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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03956-01

Fecha
24 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03956-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Doce Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, a través de la cual se negó la solicitud de la referencia. SEGUNDO.- REMITIR copia de esta providencia a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de su 96 “Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. ” 37 Radicado: 11001-03-15-000-2025-03956-01 Actor: William Francisco Quintero Villareal cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03956-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

24 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Pérdida de Investidura
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03956-01
Actor: William Francisco Quintero Villarreal
Convocado: Juan Carlos Lozada Vargas – representante a la Cámara, periodo
2022-2026
Tema: Causal de conflicto de intereses - interés directo – Valoración
probatoria
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

PÉRDIDA DE INVESTIDURA – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. Se decide el recurso de apelación presentado por el señor William Francisco
Quintero Villarreal1, en contra de la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2025
por los integrantes de la Sala Doce Especial de Decisión, mediante la cual negó la
solicitud de pérdida de investidura de la referencia.

II. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de pérdida de investidura

2.1.1. La causal atribuida al congresista

2. El señor William Francisco Quintero Villarreal afirmó que el congresista Juan Carlos

Lozada Vargas2 incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo
183 numeral 1.° de la Constitución Política3, desarrollada por la Ley 5ª de 1992,

1 Fue presentado el 7 de octubre de 2025. Índice 53 del expediente digitalizado visible en el aplicativo SAMAI

correspondiente a la primera instancia.
2 Elegido el 13 de marzo de 2022 según formulario E- 26 aportado junto con la demanda. Visible en el índice 2 del

expediente digitalizado visible en el aplicativo SAMAI.
3“Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:

[…]
1.Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.”.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03956-01
Actor: William Francisco Quintero Villareal

concretamente en sus artículos 2864 y 296, numeral 3.°5, por lo cual formuló las
siguientes pretensiones:

1. Declarar “[…] la pérdida de investidura del Representante a la Cámara por la
circunscripción territorial de Bogotá D.C. del doctor Juan Carlos Losada (sic)
Vargas, por haber estado incurso en conflicto de intereses”.

2.1.2. Fundamentos fácticos y jurídicos

3. La solicitud de desinvestidura se cimentó en los siguientes hechos:

4. El convocado Juan Carlos Lozada Vargas, candidato del partido “Liberal
Colombiano” fue elegido representante a la Cámara por la circunscripción territorial de
Bogotá D.C. para el periodo constitucional 2022- 2026.

5. El representante Lozada Vargas es hijo del señor Ricaurte Lozada Valderrama, quien

publicó un libro con la editorial jurídica colombiana “Ibáñez”, titulado “La justicia al
servicio de la política. Régimen insostenible”6.

6. Según el solicitante, el 13 de mayo de 2021 el señor Ricaurte Lozada Valderrama

vendió en forma directa a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, en
adelante Sayco, 800 ejemplares de su libro, por lo que recibió la suma de $6´400.000.
Posteriormente el 5 de diciembre de 2022 la misma sociedad compró 150 ejemplares
adicionales al grupo editorial “Ibáñez”, a un precio de $50.000 por unidad.

7. El 7 de septiembre de 2022, el representante a la Cámara presentó ante la Secretaría

General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de su autoría Núm. 189
de 2022 “Por medio del cual se reconoce, promueve y fortalece el ecosistema musical
colombiano y se dictan otras disposiciones”, que fue aprobado en segundo debate por
la plenaria de esa Corporación el 27 de febrero de 2024, esto es, sin que el
representante Lozada Vargas se declarara impedido. Al contrario, participó
activamente en las votaciones y se opuso al aplazamiento de la votación y la
eliminación de algunos artículos.

8 . Una vez aprobado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes el demandado

realizó esta declaración en la transmisión en vivo del canal Youtube de esa
corporación7:

4 “ARTÍCULO 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los congresistas deberán declarar

los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.
Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto
legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.
[…]”.
5 “3. Por violación al régimen de conflicto de intereses.”

6 Según la demanda el libro se identifica con el ISBN: 978-958-791-142-8.
7 Según la demanda, visible al minuto 3:55:20 de la transmisión en vivo que se encuentra disponible en el canal de

YouTube de la Cámara de Representantes.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03956-01
Actor: William Francisco Quintero Villareal

“[…] yo duré 10 años trabajando en el sector de la música, antes de meterme a la
política. Doctor Salazar, yo en el sector de la música he pasado por todos lados, fui
durante años el programador del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en
Música, cargué cables, he sido Stage Manager. Esas grandes bandas como Monsieur
Periné, trabajé además como manager de artistas, como gestor cultural, y desde mi
primera campaña, doctor Jorge Eliécer, yo le debía a los músicos de este país, a mis
amigos, con los que crecí profesionalmente durante tantos años, un trabajo en el
Congreso de la República por ellos. Esa es la mayor inspiración para haber
redactado esta ley de la música”8. (Negrilla original de la transcripción inserta en
la demanda).
9. El 19 de junio de 2024 el demandado publicó en la red social Instagram lo siguiente:

“[…]es realmente muy triste lo que sucede en el senado de la República donde vienen
a morir muchos de los mejores proyectos de ley que vienen desde la Cámara de
Representantes porque no se les da debate. Pero es que, en el caso de la ley de la
música, la cosa se hizo de manera impresentable, un lobby vergonzoso por parte de
SAYCO para hundir la ley de la música a pesar de que ésta mañana habíamos
logrado un acuerdo. […]”.9

10. Para el señor Quintero Villarreal el demandado tiene relación “de cercanía y
confianza” con el sector musical de Colombia, en especial con la Sociedad de Autores
y Compositores de Colombia -SAYCO-, con quienes manifestó lograr un acuerdo con
el fin de que pudiera ser aprobado el proyecto de ley de la música en la plenaria del
Senado de la República, aceptando que fueran eliminados unos artículos que
afectaban a esa sociedad.

11. Según la solicitud, en este caso, además de la compra de las obras literarias del

señor Ricaurte Lozada Valderrama, la pertenencia del demandado al gremio musical
del país y la cercanía con SAYCO, evidencian el interés particular, actual y directo al
interior del trámite del proyecto de ley 189 de 2022 también llamado “Ley de la Música”,
sin que se declarara impedido para discutirlo y votarlo.

12. Por lo anterior, consideró que en este caso se cumplieron los presupuestos para la

configuración del conflicto de interés, al tenor de lo establecido por el artículo 286 de
la Ley 5ª de 1992 frente al beneficio particular, actual y directo del convocado o sus
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad. Además, se desconocieron
los deberes establecidos en el artículo 268 idem, numerales 2.°, 6.° y 7.°, al no poner
en conocimiento de la respectiva Cámara tales situaciones, así como la exigencia del
artículo 287 siguiente, dada la omisión del diligenciamiento del registro de intereses.

13. En apoyo de su argumentación citó entre otras, las sentencias del Consejo de

Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de 25 de mayo de 2021,
radicación 11001-03-15-000-2020-00773-01 y de la Sección Primera, de 11 de febrero
de 2021, radicación 68001-23-33-000- 2019-00893-01.

8 Negrilla original de la transcripción inserta en la demanda.
9 Negrilla original de la transcripción inserta en la demanda.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03956-01
Actor: William Francisco Quintero Villareal

2.2. Admisión de la solicitud

14. Mediante providencia del 25 de junio de 202510 se admitió la solicitud de pérdida de

investidura, presentada por el ciudadano William Francisco Quintero Villarreal contra el
representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas, verificado el cumplimiento de
los requisitos exigidos por el artículo 511 de la Ley 1881 de 2018.

2.3. Contestación12

15. El apoderado del señor Juan Carlos Lozada Vargas, se opuso a la solicitud de

pérdida de investidura con base en los siguientes argumentos:

16.Si bien con la participación del representante Lozada Vargas se tramitó en la
Cámara de Representantes un proyecto de ley denominado “ley de la música” de su
autoría, este no alcanzó el cuarto debate en el Senado de la República.

17. Indicóque el representante Lozada Vargas es hijo del señor Ricaurte Lozada
Valderrama y que antes de ser congresista sostuvo, una relación directa con el sector
de la música y el entretenimiento. Que participó activamente en la discusión del
proyecto de ley, sin declararse impedido; y, tanto él como los demás representantes a
la Cámara entablaron diálogos con miembros de los sectores beneficiados o afectados
con la eventual aprobación del mismo, como es su deber hacerlo en la labor legislativa,
dentro de ellos la sociedad Sayco, que se opuso al trámite del proyecto de ley.

18. Respecto de la causal de pérdida de investidura invocada señaló que la acusación

fue confusa pues no precisó por qué el trámite de la ley produjo un beneficio a favor
del demandado o sus familiares, sino que únicamente lo presumió a partir de la relación
de carácter civil desarrollada entre el padre del representante y la organización
SAYCO, ocurrida antes de la presentación del proyecto.

19. Según lo manifestó, no puede ignorarse que el eventual beneficio debe derivarse

exclusivamente de la decisión contenida en el proyecto de ley, sin que puedan
considerarse hechos externos ajenos al congresista que no guarden relación ni
generen consecuencias futuras con el contenido normativo; empero en este caso no
se explicó la conexión entre la regulación del sector de producción musical y la
celebración de un contrato civil entre SAYCO y un familiar cercano del congresista. Tal
vínculo solo sería relevante si dicho pariente tuviera participación directa en la
organización, integrara sus órganos directivos o recibiera algún beneficio derivado de
la aprobación del proyecto, circunstancias que no ocurrieron ni fueron alegadas por el
solicitante.

10 Índice 4 del aplicativo SAMAI. Primera instancia.
11 “ARTÍCULO 5o. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá

formularse por escrito y contener, al menos: a) Nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien la formula;
b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional; c) Invocación de la
causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación; d) La solicitud de práctica de
pruebas, si fuere el caso; e) Dirección del lugar en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar.
PARÁGRAFO 1. No será necesario formular la solicitud a través de apoderados. (…)”.
12 Índice 12 del expediente digitalizado. Primera instancia. Aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03956-01
Actor: William Francisco Quintero Villareal

20. El apoderado afirmó que no debe declararse la desinvestidura sin que esté
demostrada de forma suficiente, entre otros elementos, la existencia de un interés
directo, particular y actual del congresista ya sea de orden moral o económico, en la
deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso y en este caso no
se aportó ninguna prueba que permita inferir la participación del congresista en una
“especie de colusión” que conduzca a relacionar la compra de libros con el trámite de
un proyecto de ley.

21. Destacó que el proyecto de ley tenía por objeto “generar las condiciones técnicas,

jurídicas y financieras para el reconocimiento del campo musical y el fortalecimiento
de los diferentes componentes del ecosistema musical colombiano, sus agentes, sus
Procesos” y, al contrario, a la sociedad SAYCO el proyecto no le producía un beneficio,
sino que incluso lo consideraban lesivo dado que incluía el traslado a un Fondo estatal
de aquellos recursos recaudados no distribuidos por las sociedades de gestión
colectiva de derechos de autor una vez terminado el tiempo estipulado para su entrega.
Es decir, que SAYCO debería trasladar a una entidad estatal millonarias sumas que
hoy administra por mandato de la ley y respecto de las cuales el Estado tiene poco
control, lo que explica que esa organización se opusiera al trámite del proyecto. Por
ello, el demandado no obtendría ningún beneficio con la aprobación del proyecto,
tampoco lo haría ninguno de sus parientes cercanos y ni siquiera la organización
señalada por el solicitante.

22. Adujo que tampoco se probó que hubiese actuado con dolo o culpa grave sino que

la conducta es atípica en cuanto el comportamiento del representante Lozada Vargas
no es contrario al ordenamiento jurídico y, en particular, al régimen de conflicto de
intereses, en la medida en que la aprobación del proyecto de ley no derivaba en un
beneficio directo y actual para sí o para un pariente cercano, ni conocía los hechos
mencionados en la demanda hasta que conoció la solicitud de pérdida de investidura,
y aún si los hubiese conocido no estaría obligado a declararse impedido porque se
trata de un hecho que no constituye la causal invocada.

23. Finalmente, agregó que no se demostró que el representante conociera de la
existencia de una relación contractual realizada por su progenitor con la sociedad
SAYCO, celebrada antes de la presentación del proyecto y mucho menos con la
empresa editorial con la cual el accionado no tiene relación alguna. Por tanto, en el
expediente es claro que no hay conocimiento previo ni posterior de la existencia de la
relación contractual, casual y esporádica entre su padre y la sociedad.

2.4. Audiencia Pública

24. El 27 de agosto de 202513, se celebró la audiencia pública establecida en el artículo

11 de la Ley 1881 de 2018, con la asistencia de los consejeros integrantes de la Sala
Doce Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, el solicitante, el procurador
delegado ante esta Corporación, el demandado y su apoderado. Todos ellos
registraron las intervenciones que se sintetizan a continuación:

13 Link de la audiencia visible en el índice 44. Expediente digitalizado. Primera instancia.- Aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03956-01
Actor: William Francisco Quintero Villareal

25.2.4.1. El solicitante14 expresó que en este caso se configuró la causal de pérdida

de investidura dada la existencia de la relación comercial entre el señor Ricaurte
Lozada Valderrama, progenitor del demandado y la Sociedad de Autores y
Compositores -SAYCO-, que sería impactada por el proyecto de ley presentado por el
representante Juan Carlos Lozada Vargas, con el que buscaba fortalecer el sector
musical de Colombia por lo que debió declararse impedido; sin embargo, interpuso su
interés personal a la función legislativa a su cargo. Señaló que el interés se configuró
porque se modificaría el marco económico de la entidad contratante del familiar del
congresista.

26.2.4.2. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado15 en su
concepto, solicitó denegar las pretensiones formuladas por William Francisco Quintero
Villarreal.

27.Para tales efectos, señaló que el solicitante no cumplió con la carga argumentativa

necesaria en relación con los hechos atribuidos al demandado y señalados como
constitutivos de la causal. Precisó que la simple cita de las normas que consagran la
causal no configura los presupuestos para decretar la pérdida de investidura de
congresista. Así mismo destacó la ausencia de prueba frente al interés actual, real y
directo del demandado y que le impusiera la carga de manifestar su impedimento y,
separarse del trámite del proyecto de ley 189 de 2022. El hecho de la celebración del
contrato de venta de los libros por sí solo no tiene relación con el objeto con del
proyecto de ley, que no perseguía favorecer a SAYCO, sino que era de carácter
general y que buscaba fortalecer el sector musical en aspectos técnicos, culturales y
de financiamiento, entre otros. En esa medida tampoco podía indagarse por el
elemento subjetivo al no acreditarse el elemento objetivo de la causal.

28.2.4.3.El apoderado del representante a la Cámara16 solicitó negar las
pretensiones del actor por cuanto no logró acreditar los supuestos de hecho respecto
de los cuales adujo que el congresista convocado incurrió en la causal alegada.

29 Para tal efecto precisó que no se demostró el interés directo del congresista y
además de eso destacó que, en este caso el accionado siempre ha reconocido su
cercanía con el sector musical del país, como lo ha dicho en medios de comunicación.
Sin embargo, en este caso el proyecto de ley no representa ningún interés particular
ni para él ni para sus familiares, pues la Corte Constitucional ha aceptado que los
congresistas que tengan un conocimiento especializado en una materia pueden
participar en el trámite de proyectos de ley, siempre y cuando no se genere el interés
que indica la causal de pérdida de investidura. Por tanto, la solicitud de desinvestidura
no se basa en argumentos sólidos ni en las pruebas aportadas sobre la presunta
configuración del citado beneficio o interés particular, que no se deriva del proyecto de

14 Intervención a partir del minuto 13:00 y siguientes. Ibidem.
15 Escrito allegado en el índice 41 del expediente digital. Primera instancia.
16 A partir del minuto 27.25. Link de la audiencia visible en el índice 44. Expediente digitalizado. Primera instancia.-

Aplicativo SAMAI.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

ley ni para el congresista ni su padre. Además, la sociedad SAYCO fue la principal
opositora del proyecto de ley promovido por el congresista, pues buscaba que los
dineros percibidos por esa entidad se vieran reducidos.

2.5. La sentencia apelada

30.La Sala Doce Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, mediante sentencia

proferida el 15 de septiembre de 2025, negó la solicitud de la referencia.

31. Después de analizar los aspectos generales del medio de control judicial en estudio,

se refirió a la violación del régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida
de investidura y con ello, al artículo 183 numeral 1.° de la Constitución Política, 286 y
296 de la Ley 5ª de 1992, artículos de los que coligió que para que se configure el
conflicto de interés en beneficio para el congresista o su familia derivado del trámite
legislativo, éste debe ser actual, particular y directo y que no se configura, cuando
menos, en los eventos que señala el mismo artículo 286.

32. Precisó que en esas condiciones el interés hipotético o meramente eventual, el

negativo o desfavorable, el general o fusionado con el interés del electorado, el
sectorial, correspondiente a los sectores económicos financiadores de su campaña y
el electoral cuando no se configuran causales de inhabilidad, no se enmarcan en la
causal objeto de análisis ni imponen la separación del congresista del trámite de los
proyectos de ley.

33. En cuanto al caso concreto estimó que en la demanda no se hizo referencia a un

beneficio particular, actual y directo que el proyecto de ley le haya generado o
representado al congresista demandado o a sus familiares en los grados previstos en
la ley ni se sustentó la acusación en las particularidades de alguna regulación
específica que se promoviera a través de la mencionada iniciativa con beneficio para
el acusado, sino que la demanda se fundamentó en que SAYCO compró 150
ejemplares del libro de la autoría del señor Ricaurte Lozada Valderrama, denominado
“La justicia al servicio de la política. Régimen insostenible.” Y si bien está probado que
dicha transacción ocurrió, no obstante, el demandado señaló que sólo se enteró de
ella con ocasión de la demanda que dio origen al proceso. Además, el gerente del
grupo editorial Ibáñez, manifestó que actuó como impresor del libro y que el autor le
canceló la totalidad de la edición por lo que era el dueño de todos los ejemplares.
Precisó que él directamente los vendió excepto algunos pocos que les dejó “en
consignación” a la editorial para que los vendiera y reintegrara el valor de estos menos
el descuento de distribuidor.

34. Hizo referencia a la copia de la factura electrónica de venta EDI 1591 de 6 de

diciembre de 2022 de la que resaltó que SAYCO compró al Grupo Editorial Ibáñez 150
unidades del referido libro por $7´281.450; también frente a la factura de venta 5367
de 1.450 ejemplares al autor del libro y de los reportes de ventas realizadas por la
editorial. Precisó además que ninguna prueba se aportó en relación con la venta de
800 ejemplares en forma directa por parte del padre del demandado a SAYCO.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03956-01
Actor: William Francisco Quintero Villareal

35. Estimó como demostrados el vínculo de consanguinidad con el señor Ricaurte
Lozada Valderrama, la mencionada venta de los libros y la participación del accionante
en el trámite del proyecto de ley 189 de 2022 (Cámara). Recalcó que en la Gaceta del
Congreso número 1076 de 13 de septiembre de 2022 se publicó el proyecto de ley
suscrito por el congresista acusado, asimismo, en la Gaceta del Congreso 234 de 13
de marzo de 2024 se publicó el texto definitivo del proyecto de ley 189 de 2022
(Cámara), lo que demuestra que la presentación del proyecto fue previa a la compra
de los libros que realizó SAYCO y si bien consideró probada la autoría y participación
en la discusión del proyecto de ley por parte del congresista acusado, empero de la
compra de los libros al señor Ricaurte Lozada Valderrama no se podía afirmar que en
este caso se configuró la violación del régimen de conflicto de intereses dado que no
se allegaron pruebas sobre que el congresista o su familia obtendría beneficio derivado
del trámite legislativo de “ley de la música”; ni se argumentó cuál o cuáles de los
apartes del proyecto de ley de su autoría le reportaban, supuestamente, una ventaja
al demandado o a SAYCO, por lo que no analizaría pormenorizadamente el texto del
proyecto, en garantía del derecho de contradicción y defensa del demandado.

36. Además ninguna prueba se allegó sobre la relación causal entre la participación del

demandado en su condición de representante a la Cámara como autor y partícipe en
la aprobación del proyecto de ley 189 de 2022 y el supuesto beneficio consistente en
la compra de 150 libros de la autoría de su padre que en forma posterior realizó
SAYCO, ni tampoco se evidenció que este último negocio ocurriera como
consecuencia del ejercicio de la función legislativa del demandado ni de alguna
conducta de éste que permita acreditar que se encaminó a desconocer el régimen
legal del conflicto de intereses, en forma dolosa o gravemente culposa, siendo la
conducta atípica.

37. Finalmente precisó que no había lugar a condenar en costas acorde con lo señalado

por el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

2.6. Recurso de apelación17

38. El demandante manifestó su disenso contra la sentencia de primera instancia, en

un extenso escrito donde reiteró varios de los mismos argumentos bajo los siguientes
títulos: “Error de derecho en la valoración del conflicto de intereses”, “Desconocimiento
del elemento de conocimiento y deber de diligencia”, “Inaplicación del principio de
transparencia parlamentaria”, “Errónea interpretación del elemento subjetivo (dolo o
culpa grave)”, “Violación del principio de igualdad y del precedente”, “Relevancia ética
del conflicto potencial”, “error de hecho”, “Valor jurídico del hecho de ser autor y
ponente del proyecto de ley”.

39. Por lo anterior, para facilitar su análisis, se integrarán los argumentos dada su

similitud, de la siguiente manera:

17 Índice 2. Archivo “2ED_Apelacion(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”, expediente digitalizado. Segunda instancia.

Aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03956-01
Actor: William Francisco Quintero Villareal

▪ Frente a la presunta configuración de los elementos objetivos de la causal
de pérdida de investidura. El apelante formuló los siguientes cargos: “Error de
derecho en la valoración del conflicto de intereses”, “Error de hecho” y “Valor jurídico
del hecho de ser autor y ponente del proyecto de ley”.

40. Sobre este aspecto el apelante sostuvo que la sentencia omitió valorar integralmente

las pruebas que acreditaban un interés particular, actual y directo del congresista Juan
Carlos Lozada Vargas en el trámite del proyecto de ley 189 de 2022 (Cámara),
conocido como “Ley de la Música”. Argumentó que en el expediente consta que el
padre del congresista, Ricaurte Lozada Valderrama, vendió 950 libros a SAYCO,
entidad directamente afectada por la iniciativa legislativa. Pese a esa relación
comercial, el congresista no se declaró impedido y participó activamente en la
ponencia, votación e incluso promovió la aprobación del proyecto.

41. Para el recurrente, la Sala Doce Especial de Decisión de Pérdida de Investidura

redujo el análisis al beneficio económico inmediato, desconociendo que la
jurisprudencia del Consejo de Estado18 y la Corte Constitucional (C-1159/03) reconoce
también el interés moral o de conveniencia cuando existe vínculo familiar con
entidades potencialmente beneficiadas. Según señaló, el contrato entre SAYCO y el
padre del congresista guarda relación directa con el objeto del proyecto, orientado a
regular el sector musical y, por ende, a las entidades que lo integran, incluida SAYCO.
Exigir prueba de un beneficio real, vacía de contenido el carácter preventivo del
régimen ético parlamentario.

42. Asimismo, reprochó que el concepto del Ministerio Público, acogido por la sentencia,

ignoró un hecho relevante, como es que Lozada Vargas fue autor y ponente del
proyecto, lo que le imponía un mayor deber de declararse impedido. Afirmó que según
la jurisprudencia19 el conflicto de intereses se configura no solo al votar, sino también
al intervenir en la preparación e impulso de proyectos en los que el congresista o sus
familiares tienen interés. Ello, al ser autor de una ley que incide directamente sobre
SAYCO, entidad con la que su progenitor tuvo relación contractual.

▪ Frente al elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura.
Formuló los argumentos de “Desconocimiento del deber de diligenciar el registro de
intereses”, “Desconocimiento del elemento de conocimiento y deber de diligencia”,
“Inaplicación del principio de transparencia parlamentaria”, “relevancia ética del
conflicto potencial”. Según lo indicó el fallo desconoce que el hecho de ser el
demandado el autor de la norma vinculada con el sector económico donde el señor
Ricaurte Lozada Valderrama mantuvo una relación comercial con SAYCO (entidad
directamente afectada) permea el deber ético de transparencia y aun cuando el
contrato de su padre fuera previo, su existencia crea una conexión objetiva entre el
núcleo familiar del congresista y la entidad interesada en la ley. El registro de intereses

18 Si bien en el recurso se realiza esta afirmación, el recurrente no incluye cita de las decisiones del Consejo de

Estado, presuntamente desconocidas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03956-01
Actor: William Francisco Quintero Villareal

del artículo 287 Ley 5ª de 1992 debe incluir los vínculos económicos o familiares
susceptibles de generar conflicto y en este caso el congresista omitió declarar dicha
circunstancia, omisión que por sí misma vulnera el régimen y constituye causal
autónoma de desinvestidura. El deber de declararse impedido surge con la mera
posibilidad de que una relación familiar o económica se pueda comprometer la
objetividad del legislador, sin que dependa de un beneficio económico actual, sino de
la posibilidad real de que su actuación afecte la imparcialidad y la confianza pública.
Citó las sentencias de la Corte Constitucional SU-424 de 2016 y C-319 de 1994.

Y agregó: “Errónea interpretación del elemento subjetivo (dolo o culpa grave)”.
Según indicó, la Sala presumió la ausencia de dolo o culpa grave por falta de prueba
directa, pero ignoró que la culpa grave se infiere del incumplimiento palmario de un
deber legal conocido y en este caso el congresista es abogado, ex gestor cultural y
legislador experimentado, por lo que no podía alegar desconocimiento de las reglas
sobre impedimentos y conflictos (C-319/94; SU-424/16). La Sala exigió la prueba del
conocimiento efectivo del contrato comercial por parte del representante, sin embargo,
en su parecer, el régimen de conflicto de intereses impone al congresista el deber de
verificar y declarar cualquier vínculo potencialmente comprometedor.

43. Para el apelante esa omisión de verificación configura culpa grave por negligencia

funcional, conforme al artículo 44 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 286 de la Ley 5ª
de 1992.

▪ “Violación del principio de igualdad y del precedente”. Afirmó que la
sentencia apelada rompe “la uniformidad jurisprudencial” sin motivación suficiente,
vulnerando el artículo 230 de la Constitución Política.

2.7. Intervención en segunda instancia

2.7.1. Pronunciamiento del apoderado del accionado20.

44. El apoderado del representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas solicitó

confirmar la sentencia de primera instancia, dado que, según lo afirmó, el régimen de
conflicto de intereses exige que la prueba del interés sea clara, directa y cierta. La
sentencia acertó al exigir que la parte demandante demostrara el interés personal,
directo o particular del congresista en el proyecto de ley, y no se conformó con un
interés indirecto, remoto o meramente potencial que eventualmente beneficiara al
representante o sus parientes. Además, el vínculo entre el congresista y el supuesto
beneficio es indirecto, pretérito y remoto. La transacción del progenitor con SAYCO es
un hecho consumado y jurídicamente extinto. La apelación no demuestra cómo ese
acto pasado y privado puede generar un interés actual y directo en la esfera patrimonial
o personal del representante Lozada Vargas.

20 Índice 11 del aplicativo SAMAI. Segunda instancia.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

45. Finalmente indicó que permitir que la mera apariencia o relaciones familiares
indirectas y pretéritas, sin una conexión causal directa, actual y probada con el
proyecto de ley, configuren una pérdida de investidura, sería desnaturalizar esta figura,
abriendo la puerta a persecuciones políticas y a la coartación del ejercicio legislativo
legítimo. La causal de conflicto de intereses debe ser interpretada de forma restrictiva,
y la prueba de la transgresión debe ser fehaciente y concurrente de sus elementos.

2.7.2. Concepto del Ministerio Público21

46. El procurador tercero delegado ante esta Corporación solicitó confirmar la sentencia

de primera instancia con base en el siguiente razonamiento:

47. Para que se configure la causal de conflicto de intereses que conduzca a declarar

la pérdida de investidura se requiere la concurrencia de un interés directo, particular y
actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, situación
que no fue alegada ni acreditada en la demanda ni menos aun en el recurso de
apelación. Por ende, lo que se evidencia en la apelación es una afirmación vaga sin
sustento argumentativo o probatorio alguno por parte del extremo activo, con base en
la cual afirma que no se tuvo en cuenta el interés, particular y directo del demandado
en la propuesta y participación activa del proyecto de “Ley de la Música” pero de
manera alguna especifica dicho interés, dado que simplemente asegura que con la
venta que el señor padre del congresista demandado hizo de 150 libros de su autoridad
a SAYCO el congresista debió declararse impedido.

48. Adicional a lo anterior sostuvo que el proyecto de ley 189 de 2022 (Cámara) “Ley de

la Música” no beneficiaba a SAYCO, puesto que pese a incluirlo como actor clave en
el “ecosistema musical” al ser esta la única entidad autorizada para gestionar
colectivamente ciertos derechos, lo cierto es que en su contra impedía a los autores
gestionar sus obras de forma individual. Al respecto creó el Fondo de Cuenta Especial
del Sector de la Música y redujo el margen de maniobra de SAYCO sobre ciertos
recursos no distribuidos e incorporó una mayor supervisión estatal, con lo cual decae
el argumento de la parte actora con base en el cual el congresista implicado tenía un
interés moral o de conveniencia por el presunto beneficio de SAYCO.

49. Tampoco evidenció la necesidad de declarar el “vínculo potencialmente
comprometedor” del representante ya que la venta que su señor padre hizo a SAYCO
de 150 ejemplares de un libro de su autoría de manera alguna vició su objetividad para
el trámite del proyecto de la “Ley de la música”, de suerte que no actuó con culpa grave
por negligencia funcional la cual sólo operaría en el hipotético caso que se hallare
demostrada la causal de conflicto de intereses, situación que no acontece en el sub
lite.

50. Finalmente, frente al argumento referente a que la relación comercial entre el padre

del congresista y SAYCO no es ajena al objeto del proyecto evidenciando una

21 Índice 11 aplicativo SAMAI.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

interacción atípica y de proximidad, precisó el agente del Ministerio Público que la parte
actora en sede de pérdida de investidura tiene la carga de la prueba, esto es, acreditar
la configuración del interés directo del Congresista y/o su grupo familiar cercano, pero
en el caso en estudio el señor William Francisco Quintero Villarreal en manera alguna
acreditó la relación causal entre la participación del congresista demandado como
autor y partícipe en la aprobación del proyecto de ley 189 de 2022 (Cámara) y el
supuesto beneficio consistente en la compra de 150 libros de la autoría de su padre
que realizó SAYCO; por lo tanto, no existe prueba alguna que dé cuenta de que este
último negocio ocurriera como consecuencia y/o en razón del ejercicio de la función
legislativa radicada en cabeza del congresista Juan Carlos Lozada Vargas.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

51.La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia emitida el 15 de septiembre de 2025 por la Sala Doce Especial de
Decisión, mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de investidura del
representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas, en virtud de lo establecido en
los artículos 184 y 237.5 de la Constitución Política, 37-7 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, 111-6 de la Ley 1437 de 2011, 2.° de la Ley 1881 de 2018
y 33 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo
de Estado.

3.2. Problemas jurídicos

52. Corresponde a la Sala establecer si ¿en este caso se configuraron los elementos

objetivos de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183 numeral
1.° de la Constitución Política22, en concordancia con el artículo 28623 de la Ley 5ª de
1992, frente al representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas por presentar
y participar en la discusión del proyecto de Ley 189 de 2022 (Cámara) “Ley de la
Música”, pese a que su progenitor, el señor Ricaurte Lozada Valderrama, vendió a la
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia varios ejemplares del libro de su
autoría “La justicia al servicio de la política. Régimen insostenible”24?

53. Deigual manera, de encontrarse acreditado el elemento objetivo de la causal,
deberá determinar la Sala si se configuró el elemento subjetivo de la causal, a la luz

22 “Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:
[…]
1.Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.”.
23 “Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los congresistas deberán declarar

los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.
Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto
legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista. […]”

24 Según la demanda el libro se identifica con el ISBN: 978-958-791-142-8.

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de la culpa grave. Para lo anterior se establecerá si ¿el representante a la Cámara
Juan Carlos Lozada Vargas incumplió con el deber de declararse impedido, como
también de diligenciar el registro de intereses e informar “cualquier vínculo
potencialmente comprometedor” derivado de la relación comercial que su padre
Ricaurte Lozada Valderrama sostuvo con SAYCO?.

54. Finalmente deberá establecer la Sala si ¿en este caso la parte solicitante sustentó

en debida forma el cargo de apelación consistente en el desconocimiento del
precedente judicial por parte de la Sala Doce Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura en la sentencia de 15 de septiembre de 2025?

3.3. Nociones sobre la acción de pérdida de investidura

55.La acción pública de pérdida de la investidura de congresista es una institución
jurídica de orden constitucional y carácter judicial25 orientada a preservar la integridad
del mandato representativo. Por las consecuencias que produce sobre los derechos
políticos del congresista, su decisión exige estricta observancia del debido proceso y
un examen riguroso de los elementos de la causal y del juicio de culpabilidad.

56.Sus características han sido analizadas por esta Corporación, tal como quedó
plasmado en sentencia de la Sala Primera Especial de Pérdida de Investidura de 19
de febrero de 201926, donde señaló:

i) Es de naturaleza sancionatoria27, pues hace parte del ius puniendi del Estado y, a
diferencia de los procesos sancionatorios administrativos, la competencia para
tramitarlo y decidirlo corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
con fundamento en el procedimiento previamente establecido por el legislador, con
estricto apego a todos y cada uno de los subprincipios y subreglas que integran el
derecho al debido proceso, contenidos en el artículo 29 de la Carta Política, incluido el
de favorabilidad28.

ii) El objeto del proceso es de carácter ético, en tanto las causales establecidas por el
Constituyente reflejan un código positivizado de conducta, que tiene por objeto
reprochar y sancionar comportamientos contrarios a la dignidad del cargo que ejercen
los representantes del pueblo. De acuerdo con ello, el juez de la pérdida de investidura
debe determinar si el demandado, con su conducta, lesionó la dignidad del cargo que
ostenta y el principio de representación, a partir del análisis de las específicas causales

25 Corte Constitucional, sentencia SU-1159 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 Dictada en el proceso radicado con el No. 11001-03-15-000-2018-02417 -OO (PI) acumulados (11001-03-15-

000- 2018-2445-00 y 11001-03-15-000-2018-2482-00) con ponencia de la consejera María Adriana Marín Bernal.

27 En lo pertinente, la sentencia SU-1159 de 2003 destacó que: “es la herramienta mediante la cual el constituyente

buscó asegurar el cumplimiento del estatuto del Congresista. Así fue considerado en el seno de la Asamblea
Nacional Constituyente desde las primeras versiones que se propusieron de esta figura. En la exposición de motivos
de la ponencia para primer debate se dijo, “Fue unánime la Comisión en considerar que el régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de interés quedaría incompleto y sería inane si no se estableciera la condigna
sanción (ponencia sobre la rama legislativa del poder público, presentada por lo delegatarios Álvaro Echeverri
Uruburu, Hernando Yepes Arcila, Alfonso Palacio Rudas, Luis Guillermo Nieto Roa, Arturo Mejía Borda. Gaceta
Constitucional N°79, página 17).” Resaltado propio.
28 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de marzo de 2018, exp. 2017-00474-01, M.P. María

Elizabeth García González.

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que fijó el Constituyente. Son causales que imponen deberes y restricciones
comportamentales a los aspirantes (inhabilidades) y a los integrantes
(incompatibilidades y otras prohibiciones) de las corporaciones de elección popular.

iii) El proceso de pérdida de investidura es de carácter o naturaleza jurisdiccional, que
genera un impacto directo sobre los derechos políticos de quien resulta sancionado, en
tanto si se remueve la investidura del congresista, se produce una inhabilidad para
ocupar cargos de elección popular.

iv) La sanción de desinvestidura es de carácter permanente porque busca amparar y
hacer prevalecer el principio democrático, que identifica y define al Estado Colombiano,
de modo que el derecho a ser elegido tiene que ceder, frente al respeto de la
democracia, impidiendo que quien ha defraudado ese principio vuelva a ser depositario
de la confianza del elector.

v) Al ser un medio de control o acción pública tiene una amplia legitimación por activa,
en tanto cualquier ciudadano puede formular dicha solicitud, además de la atribución
otorgada a la mesa directiva de cada una de las cámaras que integran el Congreso de
la República, en los términos de la Ley 5ª de 1992, artículo 41, numeral 7, y el artículo
4.° de la Ley 1881 de 2018. Dicha facultad que tiene todo ciudadano para impetrar la
acción, materializa, el ejercicio democrático y el control ciudadano al que están
sometidos los poderes públicos29.

(vi) Implica un juicio de responsabilidad subjetiva. Tal como lo señalan el artículo 1.°
de la Ley 1881 de 2018, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
Constitucional, como es el caso de la sentencia SU-424 de 2016, providencia en la que
se consideró como indispensable que en todo proceso de pérdida de investidura, se
efectúe un juicio de reproche al comportamiento del congresista demandado, donde
solo puede derivarse la sanción de pérdida de investidura cuando el congresista, con
su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere incurrido en las causales
establecidas en la ley.

57. En la providencia citada en el párrafo inmediatamente anterior, la Corte señaló que,

debido al carácter sancionatorio de la pérdida de investidura, esta figura “está sujeta,
de manera general a los principios que gobiernan el debido proceso en materia penal,
con las modulaciones especiales que son necesarias para la realización de sus fines
constitucionales”. En ese orden de ideas, el proceso de pérdida de investidura debe
llevarse a cabo con plena observancia del debido proceso, particularmente, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no
hay lugar a aplicar normas por analogía30), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. 2015-00102-00, sentencia del 23 de

febrero de 2016, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
30 La Corte Constitucional, en la sentencia C-319 de 1994 – que revisó la exequibilidad de los artículos 296 a 304

de la Ley 5ª de 1992, precisó que si bien el legislador puede regular las causales de pérdida de investidura -entre
ellas el conflicto de intereses-, dicho desarrollo normativo se encuentra constitucionalmente limitado, en tanto las
causales previstas en el artículo 183 de la Constitución son taxativas. En esa oportunidad la Corte consideró que
la regulación contenida en la primera parte del artículo 296 de la Ley 5° de 1992 “se ciñe a la Constitución, toda
vez que la norma que se estudia se limita a reiterar, en los mismos términos, la previsión consignada en el
artículo 183 C.P.”, no obstante, consideró contrario a la Carta Política la exigencia previa de sentencia penal
condenatoria, para la iniciación del proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, en el caso de
indebida destinación de dineros públicos o tráfico de influencias debidamente comprobado, prevista en los artículos

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

proporcionalidad, y culpabilidad.

58.Establecido lo anterior, procede la Sala a analizar los cargos de apelación
formulados, que se encuentran agrupados, como ya se indicó, de acuerdo con la
temática abordada.

3.4. Primer problema jurídico. ¿En este caso se configuraron los elementos
objetivos de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183
numeral 1.° de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 286 de la
Ley 5ª de 1992, frente al representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas
por presentar y participar en la discusión del proyecto de Ley 189 de 2022
(Cámara) “Ley de la Música”, pese a que su progenitor, el señor Ricaurte Lozada
Valderrama, vendió a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia varios
ejemplares del libro de su autoría “La justicia al servicio de la política. Régimen
insostenible”31?

59. Como ya se vio, el apelante señaló que la sentencia omitió valorar íntegramente los

elementos probatorios que acreditan un interés particular, actual y directo del
congresista Juan Carlos Lozada Vargas en el trámite del proyecto de ley 189 de 2022
(Cámara) “Ley de la Música”, toda vez que su progenitor vendió directamente 150
libros a SAYCO, entidad directamente afectada por el proyecto, pese a lo cual el
congresista no se declaró impedido y contrario a ello participó activamente en la
ponencia y votación e incluso instó a votar positivamente el proyecto. Además, que
debe verificarse la posible existencia de un interés moral o de conveniencia cuando
existe vínculo familiar con “entidades que pueden resultar beneficiadas”.

60. Con el objeto de dar respuesta al anterior interrogante la Sala analizará los
elementos de la causal y luego los contrastará con las pruebas allegadas para verificar
si le asiste razón al apelante.

3.4.1. Causal invocada.

3.4.1.1. El conflicto de intereses

61. El artículo 1.º de la Constitución Política32 establece como uno de los principios

fundantes del Estado Social de Derecho la prevalencia del interés general, principio a
partir del cual, en lo que atañe al caso, se colige que, en todas las actuaciones de los
congresistas, este debe prevalecer con prescindencia de los intereses privados,
personales o familiares, que de una u otra manera puedan incidir en las distintas
funciones del Congreso de la República.

296 parágrafo 2o. y 297, al estimar que no se estaba regulando una causal sino incluyendo una exigencia que “en
ninguna parte se encuentra consagrada en la Carta Política”.
31 Según la demanda el libro se identifica con el ISBN: 978-958-791-142-8.
32 Constitución Política: Art. 1º: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

62.En efecto, el artículo 133 Superior dispone que los miembros de cuerpos colegiados

de elección directa representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el
bien común33.

63.El artículo 182 de la Constitución Política obliga a los congresistas a informar sobre

posibles conflictos de intereses que se presenten en el ejercicio de las funciones que
les corresponden en los siguientes términos:

“[…] Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva cámara las
situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite
de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones […]”.

64.En línea con lo anterior, el artículo 183, ordinal 1.º, superior, establece que los
congresistas perderán su investidura por violación al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.

65.Específicamente, el régimen del conflicto de intereses hace parte del desarrollo de

los principios constitucionales de prevalencia del interés general, la justicia y el bien
común en el ejercicio de funciones públicas. Esto es así, en la medida en que ante la
concurrencia antagónica del interés privado o particular y el interés general, la Carta
le impone al congresista el deber de inhibirse de participar en el trámite y decisión de
los asuntos sometidos a su consideración, con el fin salvaguardar los mencionados
principios constitucionales.34.

66.Esta Corporación ha señalado que el conflicto de intereses, censura la discrepancia

entre el interés particular del parlamentario y el interés general contenido en los
asuntos de los que debe participar, conocer y decidir en el ejercicio de cualquiera de
las funciones congresales, “porque de su decisión, en un sentido u otro, el congresista
deriva o podría derivar un provecho o ventaja personal o para sus círculos cercanos,
con la consecuente afectación de la moralidad, la confianza legítima de sus electores
y probidad exigidas de los congresistas”35.

67.Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que las normas
constitucionales y legales no pueden precisar in extenso las situaciones que impliquen
un conflicto de intereses, porque se trata de un concepto jurídico indeterminado36, que
exige analizar en cada caso las condiciones particulares en que se desarrollan los
hechos para verificar si se configura la causal de desinvestidura:

“[…] implica que el ejercicio hermenéutico de las situaciones de carácter moral o económico
que puedan inhibir a un congresista de participar en el trámite de los asuntos sometidos a

33 Reiterado en los artículos 7.º y 263 de la Ley 5ª del 17 de junio 199233. Diario Oficial nº 40.483 de 18 de junio de

1992 –Reglamento del Congreso-.
34. Corte Constitucional, C-302 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
35 Sentencia de 8 de septiembre de 2021, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete

Especial de Decisión, radicado 11001-03-15-000-2021-00068-00(PI).
36 Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia

de 29 de mayo de 2012, Radicación: 11001-03-15-000-2010-01329-00 (PI), actor: Javier Alberto Posada Meola,
demandado: Pedrito Tomas Pereira Caballero.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

su consideración, deberá observar las coordenadas de la realidad o las circunstancias que
rigen cada caso concreto37. Por esta potísima razón, no es pertinente inferir reglas
generales cuando se trata de conflicto de intereses.

Los conceptos jurídicos indeterminados incorporan nociones de la experiencia o de la razón
práctica, técnicos o económicos y valores morales, que implican un juicio valorativo, el cual
deberá realizar, en primer lugar, el propio congresista38 y así informar oportunamente sobre
el conflicto de intereses -art. 182 superior-. Si no lo hace, debiéndolo hacer, podrá ser
recusado y finalmente, como control externo e imparcial, será el juez de la pérdida de
investidura el que decida en forma definitiva si el conflicto de intereses, en el caso concreto,
es fundamento suficiente de la desinvestidura solicitada”.

68. La Ley 5ª de 1992 estableció, en el capítulo undécimo, sección cuarta, el conflicto

de intereses de congresistas. Al respecto el artículo 28639 dispuso:

“Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los
congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio
de sus funciones.
Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un
proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual
y directo a favor del congresista.
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no
gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales,
disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes
y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista,
de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes
circunstancias:
a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo
que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del
congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.
c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto
legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el
cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no
constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.
d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto
legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista
tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular,
directo y actual.
[…]
f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el
voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al
parentesco con los candidatos.

37 Consejo de Estado C.P. Dr. German Rodríguez Villamizar. Sentencia de 10 de noviembre de 2001, Exp. PI-0130,

C.P. Ver también: Consejo de Estado C.P. Dr. Mario Alario Méndez. Sentencia de17 de octubre de 2000, Exp. AC-
11116. Consejo de Estado. CP. Martha Teresa Briceño de Valencia, en sentencia del 10 de noviembre de 2009.
Rad. 11001-03-15-000-2008-01180-00(PI)-20001367. - Ver el artículo 291 de la L. 5ª de 1992.
38 Corte Constitucional, C-1040 de 2005: “[…] puesto que es muy difícil, definir en qué consiste una situación tan

subjetiva que inhiba para decidir libremente sobre un asunto, entonces se deja a la consideración del mismo
congresista, aunque obviamente si hay una razón objetiva que permita tipificarlo pueda recusarse [...]”.
39 Modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019, “por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se

dictan otras disposiciones”.

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Parágrafo 1°. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los
congresistas cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y
votación del proyecto.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de funciones judiciales, disciplinarias o fiscales de los
congresistas, sobre conflicto de interés se aplicará la norma especial que rige ese tipo de
investigación.
Parágrafo 3°. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de intereses para todos y cada
uno de los actores que presenten, discutan o participen de cualquier iniciativa legislativa,
conforme al artículo 140 de la Ley 5a de 1992.” (Negrilla y subrayas de la Sala).

69.Asimismo, los artículos 287 a 295 señalan medidas frente al conflicto de intereses,

como el “[…] libro de registro de declaración de intereses privados que tiene por objeto
que cada uno de los congresistas enuncie y consigne la información que sea
susceptible de generar un conflicto de interés en los asuntos sometidos a su
consideración, en los términos del artículo 182 de la Constitución Nacional”. (Art. 287).

70.Por su parte el artículo 29140 se refiere a la declaración de impedimentos, según la

cual “El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de
motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un
conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo al (sic) artículo
286. […]”.

71.Las normas siguientes (arts. 292 y 293) establecen la comunicación y los efectos del

impedimento y el artículo 294 establece la recusación, según la cual, quien tenga
conocimiento de una causal de impedimento de algún congresista, que no se haya
comunicado oportunamente a las Cámaras Legislativas, podrá recusarlo ante ellas. En
este evento se dará traslado inmediato del informe a la Comisión de Ética y Estatuto
del congresista de la respectiva corporación, la cual dispondrá de tres (3) días hábiles
para dar a conocer su conclusión, mediante resolución motivada. La decisión será de
obligatorio cumplimiento.

72.Esta Corporación en sentencia de 1.° de noviembre de 2016, expediente 11001-03-

15-000-2015-01571-0041, se refirió a varios precedentes jurisprudenciales relevantes
acerca de esta causal, con el propósito de delimitar los presupuestos necesarios para
determinar cuándo un congresista incurre en violación del régimen de conflicto de
intereses, en los siguientes términos:

“[…]
Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales referenciados y reiterados, la
Sala hace hincapié en los presupuestos cuya existencia debe quedar demostrada de forma
suficiente y concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración de la causal
mencionada:

a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de conflicto de
intereses, ejerza o haya ejercido la investidura de Congresista de la República;

b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista, ya sea de orden
moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del

40 Modificado por el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019 “por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se

dictan otras disposiciones.”
41 Consejera ponente: María Elizabeth García González.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

Congreso; y,

c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del respectivo trámite, sin
haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado para los efectos.42

El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura, exige para este
escenario la calidad cualificada del sujeto activo que incurrió en un conflicto de intereses
mediante el ejercicio irregular de su investidura congresional, esto es, que debe acreditarse
su condición de Senador o Representante a la Cámara.

El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben destacarse: el interés
directo, particular y actual; su esencia moral o económica; y los asuntos o temas que son
puestos a consideración e intervención del Congresista.

[…]

Por otra parte, el presupuesto “c” exige que además de haberse verificado la existencia del
interés particular en cabeza del Congresista involucrado en el respectivo trámite, éste
participe efectivamente del mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar
o sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio, decisión, debate,
votación, censura y/o intervención en los asuntos congresionales; en principio, “el
congresista está en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la existencia
del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le permita a la comisión o corporación
legislativa correspondiente definir o decidir el impedimento. No se trata, como es obvio, de
una decisión puramente discrecional del congresista. De todas las circunstancias de hecho
que pudieran configurar un interés privado de índole económico o moral debe surgir la
obligación del congresista de manifestar el impedimento43”, por lo que de guardar silencio al
respecto quedaría activada la causal” (Negrilla de la Sala).

73.En otra decisión, esta Corporación señaló que los elementos concurrentes que

deben estar acreditados para la estructuración de la causal de pérdida de la
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, son los siguientes:

“(i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de desinvestidura,
(ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien
es congresista o su círculo cercano, (iii) su no manifestación de impedimento o no haber sido
separado del conocimiento del asunto por recusación, (iv) haber conformado el quorum o
participado el congresista en el debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga
lugar en un asunto de conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza,
lo que no circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que
conforme al ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República”.44

74.Esimportante además señalar que el conflicto de intereses que originaría un
impedimento se puede presentar por razones de índole económico o moral, conforme

42 Acerca de estos requisitos, ver sentencias de 12 de abril de 2011, Expediente núm. 2010-01325 (PI), consejero

ponente doctor Enrique Gil Botero y de 24 de febrero de 2015, Expediente núm. 2012-01139 (PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.
43 Sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas.
44 Ver entre otras las Sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, del 6 de junio de 2017. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 11001-03-15-
000-2016-02279-00(PI); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 6.
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia del 16.07.19. Rad.11001-03-15-000-2019-02830-00 y Sentencia del
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28.01.20., M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Rad. 11001-03-15-000-2019-02135-01(PI).

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

lo establecen el artículo 18245 de la Constitución Política y el artículo 286 de la Ley 5ª
de 199246. Frente al primero, los artículos 287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben
el deber de registrar los intereses privados que tenga el respectivo congresista, todo
para que haya transparencia respecto de la vida económica del congresista frente al
interés público que se debate en el Congreso y de cara al pueblo.

75.El artículo 287 en mención señala que el registro debe contener la siguiente
información:

“[…]
a) Actividades económicas; incluyendo su participación, en cualquier tipo de sociedad,
fundación, asociación u organización, con ánimo o sin ánimo de lucro, nacional o extranjera.
b) Cualquier afiliación remunerada o no remunerada a cargos directivos en el año
inmediatamente anterior a su elección.
c) Pertenencia y participación en juntas o consejos directivos en el año inmediatamente
anterior a su elección.
d) Una declaración sumaria de la información que sea susceptible de generar conflicto de
intereses respecto de su cónyuge o compañero permanente y parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad, primero, de afinidad y primero civil, sin que sea obligatorio
especificar a qué pariente corresponde cada interés.
e) Copia del informe de ingresos y gastos consignado en el aplicativo “cuentas claras” de
la campaña a la que fue elegido.
[…]”.

76.En cuanto al interés moral, el parágrafo 1.° del artículo 286 de la Ley 5a de 1992

modificado por el artículo 1.° de la Ley 2003 de 2019 señala que es “[…] aquel que
presentan los congresistas cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la
discusión y votación del proyecto”.

77.Adicionalmente la Sala Plena del Consejo de Estado 47 ha señalado que la sola
ausencia de la declaración de impedimento por parte del congresista no constituye
causal de pérdida de investidura, porque el artículo 183-1 de la Constitución Política
no sanciona la omisión del deber de declararse impedido, sino la participación
en una decisión en la cual se configure un genuino conflicto de intereses48, con
lo cual, para que opere esta drástica sanción “[…] es necesario que en la sentencia se
pueda establecer que ocurrió la violación del régimen del conflicto de intereses en
cuanto que el Congresista votó anteponiendo intereses personales a los intereses
públicos y no solamente que el Congresista no se haya declarado impedido”49.

45 “ARTICULO 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de

carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones”.
46 Modificada por la Ley 2003 de 2019.
47 Es criterio jurisprudencial que la sola ausencia de declaración de impedimento, per se, no constituye causal de

pérdida de la investidura. Particular énfasis se hizo sobre este punto en la sentencia dictada por la Sala Plena el
23/03/2010. MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Radicación: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
48Consejo de Estado. Sentencia de 23 de marzo de 2010, ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Radicación

número: 11001-03-15-000-2009-00198-00 (PI). Actor: Luis Ernesto Correa Pinto. Demandado: Habib Merheg
Marun.
49 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo de 2012, proceso

2010-01329-00, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

3.4.1.2. Aspecto subjetivo

78.De conformidad con lo señalado por el artículo 1.° de la Ley 1881 de 2018,
modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003 de 2019, el proceso sancionatorio de
pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá
en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la
Constitución.

79.Precisamente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-326 de 202250, señaló que

se encuentra proscrita la responsabilidad objetiva en el proceso de pérdida de
investidura siendo necesario evaluar el elemento de la culpabilidad (dolo o culpa) de
quien ostenta la dignidad de congresista:

“222. (…) A partir de la Sentencia SU-424 de 2016, proferida por el pleno de esta
Corporación, se dio un giro radical a la figura al precisar su alcance e introducir la
exigencia de evaluar el elemento de la culpabilidad, es decir, de realizar un juicio de
responsabilidad subjetiva. Esta regla, a su turno, fue recogida en la jurisprudencia del
Consejo de Estado51 y, posteriormente, en la Ley 1881 de 2018.52 Puntualmente, en la
Sentencia SU -424 de 2016 se dijo que:

“Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el análisis de
responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi
deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de
legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.”

223. A partir de entonces, al realizar el reproche sancionador, la autoridad judicial
competente, tras verificar la configuración de la causal de pérdida de investidura, debe
examinar si en el caso particular se configura el elemento de la culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad de congresista, esto es, analizar las circunstancias
particulares en las que se presentó la conducta y si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló, y si su voluntad se enderezó a esa acción u
omisión.

224. Asimismo, debe determinar si, a pesar de que se encuentre acreditada la causal,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque
haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una
situación de fuerza mayor o caso fortuito, o en general exista alguna circunstancia que
permita descartar la culpa”.

80.En estas condiciones, el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio

de responsabilidad subjetiva, porque es necesario que se verifique que la conducta del
congresista, al incurrir en alguna de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, fue dolosa o gravemente culposa.

50 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de septiembre de 2016. Rad.

11001-03-15-000-2014-03886-00 (PI).
52 Ut supra 211.

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3.4.1.3. Caso concreto

81.Con base en el marco normativo y jurisprudencial analizado en precedencia la Sala

procede a estudiar la causal de violación del régimen de conflicto de intereses,
endilgada al accionado, a partir de los tres elementos que la estructuran y el material
probatorio obrante en el expediente, así:

• Primer requisito: que la persona señalada de adelantar la actuación
violatoria del régimen de conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la
investidura de congresista de la República53.

82.El señor Juan Carlos Lozada Vargas fue elegido el 13 de marzo de 2022 como

representante a la Cámara, por el “Partido Liberal Colombiano”, para el período
constitucional 2022-2026 por la circunscripción de Bogotá, según copia del acta parcial
de escrutinio E-26 de 13 de marzo de 2022 proferida por el Consejo Nacional Electoral,
que declaró la elección. Visible en el índice 2 del expediente digitalizado en el aplicativo
SAMAI54.

• Segundo requisito: que participe “en un asunto de conocimiento funcional
del congresista, cualquiera sea su naturaleza, lo que no circunscribe la
causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que conforme al
ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República”.

83.Sobre este aspecto, es necesario precisar que el trámite de un proyecto de ley se

encuentra regulado en el capítulo sexto de la Ley 5ª de 1992 denominado “Del proceso
legislativo ordinario”, Sección 1ª “Iniciativa legislativa”, en cuyos artículos 139 y
sucesivos preceptúan lo siguiente sobre la presentación de iniciativas legislativas:

“ARTÍCULO 139. Presentación de proyectos. Los proyectos de ley podrán presentarse en
la Secretaría General de las Cámaras o en sus plenarias.

Artículo 140.Iniciativa legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:

1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las
bancadas.

[…]”.

84.Posteriormente,el artículo 144 establece sobre la “Publicación y reparto” que,
recibido un proyecto, se ordenará por la Secretaría su publicación en la Gaceta del
Congreso y se repartirá por el presidente a la Comisión Permanente respectiva, dejando
constancia en la Secretaría y se radicará y clasificará por materia, autor, clase de
proyecto y comisión que deba tramitarlo.

85.Por su parte, el artículo 145 señala la orden de redacción del proyecto y el artículo

147 determina cuáles son los requisitos constitucionales que debe reunir aquel para

53 Ver cita de pie de página núm. 57.
54 Primera instancia. Folio 20 del archivo PDF.

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que sea ley.

86.Ahora bien, la Sección 2ª del mismo capítulo, en los artículos 148 a 150 se refiere a

los debates que deben surtirse en las Comisiones. Al respecto esas disposiciones
señalan que i) el presidente de la comisión deberá rechazar las disposiciones o
modificaciones que no se relacionen con una misma materia; ii) en la Secretaría de la
comisión respectiva será radicado y clasificado por materia, autor y clase de iniciativa
presentada y iii) que la designación de los ponentes será facultad de la Mesa Directiva
de la respectiva Comisión. Cada proyecto de ley tendrá un ponente, o varios, si las
conveniencias lo aconsejan. En todo caso habrá un ponente coordinador quien
además de organizar el trabajo de la ponencia ayudará al Presidente en el trámite del
proyecto respectivo.

87.Asimismo, en lo concerniente a la labor del ponente, la mencionada ley preceptúa

que rendirá su informe dentro del plazo inicial que le hubiere señalado el Presidente,
o en su prórroga, teniendo en cuenta la urgencia del proyecto y el volumen de trabajo
de las Comisiones. En caso de incumplimiento se procederá a su reemplazo (artículo
153). El informe será presentado por escrito, en original y dos copias al secretario de
la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro
de los tres (3) días siguientes. (artículo 156). Sobre el trámite del proyecto, el artículo
157 ibidem indica que el ponente, en la correspondiente sesión, absolverá las
preguntas y dudas que sobre aquélla se le formulen, luego de lo cual comenzará el
debate. Si el ponente propone debatir el proyecto, se procederá en consecuencia sin
necesidad de votación del informe. Si se propone archivar o negar el proyecto, se
debatirá esta propuesta y se pondrá en votación al cierre del debate.

88. Del trámite descrito en la Ley 5ª de 1992 es dable concluir que, una vez radicado un

proyecto de ley y si cumple los requisitos establecidos, se ordena su publicación en la
Gaceta del Congreso; luego de ello, se le designará un ponente, que tendrá la tarea
de estudiarlo, así como de preparar y presentar el correspondiente informe de
ponencia55 para primer debate, en el cual puede proponer una de dos opciones: su
discusión o su archivo, conforme al inciso 4.° del artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.

89. Particularmente que el parágrafo 3.° del prenombrado artículo 286 de la Ley 5ª de

1992, establece que el conflicto de intereses también se aplica para quienes
presenten, discutan o participen de cualquier iniciativa legislativa, en los términos
del artículo 140 arriba mencionado:

“Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los
congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en
ejercicio de sus funciones.
Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de
un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular,
actual y directo a favor del congresista.
[...]

55 Constitución Política, artículo 160, “[…] Todo Proyecto de Ley o de Acto Legislativo deberá tener informe de

ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente”.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

Parágrafo 3°. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de intereses para todos y
cada uno de los actores que presenten, discutan o participen de cualquier iniciativa
legislativa, conforme al artículo 140 de la Ley 5a de 1992.” (Negrilla de la Sala).

90.En ese sentido, es evidente que la participación en el trámite del proyecto de ley no

solo implica la intervención en los debates y votaciones, pues, desde la misma
presentación de la iniciativa legislativa comienza el proceso para que pueda ser
estudiado y votado, por lo que incumbe totalmente al autor del proyecto de ley la
posible incursión en el conflicto de intereses, pues a partir de dicha presentación se
designa un ponente, quien presentará el proyecto ante el Congreso y luego, del informe
que aquel realice se surtirían las etapas siguientes, entre ellas el debate del proyecto.
Por esto no puede aceptarse que los únicos eventos en que puede surgir el conflicto
sean al momento de la discusión y votación de determinado asunto, tal como ya lo ha
considerado esta Corporación.

91.En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a

través de sentencia de 24 de agosto de 201056 estableció que la etapa de presentación
de las iniciativas legislativas queda comprendida dentro de los eventos configurativos
de la causal dado el propósito que persigue, como es evitar que “el congresista no
sobreponga su interés particular en detrimento del interés general, lo cual debe ser
observado en cualquiera de las funciones que les han sido asignadas a los
congresistas por la Constitución y por la ley”. Esto señaló la Corporación en esa
oportunidad:

“[…]
Desde esta perspectiva, es claro que el conflicto de intereses puede surgir con el
ejercicio de la iniciativa legislativa, sin que ello constituya una aplicación extensiva de la
causal, pues el espíritu del conflicto de intereses es que el congresista no sobreponga su
interés particular en detrimento del interés general, lo cual debe ser observado en
cualquiera de las funciones que les han sido asignadas a los congresistas por la
Constitución y por la ley, entre ellas, la de presentar proyectos de ley, reformas
legislativas o constitucionales, incluidas las distintas etapas de los procedimientos
pertinentes a esos actos.

La situación de conflicto de interés puede presentarse en cualquier asunto o materia de
conocimiento de los congresistas57, por esta razón, ha dicho la Sala58 que debe analizarse
cada caso específico, para determinar si las particulares circunstancias del
congresista, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o sus parientes, o
socios, se contraponen con el interés general.

En tales condiciones, no puede aceptarse que los únicos eventos en que puede surgir
el alegado conflicto sean al momento de la discusión y votación de determinado
asunto, porque de una parte, se reitera, la imparcialidad y el interés general son principios
superiores que deben regir la actuación del congresista en todos los actos del ejercicio de
su investidura. Y de otra parte, la declaración de impedimento59 se exige del congresista
para conocer y participar de los asuntos sometidos a su consideración, cuando se observe
un conflicto de intereses, es decir, que su análisis no se limita a la votación y aprobación

56 Dictada en el proceso 11001-03-15-000-2009-01352-00, con ponencia de la consejera Martha Teresa Briceño de

Valencia.
57 Los miembros del Congreso tienen otras funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control

político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Sentencia de 10 de noviembre de 2001, Exp. PI-0130, C.P.
Dr. German Rodríguez Villamizar
58 Sentencia de 17 de octubre de 2000, Exp. AC-11116, C.P. Dr. Mario Alario Méndez.
59 Como mecanismo legal que busca precaver el conflicto de intereses.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

sino a todas las actuaciones de las que haga parte en ejercicio de sus funciones60.”
(Negrilla de la Sala).

92. En el sub lite la solicitud de pérdida de investidura se edifica en que el señor Juan

Carlos Lozada Vargas, incurrió en conflicto de intereses, porque presentó y participó
en el debate del proyecto de Ley 189 de 202261 “por medio del cual se reconoce,
promueve y fortalece el ecosistema musical colombiano y se dictan otras
disposiciones”, cuyo objeto fue “[…] generar las condiciones técnicas, jurídicas,
financieras y reglamentarias para el reconocimiento y fortalecimiento de los diferentes
componentes que integran el ecosistema musical colombiano, así como de sus
agentes y sus procesos con el fin de contribuir al crecimiento cultural en las regiones
del país.”

93. Sobre este aspecto en particular, se allegó copia de la gaceta del Congreso de la

República 1076 de 13 de septiembre de 202262, donde se señaló que el proyecto de
Ley 189 de 2022 fue promovido, entre otros congresistas, por el señor Juan Carlos
Lozada Vargas. Se allegó igualmente copia de la gaceta del Congreso 234 de 13 de
marzo de 2024, en la que se incluyó el texto definitivo del proyecto de ley 189 de 202263
ante la plenaria de la Cámara de Representantes.

94. Así mismo, en la copia de la Gaceta de Congreso 730 de 31 de mayo de 2024 64 se

precisaron los autores del proyecto donde figuran, entre otros, el representante a la
Cámara Juan Carlos Lozada Vargas y como ponentes Daniel Carvalho Mejía y Susana
Gómez Castaño. Sobre su trámite aparecen las siguientes anotaciones:

“Publicación proyecto: Gaceta del Congreso número 1076 de 2022.
Publicación Ponencia para Primer Debate: Gaceta del Congreso número 1628 de
2022.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: Gaceta del Congreso número 1667 de
2023.
Aprobado en Comisión Sexta: diciembre 14 de 2022”.

95. Así mismo se indicó que se presentó una proposición de aplazamiento de este

proyecto de ley por parte de la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres, con
el “[…] objetivo de escuchar a los diferentes actores del sistema, que tienen o están
en torno a la música. […] y que tengamos la posibilidad de escucharlos, de entender
cómo se desarrolla hoy todo el sistema con los compositores, con los intérpretes mirar
cómo se da la distribución de estas regalías y cómo se entregan”. Al respecto el
ponente del proyecto sostuvo que debía continuarse con el debate del proyecto dado
que ya habían realizado 12 audiencias públicas con los actores del sector musical y

60 Ley 5ª de 1992. Artículo 291. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. Todo Senador o Representante solicitará ser

declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un
conflicto de interés.
61 Índice 24 de la primera instancia. Aplicativo Samai. Archivo “Gaceta 1076 del 13 de septiembre de 2022.pdf”.

Páginas 13 y s.s.
62 Ibidem.
63 Índice 24 de la primera instancia. Aplicativo Samai. Archivo “Gaceta 234 del 13 de marzo 2024.pdf”. Páginas 15

y s.s.
64 Ibidem. Archivo “Gaceta 730 del 31 de mayo 2024.pdf”. Páginas 8 y s.s.

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además indicó que habían recibidos numerosas proposiciones en la página web que
crearon para ello ( f. 4165).

96. En las votaciones aparece que el representante Lozada Vargas votó “no” frente a la

proposición de aplazamiento. Igualmente, a folios 56 y s.s.66 se evidencia que el
proyecto fue aprobado en esa sesión, para continuar con su trámite. Sin embargo, no
se allegó prueba que indique el estado actual o etapa que está surtiendo en el
Congreso de la República.

97. Como se advierte, tanto del marco normativo expuesto, como de las pruebas
allegadas, el segundo requisito para la estructuración de la causal de conflicto
de interés se encuentra configurado, dado que el señor Juan Carlos Lozada Vargas
fue uno de los autores, presentó y participó en el debate de la aludida iniciativa
legislativa ante la Cámara de Representantes.

98. Por ello procederá la Sala a verificar si en este caso se cumple con el tercer requisito

para la configuración de la causal de desinvestidura alegada.

• Tercer requisito. La existencia de un beneficio directo, particular y actual del
congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil, ya sea de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un
tema específico a cargo del Congreso.

99. En cuanto a la concurrencia del beneficio particular, actual y directo en los
congresistas, la jurisprudencia de esta corporación67 ha señalado que el interés exigido
para la configuración de la causal debe tener tal entidad que lleve al congresista a
incurrir en un ejercicio parcializado de sus funciones, es decir, debe tratarse de una
actuación no signada por la correcta prestación de la función pública, sino por su propio
beneficio o el de terceros.68

100.En efecto, esta Corporación ha señalado que dicho interés es particular o privado

cuando compromete objetivamente la intangibilidad del interés general perseguido y

65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Sala Doce Especial de Decisión, en sentencia de 29 de mayo de 2023, con ponencia del consejero Fredy Ibarra

Martínez, proceso radicado 11001-03-15-000-2021-01221-00.
68 La Corte Constitucional, en la sentencia SU-1159 de 2003, destacó que desde las discusiones jurídicas gestadas

en la Asamblea Nacional Constituyente, se ha establecido que el régimen de conflicto de intereses no tiene como
finalidad erradicar los intereses que legítimamente concurren en el debate democrático, pues ello resulta
incompatible con la esencia misma de la representación política. No obstante, debe prevalecer la independencia
parlamentaria como valor constitucional y los intereses públicos sobre intereses particulares “así pues, parte de la
compleja misión de un congresista consiste en ser sensible a los intereses, expectativas y necesidades de sus
electores, sin olvidar su principal deber de consultar “la justicia y el bien común”. Sobre los intereses de índole
moral, en la nota al pie Nº 53 la sentencia cita la intervención ante la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente
el 28 de mayo de 1991, del Ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana quien en esa oportunidad se
cuestionó sobre la intención de la norma de evitar que quienes tengan intereses morales voten las leyes. Al respecto
señaló: “lo que se quiere buscar con un régimen de esta naturaleza es que esos intereses sean explícitos, que no
haya engaño al elector, que nadie pueda declararse luego sorprendido porque un representante de un interés
particular votó, de manera clandestina o subrepticia, yo me pregunto ¿Tiene derecho un sindicalista a decir que se
opone a una determinada ley porque está en contra de los intereses de los demás sindicalizados que se apoyan?
(…) Lo que la Constitución debe provocar es que haya transparencia en ese voto”

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es capaz de perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Se configura
el interés privado cuando hay “exigencia para la satisfacción de necesidades humanas”
-Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o
provechos representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo
positivo (como indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo
(reparación de gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas
(exoneración de obligaciones, cargas, etc.)69. De esa manera, para que se configure
el conflicto de intereses, debe acreditarse el beneficio específico y personal del
congresista, que afecta la imparcialidad de sus decisiones, en busca de intereses
distintos al bien común.

101.Asimismo, el interés es actual o inmediato cuando no se trata de un beneficio

posible, contingente o imprevisible, que pueda tener lugar en el futuro, sino frente al
cual exista la convicción y evidencia fáctica sobre la realización del beneficio en el
presente. Sobre este aspecto esta Corporación ha precisado70 que el provecho se
debe materializar inmediatamente antes o después de la participación o votación del
congresista, pues el conflicto exige cierta simultaneidad o concomitancia en la
existencia del interés inmerso en el proyecto de ley y del interés propio del
parlamentario o de sus allegados.

102. En lo que se refiere al beneficio directo es aquel que se produce de forma específica

respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil71. [ajustado]

103. Estas características fueron descritas por la Ley 2003 de 2019, modificatoria de la

Ley 5ª de 1992 al describir el conflicto de interés como una situación donde la discusión
o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un
beneficio particular, actual y directo a favor del congresista. Esto en los siguientes
términos:

a) Beneficio particular: Es decir, “[…] que otorga un privilegio o genera
ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor
del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique
normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o
administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado”.

b) Beneficio actual: “[…] aquel que efectivamente se configura en las
circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista
participa de la decisión”.

69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 18 de febrero de 2021,

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado 85001-23-33-000-2020-00012-02(PI).
70 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de julio de 2015 (expdte. 2014-

00105-00 PI).
71 Literal c) artículo 286 de la Ley 2003 de 2019.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

c) Beneficio directo: es el que se produce “[…] de forma específica respecto del
congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil”.

104.Igualmente, la ley en mención dispone en su artículo 1.° -modificatorio del artículo

286 de la Ley 5ª de 1992-, que para todos los efectos se entiende que no hay conflicto
de interés en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto
legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando
el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los
electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.
c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley
o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o
disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular,
actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando
mantiene la normatividad vigente.
d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley
o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el
cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando
no genere beneficio particular, directo y actual.
f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos
mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten
inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos.

105. Es de anotar que el literal e)72 del artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, modificado por

la Ley 2003 de 2019, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en
sentencia C- 302 de 2021.

106. Como se aprecia, ese interés debe ser claro, específico, personal y actual y generar

un beneficio particular, directo y presente, para que se estructure la causal de pérdida
de investidura por conflicto de interés. 73

107. En este caso, el solicitante insistió en su apelación que la primera instancia omitió

valorar integralmente las pruebas que acreditaban un interés particular, actual y directo
del congresista Juan Carlos Lozada Vargas en el trámite del proyecto de ley 189 de
2022 (Cámara), debido a la relación comercial que surgió entre su padre, el señor
Ricaurte Lozada Valderrama y la sociedad SAYCO, entidad directamente afectada por
la iniciativa legislativa y que pese a ello, el congresista no se declaró impedido.

72 “e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre

los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio
particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o
proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.”
73 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de noviembre de 2013, dictada dentro del proceso N°

25000-23-27-000-2012-00093-01(PI), C.P. Guillermo Vargas Ayala.

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Además, que no se podía exigir una prueba directa de un beneficio real dado que había
un interés moral o de conveniencia por el vínculo de su familiar con entidades
potencialmente beneficiadas, como lo era la sociedad SAYCO, actor dominante del
sector musical.

108. Ahora bien, al proceso se allegó copia del registro civil de nacimiento del convocado

donde señala que su padre es el señor Ricaurte Lozada Valderrama con lo que se da
por probado el parentesco aducido por el solicitante74.

109.Como quedó visto en el acápite precedente para que se estructure la causal
invocada es necesario que se demuestre ese interés directo, particular y actual del
congresista, ya sea de orden moral o económico. Al analizar este aspecto es
importante recordar que, como ya lo ha señalado esta Corporación en anteriores
oportunidades75 la carga de la prueba recae sobre el solicitante de la pérdida de
investidura, quien debe acreditar los elementos objetivo y subjetivo de la causal que
invoca76. Esto es, sin llegar a considerar que opere la inversión de dicha carga, dado
el carácter sancionatorio del proceso y la aplicación de la presunción de inocencia77.

110. La Sala considera que el cargo de apelación fundado en la errada valoración
probatoria no está acreditado, pues las conclusiones probatorias de la sentencia
apelada se fundan en el análisis integral de las escasas pruebas allegadas y pedidas
por el solicitante, de las que no es posible inferir otra decisión diferente.

111. En efecto se encuentran las “órdenes de compra” allegadas con la demanda, así

como las certificaciones y facturas remitidas por el grupo editorial “Ibáñez”, donde se
señalan78 que esa editorial imprimió entre el mes de enero de 2019 y el 26 de marzo
de 2024, 12.000 ejemplares del libro “La justicia al servicio de la política. Régimen
insostenible”, con el siguiente balance:

Libros Impresos 12.000
Libros entregados al Autor 9.637
Depósito Legal y Publicidad 10
Disponibles para la venta 2.353
Libros vendidos primer informe de 20 de mayo 2021 107
Libros vendidos segundo informe a Junio 6/22 Libros 54
vendidos tercer informe al 26 de marzo 2024 11
Libros disponibles en bodega y librería 2.181

74 Índice 23 de la primera instancia. Archivo “29RECIBEMEMORIAL_3512081(.pdf) NroActua 23”.
75 Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de 12 de septiembre de 2023, dictada dentro del

proceso 11001-03-15-000-2023-00145-01, con ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico.
76 L]a aplicación del principio “onus probandi incumbit actori” acogido en el artículo 167 del C.G.P., mueve a decir

que corresponde al solicitante de la pérdida de investidura, la demostración de la conducta que reprocha al
congresista acusado, tanto en lo que atañe a sus elementos objetivos, como en lo referente al elemento subjetivo
del dolo o de la culpa grave”. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de septiembre de 2020,
radicación 11001-03-15-000-2019-04145-01(PI). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
77 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 16. Sentencia de 11 de octubre de

2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-01599-00(PI) C.P. Nicolás Yepes Corrales.
78 Índice 23 de la primera instancia. SAMAI. Archivos
“025RECIBEPRUEBAS_PRUEBAIBA_INFORMEDRRICAURTELOS.pdf”,
“026RECIBEPRUEBAS_PRUEBAIBA_INFORMEDRRICAURTELOS.pdf”

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

112. De igual manera, según factura EDI 1591 de 6 de diciembre de 202279, se tiene

que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia -SAYCO, compró al grupo
editorial “Ibáñez” 150 ejemplares del libro “La justicia al servicio de la política. Régimen
insostenible”, por valor de $7.500.000.

113.Adicionalmente, según certificación de 18 de julio de 2025, el gerente general de la

Editorial Ibáñez señaló que “[…] con el señor Ricaurte Lozada Valderrama no hay
contrato de coedición sobre la edición del libro: LA JUSTICIA AL SERVICIO DE LA
POLÍTICA. RÉGIMEN INSISTENIBLE (sic). Grupo Editorial Ibáñez, solo actuó como
impresor de los libros. El autor canceló la totalidad de la edición y como tal, él es el
dueño de todos los ejemplares. El directamente los vendió, excepto algunos pocos
que nos dejó en Consignación (sic) para que nosotros los vendiéramos y le
reintegráramos el valor de estos, menos el descuento de distribuidor. Anexamos
las facturas de ventas sobre la impresión N. ED11 5367 y EDI 11591. Sobre los libros
que dejó en consignación se le envía el reporte de ventas, anexamos informes.”(
Negrilla de la Sala).

114.Junto con la demanda se allegó copia de Oficio DJS-0305-2025 de 14 de mayo de

202580, por el cual el señor Ricardo Gómez Durán, director de la sociedad SAYCO le
señaló al solicitante, que “[…] en los años 2021 y 2022, se compraron 950 libros, 800
(en presentación síntesis) y 150 (en presentación completa) respectivamente, de la
obra, “La justicia al servicio de la política, régimen insostenible”, en apoyo a su autor
Ricaurte Lozada Valderrama, y con el fin de entregarlos a los posibles autores afiliados
a la sociedad que se interesaran sobre el tema”.

115.Adicional a lo anterior, adjuntó “solicitud de compra” del 13 de mayo de 2021 81 de

la Gerencia General de SAYCO, por concepto de 800 ejemplares de la obra literaria
“La justicia al servicio de la política, régimen insostenible”, por valor de 6´400.000. Así
mismo en la “solicitud de compra” del 8 de diciembre de 202282 se compraron 150
ejemplares del mencionado libro al Grupo Editorial Ibáñez, por valor de $7´.500.000.

116. De lo anterior se advierte, que sólo se realizaron dos transacciones para compra

de los libros: la primera el 13 de mayo de 2021 cuando SAYCO compró al señor
Ricaurte Lozada Valderrama, de forma directa 800 ejemplares del libro “La justicia al
servicio de la política, régimen insostenible”, y luego, el 6 de diciembre de 2022 se
adquirieron 150 ejemplares a través de la Editorial Ibáñez.
117.Ahora bien, la acusación del accionante apunta a que la génesis de la causal de

impedimento es la relación comercial que surgió de forma esporádica entre la sociedad
SAYCO y el padre del demandado por la compra de los libros, en virtud de la cual el
congresista no podía presentar el proyecto de ley, ni intervenir en su trámite, sin
embargo, el accionante no explica cómo ese proyecto podía originar un beneficio

79 Ibidem. Archivo “22_RECIBEPRUEBAS_PRUEBAIBA_FV1591_1_20250721120619660.pdf”.
80 Folio 54 y s.s. Archivos adjuntos a la demanda. índice 2 del aplicativo SAMAI. Primera instancia.
81 Folio 55 ibidem.
82 Folio 56 ibidem.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

directo para ellos, ni mucho menos, fue probado. Solamente adujo que no debía
exigírsele la prueba de la materialización del beneficio del congresista o su “círculo
cercano” pues se configuró el interés moral por la compra de los ejemplares del libro
por parte de SAYCO, entidad que en su parecer podía salir beneficiada con el proyecto
de Ley 189 de 2022.
118. Basta una lectura de algunos apartes de la iniciativa legislativa para advertir que,

al contrario, con la misma se pretendió la creación de un “Fondo Cuenta Especial del
Sector de la Música” en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como se
indicó en el artículo 4.°83, cuyos recursos estarían compuestos, entre otros, por
aquellos recaudados y no distribuidos por sociedades de gestión colectiva de
derechos de autor y derechos conexos del sector musical, como lo es SAYCO.
Veamos:
“Artículo 4°. Fondo Cuenta Especial del Sector de la Música. Créase el Fondo
Cuenta Especial del Sector de la Música en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes, el cual será manejado mediante un patrimonio autónomo. Los recursos de
este fondo serán los siguientes:
1. Recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación, diferentes de las
apropiaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y sus entidades
adscritas, sujetos a la disponibilidad del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP).
2. Recursos provenientes de apropiaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y
los Saberes, y sus entidades adscritas.
3. Un 10% de la contribución establecida en el artículo 120 de la Ley 418 de 1997,
correspondientes a la Nación.
4. Los recursos recaudados y no distribuidos por sociedades de gestión colectiva de
derechos de autor y derechos conexos del sector musical.
5. Donaciones, aportes o cooperación que reciba, incluidos aportes generales al Sector
de la Música que podrán estar cobijados por el incentivo previsto en el artículo 180 de
la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 27 de la Ley 2277 de 2022. (…)”.
119.Precisamente sobre los cambios que se producirían frente a la gestión de los
recursos del sector musical por parte de las sociedades de gestión colectiva como lo
es SAYCO, se surtió en esa sesión de la Cámara84 un debate frente al artículo 7.°85

83 Como aparece en la gaceta 234 de 13 de marzo de 2024
84Visible a folios 48 y siguientes de la Gaceta 730 de 31 de mayo de 2024.
85 “Artículo 7°. Modifíquese el artículo 22 del capítulo III de la Ley 44 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 22. Prescriben a los 5 años, a partir de la notificación al interesado del proyecto de repartición o
distribución, en favor del Fondo Cuenta Especial del Sector de la Música y en contra de los socios de las sociedades
de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, las remuneraciones no cobradas por ellos.
El mismo término aplicará la prescripción de obras o prestaciones no identificadas, contados a partir de la
publicación del listado de obras o prestaciones no identificadas en la página web de la sociedad de gestión colectiva.
En caso de litigio corresponderá a la sociedad de gestión colectiva demostrar que hizo todo lo razonable para
identificar el autor o titular de la obra o prestación.
Parágrafo Primero. Cada sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y conexos de la música realizará un
informe semestral dirigido al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y a la Dirección Nacional de
Derechos de Autor, reportando todo lo relacionado con funcionamiento, asociados y recaudo, sin que le sea
oponible ningún tipo de reserva, salvo los casos excepcionales sometidos a esta en la ley. Dicha información podrá
ser compartida con el Consejo Nacional de Música únicamente para efectos del manejo del Fondo Cuenta Especial
para el sector de la música y se compartirá con sujeción a la normativa de protección de datos personales.
Del mismo modo, las sociedades de gestión colectiva realizarán inversiones en plataformas de seguimiento que
garanticen transparencia de la información relativa a derechos recaudados y sistemas de veeduría y control social
de los afiliados y, en general, de los beneficiarios previstos en la legislación vigente.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

norma que establecía la prescripción en favor del Fondo Cuenta Especial del Sector
de la Música, en contra de los socios de las sociedades de gestión colectiva de
derechos de autor, respecto de las remuneraciones no cobradas por ellos. Además,
establecía frente a las sociedades de gestión colectiva, realizar inversiones en
plataformas de seguimiento que garanticen “transparencia de la información relativa a
derechos recaudados y sistemas de veeduría y control social de los afiliados y, en
general, de los beneficiarios previstos en la legislación vigente” y “ […] publicar en su
página web los recursos destinados al Fondo Cuenta Especial para el sector de la
música, en un diario de amplia circulación”. Así mismo, publicar “el reglamento y
procedimiento para la reclamación de los titulares”.
120.Sobre el tema, el ponente del proyecto de ley manifestó:

“SAYCO recoge una plata, recauda una plata, pero hay muchos de esos dineros que
no se les devuelven a los autores porque estos no los reclaman ¿qué estamos
diciendo? que esa plata que, debe seguir siendo privada no debe seguir siendo
administrada por un privado como SAYCO, sino que debe ser administrada por el fondo
de la música que creamos y los derechohabientes siguen teniendo total derecho de
reclamar su dinero.
Es decir, ya no lo va a manejar una entidad privada, que además ha sido declarada
digamos en ejercicio de un monopolio, sino que la va a administrar el Fondo de la
Música. Entonces, contrario a lo que dice el compañero le estamos dando más
garantías y más derechos a todos esos autores, que hoy no tienen cómo reclamar su
dinero. Gracias Presidente”.
121.Otras de las intervenciones en el debate86, apuntaron en la misma dirección:

• Representante a la Cámara Gabriel Ernesto Parrado Durán: “Efectivamente lo
que ha dicho el ponente, hay que mantenerlo dentro del proyecto de ley porque hoy en
día la ley establece que, del total recaudado; el 70% debe ser distribuido entre los
autores o titulares de los derechos, pero la norma le permite a SAYCO descontar el
10% para cubrir programas de bienestar, en beneficio de los socios y el 20% óiganme
bien para cubrir los costos administrativos de la sociedad.”

• Representante a la Cámara Jorge Hernán Bastidas Rosero: “Simplemente me
sumo a las voces, que se refieren a la pertinencia del artículo 7° en discusión. También
considero que, hay demasiadas observaciones sobre los montos recibidos por estas
sociedades administradoras de derechos de autor; especialmente de SAYCO ¿cuáles

Las sociedades de gestión colectiva deberán publicar en su página web los recursos destinados al Fondo Cuenta
Especial para el sector de la música, en un diario de amplia circulación. Así mismo, publicará el reglamento y
procedimiento para la reclamación de los titulares.
Parágrafo Segundo. Las sociedades de gestión colectiva no podrán realizar cobros de derechos relativos a
personas no inscritas en la respectiva sociedad, para el caso de conciertos o representaciones en vivo. El Gobierno
nacional a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor reglamentará la materia en un plazo no mayor a
un (1) año después de la expedición de esta ley.
Parágrafo Tercero. Las entidades públicas no podrán exigir para el otorgamiento de los permisos para la
realización de eventos en los que se ejecuten obras musicales o artísticas, la acreditación del pago de derechos de
autor a una determinada sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, así mismo de los requisitos para el
otorgamiento de permisos, deberán evitarse alusiones específicas a determinadas sociedades de gestión colectiva
de derechos de autor, en todo caso se deberá proteger del derecho del autor de la obra, para lo cual serán válidas
las autorizaciones o el pago de derechos de autor a cualquiera de las sociedades de gestión colectiva de
derechos de autor legalmente reconocidas.
[…]”.
86 Representante a la Cámara Gabriel Ernesto Parrado Durán. Folio 49. Gaceta 730 de 31 de mayo de 2024.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

son las sumas que se recaudan anualmente? ¿cuál es la auditoría que tienen estos
recursos? ¿cuáles son los beneficiarios finales y la garantía?
Como lo decía mi antecesor Parrado, de que efectivamente una gran cantidad de
artistas populares sean efectivamente beneficiados de este tipo de contribuciones que
dispone esta norma. En ese sentido yo reitero, que es altamente pertinente darle curso
al debate sobre el articulado que está consignado en este artículo 7°.
Así que, yo le ruego y le pido el favor, a esta Plenaria que demos el voto positivo a este
articulado. Señor Presidente.”

122.Es de anotar que este artículo se mantuvo con una votación de 81 votos favorables,

denegándose las dos proposiciones formuladas para su eliminación.

123.Sobre el conocimiento especializado que pudiera tener el congresista del sector

económico vinculado con el proyecto de ley 189 de 2022, la misma Corte
Constitucional en sentencia C- 302 de 202187 estableció que esa cercanía de un
congresista respecto de una causa específica, grupo o sector, sobre el que tiene
conocimiento de sus necesidades específicas de regulación son habituales dentro del
contexto de la democracia representativa y pluralista; precisamente en voces de la
Corte esta es la “[…] materialización de la promesa de que los legisladores ejercerán
su investidura, de conformidad con su programa político y su ideología 88. De hecho,
según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 133 de la Constitución89, la
responsabilidad política de los miembros de los cuerpos colegiados de elección
popular se sustenta en parte, precisamente, sobre el cumplimiento de este mandato”.
Además, es importante anotar que en este caso no se demostró que miembros del
sector musical del país, posiblemente cobijados con el proyecto de ley fueran
financiadores de la campaña del congresista.

124.En ese sentido, la simple cercanía del demandado al sector musical no puede

entenderse como configuradora de la causal de pérdida de investidura del conflicto de
intereses que busca garantizar que los congresistas actúen siempre en procura del
interés general, la justicia y el bien común (artículos 1, 133 y 182 de la Constitución
Política). Además, en este caso no se señaló ni probó que existiera una concurrencia
antagónica del interés privado o particular y el interés general, que exigiera al
representante el deber de inhibirse de participar en el trámite y decisión de los asuntos
sometidos a su consideración.

87 Por la cual se declaró inexequible el literal e) del artículo 1 de la Ley 2003 de 2019, «[p]or la cual se modifica

parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones». La disposición señalaba:
“ARTÍCULO 1. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así:
Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas.
[…]
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:
[…]
e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre
los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio
particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o
proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.
[…].”
88 Sentencia C-179 de 2002.
89 Inciso 2 del artículo 133 de la Constitución: «El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a

sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura».

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

125. En efecto, el demandante solo señaló que el contrato entre SAYCO y el padre del

congresista guardaba relación directa con el objeto del proyecto, orientado a regular el
sector musical y, por ende, a las entidades que lo integran, incluida SAYCO, sin
embargo, no probó ni señaló específicamente cuál de los apartes del proyecto de ley
pudiera generar algún provecho inmediato directo o siquiera previsible a favor del
representante a la Cámara o de su padre en los términos del artículo 286 de la Ley 5ª
de 1992, modificada por la Ley 2003 de 2019. Al contrario, de la simple lectura del
proyecto de Ley no se advierte de forma alguna el “beneficio particular, actual y directo”
a favor del congresista o su padre.

126.Igualconclusión se colige frente al conflicto de interés moral, definido en el
parágrafo 1.° del artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, como aquel que presentan los
congresistas cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y
votación del proyecto. 90 En efecto, no demostró el solicitante el interés moral, no
patrimonial, que pudiera afectar el fuero interno del congresista en la deliberación del
proyecto de ley. Tampoco se advierte cómo la transacción comercial de carácter
esporádico, que se desarrolló entre el padre del demandado y la sociedad SAYCO,
podía generar para el demandante “razones de conciencia” que le llevaran a apartarse
del trámite del proyecto de ley, máxime si se tiene en cuenta que el recurrente no
desvirtuó la afirmación del congresista respecto al desconocimiento de tal transacción.

127.. Aunado, como ya se indicó, en el proyecto de ley 189 de 2022 se pretendió
establecer una regulación de carácter general para el sector de la música en Colombia,
pero ninguna explicación concreta brindó el demandante acerca de algún aparte del
articulado que pudiera generar el conflicto de interés, incluso en la modalidad moral
por la afinidad que alega del congresista con el sector musical, que para el caso,
pudiera entenderse como conocimiento específico de las necesidades de una causa
determinada, en los términos de la sentencia C- 302 de 2021 de la Corte Constitucional
en sentencia. Además, no acreditó el “beneficio particular, actual y directo” conforme
el literal c)91 del artículo 286 de la Ley 5ª de 1992. Al contrario, el convocante formuló
una acusación de carácter general, llamándole solo la atención que fuese SAYCO,
actor del sector musical de Colombia uno de los compradores de los libros de autoría
del padre del representante Lozada Vargas.

128. En ese orden, para esta Sala, no se advierte la configuración del interés que se

exige para que tenga ocurrencia la causal de pérdida de investidura por violación al
régimen de conflicto de intereses, pues, pese a que el accionado fue uno de los autores
y participó en el debate del pluricitado proyecto de ley, no se observa la configuración
del tercer requisito señalado al no verificarse un beneficio real, cierto y directo para el
congresista o “[…] de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes

90 La Corte Constitucional, en auto 178A de 21 de febrero de 2022, delimitó la noción de interés moral, en el sentido

de señalar que se estructura cuando se evidencia que la razón moral desplaza de manera absoluta al razonamiento
“jurídico” y cuando la afectación del participante del debate o decisión obedece a los resultados no económicos que
se desprendan de la determinación que se acoja en la corporación, y destacó: “Esto implica demostrar que existe
una coincidencia entre el objeto de la decisión y el interés real no basado en simples supuestos o generalidades”
91 “c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge,

compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil”.

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dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”,
como lo prescribe el artículo 286 de la Ley 5ª de 199292.

129. Recuérdese que el interés debe ser real, esto es, que no sea hipotético, eventual o

fruto de especulaciones o razonamientos más allá de lo verdadero y en este caso las
acusaciones formuladas en el escrito de desinvestidura no pasaron de ser
afirmaciones de tipo general y cuyas hipótesis debieron ser respaldadas con la
acreditación probatoria para la prosperidad de la causal. Sobre el particular se reitera
que el A quo valoró las pruebas allegadas al proceso, no obstante, no otorgaron
certeza sobre la configuración de la causal invocada, razón que impone denegar este
cargo de apelación.

3.5. Segundo problema jurídico. De encontrarse acreditado el elemento objetivo
de la causal, deberá determinar la Sala si se configuró el elemento subjetivo de
la causal, a la luz de la culpa grave. Para lo anterior se establecerá si ¿el
representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas incumplió con el deber de
declararse impedido, como también de diligenciar el registro de intereses e
informar “cualquier vínculo potencialmente comprometedor” derivado de la
relación comercial que su padre Ricaurte Lozada Valderrama sostuvo con
SAYCO?.

130.Frente a este aspecto, el apelante adujo que, el hecho de ser el demandado el autor

de la norma vinculada con el sector económico donde el señor Ricaurte Lozada
Valderrama mantuvo una relación comercial con SAYCO afecta el deber ético de
transparencia y aun cuando el contrato de su padre fuera previo, su existencia crea
una conexión objetiva entre el núcleo familiar del congresista y la entidad interesada
en la ley. En ese sentido, insistió en que tal condición generaba en el congresista la
obligación de declarar su impedimento para participar en el debate del mentado
proyecto de ley y de registrar los intereses privados que pudieran existir.

131. Resaltó que la culpa grave, propia del elemento subjetivo de la causal, se infiere
del incumplimiento palmario de un deber legal conocido y en este caso, teniendo en
cuenta la formación académica y experiencia del congresista, no le era dable alegar
desconocimiento de las reglas sobre impedimentos y conflictos.

132. Al respecto, la Sala reitera la tesis ya planteada93 en el sentido de que, al no
acreditarse el elemento objetivo que configura la causal de pérdida de investidura, tal
como lo concluyó la autoridad judicial en primera instancia, resultaba innecesario emitir
pronunciamiento respecto del elemento subjetivo, esto es, determinar si la conducta
del representante, se realizó con culpa grave, como lo sostuvo el apelante. Ello

92 Modificado por la Ley 2003 de 2019.
93 En ese sentido se pueden revisar: sentencia de 18 de febrero de 2021, radicado número: 85001-23-33-000-

2020-00012-02(PI); sentencia de 25 de septiembre de 2025, radicado número 25000-23-15-000-2025-00336-
01(PI); sentencia de 7 de noviembre de 2024, radicado número 25000 2315 000 2024 00353 01; sentencia de
9 de abril de 2024, radicado número 11001-03-15-000-2022-04767-01; sentencia de 23 de enero de 2024,
radicado número 11001-03-15-000-2019-01599-02.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

obedece a que no se verificaron los presupuestos que permiten estructurar el conflicto
de intereses atribuido al representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas.

133. No obstante, en este punto conviene precisar que el deber de registrar los
intereses privados que tenga el respectivo congresista está íntimamente ligado al
principio de transparencia que rige el ejercicio de la función administrativa en general,
y la omisión en el cumplimiento de ese deber no constituye una causal de pérdida de
investidura autónoma, como lo sugiere el recurrente, pues las causales son taxativas
y su interpretación debe ser restrictiva.

3.6. Tercer problema jurídico. ¿En este caso el solicitante sustentó en debida
forma el cargo de apelación consistente en el desconocimiento del precedente
judicial y con ello del derecho a la igualdad por parte de la Sala Doce Especial
de Decisión de pérdida de investidura en la sentencia de 15 de septiembre de
2025?

134. En primer lugar es necesario indicar que el precedente es definido por la
jurisprudencia constitucional como “[…] aquel antecedente del conjunto de sentencias
previas al caso que se habrá de resolver, que, por su pertinencia para la resolución de
un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia”94.

135. Esta decisión, o conjunto de decisiones, debe reunir ciertas características: 1) debe

ser necesariamente anterior a la decisión que se pretende aplicar al caso; 2) debe
existir semejanza en los problemas jurídicos que plantean los casos; 3) debe existir
una importante coincidencia en los hechos de los casos y sus puntos de derecho.

136.Sobre este aspecto, el apelante simplemente indicó que la sentencia recurrida
“rompe la uniformidad jurisprudencial sin motivación suficiente”, con lo que se entiende
que incumplió con una carga argumentativa que permita evidenciar la configuración
del desconocimiento del precedente, pues aunque a lo largo del escrito de apelación
cita las sentencias C-1159 de 2003 (sic), C-319 de 1994 y SU 424 de 2016 para
acompañar afirmaciones incluidas en distintos cargos, no hizo alusión alguna a los
aspectos revisados en esas decisiones, que resultaran pertinentes al caso95 y que
fueron presuntamente desconocidos por la Sala Doce Especial de Decisión de Pérdida
de Investidura.

137. Es de recordar que se exige del recurso de apelación plantear un escenario de

controversia eficaz e idóneo, donde es obligación del apelante exponer de manera
clara, completa y fundamentada los motivos de su inconformidad con la decisión de
primera instancia y en línea con ello, debe presentar los argumentos que sustenten
por qué la sentencia debe ser modificada o revocada; en ese sentido es el apelante y

94 Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2011.
95 Se destaca que las afirmaciones que el recurrente asocia a las mencionadas providencias no corresponden de

forma explícita al contenido de las mismas.

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

no el juez quien define los contornos dentro de los cuales debe pronunciarse el juez
de segunda instancia.

138.Así entonces, como en este caso el recurrente no expuso cuál es el precedente

judicial que en su sentir fue desconocido por el a quo la Sala Plena denegará este
cargo de apelación.

139.Por todo lo anterior, se concluye que no le asiste razón al apelante frente a la

presunta configuración de la causal de desinvestidura del demandado, por lo que se
impone confirmar la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2025 por la Sala Doce
Especial de Decisión del Consejo de Estado.

3.7. Condena en costas.

140. Elconcepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los denominados
gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 28,
los llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso29 y otros como son los
necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los
honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación.

141.En este caso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 188 del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 202196, no es procedente la condena en costas, dado
que se ventila un interés público, como es verificar si un congresista de la República
incurrió en una causal de pérdida de investidura.

142. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de septiembre de 2025, proferida por la
Sala Doce Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, a
través de la cual se negó la solicitud de la referencia.

SEGUNDO.- REMITIR copia de esta providencia a la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de su

96 “Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal. ”

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Actor: William Francisco Quintero Villareal

cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Consejero de Estado
Consejera de Estado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejero de Estado
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Consejero de Estado
Consejero de Estado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
Consejera de Estado
Consejera de Estado
AUSENTE EN COMISIÓN

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado Consejera de Estado

JORGE EDISON PORTOCARRERO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
BANGUERA Consejero de Estado
Consejero de Estado

CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03956-01
Actor: William Francisco Quintero Villareal

PEDRO PABLO VANEGAS GIL NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con el artículo 2.° de la Ley 2213 de 2022.

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