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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03935-00

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03935-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila, de conformidad con lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03935-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

11 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00
Demandante: Cristian Eugenio Cárdenas Archila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00
Demandante: CRISTIAN EUGENIO CÁRDENAS ARCHILA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio
de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica coherente ni
suficiente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Cristian Eugenio Cárdenas
Archila contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 24 de junio de la presente anualidad, el señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila, a
través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la providencia del 19 de mayo de 2025,
proferida en el marco del proceso ejecutivo con radicado 25000-23-36-000-2024-00311-
00. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles errores
incluidos):

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de mi representado al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, que se ordene al magistrado el
pronunciamiento de las pretensiones del proceso ejecutivo. En consecuencia, dejar
sin efecto el auto interlocutorio de fecha 19 de mayo de 2025 proferido Por el tribunal
administrativo de Cundinamarca, mediante la cual confirma el auto de Fecha 27 de
febrero de 2025, el cual resuelve declarar que el tribunal administrativo De
Cundinamarca carece de competencia por factor territorial para conocer demanda
Ejecutiva, remitir el expediente de la referencia, a la oficina de apoyo del tribunal
Administrativo del Meta-Reparto, para lo de su competencia, pero en caso de que la
1
Se advierte que el 14 de julio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00
Demandante: Cristian Eugenio Cárdenas Archila

Competencia no sea admitida por parte de esa corporación, se plantea conflicto
Negativo de competencia ante el Honorable concejo de estado, y en su lugar se sirva
a pronunciarse sobre la pretensiones de la demanda ejecutiva y librar mandamiento
de pago a favor de mi mandante.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila presentó demanda contra la Nación –
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Agencia Nacional de Tierras2, con el fin de
que se ejecutaran las obligaciones contenidas en los siguientes títulos: i) el «contrato de
promesa de compraventa de inmueble para la reforma rural integral», suscrito el 16 de
diciembre de 2023; ii) la escritura pública 0219 del 30 de enero de 2024; y iii) la factura
electrónica de venta FE-3 del 21 de marzo de 2024.

4. Según se narró en la demanda, el señor Cárdenas Archila fue copropietario del predio
denominado «Los Cachorros» e identificado con matrícula inmobiliaria FMI 234-16416,
el cual está ubicado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

5. Mediante acto administrativo 202340016132651 del 30 de noviembre de 2023, la ANT,
en ejecución del «programa de adquisición y adjudicación de tierras del plan nacional de
desarrollo 2022-2026», presentó «oferta de compra» del inmueble antes identificado3. El
20 de diciembre siguiente, el ejecutante aceptó la oferta.

6. El 16 de diciembre de 2023, los copropietarios del predio «Los Cachorros» y la ANT
suscribieron la promesa de compraventa del inmueble, en la que se pactaron varias
obligaciones, entre las cuales, la entidad demandada se comprometió a realizar un
primer pago correspondiente a ONCE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS ($11.602.759.884), es decir un 30 % del valor total del inmueble, el cual se haría
efectivo «previa expedición del registro presupuestal y los trámites financieros propios
que se deban surtir al interior de la Agencia Nacional de Tierras, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la fecha en que se radique la orden de pago o antes».

7. Asimismo, se pactó que para que se efectuara el primer pago, se debería: «1)
Suscribir la presente promesa de compraventa, 2) Haber realizado la entrega anticipada
del inmueble por parte de LOS PROMITENTES VENDEDORES, al administrador

2 En adelante ANT.
3 En cuanto al precio y forma de pago, se determinó lo siguiente: «[l]a ANT pagará por el área del predio

objeto de la presente oferta de compra, el valor en el avalúo comercial No. ID3240 de fecha 22 de
noviembre del 2023, elaborado por LONJACUN S.A.S, el cual definió el valor total del predio en TREINTA
Y OCHO MIL SEISCENTOS Y SETENTA CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($38.675.866.279). PARAGRAFO
TERCERO: El precio se pagara en el ciento por ciento (100%) en efectivo de la siguiente forma: de contado
que para el efecto informe el vendedor, una vez se registre la trasferencia en el folio de matrícula del predio
ante la oficina de registro de instrumentos públicos del circuito correspondiente, previa presentación de los
siguientes documentos :(I) cuenta de cobro, (II) escritura pública en original y una copia auténtica, (III)
certificado de tradición y libertad, donde conste el registro del predio a favor de la agencia nacional de
tierras(ANT), (IV) acta de entrega material del predio, (V) certificación bancaria, (VI) copia de la cedula de
ciudadanía, (VII) copia del Rut, para tramitar la orden de pago. Por acuerdo de las partes podrá establecer
pago anticipado de la oferta, siempre y cuando no exceda el 50% del valor del avalúo, su pago tramitará
una vez se suscriba promesa de compraventa del predio, donde de fijará todas las condiciones de la
negociación». (Se realiza la transcripción eliminando los errores de ortografía y el error en la descripción
con letras del valor del inmueble).

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Demandante: Cristian Eugenio Cárdenas Archila

designado por parte de EL PROMETIENTE COMPRADOR 3) Presentación limitaciones
del certificado de libertad y tradición actualizado en el que no figure medidas cautelares
o al dominio».

8. Respecto del pago del saldo correspondiente al 70 % del valor total del inmueble, se
concertó que aquel se realizaría, una vez se registrara «la escritura pública de
compraventa en el folio de matrícula inmobiliaria»4.

9. La ANT realizó el primer pago, por lo que, a través de escritura pública 0219 del 30 de
enero del 2024, se protocolizó la compraventa ante la notaría 19 de Bogotá; no obstante,
la parte ejecutante alegó que a la fecha de presentación de la demanda aún no se había
pagado el saldo adeudado, pese a que en el certificado de libertad y tradición del
inmueble obra el registro de titularidad desde el 9 de febrero de 2024.

10. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-36-000-2024-00311-00 y correspondió,
por reparto, a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que, en auto del 27 de febrero de 2025, declaró la falta de competencia
para conocer del asunto y ordenó remitir el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial del
Tribunal Administrativo del Meta. Para fundamentar su decisión, la referida autoridad
judicial expuso que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 31 de la Ley 2080 de 2021, el conocimiento de los procesos
ejecutivos originados en un contrato estatal corresponde al juez del lugar en que se
ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Así, argumentó que, en este caso, el lugar de
ejecución del contrato era el municipio de Puerto Gaitán (Meta), pues allí se encuentra
ubicado el inmueble objeto del contrato celebrado entre la ANT y el señor Cárdenas
Archila, sumado a que, en ese municipio también se llevó a cabo la entrega material del
predio.

11. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición. Allí
sostuvo que el auto recurrido desconoció que: i) en la cláusula décimo quinta del contrato
de promesa de compraventa, las partes pactaron que el domicilio contractual sería la
ciudad de Bogotá; ii) la escritura pública 0219 del 30 de enero 2024 se suscribió por las
partes en la notaría diecinueve de esa misma ciudad; y iii) la entidad ejecutada suscribió
el referido contrato en ejecución del «plan nacional de desarrollo 2022-2026», es decir,
en el marco de «políticas amparadas por el gobierno nacional y reguladas por una
entidad de orden nacional».

12. Asimismo, destacó que los otros copropietarios del inmueble también presentaron
demandas ejecutivas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, procesos que
correspondieron, por reparto, a otros despachos de la misma Corporación; no obstante,
aquellos sí asumieron el conocimiento de los referidos trámites, e incluso en uno de ellos
se negó dictar el mandamiento ejecutivo de pago, con fundamento en que faltaba
adjuntar «aceptación de la factura electrónica». Así, mencionó que no se explicaba por
qué los magistrados de una misma sección tenían criterios diferentes sobre un mismo
asunto.

13. Mediante auto del 19 de mayo de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se abstuvo de reponer el auto del 27 de febrero

4 Se realiza la transcripción eliminando los errores de ortografía.

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Demandante: Cristian Eugenio Cárdenas Archila

anterior. La Sala de conocimiento ratificó los argumentos expuestos en la providencia
recurrida, pero añadió que el legislador fue claro al fijar las reglas para la determinación
de la competencia en razón del territorio, pues el artículo 156 del CPACA, en su tenor
literal, dispone que el conocimiento de los procesos ejecutivos originados en contratos
estatales «se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato».
De ahí que, en este caso, no hay lugar a realizar interpretaciones adicionales o darle a
la mencionada disposición un alcance distinto al que le dio el legislador.

14. Asimismo, afirmó que no resultaba admisible modificar las reglas de competencia en
atención al lugar de celebración del contrato o el domicilio de las partes o del contrato 5.

15. Finalmente, sostuvo que, en el caso de estudio tampoco se configuró el supuesto de
hecho previsto en el parágrafo del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, pues contrario a
lo sostenido por el recurrente, en este caso no existen varios lugares de ejecución de las
obligaciones convenidas, sino que, por el contrario, el contrato que dio origen a la
obligación reclamada tenía un único lugar de ejecución, el cual, insistió, era el municipio
de Puerto Gaitán (Meta).

16. En el escrito de tutela, el señor Cárdenas Archila alegó que la providencia antes
citada adolece de los siguientes defectos: i) fáctico, por desconocimiento del material
probatorio aportado, por medio del cual, a su modo de ver, era posible determinar con
suficiente claridad cuál era el lugar de ejecución del contrato; ii) desconocimiento del
precedente jurisprudencial, al citar una providencia de esta Corporación que «no
causaba efectos inter partes dentro del presente proceso»6, pues carecía de analogía
fáctica y jurídica en relación con el caso analizado; iii) procedimental, por exceso ritual
manifiesto; y iv) violación directa a la constitución.

17. Además, indicó que la actuación atacada produjo que tenga que padecer una larga
espera para establecer quien es la autoridad judicial competente para tramitar la
demanda que interpuso contra la ANT, considerando que a través de ella se «dio por
terminado el proceso ejecutivo» y se trasladó el expediente a otro tribunal.

18. En relación con el desconocimiento del precedente jurisprudencial aseguró que el
fundamento jurisprudencial que invocó la autoridad judicial accionada en la providencia
censurada no era vinculante en el caso en concreto. Por un lado, porque una de las
providencias es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil y, por otro, porque el
auto del 22 de febrero de 2021 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación no es fáctica ni jurídicamente análogo al resuelto en la providencia
cuestionada.

19. Sobre el exceso ritual manifiesto argumentó que el fallador, de manera mecánica y
sin argumentación alguna, dio por terminado un proceso ejecutivo que perseguía el pago

5 Respecto a este punto citó la providencia del 22 de febrero de 2021 proferido por la Subsección A de la

Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso con radicado 23001-33-33-007-2019-00401-01
(65.593) M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, en virtud del cual se resolvió un conflicto de competencias y
en el que, según indicó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esta Corporación concluyó que no se
admite variar las reglas de competencia por razón del territorio en atención al lugar se celebración del
contrato o por el domicilio de las partes o del contrato, pues admitir tal interpretación «desatiende
injustificadamente el tenor literal del numeral 4 del artículo 156 del CPACA».
6 Se realiza la transcripción eliminando los errores de ortografía.

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de una obligación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Esta decisión, insistió, lo
obliga a esperar a que se defina la competencia del tribunal, sin que se haya resuelto de
fondo lo pretendido.

20. Tal situación, a su juicio, podría traducirse en una espera adicional de seis meses o
incluso un año, lo que, según alegó, continuaría afectando sus derechos fundamentales.

21. Respecto a la violación directa a la constitución expuso que el auto atacado vulnera
su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, dado que desconoce
el marco normativo aplicable al caso en concreto y, teniendo en cuenta que en casos
similares, la misma Sección del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha asumido
competencia para conocer de procesos ejecutivos análogos, como, por ejemplo, el
proceso con radicado No. 25000-23-36-000-2025-00045-00, en el marco del cual el
magistrado José Elver Muñoz Barrera profirió mandamiento de pago, reconociendo la
competencia con base en normas del CPACA y el CGP. Trato que considera desigual e
injustificado en cuanto a la aplicación de la norma procesal.

22. Por último, argumentó que el asunto se encuentra revestido de relevancia
constitucional en la medida en que el auto censurado vulnera su derecho fundamental al
debido proceso, al «relegarlo a aspectos de índole absolutamente formal», y teniendo en
cuenta que pasó por alto las «especiales condiciones de los acreedores», quienes
«ostentan la condición de ciudadanos que, por confianza legal, acuden a la jurisdicción
para buscar el reconocimiento de sus derechos».

B. Trámite impartido e intervenciones

23. Mediante auto del 1° de julio de 20257, el despacho sustanciador del proceso admitió
la acción de tutela contra los magistrados que integran la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y vinculó a la ministra de
Agricultura y Desarrollo Rural y al director de la Agencia Nacional de Tierras, en calidad
de terceros con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

24. El La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca8, a través de la magistrada ponente de la providencia cuestionada,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que el
asunto carece de relevancia constitucional.

25. El Tribunal accionado empezó por mencionar que la decisión de remitir el proceso a
un Tribunal diferente no supone una vulneración a los derechos al debido proceso y/o de
acceso a la administración de justicia del accionante, pues no restringe su derecho a
participar en la acción judicial, a pedir y/o controvertir pruebas, ni a ejercer su derecho
defensa y contradicción.

26. Asimismo, indicó que es distinto que el proceso se haya remitido a otra Corporación,
pues en este escenario el ejercicio de sus derechos no se registre ni se limita, sino que

7
SAMAI, índice 5.
8 SAMAI, índice 9.

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simplemente se ejercen en el marco de las reglas previamente establecidas por el
legislador, incluso las de competencia por factor del territorio.

27. Añadió que la decisión tampoco constituye un exceso ritual manifiesto, en la medida
en que la remisión del expediente por competencia territorial no se impuso como una
barrera u obstáculo para que el demandante acceda a la ejecución que pretende, sino
que simplemente se dictó en cumplimiento de un mandato del legislador que no puede
desconocerse. Por lo que resulta desacertada la afirmación del demandante relativa a
que con la providencia cuestionada se «decidió poner fin» al proceso ejecutivo.

28. Finalmente, adujo que con la acción de tutela la parte actora pretende reabrir un
debate legal ya concluído, sin argumentar su trascendencia iusfundamental. De ahí que
la acción de tutela se torne improcedente.

29. La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural9 solicitó que se le
desvinculara del presente trámite constitucional, luego de considerar que no incidió en
las decisiones a las que la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales.

30. La Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, pese a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

32. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Sólo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del
19 de mayo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia del señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila.

E. Análisis de la Sala

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia censurada fue
proferida el 19 de mayo de 2025 y notificado el 26 del mismo mes y año, mientras que la

9 SAMAI, índice 10.

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solicitud de amparo se presentó el 24 de junio de 2025, esto es, a menos de un mes de
haberse expedido. Este término resulta razonable.

34. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

35. Subsidiariedad10. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio
de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir,
concederá el amparo impetrado.

36. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

37. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se agotaron
los medios disponibles en el proceso ejecutivo y porque las razones que sustentan los
defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de
los recursos extraordinarios.

38. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se
requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que
no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las
establecidas por el legislador.

39. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente11 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

40. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables de que se ha desbordado el alcance de un derecho
fundamental.

10
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,
expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016
(expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de
2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
11 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de

2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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F. Cumplimiento de la relevancia constitucional en el caso concreto

41. En el caso de estudio, el señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila pidió que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados con ocasión de la providencia proferida, el 19 de
mayo de 2025, por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que remitió, por competencia en razón del territorio, el expediente del
proceso ejecutivo con radicado 25000-23-36-000-2024-00311-00 -promovido por el
accionante contra la ANT- a la Oficina de Apoyo Judicial del Tribunal Administrativo del
Meta.

42. En el escrito de tutela, el señor Cárdenas Archila afirmó que la providencia
mencionada adolece de los siguientes defectos: i) fáctico, por omisión e indebida
valoración probatoria; ii) indebida aplicación del precedente jurisprudencial, por
disanalogía fáctica y jurídica entre la providencia invocada como precedente y el caso en
concreto; iii) procedimental, por exceso ritual manifiesto; y iv) violación directa a la
constitución, por desconocimiento de sus derechos fundamentales a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.

43. El defecto fáctico lo sustentó en la inadecuada valoración de las pruebas allegadas
por el demandante que, a su modo de ver, dan cuenta de que el domicilio contractual es
la ciudad de Bogotá y de que todos los acuerdos suscritos entre las partes, incluyendo
la escritura pública 0219 del 31 de enero de 2021 -que protocolizó la compraventa del
inmueble denominado «Los Cachorros», se suscribieron en el Distrito Capital.
Circunstancia que, para la parte actora, demuestra que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sí es competente para conocer del asunto puesto a su consideración.

44. En cuanto a la indebida aplicación de precedente jurisprudencial alegó que en la
providencia censurada, la autoridad judicial accionada tuvo como sustento de su decisión
de no reponer el auto del 27 de febrero de 2025 -mediante el cual declaró la falta de
competencia para conocer de la demanda ejecutiva promovida por el actor contra la
Agencia Nacional de Tierras y remitió el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial del
Tribunal Administrativo del Meta-, un auto del 22 de febrero de 2021, mediante el cual la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación 12 resolvió un conflicto de
competencias en el marco del proceso con radicado interno 65593, sin que el caso tenido
como precedente resultara analógicamente aplicable al sub judice, ni desde el punto de
vista fáctico, ni desde el jurídico.

45. Sobre el defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, la parte actora explicó
que la decisión de remitir el expediente a otra Corporación impone una barrera
injustificada a su derecho de acceso a la administración de justicia, en la medida en que
con ella se relegó su derecho sustancial, para privilegiar un asunto meramente formal,
sumado a que dio por terminado el proceso y le impuso la carga injustificada de esperar
un determinado lapso de tiempo a efectos de que se establezca quién es el juez
competente para conocer del proceso ejecutivo que formuló contra la ANT.

12 Providencia con ponencia de la magistrada Martha Nubia Velázquez Rico.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03935-00
Demandante: Cristian Eugenio Cárdenas Archila

46. Por último, consideró que la providencia también adolece de defecto por violación
directa a la constitución, desconoce sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en
diferentes procesos ejecutivos análogos al analizado por la Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, otros despachos de la misma Corporación Judicial sí
han asumido el conocimiento, pese a que, al igual que el promovido por él, versan sobre
la compraventa de predios en otros departamentos del país-específicamente, se refirió a
los procesos con radicados 25000-23-36-000-2025-00045-00 y 25000-23-36-000-2024-
00319- 00-.

47. Para el accionante, éste último defecto se configura, porque los despachos que
tramitan los procesos en los que se asumió el conocimiento «entienden que la ejecución
de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, ha sido llevada a cabo en la
ciudad de Bogotá D. C., basando su decisión en lo establecido en normas como el
artículo 156 numeral 4, 297 numeral 3 y 299 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.)»13.

48. Así las cosas, lo primero que advierte la Sala es que, aunque la parte actora expuso
una serie de argumentos en los que sustenta la supuesta afectación de sus derechos
fundamentales, lo cierto es que todos ellos convergen nuevamente en su inconformidad
con la decisión de remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Meta, por considerar
que el competente para conocer del proceso ejecutivo que promovió contra la ANT es el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

49. Tal reproche, que no solo es transversal, sino que, además, es reiterativo a lo largo
del escrito de tutela, da cuenta de que el presente asunto carece por completo de
relevancia constitucional, por un lado, porque no tiene una carga argumentativa mínima
para cuestionar la validez del auto atacado y, por otro, en la medida en que constituye
una reiteración del debate propuesto en el marco del proceso ejecutivo, respecto del
cual, como se explicará a continuación, el juez de la causa ya se pronunció de manera
suficiente y razonable.

50. En efecto, revisado el expediente ordinario, se tiene que, mediante auto del 27 de
febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la falta de competencia para tramitar la demanda ejecutiva
presentada por el señor Cárdenas Archila contra la ANT, por considerar que, del análisis
de los documentos allegados por la parte actora y, en particular, del contrato de
compraventa contenido en la escritura pública 0219, se colegía que el objeto del contrato
era la transferencia, a título de venta, del derecho real de dominio y posesión del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 234- 16416, ubicado en el municipio de
Puerto Gaitán (Meta), por lo que la Corporación competente para conocer el asunto era
el tribunal del departamento en el que se encuentra localizado el bien objeto del negocio
jurídico que sirve como base de recaudo en el proceso ejecutivo.

51. Adicionalmente, consideró que, dado que el objeto del contrato fue el traspaso de la
titularidad de un inmueble, la obligación de entrega material de la posesión de aquel se
llevó a cabo en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. De ahí que, de
conformidad con las reglas de competencia territorial previstas en el numeral 4 del
artículo 156 del CPACA, el lugar de ejecución del contrato era el referido municipio y, por

13 Se realiza la transcripción con posibles errores de gramática y ortografía.

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ende, el juez competente para adelantar el proceso era el Tribunal Administrativo del
Meta.

52. Tal como se expuso en los antecedentes, la decisión anterior fue objeto de recurso
de reposición por el ahora accionante, quien, al igual que en el escrito de tutela, manifestó
su desacuerdo con la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Meta, con
fundamento en las siguientes razones: i) la providencia desconocía que el contrato de
promesa de compraventa del inmueble fijó como domicilio contractual la ciudad de
Bogotá; ii) la escritura pública 0129 del 30 de enero de 2024 se suscribió en esa misma
ciudad; iii) el Tribunal omitió aplicar la regla de competencia prevista en el parágrafo del
artículo 157 del CPACA, que dispone que cuando varios jueces sean competentes para
conocer del asunto conocerá «a prevención» el juez o tribunal ante el cual se hubiera
presentado primero la demanda; y iv) puso de presente que su madre y sus hermanos -
que otrora fueron también propietarios del predio objeto del negocio jurídico- promovieron
otros procesos ejecutivos contra la Agencia Nacional de Tierras; no obstante, dichas
demandas si fueron tramitadas por otros despachos del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

53. Nótese entonces que los argumentos expuestos en el recurso de reposición
coinciden con los reproches vagamente expuestos en el escrito de tutela para sustentar
los defectos que se le endilgan a la providencia censurada, en particular con el fáctico y
el de violación directa a la constitución, pues aunque el accionante se esforzó por
adecuarlos para hacerlos parecer vicios de validez, lo cierto es que no son más que una
insistencia que, como ya se expuso, converge nuevamente en su consideración de que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es competente para tramitar el proceso
ejecutivo que promovió contra la ANT.

54. Tales reproches, como se anticipó, ya fueron objeto de pronunciamiento judicial por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, al resolver el recurso de reposición
interpuesto por el ejecutante, ratificó las consideraciones expuestas en la providencia del
27 de febrero de 2025, relacionadas con que el lugar de ejecución del contrato era el
municipio de Puerto Gaitán y, por ende, el competente para adelantar el proceso era el
Tribunal Administrativo del Meta, pero, además, sostuvo lo siguiente:

2.7. Ahora bien, el legislador fijó unas reglas claras para la determinación de
competencias por razón del territorio, incluso para el conocimiento de los procesos
ejecutivos originados en contratos estatales, ordenando expresamente que “se
determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato”.

En este punto se destaca que, el artículo 27 del Código Civil, dispone:

Artículo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal
a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión
oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella
misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.

De ahí que, cuando la normativa es clara e inequívoca, no es aceptable abandonar
o desconocer el tenor literal para darle un alcance distinto al previsto por el legislador.

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Sobre esta temática, el Consejo de Estado ha señalado14:

Como se observa, de este artículo 27 se desprenden al menos dos reglas. La
primera indica que la forma básica de acercarse al sentido de una norma es a
través del lenguaje o las palabras que ella utiliza, de modo que si su sentido es
claro no debe desatenderse su tenor literal para consultar su espíritu; como
ha señalado la jurisprudencia, el lenguaje es un instrumento para el
intercambio de pensamientos entre los seres humanos y la construcción
de la cultura jurídica, de modo que el contenido literal de las normas debe ser
suficiente para su comprensión fácil y lógica por parte de sus destinatarios.

Consecuencia de lo anterior, la segunda regla indica que solo frente a
expresiones “oscuras” que realmente dificulten el entendimiento de la ley, el
intérprete puede acudir a su intención o espíritu, pero siempre que estén
“claramente manifestados” en ella misma o en la historia fidedigna de su
establecimiento.

Dicho de otra manera, la búsqueda de un sentido distinto al que se desprende
prima facie del tenor literal de las normas, es subsidiaria, en la medida que
solamente procede cuando el lenguaje del legislador no ha sido claro y existen
expresiones oscuras que generan incertidumbre sobre su verdadero alcance.

Lo anterior es importante para la seguridad jurídica pues evita que el sentido de
la ley esté sujeto a la interpretación subjetiva de diferentes operadores jurídicos.
De allí que la claridad y sencillez de las normas y de su aplicación, sea una
pretensión de todo ordenamiento jurídico, especialmente cuando se trata de
regulaciones dirigidas la sociedad en general y no a sectores especializados que
funcionan con lenguajes técnicos y complejos. (…) (negrilla fuera del texto).

Pues bien, se advierte que el precepto contenido en el numeral 4 del artículo 156 del
CPACA, es claro e inequívoco en señalar que la competencia por factor del territorio
en los procesos ejecutivos derivados de contratos estatales, “se determinará por el
lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato”; por ello no es procedente
desatender su tenor literal para consultar su espíritu y darle un alcance distinto al que
dispuso el legislador.

En ese sentido, una interpretación según la cual la competencia por factor del
territorio en este asunto, se debe determinar por otros criterios, como por ejemplo por
el lugar se celebración del contrato o por el domicilio de las partes o del contrato, no
es aceptable.

Si ese fuera el espíritu de esa normativa, el legislador así lo hubiera dispuesto, como
lo hizo en el numeral 2 de ese mismo artículo al ordenar que la competencia por factor
del territorio en los medios de control de “nulidad y restablecimiento se determinará
por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante,
siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar”; así como en el
numeral 6, en el que estableció que “En los de reparación directa se determinará por
el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones
administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a
elección del demandante”.

Con respecto la competencia por factor territorial en asuntos contractuales, el
Consejo de Estado, en auto de fecha 22 de febrero de 2021 proferido en el proceso
con radicado N° 23001-33-33-007-2019-00401-01 (65.593) M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, al dirimir un conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 64
Administrativo de Bogotá y el Juzgado 7° Administrativo de Montería, dispuso:

Es relevante aclarar que la cláusula en la que se fijó como domicilio contractual
la ciudad de Bogotá no tiene efectos judiciales y que acerca de ese tipo de
estipulaciones esta Corporación ha explicado que no derogan las

14 Cita original: «Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del diez (10) de
diciembre de dos mil trece (2013), exp: Rad. No. 11001-03-06-000-2013-00540-00, consejero ponente:
William Zambrano Cetina».

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disposiciones procesales aplicables en materia de competencia. (…)
(negrilla fuera del texto).

En conclusión, la Sala encuentra que la interpretación realizada por el recurrente,
según la cual la competencia por factor del territorio en este asunto, se debe
determinar por el lugar se celebración del contrato o por el domicilio de las partes o
del contrato, no resulta aceptable puesto que desatiende injustificadamente el tenor
literal del numeral 4 del artículo 156 del CPACA; razón por la cual no se revocará el
auto recurrido.

2.8. Finalmente, el parágrafo de ese artículo señala que, cuando más de un juez o
tribunal sea competente para conocer del asunto, debe conocer a prevención el juez
o tribunal ante el cual se presente primero la demanda; sin embargo, esa regla debe
ser entendida de acuerdo con los criterios de competencia territorial prevista en ese
artículo.

Es decir, que la competencia por razón del territorio, en los casos de los procesos
ejecutivos originados en contratos estatales, se determina por el lugar donde se
ejecutó o debió ejecutarse el contrato, pero en aquellos casos en los cuales el
contrato se ejecutó o debió ejecutarse en dos o más departamentos, la parte
accionante tiene la prerrogativa legal de escoger al juez que será competente a
prevención para conocer la controversia, elección que se materializa con la
presentación de la demanda.

La Sala encuentra que, contrario a lo afirmado por el recurrente, el precepto de ese
parágrafo no es procedente en este asunto puesto que, el contrato que integra el
título ejecutivo aportado únicamente tiene un lugar de ejecución, esto es, el Municipio
de Puerto Gaitán (Meta). Por ello, no se cumple el presupuesto establecido en la
normativa para que el ejecutante pudiera elegir en dónde presentar la demanda; en
otras palabras, como el contrato cuya ejecución se pretende solo se ejecutó o debió
ejecutarse en ese municipio, no son varios los jueces o tribunales competentes para
conocer de la demanda ejecutiva de este asunto, la cual debe ser conocida por el
Tribunal Administrativo del Meta.

55. De lo anterior se colige que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio respuesta
íntegra a todos los motivos de inconformidad formulados en el recurso de reposición,
pero mantuvo su tesis relativa a que el lugar de ejecución del contrato celebrado entre el
ejecutante y la ANT era el municipio de Puerto Gaitán, por lo que el competente para
adelantar el proceso era el Tribunal Administrativo del Meta.

56. En este punto conviene destacar que en la providencia censurada no se aprecia
irracionabilidad, arbitrariedad o capricho alguno. Antes por el contrario, la decisión resulta
coherente con el material probatorio aportado por el ejecutante y se sustenta en la
normativa aplicable al caso, además de que explica de manera amplia y detallada las
razones por las que considera que el Tribunal Administrativo del Meta es el competente
para conocer del asunto.

57. Así las cosas, lo que se observa es que el demandante pretende que esta
Corporación, en sede de tutela, le ordene a la autoridad judicial accionada que asuma el
conocimiento del proceso ejecutivo que promovió contra la ANT, tratando de convertir
este valioso instrumento constitucional en una especie de instancia no prevista en la ley
para censurar la decisión atacada y desconociendo naturaleza subsidiaria y residual de
la acción de tutela y la existencia de un procedimiento dispuesto por el legislador en caso
de que exista un conflicto de competencia, el cual, se aclara, no se ha iniciado en este
caso.

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58. Todo lo anterior, demuestra que la presente acción de tutela no está llamada a
prosperar, por carecer del requisito de relevancia constitucional; no obstante, esta
Subsección, con el fin de dar una respuesta íntegra a todos los argumentos propuestos
en esta sede judicial se pronunciará, en gracia a discusión, sobre la supuesta indebida
aplicación del precedente jurisprudencial y el defecto procedimental, por exceso ritual
manifiesto.

59. En relación con este último, la Sala aclara a la parte actora que, contrario a lo
sostenido en el escrito de tutela, la decisión de remitir el expediente al Tribunal
Administrativo del Meta no da por terminado el proceso, ni lo suspende o lo interrumpe
en forma alguna; al contrario, aquel continúa su trámite normal, pero ante una autoridad
judicial distinta.

60. Entonces, tal decisión no configura un exceso ritual manifiesto, ni frustra o sacrifica
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del aquí accionante,
simplemente, se insiste, el trámite sigue ante otra autoridad judicial.

61. Ahora bien, respecto de la indebida aplicación del precedente jurisprudencial, se
destaca que, por una parte, las referencias jurisprudenciales relacionadas por el Tribunal
accionado en la decisión cuestionada no constituyen, per se, la razón de la decisión, sino
que se enuncian a modo de respaldo de la tesis sobre la cual aquel edificó su conclusión
de que carece de competencia para conocer el asunto y, por otra, se advierte que la
alusión jurisprudencial se realizó únicamente respecto de la razonamiento relacionado
con que las reglas de competencia previstas por el legislador no pueden supeditarse a
una estipulación contractual, el cual, a simple vista, parece aplicable al caso en
concreto15.

62. Por último, la Sala estima que el reproche sobre el hecho de que otros despachos
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí han asumido el conocimiento de otros
asuntos análogos al promovido por el señor Cárdenas Archila contra la ANT, también
carece de trascendencia constitucional, pues esta Subsección ha sido consistente en
considerar que resulta posible que las diferentes salas de decisión de una misma
corporación judicial, tengan criterios diferentes sobre un mismo asunto, pues los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial.

63. De manera que no es posible exigirle a la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que siga la tesis de otras salas de
conocimiento de la misma Corporación, toda vez que, se insiste, cada una de ellas es
autónoma para adoptar una postura determinada sobre un punto de derecho 16.

64. Así las cosas, la Sala considera que la parte actora pretende que, por el solo hecho
de ser la tesis adoptada por la autoridad judicial accionada contraria a sus intereses, se
le ordene a dicha sala de conocimiento que aplique la tesis adoptada por otras salas o
despachos, con el fin de que aquella asuma el conocimiento del proceso y le dé el trámite

15 Valga destacar que el extracto citado en la providencia del 19 de mayo de 2025 es el siguiente: «Es

relevante aclarar que la cláusula en la que se fijó como domicilio contractual la ciudad de Bogotá no tiene
efectos judiciales y que acerca de ese tipo de estipulaciones esta Corporación ha explicado que no derogan
las disposiciones procesales aplicables en materia de competencia».
16 Esta Subsección se pronunció en sentido similar en sentencia del 19 de febrero de 2024, M.P. José

Roberto Sáchica Méndez. Expediente 11001-03-15-000-2023-07495-00.

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pertinente. Empero, tal requerimiento, sin duda alguna desborda las atribuciones del juez
de tutela, aunado al hecho de que en aquellos eventos en los que existan posturas
encontradas debe privilegiarse la autonomía judicial que caracteriza el ejercicio de
función jurisdiccional.

65. En consecuencia, esta Subsección advierte que en el caso en concreto lo que existe
es un desacuerdo de la parte accionante con la providencia cuestionada, pero esa
disparidad de criterios en torno a los elementos debatidos no es una razón suficiente
para que el juez de tutela se pronuncie nuevamente respecto del fondo del asunto. Este
instrumento constitucional no constituye una instancia adicional del proceso ordinario
para que la parte actora imponga su visión del litigio, tanto más si la demanda está
desprovista de razonamientos de estirpe iusfundamental que permitan dar por superado
el requisito de relevancia constitucional.

66. Conviene precisar que, en sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional, como un requisito necesario para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta
en instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales sin trascendencia
constitucional:

[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales9. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales10. (Se destaca).

67. En suma, mientras la parte no ofrezca argumentos con real peso constitucional y que
sean coherentes con la decisión adoptada, habrá de concluirse que el contenido de la
providencia censurada es razonable, goza de presunción de acierto y se acompasa con
los principios de independencia y autonomía judiciales que no pueden ser desconocidos
por el juez de tutela. Por tanto, como se anticipó, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo presentada por el señor Cristian Eugenio Cárdenas Archila por
incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Cristian Eugenio Cárdenas Archila, de conformidad con lo razonado en la parte motiva.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

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TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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