Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03966-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03966-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03966-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
31 de julio de 2025
Demandante: Lilia María Rodríguez Albarracín
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03966-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03966-00
Demandante: LILIA MARÍA RODRÍGUEZ ALBARRACÍN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial - niega amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos
2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Lilia María Rodríguez Albarracín, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, con el fin
de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al «patrimonio».
Lo anterior, con ocasión a las providencias proferidas el 30 de septiembre y 9
de octubre de 2024 respectivamente, y a través de los cuales se le impuso y
confirmó la sanción por desacato por desatender la orden de tutela del 4 de
julio de 2024, dentro del proceso radicado 13001-33-33-009-2024-00132-
00/03.
Asimismo, cuestionó los autos del 29 de octubre de 2024, 3 y 13 de
diciembre de 2024, 19 y 27 de febrero de 2025, 17 de marzo de 2025, 15 y
23 de mayo de 2025, 4 de junio de 2025 por medio de los cuales el juzgado
accionado negó las solicitudes de inaplicación de la sanción que le fue
impuesta, al igual que el auto del 5 de mayo de 2025 que negó la modulación
del fallo aludido.
1.2 . Pretensiones
Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia:
1
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Demandante: Lilia María Rodríguez Albarracín
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03966-00
[…].se ORDENE al JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA, inaplicar la sanción impuesta a la suscrita, a
través de auto fechado el 30 de septiembre de 2024, modificada en auto de
fechas 09 de octubre de 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR, consistente en multa equivalente a un (01) SMLMV, contra la
suscrita.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA, proferir una nueva decisión que estudie de
fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción presentada por parte de la
Unidad para las Víctimas, observando los asuntos relevantes dentro del
trámite sancionatorio por desacato descrito en el acápite de los hechos y las
consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA que comunique a la autoridad encargada de la
ejecución de la sanción de multa impuesta, que la misma se ha levantado
con ocasión a la acreditación del cumplimiento de la orden judicial de tutela.
[...]1.
Con el escrito de amparo, la parte accionante solicitó como medida
provisional:
[…] suspender provisionalmente la orden de multa, que impuso el
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CARTAGENA en mi contra mediante auto de fecha 30 de septiembre de
2024, modificada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR a
través de auto de fecha 09 de octubre de 2024, hasta tanto se resuelva de
fondo el presente asunto litigioso, por encontrarse en inminente riesgo los
derechos fundamentales invocados, la solicitud se sustenta a partir de las
tres (3) exigencias básicas interpretadas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional para determinar la procedencia de la medida provisional, de
conformidad con los siguientes presupuestos del Auto 259 de 2021 […].
1.3. Hechos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión
que se adoptará en la sentencia:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de
Conocimiento de Justicia y Paz, en la providencia del 14 de diciembre de
2020 resolvió declarar responsables a los postulados de la Ley de Justicia y
Paz que pertenecieron al Bloque Héroes de los Montes de María de las
Autodefensas Unidas de Colombia de los hechos de macrocriminalidad de
desplazamiento forzado y otros, en la subregión de los Montes de María. En
consecuencia, ordenó, entre otras cosas, lo siguiente:
DECIMOSEXTO: RECONOCER como víctimas del otrora Bloque Héroes de
los Montes de María de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia a las
personas que acreditaron tal condición y que fueron relacionadas en el
acápite “X. DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
1 Transcripción original de la acción de tutela.
2
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VÍCTIMAS” de esta providencia quienes además probaron las afectaciones
que tuvieron que soportar a causa del actuar de ese grupo armado
organizado al margen de la ley; razón por la cual, se remitirá, por parte de la
Secretaría de esta Sala de Justicia y Paz, la presente sentencia de manera
inmediata, una vez se encuentre en firme, conjuntamente con un anexo
reservado que contenga el listado de las víctimas con su información
personal, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
a las Víctimas, para que esa entidad proceda de manera inmediata a
incluirlas en el Registro Único de Víctimas y se realicen las gestiones
pertinentes encaminadas al reconocimiento preferente de su reparación
integral de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 1448 de 2011
y el Decreto 4800 del mismo año, así como lo señalado en los cánones
2.2.5.1.3.1, 2.2.5.1.3.2 y en el párrafo tercero del artículo 2.2.5.1.2.2.19 del
Decreto 1069 de 2015, y demás normas que resulten concordantes.
[…]
DECIMOCTAVO: ORDENAR que las reparaciones administrativas
canceladas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV-, y las que a futuro se entreguen
a quienes figuran como perjudicados dentro del presente asunto, sean
tenidas en cuenta como parte de las sumas aquí reconocidas, por concepto
de la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales, esto en virtud
de la prohibición de doble reparación.
DECIMONOVENO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, y a las demás
entidades que componen el Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas –SNARIV-, e instituciones del Estado en esta
sentencia determinadas, para que, teniendo en cuenta que los casos
procesados por Justicia y Paz corresponden a graves violaciones a los
derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra
y/o infracciones al DIH, proceda a dar cumplimiento a las medidas de
reparación pedidas por los señores representantes de víctimas y dispuestas
por la Magistratura, señaladas de manera particular en el acápite intitulado
“X. DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS”, el
cual se tiene como incorporado a la parte resolutiva de esta providencia
judicial.
[…]
En el referido acápite «X. DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS» se determinó la cuantía que a título de indemnización
judicial se otorgaría a cada una de las víctimas. Para lo que atañe a este
caso, el reconocimiento a favor de la señora Carmen María Herrera de
Montes fue el siguiente:
3
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La señora Carmen María Herrera de Montes inició acción de tutela en contra
de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas -en adelante UARIV-, por la vulneración de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y de petición debido a que no había recibido el
pago de la indemnización judicial ordenada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, en
la providencia del 14 de diciembre de 2020.
La acción constitucional correspondió por reparto al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, con radicación 13001-33-
33-009-2024-00132-00, que, mediante sentencia del 28 de mayo de 20242
resolvió: (i) declarar improcedente el amparo respecto de que se ordene el
cumplimiento de la sentencia del 14 de diciembre de 2020, y; (ii) declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado frente al derecho de petición al
advertir que la UARIV contestó lo pedido.
Inconforme con esta decisión, la actora presentó impugnación que fue
resuelta por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que en providencia del 4 de
julio de 20243 decidió modificar el proveído anterior para amparar el derecho
fundamental al debido proceso de la accionante en los siguientes términos:
[…]
TERCERO. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la
demandante y, en consecuencia, se ordenará a la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas - UARIV que en el
término de quince (15) días contados a partir del día siguiente a la
notificación del presente fallo, proceda a expedir y notificar la resolución que
ordene el pago de la indemnización judicial de la señora Carmen María
Herrera de Montes, de conformidad con el valor establecido en salarios
mínimos mensuales legales reconocidos en la sentencia ejecutoriada
proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla – Sala de Justicia y Paz de
2 Índice 020 de Samai del proceso con radicado 13001333300920240013200.
3 Índice 004 de Samai del proceso con radicado 13001333300920240013201.
4
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14 de diciembre de 2020 dentro del proceso de radicado 001-22-52-003-
2016-831555”.
Lo anterior, sin desatender los condicionamientos que en materia
presupuestal las disposiciones jurídicas que regulan la materia establecen
para el pago efectivo de las condenas a favor de las víctimas.
El 5 de agosto de 2024 la señora Herrera de Montes radicó solicitud de
incidente de desacato que se resolvió en auto del 30 de septiembre del
mismo año4 en el que sancionó a la entonces coordinadora del Fondo para la
Reparación de las Víctimas de la UARIV por el incumplimiento de la orden
judicial del 4 de julio de 2024, en los siguientes términos:
SEGUNDO: SEGUNDO: IMPONER a la DIRECTORA DE REPARACIÓN de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV,
doctora LILIA MARÍA RODRIGUEZ ALBARRACIN, sanción de un (1) día de
arresto y multa de un (1) salario mínimo mensual vigente a la fecha de la
sanción.
Lo anterior dado que, para el juzgado accionado, la UARIV no acató el fallo
de tutela del 4 de julio de 2024 en el que se le ordenó notificar y expedir la
resolución de reconocimiento de la indemnización judicial en los términos de
la sentencia del Tribunal de Justicia y Paz, no obstante, señaló que
transcurrió el término otorgado sin que se cumpla la orden, por lo que, a su
juicio, existe incumplimiento desde el punto de vista objetivo y subjetivo.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, al resolver el grado jurisdiccional de
consulta en el proveído del 9 de octubre de 20245 resolvió:
PRIMERO: Modificar el numeral segundo de la providencia consultada, la
cual quedará así:
SEGUNDO: Sancionar con multa equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de este auto a la
señora Lilia María Rodríguez Albarracín, en su calidad de directora de
reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas – UARIV.”
Para el ad quem constitucional la funcionaria sancionada incumplió la orden
judicial, pues superado el término fijado en la sentencia no se ha proferido la
resolución de reconocimiento de la indemnización en los términos
consignados en la providencia. Además, le aclaró a la UARIV, lo siguiente:
Observa la Sala que la respuesta ofrecida por la incidentada a la accionante
desconoce que la orden impartida en el fallo que puso término a la acción de
tutela de la referencia no estuvo orientada a materializar el pago de la
sentencia judicial proferida a favor de aquella por el Tribunal Superior de
Barranquilla – Sala de Justicia y Paz de 14 de diciembre de 2020 dentro del
proceso de radicado 001-22-52-003-2016-831555, no dispuso realizar dentro
de los 15 días siguientes a la notificación del fallo de tutela el pago de la
4 Índice 160 de Samai del proceso con radicado 13001333300920240013200.
5 Índice 005 de Samai del proceso con radicado 13001333300920240013203.
5
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suma que le fue reconocida judicialmente, sino proferir y notificar dentro de
ese plazo la resolución que ordena el pago de dicha indemnización judicial.
La tutelante solicitó en varias oportunidades6 la inaplicación de las sanciones
impuestas mediante los autos del 30 de septiembre y 9 de octubre de 2024.
Como sustento indicó que se profirió la Resolución de pago No. 04046 del 31
de octubre de 2024 en la que dispuso:
ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO al pago pardal de la
indemnización judicial ordenada en la sentencia de fecha catorce (14) de
diciembre de dos mil veinte (2020) dentro del radicado de Justicia y Paz No.
2016-83155 proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla -Sala de Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia - Sala de
Casación Penal, respectivamente, en contra de los postulados condenados
[…] quienes formaron parte del extinto Bloque Héroes de los Montes de
María de las Autodefensas Unidas de Colombia, en adelante AUC, a título de
medida de reparación Integral en atención a lo preceptuado en el artículo 54
de la Ley 975 de 2005, sentencia C-370 de 2006 y el artículo 10° de la Ley
1448 de 2011; lo anterior, con cargo a los recursos provenientes del
Presupuesto General de la Nación por valor de SESENTA MILLONES
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($60.320.000) de los cuales
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
PESOS M/CTE ($1.583.400) corresponden a la retención en la fuente, para
un total a pagar de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($58.736.600) con el
componente del Presupuesto General de la Nación, como se relaciona a
continuación:
El juzgado accionado negó las anteriores solicitudes en los proveídos del 29
de octubre de 2024, 3 y 13 de diciembre de 2024, 19 y 27 de febrero de
2025, 17 de marzo de 2025, 15 y 23 de mayo de 2025, y 4 de junio de 2025.
Como fundamento, el operador judicial señaló que en el fallo de tutela del 4
de julio de 2024 proferido por ad quem constitucional ordenó a la UARIV
expedir la resolución de reconocimiento de la indemnización judicial de la
señora Carmen María Herrera de Montes de acuerdo a lo dispuesto por el
Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz en la providencia
del 14 de diciembre de 2020.
Sin embargo, consideró que existía un cumplimiento parcial de la sentencia
pues pese a que se profirió la Resolución No. 04046 del 31 de octubre de
6 Elevó las solicitudes el 12 de noviembre de 2024, 18 de diciembre de 2024, 24 de enero de
2025.
6
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2024 y la notificó a la señora Carmen María Herrera, advirtió que el monto
plasmado en ese acto administrativo era menor al que dispuso la sentencia
del 14 de diciembre de 2020, por lo que, negó la solicitud de inaplicación de
la sanción.
La UARIV pidió que se modulara el fallo de segunda instancia, dado que,
había realizado las acciones para cumplir la orden, puesto que expidió la
Resolución No. 04046 del 31 de octubre de 2024 que reconoció la
indemnización judicial y la notificó debidamente. Además, señaló que estaba
en la «imposibilidad de emitir una fecha de pago por falta de liquidez por parte del
(sic)ministerio de hacienda resaltando que una vez cuente con la disponibilidad del
recurso, la Unidad podrá asignar los dineros que corresponden al pago de la medida
de indemnización judicial».
El juzgado negó la solicitud de modulación del fallo en auto del 5 de mayo de
2025 dado que, en su sentir, la orden de tutela no estaba dirigida a
materializar el pago, como mal lo entiende la entidad, sino a que la
indemnización judicial de la señora Carmen María Herrera de Montes se
realizara «de conformidad con el valor establecido en salarios mínimos mensuales
legales reconocidos en la sentencia ejecutoriada proferida por el Tribunal Superior
de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz de 14 de diciembre de 2020 […]» por lo
que concluyó que no tiene respaldo alguno el sustento para pedir la
modulación del fallo por imposibilidad de cumplimiento por falta de
presupuesto.
Asimismo, en la citada providencia explicó que, la sentencia de tutela del 4
de julio de 2024 destacó «que debían atenderse los condicionamientos que en
materia presupuestal (sic) las disposiciones jurídicas que regulan la materia
establecen para el pago efectivo de las condenas a favor de las víctimas». Sin
embargo, iteró que la discusión respecto del incumplimiento al fallo no gira
en torno al pago sino a que la UARIV disminuyó el valor que había ordenado
la sentencia del 14 de diciembre de 2020.
1.4. Sustento de la vulneración
Es menester advertir que, si bien la señora Carmen María Herrera de Montes
debió acudir al proceso ejecutivo para reclamar lo ordenado en la sentencia
del 14 de diciembre de 2020 por la JEP, como ya media una orden de tutela
que dispuso su cumplimiento ello no puede desconocerse en esta instancia,
dado que lo decidido hizo tránsito a cosa juzgada y el juez de tutela no se
puede exonerar de los límites que tiene.
Ahora bien, la parte actora adujo que, las autoridades judiciales accionadas,
en las decisiones reprochadas incurren en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución al
transgredir sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, al buen nombre y al «patrimonio».
(i) Fáctico: adujo que tanto el juzgado como el tribunal accionado valoraron la
prueba de forma irracional y caprichosa para resolver sobre el cumplimiento
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de la orden de tutela por la UARIV. Al respecto indicó que no se tuvo en
cuenta el informe de cumplimiento en el que se aportó la resolución de
reconocimiento de la indemnización judicial con la constancia de notificación
a la señora Carmen María Herrera de Montes, en la que además se le
explicó por qué se le efectuaba un pago parcial del monto reconocido en la
sentencia del 14 de diciembre de 2020.
Refirió que en la Resolución 04046 del 31 de octubre de 2024 explicó que el
pago de la indemnización se realiza por dos rubros; uno con dinero obtenido
de los bienes entregados por los postulados condenados que se gestiona por
el Fondo para la Reparación de las Victimas – FRV para el pago de
indemnizaciones judiciales, y otro con los recursos del presupuesto general
de la nación.
Señaló que el pago dispuesto en el acto administrativo referido se hizo con
dinero del presupuesto general de la Nación, que debe limitarse a los topes
del artículo 2.2.7.3.4 del Decreto 1084 de 2015 y del artículo 10 de la ley
1448 de 2011.
Además, indicó que en la Resolución 04046 del 31 de octubre de 2024 le
explicó a la señora Herrera de Montes que los bienes objeto de extinción de
dominio de los postulados ascendían a $2.763.470.396 pero que este monto
era insuficiente para cubrir la indemnización de todas las victimas que señaló
la sentencia del 14 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Superior
de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz.
(ii) Desconocimiento del precedente: señaló que se desconoció la sentencia
SU-034 de 2018 que ordena levantar las sanciones por cumplimiento de la
orden de tutela, aunque ello se haga de manera tardía, es decir, después de
proferida la sanción y agotado el grado de consulta, por lo que, a su juicio, si
el juez de tutela evidencia el cumplimiento del fallo, prevalece lo sustancial,
por lo cual, con esa sola verificación, debe evaluar la pertinencia o no de
mantener la sanción.
(iii) Violación directa de la Constitución Política: señaló que se transgreden
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y a la buena fe, por
desconocer el procedimiento administrativo para el pago de las
indemnizaciones judiciales.
Lo anterior, dado que con la multa se perjudica su patrimonio pese a que ya
se cumplió lo ordenado pues se pagó la indemnización judicial, y ello no se
tuvo en cuenta por los accionados. Asimismo, que se afectó su buen nombre
porque al ser una persona expuesta públicamente está sometida a riesgos y
comentarios negativos que afecten su carrera.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto de 26 de mayo de 20257, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a la tutelante8, al Tribunal Administrativo de Bolívar9 y al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena,10 en
calidad de accionados.
Así mismo, se ordenó vincular a la a la señora Carmen María de Montes11 y
a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas -UARIV12 como terceros con interés en el proceso dado que
conformaron el extremo activo y pasivo de la tutela con radicado 13001-33-
33-009-2024-00132-00/01.
De igual forma, negó la solicitud de medida provisional, y requirió a la
Secretaría General del Consejo de Estado que realizara una publicación13 en
la página web de la corporación con la información de la tutela, con el fin de
ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
1.6. Intervenciones
1.6.1. UARIV14
La entidad señaló que dio cabal cumplimiento a la orden de tutela del 4 de
julio de 2024 proferida dentro del proceso con radicado 13001-33-33-009-
2024-00132-00 dado que notificó a la señora Carmen María Herrera de
Montes la Resolución 04046 del 31 de octubre de 2024 con el valor
establecido en salarios minios mensuales legales reconocidos en la
sentencia ejecutoriada proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla-Sala
de Justicia y Paz el 14 de diciembre de 2020 dentro del proceso de radicado
001-22-52 003-2016-83555 y que el dinero ya fue cobrado por la señora
Herrera de Montes el 24 de abril de 2025.
Además, indicó que no es posible realizar un nuevo pago con cargo a los
recursos del Presupuesto General de la Nación dado que el artículo 20 de la
Ley 1448 de 2011 lo prohíbe, no obstante, que de los bienes objeto de
extinción de dominio que ordenó la sentencia de justicia y paz se atenderán
las otras indemnizaciones pendientes de pago que puedan ser cubiertas.
Por lo anterior señaló que el pago parcial dispuesto en la referida resolución
se limitó al monto establecido en el Decreto 1084 de 2015 en cumplimiento
7 Indice 004 de Samai
8 Índice 007 de Samai. La notificación se remitió a los correos:
notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co y yeimy.reinoso@unidadvictimas.gov.co
9 Índice 007 de Samai. La notificación se remitió a los correos:
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co
10 Índice 007 de Samai. La notificación se remitió al correo:
admin09cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11 Índice 007 de Samai. La notificación se remitió al correo: kmontes1@hotmail.com.
12 Índice 007 de Samai. La notificación se remitió al correo:
notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co.
13 Índice 008 de Samai.
14 Índice 010 de Samai.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Lilia María Rodríguez Albarracín
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
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de la sentencia proferida en el marco de la ley de justicia y paz, y que de
forma posterior se emitirá otro acto administrativo para el pago de las
indemnizaciones ordenadas en procesos judiciales con los recursos que
administra el Fondo para la Reparación de las Víctimas, conformado por los
bienes entregados por los postulados de acuerdo a la Ley 975 de 2005.
Finalmente refirió que la entidad está en la imposibilidad de brindar una fecha
de pago cierta debido a problemas estructurales y financieros que desbordan
la capacidad de acción de la UARIV, por lo que pidió tener en cuenta lo
expuesto al momento de decidir de fondo este asunto.
1.6.2. Carmen María Herrera de Montes15
Señaló que, pese a lo alegado por la UARIV, no se ha proferido una nueva
orden en la que se refleje el cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del
14 de diciembre de 2020 respecto del monto reconocido en su calidad de
víctima, pues la suma que ya le fue entregada no se ajusta a los parámetros
de la reparación integral que ordenó el Tribunal Superior de Barranquilla,
Sala de Justicia y Paz, por lo que consideró que aún persiste la trasgresión
de sus derechos por parte de la entidad.
De conformidad con lo anterior solicitó que se tenga en cuenta si
efectivamente existe una responsabilidad institucional de la UARIV respecto
de las dificultades que alega frente a la ejecución de la sentencia,
particularmente los relativo al monto de indemnización y que se
salvaguarden sus derechos como víctima del conflicto armado interno.
1.6.3. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena16
El titular del despacho solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela por carecer del requisito de relevancia constitucional dado que no se
logró acreditar la vulneración de las garantías invocadas pues el trámite
incidental se realizó con apego al debido proceso de las partes.
Además, consideró que no se cumple con el requisito de inmediatez porque
las decisiones cuestionadas se profirieron hace más de 6 meses.
Expuso que en el trámite incidental que culminó con sanción por desacato se
respetaron los derechos al debido proceso y de contradicción de la
accionante, y que para el momento de proferir la decisión existía un
incumplimiento a la orden de tutela del 4 de julio de 2024 comoquiera que en
esta se dispuso reconocer la indemnización de la señora Carmen María
Herrera de Montes atendiendo la sentencia de justicia y paz y no ordenó el
pago.
15 Índice 011 de Samai.
16 Índice 012 de Samai.
10
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Demandante: Lilia María Rodríguez Albarracín
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03966-00
1.6.4. Tribunal Administrativo de Bolívar17
El magistrado ponente que profirió el auto del 9 de octubre de 2024 que es
cuestionado en esta sede, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda, dado que, al momento de proferir la providencia que resolvió el
grado jurisdiccional de consulta no se había expedido por parte de la UARIV
la Resolución 04046 del 31 de octubre de 2024 por la cual se dio un
cumplimiento parcial de la orden de tutela.
Además, refirió que las providencias impugnadas son las que negaron la
solicitud de inaplicación de la sanción y de modulación del fallo que fueron
proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena, por lo que consideró que no tuvo la posibilidad de incurrir en las
conductas reprochadas.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por la señora Lilia María Rodríguez Albarracín contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la
parte actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena vulneraron las
garantías invocadas por la parte actora, con ocasión de las sanciones
impuestas dentro del incidente de desacato promovido dentro de la
acción de tutela con radicado 13001-33-33-009-2024-00132-00?
Para lo anterior, resulta pertinente analizar los siguientes temas: (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
procedencia de este mecanismo contra los autos que resuelven el incidente
de desacato; (iii) el requisito de relevancia constitucional, y; (iv) el caso
concreto.
17 Índice 013 de Samai.
11
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Demandante: Lilia María Rodríguez Albarracín
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03966-00
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201218, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto
las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema19.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales20.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201421,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Procedencia de la tutela contra autos que resuelven incidente de
desacato
Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de
desacato corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las
decisiones que se adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción
de tutela, cuando se pretenda obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato.
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción
de tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de
desacato, de la siguiente manera:
18
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
19 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
20 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
12
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[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias
proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que
resuelve el incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de tutela
excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de una vía de
hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por medio del incidente de
desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a
vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente
que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que
afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en
el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de
desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un
incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta
desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto
debatido que hizo tránsito a cosa juzgada […]22
De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento
sancionatorio de creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición
de la parte interesada y requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.
Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el
incidente de desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del
funcionario encargado de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a
omitir el deber de atender la orden judicial.
En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro
de un trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación
sistemática de la Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de
los fines esenciales del Estado, por lo que es evidente que la obligación
primordial del juez constitucional es hacer cumplir íntegramente la orden
judicial de protección.
Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un
ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien
incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva […]»23 en tal sentido, se
prohíbe la responsabilidad objetiva, en tanto que para sancionar por el
incumplimiento de una orden judicial es necesario que esta sea el resultado
de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente del agente.
La mencionada corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo
siguiente:
[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser
coherentes con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las
pruebas que pretenda hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o
analizadas en la etapa incidental porque de lo contrario la tutela no sería
22
Corte Constitucional, sentencia T-482 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
23
Corte Constitucional, sentencia T-763 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
13
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procedente en tanto que ésta no puede ser utilizada como un remedio
procesal ante la desidia o negligencia del interesado […]24
El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la
orden impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta
esperada y la forma específica en que esta debe materializarse y esa orden
es la que el juez debe verificar de manera rigurosa.
Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al
funcionario el derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo
que, de advertirse una conducta positiva por parte del mismo, de la cual
pueda inferirse que ha obrado de buena fe y no con el ánimo de evadir los
mandatos de la orden judicial, no hay lugar a la imposición de sanciones.25
Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una
tutela contra providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se
encuentra limitado a establecer:
i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo
proferida, ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,
iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello
se pueda reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el
alcance y contenido de aquella.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202226 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo
siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
24
Corte Constitucional, sentencia T-343 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
25 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado:
«…Conforme a la naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de
éste debe estar soportada por la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los
disciplinados y precedida por la comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es
decir, el incumplimiento de la orden y la responsabilidad subjetiva de cada uno de sus
destinatarios. De no reunirse cualquiera de los presupuestos mencionados, conforme al
reglamento que rige la acción de tutela y la jurisprudencia de esta Corporación, no será
posible impartir sanción alguna, pero si ello llegare a ocurrir, procederá el examen de las
decisiones a partir de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales»
26 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel
Cabo.
14
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fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y
no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar
este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el
juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal27 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico28; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional29.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal30”. En
este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales31”.
27 Sentencia SU-573 de 2019.
28 Sentencia SU-103 de 2022.
29 Sentencia SU-103 de 2022.
30 Sentencia SU-103 de 2022.
31 Sentencia SU-128 de 2021.
15
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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto32, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal33.
(Resaltado de la Sala)
Conforme lo anterior, esta Sección advierte, sin hesitación alguna, que este
requisito se encuentra satisfecho para el presente caso, toda vez que la
discusión planteada por la parte actora trasciende al ámbito constitucional
dado que se debate la posible transgresión de garantías fundamentales y
principios constitucionales.
El escrito de amparo contiene múltiples argumentos que exponen cómo se
materializó la transgresión de las garantías fundamentales invocadas por la
accionante, aunado a que la exposición de la tutelante no se hace de una
manera abstracta, sino que, por el contrario, esta se realizó de forma puntual,
precisando los vicios en los que presuntamente incurrieron el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena con ocasión de la multa que le fue impuesta por
desacato a orden judicial, sin que, a juicio de la actora, se haya estudiado
que cumplió el fallo de tutela.
Aunado a ello, se debe tener en cuenta que en el escrito de amparo la parte
actora es insistente en señalar que con la decisión adoptada por el operador
judicial se transgrede de manera directa de derecho al debido proceso, al
buen nombre y al patrimonio dado que no se levantó la sanción impuesta
pese a que acató la sentencia de tutela que ordenó proferir la resolución de
reconocimiento de la indemnización judicial de la señora Carmen María
Herrera de Montes.
Ahora bien, en lo referente al desconocimiento del precedente y de
violación directa de la Constitución, se puede avizorar que lo alegado
transciende de la esfera legal a la constitucional, pues la parte actora afirma
que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente establecido en
la sentencia de unificación SU-034 de 2018, porque, a su juicio, en esta
providencia la Corte Constitucional señaló que hay lugar a levantar las
sanciones impuestas por desacato cuando se evidencia el cumplimiento de
la orden, cuya negativa vulnera las garantías invocadas.
32 Sentencia SU-573 de 2019.
33 Ibid.
16
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03966-00
En línea con lo expuesto, advierte la Sala que en cuanto a dicho cargo se
satisface el requisito de la relevancia constitucional, debido a que, se
observa la posible vulneración de los derechos al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial
e imponen el deber al juez constitucional de revisar si se configuró el
quebrantamiento de las garantías superiores de la parte actora.
De acuerdo con lo dicho, se evidencia una tensión o contradicción entre la
racionalidad de la decisión y el núcleo esencial de los mencionados derechos
fundamentales de la señora Lilia María Rodríguez Albarracín, por lo que la
cuestión trasciende un estudio de lo meramente legal.
2.5.2. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de
la misma naturaleza, pues, las providencias judiciales demandadas no son la
sentencia de tutela proferida dentro de la acción constitucional radicado
13001-33-33-009-2024-00132-00/03, sino los autos por los que se sancionó
por desacato a la parte actora, así como los proveídos por medio de los
cuales se negaron las solicitudes de inaplicación de la sanción elevadas por
la tutelante.
2.5.3. Subsidiariedad
En consideración a dicho requisito, por tratarse de decisiones que negaron la
solicitud de inaplicación de la sanción por desacato y de modulación del fallo,
se tiene que no son susceptibles de recurso alguno, conforme lo dispone el
Decreto 2591 de 1991.
2.5.4. Inmediatez
El requisito de inmediatez se tiene por satisfecho en el presente asunto, si se
tiene en cuenta que la última providencia dictada al interior del trámite de
desacato por el que se sancionó a la directora de la UARIV, Lilia María
Rodríguez Albarracín corresponde al auto del 4 de junio de 2025, por medio
del cual, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
no accedió a la solicitud de inaplicación de sanción. Así, sin que sea
necesario establecer su fecha de ejecutoria, se advierte que la acción de
tutela se radicó dentro del término razonable de seis (6) meses señalados
por la jurisprudencia34.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
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2.6. Generalidades de los defectos alegados
2.6.1. Del defecto fáctico
Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201535, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación
en la presente decisión.
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento
del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los
hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas
obtenidas con violación del debido proceso.
Se estudiará la valoración irracional o arbitraria de los medios probatorios,
pues fue planteada en el caso concreto. Este cargo, procede cuando a la luz
de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador
resulta manifiestamente equivocada y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
Para su procedencia, se requiere entonces que la parte: i) precise cuál o
cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii)
identifique la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración
del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la
sana crítica; y iii) refiera la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
2.6.2. Desconocimiento del precedente
La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una alta corte
para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. Igualmente, constituyen precedente las
sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha definido al precedente
judicial como: «[…] la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales
al momento de emitir un fallo36».
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta
Sentencia del 12 de noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
36 Corte Constitucional, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, Sentencia SU-354 de
25.05.17, Exp. T-5.882.857.
18
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El principio de coherencia también comporta el deber de respeto por los
precedentes horizontales, es decir, las decisiones adoptadas por el mismo
juez37. Así, la Corte Constitucional ha indicado que:
[…] el respeto al precedente es una obligación de todas las autoridades
judiciales, - sea este vertical u horizontal-, dada su fuerza vinculante y su
inescindible relación con la protección de los derechos al debido proceso e
igualdad38.
Lo anterior, dado que el precedente constituye una herramienta de
protección de la confianza legítima y la buena fe, en la medida en que el
respeto por las decisiones anteriores obedece a la guarda del principio de
igualdad, el cual resultaría transgredido sí frente a casos idénticos se brinda
una respuesta disímil.
2.6.3. Violación directa de la Constitución Política
El artículo 4 inciso 1 de la Constitución Política de Colombia contiene dos
enunciados normativos. El primero de ellos establece que la Constitución es
norma de normas. Esto significa, de acuerdo a la jurisprudencia pacífica de
esta Corporación, que la Constitución es fuente del Derecho aplicable por
parte de las personas y los servidores públicos, por tanto, se predica tanto de
todo particular -artículo 4 inciso 2 de la Constitución-, como de todo servidor
público. El segundo enunciado consagra que, en caso de existir una
contradicción entre la Constitución y la ley o cualquier otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales; al respecto la Corte
Constitucional señaló39:
En ese sentido, para la Corte Constitucional este defecto se estructura así:
[…]se configura, entonces, cuando, en términos generales, el juez
desconoce su deber de aplicar la disposición constitucional en caso de existir
conflicto entre ésta y otra disposición infraconstitucional[85]. Este
desconocimiento, a su vez, se concreta en dos grandes escenarios.
El primer escenario, en términos generales, se configura este defecto,
cuando el juez desconoce o inaplica una norma fundamental al caso objeto
de estudio o, en otras palabras, cuando[86]: a) no tuvo en cuenta un derecho
fundamental de aplicación inmediata; b) vulneró derechos fundamentales al
no tener en cuenta el principio de interpretación conforme a la Constitución, o
c) en la solución del caso dejó de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional. El segundo escenario, hace
referencia a cuando el juez, conociendo la manifiesta contrariedad entre la
disposición normativa y la Constitución, no emplea la excepción de
inconstitucionalidad[87].
37 Corte Constitucional, M.P. Diana Fajardo Rivera, Sentencia SU-380 de 03.11.21, Exp. T-
8.147.130.
38 Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Sentencia SU-113 de 08.11.18,
Exp. T-6.550.645.
39 Corte Constitucional, sentencia T-166 del 12 de mayo de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
19
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2.7. Caso concreto
Es del caso resaltar por razones de transparencia que, en el Consejo de
Estado, se han tramitado acciones de tutela de similar situación fáctica a la
presente, y en varias de ellas se ha accedido al amparo deprecado 40, porque
se han encontrado acreditados los defectos alegados, en razón a la
imposibilidad jurídica de cumplir una orden de tutela que disponga el
reconocimiento y pago de indemnización administrativa a las víctimas del
conflicto armado, lo cierto es que este caso gira en torno al cumplimiento de
orden proferida por la jurisdicción especial para la paz en la que se reconoció
una indemnización judicial, por lo que, se harán algunas precisiones al
respecto.
2.7.1. Derecho de las víctimas a ser reparadas y el procedimiento para
reconocer y otorgar la indemnización por vía judicial
La Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006 se pronunció sobre el
deber de reparar a las víctimas por parte de los desmovilizados, la
responsabilidad solidaria del grupo armado al cual perteneció el victimario y
el deber del Estado de concurrir subsidiariamente al pago de las
indemnizaciones que no puedan completarse con los bienes entregados por
los postulados.
Posteriormente, a través de la Ley 1448 de 2011 se implementó un programa
masivo de reparaciones por vía administrativa con enfoque diferencial como
complemento a la reparación de las víctimas en sede judicial.
El alto tribunal constitucional en la sentencia SU-254 del 24 de abril de
201341 se refirió a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación integral y en relación con la indemnización judicial concluyó que,
a través de esta vía se articula «la investigación y sanción de los
responsables, la verdad en cuanto al esclarecimiento del delito, y las
medidas reparatorias de restitución, compensación y rehabilitación de la
víctima».
Es decir, para la Corte, la reparación por vía administrativa regulada en la
Ley 1448 de 2011 no excluye y por el contrario viene a complementar la vía
judicial para obtener la reparación integral de las víctimas, dispuesta en la
Ley 1592 de 2012. En esta última se dispuso la cautela de los bienes
entregados o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación
integral de las víctimas de manera preferente y de forma subsidiaria, el
Estado pagará la indemnización a la víctima como lo indica el artículo 1042 de
40 La sala indica que acogerá algunas de las consideraciones expuestas en dichas
providencias en el presente fallo por la similitud fáctica y jurídica que presentan.
41 Examinó la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y reparación integral
a las víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 y en los Decretos 4634 de 9
de diciembre de 2011 y 4635 de 9 de diciembre de 2011.
42
Las condenas judiciales que ordenen al Estado reparar económicamente y de forma
subsidiaria a una víctima debido a la insolvencia, imposibilidad de pago o falta de recursos o
bienes del victimario condenado o del grupo armado organizado al margen de la ley al cual
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la Ley 1448 ibidem, no obstante, en este último caso el monto se limitará a lo
dispuesto en el artículo 149 del Decreto 4800 de 201143.
De conformidad con lo expuesto, este caso difiere de los anteriores porque
no tiene relación con sanciones impuestas por el incumplimiento a órdenes
referidas al reconocimiento y pago de una indemnización administrativa sino
al cumplimiento de una orden judicial en la que se ordenó la indemnización
judicial.
2.7.2. Defecto fáctico
La parte actora pretende que se deje sin efectos las providencias proferidas
30 de septiembre y 9 de octubre de 2024 respectivamente, y a través de los
cuales se le impuso y confirmó la sanción por desacato por desatender la
orden de tutela del 4 de julio de 2024, dentro del proceso radicado 13001-33-
33-009-2024-00132-00/03.
Asimismo, cuestionó los autos del 29 de octubre de 2024, 3 y 13 de
diciembre de 2024, 19 y 27 de febrero de 2025, 17 de marzo de 2025, 15 y
23 de mayo de 2025, y 4 de junio de 2025 por medio de los cuales el juzgado
accionado negó las solicitudes de inaplicación de la sanción que le fue
impuesta, al igual que el auto del 5 de mayo de 2025 que negó la modulación
del fallo aludido.
Lo anterior, al considerar que con las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales accionadas se incurrió en el defecto fáctico, en sentir
de la actora, ni el juzgado ni el tribunal tuvieron en cuenta los informes de
cumplimiento a la sentencia de tutela, en los que se aportó la Resolución
04046 del 31 de octubre de 2024 en la que se reconoció la indemnización
judicial a la señora Herrera de Montes, en los términos de la sentencia de
justicia y paz.
Revisado el proceso de tutela, se evidencia que, la accionada elevó la
primera solicitud de inaplicación de sanción el 12 de noviembre de 2024, en
cuyo informe aportó la mentada resolución de reconocimiento de la
indemnización judicial44 no obstante, los autos que sancionaron por desacato
este perteneció, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como
reconocimiento de la responsabilidad del Estado o de sus agentes.
En los procesos penales en los que sea condenado el victimario, si el Estado debe concurrir
subsidiariamente a indemnizar a la víctima, el pago que este deberá reconocer se limitará al
monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía
administrativa de que trata la presente ley en el artículo 132, sin perjuicio de la obligación en
cabeza del victimario de reconocer la totalidad de la indemnización o reparación decretada
dentro del proceso judicial.
43
Montos. Independientemente de la estimación del monto para cada caso particular de
conformidad con lo establecido en el artículo anterior, la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá reconocer por indemnización
administrativa los siguientes montos.
[…]
7. Por desplazamiento forzado, hasta diecisiete (17) salarios mínimos mensuales legales.
[…]
44 Elevó las solicitudes el 12 de noviembre de 2024, 18 de diciembre de 2024, 24 de enero
de 2025.
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a la directora de la UARIV datan del 30 de septiembre de 2024 y 9 de
octubre de 2025 por lo que, al ser anteriores a la solicitud de la tutelante, no
puede desprenderse el defecto fáctico que alega la accionante, con sustento
en que no se tuvo en cuenta el informe de cumplimiento, por lo que, frente a
estas providencias no se configura este yerro, por lo que se negará el
amparo.
En esa misma línea, frente a las inconformidades contra los proveídos
dictados por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena el 29 de octubre de 2024, 3 y 13 de diciembre de 2024, 19 y 27 de
febrero de 2025, 17 de marzo de 2025, 15 y 23 de mayo de 2025, 4 de junio
de 2025 por los que el juzgado negó las solicitudes de inaplicación de la
sanción y del auto del 5 de mayo de 2025 que negó la modulación de la
sentencia, la Sala advierte que el juzgado accionado sí tuvo en cuenta el
informe de cumplimiento aportado por la UARIV, ya que en su decisión
explicó que pese a que la entidad expidió y notificó la Resolución 04046 del
31 de octubre de 2024 a la señora Carmen María Herrera de Montes, ese
acto administrativo no se profirió de acuerdo a los lineamientos dictados en la
sentencia de Justicia y Paz del 14 de diciembre de 2020, por tanto, para el
fallador, la entidad acató de forma parcial la orden y en consecuencia no
procedía el levantamiento de la sanción.
Al respecto, el operador judicial indicó que en la resolución de
reconocimiento la UARIV modificó el monto ordenado en la sentencia del 14
de diciembre de 2020, disminuyendo el valor otorgado como indemnización
judicial a la señora Carmen María Herrera de Montes, por lo que no podía
dar por cumplido el fallo de tutela que ordenó cumplir la anterior.
Por lo expuesto, para la Sección la decisión del operador judicial no fue
caprichosa o arbitraria, pues estuvo debidamente sustentada en que la
entidad accionada cumplió de forma parcial la providencia del 4 de julio de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por lo que, no había
lugar a levantar la sanción impuesta, decisión que se profirió después de
estudiar el informe de cumplimiento con el que pretende fundamentar el yerro
fáctico, por lo que para la Sala, este no tiene sustento y hay lugar a negar el
amparo.
2.7.3. Desconocimiento del precedente
Por otro lado, con relación al cargo de desconocimiento del precedente es
necesario recordar que, para la Sala el concepto de precedente se sintetiza
en los siguientes términos:
[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez
que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una
similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la
ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido […]45.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del
19 de febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
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Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos46 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio
decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo
basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de
derecho para que aquella sea considerada como precedente. También se
considera como precedentes las sentencias de constitucionalidad y las de
unificación, expedidas por la Corte Constitucional, y el Consejo de Estado.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las altas cortes cuando actúan como órganos de cierre en
determinada materia, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus
funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como, a la coherencia del ordenamiento
jurídico.
Dilucidado lo anterior, se tiene que la parte actora aduce como desconocida
la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, la que, a su juicio,
ordena levantar las sanciones por cumplimiento de la orden de tutela,
aunque ello se haga de manera tardía.
En la citada providencia, la Alta Corporación dispuso que, al momento de
imponer una sanción por desacato a una orden judicial, el juez debe analizar
si concurren los factores objetivos47 y/ subjetivos48 para valorar el
cumplimiento del fallo de tutela. Además, en este proveído se analizaron las
dificultades presupuestales y administrativas a las que se enfrente la UARIV
para hacer efectivo el pago de la reparación de las víctimas del conflicto
armado interno, por lo que ordenó levantar las sanciones impuestas a
funcionarios de la entidad «por no entregar la indemnización administrativa
reclamada».
En ese sentido, en la sentencia SU-034 de 2018 la Corte Constitucional
estudió la sobre la responsabilidad objetiva y subjetiva de los empleados de
la UARIV de cara a hacer efectivo el pago de las indemnizaciones
reconocidas, sin embargo, lo aquí establecido por la Alta Corporación dista
del caso de la accionante, dado que, las sanciones que le fueron impuestas
por las autoridades judiciales accionadas en el presente caso no estaban
46 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-
01.
47 Como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la
ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional, (iv)
la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o institucional del
órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional
directa para la ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su
cumplimiento.
48 Entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias como (i) la
responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las
órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al cumplimiento. Vale
anotar que los factores señalados son enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de
verificación del cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan
evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras dispuestas en el
fallo de tutela
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encaminadas a que se hiciera efectivo el pago, sino a que la entidad
profiriera la resolución de reconocimiento, en los términos que ordenó el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento
de Justicia y Paz, en la providencia del 14 de diciembre de 2020.
En el mismo sentido, cuando el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena resolvió negar las solicitudes de inaplicación de
sanción de la tutelante y la de modulación del fallo advirtió que, pese a que la
entidad profirió la Resolución 04046 del 31 de octubre de 2024 por la que
reconoció la indemnización judicial a la señora Herrera de Montes, el
contenido de la misma no siguió los lineamientos de la sentencia del Tribunal
de Justicia y Paz respecto de los montos que se habían dispuesto a título
indemnizatorio, por lo que a su juicio, el cumplimiento de la orden era parcial,
motivo por el que decidió no levantar la sanción. Máxime cuando la autoridad
judicial accionada ha reiterado en diferentes oportunidades que lo que se
ordenó fue el reconocimiento de los montos mas no el pago del dinero.
Por lo anterior, y si bien dentro de los argumentos expuestos dentro del
cargo analizado la accionante fue insistente en manifestar que sí cumplió la
orden, lo cierto es que para el juez natural de la causa existió un acatamiento
parcial del orden, lo que puede advertirse del contenido de la referida
resolución, en la que se reconoce a la señora Carmen María Herrera de
Montes un monto inferior al que se dispuso en la sentencia del 14 de
diciembre de 2020.
Acorde con lo analizado, concluye la Sala que los parámetros jurídicos
establecidos en las sentencias analizadas previamente, no concuerdan con
la situación fáctica de la señora Lilia María Rodríguez Albarracín, por tanto,
se torna evidente que, en el presente asunto no se configuró el
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, y, en
consecuencia, se negará el amparo respecto de este defecto.
2.7.4. Violación de la Constitución Política.
Finalmente, este yerro lo sustenta en que se transgreden sus derechos
fundamentales a al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica, confianza
legítima en el sistema judicial y buena fe, por desconocer el procedimiento
administrativo para el pago de las indemnizaciones judiciales.
No obstante, la Sala advierte que en los autos enjuiciados, en los que se
sancionó a la directora de la entidad y se negó la solicitud de inaplicación de
sanción y de modulación del fallo, se garantizó el derecho de defensa y
contradicción de la directora de la UARIV, pues se le notificó debidamente
cada decisión y se resolvió cada una de las solicitudes elevadas contra la
sanción que le fue impuesta, aunado a que las decisiones fueron
debidamente motivadas, por lo que, para la Sección, no existe transgresión a
las garantías iusfundamentales de la tutelante y en ese sentido se negará el
amparo frente a este defecto.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la señora Lilia María
Rodríguez Albarracín contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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