RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03984-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03984-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03984-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ariel Manuel Arteta Rúa y, en consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia otorgue respuesta de fondo a la petición del 29 de abril de 2025 y le notifique de esta al accionante. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del Consejo Superior de la Judicatura. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03984-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de julio de 2025

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03984-00
Demandante: ARIEL MANUEL ARTETA RÚA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema: Tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 24 de junio de 2025, el señor Ariel Manuel Arteta Rúa, actuando
en nombre propio, inició acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura
por la presunta transgresión de su derecho fundamental de petición. El accionante
consideró vulnerada la referida garantía constitucional con ocasión de una solicitud
elevada el 29 de abril de 2025 ante la entidad accionada y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ), sin que a la fecha de interposición del mecanismo
constitucional se diera respuesta.

1.2. Pretensiones

Si bien el accionante no elevó ninguna solicitud explícita, de la lectura del escrito
tutelar, es claro que lo perseguido por el señor Arteta Rúa es el amparo de su derecho
fundamental de petición y, en consecuencia, que se ordene a la entidad accionada
responder de fondo a la solicitud que formuló el 29 de abril de 2025.

1 Índice 2 expediente de Samai.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 29 de abril de 2025, el señor Arteta Rúa, quien se desempeña como coordinador de
la Oficina de apoyo para los Juzgados de Ejecución de Sentencias Civiles Municipales
de Barranquilla, elevó petición al Consejo Superior de la Judicatura y a la DEAJ2 en la
cual consultó lo siguiente:

Así las cosas, considero útil y necesario elevar esta consulta ante su entidad con el
objetivo de que me aclare si, de acuerdo con el manual de depósitos judiciales, el
acuerdo PSAA13-9984 de 2013 que creó la oficina de apoyo, y demás normas
referentes al manejo de depósitos judiciales, 1) ¿Es procedente que la Oficina de apoyo
de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Barranquilla
continúe gestionando y atendiendo las solicitudes de existencia de depósitos judiciales
elevadas por los usuarios de la justicia o en su defecto remitir a los usuarios al
procedimiento definido por el Banco Agrario?

2) Es procedente solicitar a los usuarios el pago de arancel judicial para la expedición
de certificaciones que resuelvan las solicitudes de existencia de depósitos judiciales
elevadas por los usuarios de la justicia.3

1.4. Fundamentos de la vulneración

El accionante afirmó que la petición radicada ante el Consejo Superior de la Judicatura
y la DEAJ el 29 de abril de 2025 no había sido contestada, superando los 30 días con
los cuales dichas entidades contaban para absolver su consulta. Asimismo, hizo
alusión al artículo 23 constitucional y precisó que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la vulneración del derecho de petición ocurre cuando no se resuelve de
fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado, así como cuando la respuesta
no se pone en conocimiento del peticionario.

1.5. Trámite de la acción de tutela
La solicitud de amparo fue inicialmente repartida al Tribunal Superior de Barranquilla
el cual, mediante auto del 24 de junio de 2025, la remitió al Tribunal Administrativo del
Atlántico al observar que la misma fue interpuesta por un funcionario perteneciente a
la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, en proveído del 25 de junio de 2025, el
Tribunal Administrativo del Atlántico remitió el asunto al Consejo de Estado en vista de
que el accionado es el Consejo Superior de la Judicatura.

A través de auto del 3 de julio de 2025, la Magistrada ponente resolvió: admitir la acción

2 La petición fue radicada a los correos electrónicos presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co

y medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co.
3 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

de tutela, ordenar la notificación del Consejo Superior de la Judicatura4 como autoridad
accionada, y vincular a la DEAJ5 como tercero con interés.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad con
las constancias que obran en el expediente digital6, se recibió la siguiente intervención:

1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia - DEAJ7

La entidad realizó un recuento de la petición elevada por el accionante y refirió que el
8 de julio de 2025 respondió a lo consultado, allegando la contestación al correo
electrónico indicado por el señor Arteta Rúa. En ese orden, alegó que «la acción
constitucional de la referencia se torna improcedente al configurarse el fenómeno
jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado».

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura8

Indicó que el 5 de mayo de 2025 remitió la petición a la DEAJ por ser el asunto de su
competencia. Sostuvo que, si bien de ello no fue enterado el peticionario en su
momento, durante el transcurso del mecanismo constitucional de la referencia, tal
yerro fue subsanado, por lo cual solicitó que se niegue la solicitud de amparo con
relación a la entidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
constitucional presentada por el señor Ariel Manuel Arteta Rúa por cuanto esta se
dirige contra el Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto Ley 2591 de
1991. Esto, en consonancia con lo establecido en el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1.
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, y el
artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019 «Reglamento Interno del Consejo de Estado».

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

4 La notificación se surtió al correo electrónico presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
5
La notificación se surtió al correo electrónico deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
6 Índice 7 del expediente de Samai.
7 Índice 11 del expediente de Samai.
8 Índice 15 del expediente de Samai.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración
de Justicia vulneraron el derecho fundamental de petición del señor Ariel
Manuel Arteta Rúa con ocasión de la falta de respuesta a la petición que este
elevó el 29 de abril de 2025?

Para resolver la interrogante planteada, se analizarán los siguientes temas: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) la carencia actual
de objeto por hecho superado y (iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable9.

2.5. Derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución»10. El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos
parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:

El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido11.

9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar
sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario
debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada»12.

Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»13.

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la
respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad competente.
En palabras de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones
dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la
remisión a la entidad encargada14.

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes

12 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
13 Ibídem.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone
que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo15.

En suma, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la
contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el
peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el solicitante entienda el porqué de
los argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta; iii) mantener coherencia
con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello; y,
finalmente v) notificarse de manera eficaz para su debida materialización.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo
pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones16 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1.º de septiembre de

15 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
16 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción17.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado. (Negrillas propias)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente18.

Con base en el marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha sostenido que
el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando
en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha
realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos
fundamentales19.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos

17 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
18 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
19 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal20.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere
antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado
que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta
desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso
de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados21.

2.7. Caso concreto

La parte actora alegó la vulneración de su derecho fundamental por parte del Consejo
Superior de la Judicatura, puesto que no había dado respuesta a una consulta elevada
el 29 de abril de 2025.

Ahora bien, puesto que la petición en comento fue allegada tanto al Consejo Superior
de la Judicatura como a la DEAJ, el estudio del asunto de la referencia para determinar
la vulneración a la garantía constitucional del accionante se efectuará respecto de
ambas entidades.

2.7.1. De la respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En primer lugar, a partir de la intervención de la DEAJ, la Sala advierte que el 8 de julio
de 2025, fecha posterior a la presentación de esta acción de tutela, la entidad le allegó
respuesta al accionante de su petición:

Tal contestación se efectuó por fuera del término de 30 días dispuesto en el artículo
14 de la Ley 1437 de 2011 para dar respuesta a las peticiones efectuadas en la
modalidad de consulta. La disposición en comento establece:

20 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
[…]
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

Como se desprende de lo anterior, puesto que la consulta se elevó el 29 de abril de
2025, el término para su resolución oportuna finalizó el 12 de junio de 2025, esto es,
con anterioridad tanto a la radicación de la acción de tutela como de la respuesta
otorgada por la DEAJ.

En ese orden, la Sala debe determinar si la respuesta de la entidad, pese a ser
proferida por fuera de la oportunidad fijada por la ley para ello, respetó los demás
componentes del núcleo esencial del derecho fundamental de petición, pues, de ser
así, habría lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por tanto, es necesario analizar si la contestación del 8 de julio de 2025: i) versó sobre
lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el peticionario desea saber; ii) fue clara
a fin de que el solicitante entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun
cuando no los comparta; iii) mantuvo coherencia con lo solicitado y iv) se notificó de
manera eficaz al señor Arteta Rúa.

El señor Arteta Rúa elevó consulta a la DEAJ al Consejo Superior de la Judicatura,
con el fin de que se le aclararan dos asuntos específicos: en primer lugar, si resulta
procedente que la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución
de Sentencias de Barranquilla continúe gestionando las solicitudes de los usuarios
sobre la existencia de depósitos judiciales, o si, por el contrario, debe remitir a los
usuarios al procedimiento que define el Banco Agrario; y, en segundo lugar, si es
procedente exigir el pago del arancel judicial para la expedición de certificaciones que
resuelvan esas solicitudes.

De la lectura de la respuesta emitida por la DEAJ, esta Sala anticipa que la entidad no
atendió de manera precisa los asuntos consultados por el accionante, ni formuló una
contestación que versara sobre lo realmente preguntado.

En efecto, frente a la primera cuestión, relativa a si la Oficina de Apoyo de los Juzgados
de Ejecución debe atender las solicitudes de existencia de depósitos judiciales o
remitirlas al Banco Agrario, la DEAJ se limitó a señalar los responsables de administrar,
operar o manejar las cuentas judiciales. Adicionalmente, describió el trámite que se
debe seguir para la transacción de depósitos judiciales, destacando la necesidad de
contar con una orden judicial, e indicó los medios dispuestos para materializar esas
órdenes.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

No obstante, la entidad no respondió si compete o no a la oficina de apoyo atender las
solicitudes de existencia de depósitos judiciales formuladas por los usuarios, ni
tampoco aclaró si tales solicitudes deben ser canalizadas ante el Banco Agrario. Así,
aunque la respuesta guarda relación temática con la administración de depósitos
judiciales, no satisfizo el núcleo de la consulta elevada por el señor Arteta Rúa, al no
pronunciarse sobre el punto concreto planteado.

En relación con el segundo punto objeto de consulta, esto es, si resulta procedente
exigir a los usuarios el pago de arancel judicial para la expedición de certificaciones
que resuelvan las solicitudes de existencia de depósitos judiciales, la DEAJ respondió
haciendo alusión al artículo 362 del Código General del Proceso y al Acuerdo
PCSJA23-12106 del 31 de octubre de 2023, el cual establece las tarifas aplicables a
los trámites que, por ley o por requerimiento de la entidad respectiva, deban realizarse
de forma física o que sean solicitados por el interesado en papel o en soporte
magnético.

Sin embargo, pese a haber enunciado el marco normativo que regula tales aranceles
judiciales, lo cierto es que la entidad no aterrizó estas disposiciones a la pregunta
concreta del accionante. En efecto, la respuesta omitió pronunciarse con claridad
sobre si las certificaciones relativas a la existencia de depósitos judiciales, cuando son
solicitadas por los usuarios, están o no cobijadas por el pago del arancel judicial, lo
que impide considerar que la contestación haya sido precisa con lo preguntado o
suficiente para que el peticionario comprendiera con claridad lo resuelto.

En consecuencia, la Sala concluye que, aunque la DEAJ allegó una respuesta formal
al señor Arteta Rúa, esta no salvaguardó de manera efectiva su derecho fundamental
de petición, por cuanto no atendió de manera precisa los asuntos objeto de consulta,
ni desarrolló una contestación centrada en los puntos específicos planteados por el
accionante. Por lo tanto, se ordenará a la entidad que emita una nueva respuesta que
atienda con claridad y de forma congruente las cuestiones formuladas y, en
consecuencia, observe los elementos que integran el núcleo esencial de esta garantía
constitucional.

2.7.2. De la respuesta del Consejo Superior de la Judicatura

Ahora bien, en lo que respecta a la otra entidad accionada, el 9 de mayo de 2025
remitió la petición elevada por el tutelante a DEAJ a través de su mesa de entrada, por
considerar que el asunto correspondía a sus competencias. De esta remisión, y tal
como se admite en su contestación, el Consejo Superior de la Judicatura no comunicó
al accionante. Lo anterior, como se observa en la siguiente captura de pantalla:

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

Como se indicó con anterioridad, el término legal de 30 días con que contaba la entidad
para resolver la petición y comunicar la respuesta al peticionario venció el 12 de junio
de 2025. Por tanto, desde el día siguiente, el Consejo Superior de la Judicatura ha
vulnerado el derecho fundamental de petición del accionante, al incumplir el deber
informar al señor Arteta Rúa de la remisión de su petición a la DEAJ.

No obstante, el mencionado deber fue cumplido durante el transcurso del trámite
tutelar, cesando con ello la vulneración al derecho fundamental de petición invocado
en el escrito inicial. Como se desprende de las constancias allegadas por la entidad,
el 17 de julio de 2025, le informó al tutelante de la remisión por competencia de su
petición:

Así las cosas, puesto que el Consejo Superior de la Judicatura adelantó las
actuaciones necesarias para que durante el transcurso de la acción de tutela culminara
la transgresión a la garantía constitucional solicitada en amparo, se declarará respecto
de esta entidad la carencia actual de objeto por hecho superado.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-00

FALLA

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ariel Manuel
Arteta Rúa y, en consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia otorgue respuesta de fondo a la petición del 29 de abril de 2025 y le
notifique de esta al accionante.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
del Consejo Superior de la Judicatura.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.