Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03957-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03957-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03957-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03957-00
Accionante: ASOCIACIÓN NACIONAL DE FIRMANTES DEL ACUERDO
DE PAZ (ANFAP)
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Tema: Derechos a la vida y a la seguridad personal. Derecho de
petición. Ampara.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra la Presidencia de la República. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 30 de julio de 20252 se admitió la solicitud de amparo de la
referencia. Al respecto, la Sala aclara que, si bien según lo previsto en el Decreto
799 de 2025, las acciones de tutela presentadas contra el presidente de la
República deberían ser conocidas en primera instancia por los jueces del circuito;
la tutela en cuestión fue admitida y analizada por esta Sección sin que se
realizara consideración alguna sobre las mencionadas reglas de reparto. Por
tanto, conforme a los principios de celeridad e informalidad que rigen este tipo de
procesos, se ha decidido continuar con su tramitación.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
presidente de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Asimismo, se dispuso la vinculación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la directora
de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, de la defensora del Pueblo, de la Corte
Constitucional, de la Oficina de Implementación del Acuerdo de Paz, de la Unidad Nacional de
Protección y de su Subdirección Especializada, del director de la Policía Nacional, de la fiscal
General de la Nación, del procurador general de la Nación, de los ministros del Interior, de Justicia
y del Derecho y de Defensa Nacional, del director del Instituto Nacional y Penitenciario (INPEC)
y de la Cruz Roja Internacional.
Asimismo, resulta pertinente mencionar que, inicialmente, el asunto correspondió por reparto al
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, quien manifestó estar impedido para conocer del
asunto, en atención a que la petición objeto de la demanda constitucional también se remitió a la
Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, entidades a las que se encuentran
vinculados su cónyuge e hijo, respectivamente. La Sala, por auto del 17 de julio de 2025, declaró
infundado el impedimento al no encontrar acreditado el elemento subjetivo de la causal.
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Accionante: Asociación Nacional de Firmantes del
Acuerdo de Paz (ANFAP)
Accionado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03957-00
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Los señores César Augusto Tamayo y Maribel Quintero García, en su
condición de presidente y secretaria general encargada de la Asociación
Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz (en adelante, ANFAP)3, presentaron
acción de tutela en contra del presidente de la República. Con la solicitud de
amparo pretenden que se les protejan sus derechos fundamentales de petición,
a la vida, a la seguridad y a la paz de los miembros de la mencionada asociación,
a la libre asociación y participación ciudadana, así como el «derecho al
cumplimiento de los Acuerdos de Paz».
2. Las anteriores transgresiones constitucionales se las adjudicaron a la
omisión de la autoridad accionada de darle respuesta a la petición radica por la
ANFAP el 28 de mayo de 2025.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Tutelar los derechos fundamentales contemplados en los Artículos 23, 74
y 86 de la constitución de Colombia, se tutele de manera inmediata el derecho
de petición vulnerado por el presidente de la República, ordenando una respuesta
de fondo a la solicitud presentada por ANFAP y que se dé la fecha de la reunión,
se tutele el derecho a la vida, seguridad y paz de los miembros de ANFAP, y
se ordene la implementación de medidas urgentes de seguridad y protección para
el presidente nacional de anfap, la secretaria general (e), los miembros de la junta
directiva Nacional y las coordinaciones regionales amenazados, se ordene la
realización inmediata de una reunión formal y urgente, como fue solicitada,
para abordar el riesgo actual y las garantías para los firmantes de paz y el
colectivo anfap y los demás puntos planteados en el derecho de petición, se oficie
a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General para que hagan seguimiento
y acompañamiento a la implementación de medidas de protección integral
inmediatas en favor del colectivo anfap.
2. Ordenar a al sr. presidente de la república de Colombia Dr. GUSTAVO
PETRO URREGO que, en el término de 48 horas siguientes a que se profiera el
fallo, se realice la reunión con los delegados de la asociación que Serán de un
Números de 10 y que le sean cubiertos los Viáticos de desplazamiento, hotel,
alimentación y transporte aéreo y tierras de acuerdo a su seguridad y alto riesgo
que tiene por estar amenazados de muerte y que Están en varios lugares del
país, teniendo en cuenta las alertas tempranas de la DEFENSORÍA DEL PUE,
las numerosas amenazas que han recibido los accionantes y su familia, firmantes
3 Calidad que acreditó con la prueba visible en el documento 005 del expediente digital, la cual
corresponde al certificado de existencia y representación legal de la asociación actora, expedido
el 22 de abril de 2025.
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del acuerdo y miembros también de la asociación ANFAP, las amenazas de
extorción al presidente y el fiscal nacional de la asociación del día 06 de mayo de
2025 y las amenaza recibida el 30 de mayo de 2024 en contra de la JUNTA
DIRECTIVA de la ANFAP, lo establecido por la Corte Constitucional en la
SENTENCIA SU-020 DE 2022 y en los Autos proferidos por la Sala Especial de
Seguimiento a esta providencia, especialmente, los patrones de falla que aquella
Sala de Seguimiento ha encontrado en la obligación de proteger la vida e
integridad física de las personas signatarias del Acuerdo Final de Paz de los
autos 2014-2024, 309-2024 y 504-2024, y la presunción de riesgo extraordinario
que se predica a favor en el decreto 299-2017, por su condición de firmantes del
Acuerdo Final de Paz, comparecientes ante la jurisdicción especial para la paz
J.E.P. de los miembros de la ASOCIACION NACIONAL DE FIRMANTES DEL
ACUERDO DE PAZ ANFAP.
3. Ordenar a UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, AL PRESIDENTE
DE COLOMBIA, EL MINISTERIO DEL INTERIOR, LA AGENCIA NACIONAL
DE REINCORPORACIÓN, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
LA OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ Y LA OFICINA
DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ que, en el término de 48 horas
siguientes a que se profiera el fallo, se implementen las medidas de seguridad y
proyección necesarias urgentes y de emergencia al presidente de la asociación
y a la secretaria encargada de la asociación por estar en alto riesgo, que se
implementen esquemas fuertes suficientes y oportunos para la PROTEGER del
colectivo, PREVENIR Y SALVAGUARDAR la VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL
Y COLECTIVA, EL DEBIDO PROCESO, LA DIGNIDAD HUMANA, EL
LIDERASGO Y LA SEGURIDAD PERSONAL de todos los miembros directivos
nacionales y las coordinaciones regionales de anfap, por su condición de
firmantes del Acuerdo Final de Paz, de la ASOCIACION NACIONAL DE
FIRMANTES DEL ACUERDO DE PAZ ANFAP4.
1.2. Hechos
4. El 28 de mayo de 2025, la ANFAP presentó una petición al presidente de
la República5 en la que solicitó: i) que los miembros de la asociación sean
incluidos en los espacios de participación ciudadana establecidos en el marco del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera (en lo sucesivo, el Acuerdo Final); y ii) que se realizara una
reunión con el presidente de la República, a fin de tratar asuntos relacionados
con la implementación del Acuerdo y la situación de vulnerabilidad de sus
integrantes.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 Y con copia ante las siguientes autoridades: Oficina del Alto Comisionado para La Paz, directora
Nacional de la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, defensora nacional del
Pueblo, Corte Constitucional, Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Unidad
Nacional de Protección, director de la Policía Nacional, Subdirección Especializada de la Unidad
Nacional de Protección, Fiscal General de la Nación, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia,
director del INPEC, Cruz Roja Internacional y Ministerio de Defensa Nacional.
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5. La parte actora sostiene que desde la radicación de la petición hasta la
fecha de presentación de esta acción constitucional no ha recibido respuesta a
su solicitud.
1.3. Sustento de la vulneración
6. En primer lugar, la parte accionante indicó que, a pesar de haber
transcurrido el término legal para recibir una contestación por parte de la
autoridad accionada, esta no ha emitido respuesta de fondo.
7. En segundo lugar, señalaron que los distintos miembros de ANFAP no
cuentan con medidas de protección que garanticen su seguridad personal y
colectiva, por lo que se han visto obligados a relegar las actividades y funciones
ante la imposibilidad de trasladarse a los territorios, debido a la falta de garantías
de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (en adelante, UNP)
para el colectivo.
8. En tercer lugar, arguyeron que la mencionada entidad se niega a dar
cumplimiento a los diferentes fallos de la Corte Constitucional y los juzgados del
país. Consideró que esta es una de las necesidades para que el presidente de la
República reciba al colectivo para dar a conocer lo que se está llevando a cabo,
ya que, pese a las órdenes impartidas en sentencias como la SU-020 de 2022 y
la T-107 de 2025, relacionadas con la protección efectiva de los firmantes del
Acuerdo de Paz, las entidades competentes no han implementado las medidas
ordenadas, perpetuando así la vulneración de sus derechos fundamentales.
9. De igual forma, señalaron que la Defensoría del Pueblo tiene un papel
fundamental en el acompañamiento y seguimiento de las medidas de protección
a favor de los firmantes del Acuerdo de Paz. Recordaron que, conforme a lo
dispuesto en la Sentencia T-107 de 2025, la Corte Constitucional exhortó a dicha
entidad para que, dentro de sus competencias legales y constitucionales, asista
a la UNP y acompañe a las personas y colectivos en situación de riesgo, con el
propósito de garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos a la vida, la
integridad física y la seguridad personal. No obstante, manifestaron que su
intervención ha sido limitada e insuficiente, lo que refuerza la necesidad de una
atención directa por parte del presidente de la República frente a esta
problemática.
1.4. Intervenciones
10. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –
DAPRE. Solicitó que se nieguen las pretensiones de la presente acción de tutela
respecto de la Presidencia de la República, en razón a que esta ya respondió la
petición que está requiriendo el accionante y se envió a su correo electrónico.
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11. Aportó como anexos la respuesta contenida en el oficio OFI25-00116099
/ GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 y su respectiva trazabilidad, así como
el certificado de entrega de dicha contestación CERT25-003667 / GFPU
13083000 del 12 de agosto de 2025.
12. Expuso que el hecho de que el presidente de la República figure como
parte accionada implica la intervención de una autoridad del orden nacional, lo
cual incide directamente en la determinación del juez competente para conocer
del proceso en primera instancia, al tenor de lo establecido en el Decreto 0799
del 9 de julio de 2025, mediante el cual se modificó el numeral 2 del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y
del Derecho.
13. Sostuvo que, en aplicación de dicha disposición reglamentaria, resulta
claro que, dentro del presente trámite, las reglas de reparto indican que el
competente para conocer de la acción de tutela corresponde al juez del circuito.
14. Refirió que al DAPRE no le compete atender las solicitudes de los
accionantes. Esto, pues, ni el departamento en mención, ni la Oficina del Alto
Consejero Comisionado de Paz son las entidades competentes para otorgar
esquemas de seguridad en favor de los firmantes del Acuerdo de Paz.
15. Instituto Nacional y Penitenciario – INPEC. Esta entidad solicitó su
desvinculación, pues carece de legitimación en la causa por pasiva ya que no es
la autoridad encargada de responder la petición formulada por la parte actora.
16. Corte Constitucional. El presidente de esta Corporación sostuvo que no
está llamada a responder por la aparente vulneración de los derechos
fundamentales invocados, pues los hechos narrados por el accionante no le son
imputables y, en consecuencia, sus pretensiones no pueden ser atendidas por
esta. En tal sentido, señaló que no se encuentra legitimada en la causa por
pasiva.
17. Destacó que es evidente que en el escrito de tutela no se propone alguna
razón que lleve a considerar que la Corte Constitucional, por acción u omisión,
afectó o siquiera contribuyó en la aparente violación de las garantías
fundamentales cuya protección persigue el actor. Por tanto, pidió no vincular de
forma directa o indirecta a esta corporación.
18. Añadió que las decisiones que se profieran en el marco de la presente
causa no pueden estimarse de su interés. Esto, por cuanto el fin último de esta
acción es obtener la respuesta de una petición que, entre otras cosas, busca
concretar espacios de diálogo con el presidente de la República para abordar
materias relacionadas con el aparente incumplimiento del Acuerdo de Paz y sus
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presuntas implicaciones en la garantía a la seguridad de los miembros de la
ANFAP.
19. Ministerio de Justicia y del Derecho. Aportó documentación relacionada
con el trámite de peticiones que con anterioridad ha presentado la parte actora,
así como de la que es objeto de la acción de tutela.
20. Fiscalía General de la Nación. La coordinadora de la Unidad de
Conceptos y Asuntos Constitucionales informó que la petición presentada por la
parte actora el 28 de mayo de 2025 fue radicada en el sistema ORFEO bajo el
número 20255760005235 y remitida a la Unidad Especial de Investigación para
el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, dependencia encargada
de darle trámite.
21. Sostuvo que la Fiscalía carece de legitimación en la causa por pasiva para
pronunciarse sobre los hechos de la tutela, al igual que para otorgar viáticos o
asignar esquemas de seguridad al colectivo accionante. Por ello, solicitó declarar
la improcedencia de la acción y ordenar su desvinculación del trámite.
22. De manera separada, la Fiscalía 66 Seccional, Unidad de Delitos contra la
Seguridad Pública y la Libertad Individual, aclaró que tampoco es competente
para resolver la solicitud del accionante, pues esta se dirige contra la UNP y
corresponde a un asunto de naturaleza administrativa, no judicial.
23. Unidad Nacional de Protección – UNP. La entidad señaló que el señor
César Augusto Tamayo actuó como agente oficioso de los integrantes de la
ANFAP, pero no acreditó prueba que lo facultara para representar a los
ciudadanos mencionados ni que demostrara la existencia de un riesgo actual en
su contra.
24. Explicó que, tras verificar sus bases de datos y solicitar información a la
Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, se constató el
cumplimiento de las órdenes judiciales previas, en particular las contenidas en la
sentencia T-107 de 2025.
25. Indicó que no ha vulnerado derechos fundamentales, pues la asignación
de medidas de seguridad depende del resultado de la matriz de riesgos y de las
condiciones de modo, tiempo y lugar en que los evaluados desarrollan sus
actividades. Aclaró que, frente a riesgos ordinarios, no siempre procede la
implementación de esquemas de protección, en atención a las competencias
conferidas a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (MTSP).
26. Agregó que el accionante no enfrenta un perjuicio irremediable y que lo
pretendido con la tutela es obtener, por esta vía, la revocatoria de un acto
administrativo que la MTSP aún se encuentra tramitando, lo cual desconoce el
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procedimiento previsto en el Decreto 299 de 2017.
27. Procuraduría General de la Nación. La entidad solicitó negar el amparo
al considerar que no existe vulneración del derecho fundamental invocado y, en
todo caso, debe declararse la carencia actual de objeto por hecho superado.
28. Precisó que, tras recibir el traslado de la tutela, se requirió a las
dependencias competentes, las cuales informaron que la petición del accionante
fue respondida mediante oficio 0802 del 8 de mayo de 2025. Por ello, concluyó
que la acción carece de objeto, al haberse satisfecho la solicitud y superado la
vulneración alegada.
29. Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Esta entidad
solicitó que se declare improcedente la acción constitucional puesto que dicha
entidad no ha incurrido en acción u omisión constitutiva de vulneración a los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
30. Precisó que quien acuda al juez constitucional en busca de su amparo,
debe demostrar que sus derechos fundamentales han sido trasgredidos, pero en
el caso concreto, la Agencia ha actuado de acuerdo con la normatividad vigente.
31. Aportó copia de la respuesta emitida mediante comunicación OFI25-
013883/GPU del 19 de junio de 2025, dirigida al señor Cesar Augusto Tamayo
con la que se contestó lo solicitado por la asociación tutelante.
32. Defensoría del Pueblo. La entidad afirmó coadyuvar la acción de tutela
en ejercicio de sus funciones de defensa y protección de los derechos humanos.
Recordó que la Corte Constitucional, en las sentencias SU-020 de 2022 y T-107
de 2025, reconoció el riesgo extraordinario que enfrentan los excombatientes de
las FARC-EP en proceso de reincorporación, varios de ellos hoy agrupados en
la ANFAP.
33. Señaló que en el presente caso se denuncia un riesgo concreto de
genocidio político contra los integrantes de ANFAP, reflejado en 469 asesinatos
desde 2016, 54 desapariciones y otros hechos de violencia, incluyendo ataques
recientes en Sabana de Torres (Santander). Indicó que la Defensoría emitió un
informe de riesgo (radicado 20250060300320331) en el que advirtió sobre la
situación extrema en Santander y el Magdalena Medio, asociada a la presencia
de grupos armados y a la insuficiente respuesta estatal.
34. Afirmó que los hechos no constituyen sucesos aislados, sino una
estrategia sistemática de violencia que compromete el cumplimiento del Acuerdo
Final de Paz y de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Resaltó que las solicitudes de ANFAP se inscriben en la necesidad de
fortalecer medidas de protección individuales y colectivas, dar cumplimiento a
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fallos judiciales previos e implementar un plan especial de protección.
35. En ese orden, consideró necesario que la UNP, la Policía Nacional y la
Fiscalía General de la Nación adopten medidas de seguridad que garanticen la
vida, integridad, libertad, seguridad y derecho a la paz de los firmantes.
1.5. Trámite en primera instancia
36. En la Sala del 28 de agosto de 2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez puso en consideración un proyecto de sentencia, el cual no obtuvo la
mayoría requerida para su aprobación. Por tanto, mediante de auto del 29 de
agosto de 2025, se remitió el expediente al despacho en turno.
37. En consecuencia, la magistrada Gloria María Gómez Montoya presentó un
nuevo proyecto para la Sala del 18 de septiembre de 2025. Sin embargo, este
segundo proyecto tampoco fue aprobado, motivo por el cual, mediante auto del
19 de septiembre de la misma anualidad, se ordenó enviar el expediente al
despacho ponente de la presente decisión.
38. Posteriormente, el magistrado ponente presentó un nuevo proyecto de
decisión ante la Sala del 16 de octubre de 2025. No obstante, al no alcanzarse la
mayoría requerida para su aprobación, se dispuso realizar el sorteo de dos
conjueces: uno principal y uno suplente.
39. El 21 de octubre de 2025, fue designado como conjuez principal el doctor
Édgar González López; y como conjuez suplente el doctor German Lozano
Villegas.
40. En virtud de lo anterior, el despacho ponente presentó nuevamente el
proyecto de sentencia para ser discutido en la Sala de 30 de octubre de 2025.
II. CONSIDERACIONES
41. La Sala amparará los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad
personal, en lo que respecta al trámite administrativo adelantado por una de las
accionantes ante la UNP. Del mismo modo, reconocerá la vulneración del
derecho fundamental de petición alegado por los accionantes.
42. Para ello, esta Sección delimitará el caso concreto. Luego, estudiará la
legitimación en la causa de los accionantes, así como de los accionados y
vinculados al proceso. Finalmente, analizará cada una de las pretensiones
elevadas por los actores.
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2.1. Delimitación del caso
43. De acuerdo con lo expuesto en el escrito de tutela, el objeto de la presente
acción está relacionado con las siguientes dos cuestiones: (i) la posible
vulneración de los derechos a la vida y a la seguridad personal de los actores
debido a la omisión en la implementación de manera inmediata de medidas de
seguridad y protección a favor del presidente de la ANFAP y de su secretaria
general encargada; y (ii) la eventual violación del derecho de petición de la
asociación actora, por la falta de respuesta del presidente de la República a la
solicitud relativa a que, entre otras, se lleve a cabo una reunión sobre los
problemas de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo Final.
2.2. Legitimación en la causa
44. Este requisito de procedibilidad consiste en verificar, de una parte, que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca
como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
45. Legitimación por activa. La Sección advierte que los señores César
Augusto Tamayo y Maribel Quintero García se encuentran legitimados en la
causa por activa, por ser los titulares de los derechos a la seguridad personal y
de petición que alegan haber sido vulnerados por las entidades accionadas.
46. Sin embargo, dicha legitimación se limita a la protección de sus derechos
individuales, y, por ende, no se extiende a la condición de agentes oficiosos de
los otros miembros de la junta directiva y de los coordinadores regionales de la
ANFAP.
47. En cuanto a la agencia oficiosa, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
dispone que, en virtud de esta figura, es posible «agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa». No obstante, al revisar el caso concreto, no se advierten condiciones
que demuestren la imposibilidad de los agenciados de interponer la acción de
tutela. En efecto, la parte actora no explicó las razones por las cuales las
personas que pretenden agenciar no pueden acudir ante la jurisdicción
constitucional para buscar la protección de sus derechos, y tal circunstancia
tampoco se deduce de la solicitud de tutela. Por tanto, se declarará la falta de
legitimación por activa de los accionantes para actuar como agentes oficiosos de
los otros miembros de la asociación.
48. Legitimación por pasiva. El presidente de la República y el DAPRE se
encuentran legitimados en la causa por pasiva, toda vez que la petición de 28 de
mayo de 2025 fue presentada al correo de la presidencia de la Republica
contacto@presidencia.gov.co, y dirigido al jefe de Estado. Así, dado que el
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DAPRE hace parte de la estructura administrativa que asiste al presidente de la
República en el ejercicio de sus funciones, y, en tal virtud, le corresponde recibir,
tramitar y responder, en representación del jefe de Estado, la referida solicitud.
49. La UNP también está legitimada por pasiva en este caso. Al respecto, pese
a que la entidad solicitó su desvinculación, la Sala advierte que sí tiene interés
en el trámite de esta acción, por dos razones. De un lado, de acuerdo con el
Decreto 1066 de 2015, la UNP tiene a su cargo el Programa de Prevención y
Protección, por lo que es la autoridad competente de implementar las medidas
de protección solicitadas por los actores. De otro lado, porque dicha Unidad
Administrativa Especial también recibió la petición de 28 de mayo de 2025,
presentada por los actores.
50. Por su parte, el INPEC, la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la
Nación solicitaron su desvinculación del proceso, alegando falta de legitimación
en la causa por pasiva. No obstante, dichas solicitudes serán negadas, ya que,
conforme a las circunstancias fácticas y jurídicas que sustentan la demanda
constitucional, estas entidades fueron vinculadas como terceros interesados,
porque, ante todas ellas, se radicó la solicitud del 28 de mayo de 2025.
51. Por el contrario, la Sala desvinculará del presente trámite constitucional al
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en atención a que se trata de un
organismo humanitario internacional, neutral, independiente e imparcial, al cual
el Estado colombiano le ha reconocido inmunidad de jurisdicción y de ejecución,
lo que impide someterlo a órdenes judiciales dentro de una acción de tutela6.
52. Coadyuvancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del
Código General del Proceso, la Sala aceptará la coadyuvancia de la acción de
tutela presentada por la Defensoría del Pueblo. Esto, porque su intervención
contiene los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y se
acompañaron las pruebas pertinentes. Además, dicha solicitud no está en
oposición con los intereses de la parte actora y no implica disposición del derecho
del litigio.
2.3. Primer cargo: vulneración de los derechos a la vida y a la seguridad
personal de los actores por la omisión en la implementación de medidas de
seguridad
53. En la solicitud de tutela, el presidente y la secretaria general encargada de
la ANFAP alegaron la presunta violación de sus derechos a la vida y a la
seguridad personal. Esto, como consecuencia de la omisión de las accionadas
de implementar medidas de protección en favor de los firmantes del Acuerdo
Final. Al respecto, también pusieron de presente la necesidad de que la
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación hagan el
6 Corte Constitucional, Sentencia T-093 de 2012.
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seguimiento y acompañamiento a la implementación de dichas medidas, con el
fin de garantizar su correcta ejecución en beneficio de los miembros de la ANFAP.
2.3.1. Cosa juzgada
54. En relación con el primer asunto, la Sección encuentra necesario realizar
un estudio de cosa juzgada constitucional respecto al señor César Augusto
Tamayo, debido a que el cargo que está siendo estudiado podría coincidir
plenamente con la pretensión ya resuelta en la sentencia T-107 de 2025.
55. La Sala recuerda que la configuración de la cosa juzgada constitucional
exige verificar la concurrencia de una triple identidad: de partes, de objeto y de
causa petendi, entre el asunto sometido a estudio y aquel previamente decidido
por el juez de tutela.
Tutela 11001-03-15-000-2025- Tutela T-10.471.723 (Sentencia T-107 de
03957-00 (sub examine) 2025)
Accionantes Esta Sala constató que los En este asunto, la identidad de la parte
accionantes en el presente proceso actora se sometió a reserva, por lo cual no se
son los mismos a quienes la Corte hará mención específica a esta. Sin
Constitucional, en la Sentencia T- embargo, en lo que respecta a la pretensión
107 de 2025. En atención a la bajo estudio, el extremo accionante coincide.
reserva de identidad decretada por la
Corte en aquella oportunidad, este
pronunciamiento se abstendrá de
hacer referencia a sus nombres
propios, limitándose a señalar la
coincidencia de partes.
Accionados Presidencia de la República y la Presidencia de la República, UNP, Ministerio
Unidad Nacional de Protección del Interior, Agencia Nacional de
(UNP). Reincorporación (ANR), Procuraduría
General de la Nación (PGN), Oficina de
Implementación del Acuerdo de Paz y
Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Hechos Denunciaron amenazas, Reportaron amenazas similares,
hostigamientos y atentados contra especialmente contra los directivos de la
sus vidas y seguridad. Señalaron que asociación. Se indicó que la UNP no había
no contaban con esquemas de cumplido con sus obligaciones de seguridad
protección adecuados en ninguna de y retiró los mecanismos de protección
sus sedes regionales, lo que limitaba previamente establecidos.
sus funciones y actividades
territoriales.
Solicitudes Pidieron la implementación Solicitaron a la UNP implementar medidas de
principales inmediata de medidas de protección protección urgentes, incluyendo vehículos
para el presidente nacional de blindados, escoltas completos, chalecos y
ANFAP, la secretaria general, la medios de comunicación, para salvaguardar
junta directiva nacional y las la vida de los directivos mientras se
coordinaciones regionales realizaban estudios de seguridad según
amenazadas. Se incluyeran Decreto 299 de 2017 y demás normas.
escoltas, vehículos blindados, También se pidió seguimiento y
chalecos de protección y otros acompañamiento por parte de las entidades
recursos necesarios para garantizar del Estado para garantizar la correcta
la seguridad. ejecución de estas medidas.
56. De lo anterior, se advierte que ambos procesos fueron promovidos por la
misma asociación, representada por su presidente, el señor César Augusto
Tamayo. En el extremo pasivo también se constató la coincidencia, dado que en
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ambos casos figuró como accionada la Presidencia de la República y la Unidad
Nacional de Protección (UNP).
57. En cuanto a los hechos que motivaron las solicitudes, en las dos
oportunidades se denunció el incumplimiento sistemático del Acuerdo Final y las
amenazas y hostigamientos persistentes contra los firmantes, circunstancias que
comprometen su seguridad personal.
58. Respecto a las pretensiones de los procesos, estas son idénticas en los
dos escritos de tutela, ya que en ambos se solicitó la adopción de medidas de
seguridad y protección a favor del presidente de la asociación accionante.
59. En esa medida, al existir cosa juzgada frente la posible vulneración del
derecho fundamental a la seguridad personal del señor César Augusto Tamayo,
la Sala se limitará a declarar la cosa juzgada, sin necesidad de emitir un nuevo
pronunciamiento al respecto. Ahora bien, de ello no se desprende la temeridad
en el ejercicio de la acción, por cuanto no se advierte mala fe en la interposición
de esta segunda acción.
60. Esto, no solo porque los accionantes informaron acerca de la existencia
de la sentencia T-107 de 2025, sino también porque la Sala advierte que no ha
existido pronunciamiento alguno frente a la medida de protección de la señora
Maribel Quintero García, secretaria general encargada de la ANFAP. En efecto,
la señora Quintero García no participó en la tutela resuelta mediante la sentencia
T-107 de 2025.
61. En consecuencia, la Sala procederá a estudiar la posible violación de los
derechos fundamentales a la seguridad personal y vida de la señora Maribel
Quintero García, secretaria general encargada de la ANFAP.
2.3.2. Procedencia de la acción
62. Subsidiariedad. Para esta Sala la acción sub examine cumple con este
requisito solo en lo que respecta a la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la vida y a la seguridad personal por parte de la UNP.
Ciertamente, el objeto de la tutela trasciende una discusión meramente
administrativa, por cuanto incide de manera directa en la garantía efectiva de los
derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal de la señora Quintero
García, quien ostenta la calidad de sujeto de especial protección por encontrarse
en situación de riesgo extraordinario derivada de su pertenencia a la ANFAP y
por las amenazas recibidas en razón de dicha situación.
63. De allí que las discusiones acerca de la demora en el trámite administrativo
impartido, así como de la procedencia de la adopción de medidas de seguridad
y protección, requieran la intervención urgente del juez constitucional en aras de
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evitar la materialización de un perjuicio irreparable. En efecto, conforme a lo
expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-107 de 2025, las
autoridades competentes deben actuar con diligencia y resolver las solicitudes
de protección dentro de un plazo razonable, ya que la demora injustificada o la
falta de respuesta oportuna puede tornar procedente la intervención del juez de
tutela para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales
comprometidos.
64. Inmediatez. También se acredita este requisito sin que sea necesario
constatar la fecha de ejecutoria, pues contra la Resolución MTPS-0434 del 06 de
junio de 2025 en la que se ordenó no ratificar y finalizar las medidas de protección
otorgadas a la señora Quintero García se interpuso recurso de reposición el 19
de junio de 2025 y los accionantes interpusieron la solicitud de amparo el 24 de
julio del mismo año. Es decir, se promovió la acción de tutela en un plazo
razonable para ejercer la acción constitucional.
2.3.3. Derechos a la vida y seguridad personal y el Programa de Prevención
y Protección de la UNP. Reiteración de jurisprudencia
65. La Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la vida y a la
seguridad personal de las personas que enfrentan riesgos extraordinarios
derivados de su actividad social o de su pertenencia a colectivos que han sido
objeto de hostigamientos7, debe concretarse en la adopción de medidas de
seguridad basadas en valoraciones técnicas que consideren las circunstancias
particulares de cada caso.
66. Tal deber adquiere especial relevancia cuando el beneficiario ostenta la
calidad de sujeto de especial protección o cuando el Estado tiene respecto de él
un deber reforzado de garantía, como ocurre en el presente caso, en el que la
señora Quintero García enfrenta una situación de amenaza derivada de su
pertenencia a la población firmante del Acuerdo de Paz.
67. Dichas medidas deben adoptarse en el marco del Programa de Prevención
y Protección que tiene a cargo, principalmente, la UNP, el cual es un
procedimiento administrativo eminentemente técnico, que se integra de distintas
etapas, que pueden resumirse así:
i. La UNP emite una orden de trabajo, para que el Cuerpo Técnico de
Análisis de Riesgo (CTAR) lleve a cabo de visitas de verificación en el
entorno de la persona valorada, recopile información proveniente de
autoridades competentes y elabore una matriz de riesgo.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-015 de 2022.
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ii. Análisis de la matriz de riesgo por parte del Comité de Evaluación de
Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), que recomienda las
medidas de seguridad idóneas y suficientes en cada caso.
iii. Expedición del acto administrativo correspondiente por parte de la UNP.
68. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la UNP tiene «un amplio
margen de discrecionalidad para llevar a cabo la evaluación del nivel del riesgo y
determinar las medidas de protección que deben ser adoptadas en favor de los
peticionarios»8. No obstante, este margen de discrecionalidad no es absoluto,
pues se encuentra limitado por las garantías que conforman el derecho al debido
proceso administrativo, «de allí que el procedimiento administrativo de evaluación
de riesgo e implementación de medidas de protección deba garantizar: (i) el
principio de legalidad, (ii) el derecho de defensa y contradicción, (iii) el deber de
motivación, (iv) la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos
procedimientos, (v) el derecho a impugnar las decisiones y, por último, (vi) el
plazo razonable»9.
69. Del mismo modo, se advierte que las decisiones adoptadas por la Unidad
Nacional de Protección deben sujetarse a un estándar reforzado de
motivación, acorde con la naturaleza de los derechos fundamentales en juego.
Por tanto, toda determinación relativa a la asignación, modificación o retiro de
medidas de seguridad debe fundarse en una evaluación técnica, objetiva y
actualizada del nivel de riesgo, que atienda las particularidades del beneficiario y
las condiciones del contexto. Una motivación deficiente, genérica o desprovista
de sustento probatorio desconoce las garantías propias del debido proceso
administrativo y el deber de protección reforzada del Estado, pudiendo generar
una afectación directa a los derechos fundamentales a la vida y la seguridad
personal.
70. Las subreglas jurisprudenciales sobre el deber de motivación de los actos
administrativos expedidos por la UNP en el marco del Programa de Prevención y
Protección se sintetizan así10:
Subregla Contenido Alcance
1 La evaluación del nivel de riesgo del La omisión injustificada de alguna variable
solicitante debe estar fundada y soportada o la valoración defectuosa de los medios de
en un examen integral e individualizado de prueba constituye una violación del debido
los factores de riesgo y amenaza del proceso administrativo.
peticionario. La UNP debe consignar todas
las variables en la matriz de calificación
implementada por la entidad.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-528 de 2024. En el mismo sentido, ver la Sentencia T-432 de
2024.
9 Ibidem.
10 Tabla extraída de la Sentencia T-528 de 2024 de la Corte Constitucional.
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Subregla Contenido Alcance
2 La evaluación del nivel de riesgo en la No basta con referencias generales a las
matriz de calificación debe especificar el conclusiones del CTAR o a las
puntaje de cada variable y el porcentaje de recomendaciones del CERREM.
riesgo ponderado.
3 La UNP debe adoptar medidas idóneas y La idoneidad significa que las medidas
eficaces en atención al riesgo del deben adecuarse a la situación de riesgo y
peticionario. a las condiciones particulares del
peticionario. La eficacia implica que las
medidas busquen prevenir la
materialización del riesgo o mitigar los
efectos de su eventual ocurrencia.
4 La UNP debe aplicar el enfoque diferencial Se presume el riesgo de ciertos sujetos y
en la determinación del nivel de riesgo, grupos; corresponde a la UNP desvirtuar
conforme al artículo 2.4.1.2.2. del Decreto dicha presunción, asumiendo la carga
1066 de 2015. probatoria y actuando de manera activa en
la comprobación del riesgo mediante
estudios técnicos rigurosos.
2.3.4. Análisis en el caso concreto de la vulneración de los derechos a la
vida y la seguridad de la accionante
71. La señora Maribel Quintero García, en su condición de secretaria general
encargada de la ANFAP, atribuye la presunta vulneración de sus derechos a la
seguridad y a la vida al hecho de que, mediante la Resolución MTPS-0434 del
06 de junio de 2025, se ordenó no ratificar y finalizar las medidas de protección
que le habían sido otorgadas, decisión que fue recurrida el 19 de junio de 2025.
72. A juicio de la accionante, dicha situación vulnera sus garantías
constitucionales, pues al ser integrante activo de la ANFAP, se encuentra
expuesta a un riesgo extraordinario que amenaza su vida, integridad física y
seguridad personal, y que requiere la adopción de medidas de protección
inmediatas por parte del Estado.
73. De la revisión del expediente, en relación con el cargo objeto de estudio,
esta Sección advierte que tal y como se expone en el escrito de tutela, el Grupo
de Recepción, Análisis, Evaluación de Riesgo y Recomendaciones —GRAERR
adscrito a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, dio apertura
a la orden de trabajo OT2025-0590, para llevar a cabo la reevaluación de nivel
de riesgo por hechos sobrevinientes, la cual fue asignada al analista de riesgo el
24 de abril de 2025.
74. En consecuencia, el 13 de mayo de 2025 se llevó a cabo el taller de
evaluación de riesgo colectivo, al cual asistió la señora Quintero García, y que en
«cumplimento de la de las decisiones adoptadas por la Mesa Técnica de
Seguridad y Protección la subdirectora de la Subdirección Especializada de
Seguridad y Protección en favor de ASOCIACION NACIONAL DE FIRMANTES
DEL ACUERDO DE PAZ- ANFAP suscribió Resolución MTPS-0434 del 06 de
junio de 2025».
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75. Asimismo, se evidenció que, según lo indicado por le informe rendido por
la UNP dicha resolución fue recurrida el 19 de junio de 2025 y «en la actualidad
se encuentra en términos para ser decidido, y se abordó en subcomisión de casos
del 05 de agosto y será decidido en Mesa Técnica programada para el día de hoy
11 de agosto».
76. No obstante, no se observó que la UNP hubiese aportado el acto
administrativo mediante el cual se resuelve el recurso de reposición, ni tampoco
se presentaron las razones motivadas que justificaran la finalización de las
medidas de protección otorgadas a la accionante. Además, de la revisión del
expediente se advierte que han transcurrido cuatro meses desde la presentación
del recurso sin que la UNP hubiese acreditado haber resuelto el recurso, lo que
evidencia un desconocimiento de la garantía de plazo razonable que debe
orientar este procedimiento. Esto, en tanto este tipo de dilaciones puede agravar
la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante a la vida, y la
seguridad personal, los cuales requieren de una protección activa y efectiva por
parte del Estado.
77. En este sentido, debido a que la UNP no acreditó haber dado respuesta al
recurso de reposición dentro de un plazo razonable, situación que la Corte ha
señalado como esencial para garantizar el debido proceso y la protección efectiva
de los derechos fundamentales, como la vida, integridad personal y seguridad,
se considera necesario ordenar una actuación inmediata por parte de la entidad.
En efecto, tal como lo hizo el máximo tribunal constitucional en la sentencia T-107
de 2025, la dilación injustificada en la adopción de decisiones que afectan
derechos fundamentales puede agravar la vulnerabilidad de la persona y
comprometer la efectividad de la protección estatal, razón por la cual se requiere
un plazo concreto para la resolución de estos asuntos.
78. En consecuencia, se ordenará a la UNP que, en un plazo máximo de 30
días, expida la correspondiente resolución en la que reevalúe el riesgo de la
accionante y, de ser el caso, defina las medidas de protección que resultasen
procedentes según la situación concreta de la accionante. Este acto
administrativo deberá garantizar el debido proceso de la accionante y estar
debidamente motivado, conforme a los los criterios jurisprudenciales establecidos
por la Corte Constitucional para la protección de personas en situación de riesgo,
especialmente los señalados en la Sentencia T-107 de 2025, que refuerzan la
necesidad de motivación integral, transparencia y razonabilidad en los actos
administrativos que afectan derechos fundamentales, garantizando así la
protección efectiva de la vida y seguridad de quienes se encuentran bajo
esquemas de protección del Estado.
79. Finalmente, la sala destaca que la accionante puso de presente la
necesidad de que la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la
Nación hagan el seguimiento y acompañamiento a la implementación de dichas
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medidas, con el fin de garantizar su correcta ejecución en beneficio de los
miembros de la ANFAP.
80. Dado que la solicitud de amparo fue coadyuvada por la Defensoría del
Pueblo, la Sala exhortará a dicha entidad para que, en el marco de sus funciones
constitucionales y legales, acompañe a la UNP en el cumplimiento de la anterior
orden, para garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos
fundamentales de la señora Mabel Quintero García, particularmente en lo que
hace a la identificación de su nivel de riesgo.
2.4. Segundo cargo: vulneración del derecho de petición de la asociación
accionante
81. En la demanda de tutela, los actores alegaron la presunta violación del
referido derecho, debido a que el presidente de la República no ha dado una
respuesta de fondo a la petición presentada el 28 de mayo de 2025.
82. En concreto, mediante la comunicación en mención, los integrantes de la
ANFAP denunciaron la falta de oportunidades de participación ciudadana y
solicitaron ser incluidos en todos los espacios y entidades creadas en el marco
del Acuerdo de Paz, con el propósito de ejercer la representación de la población
firmante. Asimismo, requirieron que se les informaran los requisitos necesarios
para acceder a dichos escenarios participativos. Finalmente, solicitaron que el
presidente de la República y su gabinete sostuvieran una reunión para abordar
asuntos relacionados con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y exponer la
situación de desprotección que afrontan los miembros de la ANFAP, derivada,
según manifestaron, de la ausencia de garantías efectivas para su participación,
seguridad y reincorporación social y económica, lo cual, a su juicio, pone en
riesgo la materialización de los compromisos asumidos en el proceso de paz.
83. Esta petición fue dirigida al presidente de la República, con copia a
diversas autoridades vinculadas al trámite tutelar, entre ellas la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización, la Defensoría del Pueblo, la Corte
Constitucional, la UNP, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, los
ministerios del Interior, Justicia y Defensa Nacional, el INPEC y la CICR.
84. No obstante, el estudio de la posible vulneración al derecho de petición se
adelantará únicamente frente al presidente de la República, en virtud de que,
según lo señalado por los tutelantes, la acción fue interpuesta exclusivamente
contra esta autoridad y las pretensiones formuladas no solo en el escrito de tutela
sino en la petición se centran únicamente en que sea el jefe de Estado quien
proporcione una respuesta clara y de fondo a la solicitud radicada el 28 de mayo
de 2025.
85. Una vez expuesto lo anterior, resulta pertinente precisar que, de la revisión
del expediente, se advierte que el presidente de la República emitió respuesta
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mediante el oficio radicado EXT25-00077776 del 18 de junio de 2025. En dicho
documento se indicó que no era posible realizar la reunión solicitada por la
accionante, debido a compromisos previamente programados en su agenda
oficial.
86. De igual forma requirió a la parte accionante para que precisara los
asuntos que deseaban tratar con el presidente de la República, para tramitar la
solicitud conforme al artículo 17 de la Ley 1755 de 201511.
87. Sin embargo, la respuesta del presidente de la República no resolvió de
fondo todos los asuntos consultados, limitándose a señalar la imposibilidad de
llevar a cabo la reunión con la asociación tutelante.
88. En efecto, se observa que la petición incluyó otras solicitudes relativas a
la apertura de espacios de participación y a la indicación de los requisitos para
tal fin. Frente a tales cuestiones, se observa una ausencia de respuesta de fondo
por parte de la autoridad, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado.
89. Si bien la entidad solicitó la ampliación de la petición citando el artículo 17
de la Ley 1755 de 2015, lo cierto es que tampoco le indicó al peticionario los
aspectos concretos que requieren aclaración y que tornan la solicitud incompleta
de manera que se impida la decisión de fondo.
90. Por consiguiente, la Sala accederá al amparo deprecado por la ANFAP
frente a la Presidencia de la República – Unidad de Implementación del Acuerdo
Final de Paz y Oficina del Alto Comisionado para la Paz, puesto que se encuentra
vulnerado el derecho fundamental de petición de la parte actora en relación con
todos los asuntos contenidos en la petición del 28 de mayo de 2025.
91. En consecuencia, se le ordenará a la Presidencia de la República – Unidad
de Implementación del Acuerdo Final de Paz que, en el término de 48 horas,
computadas a partir de la notificación de la presente decisión, emita una
respuesta completa, de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado por la Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz (ANFAP)
el 28 de mayo de 2025.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
11 En el informe que presentó esta entidad, aportó copia de dicha respuesta, así como de su
trazabilidad y el certificado de entrega CERT25-003667 / GFPU 13083000 del 12 de agosto de
2025.
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III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la
Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz, su presidente y secretaria
general para solicitar la salvaguarda de los derechos fundamentales de los
miembros de la junta directiva y los coordinadores regionales de la asociación.
SEGUNDO: DECLARAR la cosa juzgada frente a la pretensión de ordenar la
adopción de medidas de seguridad y protección en favor del presidente de la
Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental a la seguridad y vida de la
señora Maribel Quintero García y en consecuencia ORDENAR a la UNP que, en
el término de 30 días, contado desde la notificación de esta providencia, expida
la resolución en la que reevalúe el riesgo de la accionante y, de ser el caso, defina
las medidas de protección que resultasen procedentes, según la situación
concreta de la accionante. Este acto administrativo deberá garantizar el debido
proceso de la accionante y estar debidamente motivado, conforme a los los
criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional para la
protección de personas en situación de riesgo, especialmente los señalados en
la Sentencia T-107 de 2025.
CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la parte actora y,
en consecuencia: ORDENAR a la presidencia de la República – Unidad de
Implementación del Acuerdo Final de Paz que, en el término de 48 horas,
computadas a partir de la notificación de la presente decisión, emita una
respuesta completa, de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado por la Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz (ANFAP)
el 28 de mayo de 2025.
QUINTO: EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus
funciones constitucionales y legales, acompañe a la Unidad Nacional de
Protección en el cumplimiento de la orden contenida en el resolutivo tercero de
esta providencia, a fin de garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos
fundamentales de la señora Mabel Quintero García, particularmente en lo que
hace a la identificación de su nivel de riesgo.
SEXTO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la
Nación y la Unidad Nacional de Protección.
SÉPTIMO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Comité
Internacional de la Cruz Roja.
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OCTAVO: ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia a la parte actora presentada
por la Defensoría del Pueblo.
NOVENO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
DÉCIMO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salvamento parcial de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salvamento parcial de voto
ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ
Conjuez
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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