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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03963-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03963-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 25 de julio de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01 revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03963-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

9 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Gilma Torres Varón y otro
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03963-01
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Se confirma el amparo.
Vulneración al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
La autoridad accionada incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento
del precedente jurisprudencial

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Tribunal Administrativo del
Tolima contra el fallo de tutela de 25 de julio de 2025, mediante el cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de la parte accionante.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. En el año 2017, la parte accionante en ejercicio del medio de control de
reparación directa presentó demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y
perjuicios que les fueron causados, con ocasión de la ejecución
extrajudicial del señor Marco Fidel Ángel Sánchez por miembros del
Batallón de Infantería No. 18 de la ciudad de Ibagué del Ejército
Nacional.

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1.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, en sentencia
de 30 de noviembre de 2020, declaró administrativa y patrimonialmente
responsable a la demandada del homicidio de Marco Fidel Ángel
Sánchez y, en consecuencia, la condenó al pago de perjuicios morales,
entre otras medidas de reparación integral.

1.3. Inconforme con la anterior decisión, tanto el extremo demandante como
la entidad demandada presentaron recurso de apelación.

1.4. Mediante sentencia de 21 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Tolima revocó la sentencia de primera instancia, al
declarar de oficio la caducidad del medio de control.

1.5. La decisión anterior fue dejada sin efectos mediante fallo de tutela de
20 de febrero de 2025 proferido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado y, en consecuencia, se ordenó al tribunal accionado proferir un
fallo de reemplazo que tuviera en cuenta que, conforme el precedente
unificado del Consejo de Estado el término de caducidad se debe
empezar a contar desde el momento en que los demandantes tuvieron
conocimiento de la participación de los agentes estatales, no desde la
ocurrencia del hecho dañoso.

1.6. El 29 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima dictó
sentencia de reemplazo resolviendo revocar el fallo de primera instancia
y, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de caducidad, al
considerar que desde el mes de enero de 2013 la parte accionante “[…]
tenía conocimiento del daño y de su imputabilidad a la entidad
demandada […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en la vulneración
de sus derechos fundamentales alegados, por haber incurrido en defecto
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

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Respecto del defecto fáctico explicó que el fallo cuestionado interpretó
equivocadamente el material probatorio contenido en el expediente, toda vez
que, del acta de información de los derechos de las víctimas de enero de 2013
no se puede inferir la realidad procesal concreta respecto de la responsabilidad
penal de miembros del Ejército Nacional.

Igualmente, recordó que el proceso penal contra agentes del Estado avanzó
únicamente desde el año 2014 y se consolidó una tesis de responsabilidad
hasta el año 2017.

Enfatizó que en ningún momento estuvo “[…] en debate que la investigación
penal siempre tuvo presente que la muerte del señor MARCO FIDEL ÁNGEL
SÁNCHEZ fue a manos del Ejército Nacional, por lo cual, eso no era un
misterio por descubrir, pero no es cierto que la señora GILMA TORRES
VARÓN para la fecha del 11 de enero de 2.013, podía anticipar o conocer que
la muerte de su ser querido fue ilegitima, y que podía imputarle el daño
antijuridico al Estado, no existe una sola evidencia de eso, menos por la simple
firma de una fotocopia, que no significó nada para la accionante […]”.

Adujo que el tribunal accionado se equivocó “[…] al pretender exigir que una
mujer desparada tenía que acceder a demandar cuando firmó una hoja que
dice contener unas letras que hablan de derechos y que por ese solo acto, se
supone que ya debía acceder al expediente penal que estaba bajo custodia de
una Fiscal en la capital del Tolima, en un edificio lujoso, que la señora GILMA
TORRES VARÓN ni siquiera conocía y menos sabía cómo proceder, quien no
tenía la capacidad económica para contratar un abogado, cuando difícilmente
conseguía el sustento para su hija menor de edad y sus padres ancianos,
razones suficientes para que el Honorable Consejo de Estado, analice si
verdaderamente esta víctima para ese año 2.013 estaba obligada a demandar,
menos cuando ni siquiera la Fiscal delegada había empezado la investigación
penal con la individualización e identificación de los militares responsables
[…]”.

Advirtió que para el año 2013 no se conocía la identidad de las personas que

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habían participado en el homicidio de la víctima, por lo que la conclusión del
tribunal accionado no encuentra sustento en el contenido del acta de derechos
de las víctimas.

Afirmaron que: “[….] no era posible que la demandante GILMA TORRES
VARÓN, anticipe un daño antijuridico con la simple firma de un formato que ni
siquiera le fue leído o explicado, además, que dicho documento no constituye
para nada un requisito de obligatoriedad para acceder a demandar, menos
cuando la investigación estaba empezando y no existía un conocimiento claro
soportado en elementos de convicción sobre la responsabilidad penal de algún
militar, es más, ni siquiera estaban vinculados a la indagación, cuando lo que
sí existían eran dudas, por lo cual, tampoco estaba obligada para acceder al
expediente penal y menos tenía conocimiento o los medios para hacerlo […]”.

También se reprochó que la sentencia cuestionada no tuvo en cuenta la
dificultad de la investigación penal de las ejecuciones extrajudiciales y del
fenómeno de impunidad que rodeó dicha práctica. En el caso concreto solo se
pudo conocer pues, una de las personas responsables del homicidio de la
víctima rompió el pacto de silencio y delató a los demás responsables.

En relación con el defecto sustantivo, indicaron que se desconocieron los
estándares constitucionales e interamericanos respecto a las condiciones
necesarias para demandar al Estado por la comisión de un delito de lesa
humanidad. En tal sentido, precisaron que, “[…] de haber demandado en ese
entonces, con seguridad sus pretensiones hubieran sido despachadas
desfavorablemente por la falta de pruebas que muestren un daño antijuridico
imputable al Estado, pues solo con el paso de los años, fue que los militares
implicados fueron vinculados al proceso penal ordinario y sancionados
penalmente, toda vez que la Jurisdicción Penal Militar los absolvió por estos
hechos […]”.

En cuanto al desconocimiento del precedente adujo que el tribunal accionado
desatendió las pautas y requisitos que deben ser observados por los jueces
para el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación

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directa cuando se pretende la reparación por delitos de lesa humanidad.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…]
PRIMERO: Que sean AMPARADOS y/o TUTELADOS, los derechos
fundamentales invocados derivados de la responsabilidad patrimonial del
Estado a favor de la señora GILMA TORRES VARÓN Y OTRO., los
cuales fueron vulnerados dentro del MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, por la decisión de
segunda instancia del 29 de mayo de 2.025, bajo el Radicado No. 73001-
33-33-005-2017-00389-01, proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, PONENTE: MAGISTRADO LUIS
EDUARDO COLLAZOS OLAYA, quien REVOCÓ la sentencia de primera
instancia fallada por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, TOLIMA, declarando de oficio la excepción
de caducidad.

En consecuencia, de lo anterior,

SEGUNDA: Se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del 29
de mayo de 2.025, bajo el Radicado No. 73001-33-33-005-2017-00389-
01, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA,
PONENTE: MAGISTRADO LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, y en
su lugar, se ordene al accionado dictar una nueva decisión acogiendo los
siguientes puntos:

▪ Garantizar los derechos invocados por las accionantes efectuando un
análisis juicioso de la CADUCIDAD del MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA citado, desde una perspectiva favorable y
flexible a los intereses de las víctimas por tratarse de un delito grave que
se constituye de lesa humanidad.

▪ Que se realice un análisis juicioso del material probatorio obrante en el
proceso por tratarse de un caso particular debido a las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos, donde hubo
participación de la RIME 5 con el aporte de inteligencia para fraguar la
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL U HOMICIDIO EN PERSONA
PROTEGIDA del señor MARCO FIDEL ÁNGEL SÁNCHEZ.

▪ Que se realice un análisis riguroso dando aplicación al CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD, de conformidad a lo presupuestado por el
Honorable Consejo de Estado en la Sentencia No. 202100097-01,
SENTENCIA DE REVISIÓN DEL FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA –
SU-312, la cual no estableció una regla de unificación / FALLO DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA

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PLATA Bogotá D.C., del treinta (30) de agosto de dos mil veintiuno
(2.021), Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00097-01, Actor:
CASTAÑEDA TÉLLEZ Y OTROS.

TERCERA: Que se ordene por la Secretaría General, se libren las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991
[…]”.

II. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó negar el amparo deprecado por
la parte accionante al considerar que la vulneración de derechos
fundamentales alegada por la parte actora es inexistente.

Explicó que la providencia cuestionada se produjo después de un fallo de tutela
de la Sección Quinta de esta Corporación que, como juez constitucional,
ordenó proferir una decisión que tuviera en cuenta las dificultades que tuvo la
tutelante para conocer todos los elementos de la responsabilidad de las
entidades demandadas.

Advirtió que, conforme el material probatorio obrante en el proceso de
reparación directa se podía concluir razonadamente que, desde enero de 2013
cuando la Fiscalía General de la Nación leyó a la tutelante el acta de derechos
de las víctimas, las accionantes tuvieron acceso a la información que les
hubiera permitido demandar al Ejército Nacional.

2. El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional rindió informe en el
que manifestó que la presente acción de tutela carece de relevancia
constitucional porque se está utilizando como una instancia adicional al
proceso contencioso.

Adujo que la decisión acusada no vulneró los derechos fundamentales porque
se fundamentó en un análisis de todas las pruebas obrantes en el proceso que
le permitió a la autoridad accionada concluir que los demandantes tuvieron
conocimiento de la causa de la muerte del señor Marco Fidel Ángel Sánchez
desde el mes de enero de 2013.

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III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo
de 25 de julio de 2025, amparó los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, dejó sin efectos
la sentencia de 29 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima y le ordenó proferir una nueva decisión.

Como sustento de lo anterior, el a quo sostuvo que “[…] el razonamiento del
Tribunal Administrativo, conforme al cual, la entrega del acta de derechos de
las víctimas es el momento desde el que debía contabilizarse el término de
caducidad resulta carente de razonabilidad, pues se trata de una fotocopia
genérica que no informa el contenido concreto del avance de las
investigaciones penales y la identificación de los responsables, pero
especialmente, que el homicidio de Marco Fidel Ángel Sánchez no fue una
baja legítima en combate y que fue responsabilidad de agentes estatales […]”.

En adición a lo anterior, expuso que:

“[…] No se trata de que las tutelantes tuvieran que conocer el nombre de
las personas que cometieron el ilícito, esto pues la responsabilidad estatal
es anónima, pero si resultaba fundamental conocer elementos de tiempo,
modo y lugar, respecto a que la muerte de Marco Fidel ángel Sánchez fue
resultado de una operación ilegal dirigida a engañar a la víctima, ponerla
en estado de indefensión y permitir ser asesinada por agentes estatales.
Para lo anterior, resultaba necesario el avance de las investigaciones
penales, las cuales, solo se produjeron después de la delación del
particular (denominado civil reclutador) que en abril de 2014 decidió
delatar a los agentes oficiales que participaron en el homicidio de Marco
Fidel Ángel Sánchez.

Resulta relevante que, el acta de derechos de las víctimas que utilizó el
Tribunal accionado como inicio del término de caducidad, en efecto, es
una fotocopia genérica que no contiene información concreta sobre el
carácter ilegítimo del homicidio de la víctima. Como ya se expuso dentro
de esta providencia al momento de examinar la relevancia constitucional,
la fotocopia del acta de derechos de las víctimas es un documento
genérico que informa el contenido del artículo 11 de la Ley 906 de 2004,
pero no ofrece información que permita de manera seria y adecuada
iniciar el medio de control de reparación directa. […]”.

A partir de lo expuesto, el juez de primera instancia concluyó que el Tribunal

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Administrativo del Tolima le dio un alcance que no tiene a una fotocopia, por
lo que incurrió en defecto fáctico.

Adicionalmente, consideró que el tribunal accionado incurrió en
desconocimiento del precedente al desconocer “[…] la regla hermenéutica
fijada en la Sentencia SU-241 de 2024, que establece la imposibilidad de
condenar en costas a la parte demandante, pero especialmente, porque la
providencia cuestionada, no solo ignoró todo el precedente judicial posterior a
la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, sino, especialmente,
porque en la providencias como los fallos SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024
se fijaron reglas que todo juez administrativo debe conocer respecto del
momento para presentar la demanda de reparación directa respecto a casos
de ejecuciones extrajudiciales cuyas víctima fueron civiles presentados como
bajas en combate […]”.

En tal sentido, precisó que las anteriores “[…] reglas jurisprudenciales exigen
aplicar un enfoque flexible respecto de este requisito, pero especialmente,
observar con adecuada atención la información concreta con la que contaban
las víctimas al momento de presentar la demanda de reparación directa. Se
itera no es serio ni constitucional exigir a las víctimas que acudan ante la
jurisdicción contencioso administrativa únicamente con sospechas o rumores,
y sin los medios de prueba suficientes para desvirtuar discursos oficiales que
negaron tan graves hechos […]”.

IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Tolima impugnó el fallo del a quo, al considerar
que la decisión adoptada se encuentra ajustada a derecho, en tanto se
fundamentó en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida
por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que se
“[…] estableció que para computar el término de caducidad es necesario
determinar que el interesado tuvo la posibilidad de saber que el Estado
participó en los hechos que dieron lugar al daño, esto es, el grupo familiar
conoce la muerte de uno de sus miembros y que el Estado estuvo implicado

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en la misma, sin que ello requiera de la individualización o sanción penal del
agente que ocasionó el daño, sino simplemente el conocimiento de la
intervención de una autoridad […]”.

Advirtió que “[…] la actora no acreditó que se encontrara ante una barrera para
acceder a la administración de justicia, por el contrario, a partir del 11 de enero
de 2013 la Fiscalía General de la Nación le dio a conocer sus derechos como
víctima dentro del proceso penal que se adelantaba por el homicidio de su
compañero permanente, lo cual le daba derecho a acceder al expediente
penal, en el que reposan informes del ejército y demás documentos que le
permitían inferir una posible participación del Estado en el hecho dañoso, sin
que se requiera la individualización o sanción penal de quien lo cometió, y en
ese sentido, podía acudir a la administración de justicia para pretender el
reconocimiento de perjuicios, pues, tan solo era necesario que tuviera
conocimiento de la intervención de la autoridad […]”.

Aclaró que si bien la parte actora fue reconocida como víctima en la audiencia
de formulación de acusación celebrada el 2 de marzo de 2017, “[…] esto es
un acto que ocurrió dentro del desarrollo del proceso penal, pero con
anterioridad y en la etapa de investigación penal adelantada por la Fiscalía
General de la Nación, las demandantes ya se les había dado a conocer sus
derechos como víctimas por la muerte de Marco Fidel Ángel, por lo que se
entiende que a partir de ese momento ya tenían conocimiento de los hechos
por los cuales eran consideradas víctimas y podían desde ese instante
acceder al expediente de manera directa o a través de un profesional que las
representara […]”.

Indicó que para el momento en que se inició la investigación penal por parte
de la Fiscalía General de la Nación se tenía conocimiento de que la muerte del
señor Marco Fidel Ángel ocurrió presuntamente en hechos en que resultaba
involucrados miembros del Ejército Nacional, tal como se aprecia en el informe
de investigador de campo FPJ-11 del 5 de febrero de 2013, con el que se
adjuntan las actas de derechos de las víctimas.

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Adujo que las accionantes al suscribir el acta de derechos de las víctimas
tenían la posibilidad de acceder al expediente penal, por lo tanto, desde ese
momento resulta acertado inferir que conocían sobre la posible participación
de miembros de las fuerzas militares en la muerte de su familiar.

En conclusión, solicitó revocar el fallo de primera instancia por cuanto no
vulneró ningún derecho de orden fundamental de la parte actora y, en
consecuencia, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí controvertida vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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3. Caso concreto

3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales

La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad,
en razón a que: i) se cumple el requisito de subsidiariedad porque el
accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial; ii) la acción de tutela
se presentó dentro de un término razonable; iii) la situación a la cual se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; iv) no se alega la existencia de una
irregularidad procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y v) la
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso
de tutela.

Respecto del requisito de relevancia constitucional, cabe mencionar que este
se tiene por cumplido siempre que se evidencie, a primera vista, la posible
afectación o vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial
de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces3.

En el presente asunto, se tiene por satisfecho este requisito, por cuanto la parte
actora identificó y explicó las garantías constitucionales que alega vulneradas
por parte del tribunal accionado, adicionalmente, argumentó la presunta
vulneración desde la óptica de la protección que la Constitución Política ofrece
a estos bienes jurídicos superiores, motivo por el cual la inconformidad no gira
respecto de un asunto de mera legalidad de la decisión atacada, sino que
involucra los derechos fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión de
haberse declarado la caducidad del medio de control de reparación directa.

3Corte Constitucional, sentencia de tutela T-102 de 2006, Magistrado ponente Humberto
Antonio Sierra Porto. En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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3.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

En el caso objeto de estudio, el Tribunal Administrativo del Tolima impugnó el
fallo de primera instancia que amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, al considerar que no
incurrió en defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente.

Por el contrario, en su criterio la decisión objeto de censura se encuentra
debidamente fundamentada tanto en la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado como en el análisis de los medios de pruebas allegados al proceso
de reparación directa identificado con el número único de radicación 73001-33-
33-005-2017-00389-01.

En la sentencia objeto de tutela, el tribunal accionado efectuó el siguiente
análisis probatorio:

“[…]
• El 23 de diciembre de 2007, falleció Marco Fidel Ángel Sánchez.

• Escritos de Acusación dentro del radicado Nro. 73001-60-00-450-2010-
00079 por el delito de homicidio en persona protegida y concierto para
delinquir en contra de Edwin Hermides Posada, Wilson Granada Díaz,
Jorge Eliecer Gaitán Duque y Edward Lain Bermúdez.

• Mediante proceso penal con radicación No. 7300160004502010007900,
se adelantó la investigación por la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez,
ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué.

• El 14 de febrero de 2014, la Fiscalía presentó escrito de acusación en
contra de Eduard Lain Bermúdez Cardona, como autor de la conducta
punible de concierto para delinquir y coautor del punible correspondiente
al homicidio del señor Marco Fidel Ángel Sánchez y la formulación de
acusación el 24 de octubre de 2016.

• El 10 de agosto de 2017, se presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial.

• El 17 de noviembre de 2017, la parte actora presentó la demanda.

En atención a la prueba de oficio decretada mediante auto del 13 de
marzo de 2025, se aportaron al proceso los siguientes documentos:

• Mediante oficio del 7 de abril de 2025, el Fiscal 239 Local de la Dirección

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Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, indicó que:
“(…) Ahora bien, en punto a la solicitud, y luego de revisar las carpetas de
la investigación, se tiene que mediante informe de investigador de campo
número 73- 31447 de fecha 5 de diciembre de 2013, se logró la ubicación
de las víctimas indirectas del homicidio del señor MARCO FIDEL ÁNGEL
SÁNCHEZ. Del informe se destaca lo siguiente: (...) PUNTO Nro. 3. 11-1-
2013, Se ubicó a los señores GILMA TORRES VARGAS, c.c. 28.917.363;
(COMPAÑERA sentimental del hoy occiso, y progenitora de la menor
YAJAIRA ANGEL TORRES)..., personas a quienes se les enteró del
derecho que tienen como víctimas indirectas, firmando las respectivas
actas.”

• Mediante informe de investigador de campo FPJ-11 del 5 de febrero de
2013 de la Policía Judicial, se indicó:

“(…) PUNTO Nro. 3. 11-1-2013, Se ubico a los señores GILMA TORRES
VARGAS, c.c 28.917.363 (COMPAÑERA sentimental del hoy occiso, y
progenitoria de la menor YAJAIRA ÁNGEL TORRES); (…) personas a
quienes se les entero del derecho que tienen como víctimas indirectas,
firmando las respectivas actas (…)”.

• Acta de derechos de las víctimas suscrita por Gilma Torres Varón, en la
que le informaron que tenía derecho a:

Recibir atención y protección inmediata Recibir durante todo el proceso
un trato humano y digno
Obtener medidas de atención y protección
Recibir información, intervención en la actuación penal,
Ser oída y a que se les facilite el aporte de pruebas
Intervenir en todas las fases de la actuación penal
Ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal
Recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que
señala la ley
Ser asistida durante el juicio y el incidente de reparación integral si el
interés de la justicia lo exigiere
Que se consideren sus intereses al adoptar una decisión de discreción
sobre la persecución del injusto
Ser asistida gratuitamente por un traductor o interprete en el evento de no
conocer el idioma o ser limitado.

• Mediante oficio del 31 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Ibagué,
informó que17: “(…) Ahora bien, de acuerdo al requerimiento efectuado al
Despacho mediante auto del 13 de marzo de 2025, se informa a su
honorable Despacho que, en la audiencia de formulación de acusación
del 02 de marzo de 2017, el Juzgado Primero Penal Especializado,
solamente reconoció con víctima a la menor Mildred Yanaira Ángel Torres,
representada por la señora Gilma Torres.” […]”. [Negrillas del texto
original]

A partir de lo anterior, el tribunal accionado consideró que “[…] se puede inferir
que las demandantes tuvieron conocimiento de la existencia de la
investigación penal por la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez, el día 11 de

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enero de 2013, fecha en la que se suscribió el acta de derechos de las víctimas
por parte de Gilma Torres Varón […]”. Además, sostuvo lo siguiente:

“[…] Pues bien, dentro de las pruebas aportadas al proceso,
especialmente la allegada en virtud de la prueba decretada de oficio, se
advierte que: i) a las demandantes se les hizo saber sus derechos como
víctimas dentro de la investigación penal iniciada por la muerte de Marco
Fidel Ángel por parte de Policía Judicial desde el 11 de enero de 2013,
según lo informado por la Fiscalía 239 Local de la Dirección Especializada
contra las Violaciones a los Derechos Humanos, para lo cual aportó el
informe de investigador de campo FPJ11 del 5 de febrero de 2013, que
contiene como anexo el acta de derechos a las víctimas firmada por Gilma
Torres Varón, y ii) se reconocieron como víctimas dentro del proceso
penal el 2 de marzo de 2017, en audiencia de formulación de acusación
por el Juzgado Primero Penal Especializado de Ibagué.

En este sentido, es indispensable indicar que el Consejo de Estado en la
sentencia de tutela antes citada, indicó que un punto de referencia para
contabilizar el término de caducidad sería la fecha en que se tuvo la
posibilidad de acceder al expediente penal; y en esta oportunidad, si bien
las demandantes fueron reconocidas como víctimas en la audiencia de
formulación de acusación el día 2 de marzo de 2017; esto es un acto que
ocurrió dentro del desarrollo del proceso penal, pero con anterioridad y en
la etapa de investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la
Nación, las demandantes ya se les había dado a conocer sus
derechos como víctimas por la muerte de Marco Fidel Ángel, por lo
que se entiende que a partir de ese momento ya tenían conocimiento
de los hechos por los cuales eran consideradas víctimas y podían
desde ese instante acceder al expediente de manera directa o a
través de un profesional que las representara.

[…]

Así es que, en el acta suscrita por Gilma Torres Varón del 11 de enero
de 2013, se enlistaron todos los derechos que tenía como víctimas
dentro del cual está “(…) Recibir información, intervención en la
actuación penal”

[…]

Es decir, que al suscribir el acta de derechos de las víctimas al tratarse
del primer contacto con las autoridades, las aquí demandantes ya tenían
la posibilidad de acceder al expediente y tener conocimiento acerca de los
hechos por los que eran consideradas víctimas del homicidio de Marco
Fidel Ángel, por lo tanto, desde ese momento es que se infiere que
conocían sobre la posible participación de miembros de las fuerzas
militares en la muerte de su familiar; pues, no era posible que la autoridad
al momento de darle a conocer sus derechos no les indicara los hechos
por los cuales se consideraban víctimas, o que estas la suscribieran sin
saber las razones por las cuales lo hacían.

Cabe aclarar que una cosa es el término de caducidad para ejercer la
acción, que en este caso sería desde el momento en que tuvieron

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conocimiento de la posible participación de miembros del Estado en el
hecho que originó el daño, y otra es que los afectados consideren que el
resultado del proceso penal adelantado por el homicidio en el que resultan
involucrados miembros de las fuerzas militares, es trascendental para
definir el sentido del fallo que se llegue a proferir dentro del medio de
control de reparación directa; pues, como lo indicó el Consejo de Estado,
lo que deben hacer es presentar la demandan en tiempo y cuando el
proceso esté para proferir sentencia solicitar suspensión por
prejudicialidad. […]”. [Negrillas por fuera de texto]

Con fundamento en las anteriores consideraciones el tribunal accionado
resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar
probada de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa.

Ahora bien, el acta de derechos de las víctimas suscrita por la señora Gilma
Torres Varón el 11 de enero de 2013 contiene la siguiente información:

Para la Sala el anterior medio de convicción no tiene el alcance probatorio
que le dio el tribunal en la providencia acusada, por cuanto el acta de
derechos de las víctimas es una fotocopia genérica que de manera didáctica
informa el contenido del artículo 11 de la Ley 906 de 2004, pero que no
aporta información concreta del proceso penal.

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De ahí que tal como lo consideró el juez de primera instancia se trata de una
fotocopia genérica que no informa el contenido concreto del avance de las
investigaciones penales, de la identificación de los responsables y muchos
menos que el homicidio del señor Marco Fidel Ángel Sánchez fue una baja
ilegítima en combate y que fue responsabilidad de agentes estatales.

Por tanto, se comparte el raciocinio efectuado por el a quo al considerar que
el “[…] Tribunal Administrativo de Tolima le dio un alcance que no tiene a la
mencionada acta de derechos de las víctimas. En criterio de la autoridad
judicial accionada con esta sola fotocopia, las tutelantes ya debían contar
con la convicción suficiente para concluir que el homicidio de su familiar
(compañero permanente y padre) fue resultado de un engaño dirigido a
presentar civiles como bajas legítimas en combate. Sin embargo, examinado
el contenido de la fotocopia, ello no se compadece con la conclusión del
Tribunal accionado. La fotocopia que sirvió de inició del término de caducidad
solo ilustra de manera didáctica el contenido general de los derechos
reconocidos a las víctimas dentro del proceso penal […]”.

En ese orden de ideas, la Sala considera que el tribunal accionado al valorar
el acta de derechos de las víctimas suscrita por la señora Gilma Torres Varón
el 11 de enero de 2013 efectuó un análisis que se encuentra manifiestamente
irracional y alejado de las reglas de la sana crítica, motivo por el cual incurrió
en defecto fáctico.

Como consecuencia del defecto fáctico, para la Sala el tribunal accionado
también incurrió en desconocimiento del precedente establecido por el
Consejo de Estado y por la Corte Constitucional relativo al término de
caducidad en los procesos de reparación directa en los que se discute la
ocurrencia de un daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la
comisión de un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra.

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Ello, en razón a que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante providencia de 29 de enero de 20204, unificó su
jurisprudencia en el sentido de que el término de caducidad comienza a
contarse, “[…] salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación
legal expresa, […] desde cuando los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial […]” y “[…] el término
pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez
superadas, empezará a correr el plazo de ley […]”.

En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional5 ha precisado que
“[…] la sola ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el
cómputo del término de caducidad, lo cual no implica desconocer dicha
institución jurídico procesal, sino que es necesario que el juez realice una
valoración de las circunstancias particulares de cada caso para
determinar desde cuándo se debe aplicar dicho término y en el que
deben analizarse aspectos relacionados con: (i) la calidad de los
accionantes como sujetos de especial protección constitucional al haber
sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii) el momento en el
que las víctimas tuvieron la posibilidad real de advertir que la
pretensión de reparación directa resultaba procedente de acuerdo con
el artículo 90 de la Constitución; y (iii) la posibilidad material de las víctimas
de acudir a la justicia debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la
que se encuentran […]”6.

Sumado a lo anterior, cabe destacar que en la sentencia SU-439 de 2024 la
Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de la parte actora
al considerar que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico al inferir
que los demandantes tuvieron conocimiento de la posible intervención de
agentes del Estado en la ejecución extrajudicial de la víctima a partir de una

4 Expediente No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).
5 Sentencias SU-167 de 2023, SU-241 de 2024 y SU-439 de 2024.
6 Sentencia SU-241 de 2024.

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entrevista que rindieron ante la Fiscalía General de la Nación. En dicha
decisión se precisó lo siguiente:

“[…] 128. Según el Tribunal Administrativo del Tolima, lo anterior es
suficiente para considerar que, al menos desde la fecha de tal entrevista,
la demandante “tenía la posible acción calculada de los miembros del
Ejército Nacional, traducida en la ejecución extrajudicial del señor Jorge
Armando Guevara Pérez, toda vez que desde allí era advertible para la
parte actora la intervención del Estado en tales hechos y la posible
imputación del hecho dañoso”. Pese a ello, la demanda fue radicada el 29
de mayo de 2019, momento para el cual el medio de control habría
caducado.

129. Para la Sala Plena de la Corte Constitucional, tal valoración de la
autoridad judicial accionada es ciertamente insuficiente. Analizada la
extensa información del proceso penal que se encontraba a disposición
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde la formulación
del medio de control, en la investigación iniciada desde el año 2008 por la
Fiscalía General de la Nación, las presuntas víctimas tuvieron
participación directa en el proceso a través de las entrevistas rendidas el
17 de marzo de 2010 por Diana Marcela Cortés Herrera y por María
Herenia Pérez Herrera; la primera como compañera permanente de Jorge
Armando Guevara Pérez y la segunda como madre, respectivamente.

[…]

131. De este modo, el elemento usado por el Tribunal Administrativo del
Tolima para iniciar la contabilización del término de caducidad consistió
en la simple afirmación hecha por la señora Cortés Herrera de haber
escuchado, de parte de la señora María Herenia Pérez Herrera, que la
muerte de su compañero permanente pudo haber sido “un falso
positivo del Ejército”, lo que la hacía un testigo de oídas. En
consecuencia, otorgarle el valor de prueba de una posible ejecución
extrajudicial a esa afirmación es ciertamente irrazonable si se tiene
en cuenta que se trató de una manifestación hecha en el marco de la
incertidumbre que los mismos familiares habían expresado ante la
Fiscalía General de la Nación, sobre las circunstancias en las que
ocurrió el deceso de Jorge Armando Guevara Pérez.

[…]

146. A lo sumo, la demandante contaba solo con algunas afirmaciones,
como la de la madre del occiso, quien mencionaba la posibilidad de que
se hubiera tratado de una ejecución extrajudicial. Sin embargo, eran
solamente manifestaciones basadas en las sospechas generadas ante la
incertidumbre a la que se suelen enfrentar las víctimas en este tipo de
casos. Esto, de ninguna manera llegaba a tener la capacidad
probatoria para desvirtuar, al menos prima facie, el robusto manto
de legalidad que los inculpados procuraron mantener sobre la
operación militar que terminó con la vida del señor Guevara Pérez.
[…]”. [Negrillas por fuera del texto original]

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Por lo expuesto, esta Sala comparte a plenitud el raciocinio efectuado por el a
quo, que se reitera y acoge como propio, cuando sostuvo que la autoridad
accionada desconoció el precedente jurisprudencial mediante el cual se “[…]
fijaron reglas que todo juez administrativo debe conocer respecto del momento
para presentar la demanda de reparación directa respecto a casos de
ejecuciones extrajudiciales cuyas víctimas fueron civiles presentados como
bajas en combate. Esas reglas jurisprudenciales exigen aplicar un enfoque
flexible respecto de este requisito, pero especialmente, observar con
adecuada atención la información concreta con la que contaban las víctimas
al momento de presentar la demanda de reparación directa […]”.

Bajo las anteriores consideraciones, la Sala confirmará el fallo impugnado que
concedió el amparo deprecado por la parte accionante, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

Finalmente, respecto de la solicitud presentada por la parte actora tendiente a
que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, la Sala
advierte no se cumplen los supuestos para su configuración dado que la nueva
decisión adoptada por el tribunal accionado obedeció al cumplimiento del fallo
de tutela de primera instancia, y no por voluntad propia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 25 de julio de 2025 proferido por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

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revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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