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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03976-00

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03976-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. 40 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03976 00. 41 Ibidem. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 03976 00 Accionantes: Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por los señores Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03976-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

28 de agosto de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 03976 00
Accionantes: Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03976 00
Accionantes: LUCAS POMBO SANTOS Y FRANCISCO GNECCO
ESTRADA
Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Tesis: No hay lugar a amparar los derechos fundamentales
invocados cuando no se evidencia una acción u omisión
concreta por parte de la autoridad accionada que los
vulnere o amenace.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por los señores Lucas
Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada, en contra del presidente de
la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada, actuando
en nombre propio, promovieron acción de tutela en contra del presidente
de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, con el fin que se
amparen los derechos fundamentales a la participación democrática, el

1

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Accionantes: Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada

debido proceso constitucional y el derecho a elegir y ser elegido, y para
ello formularon las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Conceder el amparo solicitado como mecanismo
transitorio de protección inmediata, en virtud del artículo 86 de la
Constitución, para evitar la configuración de un perjuicio
irreparable a los derechos fundamentales invocados.

2. Ordenar al Presidente de la República que se abstenga de
distribuir, promover, autorizar o permitir la inclusión de cualquier
papeleta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente
durante las elecciones de 2026, sin el cumplimiento previo del
procedimiento establecido en el artículo 376 CP, y que encauce
cualquier iniciativa sobre esta materia exclusivamente por la vía
constitucional prevista, respetando la competencia del Congreso
de la República.

3. Ordenar la cesación inmediata de cualquier acto oficial que
tenga como finalidad la promoción, preparación o validación de la
consulta informal anunciada el 20 de junio de 2025, por constituir
una amenaza cierta de perjuicio irreparable a derechos
fundamentales y al orden constitucional.

4. Vincular a la Registraduría Nacional del Estado Civil como
tercero con interés legítimo en el trámite, en razón de su eventual
participación en la ejecución del anuncio presidencial, y exhortarla
a abstenerse de adelantar actuaciones administrativas sin el
soporte legal previsto en el artículo 376 CP.

5. Decretar medidas cautelares urgentes, incluyendo la
suspensión inmediata de los efectos jurídicos y comunicacionales
del anuncio presidencial del 20 de junio de 2025, a fin de evitar:
(i) la consolidación de actuaciones inconstitucionales, (ii) la
generación de expectativas ilegítimas, (iii) el inicio de actos
preparatorios sin sustento legal, y (iv) la afectación a derechos
fundamentales. Esta medida se solicita como instrumento
preventivo y urgente, con fundamento en el principio de eficacia
del amparo constitucional, sin que implique prejuzgamiento sobre
el fondo del asunto.

6. Dejar constancia expresa de que los accionantes se reservan
el derecho de ampliar esta acción en caso de que surjan nuevos
actos administrativos o hechos posteriores que desarrollen o
materialicen el anuncio presidencial objeto de esta tutela […]”.
(Negrillas originales del escrito de tutela).

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03976 00.
2

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2. SITUACIÓN FÁCTICA

Los accionantes informaron que el 20 de junio de 2025, el presidente de
la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, publicó en su cuenta
oficial de la red social X un mensaje en el que, según anotaron, anunció
lo siguiente “(…) será entregada una papeleta para convocar la asamblea
nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de
millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato
imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la
democracia profunda con las gentes, la paz (…)”2.

Afirmaron que, “dicho anuncio constituye una manifestación oficial de
voluntad del Presidente de la República de promover un acto preparatorio
electoral informal (papeleta constituyente) con efectos jurídicos y
políticos anticipados, sin haber cumplido el procedimiento constitucional
exclusivo establecido en el artículo 376 de la Constitución Política”3.

Señalaron que el mencionado artículo establece que, mediante ley
aprobada por mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso
podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una
Asamblea Constituyente. Al respecto, advirtieron que actualmente no
existe ley alguna que habilite tal consulta, ni se ha dado inicio al
procedimiento correspondiente.

Continuaron relatando que el 21 de junio de 2025 el Ministerio del Interior
publicó en su página web oficial un comunicado titulado “la Asamblea no
es para este Gobierno” en el que se indicó lo siguiente: “la Asamblea
Nacional Constituyente no es para este Gobierno; buscamos una octava
papeleta para que el próximo Gobierno desarrolle ese clamor (…) para
dejar consignada la voz del pueblo, la discrepancia y malestar que tiene
en este momento, cuya solución no está en la Constitución del 91”4.

2
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
3

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Resaltaron que “esta declaración oficial refuerza la intención
gubernamental de promover un mecanismo de consulta informal por
fuera del marco normativo, en una línea similar a la Séptima Papeleta de
1990, sin aplicar el artículo 376 CP”5.

Posteriormente, manifestaron que el 24 de junio de 2025, el ministro de
Justicia, en una entrevista con la W Radio, declaró que la consulta
constituyente no se inscribía en el marco constitucional vigente, sino que
debía generarse primero como un hecho político y luego ser canalizada
mediante una ley del próximo Congreso. Al efecto, aseveraron que “estas
declaraciones confirman que el Gobierno pretende inducir una
legitimación ex post, a partir de un resultado electoral no autorizado por
la Constitución”6.

Agregaron que, “en declaraciones posteriores del mismo 24 de junio de
2025, el Ministro de Justicia confirmó que la votación se realizará en las
elecciones de marzo de 2026, precisando que 'todos los colombianos
podrán votar sí o no a una asamblea constituyente'. En la misma
intervención, reiteró que 'se trata de un hecho político a partir del cual
crearemos nuevas normas jurídicas', confirmando así tanto la fecha
específica de la amenaza como la persistencia en la estrategia de invertir
el orden constitucional establecido en el artículo 376 CP”7.

Alegaron que “el anuncio presidencial genera una afectación actual y
concreta, en tanto compromete la legalidad del proceso electoral,
promueve la utilización de un instrumento sin sustento jurídico, y produce
desde ya efectos jurídicos y políticos”8.

Adujeron que “la sola expectativa generada por la posible distribución de
dicha papeleta tiene la capacidad de alterar la percepción ciudadana,

5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
4

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inducir a error sobre mecanismos válidos de participación democrática, y
debilitar el principio de supremacía constitucional”9.

Argumentaron que “el anuncio incluye la referencia expresa a generar un
“mandato imperativo” para “el próximo gobierno y congreso”, violando
directamente la prohibición constitucional del artículo 133 CP sobre
independencia de los congresistas y el sistema de democracia
representativa”10.

Explicaron que “la proximidad de las elecciones de 2026 hace que la
amenaza sea inminente, pues cualquier dilación permitiría la
consolidación de actuaciones inconstitucionales y la generación masiva
de expectativas ilegítimas en la ciudadanía”11.

Subrayaron que “como ciudadanos colombianos habilitados para votar en
las elecciones de 2026 (…), tenemos un interés directo, concreto y
diferenciado en que los mecanismos de participación democrática se
desarrollen conforme al marco constitucional vigente. El anuncio
presidencial nos afecta de manera inmediata porque: (i) introduce
incertidumbre sobre la legalidad del proceso electoral en el que
participaremos; (ii) distorsiona el contenido y valor jurídico del sufragio
que ejerceremos; y (iii) altera anticipadamente el entorno institucional
bajo el cual se definirá la representación política. Esta afectación no es
abstracta ni hipotética: ya se están generando expectativas,
orientaciones electorales y movilizaciones ciudadanas basadas en una
consulta informal sin sustento constitucional, lo que compromete de
forma real la integridad del ejercicio efectivo de nuestros derechos
políticos”12.

9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
5

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A su turno, aseguraron que el anuncio presidencial vulnera sus derechos
fundamentales a la participación democrática, debido proceso y elegir y
ser elegido.

Frente al derecho a la participación democrática, expusieron que, “al
promoverse una papeleta constituyente sin contar con el procedimiento
constitucional requerido, se vulnera directamente nuestro derecho
fundamental a participar en procesos democráticos válidos. No se trata
de impedir la participación, sino de garantizar que ésta ocurra conforme
a los procedimientos establecidos en la Carta. Hacer una consulta
irregular desvirtúa el mecanismo participativo y compromete gravemente
su validez democrática”13.

Sobre el derecho al debido proceso constitucional, señalaron que
“tenemos derecho a que toda convocatoria a participación política —
incluida una eventual consulta constituyente — se realice en condiciones
de legitimidad, previo cumplimiento de los requisitos constitucionales del
artículo 376 CP. La omisión de tales requisitos vicia de nulidad el proceso
participativo y desnaturaliza el derecho a intervenir en la formación de la
voluntad democrática dentro de un marco de respeto a la Constitución”14.

En cuanto al derecho a elegir y ser elegido, aclararon que “este derecho
no se limita a la posibilidad formal de postularse o votar, sino que
comprende el ejercicio real, libre y legítimo de la voluntad política dentro
de un marco institucional respetuoso de la legalidad y la Constitución”15.

Anotaron que “la introducción de una papeleta informal para convocar
una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de 2026 afecta
directamente la integridad de este derecho. La inclusión de dicha papeleta
sin habilitación legal desnaturaliza el acto electoral y contamina el
proceso democrático, en tanto introduce un elemento no autorizado que

13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
6

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altera las condiciones de competencia política y la percepción ciudadana
de legitimidad”16.

Adujeron que “el artículo 376 CP establece el único procedimiento
constitucionalmente válido para convocar Asamblea Constituyente”17, por
lo que aseveraron que “el anuncio presidencial pretende eludir este
procedimiento exclusivo mediante una papeleta informal sin sustento
legal, configurando una violación flagrante al artículo 376 CP”18.

Precisaron que, “aunque la papeleta anunciada aún no tenga efectos
jurídicos definidos, el uso de la expresión "mandato imperativo" por parte
del Presidente de la República tiene un impacto institucional anticipado y
problemático. En contextos electorales, este tipo de señales
presidenciales pueden inducir comportamientos estratégicos de los
electores y condicionar indebidamente el mandato de los futuros
congresistas, afectando su independencia constitucional y sometiéndolos
a presiones políticas por fuera del marco jurídico establecido”19.

Finalmente, arguyeron que “el anuncio presidencial configura una doble
infracción constitucional: propone un mecanismo ilegal de convocatoria
y, además, anticipa efectos que comprometerían la independencia del
Congreso y del futuro gobierno, violando directamente la prohibición del
mandato imperativo establecida en el artículo 133 CP y contrariando el
principio de separación de poderes y la naturaleza representativa del
mandato democrático”20.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
7

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03976 00
Accionantes: Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada

3.1. La tutela fue radicada el 24 de junio de 202521 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 7 de julio de 202522 la admitió, negó la medida
provisional solicitada y dispuso notificar23 al presidente de la República
de Colombia, Gustavo Petro Urrego, como parte accionada; así como
vincular24 a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como tercero
interesado en el resultado del proceso.

3.2. El jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado
Civil allegó escrito25 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad
del presente trámite tutelar.

Expuso que los accionantes se limitaron a enunciar unas posibles
afectaciones a sus derechos fundamentales respecto de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para que dicha entidad se abstenga de
adelantar actuaciones administrativas encaminadas a la realización de la
votación de una Asamblea Constituyente que contraría lo previsto en el
artículo 376 de la Constitución Política, sin que aportaran prueba alguna
de la supuesta vulneración de sus derechos por parte de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

Adicionalmente, citó el artículo 374 de la Constitución Política y explicó
que, para realizar una reforma a la constitución por medio de una
Asamblea Constituyente, se requiere de una ley expedida por el Congreso
de la República en la que se disponga que el pueblo mediante votación
popular decida si convoca una Asamblea Constituyente, o no.

21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03976 00.
22
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03976 00.
23
Esta orden se cumplió el 10 de julio de 2025. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03976
00.
24
Ibidem.
25
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03976 00.
8

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En ese sentido, manifestó que “la organización de la votación de la
consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Constituyente será
adelantada por la RNEC en cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, sólo hasta que el Congreso de la República
haya expedido la ley correspondiente”.

3.3. La apoderada del presidente de la República de Colombia rindió
informe26 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de los
accionantes.

Señaló que la acción de tutela se fundamenta en propuestas de carácter
político del presidente de la República, las cuales, según afirmó, no han
trascendido de una simple opinión.

Al efecto, explicó que “estas manifestaciones están protegidas por la
libertad de expresión y forman parte del debate político legítimo, por lo
que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para que un juez
determine si una propuesta del primer mandatario es correcta o
incorrecta desde el punto de vista jurídico. En este contexto, el contenido
del mensaje objeto de cuestionamiento no configura una violación o
amenaza actual o inminente a derechos fundamentales que justifique la
intervención del juez constitucional; cuando, en realidad, se pretende su
intervención en función de valoraciones anticipadas e hipotéticas sobre
asuntos -simples manifestaciones públicas- que no están llamados a
producir efectos jurídicos ni vinculantes y que, por tanto, no pueden
conllevar una afectación concreta y demostrable de derechos
fundamentales”.

Alegó que se configura una causal de improcedencia “por tratarse de una
solicitud de protección constitucional basada en afirmaciones generales y

26
Visto en los índices 12, 13, 14 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03976 00.
9

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abstractas que no tienen la virtualidad de afectar o amenazar los
derechos fundamentales de los actores ni de ninguna otra persona”.

Resaltó que “la declaración cuestionada, relativa a la eventual
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, no estuvo dirigida
a una persona en particular, no ha tenido un desarrollo normativo o
administrativo concreto, y debe entenderse como una simple
manifestación política sin efectos jurídicos actuales. Los accionantes no
han demostrado, de manera cierta ni específica cómo dicha manifestación
afecta directamente sus derechos fundamentales, ni ha acreditado la
existencia de un daño real, inminente o actual. Por tanto, la tutela
solicitada busca una protección abstracta, carente de fundamentos claros
en hechos específicos”.

Agregó que “las declaraciones relacionadas con una eventual
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se realizaron en un
contexto político general y no constituyen una acción directa dirigida
contra los accionantes. En ese sentido, no se ha acreditado la existencia
de una amenaza real, concreta y actual a sus derechos fundamentales,
ni se configura una afectación particular que permita activar el
mecanismo de tutela. Incluso bajo el criterio de la tutela preventiva, la
pretensión no se ajusta a sus exigencias mínimas, dado que no se
evidencia un riesgo cierto e inminente que justifique la intervención del
juez constitucional”.

Advirtió que “(…) la acción de tutela no puede convertirse en un
mecanismo de control político ni en una herramienta para procurar la
corrección jurídica de las propuestas que formule públicamente el jefe del
Estado. Tampoco puede servir para que los jueces constitucionales vigilen
lo que el presidente puede o no proponer, según el criterio de un
accionante que no demuestra una afectación concreta a derechos
fundamentales. Lo contrario supondría una indebida interferencia del
poder judicial en el ámbito de la deliberación política (…)”.

10

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03976 00
Accionantes: Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada

Finalmente, arguyó que “el mensaje del 20 de junio de 2025, hecho
público por el presidente de la República a través de la Red Social X, no
tiene ningún efecto jurídico ni resulta vinculante, en tanto no constituye
un acto administrativo, ni puede entenderse como un acto preparatorio
de una cualquiera actuación administrativa o de otra naturaleza que dé
inicio a un procedimiento formal o vinculante. Se trata, por el contrario,
de una expresión política en el marco del debate público, producto del
ejercicio del derecho a la libertad de expresión del Señor presidente de
la República”.

3.4. El expediente ingresó al despacho para fallo el 21 de julio de 202527.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199128 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26
de mayo de 2015,29 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202130, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201931, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

27
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03976 00.
28
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
29
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
30
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente
a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
31
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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4.2. CUESTIÓN PREVIA

Frente a la solicitud de desvinculación formulada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la Sala advierte que no es procedente,
comoquiera que dicha entidad fue vinculada al presente trámite tutelar
atendiendo a que una de las pretensiones formuladas por los actores está
dirigida en su contra, por lo que le asiste interés en el resultado de este
proceso.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, los accionantes presentaron acción de tutela
pretendiendo la protección de los derechos fundamentales a la
participación democrática, el debido proceso constitucional y el derecho
a elegir y ser elegido, los cuales estiman vulnerados con ocasión del
mensaje publicado el pasado 20 de junio de 2025 por el presidente de la
República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en su cuenta oficial de la
red social X, en el que señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] será entregada una papeleta para convocar la asamblea
nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la
decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso
tengan el mandato imperativo de construir el estado social de
derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes,
la paz […]”.

La Sala negará el amparo deprecado, con fundamento en las razones que
pasan a explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”. (Se destaca).

12

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Accionantes: Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada

A su turno, el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, establece que “la
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los
derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”.

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-102 de 1993, expuso
que “la acción de tutela procede contra las decisiones u omisiones de
cualquier autoridad pública o de particulares, cuando éstos violen o
amenacen violar derechos fundamentales, a fin de evitar un atentado
contra la dignidad de la persona humana”32. (Se destaca).

Frente a la vulneración y la amenaza, la Corte Constitucional en sentencia
T-096 de 1994, al citar la sentencia T-412 de 1992, indicó que “La
vulneración lleva implícito el concepto de daño o perjuicio. Se vulnera
un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado.
Se amenaza el derecho cuando ése mismo bien jurídico, sin ser
destruido, es puesto en trance de sufrir mengua. La amenaza es una
violación potencial que se presenta como inminente y próxima. En el
primer caso la persona afectada ya ha sido víctima de la realización ilícita.
En el segundo, por el contrario, la persona está sujeta a la inmediata
probabilidad de un daño”33.

En el asunto bajo examen, los accionantes consideran que el anuncio
presidencial cuestionado “constituye una manifestación oficial de
voluntad del Presidente de la República de promover un acto preparatorio
electoral informal (papeleta constituyente) con efectos jurídicos y
políticos anticipados, sin haber cumplido el procedimiento constitucional
exclusivo establecido en el artículo 376 de la Constitución Política”34.

32
Corte Constitucional. Sentencia T-102 del 10 de marzo de 1993. M.P.: Carlos Gaviria
Díaz.
33
Corte Constitucional. Sentencia T-096 del 4 de marzo de 1994. M.P.: Alejandro
Martínez Caballero.
34
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03976 00.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 03976 00
Accionantes: Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada

En igual sentido, alegaron que “el anuncio presidencial genera una
afectación actual y concreta, en tanto compromete la legalidad del
proceso electoral, promueve la utilización de un instrumento sin sustento
jurídico, y produce desde ya efectos jurídicos y políticos”35.

Adujeron que “el artículo 376 CP establece el único procedimiento
constitucionalmente válido para convocar Asamblea Constituyente”36, por
lo que aseveraron que “el anuncio presidencial pretende eludir este
procedimiento exclusivo mediante una papeleta informal sin sustento
legal, configurando una violación flagrante al artículo 376 CP”37.

Indicaron que “la sola expectativa generada por la posible distribución de
dicha papeleta tiene la capacidad de alterar la percepción ciudadana,
inducir a error sobre mecanismos válidos de participación democrática, y
debilitar el principio de supremacía constitucional”38. (Se destaca).

Precisaron que, “aunque la papeleta anunciada aún no tenga efectos
jurídicos definidos, el uso de la expresión "mandato imperativo" por parte
del Presidente de la República tiene un impacto institucional anticipado y
problemático”39. (Se destaca).

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que el mensaje del presidente de la
República, cuestionado en esta acción constitucional, no vulnera ni
amenaza los derechos fundamentales invocados por los accionantes,
comoquiera que aquel no produce ningún efecto jurídico, ni político
concreto. A la fecha, dicha manifestación no ha causado un daño o un
perjuicio directo, ni “el bien jurídico que constituye su objeto” ha sido
lesionado.

35
Ibidem.
36
Ibidem.
37
Ibidem.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03976 00
Accionantes: Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada

Tal como lo señalan los accionantes en su solicitud de amparo, el anuncio
presidencial implica “la posible distribución”40 de dicha papeleta para
convocar a una asamblea nacional constituyente, es decir, es algo incierto
que no se ha consolidado como una decisión o un acto administrativo
concreto que surta efectos, por lo que tampoco se evidencia la “violación
potencial que se presenta como inminente y próxima”.

Ahora, frente al argumento relacionado con que “el anuncio presidencial
pretende eludir”41 el procedimiento dispuesto en el artículo 376 de la
Constitución Política, por lo que, presuntamente se configura una
violación flagrante a dicho artículo, la Sala advierte que, a la fecha, no se
ha convocado a una asamblea nacional constituyente a través de “una
papeleta”, omitiendo el mencionado procedimiento, por lo que tampoco
se evidencia la vulneración alegada por los accionantes.

En ese sentido, y comoquiera que de los supuestos de hecho en los que
se fundamenta la pretensión de amparo, no se advierte la vulneración de
los derechos invocados por los accionantes, la Sala negará la acción de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme lo expuesto en las
consideraciones de esta providencia.

40
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03976 00.
41
Ibidem.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03976 00
Accionantes: Lucas Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por los señores Lucas
Pombo Santos y Francisco Gnecco Estrada, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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