Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03899-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03899-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03899-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03899-01
Demandante: Magdalena Munévar Chaparro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección A
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Proceso
ejecutivo. Liquidación de crédito. Intereses de mora.
Decisión: Confirma improcedencia por falta de relevancia constitucional
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 21 de agosto de 2025 por la Sección Cuarta de esta
corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplirse con el requisito general de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 20 de junio de 2025, Magdalena Munévar Chaparro, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, vida digna, mínimo vital y
seguridad social; así como el principio de seguridad jurídica.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) pagar la suma de $ 114.966.047,68, por concepto de
intereses moratorios adeudados o el mayor valor que determine el despacho,
aplicados sobre las diferencias pensionales causadas desde la fecha de ejecutoria
del fallo hasta cuando se genere el pago de la obligación, descontando lo pagado
en vía administrativa o judicial.
3. Adicionalmente, de forma subsidiaria, peticionó requerir al Juzgado 8
Administrativo de Bogotá para que liquide la obligación con los intereses moratorios
mencionados, «aplicando la norma en su sentido literal (art. 177 del CCA y 192 del
CPACA, Art. 431 inciso dos, art. 446 del CGP, por remisión del art. 306 del CPACA:
los intereses se deben sobre las diferencias que se siguen causando hasta la fecha
del pago total de la obligación)».
4. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de
subsanación y de los anexos, se observa que el 29 de febrero de 2012, el Juzgado
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03899-01
Accionante: Magdalena Munévar Chaparro
8 Administrativo de Bogotá, en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
(Rad. 11001-33-31-008-2011-00429-00) promovido por Magdalena Munévar
Chaparro en contra de la Caja Nacional de Previsión Social EICE (CAJANAL) en
liquidación (hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP), ordenó lo siguiente:
«SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. PAP 44607 del 17 de marzo
de 2011, que negó la reliquidación de la pensión mensual vitalicia de jubilación, de la
señora MAGDALENA MUNEVAR CHAPARRO […].
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social
E.I.C.E. - CAJANAL - en Liquidación, a efectuar una nueva liquidación de la pensión de
jubilación de la señora MAGDALENA MUNEVAR CHAPARRO, identificada con la C.C.
No. […] de Bogotá, equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicios, es decir, del 14 de abril de 1994 al 15 de abril de 1995, según
la certificación expedida por el Instituto Nacional de Vías, que obra a folios 16 y 17 del
expediente, incluyendo la Asignación básica, ajuste sueldo, horas extras, prima de
alimentación, ajuste prima de alimentación, bonificación especial, prima semestral,
prima de navidad y prima de vacaciones, a partir del 5 de marzo de 2007, aplicando los
reajustes anuales conforme a la ley, sin perjuicio del descuento por aportes de la
empleada sobre los factores que no se le descontaron de acuerdo con lo señalado en
la parte motiva de esta providencia».
5. El 28 de agosto de 2012, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó parcialmente la sentencia de
primera instancia, pues modificó el numeral 3 en el siguiente sentido:
«TERCERO Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho se CONDENA a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL E.I.C.E.– CAJANAL - "EN LIQUIDACIÓN", a reliquidar y pagar a la
demandante MAGDALENA MUNEVAR CHAPARRO, identificada con cédula de
ciudadanía No. […] de Bogotá, su pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75%
del promedio de todos los factores que devengó durante el último año de servicios,
comprendido entre el 14 de abril de 1994 y el 15 de abril de 1995, con efectividad a
partir del 5 de marzo de 2007, la cual debe comprender los factores de: la asignación
básica mensual, ajuste sueldo, horas extras, prima de alimentación, ajuste prima de
alimentación, prima semestral, bonificación especial, prima navidad y la prima
vacaciones, éstas últimas tres en forma proporcional a una doceava parte, que está
demostrado se pagaban por la administración en su momento relevante. Igualmente,
sobre la diferencia de los nuevos valores aquí reconocidos, efectúese los descuentos
de Ley de manera proporcional».
6. El 23 de mayo de 2013, la UGPP, mediante la Resolución RDP 023638, en
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, reliquidó la pensión de la señora
Munévar Chaparro a un valor de $1.744.020, efectiva a partir del 5 de marzo de
2007, y el 2 de julio de 2013, por medio de la Resolución RDP 29877, negó la
solicitud de aclaración formulada respecto del anterior acto administrativo.
7. El 16 de agosto de 2013, la señora Munévar Chaparro presentó demanda
ejecutiva para lograr el cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 28 de agosto de 2012 en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, a la cual le fue asignado el radicado No. 11001-33-
35-008-2013-00550-00.
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Accionante: Magdalena Munévar Chaparro
8. El 11 de marzo de 2015, el Juzgado 8 Administrativo de Bogotá libró
mandamiento de pago en contra de la UGPP y a favor de la demandante por la
suma de $126.681.524, el cual fue modificado, mediante Auto del 8 de septiembre
de igual anualidad, en el sentido de librar dicho mandamiento (i) por la suma de
$39.142.834, la cual corresponde a la reliquidación pensional de la actora,
liquidación a 31 de julio de 2013 y por las sumas que en lo sucesivo se causaran
hasta la fecha del pago total de la obligación; (ii) por la indexación aplicada sobre
dichas diferencias pensionales, desde que cada una se causó hasta la fecha del
pago; (iii) por los intereses de mora por las sumas adeudadas, desde la fecha de
ejecutoria y hasta cuando se produzca el pago total de la obligación.
9. El 29 de febrero de 2016, el Juzgado 8 Administrativo de Bogotá declaró no
probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y, en
consecuencia, ordenó seguir adelante la ejecución1. Inconforme con la anterior
decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación.
10. El 3 de noviembre de 2016, la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó parcialmente la sentencia de
primera instancia, puesto que modificó el ordinal segundo2 y revocó el ordinal
tercero de la decisión recurrida.
11. El 15 de agosto de 2018, el Juzgado 8 Administrativo de Bogotá improbó la
liquidación del crédito presentada por la ejecutante, y, en su lugar, aprobó la
liquidación que efectuó la Oficina de Apoyo, por un valor de $48.898.689,07 por
reliquidación pensional a 31 de julio de 2013 e indexación.
12. En desacuerdo con ello, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación
al considerar que la liquidación contenía errores aritméticos, ya que solamente se
determinó como capital las diferencias en las mesadas pensionales hasta la
presentación de la demanda ejecutiva cuando se trata de una prestación de tracto
sucesivo.
1
«PRIMERO: DECLÁRESE la no prosperidad de las excepciones formuladas por la entidad ejecutada.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA SEGUIR adelante la ejecución con fundamento en la sentencia proferida por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá, de 29 de febrero de 2012, confirmada parcialmente por sentencia e
segunda instancia de 28 de agosto de 2012, respecto de la liquidación de la pensión de jubilación de la señora MAGDALENA
MUNEVAR CHAPARRO, identificada con C.C. […] expidiendo un nuevo acto administrativo en donde reajuste la pensión de
jubilación en los términos señalados en las providencias referenciadas, realizando a su vez la liquidación y el pago de los
valores que arroje la misma, se reitera, desde el 05 de marzo de 2007, hasta el momento en que se efectúe el pago, por las
razones anteriormente expuestas.
TERCERO: ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, cancelar los intereses moratorios conforme al artículo 192, inciso
3 de la Ley 1437 de 2011[…]»
2
«[…]SEGUNDO: Se ordena seguir adelante con la ejecución en los términos de la obligación insoluta contenida en el título
ejecutivo, esto es:
a) Por el capital de $39.142.834 correspondiente a las diferencias en las mesadas pensionales causadas entre la fecha de
reconocimiento 5 de marzo de 2007 y el 31 de julio de 2013 fecha de presentación de la demanda, y las demás que se
generen hasta la fecha de pago efectivo de la reliquidación pensional.
b) Por la indexación del capital adeudado entre el 5 de marzo de 2007 y hasta el 11 de septiembre de 2012 fecha de ejecutoria
de la sentencia.
c) Por los intereses moratorios generados por el capital indexado, a partir del 12 de septiembre de 2012, mes a mes y hasta
la fecha de pago efectivo de la obligación […]».
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13. El 30 de octubre de 2018, la UGPP, por medio de la Resolución 043025,
modificó el acto administrativo RDP 023638 del 23 de mayo de 2013, porque se
«incurrió en error», por lo que reliquidó nuevamente la pensión a $1.793.118, a su
vez ordenó descontar de las mesadas atrasadas la suma de $362.466,74 por
concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados.
14. El 21 de febrero de 2019, la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el Auto del 15 de agosto de 2018
y, en su lugar, ordenó realizar una nueva liquidación.
15. El 28 de abril de 2023, el Juzgado 8 Administrativo del Circuito de Bogotá
modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y tuvo como
liquidación de la obligación la que realizó de oficio, la cual ascendió a la suma de
$155.166.579,50. Así:
«- Veintinueve millones doscientos sesenta y siete mil sesenta y cinco pesos con
cincuenta y tres centavos ($29’267.065,53), por concepto de las diferencias
pensionales indexadas del 05 de marzo de 2007 al 11 de septiembre de 2012.
• Sesenta y nueve millones seiscientos cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos
($69’605.184), por concepto de los intereses moratorios generados del 2012 de
septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2023, los cuales deben ser calculados hasta la
fecha efectiva de pago, conforme a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
• Cincuenta y seis millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos veintinueve
pesos con noventa y siete centavos ($56’294.329,97), por concepto de las diferencias
adeudadas por la entidad del 12 de septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2023, los
cuales deben ser calculados hasta la fecha efectiva de pago».
16. Ambos extremos procesales interpusieron recurso de apelación en contra
de la anterior decisión. El 15 de octubre de 2024, la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó la liquidación de
crédito a $56.783.714,45 con fecha de corte al 31 de marzo de 2023. Para soportar
la anterior decisión, la autoridad accionada afirmó que el juzgado simplemente
acogió el capital señalado en la demanda, sin verificar si se ajustaba a lo consignado
en las sentencias declarativas, ya que el capital indexado correspondía a la suma
de $11.375.530,48. Asimismo, explicó que las diferencias en las mesadas
pensionales causadas entre la ejecutoria de la sentencia y la fecha de liquidación
ascendían a $ 23.307.230,21. Por último, aclaró que los intereses de mora solo se
liquidan sobre el capital indexado existente a la ejecutoria de la sentencia lo que
correspondía entonces a $22.100.953,77.
17. Contra esta decisión, la parte actora formuló solicitud de adición y
corrección, toda vez que en la providencia que ordenó seguir adelante con la
ejecución no existió una discriminación de los intereses, por lo cual se entiende que
los intereses aplican conforme a lo dispuesto en los artículo 176 y 177 del CCA, de
cara al título ejecutivo, es decir, sobre los intereses generados sobre el capital
indexado y a partir de la ejecutoria del fallo, esto es, 12 de septiembre de 2012, mes
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a mes sobre cada diferencia hasta la fecha de pago efectivo, el cual a la fecha no
se suple con un alcance distinto, considerando el texto de los fallos ordinarios.
18. Adicionalmente, señaló que si en gracia de discusión se admitiera que los
intereses moratorios no están incluidos dentro de los fallos objeto de ejecución, esto
debe considerarse contrario a derecho porque al analizar el cumplimiento de la
sentencia debió acatar los términos de los artículos 176 y 177 del CCA, que
establecen que las diferencias deben indexarse desde la fecha de efectividad hasta
la ejecutoria de la sentencia, luego de ello deben pagarse los intereses establecidos
en la parte final del último artículo mencionado 177 del CCA.
19. El 14 de enero de 2025, la autoridad judicial precitada, por un lado, rechazó
por improcedente la solicitud de corrección, al considerar que la ejecutante no
planteaba errores aritméticos o mecanográficos que debían ser corregidos, sino que
cuestionó el fondo del asunto en torno de la liquidación del crédito efectuada por
esa corporación y, por el otro, negó la solicitud de adición, dado que las únicas
cantidades que pueden generar intereses de mora son las que existen indexadas a
la ejecutoria de la sentencia, sin desconocer que en obligaciones periódicas, como
lo son la reliquidación de un pensión, se afecta la base de la prestación, generando
diferencias hasta el cumplimiento efectivo de la orden judicial; diferencias estas que
se pagan pero sin interés alguno, por carencia de título que así lo ordene.
20. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que la Subsección
A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al expedir
las providencias del 15 de octubre de 2024 y 14 de enero de 2025, interpretó de
manera errónea y arbitraria los artículos 177 del CCA y 192 del CPACA, puesto que
limitó el reconocimiento de intereses moratorios sobre el capital causado hasta la
ejecutoria del fallo, a pesar de que existe una tesis jurisprudencial, emitida por
juzgados, tribunales y altas cortes, en la que se estableció que es procedente el
pago de intereses posteriores a la ejecutoria de la sentencia declarativa por tratarse
de una suma que no se pagó en tiempo.
21. Adicionalmente, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en
decisión sin motivación, al señalar que «las únicas cantidades que pueden generar
intereses de mora son las que existen indexadas a la ejecutoria de la sentencia, sin
desconocer que en obligaciones periódicas como lo son la reliquidación de una
pensión, se afecta la base de la prestación, generando diferencias hasta el
cumplimiento efectivo de la orden judicial; diferencias estas que se pagan, pero sin
interés alguno, por carencia de título que así lo ordene».
22. Lo anterior, debido a que dicho argumento carece de sustento normativo y
jurisprudencial, dado que el Consejo de Estado en las aprobaciones de liquidación
de crédito, también liquida los intereses a su vez sobre el total acumulado hasta la
fecha en que se pague la obligación de manera total. Al respecto, citó la Sentencia
proferida el 9 de septiembre de 2021 por la Subsección B de la Sección Segunda
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del Consejo de Estado en el proceso ejecutivo con radicado No. 17001-23-33-000-
2018-00112-01.
Intervenciones3
23. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, luego de hacer un breve recuento del proceso ejecutivo, afirmó
que no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, por lo
que aquella pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para
discutir las providencias que le resultaron lesivas a sus intereses. En consecuencia,
solicitó declarar improcedente este mecanismo constitucional.
24. El Juzgado 8 Administrativo de Bogotá indicó que las actuaciones
judiciales que adelantó en el proceso ordinario se realizaron con respeto a los
derechos de la señora Munévar Chaparro. Además, aclaró que la solicitud de
amparo no se presentó en contra de ese despacho, sino de la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de ahí que las
pretensiones busquen que se imparta una orden a esa última corporación. De otra
parte, remitió copia digital del expediente ejecutivo con radicado No. 11001-33-35-
008-2013-00550-00.
25. La UGPP manifestó que no goza de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que las pretensiones van dirigidas contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; por ende, era a aquella autoridad a la que le correspondía
pronunciarse sobre lo solicitado. En todo caso, adujo que la accionante empleó este
mecanismo para plantear los mismos argumentos que expuso en el proceso
ejecutivo como si se tratara de una instancia adicional en pro de un beneficio
netamente económico. Por lo anterior, solicitó, de un lado, «negar por
improcedente» la acción de amparo y, del otro, su desvinculación del presente
trámite.
Sentencia impugnada
26. El 21 de agosto de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, al considerar que las inconformidades de la parte actora no eran en
realidad respecto del último auto que aprobó la liquidación del crédito, ni respecto
del auto que no accedió a la corrección o a la adición, ya que estas providencias
únicamente materializaron la orden impartida en la sentencia de segunda instancia
en el proceso ejecutivo que modificó la sentencia del 29 de febrero de 2016, en lo
relacionado con la orden de seguir adelante con la ejecución en los términos de la
3
El 16 de julio de 2025, la Sección Cuarta de esta corporación admitió la acción de tutela en contra de la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó a la UGPP. Adicionalmente, en atención a que el
apoderado de la parte accionante en el escrito de tutela discutió 2 procesos ejecutivos que no tenían relación material de
dependencia, ya que uno se adelantó por Magdalena Munévar Chaparro y el otro por Néstor Hugo Torres Niz, ordenó el
desglose y el reparto correspondiente de la acción de tutela en lo que tiene que ver con la causa promovida por el señor
Torres Niz en contra de la Subsección precitada, por la ausencia de motivación en el Auto del 30 de enero de 2024, emitido
en el proceso ejecutivo No. 11001-33-35-028-2016-00269-00.
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obligación contenida en el título ejecutivo, sino que su cuestionamiento radicó en
que, a juicio de la accionante, se tenía que reconocer de manera simultánea «la
indexación y el pago de intereses moratorios», por lo que no cuestiona las razones
que fueron el fundamento de las providencias alegadas.
27. Adicionalmente, señaló que en el escrito de tutela las pretensiones estaban
encaminadas a que se ordenara a la UGPP realizar el pago de los intereses
moratorios adeudados por la suma de $114.966.047,68 «aplicados sobre las
diferencias pensionales causadas desde la fecha de ejecutoria del fallo y hasta
cuando se genere el pago de la obligación, descontando lo pagado en vía
administrativa o judicial», y, subsidiariamente, que el Juzgado 8 Administrativo de
Bogotá liquidara la obligación con los intereses moratorios adeudados «desde la
ejecutoria del fallo hasta que la entidad realice el pago de la obligación», lo que
recae en un asunto eminentemente económico, que no trasciende a un plano de
afectación de derechos fundamentales.
28. En esos términos, consideró que la solicitud de amparo no gozaba de una
marcada importancia constitucional, debido a que el asunto no trascendía el plano
meramente legal; y a que, de fondo, lo pretendido se limitó a un móvil económico
que no está directamente relacionado con la vulneración de garantías
fundamentales.
Impugnación
29. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia. Para soportar su
desacuerdo, indicó que si bien es cierto que la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales exige acreditar la relevancia constitucional, en este
caso dicho requisito se satisfizo plenamente, porque se discutieron asuntos que van
más allá de una simple controversia legal o económica y que afecta directamente
sus derechos a la seguridad social, debido proceso y acceso efectivo a la justicia.
30. Adujo que la acción fue interpuesta contra una providencia que revocó una
decisión que le fue favorable, quien a sus 74 años ha esperado más de 10 años
para que se resuelva su proceso ejecutivo, sin contar el tiempo invertido en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
31. Adicionalmente, manifestó que el juez de primer grado omitió valorar las
pruebas obrantes en el expediente e interpretó de manera errónea las normas
relativas al reconocimiento de intereses, en particular el artículo 177 del CCA.
Estimó que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado deberían aprovechar
esta oportunidad para fijar un criterio unificado sobre la forma de liquidar intereses
moratorios en el marco de lo dispuesto por el CCA y el CPACA, dada la disparidad
interpretativa entre operadores jurídicos durante años.
32. Alegó que la autoridad judicial accionada favoreció los intereses de la
entidad demandada (esto es, la UGPP), en detrimento de una persona mayor de
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edad avanzada, que debió acceder a su prestación pensional hace más de 2
décadas, motivo por el cual acudió al juez constitucional ante la inexistencia de otro
mecanismo eficaz para proteger los derechos fundamentales involucrados.
33. Finalmente, resaltó que la Corte Constitucional ha reconocido la
procedencia de la tutela en casos con contenido económico, como los relacionados
con pensiones, procesos ejecutivos o reparaciones directas, siempre que se
advierta una clara afectación de derechos fundamentales, lo cual, a su juicio, ocurrió
en este caso.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
34. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
35. En atención a que el juez de primera instancia no se pronunció frente a la
solicitud de desvinculación formulada por la UGPP, la Sala considera oportuno
aclarar que no accederá a esta petición, comoquiera que aquella entidad fue
vinculada al presente trámite debido a que hizo parte del proceso ejecutivo, en
calidad de demandada, por lo que le asiste interés en la decisión que aquí se adopte.
Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala determinar si la presente acción reúne los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra de providencia judicial,
especialmente, la exigencia de relevancia constitucional. De obtenerse una
respuesta afirmativa, deberá establecer si la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al expedir las providencias del 15 de
octubre de 2024 y 14 de enero de 2025, incurrió en los defectos alegados por la
parte accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
37. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual la
Sección Cuarta de esta corporación declaró improcedente la acción de tutela, por
no encontrarse satisfecha la exigencia general de relevancia constitucional, de
acuerdo con las razones que a continuación se exponen:
38. La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, vida digna, mínimo vital y seguridad social, los cuales
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estimó vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la expedición de las providencias
del 15 de octubre de 2024 y 14 de enero de 2025, tras considerar que se
interpretaron de manera errónea y arbitraria los artículos 177 del CCA y 192 del
CPACA, puesto que se limitó el reconocimiento de intereses moratorios sobre el
capital causado hasta la ejecutoria del fallo, a pesar de que existe una tesis
jurisprudencial, en la que se estableció que es procedente el pago de intereses
posteriores a la ejecutoria de la sentencia declarativa por tratarse de una suma que
no se pagó en tiempo.
39. Analizado lo anterior, la Sala constata que la controversia planteada por el
accionante carece relevancia constitucional, ya que versa sobre el reconocimiento
de intereses moratorios sobre las diferencias pensionales generadas desde la
ejecutoria de la sentencia declarativa hasta el cumplimiento efectivo de la obligación
por parte de la UGPP. En esa medida, aunque la demandante alegó la vulneración
de sus derechos fundamentales, el debate se circunscribe en el reconocimiento y
liquidación de intereses moratorios lo cual configura un asunto eminentemente
económico y propio del ámbito del proceso ordinario. Este tipo de discusión, de
naturaleza estrictamente económica, no trascienden al plano constitucional, pues
no se encuentra comprometido de manera directa el núcleo esencial de los
derechos fundamentales invocados; por el contrario, esta discusión se limita a la
interpretación y aplicación de disposiciones legales y procesales que rigen los
procesos ejecutivos.
40. Aunado a lo anterior, se advierte que el tema que la accionante controvierte
fue planteado en el proceso ordinario y definido por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional sobre el particular, pues ello implicaría desconocer el
principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
41. Así las cosas, la Sala encuentra que no existe un problema de relevancia
constitucional, dado que no se evidencia una afectación real o inminente del orden
constitucional ni un cuestionamiento que comprometa la interpretación de normas
de jerarquía superior.
42. De manera que, tal como lo señaló el juez de tutela de primer grado, las
inconformidades de la parte actora no son en realidad respecto del último auto que
aprobó la liquidación del crédito, ni respecto del auto que no accedió a la corrección
o a la adición, pues estas providencias únicamente materializaron la orden que fue
dada en la sentencia de segunda instancia en el proceso ejecutivo que modificó el
numeral segundo de la Sentencia del 29 de febrero de 2016, en lo relacionado con
la orden de seguir adelante con la ejecución en los términos de la obligación
contenida en el título ejecutivo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03899-01
Accionante: Magdalena Munévar Chaparro
43. Así las cosas, al no haberse superado la exigencia de procedibilidad aquí
estudiada, la Subsección confirmará la sentencia proferida por la Sección Cuarta de
esta corporación el 21 de agosto de 2025, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela formulada por Magdalena Munévar Chaparro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por Magdalena Munévar Chaparro en contra de la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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