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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03911-00

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03911-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA, al no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicado: 11001 03 15 000 2025 03911 00 Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otro para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03911-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

28 de agosto de 2025

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 03911 00
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Expediente: 11001 03 15 000 2025 03911 00
Accionantes: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA
Accionado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Tesis: No cumple con el requisito de relevancia constitucional la acción de tutela
que versa sobre un asunto meramente legal y económico y con la cual se
pretende reabrir el debate de instancia.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-
CRA en contra del Consejo de Estado - Sección Cuarta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante el Ministerio) y la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (en adelante CRA),
interpusieron acción de tutela en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, acceso a la administración
de justicia e igualdad en concordancia con los principios de la seguridad jurídica y
legalidad, con ocasión de la sentencia de 20 de febrero del 2025, proferida en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicado 25000 2337 000 2021 00136 01.

Para el efecto, formularon las siguientes pretensiones:

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«VII.- PETICIÓN

En virtud de lo expuesto a lo largo de este escrito, solicitamos al Honorable
Consejo de Estado, tener en cuenta la importancia jurídica y la afectación
presupuestal de la decisión que se tome, ordenando lo siguiente:

PRIMERO. - Se sirva TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA e IGUALDAD
en concordancia con los principios de la Seguridad Jurídica y Legalidad , en
favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, involucradas en el
cumplimiento de la sentencia, los cuales están siendo vulnerados por el
Consejo de Estado, Sección cuarta, por las razones planteadas en esta acción
constitucional.

SEGUNDO. - Como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales,
se sirva DEJAR sin efectos el fallo de fecha 20 de febrero del 2025 que desató
el recurso de apelación presentado por la CRA contra la sentencia del 30 de
mayo del 2024, dictada por el Honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, dentro del medio de control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado por EPM ESP cuyo
radicado es 25000-23-37-000-2021-00136-00 (29186).

TERCERO. - Como consecuencia del amparo, EMITIR fallo sustitutivo del
recurso de apelación instaurado por el MVCT y la CRA, contra la sentencia de
primera instancia número 056b del 30 de mayo del 2024, conforme los
supuestos fácticos y normativos expuestos y que aplican para determinar la
legalidad de los actos administrativos objeto de control, teniendo en cuenta
para tal efecto el precedente constitucional citado en la parte motiva del
presente instrumento, absolviendo a las entidades accionantes de devolver a
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., la suma de $2.386.596.358,
debidamente actualizada, junto a los intereses moratorios de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA. Y, por ende,
DECLARAR que la sociedad Empresas Públicas de Medellín E.S.P., sí está
obligada a realizar el pago de la contribución especial del año 2020, al igual
que todos los demás contribuyentes.»1.

1.2. Como fundamento de su solicitud, expusieron que el 10 de septiembre de
2020 la CRA expidió la Resolución 930 de 2020, mediante la cual fijó la tarifa de la
contribución especial para la vigencia 2020 en un cero coma dos mil cuatrocientos
treinta y dos por ciento (0,2432 %), dirigida a los prestadores de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, con base en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.

Luego, mediante la Resolución UAE-CRA 544 del 21 de septiembre del mismo año,
se liquidó la contribución especial correspondiente al año gravable 2020 a cargo de
Empresas Públicas de Medellín (en adelante EPM). Esta última interpuso recurso de
reposición y en subsidio, apelación, que fueron parcialmente acogidos por la entidad

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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reguladora, excluyendo ciertos rubros relacionados con la estratificación. Dicha
modificación se formalizó mediante las Resoluciones UAE-CRA 785 del 23 de
octubre y UAE-CRA 842 del 5 de noviembre de 2020.

Como consecuencia de lo anterior, EPM promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de los actos que fijaron y liquidaron la
contribución especial. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, mediante sentencia del 30 de mayo
de 2024, resolvió declarar la nulidad de las Resoluciones UAE-CRA 544 del 21 de
septiembre de 2020, 785 del 23 de octubre de 2020 y 842 del 5 de noviembre de
2020, por medio de las cuales se expidió, modificó y confirmó, respectivamente, la
liquidación oficial del tributo correspondiente al año gravable 2020 a cargo de EPM.
A título de restablecimiento del derecho, señaló que la empresa no estaba obligada
al pago de la contribución especial prevista en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
para dicho período y ordenó a la CRA la devolución de la suma de dos mil
trescientos ochenta y seis millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos
cincuenta y ocho pesos ($2.386.596.458), debidamente actualizada. Negó las demás
pretensiones.

Inconformes con la decisión de primera instancia, el Ministerio y la CRA interpusieron
recursos de apelación, los cuales fueron resueltos por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado. Esta corporación, en sede de segunda instancia, modificó parcialmente la
sentencia apelada en particular los ordinales primero, segundo y tercero, para
inaplicar por inconstitucional el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, y declaró la
nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se liquidó la contribución
especial, disponiendo además la devolución de los montos pagados por EPM.

En sustento de dicha decisión, la Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró
que la liquidación del tributo para el año 2020, se había fundado en hechos
económicos ocurridos durante 2019, momento en el cual ya regía el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019. No obstante, al tratarse de un tributo periódico, concluyó que las
modificaciones legales introducidas por dicha norma solo podían producir efectos a
partir del año gravable siguiente, es decir, desde el 2020, por lo que no era posible
aplicar retroactivamente la base gravable definida por el legislador. En ese sentido,
inaplicó por inconstitucional tanto el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 como la

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Resolución CRA 930 de 2020, por contrariar el principio de irretroactividad tributaria y
el artículo 338 de la Constitución Política.

Asimismo, señalaron que la Sección Cuarta en providencias anteriores había
declarado la nulidad de actos similares, proferidos por otras entidades reguladoras,
por apoyarse en normas cuya aplicación retroactiva vulneraba la legalidad y la
seguridad jurídica. A partir de ese precedente, reiteró que la contribución especial
por el año 2020 debía regirse por el marco legal vigente en ese mismo año y no por
disposiciones cuya entrada en vigor se produjo en vigencias anteriores. En
consecuencia, ordenó la devolución de las sumas canceladas por EPM, con los
intereses moratorios correspondientes.

Las entidades demandantes trajeron a colación que la consejera de Estado Myriam
Stella Gutiérrez Argüello salvó su voto, al considerar que los actos demandados no
vulneraron el principio de irretroactividad de la ley. La parte actora resaltó que, a su
juicio de la mencionada consejera, la contribución especial liquidada por la CRA para
la vigencia 2020 no constituye un tributo de periodo, pues no depende de hechos
económicos dentro de un año fiscal determinado, sino de la prestación de los
servicios de regulación, inspección y control realizados en ese mismo año. Además,
indicó que los costos de referencia utilizados para calcular la tarifa proveniente del
año anterior no afectan la validez de los actos, ya que no inciden sobre situaciones
previas a la entrada en vigor de la norma. Resaltó que la Corte Constitucional, en la
sentencia C-484 de 2020, declaró inexequible el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019
con efectos hacia el futuro, por lo que los tributos causados en el año 2020
constituían situaciones jurídicas consolidadas, no afectadas por dicha declaratoria.
Por ello, consideró que no era posible reabrir un debate sobre la constitucionalidad
de la norma para esa vigencia, y que, en consecuencia, el tributo fue válidamente
recaudado.

Advirtieron que la sentencia vulneró los derechos fundamentales, como el debido
proceso, la igualdad y el principio de legalidad disponer la devolución de más de cien
mil ($100.000) millones, suma que constituye la única fuente de financiación de la
CRA. Esta situación, adujeron, compromete seriamente su capacidad operativa y
regulatoria, afectando la política pública de agua potable y saneamiento básico.

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Las entidades accionantes afirmaron que la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedencia definidos por la Corte Constitucional. En cuanto
al principio de subsidiariedad, señalaron que no existe otro medio de defensa judicial
eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados, dado que ya se
agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento.
Indicaron que la providencia acusada fue adoptada en sede de apelación, sin
posibilidad de impugnación adicional, lo que excluye la viabilidad de un recurso
extraordinario de unificación o revisión. Además, resaltaron que los defectos
denunciados no pueden ser corregidos por otra vía judicial, y que el incidente de
impacto fiscal no constituye un mecanismo sustitutivo de la tutela, por cuanto no
permite controvertir la legalidad de la sentencia.

Afirmaron que también se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que, fue
presentada el 26 de junio de 2025, es decir, cuatro meses después de la notificación
de la sentencia de segunda instancia. A su juicio, este término resulta razonable,
dada la complejidad técnica y jurídica del asunto, la necesidad de obtener copias del
expediente para sustentar adecuadamente la solicitud y la obligación institucional de
evaluar posibles mecanismos para mitigar el impacto de la decisión cuestionada.
Subrayaron que el tiempo transcurrido fue necesario para realizar un análisis
riguroso de los efectos del fallo y determinar la procedencia de la tutela como
mecanismo excepcional.

En cuanto a la relevancia constitucional, sostuvieron que la providencia impugnada
pone en riesgo el funcionamiento de la CRA al suprimir su única fuente de
financiación, lo que afectaría gravemente el modelo legal de sostenibilidad del
sistema de regulación de los servicios públicos. Indicaron que la decisión
compromete el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de dicha
comisión, dado que la contribución especial prevista en el artículo 85 de la Ley 142
de 1994, es el único mecanismo para cubrir los costos de operación del regulador.
Afirmaron que, de mantenerse los efectos del fallo, se produciría una afectación
directa al interés general, tanto por la desfinanciación institucional como por la
alteración del esquema normativo de recuperación de costos del servicio. Agregaron
que la discusión no se limita al caso concreto, sino que proyecta consecuencias
estructurales sobre el diseño del sistema de regulación, vulnerando principios como

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la sostenibilidad fiscal, la legalidad tributaria, el acceso a servicios públicos
esenciales, la igualdad y el mínimo vital.

1.3. En cuanto a los requisitos específicos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, alegaron la configuración de cuatro causales: (i) defecto
sustantivo, (ii) violación directa de la Constitución Política, (iii) desconocimiento del
precedente y de la cosa juzgada constitucional, y (iv) defecto procedimental
absoluto.

Respecto del defecto sustantivo, señalaron que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado incurrió en una interpretación errada del ordenamiento jurídico al declarar
inaplicable el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 para la vigencia 2020, pese a que
esta norma fue declarada inexequible con efectos a partir del 1º de enero de 2021.
Alegaron que ello desconoce su vigencia durante el año 2020 y afecta situaciones
jurídicas consolidadas, como las contribuciones liquidadas bajo su amparo,
vulnerando así el principio de legalidad y la presunción de constitucionalidad, en
contravía de los efectos fijados por las sentencias C-464 y C-484 de 2020.

Sobre la violación directa de la Constitución Política, afirmaron que se quebrantó el
principio de legalidad, consagrado en los artículos 3, 6, 121, 122 y 123 superiores, al
ordenar la devolución de sumas que, conforme al artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
debían ser recaudadas por la CRA para su sostenimiento. Sostuvieron que esta
decisión impide el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 370 de la
Carta y elimina de hecho y de derecho la única fuente de financiación de la entidad,
afectando su sostenibilidad y la de otras autoridades regulatorias.

En cuanto al desconocimiento del precedente y de la cosa juzgada constitucional,
indicaron que el Consejo de Estado se apartó sin justificación de las sentencias C-
464 y C-484 de 2020, que declararon inexequible el artículo 18 de la Ley 1955 pero
preservaron las contribuciones liquidadas en 2020. Recordaron que, según las
sentencias SU-213 de 2024, SU-453 de 2019 y T-656 de 2011, el precedente
constitucional es obligatorio y su desconocimiento exige una motivación expresa y
suficiente, que no se presentó en el caso examinado.

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Finalmente, respecto del defecto procedimental absoluto, alegaron que el Consejo
de Estado resolvió cuestiones ajenas al recurso de apelación y omitió pronunciarse
sobre los argumentos, excepciones y planteamientos de los demandados, en
contravía de los artículos 320 del CGP y 187 del CPACA. Esto, a su juicio, vulneró
los principios de congruencia, non reformatio in pejus y debido proceso, al
desconocer el derecho a una decisión motivada, al ejercicio efectivo de la defensa y
a la doble instancia.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. El expediente fue sometido a reparto el 20 de junio de 20252 y allegado al
Despacho el 24 de junio del mismo año3.

2.2. El proceso de la referencia fue admitido mediante providencia del 26 de junio de
20254, en la que particularmente se ordenó notificar a la Sección Cuarta del Consejo
de Estado y comunicar Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “B”, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM E.S.P. y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.3. El 4 de julio de 20255, la Secretaría de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado remitió el expediente 25000 2337 000 2021 00136 00/01, y no realizó
ninguna manifestación.

2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante memorial del 7 de
julio de 20256, remitió el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en cumplimiento de lo ordenado en el auto del 26 de junio de 2025.

2.5. Las Empresas Públicas de Medellín el día 9 de julio de 20257, indicó que la
acción de tutela interpuesta por el Ministerio y la CRA no evidencia una vulneración
de derechos fundamentales, sino que se limita a reproducir el trámite procesal del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Señaló que los

2 Visible a índice 1 ibidem.
3 Visible a índice 3 Ibidem
4 Visible a índice 8 ibidem.
5 Visible a índice 12 ibidem
6 Visible índice 13 ibidem
7 Visible índice 14 ibidem

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accionantes transcribieron extensamente las actuaciones judiciales sin demostrar
que las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o por
el Consejo de Estado hubiesen sido arbitrarias, irrazonables o carentes de sustento.
En esa medida, consideró que la tutela no se dirige a proteger derechos
fundamentales amenazados o vulnerados, sino a reabrir un debate jurídico ya
resuelto mediante una sentencia motivada, adoptada por el juez natural dentro de su
competencia y con respeto a la autonomía judicial.

Indicó que la solicitud de amparo no reúne los requisitos generales ni especiales de
procedencia establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales. En particular, sostuvo que no se cumple con el
requisito de inmediatez, pues las entidades presentaron la acción cerca de cinco (5)
meses después de ser notificadas del fallo de segunda instancia sin justificar dicha
demora. Tampoco acreditaron defectos como el sustantivo, procedimental, fáctico o
desconocimiento del precedente. En cuanto al análisis de fondo, afirmó que el
Consejo de Estado no desconoció los efectos ex nunc establecidos en la sentencia
C-484 de 2020, sino que, con base en el principio de irretroactividad tributaria y en
precedentes contenciosos, concluyó que no era posible liquidar contribuciones con
fundamento en una norma expedida en el mismo año gravable.

Finalmente, argumentó que los planteamientos de las entidades accionantes sobre la
afectación al patrimonio público y a la financiación de la CRA no satisfacen por sí
solos el requisito de relevancia constitucional exigido para la procedencia de la
acción de tutela. Precisó que tales efectos económicos son consecuencia ordinaria
de las decisiones adoptadas por el juez natural dentro de un proceso contencioso-
administrativo y no constituyen una amenaza directa a derechos fundamentales.
Además, reiteró que la sentencia cuestionada no eliminó la contribución especial
como mecanismo de financiación, ni desconoció su legalidad, sino que anuló actos
administrativos concretos por contrariar el principio de irretroactividad tributaria. Por
estas razones, solicitó que se niegue la tutela por improcedente.

2.6. El magistrado de la Sección Cuarta del Consejo Wilson Ramos Girón, en
escrito del 9 de julio de 20258, expuso que la acción de tutela formulada por el
Ministerio y la CRA busca controvertir una decisión judicial adoptada por el juez

8 Visible índice 15 ibidem

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natural en el marco de sus competencias, convirtiendo la tutela en una instancia
adicional. Recordó que la sentencia del 20 de febrero de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, resolvió el recurso de apelación interpuesto
por la CRA contra el fallo de primera instancia y al encontrar que el tribunal no se
pronunció sobre todos los cargos de nulidad formulados en la demanda, analizó
también aquellos omitidos, en aplicación de los principios de plenitud del juzgamiento
y acceso a la justicia. Indicó que la providencia cuestionada declaró la nulidad de los
actos de liquidación de la contribución especial del año 2020, por considerar que se
vulneró el principio de irretroactividad tributaria al tomar como base gravable hechos
económicos del año 2019.

Explicó que la tutela no cumple con los requisitos generales de procedencia, como la
relevancia constitucional y la subsidiariedad, afirmó que el debate planteado es de
índole legal y no involucra el contenido o goce de derechos fundamentales, por lo
que no habilita el uso excepcional del mecanismo constitucional. Asimismo, agregó
que los argumentos sobre la supuesta extralimitación del juez de segunda instancia y
la violación al principio de non reformatio in pejus deben ventilarse por la vía del
recurso extraordinario de revisión, ya que se refieren a un eventual defecto procesal
derivado de una incongruencia en la sentencia. En cuanto al defecto sustantivo,
indicó que no se desconocieron las sentencias C-464, C-484 de 2020 ni C-147 de
2021, puesto que estas no se pronunciaron sobre la aplicación del principio de
irretroactividad tributaria y la Sección Cuarta aplicó dicho principio con base en los
artículos 338 y 363 de la Constitución Política, siguiendo precedentes contenciosos
reiterados.

Finalmente, rechazó que la decisión impugnada haya desconocido los derechos
fundamentales alegados por las entidades actoras. Sostuvo que el hecho de que se
haya ordenado la devolución de lo pagado por concepto de la contribución especial,
como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos, no vulnera la
sostenibilidad fiscal ni constituye una afectación ilegítima al patrimonio público.
Precisó que la CRA promovió un incidente de impacto fiscal para gestionar las
implicaciones económicas de la sentencia y que los riesgos financieros derivados de
una decisión judicial no pueden impedir el control de legalidad de los actos
administrativos. Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela o en su defecto negar sus pretensiones.

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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto
333 de 20219, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asignó a esta Sección el
conocimiento de este tipo de acciones constitucionales, esta Sala es competente
para conocer del presente asunto.

3.2. Cuestión previa

El Consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes10, manifestó su impedimento para
conocer del presente asunto, al encontrarse incurso en la causal prevista en el
numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, consistente en haber
intervenido previamente en el mismo. Explicó que, en su calidad de Experto
Comisionado de la CRA, participó en el proceso de proyección, estudio y
expedición de la Resolución CRA 930 de 2020, «Por la cual se fija la tarifa de la
contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para la
vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones». Sin embargo, mediante
providencia de 8 de agosto de 2025, la Sala negó el impedimento al concluir que
su intervención en la expedición de dicha resolución no constituía una actuación
procesal en el asunto sometido a decisión, ni comprometía su imparcialidad para
conocer del caso.

3.3. Hechos relevantes

3.3.1. El 10 de septiembre de 2020, la CRA expidió la Resolución 930 de 2020,
mediante la cual fijó la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2020 en

9 «Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá
por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento
al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto».
10 Visible a índice 19 ibídem.

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un 0,2432 %, con base en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificado por el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.

3.3.2. Posteriormente, mediante la Resolución UAE-CRA 544 del 21 de
septiembre de 2020, se liquidó dicha contribución a cargo de EPM. Contra este
acto, EPM interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, que fueron
parcialmente acogidos por la CRA, modificando la liquidación mediante las
Resoluciones UAE-CRA 785 del 23 de octubre de 2020 y UAE-CRA 842 del 5 de
noviembre del mismo año.

3.3.3. EPM presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los actos que fijaron y liquidaron la contribución especial, ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Mediante sentencia del 30 de mayo de 2024,
dicho tribunal declaró la nulidad de las Resoluciones UAE-CRA 544, 785 y 842 de
2020, y ordenó a la CRA devolver a EPM la suma de dos mil trescientos ochenta y
seis millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos
($2.386.596.458), debidamente actualizada. Negó las demás pretensiones.

3.3.4. Contra dicha decisión, el Ministerio y la CRA interpusieron recursos de
apelación, resueltos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Esta
corporación modificó parcialmente la sentencia apelada en particular los ordinales
primero, segundo y tercero la sentencia apelada y declaró la nulidad de los actos
administrativos de liquidación, ordenando la devolución de los montos pagados
por EPM, al considerar que la norma en que se basó la contribución era
inaplicable por contrariar el principio de irretroactividad tributaria.

3.3.5. Según las entidades accionantes, esta decisión fue adoptada sin
competencia funcional y con desconocimiento del precedente y la cosa juzgada
constitucional, incurriendo además en una interpretación irrazonable del
ordenamiento jurídico, por lo que promovieron acción de tutela contra la sentencia
del Consejo de Estado.

3.4. Análisis de la Sala

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3.4.1. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

3.4.2.1. De la relevancia constitucional

En la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que «el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes».

Asimismo, la mencionada sentencia precisó que «los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra».

A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 201911,
el alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades12:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

11 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y

SU-103 de 2022.
12 Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022,

decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es «el
correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico».

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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman tal requisito. De manera que, si
no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar ese presupuesto.

Siendo ello así, se observa que los siguientes elementos no se cumplen en el caso
en concreto:

3.4.2.2. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las Jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o con un marcado contenido económico. La Corte
Constitucional ha conceptualizado así este aspecto:13

«La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, dado que ‘le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario o pena de involucrarse en cuestiones que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En tales términos, un asunto carece de relevancia
constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se
limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la
correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta se desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general».

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Alta Corte, un asunto carece de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por la parte actora es de
naturaleza meramente legal y/o económica. Sin embargo, en la reciente SU-215
de 2022, al respecto se señaló:

13 Sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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«Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias
en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de
casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por
ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las
que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de
anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios».

De lo anterior, se desprende que el asunto que se pone en conocimiento debe
trascender al ámbito constitucional, y ello se logra cuando la argumentación no se
limita a buscar la protección de los intereses económicos y/o legales que
identifican particularmente a la parte actora, sino que justifica razonablemente la
afectación desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.

3.3.2.2.1. Así las cosas, la discusión planteada en el presente caso es de
naturaleza eminentemente legal, ya que gira en torno a la interpretación del
principio de irretroactividad tributaria y la aplicación del artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, norma declarada inexequible por la Corte Constitucional con efectos
hacia el futuro en las sentencias C-464 de 202014 y C-484 de 202015. En particular,
el debate se centra en determinar si, al liquidarse la contribución especial del año
2020 con base en hechos económicos ocurridos en 2019 esto es, antes de la
entrada en vigencia del artículo 18 ibidem, se desconocieron los límites
constitucionales que impiden aplicar retroactivamente normas tributarias, conforme
a los artículos 338 y 363 de la Constitución Política.

Además, esta controversia no se limita al debate jurídico sobre la aplicación del
principio de irretroactividad y la interpretación del artículo 18 de la Ley 1955 de
2019, sino que se extiende a la determinación judicial de imponer a la CRA la
obligación de devolver los recursos recaudados por concepto de la contribución
especial del año 2020, lo que introduce una dimensión económica adicional en el

14 La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-464 de 28 de octubre de 2020 M.P. Alejandro

Linares Cantillo, declaró la inexequibilidad de la expresión «y todos aquellos que inciden directa o
indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios» del artículo 18 de la Ley
1955 de 2019, con efectos hacia el futuro.
15Sentencia C-484 de 19 de noviembre de 2020 M.P. Alejandro Linares Cantillo, declaró la

inexequibilidad total del artículo 18 ibidem, con efectos ex nunc a partir del año 2021, al considerar
que los tributos causados en 2020 correspondían a situaciones jurídicas consolidadas.

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análisis. Sobre ese particular, resulta ilustrativo señalar que, dentro del proceso
ordinario, fue admitido un incidente de impacto fiscal mediante auto del 23 de
mayo de 2025, el cual se encuentra pendiente de decisión por parte de la
autoridad judicial demandada, lo cual confirma que el asunto tiene una
connotación económica, que en todo caso no transforma la discusión en un
problema de índole constitucional.

En ese contexto, si bien las entidades accionantes alegan la vulneración de
derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad, la discusión principal del caso se relaciona del caso se
relaciona con aspectos de legalidad, especialmente en lo que respecta a la
interpretación del marco jurídico tributario y la validez de los actos administrativos
que aplicaron una norma vigente al momento de su expedición. Por tanto, el
asunto escapa del ámbito de competencia del juez constitucional, en tanto lo que
se busca es controvertir la interpretación judicial adoptada en sede de apelación
por la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio de su función natural.

3.3.1.4. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
adicional

Frente al mencionado elemento, es pertinente señalar que en las sentencias SU
215 de 2022 y SU 128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción
del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene que el
recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del Juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los eventos en

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los cuales la autoridad judicial decide precisamente sobre la controversia que se le
ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en
el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un
pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando
además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el Juez Constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión
del juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley
para pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto,
con el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual,
valga decirlo, no tiene la formación requerida.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del
derecho a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser
controvertida.

3.3.1.4.1. En ese sentido, como se vio en el punto anterior, la controversia gira en
torno a la interpretación que realizó la Sección Cuarta del Consejo de Estado
sobre el principio de irretroactividad en materia tributaria y los efectos temporales
de la sentencias C-464 de 2020 y C-484 de 2020 de la Corte Constitucional, en las
cuales se declaró la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y, en
particular, a si era procedente ordenar la devolución de las contribuciones
recaudadas por la CRA durante la vigencia 2020 con fundamento en dicha norma.

Lo anterior evidencia que el asunto no versa sobre la afectación directa de un
derecho fundamental, sino sobre la validez de los actos administrativos expedidos

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con base en una disposición legal cuya interpretación fue controvertida ante la
jurisdicción contenciosa.

3.3.1.4.2. Aunque las entidades accionantes invocan la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, lo que
se pretende mediante la presente acción de tutela es controvertir la interpretación
jurídica adoptada por el juez ordinario, en el marco de su competencia legal. En
efecto, el debate ya fue resuelto por el juez natural mediante sentencia de
segunda instancia, que se profirió con plena observancia del procedimiento y
dentro del ámbito funcional correspondiente.

En tal contexto, no corresponde al juez constitucional sustituir la valoración
realizada por el juez contencioso-administrativo, ni revisar el criterio jurídico que
sustentó la decisión cuestionada. La acción de tutela, por tanto, no puede
convertirse en un mecanismo alterno para reabrir discusiones ya zanjadas en sede
judicial ordinaria, pues ello desnaturalizaría su carácter subsidiario y excepcional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico- CRA, al no superar el requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

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para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo
31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 28 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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