Ideam”, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”,
el Departamento de Cundinamarca, con el propósito de proteger los derechos
colectivos al ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el goce del
espacio público, la seguridad y salubridad públicas; y de acceso a los servicios
públicos con prestación eficiente y oportuna que estimaban vulnerados con ocasión
a la contaminación ambiental causada por el bombeo y almacenamiento de aguas
negras por parte de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (E.E.B.) en el
Embalse la Muña sobre el costado oriental del río Bogotá, lo que generó un foco de
infecciones en perjuicio de la salud de los residentes, especialmente de la población
infantil, está acción es conocida como la de descontaminación del río Bogotá.

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Demandante: Iván Carrillo López

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
en sentencia de 16 de diciembre de 2004 desestimó las excepciones de mérito
propuestas por los demandados, declaró responsable por acción a los habitantes e
industrias de la cuenca por los vertimientos domésticos e industriales y por omisión
a algunos demandados, absolvió a otros, amparó los derechos colectivos que
encontró vulnerados, aprobó los pactos de cumplimiento con las observaciones y
modificaciones establecidas en la sentencia, impartió directrices para restituir las
cosas al estado anterior, recordó la ejecución de precisas obras y gestiones a las
autoridades demandadas, fijó a favor de los actores la suma equivalente a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales por concepto de incentivo
económico, negó las demás indemnizaciones y ordenó la constitución del Comité
de Verificación del Cumplimiento del fallo.

La decisión de primera instancia fue apelada por las partes y el Consejo de Estado,
Sección Primera en sentencia de 28 de marzo de 2014, confirmó parcialmente la
decisión apelada, en consecuencia, modificó el numeral 4 de la decisión así:

«CUARTO: MODIFÍQUESE en lo demás la sentencia de instancia de acuerdo con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia,
ADÓPTASE la decisión acorde con las consideraciones de este proveído en los
siguientes términos:
(...)
4.18. ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes a la
cuenca hidrográfica del Río Bogotá que en el término perentorio e improrrogable de
doce (12) meses contados a partir de la aprobación y declaración de la modificación
y actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río
Bogotá – POMCA por parte de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, modifiquen y actualicen los Planes de Ordenamiento
Territorial – POT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial - PBOT y Esquemas
de Ordenamiento Territorial – EOT ajustándolos con los contenidos del mismo.

Adicionalmente, ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales
aferentes al Río Bogotá, que en el actual proceso de modificación de los POTs,
PBOT y EOT y de acuerdo con los términos que el ordenamiento jurídico ha
establecido, incluyan en los mismos las variables ambientales, de cambio climático
y la gestión de riesgos asociados a éstos.

Finalmente, ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR asesorar al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes al Río
Bogotá: i) en el actual proceso de modificación de los POTs, PBOT y EOT y ii) en
su articulación con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del
Río Bogotá – POMCA una vez modificado éste de acuerdo con lo dispuesto en el
numeral 4.8.
(...)»

Con posterioridad a la decisión de segunda instancia se dio trámite al menos a 146
incidentes de desacato y en auto del 24 de noviembre de 2023 se decretó medida
cautelar de urgencia para los alcaldes y Concejos Municipales de los 45 municipios
de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá y sus subcuencas, dicha medida estuvo
encaminada a que se diera cumplimiento al numeral 4.18 de la sentencia. En
consecuencia, al ajustar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes
Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento
Territorial (EOT), debían incluir los determinantes ambientales definidos en el
POMCA y en los Decretos 1076 de 2015, 1232 de 2020, 2079 de 2021, así como
en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (2294 de 2023).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03893-01
Demandante: Iván Carrillo López

El último trámite incidental el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, en providencia del 3 de septiembre de 2024 dio
cumplida la orden del numeral 4.18 de la sentencia del 28 de marzo de 2014
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado y ordenó el levantamiento
de la medida cautelar impuesta en auto del 24 de noviembre de 2023, en lo que
respecta al municipio de Cajicá para que continuara con el trámite administrativo
para la adopción de la modificación excepcional a su PBOT.

Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación y el Tribunal demandado en auto del 18 de diciembre de 2024 rechazó
por improcedentes los recursos interpuestos por falta de legitimación en la causa
como sujetos procesales.

3. Argumentos de la acción de tutela

El demandante indicó que reside en el municipio de Cajicá desde hace varios años
y que, aunque no es propietario de predios rurales, se ve directamente afectado por
las decisiones que se dicten en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT,
pues tales decisiones inciden en la calidad ambiental, la prestación de servicios
públicos, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del desarrollo urbano

Afirmó que las providencias objeto de cuestionamiento incurrieron en defecto
sustantivo por indebida aplicación del Acuerdo CAR 16 de 1998, en la medida que
el Tribunal demandado «no explicó por qué considera válida la exclusión de
determinantes ambientales» contemplados en dicho acuerdo.

Además, señaló que a su juicio, existe una contradicción porque el tribunal «validó
un PBOT que, según estudios de ASURÍO y declaraciones del IGAC, viola el
Decreto 3600 de 2007 y la Ley 2294 de 2023».

Finalmente, adujo que en la providencia endilgada existió una omisión probatoria,
pues, no se tuvieron en cuenta: i) los estudios cartográficos del IGAC presentados
por ASURÍO; ii) las declaraciones oficiales del IGAC, iii) los mapas y estudios
técnicos, pruebas que en todo caso demuestran las irregularidades ambientales
ocurridas en las 2.344,27 hectáreas.

4. Trámite procesal en la acción de tutela

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en auto de 25 de junio de
2025 inadmitió la solicitud de amparo y requirió al actor para que señalara de
manera clara y precisa cuáles eran las acciones u omisiones que cuestionaba o
que a su juicio generaron la vulneración de los derechos fundamentales que invocó.

En respuesta al referido requerimiento, el actor en memorial del 1º de julio de 2025
individualizó cada una de las acciones de las demandadas que considera han
vulnerado los derechos fundamentales invocados.

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A en auto del 10 de julio de 2025 admitió la solicitud de amparo ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a la Alcaldía Municipal
de Cajicá, al Concejo Municipal de Cajicá, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Procuraduría General
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Demandante: Iván Carrillo López

de la Nación, a la Contraloría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, y
el Comité de Verificación de la Sentencia del Río Bogotá como accionados y a la
Sección Primera del Consejo de Estado y a todos los demás vinculados al trámite
de la acción popular con radicado 25000-23-15-000-2001-00479-02, como terceros
interesados en el resultado del proceso, a quienes remitió copia de la demanda.

5. Las respuestas de los tutelados

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
realizó el recuento del trámite procesal y frente al caso objeto de estudio indicó que
la solicitud de amparo no procede en la medida en que el señor Iván Carrillo López,
quien se identificó como habitante del municipio de Cajicá no tiene la calidad de
sujeto procesal reconocido en el trámite de acción popular aludido proceso ni en
los diversos trámites incidentales razón por la que considera que carece de
legitimación en la causa por activa para invocar los derechos que pretende le sean
amparados en la acción de tutela.

Además de lo anterior, señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad porque esta procede cuando no existe otro mecanismo de defensa,
a menos que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez explicó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para explicar por qué la controversia tiene una marcada trascendencia
constitucional que le permita al juez de tutela considerar necesaria su intervención,
más aún, cuando lo que pretende es reabrir un debate propio que ya abordó el juez
natural de la causa.

Adujo que el actor en el escrito inicial no mencionó ni argumentó los defectos en
los que presuntamente habría incurrido la decisión judicial, en razón a lo expuesto,
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia.

La Personería de Bogotá pidió que se declare improcedente la acción de tutela
por ausencia de vulneración de derechos fundamentales invocados por el
accionante.

El Servicio Geológico Colombiano manifestó que, si bien la parte actora
fundamenta su legitimación en su calidad de habitante del municipio de Cajicá y en
su interés en la protección del ordenamiento territorial y los determinantes
ambientales, lo cierto es que no es suficiente para satisfacer el requisito de
legitimación en la causa por activa en una acción de tutela contra providencias
judiciales, pues, para que un tercero pueda controvertir una decisión judicial a
través de la acción de tutela, debe demostrar que esta decisión le afecta de manera
directa y particular y desconoce sus derechos fundamentales.

Aunado a lo anterior, mencionó que no existe vulneración a derechos
fundamentales del accionante, pues las decisiones adoptadas se basaron en las
pruebas y argumentos presentados durante el proceso, además manifestó que no
se cumple con el requisito de inmediatez porque las decisiones que pretende dejar
sin efecto fueron proferidas hace más de seis meses.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitó ser desvinculado del
presente proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva. Asimismo, solicitó
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que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no encontrarse
acreditados los requisitos generales de procedibilidad de subsidiariedad e
inmediatez.

El municipio de Funza se abstuvo de pronunciarse al respecto porque las
decisiones adoptadas no afectan o ponen en riesgo los derechos e intereses del
ente territorial.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. expresó que el
señor Carrillo López no es parte ni sujeto vinculado en la acción popular, por lo que
carece de legitimación en la causa por activa para presentar la acción de tutela,
además indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, razón por la que
pidió ser desvinculada del presente trámite.

La alcaldía de Bogotá solicitó ser desvinculada del trámite por falta de legitimación
en la causa por pasiva y indicó que hay lugar a declarar la improcedencia de la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

La Agencia Nacional de Minería solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela por falta de legitimación en la causa y de manera subsidiaria solicitó que se
nieguen las pretensiones por inexistencia de la vulneración alegada por el actor.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, la
Contraloría General de la República, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, el Concejo Municipal de Cajicá,
Enel Colombia S.A ESP, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia
de Notariado y Registro, las alcaldías municipales de Sopó, la Calera,
Tocancipá, Madrid y Cajicá, la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto
Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático – IDIGER, los Ministerios
de Educación Nacional y de ambiente, la alcaldía de Mosquera
(Cundinamarca), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico – CRA, la Agencia Nacional de Minería solicitaron ser desvinculadas del
trámite de la referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 8 de
agosto de 2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que el actor
carece de legitimación en la causa por activa porque no se advierte el interés
jurídico subjetivo para censurar las providencias que pretende dejar sin efecto.

De igual forma se explicó que no se acreditó una facultad legal para actuar en
nombre de toda la colectividad sin apoderamiento ni prueba de afectación personal
directa, pues, el hecho que resida en el municipio de Cajicá desde hace varios años
no resulta suficiente para justificar la interposición de la acción de tutela.

No obstante lo anterior, señaló que si al actor le asistiera interés en la causa la
solicitud de amparo no cumpliría con el requisito general de subsidiariedad, en la
medida que no interpuso los recursos procedentes contra las decisiones atacadas,

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pues los recursos ejercidos por otras personas fueron rechazados por el Tribunal
al encontrarlos improcedentes y por falta de legitimación en la causa.

7. Impugnación

El actor impugnó la decisión de primera instancia, pues, a su juicio, desconoció de
manera frontal el precedente de la Corte Constitucional sobre la amplitud de la
legitimación por activa en acciones de tutela que invocan la protección de derechos
fundamentales colectivos como el ambiente sano.

Explicó que la Corte Constitucional en materia ambiental ha reiterado la facilidad
para acceder a la tutela respecto de quienes se consideren afectados o
comprometidos con la protección del ambiente, incluso si no son titulares de un
derecho subjetivo individual. Así lo señala la jurisprudencia constitucional y la propia
Ley de Escazú ya integrada plenamente al ordenamiento colombiano.

Afirmó que en el asunto objeto de debate se debe tener en cuenta que tiene:

• Interés directo y cualificado: demostró residir en el municipio de Cajicá
desde hace años y ha participado activamente en espacios públicos y
oficiales de deliberación sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT), incluso presentó objeciones informadas y documentos técnicos en
escenarios convocados por entidades municipales y ambientales. El impacto
de las decisiones judiciales sobre el entorno, la sostenibilidad ambiental, la
salud, la seguridad alimentaria y los servicios públicos compromete de forma
directa e inmediata sus derechos fundamentales.
• Participación activa y documentada: ha intervenido de manera activa en
escenarios de debate ciudadano y técnico y ha realizado aportes
sustanciales a la discusión pública y en calidad de habitante afectado, el
respeto a los principios ambientales, de participación y de prevención del
daño razón por la que considera que dicha participación debe ser
considerada para efectos de reconocer la legitimación material y sustantiva
para impugnar las providencias que inciden injustificadamente sobre sus
derechos.
• Precedentes y Jurisprudencia: la Corte Constitucional ha precisado que,
en materia de derechos colectivos y tutela de intereses difusos, la
legitimación se satisface no solo por la calidad de parte formal, sino también
por la incardinación del peticionario en la órbita de afectación de los
derechos cuyo amparo se reclama, especialmente tratándose de asuntos
ambientales y urbanísticos de trascendencia local.
• Relevancia Constitucional: afirmó que la afectación no es eventual,
general o abstracta, sino concreta y específica sobre el entorno vital y los
derechos fundamentales como habitante del área directamente regulada o
impactada por las decisiones administrativas y judiciales cuestionadas.

Por lo expuesto solicitó valorar en su integridad la documentación aportada donde
se evidencia su participación activa en escenarios públicos y oficiales para así
reconocer la legitimación en la causa por activa y salvaguardar los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al
ambiente sano y de participación ciudadana.

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En razón de lo anterior, solicitó, se revoque la providencia impugnada y, en su lugar,
se acceda a las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, es preciso señalar que, de manera excepcional, se reconoce la
procedencia cuando se evidencia la afectación manifiesta de los derechos
constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

La Sala determinará si, en los términos de la impugnación presentada por la parte
actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera instancia que

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03893-01
Demandante: Iván Carrillo López

declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia al considerar que el
actor no goza de legitimación en la causa por activa para cuestionar las
providencias dictadas en el marco de la acción popular de radicado 25000-23-15-
000-2001-00479-02.

En el evento de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos
generales de procedibilidad, se determinará si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, incurrió en los errores propuestos
por el actor, al proferir los autos del 3 de septiembre y 18 de diciembre de 2024, en
el marco del trámite de cumplimiento de la referida acción popular; y,
consecuentemente, en la vulneración de los derechos fundamentales del actor.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, al considerar que
en efecto el señor Carrillo López no se encuentra legitimado para controvertir las
decisiones dictadas en el marco de la referida acción popular, dado que no hizo
parte ni intervino en el trámite.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de la
legitimación en la causa por activa y, (ii) caso concreto.

(i) Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

Los artículos 86 de la Constitución Política4 y 10 del Decreto 2591 de 19915
establecen que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que se
le han vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la
representación legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante el
juez de tutela para representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en
esos casos debe acreditarse la calidad en la que se actúa.

Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la
Corte Constitucional ha señalado lo siguiente6:

«Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la
acción de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad para promoverla.

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para
solicitar el amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o
por intermedio de su representante o apoderado.

Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales
resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien
actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del

4 Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
5 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por

cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales.
6 T-552 de 2006.

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decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos
fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de
representante. En esta disposición también se contempló la posibilidad de la agencia de
derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos en que el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá́ un tercero presentar acción de
tutela en su nombre.

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la
causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución
y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro
posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos
legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten
la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela».
(se destaca).

En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal -caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas-, (iii) mediante apoderado judicial -
abogado titulado con poder judicial o mandato expreso- o (iv) por medio de agente
oficioso -cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia
defensa-. Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como
los personeros municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

Además, se tiene que la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha
destacado la importancia de la legitimación en la causa por activa para la
interposición de la acción de tutela entre ellos:

La Sentencia T-292/21, en la que la Corte Constitucional precisó: «la verificación de
requisito de legitimación en la causa le permite al juez de tutela constatar “la presencia de un nexo
de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de
la autoridad o el particular demandado” 7. Si no existe este vínculo, la tutela se torna
improcedente, toda vez que “el derecho para cuya protección se interpone la acción [debe ser]
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona”…»8.

Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de la
acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata de un
requisito o exigencia mínima, sino necesaria, en la medida que garantiza la
protección de los derechos fundamentales.

En sentencia T-403 de 1995 indicó:
«…como quien pidió la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos
fundamentales reclamados, la jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido
proceso, proferir sentencia favorable a sus pretensiones, porque el interés subjetivo y
específico en la resolución de la supuesta violación de los derechos constitucionales
fundamentales reseñados en la demanda, corresponde a persona distinta que no intervino en
el proceso. Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el actor incurrió en un error
insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender varios derechos ajenos como si
fueran suyos…».

De igual forma, en la sentencia T-1191 de 2004 el tribunal constitucional señaló
que la finalidad del requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa
es el de evidenciar el interés directo del accionante en relación con las pretensiones

7 Sentencia SU-627 de 2015
8 Sentencia SU-173 de 2015, que reitera las sentencias T-799 de 2009 y T-278 de 1998.
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planteadas en la demanda de tutela. Por ende, debe el juez constitucional asegurar
que «el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio
del demandante y no de otra persona».

En la sentencia T-697 de 2006 explicó que: «... la exigencia de la legitimidad activa en la
acción de tutela no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero
significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el
sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los
mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo».

Y en la sentencia T-878 de 2007 fue enfática en señalar que, pese a la informalidad
de la acción de tutela, «la legitimación para presentar la solicitud de amparo, así como para
actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente acreditada».

Asimismo, la Corte Constitucional ha indicado que, so pretexto de ejercer la acción
de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación
de otra persona; y que la informalidad propia de este mecanismo de protección
constitucional no supone la inexistencia de requisitos mínimos de procedibilidad
como la legitimación en la causa por activa9.

(ii) Caso concreto

En el presente asunto el señor Iván Carrillo López, en condición de actor, alega que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al proferir los autos del 3 de septiembre y 18 de diciembre de 2024, dictados
en el trámite de cumplimiento de la acción popular con radicado núm. 25000-23-15-
000-2001-00479-02.

En este punto, la Sala destaca que el señor Carrillo López promueve la acción de
tutela en defensa propia al considerar que le fueron vulnerados los derechos
fundamentales invocados; sin embargo, omitió el hecho de que no fue parte, ni
interviniente, en el trámite de la acción popular y su posterior cumplimiento, es decir,
que no cuenta con la legitimación en la causa por activa.

Esta Sala en un caso anterior con similitud fáctica10 indicó que en el trámite de la
acción de tutela contra providencia judicial solo cuentan con legitimación en la
causa por activa, para la interposición de la solicitud de amparo quienes
participaron en el proceso judicial en el cual se profirió la decisión atacada pues, en
principio, solo quienes tienen un interés directo en las providencias dictadas en el
curso de ese debate judicial.

Como se vio en el caso objeto de estudio el actor no cumple con el requisito de
legitimación en la causa por activa, pues no hizo parte del proceso de acción
popular ni en el trámite de cumplimiento, en calidad de parte demandante o
demandada, ni como tercero con interés en el resultado del proceso, ni bajo
ninguna otra figura de intervención procesal que eventualmente hubiera permitido
concluir que la decisión afectara sus derechos fundamentales.

En razón de lo anterior, la Sala considera que el señor Carrillo López no cuenta con
legitimación en la causa por activa para controvertir el auto del 3 de septiembre

9 Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013.
10 Ver fallo de tutela del 31 de julio de 2025 proferida en el expediente de tutela con radicado 11001-03-15-

000-2025-01684-01 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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mediante el que se dispuso declarar el cumplimiento de la orden 4.18 de la
sentencia del 28 de marzo de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, en consecuencia, levantó la medida cautelar impuesta en auto de 24 de
noviembre de 2023, en lo que respecta al municipio de Cajicá para que continuara
con el trámite administrativo para la adopción de la modificación excepcional a su
PBOT y el auto del 18 de diciembre de 2024 en el que fueron rechazados por
improcedentes los recursos interpuestos contra el auto que dispuso el cumplimiento
por falta de legitimación en la causa por activa de quienes ejercieron los recursos.

Si bien, el actor considera que como habitante del área directamente regulada o
impactada por las decisiones administrativas y judiciales cuestionadas, y como
participante activo en escenarios de debate ciudadano y técnico tiene un interés
legítimo en que se aclare el alcance territorial y ecosistémico de la sentencia de
acción popular sobre la descontaminación del río Bogotá, lo cierto es que no fungió
como parte procesal. Solo el demandante, las entidades demandadas o los terceros
con interés que participaron dentro del proceso estarían legitimados para
controvertir las providencias proferidas dentro del trámite de cumplimiento de la
sentencia de acción popular.

De manera que la condición que manifestó el actor para poder actuar no resulta
suficiente para demostrar la afectación de sus derechos subjetivos con la decisión
que se cuestiona a través de la presente acción, pues de aceptar que existe alguna
afectación con ocasión de la providencia controvertida, quien eventualmente podría
estar siendo perjudicado sería alguno de los intervinientes de la acción popular
porque se limita la posibilidad de que en sede de tutela otras personas no
participantes en el trámite mencionado estén legitimadas para controvertir las
providencias de dicho proceso.

Por otra parte, el demandante no presentó pruebas o argumentos que demuestren
una vulneración a los derechos fundamentales invocados de forma concreta y
subjetiva.

En este punto, la Sala considera que, tal como lo indicó el a quo en el caso objeto
de estudio, no podría afirmarse que exista una afectación directa en cabeza del
demandante para controvertir las providencias cuestionadas.

Finalmente, es procedente concluir que para efectuar un análisis de fondo se
requiere que la persona que promueva la acción esté legitimada en la causa por
activa y solo en ese caso se podría determinar si la autoridad demandada vulneró
los derechos fundamentales alegados, al no acreditarse tal condición en el caso
propuesto no hay lugar a efectuar el estudio en mención y, en esa medida, se
impone confirmar la providencia impugnada que declaró improcedente la solicitud
de amparo que ejerció el señor Iván Carrillo López contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
12
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03893-01
Demandante: Iván Carrillo López

2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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