Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03972-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03972-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03972-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de febrero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03972-01
Accionante: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03972-01
Accionantes: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
Temas: Tutela contra providencia judicial-Carácter subsidiario del amparo. Requisitos generales y
especiales de procedencia. Relevancia constitucional – Improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 21 de julio de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que negó el amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Gloria Virginia Paz Alegría, Cristian Larry Paz Alegría, Gina Fernanda Paz, Juan
Sebastián Patiño Paz, Juan José Bautista Paz, Vivian Cristina Hernández Paz, Valery
Isabel Ramos Hernández, Gladys Paz Alegría, María Leica Paz Alegría y Fernando
Luis Paz Alegría, a través de apoderado judicial1, promovieron acción de tutela con el
propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, al trabajo,
a la seguridad social y a la protección especial por condiciones de vulnerabilidad de la
señora Gloria Virginia Paz Alegría, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con ocasión de la sentencia proferida el 29 de abril
de 2025, en el trámite del medio de control de reparación directa identificado bajo el
radicado número 76001-33-33-001-2019-00125-00/01-02.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:
1 Índice 00002 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. FB15AA5A01AC30C8
06CC70AE2405C58A 6687C1E74A502493 6FEC3A1C18F12594.
2 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=76001333300120190012502760012
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Accionante: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
2.1. La señora Gloria Virginia Paz Alegría estuvo vinculada a la Procuraduría General
de la Nación por más de una década, entidad en la que desempeñó funciones como
citadora y mensajera.
2.2. Manifestó que, durante su vinculación laboral sufrió múltiples accidentes, los
cuales no fueron reportados en debida forma ante la ARL; además, fue objeto de
incapacidades médicas prolongadas por fracturas y deterioro osteomuscular severo,
por lo que, a la fecha, requiere de silla de ruedas y asistencia permanente para sus
funciones vitales.
2.3. En virtud de lo anterior, junto con sus familiares, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa en contra de la Procuraduría General de la
Nación-Regional Valle del Cauca, cuya pretensión versó en la declaratoria de
responsabilidad por los accidentes laborales sufridos y la consecuente indemnización.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cali, bajo el radicado núm. 76001-33-33-001-2019-00125-00, autoridad
que, mediante sentencia de fecha 2 de junio de 2022 negó las pretensiones de la
demanda.
2.5. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 29 de abril de 2025
resolvió la alzada en el sentido de confirmar lo decidido por el a quo.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la protección especial
por condiciones de vulnerabilidad a favor de la señora Gloria Virginia Paz Alegría. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 29 de abril de 2025 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, dictara una nueva decisión
en la que analizara adecuadamente el material probatorio y sean adoptadas las
medidas necesarias para proteger los derechos de la señora Gloria Virginia Paz
Alegría.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela, manifestó que la parte accionada incurrió
en un defecto fáctico, toda vez que el estudio del acervo probatorio fue deficiente,
pues, a su juicio, se demostró que las afecciones de salud de la señora Paz Alegría
fueron de origen laboral; así como las historias clínicas y conceptos médicos
relacionados con el deterioro progresivo de su estado de salud.
Sostuvo que la autoridad judicial pasó por alto las recomendaciones de reubicación
emitidas desde el 2016 y los testimonios que confirmaban que las labores físicas
exigentes no cesaron pese a las restricciones médicas.
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Accionante: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
3.3. Agregó que se configuró un defecto sustantivo, toda vez que interpretó
erróneamente el contenido de la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1295 de 1994, en lo
atinente al deber de mantener ambientes laborales seguros, así como actividades de
prevención y reubicación imputables al empleador.
3.4. Finalmente, consideró que desconoció el precedente, bajo el entendido que no
aplicó el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional contenido en las sentencias
T-111 de 2018 y T-595 de 2019, las cuales versan en la protección laboral reforzada
para trabajadores en condición de discapacidad.
Además, destacó que se desconoció el contenido de la sentencia proferida por el
Consejo de Estado en el radicado núm. 19031, la cual explicó la responsabilidad
estatal por omisión en prevención de riesgos, así como la presunción de origen laboral
integral de pruebas en casos de enfermedad progresiva, según la providencia de la
Corte Suprema de Justicia SL1327 de 2016.
4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia
4.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B profirió auto el 27 de junio
de 20253, mediante el cual admitió la acción de tutela, dispuso la vinculación como
terceros con interés a la Procuraduría General de la Nación y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Cali, requirió al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali para que remitieran el
expediente del proceso adelantado bajo el radicado núm. 76001-33-33-001-2019-
00125-00/01/02, reconoció personería al abogado Diego Fernando Bedoya Zamora
como apoderado de la señora Gloria Virginia Paz Alegría y lo requirió para que aportara
el poder conferido por parte de Gina Fernanda Paz, Juan Sebastián Patiño Paz, Juan
José Bautista Paz, Vivian Cristina Hernández Paz, Valery Isabel Ramos Hernández,
Gladys Paz Alegría, María Leica Paz Alegría y Fernando Luis Paz Alegría, que lo
facultaran para concurrir en su nombre en el presente trámite constitucional.
4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 advirtió que, una vez revisado
el escrito de tutela, consideró que las pretensiones estuvieron basadas en una
inconformidad de origen legal respecto de la decisión adoptada en el trámite de
reparación directa, sin que demostrara que la providencia vulneró las garantías
fundamentales mencionadas, pues la misma se basó en las pruebas válidamente
aportadas al proceso.
3 Índice 00005 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 6293D6767EF15A2F
21E87BFC43970092 282B29ACF51C0E05 FF3F39F3F021C488.
4 Índice 00009 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. FD0EA467197769A9
B2ADB3CB1D5A41A7 31426F12BC31BBD6 88085BB5D12E2A32.
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Accionante: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
4.3. La Procuraduría General de la Nación, regional Valle del Cauca5 solicitó
declarar la improcedencia de la acción, en atención a que la parte accionante no
demostró la configuración de alguna causal que habilitara la intervención del juez
constitucional. Adicionalmente, sostuvo que, en el trámite de proceso de reparación
directa no se logró imputar a la entidad los daños endilgados por la parte accionante.
5. Sentencia de tutela de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B profirió sentencia el 21 de
julio de 20256, en la que negó el amparo solicitado. Como fundamento de su decisión,
indicó que, una vez revisada la providencia atacada, avizoró que el material probatorio
aportado y su valoración conjunta dio cuenta que la disminución de la capacidad
laboral de la señora Paz Alegría fue de origen común, así como el hecho de que el
contenido de la historia clínica y de las incapacidades no lograron establecer de forma
clara el origen profesional de las afecciones sufridas, máxime cuando los dictámenes
técnicos concluyeron lo contrario.
Sumado a lo anterior, expuso que, con base en la valoración conjunta del material
probatorio, la autoridad judicial demandada concluyó que no evidenció incumplimiento
alguno por parte de la Procuraduría de las normas de salud ocupacional, pues “los
accidentes reportados como laborales se cerraron, no generaron una pérdida de la
capacidad laboral y algunos fueron de origen común, por lo que no se demostró la falla
del servicio”. Por lo expuesto, la Sala consideró que la providencia acusada no incurrió
en defecto fáctico.
En cuanto al alegato por desconocimiento del precedente judicial, si bien la parte
actora sostuvo que se no se tuvieron en cuenta pronunciamientos de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia relativos a la
protección laboral reforzada, la responsabilidad estatal por omisión y la presunción de
origen laboral integral, destacó que el tribunal analizó las pruebas y con base en ello
concluyó que no se acreditó un nexo causal entre las funciones desempeñadas y las
patologías que padece la señora Paz Alegría. En ese contexto, la aplicación de tales
criterios jurisprudenciales exigía como presupuesto la demostración fáctica del origen
laboral de la enfermedad, circunstancia que no se cumplió en el caso concreto.
En ese orden, coligió que la parte tutelante no logró demostrar que en la sentencia se
haya presentado una violación directa de la Constitución ni un defecto sustantivo,
debido a que, al fundarse en las disposiciones que regulan la responsabilidad
extracontractual del estado, no se configuró una falla del servicio por no acreditarse el
nexo de causalidad.
5 Índice 00011 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificados núm. AA9C5BC53E00C6AE
92E4DCCE326175F1 2E303B03E68DBE8B DA53E13EFF423571.
6 Índice 00014 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 2C48625033FB04A3
CC5484D0C5DF90B9 B9045A033AF4A0C5 A97056254DB4A155.
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Accionante: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
Finalmente, dispuso que la parte accionada en la sentencia atacada no efectuó un
análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal, que constituyera una vía de hecho que exigiera la intervención
del juez de tutela.
6. Impugnación
6.1. La parte actora presentó escrito de impugnación7 en el que solicitó revocar la
decisión del a quo constitucional, bajo la premisa de que la providencia atacada incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, por cuanto aquel
avaló una valoración incompleta y contradictoria de las pruebas, que conllevó a
desvirtuar la existencia de responsabilidad estatal en la afectación de salud de la
señora Gloria Virginia Paz Alegría.
Agregó que la providencia impugnada confundió autonomía judicial con arbitrariedad,
pues el principio de independencia del juez no autoriza la omisión de pruebas
esenciales ni la aplicación formalista del derecho en perjuicio de la realidad probatoria.
La magistrada ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a través de auto del 18 de septiembre de 20258, concedió la impugnación
interpuesta por la parte accionante.
6.2. Impartido el trámite correspondiente, el Despacho ponente registró proyecto de
sentencia de primera instancia el 11 de noviembre de 20259 para la Sala del 21 de
noviembre de 2025; sin embargo, el 19 de enero de 202610 el magistrado Nicolás
Yepes Corrales que compone la Sala de Decisión manifestó su impedimento para
conocer del presente asunto. Consecuencialmente, mediante auto del 23 de enero de
202611 la ponente lo declaró infundado.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del
7 Índice 00018 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 9DAB32ACA36AB8BE
1497549B595A26C1 295CD01144D73214 56E818BB7EF9B8DB.
8
Índice 00020 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. E9C85F3883AF2AC
368683670D30C098 79E9D65A2BD1BEB3 CE844792C94A2BB2.
9 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
10 Índice 00005 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 185F0E8AD649A585 F03B540418E6ECF0
F9F53B9147F29CF4 C69EE05B5B89459B.
11 Índice 00008 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 8AC36E076EDFED54 D583708B42D0754F
62ED6457B1EA5C64 6C308B4BA498AF08.
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Accionante: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Gloria
Virginia Paz Alegría, Cristian Larry Paz Alegría, Gina Fernanda Paz, Juan Sebastián
Patiño Paz, Juan José Bautista Paz, Vivian Cristina Hernández Paz, Valery Isabel
Ramos Hernández, Gladys Paz Alegría, María Leica Paz Alegría y Fernando Luis Paz
Alegría, al ser los titulares de los derechos que afirmaron fueron vulnerados, dado que
fungieron como demandantes en el medio de control de reparación directa adelantado
bajo el radicado núm. 76001-33-33-001-2019-00125-00/01-02.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por cuanto actuó como juez dentro del proceso
mencionado, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de
sus garantías constitucionales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente el amparo.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200512 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Accionante: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
habilitan la interposición de la tutela13, y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto14.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”16.
13 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
14 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente
constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la
Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
15 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
16 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que en las acciones de tutela interpuestas en contra de las decisiones
judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, cumplir el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional implica que el asunto afecte directa y significativamente los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la
procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres
aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos
fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el
interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el
orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin
de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto17.
17 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por consiguiente, modificará el fallo de primera instancia, de
conformidad con las razones que se exponen a continuación:
5.1. Del examen del escrito de tutela se desprende que la parte actora argumentó que
la providencia cuestionada adolecía de un defecto fáctico al considerar que el órgano
judicial enjuiciado omitió analizar de manera global el material probatorio aportado, el
cual daba plena certeza de que el deterioro del estado de salud de la señora Paz
Alegría fue de origen laboral; así como el hecho de que la entidad hizo caso omiso a
las recomendaciones de reubicación emitidas desde el 2016, así como los testimonios
que daban cuenta de que aquella continuó ejecutando labores físicas exigentes pese
a las restricciones médicas.
De otro lado, adujo que incurrió en un defecto sustantivo, al interpretar incorrectamente
el contenido de las normas que regulan las actividades de prevención y reubicación
imputables al empleador, así como la obligación de mantener ambientes laborales
seguros.
Afirmó que se configuró un desconocimiento del precedente, bajo el entendido que no
aplicó los criterios establecidos por la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado, en
lo referente a la protección laboral reforzada para trabajadores en condición de
discapacidad, en concordancia con lo descrito en las sentencias T-111 de 2018 y T-
595 de 2019.
Finalmente, destacó que se desconoció el contenido de la providencia dictada por el
Consejo de Estado en el radicado núm. 19031, que versó sobre la responsabilidad
estatal por omisión en prevención de riesgos, así como la presunción de origen laboral
integral de pruebas en casos de enfermedad progresiva, como lo describió la Corte
Suprema de Justicia en la providencia SL1327 de 2016.
5.2. Ahora bien, a partir del análisis de los aspectos abordados en la sentencia de
segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así como
de las pruebas aportadas al proceso, la Subsección advierte que el ad quem arribó, en
lo sustancial, a las siguientes conclusiones:
“(…) 7. Análisis probatorio y resolución del caso concreto.
7.1. El daño
La demandante alega que el daño se configura por las lesiones o enfermedades
laborales adquiridas a lo largo de su desempeño como citadora en la
Procuraduría Regional del Valle del Cauca, que se materializó en la lesión que
padeció el 29 de noviembre de 2017, cuando sufrió una «fractura en el
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antebrazo y fémur que requirió manejo quirúrgico para fijar las fracturas», según
se desprende de la historia clínica del Sistema de Registro Clínico Avicena.
En el dictamen de determinación de origen y/o pérdida de la capacidad laboral
y ocupacional de la Junta de Nacional de Calificación de Invalidez, proferida el
18 de agosto de 2021, se dijo que la demandante «estuvo incapacitada por dos
años hasta un año (sic), refiere que no se ha reintegrado, pero le continúan
pagando el salario. Refiere que el 28/11/2017 cuando salía de trabajar sufre
caída de su altura por fractura patológica de fémur izquierdo y brazo izquierdo
con diagnóstico de osteoporosis severa, requirió osteosíntesis, con posterior
rehabilitación». Tuvo una pérdida de la capacidad laboral de 52.19% de origen
común.
7.2 La falla del servicio y el nexo de causalidad
La Sala analizará el nexo causal entre las enfermedades o lesiones adquiridas
por la demandante y la omisión de la Procuraduría General de la Nación de
aplicar las garantías de salud ocupacional, «a efectos de determinar la
correspondiente reubicación del trabajador dadas las circunstancias de salud,
ni mucho menos procedió a establecer planes de rehabilitación para la mejoría
de la salud de la señora GLORIA PAZ, de lo que se demuestra la clara
responsabilidad y omisión administrativa por parte de la entidad convocada, lo
cual condujo a la causación de los perjuicios…» En el plenario obra el siguiente
material probatorio:
-Historias Clínicas
(…)
• Incapacidades
(…)
De los documentos relacionados se desprende que la demandante estuvo
vinculada a la Procuraduría General de la Nacional en el cargo de citadora y en
el transcurso de su labor, sufrió unos accidentes laborales que fueron cerrados
sin generar incapacidad, otros fueron revisados por la junta de Calificación de
Invalidez que otorgó un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de 0.0%.
Finalmente, el 28 de noviembre 2017 sufrió otro accidente que le causó fractura
prolongada de fémur y brazo izquierdo lo cual fue catalogado de origen común.
En el recurso de apelación la demandante alegó que la entidad demandada no
la reubicó pese a su estado de salud. Al respecto, y como quedó evidenciado a
lo largo del proceso, la Procuraduría tomó las medidas para que pudiera prestar
sus labores sin poner en riesgo su salud, fue así como inicialmente determinó
que sus labores fueran desarrolladas al interior de la Procuraduría y
posteriormente decidió trasladarla al área de archivo. Esta decisión fue tomada
antes de que la ARL lo recomendara.
Al respecto la Ley 776 de 2002 «Por la cual se dictan normas sobre la
organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales» establece:
(…)
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03972-01
Accionante: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
En el presente asunto, la ARL emitió recomendaciones para mejorar el
desempeño de las funciones de la actora, pero no recomendó la reubicación;
sin embargo, la Procuraduría tomó la determinación de hacerlo, para
salvaguarda su integridad.
(…)
La Sala no encuentra que el juzgado omitiera el estudio del concepto de
rehabilitación desfavorable, pues corroboró que el proceso de calificación del
estado de invalidez fue iniciado por la Procuraduría, que lo solicitó a la EPS
Sanitas, dado que la empleada llevaba una incapacidad superior a 120 días.
Es así como a la fecha, la demandante cuenta con un dictamen de la Junta
Nacional de Invalidez que le otorgó una pérdida de la capacidad laboral de
origen común del 52.19%, por el accidente sufrido el 28 de noviembre de 2017.
Frente a la omisión del empleador en la prevención de los riesgos laborales, la
demandante manifestó que debió hacer un estudio del origen de los accidentes
laborales y tomar decisiones eficaces para el trabajador.
De los documentos obrantes en el plenario, se encuentra que la ARL a la cual
estaba afiliada la demandante analizó los accidentes profesionales padecidos y
decidió cerrarlos. No se demostró que estos generaran secuelas o incapacidad.
Sin embargo, se reitera que la Procuraduría decidió reubicarla y realizar
seguimiento de su evolución, antes de que fuera emitida recomendación alguna.
(…)
El demandante manifestó que la Procuraduría no cumplió con el programa de
salud ocupacional, como lo exige el Concepto 43011 de 2014 del Departamento
Administrativo de la Función Pública, que dispuso que los empleadores debían
cumplir con la Ley 9 de 1979 «Por la cual se dictan Medidas Sanitarias».
Al respecto, no se evidencia que la entidad demandada hubiera desconocido
esta obligación, en especial la contenida en el artículo 84 de la Ley 9 de 1979
que dispone que los empleadores deben «adoptar medidas efectivas para
proteger y promover la salud de los trabajadores, mediante la instalación,
operación y mantenimiento, en forma eficiente, de los sistemas y equipos de
control necesario para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de
trabajo».
En el expediente están los formatos de asistencia a las actividades de seguridad
social en el trabajo realizados por la Procuraduría General sobre temas como
fisioterapia, pausa activa, equilibrio, relajación cervical, ejercicios de
coordinación realizados en el año 2016. La demandante no firmó la lista de
asistencia a estas capacitaciones.
Además, la Sala no puede concluir que la Procuraduría no aplicó un programa
de salud ocupacional púes como se ha dicho en el presente asunto, el
empleador tomó las medidas que facilitaran la prestación del servicio de la
demandante, la reubicó en otra dependencia y realizó seguimiento a su caso.
(…)
También, la demandante alegó que la Procuraduría notificó la decisión de
reubicarla en el área de archivo a partir del 1 de noviembre de 2016, pero seguía
prestado las funciones de citadora a tal punto, que tuvo tres accidentes los días
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03972-01
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10 de febrero de 2016, 19 de septiembre de 2016 y 15 de mayo de 2017.
Consideró que, si la entidad hubiera acatado las restricciones a la función de
citadora, los accidentes se hubieran evitado.
Al respecto, no se probó que la ARL hubiera propuesto restricciones que
evitaran la movilización de la demandante, pues como se vio, tales
determinaciones fueron tomadas de manera preventiva por el empleador.
La demandante manifestó que los accidentes laborales del 10 de febrero y 19
de septiembre de 2016 sucedieron cuando desarrollaba labores de citadora y
llevaba documentos a la Gobernación. Al respecto, esta Corporación encuentra
que estos accidentes profesionales sucedieron antes de que la Procuraduría
tomara la decisión de reubicarla en el área de archivo.
El accidente del 15 de mayo de 2017, como relata la demandante, se presentó
cuando se iba a sentar en una silla y esta se volteó. No se probó que este
incidente, sucedió por una orden desmedida de la Procuraduría General de la
Nación.
Si bien, se evidencia que finalmente la demandante padeció un daño
consistente en fractura de fémur este no fue de origen profesional; además, los
accidentes catalogados como laborales, fueron cerrados por la ARL y no se
probó que dejaran secuelas.
(…)
Así las cosas, la Sala concluye que no se incumplimiento alguno de la
Procuraduría de las normas de salud ocupación, pues los accidentes reportados
como laborales se cerraron, no generaron una pérdida de la capacidad laboral
y algunos fueron de origen común, por lo que no se demostró la falla del servicio.
[se transcribe con posibles errores]
En conclusión, a partir de los apartes citados de la providencia cuestionada se advierte
que el tribunal accionado centró su examen en determinar si existió una falla en el
servicio atribuible a la entidad demandada y si se acreditó el nexo causal entre la
actividad laboral y el daño padecido. Para ello, estudió un amplio acervo probatorio
que incluía historias clínicas, incapacidades médicas, informes de accidentes
laborales, dictámenes de invalidez y actuaciones administrativas de la Procuraduría y
de la ARL Positiva.
Esto reveló que entre 2009 y 2017 la señora Gloria Virginia Paz Alegría sufrió múltiples
accidentes laborales menores, consistentes en caídas, torceduras y contusiones
mientras cumplía sus funciones. Sin embargo, en todos los casos la ARL calificó los
eventos como de origen profesional sin secuelas incapacitantes, otorgando una
pérdida de capacidad laboral del 0%, decisiones que fueron confirmadas por las juntas
regional y nacional de invalidez.
La Procuraduría, a su vez, adoptó múltiples medidas preventivas y de reubicación,
tales como limitar las diligencias externas, trasladarla al área de archivo y permitir
desplazamientos cortos y pausas activas. Estas acciones fueron adoptadas incluso
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antes de que la ARL emitiera recomendaciones formales, lo que evidenció una gestión
diligente orientada a preservar la salud de la funcionaria.
Pese a las alegaciones de la demandante sobre la falta de reubicación efectiva, la Sala
accionada consideró demostrado que la entidad sí cumplió con las normas de salud
ocupacional, en particular las contenidas en la Ley 776 de 2002 y la Ley 9 de 1979, al
implementar programas de prevención, capacitación y seguimiento laboral. Además,
precisó que la Procuraduría no era responsable del cierre de los casos por parte de la
ARL, ni de la calificación de origen común efectuada en los dictámenes de invalidez.
El análisis concluyó que, aunque la señora Paz Alegría padeció un daño físico real y
comprobado, no se acreditó que este tuviera origen profesional ni que fuera
consecuencia de una omisión de la entidad en la que laboraba. Los accidentes
laborales fueron cerrados sin dejar secuelas y la fractura que derivó en su estado de
invalidez se calificó como accidente común.
Por todo lo anterior, la autoridad determinó que no se configuró la falla del servicio, ni
se demostró el nexo causal entre la actuación de la Procuraduría y el daño alegado.
Así las cosas, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir,
con claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado
por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan transgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que no basta la
simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia, ii)
su carácter desproporcionado, y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración18.
5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende
imponer su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la
autoridad enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, sin que haya
demostrado la violación del derecho fundamental para el que pidió su protección.
18 Sentencia SU215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo
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Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la
parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso de reparación directa, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio expuestos en el recurso de apelación interpuesto en el marco del proceso
ordinario, sin esbozar las razones concretas por las cuales los derechos
fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa
de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en
el principio de autonomía judicial.
5.4. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente citado en la solicitud de
amparo presentada, en lo atinente a la inaplicación del contenido de las sentencias T-
111 de 2018 y T-595 de 2019 proferidas por la Corte Constitucional y la proferida por
esta Corporación en el expediente bajo el radicado núm. 19031, la Sala precisa que el
precedente19 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la
coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones
judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una
herramienta de protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al
momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.
Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen
dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende
“aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador
judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de los asuntos, el precedente
vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su
respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados
por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”20.
Según lo expuesto, y de la revisión de la jurisprudencia mencionada, la parte actora
no precisó con claridad alguna regla vinculante que haya debido considerarse y cuya
aplicación era imperiosa para adoptar la decisión atacada, por lo que no se puede
concluir que sus argumentos demuestran la existencia de un precedente horizontal con
fuerza vinculante y obligatoria de una sentencia de unificación.
Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre ese fallo, así como la
inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.
19 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
20 Ibidem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03972-01
Accionante: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también
la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos
analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio
detallado de los elementos de similitud impidió verificar si existía o no una contradicción
con el precedente alegado. Por lo anterior, no se advirtió una carga argumentativa
suficiente que sustentara el cargo formulado, lo que imposibilita su análisis de fondo
en la presente decisión.
5.5. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto a una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como
si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario22.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional y, en consecuencia, modificará la decisión adoptada en
primera instancia en el sentido de declarar su improcedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de julio de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B que negó el amparo y, en su lugar
DECLARAR Improcedente acción de tutela que interpuso Gloria Virginia Paz Alegría
y otros contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por falta de relevancia
constitucional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
21 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
22 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03972-01
Accionante: Gloria Virginia Paz Alegría y otros
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
LMMT
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