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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03911-01

Fecha
11 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03911-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, pero por incumplimiento tanto del requisito de relevancia constitucional como el de subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03911-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

11 de noviembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, once (11) de noviembre dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03911-01
Demandante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Demandado: SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL Y SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: la actora cuestionó la providencia de segunda instancia mediante la cual se
modificó la decisión que había declarado la nulidad de unas resoluciones, a través de las cuales
se liquidó una suma por concepto de la contribución especial que se encuentra regulada en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y, en su lugar, inaplicó por inconstitucional el decreto de carácter
general que fundamentó esos actos administrativos, al tiempo que declaró la nulidad de los
mismos. Sin embargo, la Sala confirmará la decisión que declaró improcedente la acción, tras no
encontrar satisfechos los requisitos de relevancia constitucional ni subsidiariedad, por cuanto se
advirtió que el interés de la parte actora es proponer un debate de mera legalidad para cuestionar
el criterio del juez natural y tampoco agotó la solicitud de adición con la que contaba para deprecar
la complementación de la decisión si lo que pretendía era cuestionar que la accionada no resolvió
la totalidad de los argumentos de la apelación.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 28
de agosto de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la
cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA, al no superar el requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia”. (Negrillas y mayúsculas fijas del original -
archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2025, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio promovió proceso de acción de tutela en contra de la Sección Cuarta del

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Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Acción de tutela

Consejo de Estado para que le sean amparados sus derechos fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión
de la sentencia del 20 de febrero de 2025.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) Por medio de Resolución CRA No 930 del 10 de Septiembre de 2020, se fijó la tarifa
de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para la
vigencia 2020 y se estableció que el porcentaje de contribución especial que deben
sufragar los sujetos pasivos de dicha contribución para esa vigencia era del 0.2432%.

2) Mediante la Resolución UAE – CRA no. 544 del 21 de septiembre de 2020, la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (en lo sucesivo CRA) liquidó la
contribución especial regulada en el artículo 851 de la Ley 142 de 1994, modificada por
el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, con cargo a Empresas Públicas de Medellín ESP
(en adelante EPM), por el año 2020 y por un valor de $2.396.152.438.

3) EPM presentó recurso en contra de ese acto, a través de la Resolución UAE – CRA
no. 785 del 23 de octubre de 2020, la CRA modificó parcialmente el acto, en el sentido
de excluir los rubros correspondientes a la Cuota de Fomento de Gas y Comité de
Estratificación, con lo cual se tasó la contribución en $2.386.596.358.

4) Luego, mediante la Resolución UAE- CRA no. 842 del 5 de noviembre de 2020, se
confirmó el acto que resolvió el recurso de apelación.

5) EPM, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó demanda en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en lo
sucesivo el ministerio) y la CRA, para que se inaplicara por inconstitucional la Resolución
no. 930 del 10 de septiembre de 2020 y se declarara la nulidad de las demás resoluciones
que se fundamentaron en dicho decreto general.

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“Artículo 85. Contribuciones especiales. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que
preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente, las entidades sometidas
a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada
año conforme a las siguientes reglas (…)”.

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Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Acción de tutela

6) A título de restablecimiento, pidió que se declarara que no estaba obligada al pago de
la contribución especial.

7) A través de fallo del 30 de mayo de 2024, la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los actos demandados y
ordenó devolver las sumas pagadas por la contribuyente, sin condenar en costas.

8) La decisión se sustentó en que, pese a que el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 fue
declarado inexequible, surtió efectos sobre las situaciones jurídicas consolidadas en el
año 2020, como lo determinó la Corte Constitucional y como ocurrió en el asunto de la
referencia, por lo tanto, la demandante estaba en la obligación de pagar la contribución
especial a la CRA.

9) Sobre el procedimiento, señaló que el cobro de la contribución seguía un modelo
coercitivo, lo que obligaba a la Administración a liquidar la obligación mediante factura,
cuenta de cobro o liquidación, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, según la cual todo acto que determine obligaciones debe estar precedido de un
acto previo motivado que permita al contribuyente ejercer su derecho de defensa.

10) Como el procedimiento para esta contribución no tiene regulación especial, debía
aplicarse el artículo 42 del CPACA, que exige comunicar las razones de la liquidación
antes de expedir el acto definitivo, luego entonces, como no se expidió dicho acto previo,
se impidió el ejercicio del derecho de contradicción, lo que conllevó a la vulneración del
debido proceso.

11) La CRA y el ministerio apelaron la decisión y expusieron los siguientes argumentos
de inconformidad: i) el tribunal erró al considerar necesaria la expedición de un acto previo
de trámite para la liquidación de la contribución especial, pues ni el artículo 85 de la Ley
142 de 1994 ni el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 ni el Decreto 1150 de 2020 imponen
tal exigencia; ii) la Resolución CRA no. 930 de 2020, mediante la cual se fijó la tarifa de
la contribución, constituye el acto general previo que sustentó las resoluciones
particulares demandadas, por lo que no se configuró vulneración del debido proceso; iii)
dicho acto general no fue demandado ni inaplicado, motivo por el cual se encontraba
revestido de presunción de legalidad y debía servir de fundamento suficiente para la
liquidación efectuada.

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12) Asimismo, indicaron que iv) la contribución correspondiente a la vigencia 2020 se
expidió con fundamento en una norma vigente y válida, ya que el artículo 18 de la Ley
1955 de 2019 conservó sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2020 conforme con las
sentencias C-464 y C-484 de 2020 de la Corte Constitucional; v) la decisión de anular los
actos y ordenar la devolución del tributo equivalía a exonerar indebidamente a EPM de
una obligación legal, lo cual afectaba la financiación de la CRA y desconocía los efectos
vinculantes de las decisiones constitucionales, y vi) finalmente, indicaron que, aun en el
evento de admitirse un eventual defecto formal, este sería intrascendente, pues no afectó
el derecho de defensa ni la validez sustancial del procedimiento administrativo.

13) Mediante sentencia del 20 de febrero de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado modificó los ordinales primero, segundo y tercero y, en su lugar, inaplicó por
inconstitucional la Resolución no. 930 del 10 de septiembre de 2020, por consiguiente,
declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y declaró que EPM no estaba
obligada a realizar el pago de la contribución especial del año 2020 y, por tanto, la CRA
debía devolverle la suma que pagó por contribución, al tiempo que confirmó los ordinales
cuarto y quinto.

14) Como sustento de la decisión, por una parte, descartó la obligación de expedir un
acto previo antes de la liquidación de la contribución especial prevista en el artículo 85
de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, con base
en que este tributo se determina con base en la información financiera que las propias
empresas prestadoras reportan al SUI, en cumplimiento de un deber legal y no de una
actuación iniciada de oficio por la Administración.

15) En esa medida, no resultaba aplicable el artículo 35 del CPACA, que exige comunicar
el inicio de las actuaciones cuando estas comienzan de oficio, ni el artículo 42 ibídem que
impone la necesidad de un acto previo, puesto que la participación del contribuyente ya
se garantiza al momento de suministrar su información, la cual incide directamente en la
liquidación del tributo.

16) En consecuencia, el debido proceso fue satisfecho porque el contribuyente tuvo dos
oportunidades de defensa: primero, al reportar su información al SUI –que constituye una
instancia previa de participación– y luego, mediante los recursos administrativos que
pudo interponer en contra de la liquidación, por tanto, al no estar prevista en la normativa

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una etapa adicional de comunicación o discusión previa, la expedición de un acto previo
no era una exigencia legal ni constitucional en ese tipo de contribución.

17) Por la otra parte y en cuanto a los cargos de nulidad, consideró que se violó el
principio de irretroactividad de la ley tributaria, porque la CRA aplicó el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019 (que modificó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994) para liquidar la
contribución especial correspondiente al año 2019, a pesar de que dicha norma entró en
vigencia el 25 de mayo de 2019, cuando los hechos económicos del período gravable ya
se habían causado.

18) Sobre el particular, recordó que, conforme con el mandato del artículo 338 de la
Constitución, las leyes que regulen tributos “cuyos hechos generadores ocurren durante
un período determinado” solo pueden aplicarse a partir del período siguiente, en
consecuencia, al aplicar la norma nueva para calcular una contribución correspondiente
a un período que había iniciado antes de su vigencia, se desconoció dicho principio
constitucional, por ende, inaplicó por inconstitucional la Resolución no. 930 de 2020 que
constituye el acto general que fundamenta la obligación y las demás resoluciones que se
fundaron en él.

Fundamento de la vulneración

Por un lado, la parte actora alegó que la Sección Cuarta de esta Corporación incurrió en
un defecto sustantivo porque supuestamente desconoció unos pronunciamientos de la
Corte Constitucional (sin indicar cuáles) que declararon inexequible el artículo 18 de la
Ley 1955 del 2019, pero determinaron que existían situaciones jurídicas consolidadas en
los casos en los que se liquidó la contribución especial de la vigencia 2020, como ocurrió
con EPM.

En segundo término, adujo que se violó directamente la Constitución porque se
vulneró de manera directa el principio de legalidad por ordenar la devolución de un dinero
que se había recaudado por mandato legal para su propio funcionamiento conforme lo
previsto en el artículo 370 de la Constitución.

En tercer lugar, se desconoció el precedente judicial de las sentencias C-464 y 484 del
2020 proferidas por la Corte Constitucional, debido a que la autoridad judicial accionada,
sin justificación alguna, no tuvo en cuenta que en tales decisiones se declaró inexequible

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el artículo 18 de la Ley 1955 del 2019, pero se determinó, de forma diáfana, la
materialización de situaciones consolidadas en vigencia de la norma (2020); de manera
que las contribuciones liquidadas en desarrollo del artículo 18 estuvieron revestidas de la
buena fe y por ende amparadas del principio de seguridad jurídica y de legalidad;
además, dicha autoridad judicial moduló la entrada en vigor de los efectos de
inexequibilidad a partir del 1º del enero del 2023, y para situaciones ya consolidadas,
desde el 1º de enero de 2021.

En cuarto lugar, se presentó un defecto procedimental absoluto porque supuestamente
se pronunció sobre aspectos no planteados en el recurso de apelación y por omitir el
análisis de los argumentos de defensa expuestos por las allí demandadas.

A su juicio, se vulneró el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), conforme al cual el juez de segunda instancia debe limitar su
examen a los reparos concretos formulados por el apelante.

Lo anterior, por cuanto, se apartó de los límites del recurso de apelación interpuesto
contra la decisión del tribunal, por cuanto, a su juicio, introdujo un nuevo debate no
propuesto por las partes, centrado en la aplicación retroactiva del artículo 18 de la Ley
1955 de 2019, sin pronunciarse sobre los reparos concretos formulados en la apelación,
que se referían a: i) la supuesta ausencia de obligación legal de expedir un acto previo
de trámite y ii) la validez de la liquidación con fundamento en la vigencia del artículo 18
de la Ley 1955 y las sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C-147 de 2021.

11) Por último, la parte accionante alegó la configuración de un perjuicio irremediable,
derivado de las consecuencias económicas y financieras derivadas del fallo cuestionado
–en particular, la orden de devolución de la contribución especial del año 2020– afectarían
gravemente la sostenibilidad presupuestal de la CRA, pondrían en riesgo el cumplimiento
de sus funciones regulatorias y generarían un precedente que podría comprometer el
equilibrio del sistema de servicios públicos.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

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Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Acción de tutela

“PRIMERO. - Se sirva TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA e IGUALDAD en
concordancia con los principios de la Seguridad Jurídica y Legalidad , en favor
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, involucradas en el cumplimiento de
la sentencia, los cuales están siendo vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección cuarta, por las razones planteadas en esta acción constitucional.

SEGUNDO. - Como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales,
se sirva DEJAR sin efectos el fallo de fecha 20 de febrero del 2025 que desató
el recurso de apelación presentado por la CRA contra la sentencia del 30 de
mayo del 2024, dictada por el Honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, dentro del medio de control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado por EPM ESP cuyo radicado
es 25000-23-37-000-2021-00136-00 (29186).

TERCERO. - Como consecuencia del amparo, EMITIR fallo sustitutivo del
recurso de apelación instaurado por el MVCT y la CRA, contra la sentencia de
primera instancia número 056b del 30 de mayo del 2024, conforme los
supuestos fácticos y normativos expuestos y que aplican para determinar la
legalidad de los actos administrativos objeto de control, teniendo en cuenta para
tal efecto el precedente constitucional citado en la parte motiva del presente
instrumento, absolviendo a las entidades accionantes de devolver a Empresas
Públicas de Medellín E.S.P., la suma de $2.386.596.358, debidamente
actualizada, junto a los intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA. Y, por ende, DECLARAR que la
sociedad Empresas Públicas de Medellín E.S.P., sí está obligada a realizar el
pago de la contribución especial del año 2020, al igual que todos los demás
contribuyentes”.

Actuación procesal

Mediante auto del 26 de junio de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación a la Sección Cuarta del Consejo de Estado y,
como terceros con interés, vinculó a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo, a EMP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin
de que allegara un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de agosto de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, debido a que la discusión planteada es de naturaleza eminentemente
legal, ya que giró en torno a la interpretación del principio de irretroactividad tributaria y
la aplicación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, norma declarada inexequible por la

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Corte Constitucional con efectos hacia el futuro en las sentencias C-464 de 2020 y C-484
de 2020.

En particular, el debate se centra en determinar si, al liquidarse la contribución especial
del año 2020, con base en hechos económicos ocurridos en 2019, esto es, antes de la
entrada en vigencia del artículo 18 ibídem, se desconocieron los límites constitucionales
que impiden aplicar retroactivamente normas tributarias, conforme con los artículos 338
y 363 de la Constitución.

Además, la controversia no se limita al debate sobre la aplicación del principio de
irretroactividad y la interpretación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, sino que se
extendió a la determinación judicial de imponer a la CRA la obligación de devolver los
recursos recaudados por concepto de la contribución especial del año 2020, lo que
introdujo una dimensión económica adicional y reforzaba la improcedencia.

Por último, puso de presente que dentro del proceso ordinario fue admitido un incidente
de impacto fiscal mediante auto del 23 de mayo de 2025, el cual se encuentra pendiente
de decisión por parte de la autoridad judicial demandada, lo cual refuerza que el asunto
tiene una connotación económica.

Impugnación

La CRA y el ministerio manifestaron que el asunto reviste relevancia constitucional, en la
medida en que la sentencia cuestionada trasciende un interés meramente particular y
compromete la efectividad de principios superiores como la legalidad tributaria, la
seguridad jurídica, la sostenibilidad fiscal y la garantía institucional de la función
regulatoria del Estado.

A su juicio, la orden de devolver los recursos recaudados por concepto de la contribución
especial de la vigencia 2020 afecta directamente la única fuente de financiación prevista
por el legislador para el funcionamiento de la CRA, lo cual pone en riesgo el cumplimiento
de las competencias constitucionales asignadas a las comisiones de regulación
determinadas en el artículo 370 de la Constitución Política y genera un impacto estructural
en la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios.

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En tal sentido, la acción de tutela sí tiene trascendencia constitucional, pues busca evitar
un perjuicio irremediable al patrimonio público y al interés general, derivado de una
decisión judicial que, en su criterio, desconoció el precedente constitucional y los
principios superiores que rigen la potestad tributaria del Estado.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia del 20de febrero de 2025.

En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se cumplía el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la controversia planteada era de naturaleza estrictamente legal y
económica.

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La parte actora impugnó con base en que la acción es constitucionalmente relevante en
tanto lo que se discute es la afectación de la única fuente de financiación prevista por el
legislador para el funcionamiento de la CRA.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela pero no solo por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, sino también del de
subsidiaridad, por las siguientes razones:

2.1 Análisis conjunto de los defectos por desconocimiento del precedente,
sustantivo y violación directa de la Constitución frente al requisito de relevancia
constitucional

1) La parte actora alegó que la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, al considerar que
la Sección Cuarta del Consejo de Estado desconoció los efectos fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias C-464, C-484 y C-848 de 2020, mediante las cuales se
declaró la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, pero se precisó que las
contribuciones causadas durante la anualidad 2020 constituían situaciones jurídicas
consolidadas.

2) A su juicio, la demandada desatendió dichas decisiones al ordenar la devolución de la
contribución especial liquidada por la CRA para la vigencia 2020, pues, en su criterio, el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 permanecía vigente hasta el 31 de diciembre de 2020,
y las liquidaciones efectuadas bajo su amparo no podían ser invalidadas ni desconocidas.

3) No obstante, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la actora no revelan
un debate de naturaleza constitucional, sino que corresponden a una controversia de
índole estrictamente legal y hermenéutica, referida al alcance normativo de los artículos
338 y 363 de la Constitución Política y a la interpretación de los efectos temporales de
las sentencias de constitucionalidad antes citadas.

4) En efecto, el debate que se plantea se reduce a establecer si la contribución especial
liquidada para la vigencia 2020, con base en los ingresos operacionales del año 2019,
debía considerarse comprendida dentro de las “situaciones jurídicas consolidadas” a que
aludió la Corte Constitucional, o si, por el contrario, constituía una aplicación retroactiva
del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, lo cual fue definido a lo largo del proceso ordinario.

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5) Este tipo de análisis exige determinar cómo se entienden los elementos del tributo, la
noción de hecho generador y la delimitación del período gravable, lo cual es propio del
examen de legalidad que corresponde al juez de lo contencioso administrativo y no del
juez constitucional de tutela.

6) Adicionalmente, la Sala observa que la discusión propuesta ya fue objeto de estudio y
pronunciamiento por la autoridad judicial en el fallo cuestionado, pues, luego de descartar
la existencia de una obligación legal de expedir un acto previo de trámite, se procedió a
analizar los cargos de nulidad fundados en la presunta aplicación retroactiva del artículo
18 de la Ley 1955 de 2019.

7) En efecto, la Sección Cuarta de esta Corporación explicó que la CRA había liquidado
la contribución especial de 2020 con base en ingresos del año 2019 –que no se
encuentran abarcados por la Ley 1955 de 2019–, razón por la cual consideró
precisamente que no se trataba de una situación jurídica consolidada, sino de un caso
de aplicación de una disposición tributaria frente a hechos ocurridos en una vigencia que
la norma no regulaba, pues los tributos previstos en dicha ley debían liquidarse conforme
a hechos correspondientes al periodo siguiente en que la norma ya estaba vigente -año
2020-, así:

“2. Violación del principio de irretroactividad

La demandante sostuvo que la contribución especial del año 2020, regulada por
el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, no podía liquidarse a partir de los hechos
acaecidos en el año 2019, pues esta vigencia corresponde a la misma de
expedición de la norma; por lo tanto, al tratarse de un tributo de periodo, las
modificaciones que se hagan respecto de su estructura, solo pueden tener
efectos a partir del periodo gravable siguiente, es decir a partir del año 2020. En
ese entendido, la demandante solicitó inaplicar por inconstitucional tanto el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, como la Resolución Nro. 930 de 2020 de la
CRA, acto general que fundamenta los actos particulares demandados.

Sobre la base gravable de la contribución especial a favor de la CREG, entre
otras entidades, el artículo 18 de la Ley 1955 de 20194, que modificó el artículo
85 de la Ley 142 de 1994, disponía que “se determinará con base en los costos
y gastos totales devengados de acuerdo con la técnica contable menos los
impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros
independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación,
este resultado se denomina costos y gastos totales depurados”.

El artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en sentencias C-464 de 28 de octubre de 2020 y C-484 del
19 de noviembre de 2020. Al respecto, en providencia de 26 de mayo de 2022,

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Acción de tutela

exp. 25441 C.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello, la Sala se refirió a los
efectos en el tiempo de las sentencias C-464 y C-484 de 2020.

La Sala precisó que en la parte considerativa de la sentencia C-464 de 2020, la
Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad con efectos inmediatos y
hacia el futuro de la expresión “y todos aquellos que inciden directa o
indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios” del
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, por desconocer el principio de legalidad
tributaria, pues existía indeterminación de los sujetos pasivos de la contribución
especial. En la misma sentencia del 26 de mayo de 2022, la Sala señaló que la
Corte declaró la inconstitucionalidad de los demás incisos del artículo 18 ibidem
con “efectos a partir del 1 de enero de 2023”, esto es, con efectos diferidos.

Respecto a la sentencia C-484 de 2020, en la referida sentencia de 26 de mayo
de 2022, la Sala señaló que en el numeral segundo de la sentencia C-464 de
2020, se declaró inexequible la totalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.
Sin embargo, en la parte motiva, la Corte moduló los efectos de la declaratoria
de inexequibilidad, en el sentido de establecer que los tributos causados en el
año 2020 correspondían a situaciones jurídicas consolidadas y que los efectos
de la sentencia se producirían a partir del año 2021.

Con fundamento en lo anterior, en el citado fallo de 26 de mayo de 2022,
la Sala concluyó que “cuando la Sentencia C-484 de 2020 señala que los
tributos causados en la anualidad 2020 constituyen situaciones jurídicas
consolidadas, se refiere a la contribución que [se] debía por la vigencia
2020, lo que se traduce en que respecto de la misma, era plenamente
aplicable el artículo 18 de la Ley 1955, aun en los eventos en que las
autoridades administrativas fijen los elementos del tributo atendiendo los
criterios definidos por el legislador para ese momento, los cuales fueron
declarados inexequibles para la vigencia 2021 y posteriores”.

Así, para la vigencia 2020, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 hacía parte del
ordenamiento jurídico. Y como consecuencia de la declaratoria de
inexequibilidad de la norma con efectos a partir del año 2021, desde ese año
recobró plena vigencia el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, antes de ser
modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.

Ahora bien, en relación con la pretensión de la demandante consistente en
inaplicar por inconstitucional la Resolución 930 de 2020 de la CRA, acto de
carácter general que sustenta los actos particulares demandados, el cargo de
la demanda encuentra fundamento directamente en la Constitución Política, que
en el artículo 4 promulga la primacía de esta sobre cualquier otra norma del
ordenamiento jurídico, así: “En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales”.

(…).

Teniendo en cuenta lo anterior, es oportuno anticipar que, tal y como se expone
más adelante, a pesar de que la Resolución 930 de 2020 de la CRA se
encuentra vigente, sigue las mismas premisas de actos de contenido general y
particular que también han fijado contribuciones especiales a favor de otras
entidades como la CREG y la SSPD , y que han sido anulados por esta misma
Corporación, por atentar contra el principio de irretroactividad de las normas
tributarias. Precisamente, fue con fundamento en estos fallos que en la
sentencia del 01 de agosto de 2024 esta Sección decidió un asunto que guarda
similitud fáctica y jurídica con el asunto bajo examen, respecto de la misma
contribución a favor de la CRA para la misma vigencia 2020. Como se verá, en

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Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Acción de tutela

la sentencia que se reitera, la Sección declaró la nulidad de los actos
particulares demandados por atentar contra el principio de irretroactividad
previsto en los artículos 338 y 363 de la Constitución.

El estudio propuesto tiene lugar en la medida en que el artículo 338
constitucional dispone que las contribuciones “en las que la base sea el
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no
pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de
iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”; el artículo 363
ibidem, proscribe de manera explícita la aplicación retroactiva de las leyes
tributarias. Pero las normas alegadas por la demandante, suponen el cálculo de
la base gravable del tributo con arreglo a los hechos ocurridos en el año 2019;
vigencia en que se promulgó la norma.

(…).

Es decir, en casos similares la Sala ha declarado que la determinación de
la base gravable de la contribución especial por el año 2020, a partir de
hechos ocurridos en el año 2019, resulta violatorio del principio de
irretroactividad, pues la norma que modificó la contribución entró a regir
en el año 2019, de modo que, al tratarse de un tributo de periodo, los
efectos de tal modificación no podían surtirse sino hasta el periodo
siguiente.

Por ello, al haberse identificado la aplicación retroactiva de los actos
demandados en la sentencia del 01 de agosto de 2024, se declaró la nulidad de
los mismos. Si bien, la sentencia no señala de modo explícito el ejercicio de la
excepción por inconstitucionalidad, el fundamento jurídico para la decisión fue
la incompatibilidad entre la resolución y la Constitución Política.

Por lo expuesto, este cargo de la demanda prospera, motivo por el que se
confirmará la nulidad decretada en primera instancia, sin que sea necesario
estudiar los demás cargos propuestos por la actora”.

(…).

Por lo tanto, se ordena a la CRA la devolución de $2.386.596.35838 a EPM,
correspondiente a la contribución especial por el año 2020; monto que se debe
ajustar con base en el índice de precios al consumidor, junto con los intereses
moratorios, en los términos señalados en los artículos 187, 192 y 195 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. (negrillas
de la Sala)

8) De conformidad con lo expuesto, se advierte que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado inaplicó por inconstitucional la Resolución no. 930 de 2020 y, por tanto, declaró
la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se liquidaron y confirmaron los cobros
efectuados a EPM y, a título de restablecimiento, le ordenó a la CRA devolver a la
demandante la suma pagada por concepto de la contribución especial, debidamente
actualizada e incrementada con intereses moratorios, por estimar que la liquidación se
expidió con fundamento en una norma aplicada en forma retroactiva y, por ende, contraria
a la Constitución.

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Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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9) Así las cosas, no se trata de aspectos que, como lo asegura la parte actora, estuvieran
por fuera del debate, sino que debían ser objeto de análisis y pronunciamiento expreso
para determinar la vigencia de la norma y los periodos y hechos que cubría; en
consecuencia, los defectos alegados no son relevantes constitucionalmente, pues se
refieren a la interpretación y aplicación de normas legales y a una valoración ya realizada
por el juez natural, de modo que lo pretendido mediante la acción de tutela es reabrir un
debate jurídico agotado dentro del proceso ordinario, en consecuencia, se declarará
improcedente el mecanismo en lo que a estos reparos se refiere.

10) En el mismo sentido, las supuestas consecuencias económicas y financieras
derivadas del fallo cuestionado –en particular, la orden de devolución de la contribución
especial del año 2020– que, en su parecer, afectarán gravemente la sostenibilidad
presupuestal de la CRA, constituye un debate de contenido económico que escapa de la
competencia del juez de tutela y no inmiscuye una discusión que comprometa mandatos
superiores.

2.2 Análisis del defecto procedimental en el caso concreto

1) Por otra parte, el ministerio también alegó que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado incurrió en defecto procedimental absoluto por supuestamente omitir el análisis
de los argumentos de defensa expuestos por las entidades demandadas en el recurso
de apelación.

2) No obstante, a partir del examen integral del expediente y de los fundamentos
expuestos en la acción, la Sala advierte que antes de acudir al amparo constitucional la
parte accionante no agotó los mecanismos procesales ordinarios previstos para solicitar
lo que por esta vía pretende, concretamente la solicitud de adición o complementación
de la sentencia si en realidad consideraba que la accionada omitió pronunciarse sobre
los reparos centrales de su apelación.

3) En este punto, se recuerda que la solicitud de adición fue prevista como un instrumento
diseñado precisamente para permitir que el juez natural complemente o subsane
omisiones y se pronuncie sobre aquellos aspectos que constituyen extremos de la litis y
sobre los cuales no se pronunció en la providencia correspondiente.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03911-01
Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Acción de tutela

4) De conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable al
contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),
“cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de
oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”.

5) En el caso bajo examen, la supuesta omisión de pronunciamiento sobre algunos
argumentos de defensa pudo ser subsanada oportunamente mediante la presentación
de una solicitud de adición, pues constituyen los extremos de la litis cuya resolución
resulta trascendente para la decisión de la controversia, la cual le habría permitido a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado complementar su decisión y emitir un
pronunciamiento integral, sin embargo, la parte demandante no utilizó dicho medio y, en
su lugar, trasladó al juez constitucional un debate procesal que debió ventilarse ante al
juez natural de la causa.

6) Este incumplimiento genera una insatisfacción del presupuesto general de
subsidiariedad, consagrado en el artículo 86 de la Constitución y desarrollado en el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, según el cual la acción de tutela solo
procede en ausencia de otro medio de defensa judicial o cuando este resulte ineficaz
para evitar un perjuicio irremediable.

7) La solicitud de adición constituye un mecanismo idóneo y eficaz para remediar la
presunta omisión, pues faculta al juez que profirió la providencia para complementarla sin
desconocer su autonomía funcional ni alterar la estructura del proceso. Así lo ha
sostenido de manera reiterada el Consejo de Estado (ver, entre otras, sentencias de 9 de
septiembre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-04973-00; y de 18 de octubre de 2024,
exp. 11001-03-15-000-2025-04165-00), al indicar que antes de acudir a la tutela el
interesado debe agotar la adición o aclaración, por tratarse de una carga procesal
ineludible.

8) Además, la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
hiciera procedente la acción como mecanismo transitorio, ni demostró que la solicitud de
adición fuera ineficaz o insuficiente para obtener la corrección de la supuesta omisión.

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Actor: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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9) En consecuencia, al no haberse promovido la solicitud de adición, la acción de tutela
resulta improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que el
ordenamiento prevé un medio judicial ordinario idóneo y eficaz para obtener la protección
pretendida.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela, pero por incumplimiento tanto del requisito de relevancia constitucional como el de
subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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