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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03918-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03918-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y de la presidenta de la Sala de Casación Laboral, magistrada Clara Inés López Dávila, en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva que alegó en su informe. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora Lyz Adriana Romero Castro. 23 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Lyz Adriana Romero Castro Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-03918-00 TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03918-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de julio de 2025

Demandante: Lyz Adriana Romero Castro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03918-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03918-00
Demandante: LYZ ADRIANA ROMERO CASTRO
Demandados: RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y OTROS

Temas: Acción de tutela contra actos administrativos. Estabilidad
laboral reforzada por razones de salud.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 20 de junio de 2025, la señora Lyz Adriana
Romero Castro, por intermedio de apoderado, instauró acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (Unidad de Recursos Humanos Nivel Central) y la
Corte Suprema de Justicia (Salas de Gobierno y de Casación Laboral), con el
fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
estabilidad laboral reforzada, a la salud y a la vida en condiciones dignas.

La accionante consideró vulneradas tales garantías con el acto administrativo
OSG 2764 del 4 de junio de 2025, proferido por la Secretaría General de la
Corte Suprema de Justicia, que dispuso su desvinculación del cargo de
magistrada auxiliar a partir del 6 de junio de la presente anualidad.

A su vez, solicitó como medida provisional que se asegure la continuidad en
el pago de su seguridad social en salud y pensión. Dada su condición
médica, caracterizada por patologías crónicas y degenerativas, como son la
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radiculopatía, neuritis, compresión de raíces nerviosas y dolor crónico
intratable, por lo que, es indispensable que continúe recibiendo los
tratamientos especializados requeridos para mitigar el impacto de sus
afecciones.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

SEGUNDO: Ordenar a la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación
Laboral el reintegro inmediato de la señora LYZ ADRIANA ROMERO
CASTRO en un cargo de Magistrada Auxiliar dentro de la planta
permanente de la Corporación.

TERCERO: Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial el pago de los salarios,
prestaciones sociales y aportes a salud y pensión dejados de percibir
por LYZ ADRIANA ROMERO CASTRO desde su desvinculación hasta
su reincorporación efectiva, garantizando la restitución plena de sus
derechos laborales.

CUARTO: Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que, en caso
de no existir una vacante, disponga la creación del cargo de Magistrada
Auxiliar de la Sala Laboral, con el propósito de garantizar el derecho a la
estabilidad laboral reforzada de LYZ ADRIANA ROMERO CASTRO,
quien es sujeto de especial protección constitucional debido a su
discapacidad funcional.

QUINTO: En caso de no acceder a las anteriores peticiones, proceda a
ordenar el pago de aportes a seguridad social, con la finalidad de
salvaguardar la continuidad del tratamiento de LYZ ADRIANA ROMERO
CASTRO.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que, prestó sus servicios a la Corte Suprema de
Justicia por más de 15 años, “desde el 10 de febrero de 2010 hasta el 6 de
junio de 2025, fecha en la cual fue desvinculada mientras se encontraba
incapacitada, sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo”.

Señaló que, durante su trayectoria ocupó diversos cargos, siendo los últimos
el de profesional especializado grado 33 y magistrada auxiliar, adscrita al
despacho del magistrado Jorge Prada Sánchez, en la Sala de Descongestión
Laboral número 3 de la Corte Suprema de Justicia.

Adujo que, dicha medida de descongestión finalizó pues tenían una vigencia
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de ocho años, con fundamento en la Ley 1781 de 2016 y el Acuerdo 48 del
16 de noviembre de 2016, adoptado por la Corte Suprema de Justicia.

Precisó que, la notificación al empleador sobre el estado de salud de la
accionante, se efectuó el 6 de mayo de 2024, es decir, un año y un mes
antes de la desvinculación, cuando informó a la oficina de Talento Humano
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, mediante correo electrónico corporativo enviado a
zcastanp@deaj.ramajudicial.gov.co, dirección a la cual se remitieron las
recomendaciones médicas y su historia clínica.

Mencionó que, debido a sus patologías y restricciones en su movilidad, el 7
de febrero de 2025 fue evaluada por Salud Ocupacional de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la cual reiteró las restricciones para la
labor y recomendaciones médicas dadas las complejas enfermedades de la
accionante, especialmente de la movilidad.

Relató que, el 13 de marzo de 2025 presentó una solicitud formal ante la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de
empleador directo, con el propósito de obtener el amparo por estabilidad
laboral reforzada. Dicha petición tenía como objetivo garantizar la protección
de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social,
debido a la grave afectación de su estado de salud que compromete su
movilidad.

Mencionó que, en la misma fecha, formuló una solicitud idéntica al director de
Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia de la
Rama Judicial, con el fin de reforzar su requerimiento y asegurar un
reconocimiento oportuno de las garantías laborales que le asistían. La acción
buscaba una respuesta pronta y efectiva, alineada con los principios
constitucionales de protección a trabajadores en condición de vulnerabilidad.

Expuso que, ante el silencio de las accionadas, el 22 de abril de 2025, reiteró
a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia su petición de estabilidad
laboral reforzada. Adujo que “… indicó su necesidad de permanecer atada a
la planta de personal, dada su imposibilidad de acceder al mercado laboral
por problemas en su movilidad y la no interrupción del tratamiento médico por
cuidado paliativo, debido a la prescripción de medicación controlada” y, que
“para esa fecha, en los despachos de los Magistrados Titulares de la Sala
Laboral de la Corporación existían puestos vacantes para el cargo de
Magistrado Auxiliar en los cuales podía ser reubicada temporalmente.”

Mencionó que, en la misma fecha y términos, reiteró la solicitud ante la
oficina de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración de
Judicial y que, por oficio OSG 1999 de 23 de abril de 2025, la Sala de
Gobierno de la Corte Suprema de Justicia “consideró improcedente lo
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solicitado, por cuanto la culminación de la medida de descongestión obedece
a disposiciones de carácter legal previamente establecidas”, puesto que, la
facultad de crear, suprimir, fusionar o trasladar cargos en la Rama Judicial,
recae exclusivamente en el Consejo Superior de la Judicatura, por lo cual
carecía de competencia para prorrogar un cargo de libre nombramiento y
remoción cuya naturaleza es de carácter transitorio.

Agregó que, el 29 de abril de 2025, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Unidad de Recursos Humanos, evaluó a la accionante. La clasificó
en “Nivel de criticidad, sintomático severo” dadas las enfermedades por
“radiculopatía, neurosis y neuritis no especificados, artrosis facetaria L5- S1,
estenosis L5 -S1, incrustación de material de osteosíntesis zona sacra, dolor
persistente en espalda, pierna izquierda, cuello y antecedentes de ansiedad y
depresión generalizada”.

Precisó que, mediante oficio DEAJRH025-1603 de 7 de mayo de 2025, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, al indicar que la “competencia para definir la
situación administrativa… radica en cabeza de la autoridad nominadora del
despacho al cual está vinculado el servidor judicial”, que si bien tenía
conocimiento de las patologías graves que afectaban a la funcionaria, había
colaborado con el seguimiento de sus exámenes médicos ocupacionales y
que, no había lugar a la estabilidad laboral, pues desde el inicio de la medida,
ella tenía pleno conocimiento de que su duración estaba establecida para un
período de ocho años.

Manifestó que, el 8 de mayo de 2025, la accionante radicó en cada uno de
los despachos de los magistrados de la Sala Laboral, oficio en el cual
imploraba la colaboración de estos, para evitar que fuera desvinculada de la
planta de personal de la corte en mención, en tanto no podía interrumpir el
tratamiento por cuidado paliativo del cual dependía su vida en condiciones de
dignidad. Precisó que, a la fecha de presentación de esta acción no obtuvo
respuesta.

Señaló que, el 29 de mayo de 2025 en atención al silencio de los
magistrados, presentó ante la Presidencia de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia una petición para que se atendiera el “principio
de continuidad del Sistema de Seguridad Social”. Allí manifestó lo
“lamentable que resulta … advertir el total abandono por parte de la
Corporación, más aún cuando mi función como Profesional Especializado y
luego como Magistrada Auxiliar, fue velar por el respeto de los derechos de
los trabajadores en condición de debilidad manifiesta”. En esta solicitud,
reiteró que la mantuvieran temporalmente en la planta de personal de la
Corte, pues su desvinculación afectaba su vida en condiciones dignas dada
la inminente interrupción del tratamiento médico. Explicó que, tampoco
recibió respuesta.
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Advirtió que, en atención al correo enviado el 29 de mayo de 2025, el 3 de
junio de 2025, recibió respuesta de su nominador, el magistrado Jorge Prada
Sánchez, ex funcionario titular de la Sala de Descongestión Laboral número
3, quien le manifestó su imposibilidad de otorgar la estabilidad laboral
reforzada dado que “ni la constitución, ni la ley” lo “facultan para adoptar
decisiones que comprometan el presupuesto de la Rama Judicial, mediante
la creación de cargos”, pues ello desbordaba los límites de su competencia,
en tanto era simplemente otro funcionario de la entidad.

Señaló que, desde el 21 de abril de 2025 se encuentra incapacitada por
desmejoras en su salud física y mental derivada de una cirugía por
histerectomía, dolor crónico de columna lumbo sacra y psiquiatría por
afectación derivada en su situación de pérdida movilidad así: desde el 21 de
abril hasta el 5 de mayo, del 6 al 13 de mayo, entre el 14 y el 16 de mayo y
17 de mayo al 14 de junio de 2025.

Indicó que, al momento de su desvinculación ordenada mediante oficio OSG
2764 del 4 de junio de 2025, a partir del 6 del mismo mes y año, “padecía
una enfermedad degenerativa que comprometía su movilidad, junto con un
cuadro de ansiedad y depresión, lo cual era de pleno conocimiento de la Sala
de Casación Laboral, la Sala de Gobierno y la Oficina de Talento Humano de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”.

Refirió que, a la fecha no cuenta con una calificación de pérdida de
capacidad laboral, y que esto no es un requisito para acreditar su
disminución física, siendo suficiente con la historia clínica que se anexa, para
acreditar su condición de salud.

1.4. Sustento de la vulneración

La accionante sostuvo que se ordenó su desvinculación laboral mediante
oficio OSG 2764 del 4 de junio de 2025, pese a la incapacidad médica
vigente, con lo que, se desconocieron sus garantías laborales en condición
de debilidad manifiesta y se afectaron sus derechos al mínimo vital, a la
salud y a la vida digna.

Afirmó que, aun cuando las entidades demandadas contaban con su historia
clínica, así como con los dictámenes de salud ocupacional y conocían de sus
múltiples restricciones médicas, “la solicitud de estabilidad laboral reforzada
fue rechazada por la Corte y la Dirección Ejecutiva, bajo el argumento de la
culminación de la medida de descongestión y la falta de competencia para
prorrogar el nombramiento”.

Agregó que, si bien existen otros mecanismos de defensa judicial, los
mismos se tornan ineficaces en procura de evitar un perjuicio irremediable
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derivado de la orden de retiro de la funcionaria en estado de debilidad
manifiesta.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 25 de junio de 2025 se admitió la demanda de tutela y, en
consecuencia, se dispuso la notificación del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de
Recursos Humanos Nivel Central) y de los magistrados que integran las
Salas de Gobierno y de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

A su vez, se denegó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte
actora, pues de la sola lectura de la demanda y las pruebas allegadas por la
accionante no se podía inferir una duda razonable acerca de que las
entidades hubiesen incurrido en una actuación ilegal que evidenciara, en
dicho momento, la vulneración de los derechos que sustentó en la petición de
amparo.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura

1.6.1.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Esta dependencia sostuvo que la demanda constitucional se torna
improcedente por no cumplir con el principio de subsidiariedad conforme lo
previsto en el numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, al existir
otros mecanismos judiciales idóneos para cuestionar las diferencias surgidas
en el marco del vínculo laboral entre la actora y la Corte Suprema de Justicia.

Indicó que, por tal razón, el accionante cuenta con otros medios de defensa
para cuestionar el procedimiento adoptado por el Consejo Superior de la
Judicatura frente a las directrices de descongestión en la Rama Judicial,
fundamentada en la Ley 1781 de 2016.

Destacó que la actora no probó siquiera la utilidad del amparo solicitado
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable que haga
procedente la demanda de tutela, razón suficiente para desestimar las
pretensiones de la demanda

Mencionó que, la accionante tenía conocimiento de la naturaleza del cargo
en el que fue vinculada desde el momento de su nombramiento. Por lo tanto,
el nombramiento no puede ser prorrogado, ya que no es posible desempeñar
un cargo que no fue creado en la planta de personal correspondiente.

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Refirió que, la desvinculación se produjo en virtud de la terminación del
nombramiento, dado que la misma se realizó al concluir el período
establecido para un cargo creado dentro de una medida de descongestión.
Dicha terminación es automática al finalizar el plazo previsto y se encuentra
ajustada a los preceptos constitucionales y legales aplicables.

Resaltó que, existe una causal objetiva, razonable, relevante y suficiente
para la finalización de la relación laboral, la cual es ajena a la voluntad
discrecional de la autoridad nominadora.

Consideró que, no cuenta con la competencia para prorrogar los efectos de
las medidas transitorias adoptadas por la instancia competente, en particular
los cargos transitorios creados mediante acuerdo del Consejo Superior de la
Judicatura.

Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
DEAJ, ordenar su desvinculación en las presentes diligencias y rechazar por
improcedente la acción constitucional, al no superar el requisito de
subsidiariedad.

Allegó con su contestación los siguientes documentos: i) Oficio DEAJRHO25-
1603 del 7 de mayo de 2025, mediante el cual se da respuesta a una petición
remitida por la accionante y, ii) oficio DEAJRHO25-1870 del 27 de mayo de
2025, mediante el cual se informa a la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, sobre la petición remitida
por la señora Lyz Adriana Romero, para los fines que considerara
pertinentes.

Adicionalmente, sostuvo que, sobre los hechos y pretensiones de la
demanda, la profesional universitaria la división de asuntos labores de la
Unidad de Talento Humano de la DEAJ presentó informe, el cual fue
aportado en escrito separado.

1.6.1.2. Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

Esta dependencia solicitó que niegue el amparo puesto que el Consejo
Superior de la Judicatura no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la
accionante, toda vez que su vinculación y desvinculación se debe a un
criterio objetivo, como lo es la vigencia de las medidas de descongestión
adoptadas en virtud de la Ley 1781 de 2016, implementadas con el Acuerdo
PCSJA17-10647 del 22 de febrero de 2017.

Hizo referencia a que dicha corporación, en uso de su autonomía, teniendo
en cuenta los estudios adelantados y las facultades establecidas en el
artículo 63 de la citada disposición, mediante Acuerdo PCSJA17-10647 del
22 de febrero de 2017, adoptó la estructura de las cuatro Salas de
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Descongestión en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, con una planta de personal conformada por:

i) Un magistrado de alta corporación,
ii) tres cargos de magistrado auxiliar,
iii) un cargo de profesional especializado grado 33,
iv) un cargo de auxiliar judicial grado 1,
v)un cargo de escribiente nominado y,
vi) un cargo de conductor grado 6.

Señaló que tales nombramientos quedaron condicionados a las
certificaciones sobre disponibilidad presupuestal e infraestructura física y
tecnológica y de los demás elementos necesarios para su funcionamiento,
que fueran expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Destacó que, estas medidas tenían una vigencia de ocho años, contados a
partir de la fecha de posesión, conforme a lo establecido en el artículo
primero de la Ley 1781 de 2016. Por tanto, recordó el carácter transitorio de
dichas medidas.

Adicionalmente, mediante oficio UDAEO25-2528 del 4 de julio de 2025 la
directora de dicha unidad puso en su conocimiento la expedición del Acuerdo
PCSJA25-12314 del 3 de julio de 2025 “Por medio del cual se crean unos
cargos con carácter permanente en la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia”. Esto, para los fines que considere pertinentes dentro
del trámite de la acción constitucional en referencia.

1.6.2. Corte Suprema de Justicia

1.6.2.1. Presidencia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque

El presidente de dicha corporación manifestó que, en primer lugar, expresaba
su solidaridad con Lyz Adriana Romero Castro y lamentaba que esté
pasando las dificultades mencionadas en la solicitud de tutela; por lo que, su
situación no les resultaba indiferente.

Mencionó que, no obstante, la corte no ha incurrido en situación alguna de
violación de los derechos fundamentales de la solicitante teniendo en cuenta
que su desvinculación obedeció a una causa objetiva, legítima y legalmente
establecida, ajena a su condición de salud.

Refirió que, la señora Romero Castro desempeñaba el cargo de magistrada
Auxiliar en la Sala de Descongestión número 3 de la Sala de Casación
Laboral. Al respecto, precisó que los cargos fueron creados en el marco de la
Ley 1781 de 2016 como una medida de descongestión con un término de
duración específico de ocho años, que finalizó el 5 de junio de 2025.
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Refirió que, la Corte Suprema de Justicia ha reiterado consistentemente, a
través de su propia jurisprudencia (como en la sentencia CSJ SL1360-2018 y
las providencias CSJ STL3728-2017 y STL2705-2022), que la finalización de
una medida de descongestión constituye una causa objetiva válida, general y
legítima para la terminación del vínculo laboral.

Expuso que, en tal sentido, el retiro no obedece a un acto de discriminación
ni a un trato diferenciado fundado en una condición de discapacidad o de
salud, sino que, se reitera, se debió a la finalización de la medida de
descongestión; por tanto, el reintegro solicitado no es procedente.

Destacó que, la Corte Suprema de Justicia conservó el empleo de la
accionante mientras la medida de descongestión estuvo vigente, sin que en
el escrito de tutela se afirme expresamente algún trato discriminatorio
durante el vínculo laboral que, como afirma la convocante, perduró por 15
años, en los cuales desempeñó diversos cargos. Aclaró que, todo lo que se
relata en el escrito de tutela se refiere a los diversos actos relacionados con
la desvinculación del servicio.

Señaló que, la Sala Laboral de Descongestión en cabeza de su nominador,
adoptó las recomendaciones médicas necesarias para que la convocante
ejerciera sus actividades laborales acorde con su condición de salud, tal
como lo destaca la accionante en el hecho 15 de la demanda de tutela.

Recordó que, la facultad para crear, suprimir, fusionar o trasladar cargos en
la Rama Judicial recae exclusivamente en el Consejo Superior de la
Judicatura, según el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley
2430 de 2024; por lo que, la Corte Suprema de Justicia carece de
competencia para prorrogar un cargo de libre nombramiento y remoción cuya
naturaleza es de carácter transitorio y está condicionada a la duración de la
medida de descongestión.

Manifestó que, la temporalidad de la descongestión y las condiciones de la
vinculación eran de pleno conocimiento de la accionante desde su ingreso,
toda vez que en el acto de nombramiento se indicó que el cargo de
magistrada auxiliar corresponde a una planta de tal naturaleza y en tales
condiciones lo aceptó y tomó posesión.

Señaló que, aunque en los despachos de los magistrados de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia existan cargos
permanentes de magistrado auxiliar, su provisión es de libre nombramiento y
remoción del respectivo magistrado titular por disposición expresa de los
artículos 130 y 131 de la Ley 270 de 1996.

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Resaltó que, en tal sentido, una orden de reintegro en cualquiera de tales
cargos supondría la restricción de una competencia discrecional del
nominador, dispuesta así por el legislador habida cuenta de la confianza
necesaria para el desempeño de tales responsabilidades.

Precisó que, además, siendo siete los magistrados de la Sala de Casación
Laboral, resultaría arbitraria la imposición de cumplirse el reintegro pedido
por la accionante a uno de dichos despachos.

Hizo alusión a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
considerado que los empleados de libre nombramiento y remoción, como es
el caso de la accionante, no gozan de estabilidad laboral reforzada como
consecuencia de las funciones a su cargo o de la suma confianza que exige
su labor (sentencia SU 003 de 2018).

Agregó que, teniendo en cuenta que la causa a la que se atribuye la violación
de los derechos fundamentales por la accionante es “el acto administrativo
de desvinculación”, correspondiente al oficio OSG 2764 del 4 de junio de
2025 proferido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, la
acción de tutela resulta improcedente ante la existencia de otro mecanismo
de defensa judicial de igual o mayor eficacia que aquella.

Indicó que, dicha vía corresponde al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual cuenta con la posibilidad de solicitar
las medidas cautelares conservativas, de restablecimiento o de suspensión
provisional del acto según los artículos 230 y 231 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incluso de
urgencia, sin que se requiera el agotamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial.

1.6.2.2. Presidenta Sala de Casación Laboral, magistrada Clara Inés López
Dávila

La mencionada funcionaria expuso que mediante Ley estatutaria 1781 de
2016 se creó transitoriamente la Sala de Descongestión de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, específicamente para
“tramitar y decidir los recursos de casación” que para tal efecto seleccionara
la corporación permanente.

Refirió que, en el parágrafo 2° del artículo primero de la citada disposición
estableció que la Sala de Descongestión referida estaría conformada por
doce (12) magistrados, cuyo período constitucional “no podr[ía] superar el
término de ocho (8) años”.

Sostuvo que, por ministerio de la ley, el funcionamiento de la citada
Corporación inició en el mes de junio de 2017 y culminó el 5 de junio de
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2025, fecha en la que se cumplieron los ocho años y cesó la vinculación de
los magistrados titulares del aludido órgano colegiado, como también la de
los servidores judiciales que conformaron sus respectivos equipos de trabajo.

Señaló que, las aspiraciones de la actora consistían en que se mantenga
vigente su vinculación como magistrada auxiliar de la Sala de Descongestión
Laboral, aun cuando, se insiste, ésta dejó de existir en la fecha prenombrada.

Advirtió que la Sala de Casación Laboral que preside no nombró a la
accionante en el cargo que desempeñó en la Sala de Descongestión, como
tampoco expidió acto alguno ordenando su desvinculación, dado que, esta
operó automáticamente, en virtud de la legislación aplicable.

Manifestó que carece de legitimación en la causa para obrar como accionada
en el presente trámite, pues no intervino en modo alguno en los hechos que
describe la promotora en su escrito de tutela y tampoco tiene competencia
para materializar el reintegro al que aspira.

Consideró que las peticiones de la tutelante no son procedentes,
precisamente porque su vinculación como magistrada auxiliar cesó en virtud
del fenecimiento del período constitucional de la entidad a la que prestaba
sus servicios, hecho objetivo que descarta de plano cualquier tipo de
motivación fundamentada en razones de salud.

Aclaró que, tal circunstancia era ampliamente conocida por la actora, incluso
desde su nombramiento, de modo que carece de todo respaldo jurídico y
fáctico pretender que se sigan causando obligaciones y gastos a su favor con
cargo al erario, pues estaba ligada a la administración pública por un lapso
previamente determinado y actualmente no tiene vinculación legal alguna.

Solicitó que se declare la falta de legitimación de la Sala de Casación Laboral
y, a su vez, se niegue el amparo solicitado.

1.7. Intervención posterior de la parte demandante

La parte actora puso en conocimiento el Acuerdo PCSJA25-12314 del
Consejo Superior de la Judicatura, con el cual se crearon cargos
permanentes en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, acto que anexó con el fin de ser considerado al momento de emitir
providencia judicial de fondo.

A su vez, en escrito separado, a través de su apoderado, mencionó su
“actual hospitalización”, además de que 11 de julio de 2025, había asistido a
una cita con profesional en medicina laboral y que, en esta “… se informó
que se iniciaría con el proceso de calificación de invalidez, siendo remitida a

11

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fisiatría con el fin de emitir concepto médico de rehabilitación favorable o
desfavorable.”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y la presidenta de la Sala de Casación Laboral, magistrada Clara
Inés López Dávila solicitaron su desvinculación, pues consideran que,
carecen de legitimación en la causa por pasiva.

Estas peticiones se denegarán puesto que la vinculación se dio debido a las
circunstancias fácticas descritas en la acción de tutela, derivadas de la
desvinculación laboral con ocasión de la terminación de las medidas de
descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales
de procedencia de la acción de tutela. De ser así, se deberá establecer si las
autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de la parte
actora con el acto administrativo OSG 2764 del 4 de junio de 2025, proferido
por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso su
desvinculación del cargo de magistrada auxiliar a partir del 6 de junio de la
misma anualidad.

A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se
abordarán los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela; ii)
estabilidad laboral reforzada por razones de salud, iii) procedencia de la
acción de tutela en contra de actos administrativos de carácter particular y
general; iv) procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición y, v) el caso concreto.

2.4. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
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ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19911, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

2.5. Estabilidad laboral reforzada por razones de salud

El derecho a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud es una
garantía frente al despido discriminatorio. El artículo 26 de la Ley 361 de
1997 “[p]or la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas <en situación de discapacidad> y se dictan otras disposiciones”,
establece expresamente una protección frente al “despido” discriminatorio,
esto es, frente al acto unilateral del empleador de dar por terminado el
contrato de trabajo en razón a la limitación del trabajador. Dicha norma
contempla:

ARTÍCULO 26. NO DISCRIMINACIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD. En ningún caso la limitación <discapacidad> de una
persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a
menos que dicha limitación <discapacidad> sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así
mismo, ninguna persona limitada <en situación de discapacidad><1> podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de
su limitación <discapacidad>, salvo que medie autorización de la oficina de
Trabajo.

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón
de su limitación <discapacidad>, sin el cumplimiento del requisito previsto en
el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo
del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o
aclaren.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU 087 de 2022 señaló que
la garantía derivada del derecho a la estabilidad laboral reforzada por

1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.

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razones de salud genera una presunción de despido discriminatorio “que
puede desvirtuarse pues la carga de la prueba le corresponde al empleador”.

Por lo anterior, dicha corporación ha considerado que la aludida garantía no
corresponde a un derecho cierto e indiscutible, el cual debe entenderse como
aquel que, “…está incorporado al patrimonio de un sujeto y haya certeza
sobre su dimensión, es decir, cuando hayan operado los supuestos de hecho
de la norma que lo consagra”2. Por lo que, los derechos ciertos e
indiscutibles tienen naturaleza patrimonial y, en materia laboral, no son
disponibles para las partes.

Así, el derecho a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud es una
garantía frente al despido discriminatorio, no un derecho a estabilidad laboral
absoluta. En tal sentido, los requisitos para que se active tal garantía no son
objetivos; sino que, siempre implican una valoración sobre el grado de
afectación que las enfermedades que padece el trabajador para el
desempeño de sus funciones.

Finalmente, debe anotarse que, de manera reciente la Corte Constitucional en
sentencia SU 111 del 26 de marzo de 2025 resolvió el caso de una persona
que suscribió una conciliación en la que se pactó la terminación de su relación
laboral, pese a encontrarse en una condición de debilidad manifiesta por
razones de salud. Esto, tras considerar que el acto vulneró derechos ciertos e
indiscutibles, que tienen la naturaleza de “irrenunciables” promovió proceso
ordinario laboral que finalizó de forma adversa a sus intereses.

En dicha oportunidad, la citada corte, encontró acreditados los defectos
formulados y advirtió que el acuerdo de la trabajadora suscrito recayó sobre
“derechos ciertos e indiscutibles”, que lo tornaban ineficaz, pues se
encontraba protegida por estabilidad laboral por razones de salud y en
consecuencia, concedió el amparo y dispuso el reintegro de la accionante y,
de no ser posible ante la imposibilidad material ante la liquidación de la
empresa, su incorporación a la masa de acreedores para que se le reconozca
y pague salarios y prestaciones sociales, así como cotizaciones a seguridad
social desde el 2 de mayo de 2014 y hasta la fecha de notificación de la
providencia.

A su vez, en la parte resolutiva de la mencionada sentencia de unificación, se
dispuso lo siguiente:

CUARTO. ORDENAR al Ministerio del Trabajo que en el término máximo de
6 meses implemente un sistema de información, con indicadores de gestión
y evaluación de eficiencia, eficacia y efectividad relacionados con los
procedimientos derivados del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y

2
Sentencia T-040 de 2018.

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desagregado como mínimo con datos sobre lugar, tipo de actividad, género,
fecha de radicación y fecha de respuesta, motivo de análisis y parámetro de
decisión. Así como reportes relativos a las querellas por infracción del
derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada que le permita a
dicha autoridad y un procedimiento que garantice una respuesta expedita a
las solicitudes que sobre esta materia deben resolver los inspectores del
trabajo. La Defensoría del Pueblo –Defensoría Delegada para los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales– deberá realizar el seguimiento a esta
orden y entregar al Ministerio recomendaciones periódicas semestrales para
medir la satisfacción de derechos y el cumplimiento de lo definido en las
decisiones jurisprudenciales relacionadas con estabilidad laboral reforzada.

2.6. Procedencia de la acción de tutela en contra de actos
administrativos de carácter particular y general

Por regla general, se ha considerado la improcedencia de la solicitud de
amparo cuando se dirige en contra de actos administrativos de carácter
particular, en tanto que los medios de control previstos ante la jurisdicción
contenciosa administrativa son los mecanismos idóneos para asumir el
conocimiento de las controversias que se susciten entre los particulares y la
administración.

Adicionalmente, en el marco del proceso contencioso administrativo el
interesado cuenta con la posibilidad de solicitar el decreto de medidas
cautelares.

En relación con los actos administrativos de carácter general, se señala que el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela no
procederá “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto” (numeral 5).

Por tanto, la regla es la improcedencia de la acción de tutela para controvertir
actos de naturaleza general, impersonal y abstracta, así como la posibilidad
excepcional de ser implementada como mecanismo transitorio cuando se
compruebe que de la aplicación o ejecución de un acto de dicha naturaleza se
deriva la vulneración, siempre que se pretenda conjurar la posible ocurrencia
de un perjuicio irremediable.

2.7. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición

El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23
de la Constitución Política, así: “Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.”
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La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada3.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado,
e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo4.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, al pedir información acerca de un
documento que ha desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 20005 como parámetros para su protección
los siguientes:

i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;

ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa
y congruente con lo pedido;

iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe
ser lo más corto posible;

v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita;

vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en

3
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001,
entre otras.
4
Sentencia T – 1075 de 2003.
5
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.

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algunos casos a los particulares;

vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa6 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa
garantía fundamental;

viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera
del deber de responder;

x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta
al interesado.

Adicionalmente, debe indicarse que la Corte Constitucional ha considerado
que la existencia de otros mecanismos para la obtención de información
pedida en la petición no es óbice para contestarlo7.

De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de
un documento que ha desaparecido.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho
de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.

A su vez, debe indicarse que, no obstante, se ha aceptado que pueda
ejercerse el derecho de petición ante los jueces, por ejemplo, en asuntos
administrativos a su cargo, y en consecuencia estos se hallan obligados a
tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, en los términos que
la ley señale y, de no hacerlo, desconocen esta garantía fundamental.

6
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
7
Sentencia T – 1075 de 2003.

17

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Al respecto, se ha considerado que el juez o magistrado que conduce un
proceso judicial está sometido, como también las partes y los intervinientes, a
las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones
legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son
presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su
oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio
(artículo 29 superior).

Por tanto, debe distinguirse entre aquellos actos de carácter estrictamente
judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el funcionario o
empleados judicial. En relación con las peticiones de naturaleza administrativa
son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública.

2.8. Caso concreto

La señora Lyz Adriana Romero Castro, por intermedio de apoderado, instauró
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Recursos Humanos Nivel
Central) y la Corte Suprema de Justicia (Salas de Gobierno y de Casación
Laboral), con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales a
la igualdad, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud y a la vida en
condiciones dignas.

Lo anterior, por cuanto considera vulneradas tales garantías con el acto
administrativo OSG 2764 del 4 de junio de 2025, proferido por la Secretaría
General de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso su desvinculación del
cargo de magistrada auxiliar a partir del 6 de junio de la presente anualidad,
puesto que, no se tuvo en consideración su condición médica, caracterizada
por patologías crónicas y degenerativas, como son la radiculopatía, neuritis,
compresión de raíces nerviosas y dolor crónico intratable y, por ello, explicó
que resultaba indispensable que continuara recibiendo los tratamientos
especializados requeridos para mitigar el impacto de sus afecciones.

Las entidades demandadas se opusieron a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda constitucional, al considerar que, la finalización del vínculo
laboral de la accionante como magistrada auxiliar en la Sala Laboral de
Descongestión de la Corte Suprema de Justicia se dio por una causa objetiva,
esto es, la terminación de las medidas de descongestión adoptadas en virtud
de la Ley 1781 de 2016, implementadas con el Acuerdo PCSJA17-10647 del
22 de febrero de 2017.

En relación con el material probatorio aportado al plenario, se destaca que, la
parte actora cuestionó el acto administrativo OSG 2764 del 4 de junio de 2025,
proferido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que

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dispuso su desvinculación del cargo de magistrada auxiliar a partir del 6 de
junio de la presente anualidad. En este, se indicó lo siguiente:

Doctora
LYZ ADRIANA ROMERO CASTRO
Magistrada Auxiliar
Sala Descongestión Laboral
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad

Respetada Doctora,

Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito informarle que la
medida transitoria dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante el Acuerdo PCSJA17-10647 del 22 de febrero de 2017, con
ocasión de la cual se produjo su nombramiento, finaliza el 5 de junio de
2025, por lo que, a partir del día 6 del referido mes y año, se producirá la
desvinculación del cargo que desempeña en provisionalidad como
Magistrada Auxiliar.

De manera respetuosa le solicito dar cumplimiento a lo dispuesto en el
numeral 14 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la
Administración de Justicia”, modificado por el artículo 76 de la Ley 2430 de
2024, en el sentido de allegar a esta Secretaría, para que repose en su
historia laboral, el formato de declaración de bienes y rentas que se
encuentra adjunto a esta comunicación.

De otra parte, le recuerdo en caso de tener asignada tarjeta de parqueadero,
deberá devolverla a la Coordinación Administrativa y obtener el paz y salvo
del Archivo Central de la Corporación, a través del correo
archivo@cortesuprema.gov.co

Adicionalmente, le indico que, de conformidad con la información
suministrada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para
adelantar la liquidación de prestaciones sociales, deberá enviar la solicitud
indicando su e-mail personal y número de contacto al correo
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, anexando además los siguientes paz y
salvos, los cuales podrá gestionar a través de:

• Inventario escribir a: coordiadministrativa@cortesumprema.gov.co
• Biblioteca dirigir la petición a: belm@cendoj.ramajudicial.gov.co
• Seguridad: Para la devolución del carnet, el trámite está a cargo de la
División de Seguridad ubicada en el sótano del Palacio de Justicia Alfonso
Reyes Echandía; llamar al 5622000 Ext: 5062.

Por último, le informo que de conformidad con la circular DEAJC18-38
expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las
disposiciones adoptadas por la emergencia del COVID – 19, deberá agendar
dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de su

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retiro del cargo, la cita para el correspondiente examen de egreso, a través
del correo electrónico afiliacionesrechumanosbta@deaj.ramajudicial.gov.co

Aprovecho la oportunidad para agradecerle la colaboración prestada durante
su permanencia en la Corporación y augurarle éxitos en sus nuevas
actividades.

Cordialmente,

Este documento fue generado con firma electrónica.
Ver registro al pie de página
DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General

Al respecto, se advierte que, la parte demandante tiene conocimiento del
contenido de dicha decisión administrativa, como también de la naturaleza del
cargo en el que fue vinculada desde el momento de su nombramiento en
virtud de las medidas de descongestión en mención.

Por tanto, se considera que, para el reintegro laboral “inmediato” solicitado en
la pretensión primera, la parte actora cuenta con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, para cuestionar la legalidad de dicho
acto administrativo conforme lo establece el artículo 138 8 de la Ley 1437 de
2011, vía en la que también puede solicitar medidas cautelares.

De igual manera, en cuanto a las pretensiones 3ª, 4ª y 5ª relativas a que se
ordene el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes a salud y
pensión dejados de percibir, se disponga la creación del cargo de Magistrada
Auxiliar de la Sala Laboral en caso de no existir una vacante y,
subsidiariamente se ordene el pago de aportes a seguridad social, con la
finalidad de salvaguardar la continuidad del tratamiento médico, se observa
que corresponden a cuestionamientos que deben exponerse en la vía
ordinaria del caso.

Adicionalmente, debe indicarse que la acción de tutela no es el mecanismo
para impartir instrucciones para el nombramiento de empleados de las altas
cortes de libre nombramiento y remoción, pues ello compete a la facultad
discrecional del nominador, en este caso del magistrado titular del despacho.

En igual sentido, debe indicarse que cualquier reproche que pudiera tener la

8
ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
…

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parte respecto al Acuerdo PCSJA17-10647 del 22 de febrero de 2017, que
implementó las medidas de descongestión adoptadas en virtud de la Ley
1781 de 2016 - modificatoria de los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia-, también era susceptible de ser
cuestionado a través del medio de control de nulidad del artículo 137 de la
Ley 1437 de 2011.

Se insiste que este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite
preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de
esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

Así, la acción de tutela no procederá cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. Por lo que se precisa que al momento de
analizar si en un caso particular se está ante un perjuicio irremediable que
justifique el amparo transitorio, se deben evaluar en conjunto los siguientes
elementos9:

i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.

ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un bien
moral o material de la persona.

iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la
condición de amenaza del derecho fundamental.

iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.

Por tanto, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables10.

9
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de
2014.
10
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la
Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado
Vladimiro Naranjo Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la
sentencia C-531 de 1993. A continuación, se reseña, en síntesis, lo pertinente: “… son
elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, … A). El perjuicio ha
de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente’…. || B). Las medidas que
se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes… || C). No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona… || D). La urgencia y

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03918-00

En relación con el presupuesto de la subsidiariedad, se reitera que, de
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

De manera que, se debe hacer uso de todos los medios que el sistema
judicial dispone para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, ello con la finalidad de que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial alterna de
protección.

Así, la acción de tutela es improcedente en cuanto se utiliza como
instrumento adicional o supletorio, o cuando con ella se pretenda obtener un
pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias de la
respectiva jurisdicción11.

En tal sentido, desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela
vaciaría de contenido los otros mecanismos de defensa judiciales que han
sido previstos en las normas constitucionales y legales para salvaguardar los
derechos invocados.

Por tanto, se precisa que para la defensa de los intereses de las partes
existen medios administrativos y judiciales tanto idóneos como eficaces que
ha provisto el ordenamiento jurídico procesal.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que un medio idóneo es
aquel que garantiza la definición del derecho controvertido y que, en la
práctica es el adecuado para proteger el derecho fundamental que se
considere vulnerado12.

A su vez, el alto tribunal constitucional ha considerado que para la eficacia es
necesario valorar si el medio existente es el adecuado para proteger
objetivamente el derecho que se transgrede o se amenace 13. Es decir, la
eficacia se refiere a la oportunidad del medio de defensa; mientras que la
idoneidad a la protección adecuada en el tiempo.

la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad
de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido de
precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las
autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías
básicos para el equilibrio social”.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU 599 de 1999.
12
Sentencias T-999 de 2000 y T-847 de 2003.
13
Sentencia T-106 de 1993, T-480 de 1993 y T-847 de 2003.

22

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Por consiguiente, la acción de tutela no puede sustituir los mecanismos de
defensa con los que cuenta la parte demandante para la protección de sus
derechos fundamentales, dada la naturaleza excepcional y subsidiaria de
este medio constitucional.

Adicionalmente, se encuentra que, la parte actora alegó que “…si bien
existen otros mecanismos de defensa judicial, los mismos se tornan
ineficaces en procura de evitar un perjuicio irremediable derivado de la orden
de retiro de la funcionaria en estado de debilidad manifiesta.”

En relación con lo anterior, debe indicarse que la parte accionante tampoco
logró demostrar la configuración de un perjuicio irremediable que permitiera
establecer que las vías judiciales mencionadas no son las idóneas y eficaces
para debatir la presunción de legalidad que recae en el oficio OSG 2764 del 4
de junio de 2025, así como el procedimiento establecido en el Acuerdo
PCSJA17-10647 del 22 de febrero de 2017.

Esto, sin pretender desconocer sus condiciones médicas y que su
desvinculación laboral ocurrió por la terminación de las medidas de
descongestión, lo cierto es que, la estabilidad laboral reforzada por razones
de salud es una garantía frente al “despido discriminatorio”, no un derecho a
estabilidad laboral absoluta; tampoco resulta en un derecho cierto e
indiscutible y puede desvirtuarse por el empleador en las vías ordinarias
correspondientes.

Finalmente, la parte actora refirió que sus peticiones del 8 y 29 de mayo de
2025 no fueron respondidas. Al respecto, debe indicarse que, si bien la
actora puso de presente que no obtuvo respuestas a esas solicitudes, no
invocó la protección del derecho de petición y tampoco formuló alguna
pretensión relacionada con esos hechos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y
de la presidenta de la Sala de Casación Laboral, magistrada Clara Inés
López Dávila, en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva que
alegó en su informe.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Lyz Adriana Romero Castro.

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TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Salva voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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