Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03972-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03972-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03972-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
21 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03972-00
Accionantes: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: culpa patronal. Subtema 3: defectos fáctico y
sustantivo, decisión sin motivación, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento de precedente judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por los señores Gloria Virginia Paz Alegría, Cristian Larry
Paz Alegría, Gina Fernanda Paz, Juan Sebastián Patiño Paz, Juan José Bautista
Paz, Vivian Cristina Hernández Paz, Valery Isabel Ramos Hernández, Gladys Paz
Alegría, María Leica Paz Alegría y Fernando Luis Paz Alegría, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora, mediante apoderado judicial, presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a la
seguridad social y a la protección especial por condiciones de vulnerabilidad de la
señora Gloria Virginia Paz Alegría, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de la sentencia proferida el 29 de
abril de 2025 dentro del proceso de reparación directa con radicado núm. 76001-
33-33-001-2019-00125-00/01-02.
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Accionantes: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1.A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.La señora Gloria Virginia Paz Alegría estuvo vinculada a la Procuraduría General
de la Nación desde el 2 de julio de 2009, en el cargo de citador, grado 4.
3. Durante la vinculación laboral, la señora Paz Alegría sufrió varios accidentes que
fueron reportados a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
4.Los señores Gloria Virginia Paz Alegría, Cristian Larry Paz Alegría, Gina
Fernanda Paz, Juan Sebastián Patiño Paz, Juan José Bautista Paz, Vivian Cristina
Hernández Paz, Valery Isabel Ramos Hernández, Gladys Paz Alegría, María Leica
Paz Alegría y Fernando Luis Paz Alegría presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Procuraduría General de la Nación
con el objeto de que se declarara administrativamente responsable por los
accidentes y enfermedades de la señora Gloria Virginia Alegría, que a su juicio,
derivaron de la actividad laboral con esa entidad.
5. El asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado Primero Administrativo
de Cali que, mediante sentencia del 2 de junio de 2022, negó las pretensiones de
la parte demandante. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, la confirmó en fallo del 29 de abril de 2025.
2.2. Pretensión y argumentos de la tutela
6. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
1. Que se declare la procedencia de la presente acción de tutela por vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, al trabajo digno, a la
seguridad social y a la protección especial por condiciones de vulnerabilidad, en favor
de la señora Gloria Virginia Paz Alegría, con ocasión de la sentencia proferida el 29
de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso
de reparación directa contra la Procuraduría General de la Nación.
2. Que se deje sin efectos dicha providencia judicial, por haber incurrido en defectos
fácticos, sustantivos, de motivación interna y por desconocimiento del principio de
realidad y del precedente constitucional, los cuales configuran una amenaza y
vulneración actual de los derechos fundamentales de la accionante.
3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir una nueva
sentencia, con plena observancia de:
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El deber de valorar todas las pruebas allegadas de forma integral, razonada y no
fragmentada.
El principio de realidad en materia laboral y el contexto clínico ocupacional de la
accionante.
El precedente constitucional en materia de responsabilidad estatal por omisión
institucional frente a trabajadores en condiciones de debilidad manifiesta.
4. Que se adopten las medidas necesarias para proteger efectivamente los
derechos fundamentales de la señora Gloria Paz, si así lo considera el juez
constitucional, incluyendo la posibilidad de dar traslado a autoridades competentes
para efectos de reparación integral, reubicación o garantías de acceso a prestaciones
sociales.
5. Que se vincule al presente trámite, si el juez lo estima necesario, a las siguientes
entidades: Procuraduría General de la Nación, EPS Sanitas y ARL Positiva, en
calidad de terceros institucionales involucrados en los hechos materia de análisis
constitucional1.
7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora afirmó que la sentencia
del 29 de abril de 2025 incurrió en defecto fáctico, porque no valoró de manera
integral las pruebas médicas, testimoniales y documentales que, a su juicio,
acreditaban el origen laboral de las patologías de la señora Gloria Virginia Paz
Alegría. En ese sentido, sostuvo que ignoró la secuencia de más de 22 accidentes
sufridos durante su labor como citadora, de los cuales 8 fueron reconocidos por la
ARL, así como historias clínicas y conceptos médicos relacionados con el deterioro
progresivo de su estado de salud.
8. También adujo que se desconocieron las recomendaciones de reubicación
emitidas desde el año 2016, así como los testimonios que confirmaban que la
trabajadora continuó ejecutando funciones físicas exigentes, pese a las
restricciones médicas. Además, cuestionó que el dictamen de invalidez de la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, que calificó la enfermedad como de origen
común, se hubiera valorado de manera aislada y sin confrontarlo con los
antecedentes laborales.
9. A juicio de la parte actora, la sentencia objeto de tutela incurrió en violación
directa de la Constitución Política al desconocer los artículos 13, 25, 29, 48, 53 y
90, que protegen la igualdad, el trabajo en condiciones dignas, el debido proceso,
la seguridad social, el principio de la realidad laboral y la responsabilidad estatal
por daños antijurídicos.
1 Se transcribe incluso con errores de texto.
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10. Sostuvo, además, que se configuró un defecto sustantivo, por interpretar de
forma restrictiva la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1295 de 1994, en lo relativo al
deber de mantener ambientes laborales seguros, así como de prevención y
reubicación que recae en el empleador.
11. Finalmente, alegó que la providencia acusada desconoció el precedente judicial,
al omitir aplicar criterios de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre
la protección laboral reforzada para trabajadores en condición de discapacidad
(sentencias T-111 de 2018 y T-595 de 2019), la responsabilidad estatal por omisión
en prevención de riesgos (Consejo de Estado, expediente radicado núm. 19031 de
2011) y la presunción de origen laboral integral de pruebas en casos de enfermedad
progresiva (CSJ SL1327-2016).
2.3. Trámite procesal
2
12. El despacho ponente, mediante auto del 27 de junio de 2025 , admitió la solicitud
de amparo; vinculó, como terceros con interés, a la Procuraduría General de la
Nación, Regional Valle del Cauca, y al Juzgado Primero Administrativo de Cali;
requirió, en medio digital, el expediente ordinario con radicado núm. 76001-33-33-
001-2019-00125-02; reconoció personería al abogado Diego Fernando Bedoya
Zamora para actuar como apoderado judicial de la señora Gloria Virginia Paz
Alegría y lo requirió para que aportara el poder de los demás demandantes que lo
facultara para iniciar la presente tutela en su nombre y representación; finalmente,
tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda de tutela.
13. Mediante memorial del 15 de julio de 2025, el abogado Diego Fernando Bedoya
Zamora aportó los poderes que lo facultan para actuar en el presente trámite en
representación de los señores Cristian Larry Paz Alegría, Gina Fernanda Paz, Juan
Sebastián Patiño Paz, Juan José Bautista Paz, Vivian Cristina Hernández Paz,
Valery Isabel Ramos Hernández, Gladys Paz Alegría, María Leica Paz Alegría y
Fernando Luis Paz Alegría. En consecuencia, se le reconocerá personería para
actuar en nombre de dichos demandantes.
2.4. Intervenciones
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que la acción de
tutela no estaba llamada a prosperar, por cuanto la providencia cuestionada no
vulneró los derechos fundamentales invocados y, por el contrario, se fundó en las
pruebas válidamente allegadas al proceso, en los lineamientos jurisprudenciales
vigentes, en las normas aplicable al caso y se dictó con observancia de las propias
del debido proceso. Agregó que la solicitud de amparo no es procedente cuando la
2 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-03972-00, índice 5, certificado 6293D6767EF15A2F 21E87BFC43970092
282B29ACF51C0E05 FF3F39F3F021C488.
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censura del actor se limita a discrepar la decisión adoptada, como a su juicio ocurría
en este caso3.
15. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela al considerar que no se configura ninguna causal que habilite la
solicitud de amparo. Además, manifestó que como se concluyó en el proceso de
reparación directa, las afectaciones en la salud de la demandante son de origen
común y no laboral, de ahí que no se demostrara la configuración de un daño
imputable a la entidad4.
16. El Juzgado Primero Administrativo de Cali guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
3.2. Legitimación en la causa
18. La legitimación en la causa por activa de los señores Gloria Virginia Paz Alegría,
Cristian Larry Paz Alegría, Gina Fernanda Paz, Juan Sebastián Patiño Paz, Juan
José Bautista Paz, Vivian Cristina Hernández Paz, Valery Isabel Ramos
Hernández, Gladys Paz Alegría, María Leica Paz Alegría y Fernando Luis Paz
Alegría se encuentra acreditada, por cuanto fueron los demandantes en el proceso
de reparación directa que finalizó con la sentencia de segunda instancia del 29 de
abril de 2025, objeto de tutela, y, por lo tanto, son titulares de los derechos que
consideraron fueron vulnerados.
19. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque fue la autoridad que profirió la sentencia
del 29 de abril de 2025 que, según afirmó la parte tutelante, quebrantó sus derechos
fundamentales.
3
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-03972-00, índice 9, certificado FD0EA467197769A9
B2ADB3CB1D5A41A7 31426F12BC31BBD6 88085BB5D12E2A32.
4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-03972-00, índice 10, certificado A132B55208233680
2386937050B2B2D9 B28776905C765C29 9E7C1C63FCAFD0BE
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3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
5 y de la Corte Constitucional
20. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional6.
21. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
22. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales7 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
23. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución8.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
8 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
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3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
17. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional9 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
18. Así pues, la Corte Constitucional10 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»11 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»12;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
19. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio,
impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
20.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
21. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 29 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7
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del Cauca, fue notificada el 5 de mayo del mismo año13, y la demanda de tutela se
presentó el 24 de junio de 202514, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional15 y el Consejo de Estado16 como razonable.
22. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
23. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite
de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad electoral.
24. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico,
decisión sin motivación y desconocimiento del precedente y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala decidir si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en defectos fáctico y sustantivo, de decisión sin motivación y por
desconocimiento de precedente jurisprudencial en la sentencia del 29 de abril de
2025 y, por lo tanto, vulneró los derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a la
seguridad social de la parte actora. En particular, deberá establecer si la autoridad
accionada incurrió en una indebida valoración probatoria, interpretó indebidamente
las normas relativas al deber de mantener ambientes laborales seguros, y si se
apartó de la jurisprudencia relativa a la protección laboral reforzada.
3.5.1. El defecto fáctico
25. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesta, y debe tener «incidencia
directa en la decisión18» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
13 Samai, exp. 76001-33-33-001-2019-00125-02, índice 20.
14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03972-00, índice 2.
15 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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26. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»19. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»20.
27. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no
se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii)
en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 21.
28. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial22, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda
vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»23.
29. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:
19 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
21
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
22 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
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50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las
pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […]
diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende
del contenido de los materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]24.
3.5.2. El defecto sustantivo
30. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado25.
31. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
32. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e
integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las
disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa
aplicación […]26.
33. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida
interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto
inexistente.
34. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).27
3.5.3. El desconocimiento del precedente judicial
35. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas28.
36. Al respecto, la Corte Constitucional29 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
26
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
28 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce
el precedente horizontal».
29 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como
objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de
los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen
el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es
un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales30.
37. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia31.
38. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»32.
39. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
30 Se transcribe incluso con errores.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela33.
40. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación34.
41. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.5.4. Decisión sin motivación
42. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus
decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de
estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se
considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela en contra de
providencia judiciales.
43. Al respecto, la Corte Constitucional, precisó que la decisión sin motivación se
configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este
tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en cuanto no se estructura a partir
de la disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino
en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»35.
44.En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional36 precisó que la
ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el
33 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos
similares (es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de
un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas
a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio
jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o
suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden
garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia
de los operadores judiciales.»
34 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
35
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT-310 de 2009 y T-502 de
2024.
36 Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
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razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque
el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se
inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en
materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad».37
45. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia
de la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del
derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración
de justicia, lo cual permite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de
contradicción.
46. En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial le
exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de
derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede
desconocer los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los jueces,
son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia o
deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad
del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.
47. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit
de motivación que la deslegitima como tal38.
3.6. Caso concreto
48. En el asunto bajo estudio, la parte actora presentó escrito en ejercicio del medio
de control de reparación directa en contra de la Procuraduría General de la Nación,
Regional Valle del Cauca, con el fin de que se le declarara administrativamente
responsable por los perjuicios sufridos por la señora Gloria Virginia Paz Alegría con
ocasión de los accidentes y enfermedades de carácter laboral que sufrió.
49. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Cali negó las
pretensiones, mediante providencia del 2 de junio de 2022. Apelada la anterior
providencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitió sentencia del 29
de abril de 2025, en la que la confirmó.
50. Ahora bien, la parte accionante argumentó que el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca, al proferir la sentencia cuestionada, incurrió en defecto fáctico,
37 Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
38 Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2006, criterio reiterado en sentencia T-502 de 2024
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toda vez que omitió valorar las pruebas médicas, testimoniales y documentales,
que, a su juicio, acreditaban el origen laboral de las patologías de la señora Gloria
Virginia Paz Alegría.
51. Asimismo, alegó que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución
Política y decisión sin motivación al desconocer los criterios sobre la protección de
los derechos laborales.
52. Pues bien, revisada la sentencia objeto de reparos, se observa que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca inició por referirse a la responsabilidad del
Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política y a la jurisprudencia del
Consejo de Estado39, resaltando que exige la demostración de tres elementos, el
daño antijurídico, la imputación a una entidad pública y el nexo causal.
53. Además, explicó que la culpa patronal, prevista en el artículo 216 del Código
Sustantivo del Trabajo, se refiere a que el empleador está obligado a la
indemnización total y ordinaria por perjuicios cuando exista culpa suficiente
comprobada en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad
profesional. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional que exige acreditar el hecho generador, el daño y el nexo de
causalidad.
54. A partir de las anteriores precisiones, el tribunal relacionó y examinó el material
probatorio, dentro de cual se encontraba el dictamen pericial de pérdida laboral y
ocupacional de la señora Paz Alegría, expedido por Colpensiones en el año 2019,
que determinó una pérdida de la capacidad laboral del 25.97 % con fecha de
estructuración 5 de septiembre de 2019 y de origen común. Asimismo, indicó que
la Junta Nacional de Invalidez, en el año 2020, otorgó una pérdida de la capacidad
laboral en un porcentaje de 52,19 %, también con origen común.
55. En cuanto a la prueba documental, relacionó las historias clínicas40,
incapacidades41 y conceptos médicos expedidos por los diferentes especialistas
que evidenciaban lesiones en extremidades (rodillas, tobillo, mano izquierda), así
como restricciones laborales emitidas desde el año 2016 y conceptos de
rehabilitación desfavorable. Si bien reconoció que tales documentos acreditan el
deterioro físico de la señora Paz Alegría y su limitación para determinadas
actividades, precisó que su contenido no establece de manera directa el origen
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. sentencia del 20 de mayo de 2018, dictada en el proceso
con radicado núm. 76001-23-31-000-2003-04969-01. M.P. Ramiro Pazos Guerrero
40 Del 6 de noviembre de 2009; 18 de enero y 8 de marzo de 2010; 6 de agosto de 2011; 2 de agosto, 3 de
octubre, y 26 de noviembre de 2012; 1 de febrero, 3 de julio y 1 de noviembre de 2013; 1 de octubre de 2014;
21 de julio, 27 de octubre y 7 de noviembre de 2015, y 28 de febrero de 2017.
41 Del 15 de mayo de 2017 y del año 2019: del 20 de abril, 6 de mayo, 16 de mayo, 23 de mayo, 18 de junio y
20 de abril.
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profesional de dichas afecciones, máxime cuando los dictámenes técnicos
concluyeron lo contrario.
56. El tribunal también valoró los reportes de varios accidentes laborales sufridos por
la demandante a lo largo de su vinculación, pero que fueron cerrados sin generar
incapacidad y otros fueron revisados por la Junta de Calificación de Invalidez que
otorgó un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de 0.0 %. Además, advirtió
que la simple ocurrencia de estos eventos no permite presumir que todas las
dolencias actuales sean consecuencia del trabajo, siendo indispensable demostrar
un nexo causal concreto y actual entre la lesión y el servicio.
57. Advirtió que la Procuraduría «tomó las medidas para que pudiera prestar sus
labores sin poner en riesgo su salud, fue así como inicialmente determinó que sus
labores fueran desarrolladas al interior de la Procuraduría y posteriormente decidió
trasladarla al área de archivo», decisión que indicó, fue tomada antes de que la ARL
lo recomendara y que acogió lo dispuesto en la Ley 776 de 200242. También recordó
que la a ARL no fue demandada, por lo cual sus decisiones no podían ser debatidas
en ese proceso.
58. Con base en la valoración conjunta del material probatorio, la autoridad judicial
demandada concluyó que no evidenció incumplimiento alguno por parte de la
Procuraduría de las normas de salud ocupacional, pues «los accidentes reportados
como laborales se cerraron, no generaron una pérdida de la capacidad laboral y
algunos fueron de origen común, por lo que no se demostró la falla del servicio».
59. A partir de lo expuesto, la Sala considera que la providencia acusada no incurrió
en defecto fáctico, toda vez que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
efectuó una valoración razonada del acervo probatorio. Si bien no relacionó
específicamente testimonios, sí examinó los dictámenes, las historias clínicas, las
incapacidades, los conceptos médicos y restricciones laborales, así como los
reportes de accidentes de trabajo. A partir de dicho análisis conjunto, consideró que
no existió falla en el servicio, pues si bien las pruebas daban cuenta del deterioro
físico de la señora Gloria Virginia Paz Alegría, no acreditaban de manera
concluyente el origen laboral de las patologías ni el incumplimiento del deber de
reubicación.
60. El estudio probatorio se desarrolló conforme a los principios de autonomía
judicial, independencia y sana crítica. El hecho de que la decisión no fuere favorable
a las pretensiones de la parte accionante no convierte la valoración probatoria en
arbitraria ni constituye, por sí solo, una vulneración de derechos fundamentales.
42 «Por el cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de
Riesgos profesionales».
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61. En este punto conviene recordar que Corte Constitucional ha precisado que: «las
diferencias en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues
precisamente la práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en
circunstancias en las que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos,
diversas pero razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su
actuación se presume de buena fe y puede valorar los elementos materiales
probatorios y decantarse por el que le resulte convincente»43.
62. En cuanto al alegato por desconocimiento del precedente judicial, si bien la parte
actora sostuvo que se no se tuvieron en cuenta pronunciamientos de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia relativos
a la protección laboral reforzada, la responsabilidad estatal por omisión y la
presunción de origen laboral integral, lo cierto es que el tribunal analizó las pruebas
y concluyó que no se acreditó un nexo causal entre las funciones desempeñadas y
las patologías que padece la señora Paz Alegría. En ese contexto, la aplicación de
tales criterios jurisprudenciales exigía como presupuesto la demostración fáctica
del origen laboral de la enfermedad, circunstancia que no se cumplió en el caso
concreto.
63. De hecho, como bien lo expuso el tribunal en la decisión objeto de tutela, el
análisis de la causalidad es un aspecto que le corresponde valorar al juez de lo
contencioso-administrativo, con el fin de establecer si un daño antijurídico
específico resulta imputable a la entidad pública. Al respecto, la Corte
Constitucional ha sostenido lo siguiente:
83. Ahora bien, para obtener la indemnización por un daño antijurídico
propinado por el Estado se requeriría, además, que la lesión sea el resultado de la
actividad regular o irregular de las obligaciones estatales o del incumplimiento de
las mismas (omisión). Es decir, así como pueden derivarse daños antijurídicos de
una actividad ilícita por parte del Estado, también pueden provenir de una conducta
legítima. En este segundo supuesto, la antijuridicidad del daño se da, como se
explicó, porque el afectado no tiene la obligación de soportar esa carga.44
84. En ese orden de ideas, es dable concluir que el análisis de la causalidad
es un requisito necesario con miras a establecer si un específico daño
antijurídico resulta imputable a un sujeto y, por consiguiente, si es atribuible
a éste la obligación de repararlo de manera integral. Además del examen
relacionado con la causalidad, se hace ineludible, entonces, acometer aquel que ha
de realizarse en sede de imputación. De ahí que tanto la Corte Constitucional como
el Consejo de Estado coincidan en señalar que para imponer al Estado la obligación
de reparar un daño sea “menester, que además de constatar la antijuricidad del
mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un
43 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
44 Corte Constitucional, Sentencia C-286 de 2017.
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‘título jurídico’ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale
decir, la ‘imputatio juris’, además de la ‘imputatio facti.´”45
85. De allí que el elemento necesario para la imputación del daño es la
existencia del nexo causal entre la actividad (lícita o no) o la omisión de las
autoridades públicas (art. 90 de la C.P.) y el daño antijurídico que se reclama, de
modo tal que éste sea efecto de aquellas que serán su causa. Por lo que, probar
que existe un nexo causal entre el hecho que constituye la fuente normativa de la
responsabilidad y el daño producido será siempre necesario, para que la imputación
pueda tener lugar y con ella pueda nacer la responsabilidad. [Negrilla y subrayado
fuera del texto original].
64. Lo anterior permite concluir que la decisión cuestionada tampoco incurrió en
violación directa de la Constitución Política ni en defecto sustantivo, fundado en la
supuesta interpretación restrictiva de la ley 1562 de 2012 y del Decreto 1295 de
1994, en lo relativo al deber de mantener ambientes laborales seguros, así como
de prevención y reubicación que recae en el empleador. Por el contrario, la
providencia, como quedó expuesto, se sustentó en el artículo 90 de la Constitución
y en las disposiciones que regulan la responsabilidad extracontractual del Estado.
La conclusión del tribunal relativa a que no se configuró la falla del servicio,
específicamente por no acreditarse el nexo causal, se ajusta al marco jurídico
aplicable.
65. De lo expuesto se colige que la providencia cuestionada no adolece de falta
motivación, pues el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adoptó su decisión
con fundamento en el análisis probatorio, en las normas aplicables y en la
jurisprudencia pertinente.
66. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin
de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.
IV. CONCLUSIONES
67. En los anteriores términos, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca no incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, violación directa de
la Constitución Política y en decisión sin motivación, como tampoco en
desconocimiento del precedente judicial alegado en el escrito de tutela, toda vez
que la sentencia del 29 de abril de 2025 no realizó un análisis arbitrario, infundado
o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho que exija la intervención del juez de tutela. Por los
45 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996 y Consejo de Estado, sentencia de 7 de julio de 2011,
expediente 25000-23-26-000-1997-03369-01(19707).
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motivos expuestos, la Sala negará la solicitud de amparo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Reconocer personería al abogado Diego Fernando Bedoya Zamora,
identificado con cédula de ciudadanía número 1.143.842 de Cali y portador de la
tarjeta profesional número 283.627 del Consejo Superior de la Judicatura, para
actuar en representación de los señores Cristian Larry Paz Alegría, Gina Fernanda
Paz, Juan Sebastián Patiño Paz, Juan José Bautista Paz, Vivian Cristina
Hernández Paz, Valery Isabel Ramos Hernández, Gladys Paz Alegría, María Leica
Paz Alegría y Fernando Luis Paz Alegría, en los términos del memorial de poder
que obra a índice 29 de Samai.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
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JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
EPG/SEJV
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