Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03984-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03984-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03984-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03984-01
Accionante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia
Temas: Demanda de tutela contra autoridad pública / Derecho de petición / Se confirma la
decisión de primera instancia.
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 24 de
julio de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual (i) se
amparó el derecho fundamental de petición del accionante frente a los reparos
contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y (ii) se declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado frente al Consejo Superior de la Judicatura.
SÍNTESIS
El accionante alega que la autoridad accionada no dio respuesta a una solicitud de
información acerca de la competencia de la Oficina de Apoyo de los Juzgados
Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Barranquilla para certificar la
existencia de depósitos judiciales y el cobro del respectivo arancel judicial. Se
confirma la decisión de primera instancia.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
El 25 de junio de 2025 Ariel Manuel Arteta Rúa presentó, en nombre propio, una
demanda en ejercicio de acción de tutela para obtener la protección de su derecho
fundamental de petición. El accionante considera que esa garantía fundamental
fue vulnerada por el Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de la omisión
de respuesta a la petición presentada el 29 de abril de 2025, relacionada con la
competencia de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de
Ejecución de Sentencias de Barranquilla, para resolver las solicitudes de
existencia de depósitos judiciales y el cobro del respectivo arancel judicial.
Si bien el accionante no presentó ninguna pretensión explícita, de la demanda de
tutela se evidencia que lo pretendido es el amparo de su derecho fundamental de
petición y, en consecuencia, que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura
otorgar una respuesta de fondo a la solicitud presentada el 29 de abril de 2025.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-01
Accionante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Se confirma la decisión de primera instancia
B. Hechos
El accionante se desempeña como Profesional Universitario Grado 20, adscrito a
la Oficina de Apoyo para Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de
Sentencias de Barranquilla.
El 29 de abril de 2025 el actor presentó, mediante correo electrónico enviado a las
direcciones presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co y
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co –del Consejo Superior de la Judicatura y de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial–, una petición en la que solicitó que
se resolvieran los siguientes interrogantes:
1) ¿Es procedente que la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles
Municipales de Ejecución de Sentencias de Barranquilla continúe gestionando
y atendiendo las solicitudes de existencia de depósitos judiciales elevadas por
los usuarios de la justicia o en su defecto remitir a los usuarios al
procedimiento definido por el Banco Agrario?
2) ¿Es procedente solicitar a los usuarios el pago de arancel judicial para la
expedición de certificaciones que resuelvan las solicitudes de existencia de
depósitos judiciales elevadas por los usuarios de la justicia?
A la fecha de presentación de la demanda de acción tutela, el accionante afirmó
no haber recibido respuesta a su solicitud.
C. Fundamentos de la vulneración
El accionante afirma que la autoridad demandada transgredió su derecho
fundamental de petición, en tanto la solicitud presentada el 29 de abril de 2025 no
había sido resuelta.
D. Trámite procesal
Mediante auto del 3 de julio de 20251 la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela y notificó a la autoridad accionada2 y al tercero con
interés3.
E. Oposiciones e intervenciones
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 (tercero con interés) solicitó que
se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado, porque mediante
correo del 8 de julio de 2025 el Grupo de Fondos Especiales de la Unidad de
Presupuesto dio respuesta a la solicitud presentada por el accionante.
1 Índice 4 del expediente digital en Samai.
2 Consejo Superior de la Judicatura.
3 Vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, debido a que la solicitud fue remitida a dicha
autoridad.
4 Índice 11 del expediente digital en Samai.
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En memorial aportado por el accionante5 indicó que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial no dio respuesta al derecho de petición, pues dicha
autoridad se limitó a indicar la competencia para la gestión de depósitos judiciales
y quiénes tienen a su cargo la operación de estos en la plataforma web del Banco
Agrario, cuándo se está habilitado para realizar operaciones con los depósitos
judiciales y las transacciones de estos, así como la normativa respecto del arancel
judicial, sin resolver la consulta planteada.
La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura6 (accionado) solicitó que se
negara el amparo frente a dicha autoridad, toda vez que el 5 de mayo de 2025
remitió la solicitud presentada por el accionante, por competencia, a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, lo cual se le informó al actor el 17 de julio de
2025.
F. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 24 de julio de 20257 la Sección Quinta del Consejo de
Estado resolvió:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ariel
Manuel Arteta Rúa y, en consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia otorgue respuesta de fondo a la
petición del 29 de abril de 2025 y le notifique de esta al accionante.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto del Consejo Superior de la Judicatura.
En primer lugar, señaló que, si bien el 8 de julio de 2025 la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dio respuesta a la petición presentada por el actor, no
atendió de manera precisa los asuntos consultados por él.
Afirmó que, respecto del primer interrogante, relativo a si la Oficina de Apoyo de
los Juzgados de Ejecución debe atender las solicitudes de existencia de depósitos
judiciales o remitirlas al Banco Agrario, dicha autoridad se limitó a señalar a los
responsables de administrar, operar o manejar las cuentas judiciales, describió el
trámite que se debe seguir para la transacción de depósitos judiciales e indicó los
medios dispuestos para materializar esas órdenes.
Sin embargo, no respondió si compete o no a la Oficina de Apoyo atender las
solicitudes de existencia de depósitos judiciales formuladas por los usuarios, ni si
estas deben ser remitidas al Banco Agrario y si debe seguir cobrando el arancel
judicial.
5 Índice 13 del expediente digital en Samai.
6 Índice 15 del expediente digital en Samai.
7 Índice 17 del expediente digital en Samai.
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Además, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial hizo referencia al marco
normativo que regula los aranceles judiciales, pero no dio respuesta a la pregunta
del accionante sobre el cobro del mismo.
Por lo anterior, concedió el amparo y ordenó a dicha autoridad que diera una
respuesta congruente a la solicitud presentada por el accionante.
En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado porque remitió, por competencia, el 9 de mayo de
2025, la petición presentada por el accionante a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y en el trámite de la presente acción comunicó al actor
dicha determinación.
G. Impugnación
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impugna la anterior decisión 8.
Indica que, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 24 de
julio de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
correo del 30 de julio de 2025 informó al accionante que el Grupo de Fondos
Especiales únicamente apoya el proceso de prescripción de depósitos judiciales,
efectúa el recaudo de aquellos que se encuentran prescritos y propone las
directrices y procedimientos para su administración y manejo.
Adicionalmente, le informó que carece de competencia para determinar las
funciones específicas de las Oficinas de Apoyo y su gestión con los usuarios de la
justicia.
En cuanto al cobro de las tarifas por concepto de arancel judicial, le comunicó al
accionante que esa dependencia no tiene competencia para determinar si, para
ese tipo de certificaciones, debe cobrarse o no arancel judicial, pues en el Acuerdo
PCSJA23-12106 no se menciona su cobro.
Por tal motivo considera que los supuestos fácticos y jurídicos que motivaron la
presentación de la demanda de tutela desaparecieron con la respuesta del 30 de
julio de 2025, por lo cual se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado.
II. CONSIDERACIONES
H.- Competencia
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
8 Índice 22 del expediente digital en Samai.
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I.- Requisitos generales de procedencia
La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos generales que
habilitan la procedencia de la demanda de tutela por cuanto: el demandante está
legitimado en la causa por activa, pues presentó la solicitud en nombre propio. A
su vez, la demanda de tutela cumple con los requisitos de (i) subsidiariedad
porque no existe otro medio de defensa judicial que el accionante deba agotar e
(ii) inmediatez, pues el accionante presentó una solicitud el 29 de abril de 2025 a
los correos electrónicos presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co y
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, con el fin de que se resolvieran sus
consultas, relativas a la competencia de la Oficina de Apoyo de los Juzgados
Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Barranquilla frente a la
certificación de depósitos judiciales y el cobro del arancel judicial.
J. Análisis y sentido de la decisión
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que concedió el amparo del
derecho fundamental de petición del accionante y no declarará la carencia actual
de objeto solicitada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en el
escrito de impugnación, pues la respuesta de fondo solo se produjo en
cumplimiento del amparo ordenado por la primera instancia.
Cabe precisar que, teniendo en cuenta que únicamente impugnó la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y no el Consejo Superior de la Judicatura –
frente al cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en la
decisión de primera instancia–, el estudio se centrará en la vulneración alegada
frente a dicha autoridad.
Respecto del derecho fundamental de petición, la Corte Constitucional9 ha
establecido que el destinatario de una solicitud debe resolverla de fondo, de forma
clara, precisa y congruente, dentro del término legal establecido, notificando la
respuesta al peticionario de manera idónea y de acuerdo con lo establecido en la
ley.
Frente a tales requisitos, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
(i) Clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión;
(ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho
de petición formulado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad
de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una
respuesta como si se tratara de una petición aislada o nueva, sino que, si
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente10.
9 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-066 de 2024, M.P. Vladimir Fernández Andrade.
10 Corte Constitucional, sentencia T-329 de 2021, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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En el caso concreto, la Sala coincide con lo expuesto por el a quo, en tanto la
respuesta otorgada al accionante el 8 de julio de 2025 por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial no fue precisa ni congruente.
En la petición presentada el 29 de abril de 2025, el accionante solicitó que se le
informara (i) si es procedente que la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles
Municipales de Ejecución de Sentencias de Barranquilla continúe gestionando y
atendiendo las solicitudes de existencia de depósitos judiciales elevadas por los
usuarios de la justicia o si se debe remitir a los usuarios al procedimiento definido
por el Banco Agrario y (ii) si es procedente solicitar a los usuarios el pago de
arancel judicial para la expedición de certificaciones que resuelvan las solicitudes
de existencia de depósitos judiciales elevadas por los usuarios de la justicia.
Tal como lo indicó el fallador de primera instancia, en la respuesta otorgada el 8
de julio de 2025, la autoridad accionada se limitó a informar al actor sobre el
ámbito de aplicación de los depósitos judiciales, la administración, operación o
manejo de las cuentas judiciales y la transacción de los mismos.
De otro lado, hizo referencia al artículo 362 del Código General del Proceso, que
establece que, cada dos años el Consejo Superior de la Judicatura regula el
arancel judicial. Sin embargo, no resolvió de fondo lo solicitado por el accionante.
Así las cosas, la Sala advierte, tal como lo hizo la Sección Quinta de esta
Corporación en la sentencia de primera instancia que, aunque la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial envió una respuesta al accionante el 8 de julio
de 2025, en ella no resolvió de fondo lo pretendido por el actor, por lo que había
lugar a conceder el amparo.
En la impugnación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicita que se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado porque el 30 de julio del
año en curso, dio respuesta a la petición del actor en los términos indicados en la
orden proferida en la sentencia de primera instancia, y le informó al accionante lo
siguiente:
(…) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del Grupo de
Fondos Especiales, como la dependencia técnica y administrativa encargada
del recaudo de los recursos que contribuyen al mejoramiento del
funcionamiento de la administración de justicia, en materia de depósitos
judiciales únicamente apoya el proceso de prescripción, efectúa el recaudo de
los depósitos que se encuentran ya prescritos, y propone las directrices y
procedimientos para la administración y manejo de estos, las cuales se
encuentran dispuestas en el Acuerdo PCSJA21-11731 de 2021, tal como le
fue informado en anterior comunicación.
Por lo anterior, carecemos de competencia para determinar las funciones
específicas de las Oficinas de Apoyo y su gestión con los usuarios de la
justicia, diferentes a las mencionadas en anterior comunicación y que están
contempladas el citado Acuerdo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-01
Accionante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Se confirma la decisión de primera instancia
Ahora bien, en lo referente al cobro de las tarifas por concepto de arancel
judicial para la expedición de certificaciones relacionadas con depósitos
judiciales, se informa que las tarifas que establece el Acuerdo PCSJA23-
12106 corresponden de manera general a copias, desgloses, certificaciones,
autenticaciones, notificaciones y similares, sin hacer mención específica a
certificaciones relacionadas con depósitos judiciales, por lo que, tampoco es
competencia de esta dependencia determinar si en este caso, para ese tipo de
certificaciones, se debe cobrar o no el arancel, más aún, cuando en el citado
Acuerdo no se hace una mención específica al respecto (…)
Si bien de lo anterior es posible advertir que existe una respuesta de la entidad a
lo pedido por el actor, la misma se produjo en cumplimiento de la sentencia de
primera instancia, por lo que no resulta procedente declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado, sino confirmar la decisión de primera instancia.
El hecho superado solo puede configurarse antes de que se profiera la sentencia
de tutela que concede el amparo constitucional, pues esta es de cumplimiento
inmediato, según lo dispone el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. En ese
sentido, si después de proferido el fallo se toman los correctivos para hacer cesar
la vulneración declarada, ello no configura un supuesto de hecho superado, sino
que simplemente obedece al cumplimiento de la sentencia proferida en el proceso
de tutela, como se observa que sucedió en ese caso11.
En todo caso, cabe agregar que el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 establece
que, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, el funcionario
sin competencia debe informar de inmediato al interesado si actúa verbalmente, o
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción si obró por escrito. Dentro
de ese término, debe remitir la petición al competente y enviar copia del escrito
remisorio al peticionario o, en caso de no existir funcionario competente, así debe
comunicárselo.
Por lo anterior, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le corresponde
remitir la petición a la autoridad competente y enviar copia del escrito remisorio al
peticionario o comunicarle si no existe un funcionario competente.
De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que se acreditó la radicación
del derecho de petición y la falta de respuesta congruente y precisa por parte de la
autoridad vinculada antes de que se presentara la demanda de tutela, la Sala
concluye que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial vulneró el derecho
fundamental de petición del accionante, por lo que se confirmará la decisión de
primera instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
11 Corte Constitucional, sentencia T-439 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03984-01
Accionante: Ariel Manuel Arteta Rúa
Se confirma la decisión de primera instancia
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 24 de
julio de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que (i) amparó el
derecho fundamental de petición del accionante frente a los reparos contra la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y (ii) declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado respecto del Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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