Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03985-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03985-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03985-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
16 de octubre de 2025
Demandante: Yony Alirio Rosero Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03985-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03985-01
Demandante: YONY ALIRIO ROSERO HERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia que
declara la improcedencia de la acción por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del
21 de agosto de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple el presupuesto de la
relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito enviado el 25 de junio de 2025, el señor Yony Alirio Rosero
Hernández, por conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Lo anterior, por cuanto la aludida autoridad juridicial en sede de recurso de súplica,
por medio del auto del 9 de mayo de 2025, revocó el proveído que había rechazado
por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (en adelante Casur) para, en su lugar, disponer la
continuidad del trámite de la alzada. Todo en el marco de un proceso ejecutivo con
radicado 52001-33-33-002-2015-0448-00/01.
1
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Demandante: Yony Alirio Rosero Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03985-01
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:
Solicito de manera respetuosa a los señores Magistrados del Consejo de Estado […],
amparar los derechos fundamentales del señor Comisario (r) Yony Alirio Rosero
Hernández, violados con la decisión recurrida en amparo.
Como consecuencia de lo anterior, solicito dejar sin efectos el auto interlocutorio de
9 de mayo de 2025, objeto de esta denuncia, mediante el cual se dispuso dar trámite
al recurso de apelación interpuesto por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.
Dicho auto revocó la decisión adoptada por el Magistrado Ponente: Dr. Álvaro
Montenegro Calvachy, contenida en providencia del 11 de diciembre de 2020, en la
que se desvinculó el auto admisorio del recurso de apelación y, en su lugar, se
resolvió su rechazo por haber sido presentado de manera extemporánea.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada por el señor Yony Alirio Rosero Hernández se
sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:
Relató que estuvo vinculado a la Policía Nacional por más de 25 años y ostentó como
último grado el de comisario. Añadió que Casur le reconoció una asignación de retiro,
a través de la Resolución 5360 del 17 de noviembre de 2009, de conformidad con lo
dispuesto en los Decretos 1091 de 19951, 4433 de 20042 y demás normas
concordantes.
Señaló que acudió a la jurisdicción, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con miras a obtener la reliquidación de su asignación
de retiro. Lo anterior, por cuanto la Resolución 5360 de 2009 se fundó en normas
derogadas (Decreto 1091 de 1995) e inaplicables (Decreto 4433 de 2004) para el
nivel ejecutivo.
Precisó que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, por
fallo del 4 de marzo de 2013, declaró la nulidad parcial del aludido acto administrativo
y ordenó la reliquidación de la asignación de retiro con las partidas computables del
artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, a partir del 30 de diciembre de 2009. Decisión
que fue aclarada por proveído del 10 de abril de 2013.
1
Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995.
2
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública.
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Demandante: Yony Alirio Rosero Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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Aseveró que promovió una demanda ejecutiva, la cual le correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto con el radicado 52001-33-33-
002-2015-0448-00. Instancia que, a través del proveído del 6 de octubre de 2015,
avocó conocimiento y libró mandamiento de pago en contra de Casur por la suma de
$145.513.214.
Adujo que el aludido juzgado, en audiencia de instrucción y juzgamiento del 16 de
marzo de 2017, (i) declaró probada parcialmente la excepción de pago propuesta por
Casur; y (ii) ordenó seguir adelante la ejecución.
Enfatizó que Casur, en la oportunidad prevista en el artículo 247-1 del CPACA,
interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia, el cual fue concedido por
el juzgado el 26 de abril de 2017 y admitido por el Tribunal Administrativo de Nariño
mediante providencia del 15 de mayo del mismo año.
Puntualizó que el tribunal, como consecuencia de una solicitud del Ministerio Público,
a través del auto del 11 de diciembre de 2020, revocó el auto del 15 de mayo de 2017
y rechazó el recurso de apelación interpuesto por Casur, por extemporáneo, así:
En tal sentido, aunque erróneamente la primera instancia indicó a los asistentes
que el recurso de apelación podría interponerse en los 10 días siguientes a la
audiencia, lo cierto es que ello no era así en tanto el proceso ejecutivo no se rige
por las disposiciones del CPACA, sino por el CGP, última codificación que es
clara y precisa al señalar los términos y modalidades para interponer los recursos.
De tal forma que, como sucedió en este caso, en el cual la sentencia se notificó
por estrados, la obligación de los apoderados judiciales era impugnar la decisión
en ese mismo momento, situación que no ocurrió así, pues solo 10 días después
de evacuada la diligencia en la que se profirió la sentencia de primera instancia
se radicó escrito de apelación.
Aseveró que Casur interpuso recurso de súplica, el cual fue resuelto por proveído del
9 de mayo de 2025, que revocó el auto del 11 de diciembre de 2020 y dispuso la
continuidad del trámite de la alzada conforme a derecho. Lo anterior, luego de hacer
un análisis ponderado de la norma que el tribunal consideró aplicable, las incidencias
que se suscitaron y la actividad de las partes.
1.4. Sustento de la petición
El accionante señaló que el auto del 9 de mayo de 2025 incurrió en defecto
procedimental absoluto y desconocimiento del precedente.
Señaló que para efectos de conceder y admitir el recurso de apelación interpuesto
por Casur se debieron atender las previsiones del Código General del Proceso
(CGP), y no del CPACA.
3
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Demandante: Yony Alirio Rosero Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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Destacó que, si bien es cierto que el juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Pasto le indicó a los asistentes de la audiencia inicial que el recurso de apelación
se podía interponer dentro de los 10 días siguientes, también lo es que ese error no
daba lugar a que Casur soslayara el artículo 322 del CGP, tal como lo consideró el
Tribunal Administrativo de Nariño en el proveído del 11 de diciembre de 2020.
Afirmó que Casur estuvo representada a través de un abogado, profesional que debió
conocer la norma procesal aplicable e interponer el recurso de apelación en
oportunidad. «A pesar de ello, el Tribunal, en un acto que desconoce la ejecutoria de
la sentencia y vulnera el principio de cosa juzgada, […] avaló el trámite de un recurso
abiertamente improcedente, justificando su admisión bajo la presunta “confusión”
generada por el juzgado, cuando en realidad se trató del aprovechamiento deliberado
de un término procesal más amplio para presentar la alzada, en contravía de los
principios de lealtad procesal y seguridad jurídica.»
Insistió en que el auto del 9 de mayo de 2025 «revive un recurso ya fenecido, quiebra
la cosa juzgada, y desconoce la firmeza de la sentencia del 16 de marzo de 2017,
con lo cual se configura una vía de hecho judicial, susceptible de ser corregida por
medio de la presente acción de tutela.»
Señaló que la decisión que se cuestiona se aparta de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que señalan,
en su orden, que (i) «las providencias ilegales no atan al juez»3; (ii) «una actuación
abiertamente ilegal no puede consolidarse ni vincular al juez a perseverar en el
error.»4; y (iii) «cuando un juez ordinario toma una decisión que desconoce o
desobedece los principios y las garantías consagrados en el Ordenamiento Superior
[…] resulta factible que […] pueda cuestionarse a través de la acción de tutela.»5
De igual forma, puso de relieve que la providencia cuestionada desconoce lo resuelto
por el Tribunal Administrativo del Nariño en los autos del (i) 29 de julio de 2019 con
radicado 52001 33 33 005 2018 00045 01 (7954), actor: Jaime Danilo Obando López
contra Casur; (ii) 15 de octubre de 2019 con radicado 52001 23 33 003 2015 00447
01, actor: James Emidio Coral; y (ii) 17 de septiembre de 2024 con radicado 52001
33 33 002 2015 00448 01 (4272), actor Yony Alirio Rosero Hernández, lo cual
transgrede el derecho a la igualdad.
1.5. Trámite en primera instancia
3
Fallo del 2 de marzo de 2020. 19 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, providencia
de 25 de agosto de 1988, Auto No. 099. 20 Auto de 30 de noviembre de 1951 G.J. tomo LXX, pág.
850, CSJ AC de 19 de noviembre de 2004, radicación 7644».
4
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. C.P. Alberto Montaña
Plata. Demandante: Elkin Darío Vanegas y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional. Radicado No. 05001-33-31-000-2010-00180-01 (57879). Fallo del 2 de marzo de
2020.
5
Sentencia T-352 de 2012.
4
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Demandante: Yony Alirio Rosero Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03985-01
Por auto del 2 de julio de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia admitió
la demanda de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Nariño y como terceros con interés, a Casur y al juez
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto.
1.6. Intervenciones
1.6.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto enfatizó
que al conceder el recurso de apelación interpuesto por Casur «perdió competencia
para pronunciarse y/o modificar la decisión emitida en su momento», esto es la del
16 de marzo de 2017.
1.6.2. Casur aseveró que el auto del 9 de mayo de 2025 no adolece de defecto
alguno, si se atiende que se fundó en los «principios constitucionales de confianza
legítima, seguridad jurídica y preclusión procesal.»
1.6.3. El Tribunal Administrativo de Nariño señaló que en el proveído del 9 de
mayo de 2025 no se configura defecto alguno, por cuanto no se apartó de la
jurisprudencia del Consejo de Estado ni de la Corte Constitucional. «Por el contrario,
atendió criterios establecidos por estas corporaciones, según los cuales las partes no
pueden ser perjudicadas por errores del operador judicial (ver, por ejemplo, SU-918
de 2010). Asimismo, el propio Consejo de Estado ha señalado que cuando el juez de
primera instancia otorga un término procesal erróneo y la parte actúa de buena fe
dentro del mismo, debe garantizarse el acceso efectivo a la segunda instancia.»
Reiteró que su decisión atendió las actuaciones previas para concluir que Casur
«había actuado conforme a las directrices del despacho judicial, tanto en primera
instancia (con la concesión del recurso de apelación) como en segunda (con la
admisión del mentado recurso). Así, se descartó que la apelación fuera
extemporánea en sentido estricto, ya que se presentó dentro del término concedido
por el propio juez. De esta manera, se garantizó la prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas.»
Puso de relieve que la «revocatoria del auto que rechazó el recurso de apelación fue
una medida necesaria, razonable y proporcionada para corregir un error judicial y
preservar el derecho a la segunda instancia de la entidad ejecutada, sin afectar
derechos adquiridos por la parte actora. En ese contexto, el Tribunal adoptó una
decisión que armoniza los principios de legalidad, seguridad jurídica y justicia
material.»
1.7. Sentencia de primera instancia
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El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del 21 de agosto de 2025,
declaró la improcedencia de la acción de tutela porque incumple el requisito de
relevancia constitucional.
Enfatizó que las inconformidades que plantea el señor Yony Alirio Rosero Hernández,
«además de carecer de una perspectiva constitucional», ya fueron resueltas de forma
admisible por el Tribunal Administrativo de Nariño, en su proveído del 9 de mayo de
2025.
Manifestó que lo que pretende el accionante «es que el juez de tutela haga un nuevo
examen integral de los argumentos expuestos dentro del proceso ejecutivo, evitando
el trámite del recurso de apelación presentado por la entidad demandada, esto con
la finalidad de obtener una corrección del análisis que hizo la autoridad judicial
accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo
fuera una instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.»
Insistió en que, en este caso, «no se advierte la existencia de una cuestión que sea
de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la presunta trasgresión de los
derechos fundamentales de la parte actora, sino una divergencia que obedece a la
interpretación dada por el juez natural del asunto a las actuaciones en el proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela
el carácter de un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.»
1.8. Impugnación
Con escrito recibido el 23 de julio de 2025, el accionante impugnó la decisión de
primera instancia, por cuanto el a quo no resolvió los puntos neurálgicos que se
plantearon en el escrito inicial, esto es, el defecto procedimental absoluto y el
desconocimiento del precedente.
Aseveró que las «normas procesales, especialmente las que fijan términos para
interponer recursos, son de orden público y por lo tanto de obligatorio y estricto
cumplimiento (arts. 6, 29 y 228 C.P.; arts. 121, 124, 132 y 322 CGP.»
Precisó que no se puede soslayar que el «error del juez no convalida el
incumplimiento de un término preclusivo, ni convierte en válida una actuación
extemporánea.»
Puso de presente que el «Consejo de Estado y la Corte Constitucional han reiterado
que la confianza legítima no ampara a quien podía y debía conocer la forma correcta
de proceder (ej. CE, Sección Tercera, Auto 31 de agosto de 2022; Corte
Constitucional, Sentencia T-446/13)». Destacó que este principio «opera para
proteger expectativas legítimas creadas por el Estado en el ciudadano de buena fe y
que no contradicen la ley.»
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Concluyó que el apoderado de Casur «sabía que el proceso era ejecutivo y que el
régimen aplicable era el CGP (art. 306 CPACA + art. 322 CGP). Pese a ello, no
interpuso la apelación en audiencia y esperó 10 días, aprovechando el error del juez
para extender indebidamente el plazo. Por tanto, no se trata de un ciudadano lego
que confió en la autoridad, sino de un litigante profesional que optó por beneficiarse
del error para salvar una carga procesal vencida.»
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos
adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y
(iii) el caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 6,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.
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M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas
que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento
jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala
el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser
ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea relevante
constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii) inmediatez, y (iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse
a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
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accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión
fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto
de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en
detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:
[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
En el caso que ocupa a la Sala, el señor Yony Alirio Rosero Hernández consideró
vulneradas sus garantías fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia con ocasión de la providencia del 9 de mayo de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que, en sede del recurso de súplica,
revocó el auto que había rechazado por extemporáneo el recurso de apelación
interpuesto por Casur para, en su lugar, disponer la continuidad del trámite de la
alzada conforme a derecho.
Precisó que la aludida providencia incurrió en defecto procedimental absoluto y,
desconocimiento del precedente y del derecho a la igualdad, al disponer la
continuidad de la alzada ejercida por Casur, sin atender la oportunidad procesal
prevista en el artículo 322 del CGP, la cual es de obligatorio cumplimiento, para
convalidar los errores que se suscitaron en la audiencia del 16 de marzo de 2017, en
la concesión y la admisión del recurso de apelación, so pretexto de proteger los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima. En este punto, relacionó varias
decisiones que en su criterio fueron desconocidas.
En este caso, se observa que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Pasto en audiencia del 16 de marzo de 2017 (i) declaró probada parcialmente la
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excepción de pago propuesta por Casur; y (ii) ordenó seguir adelante la ejecución.
En esta decisión se consignó lo siguiente:
La notificación de la presente providencia al haberse proferido en audiencia se hace
en ESTRADOS de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del CPACA, sin
perjuicio de que el recurso de apelación pueda interponerse y sustentarse dentro de
los 10 días siguientes a esta notificación en virtud de lo dispuesto en el art. 247
ibídem.
Luego, la aludida autoridad judicial, por auto del 26 de abril de 2017, concedió, en el
efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por Casur contra la sentencia
del 16 de marzo de 2017.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño, a través del proveído del
11 de diciembre de 2020, señaló que si bien admitió el referenciado recurso de
apelación (auto del 15 de mayo de 2017), lo cierto es que en esa decisión omitió
considerar que el control de términos y la oportunidad de esa alzada debía estudiarse
bajo lo dispuesto en el CGP.
Codificación rectora que, al aplicarse al caso concreto, permite establecer la
extemporaneidad del recurso de Casur, sin que los yerros de apreciación previos
logren modificar esa realidad, tal como lo consideró en oportunidad el Ministerio
Público.
Por lo anterior, revocó el auto del 15 de mayo de 2017 y rechazó el recurso de
apelación interpuesto por Casur, por extemporáneo.
Casur interpuso recurso de súplica contra la decisión anterior, porque se apartó de
los principios de preclusividad de las etapas procesales y seguridad jurídica.
El Tribunal Administrativo de Nariño, al resolver el recurso de súplica mediante
proveído del 9 de mayo de 2025, precisó que el recurso de apelación de Casur se
interpuso en una época en que (31 de marzo de 2017), conforme a la jurisprudencia
del Consejo de Estado, debía regirse íntegramente por las disposiciones del CGP.
Explicó que, aunque ese entendimiento cambió con el auto de unificación del 12 de
septiembre de 2023, lo cierto es que la regla allí adoptada no puede aplicarse al caso
concreto. En ese orden, en principio, la oportunidad para apelar era la regulada en el
artículo 322 del CGP, empero en el trámite se presentaron situaciones que
ameritaban ser consideradas y que indujeron al error a la entidad ejecutada.
Añadió que decisiones, como la adoptada en el auto del 11 de diciembre de 2020,
atentaban contra los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, además de
vulnerar los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Máxime cuando la parte accionante no formuló reparo alguno en contra de la decisión
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del juzgado de conceder un término erróneo a la parte ejecutada para apelar la
sentencia.
Por lo esbozado, revocó el auto mediante el cual se rechazó el recurso de apelación
interpuesto por Casur y, en su lugar, dispuso la continuidad del trámite conforme a
derecho, en los siguientes términos:
Es preciso delimitar que el recurso de apelación cuyo rechazo motiva el trámite del
presente recurso fue incoado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021 (31 de marzo de 2017), época para la cual, según la jurisprudencia del Consejo
de Estado, el trámite de los procesos ejecutivos debía regirse por íntegramente por las
disposiciones normativas contenidas en el CGP: […]
A modo ilustrativo, es importante resaltar que tal entendimiento cambió a raíz de la
entrada en vigencia de la Ley 2080, dado que el Consejo de Estado unificó
jurisprudencia encaminada a establecer la regla según la cual, «El régimen aplicable
para la procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley
2080 de 2021 contra una sentencia proferida en un proceso ejecutivo es el previsto en
el artículo 247 del CPACA.»
Precisado lo anterior, en principio, la oportunidad para apelar la sentencia proferida en
audiencia dentro del proceso de la referencia debió ser la regulada en el artículo 322
del CGP, esto es, inmediatamente después de pronunciada.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso concreto se suscitaron varias incidencias
procesales a tener en cuenta: […]
Con lo anterior, no se discute que para la época de presentación del recurso, el trámite
del mismo debió regirse por el CGP; sin embargo, tanto el juzgado de primera instancia
como el magistrado sustanciador indujeron al error a la entidad ejecutada, habida
cuenta que profirieron sendas providencias en las que avalaron el término en el que se
presentó el recurso. Todas ellas que adquirieron firmeza.
En casos como el estudiado, el Consejo de Estado ha determinado que decisiones
como la que adoptó el magistrado sustanciador en el auto de 11 de diciembre de 2020
atentan contra los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, así como que
vulneran los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia: […]
Lo anterior cobra relevancia, además, por cuanto la parte accionante no formuló reparo
alguno en contra de la decisión del Juzgado de conceder un término erróneo a la parte
ejecutada para apelar la sentencia, por lo que en atención al principio de preclusión —
tal como lo indica la parte ejecutada— esta situación debió entenderse superada, al no
haber sido alegada en la oportunidad debida.
En el caso bajo análisis, resulta claro que el recurso de apelación interpuesto por
CASUR fue presentado dentro del término que le fue expresamente otorgado por el
juzgado de primera instancia en la audiencia del 16 de marzo de 2017. Dicha actuación
judicial —aunque jurídicamente errónea desde la óptica de la normatividad aplicable en
ese momento (artículo 322 del CGP)— indujo a la parte ejecutada a confiar
legítimamente en la validez del plazo concedido para ejercer el recurso.
De la revisión del expediente, los cargos planteados por el accionante, el material
probatorio recaudado y la intervención presentada, la Sala estima que el asunto
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debatido no goza de relevancia constitucional y, por ende, se debe confirmar la
decisión que declaró la improcedencia de la acción.
Lo anterior, por cuanto analizados los argumentos expuestos por el señor Yony Alirio
Rosero Hernández, se evidencia que los mismos se encuentran encaminados a
controvertir las conclusiones a las que arribó el tribunal accionado, toda vez que,
según su criterio, desatendió que las previsiones del CGP y, por ende, los
precedentes jurisprudenciales que determinaron que esa era la codificación a tener
en cuenta para conceder y admitir el recurso de apelación contra una sentencia
proferida en el curso de un proceso ejecutivo.
Acorde con lo analizado, se hace evidente que el accionante busca imponer su
criterio, el cual estima más acertado, sobre el del tribunal accionado, lo cual denota
un desconcierto respecto al sentido de la decisión; máxime si se tiene en cuenta que
esa autoridad judicial, en el auto del 9 de mayo de 2025, determinó, en principio, la
norma que consideraba rectora (artículo 322 del CGP), pero ponderó su aplicación,
en atención a las situaciones que se presentaron, la trasgresión de garantías que
comporta el proveído del 11 de diciembre de 2020, y la inactividad de la parte
recurrente, la cual convalidó la continuidad de la alzada.
Sobre el particular, se advierte que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía
acción de tutela.
Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano de
control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los procesos,
los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de este mecanismo
constitucional y la desarticulación de la organización judicial.
En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por el tutelante no satisface
el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos legales que ya fueron abordados y zanjados por el juez natural.
Sin embargo, el señor Yony Alirio Rosero Hernández insiste en que el auto
cuestionado se aparta de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional que señalan, en su orden, que (i) «las
providencias ilegales no atan al juez» 7; (ii) «una actuación abiertamente ilegal no
puede consolidarse ni vincular al juez a perseverar en el error.» 8; y (iii) «cuando un
7
Fallo del 2 de marzo de 2020. 19 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, providencia
de 25 de agosto de 1988, Auto No. 099. 20 Auto de 30 de noviembre de 1951 G.J. tomo LXX, pág.
850, CSJ AC de 19 de noviembre de 2004, radicación 7644».
8
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. C.P. Alberto Montaña
Plata. Demandante: Elkin Darío Vanegas y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
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juez ordinario toma una decisión que desconoce o desobedece los principios y las
garantías consagrados en el Ordenamiento Superior […] resulta factible que […]
pueda cuestionarse a través de la acción de tutela»9, como un intento más de imponer
su posición y evidenciar la procedencia de este mecanismo, pero no acredita que los
casos en ellas analizados fueran similares o idénticos a su situación particular, ni
argumenta el por qué su proceso debe ser fallado en sentido contrario.
Acorde con lo analizado y de los razonamientos expuestos en la acción de tutela,
concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida por la
autoridad judicial, después de hacer un análisis ponderado de la norma que consideró
aplicable, las incidencias que se presentaron y la inactividad de la parte recurrente,
sin que sea permitido reabrir el debate ya zanjado por el juez natural, so pretexto de
la interpretación legal y el precedente mencionado por el accionante.
En consecuencia, se considera que, si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales considera que la Corporación accionada incurrió en una
vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia es una
simple inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada, y las
conclusiones a las que arribó el fallador del recurso de súplica, lo cual, per se, no
implica una trasgresión de las mencionadas garantías.
Así las cosas, no es evidente la tensión entre derechos fundamentales en contraste
con lo decidido por la autoridad judicial demandada, que amerite la intervención del
juez constitucional.
Finalmente, el señor Yony Alirio Rosero Hernández consideró vulnerado su derecho
fundamental a la igualdad con los autos del (i) 29 de julio de 2019 con radicado 52001
33 33 005 2018 00045 01 (7954), actor: Jaime Danilo Obando López contra Casur;
(ii) 15 de octubre de 2019 con radicado 52001 23 33 003 2015 00447 01, actor: James
Emidio Coral; y (ii) 17 de septiembre de 2024 con radicado 52001 33 33 002 2015
00448 01 (4272), actor Yony Alirio Rosero Hernández.
Respecto de estas providencias, se observa que la última corresponde a un rechazo
de plano de una nulidad que se emitió en el proceso ejecutivo origen del auto que se
cuestiona [52001-33-33-002-2015-0448-00/01]. En esta decisión, se indicó que el
yerro que advirtió la Procuradora 156 Judicial II para Asuntos Administrativos quedó
subsanado con el proveído del 11 de diciembre de 2020 que, finalmente, rechazó el
recurso de apelación interpuesto por Casur y, por ende, lo que queda es remitir el
expediente al despacho que sigue en turno para que resuelva la súplica.
En esa medida, es una actuación previa a la adoptada en el auto del 9 de mayo de
2025, de la cual no se puede derivar confrontación ni vulneración alguna.
Ejército Nacional. Radicado No. 05001-33-31-000-2010-00180-01 (57879). Fallo del 2 de marzo de
2020.
9
Sentencia T-352 de 2012.
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En cambio, la Sala encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional
respecto de las providencias del 29 de julio de 2019 y 15 de octubre del mismo año,
por cuanto el señor Yoni Alirio Rosero Hernández esgrimió las razones por las cuales
lo allí resuelto no coincide con la decisión cuestionada del 9 de mayo de 2025.
Por lo anterior, se procederá con el estudio de los demás requisitos generales de
procedencia, así:
2.4.2. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia reprochada fue proferida al interior de un proceso
ejecutivo con radicado 52001-33-33-002-2015-0448-00/01.
2.4.3. Subsidiariedad
La parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.
Esto, debido a que, conforme al artículo 332 del CGP no procede recurso alguno
contra la decisión que resuelve el recurso de súplica.
2.4.4. Inmediatez
A su vez, se acredita el requisito de inmediatez, ya que la solicitud de amparo se
presentó en el plazo prudencial de 6 meses, si se considera que la providencia
cuestionada corresponde al auto del 9 de mayo de 2025 y la acción de tutela fue
radicada el 25 de junio siguiente.
Lo anterior, demuestra que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora
en la defensa de su derecho fundamental.
2.5. El caso concreto
El señor Yoni Alirio Rosero Hernández considera vulnerado su derecho a la igualdad,
si se atiende que lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Nariño en los autos del
29 de julio de 2019 y 15 de octubre del mismo año, no coincide con la decisión
adoptada en el proveído del 9 de mayo de 2025.
En relación con la aludida garantía, se precisa que la Corte Constitucional en la
sentencia C-015 de 2014 señaló:
4.4.1. El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el
criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir,
precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara
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sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico
existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la
diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones
objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución…
En este punto, resulta pertinente señalar que las decisiones del 29 de julio de 2019,
15 de octubre del mismo año y 9 de mayo de 2025, se emitieron en el marco de un
proceso ejecutivo, promovido por policiales retirados contra Casur para obtener el
cobro de unas sentencias.
• La providencia del 29 de julio de 2019 rechazó por extemporáneo el recurso de
apelación interpuesto por Casur contra la sentencia que ordenó seguir adelante con
la ejecución, porque fue presentado cuando ya había fenecido la oportunidad prevista
en el artículo 332 del CGP, así:
Es clara la norma [artículo 332 del GCP], respecto de los momentos oportunos para
interponer y sustentar un recurso como el que es objeto de esta decisión.
Por esta razón, encuentra la Sala que la sentencia por la cual se ordenó seguir adelante
la ejecución en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se emitió
en audiencia, el 8 de febrero de 2019, y con su notificación en estrados, sin que se
interpusiera recurso, quedó debidamente ejecutoriada conforme al contenido del artículo
302 del Código General del Proceso. Sin embargo, la entidad accionada interpuso y
sustentó recurso de apelación el 12 de febrero de 2019, es decir en forma extemporánea,
cuando ya había vencido la oportunidad legal para ello.
Esta decisión fue adoptada en sala unitaria, por la magistrada Beatriz Isabel
Melodelgado Pabón.
• La providencia del 15 de octubre de 2019, revocó el auto del 11 de febrero de
2019 que había admitido el recurso de apelación de Casur, para rechazarlo por
extemporáneo, porque se interpuso por fuera de los términos del artículo 332 del
CGP. Se destaca:
En el asunto sub judice, y según lo establecido en las normas referidas se tiene que el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada resulta ser extemporáneo (f.
177 ss.), por cuanto el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto, notificó
en estrados la sentencia de 16 de marzo de 2017, es decir, que el recurso de apelación
debía interponerse en dicha audiencia, empero ello no ocurrió así debido a que la
apoderada judicial de la parte ejecutada no asistió a tal diligencia, hecho que quedó
consignado en el registro del acta (f.102) y el audio y video -Cd- (f. 114), sumado a la
justificación de inasistencia radicada por la profesional del derecho de CASUR (f. 115).
En tal sentido, aunque erróneamente la primera instancia indicó a los asistentes que el
recurso de apelación podría interponerse en los 10 días siguientes a la audiencia, lo
cierto es que ello no era así en tanto el proceso ejecutivo no se rige por las disposiciones
del CAPACA, sino por el CGP, última codificación que es clara y precisa al señalar los
términos y modalidades para interponer los recursos.
De tal forma que, como sucedió en este caso, en el cual la sentencia se notificó por
estrados, la obligación de los apoderados judiciales era impugnar la decisión en ese
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mismo momento, situación que no ocurrió así, pues solo 10 días después de evacuada
la diligencia en la que se profirió la sentencia de primera instancia se radicó escrito de
apelación.
Esta decisión fue adoptada en sala unitaria, por la magistrada Sandra Lucía Ojeda
Insuasty.
En este punto, es importante evidenciar que el proceso no se pudo consultar en el
Sistema de Información Samai, debido a que el radicado
[52001233300320150044700/01] y/o el nombre del ejecutante presentan
inconsistencias, lo que impide determinar si esta decisión quedó en firme o fue objeto
de recurso alguno.
• El auto cuestionado del 9 de mayo de 2025, como se vio, fue proferido en el
marco de un recurso de súplica. En este pronunciamiento se revocó el auto del 11 de
diciembre de 2020 para, en su lugar, disponer la continuidad del trámite de la alzada
ejercida por Casur.
Esta decisión, al igual que las dos anteriores, parte de que la norma rectora es el
artículo 322 del CGP, empero ponderó la aplicación de esa norma, en atención a las
situaciones que se presentaron, la trasgresión de garantías que comporta el proveído
del 11 de diciembre de 2020, y la inactividad de la parte recurrente, la cual convalidó
la continuidad de la alzada. Análisis que no se realizó en los proveídos atrás
referenciados.
Además, el auto fue emitido en sala, por los magistrados Edgar Guillermo Cabrera
Ramos y Beatriz Isabel Melodelgado Pabón, lo que también difiere de los
pronunciamientos del 29 de julio de 2019 y 15 de octubre del mismo año.
Así las cosas, la decisión acusada no transgrede el derecho a la igualdad, puesto que
las providencias de las cuales se predica la vulneración se originaron en etapas
procesales y condiciones distintas, razón por la cual el Tribunal Administrativo de
Nariño no se encontraba condicionado a resolver en ese mismo sentido.
Así las cosas, lo que se pretende el señor Yony Alirio Rosero Hernández es
cuestionar la postura adoptada por el tribunal accionado porque no le es favorable,
pero no se brindó una argumentación que permita interpretar, aplicar o desarrollar el
alcance del derecho fundamental a la igualdad. Por consiguiente, se denegará el
cargo relativo a la violación de dicha garantía constitucional.
Por las razones que anteceden, se revocará parcialmente la decisión del a quo que
declaró la improcedencia de este mecanismo para negar lo relativo a la vulneración
del derecho a la igualdad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
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por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Revócase parcialmente la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela para, en su lugar, negar lo relativo a la violación del derecho a la
igualdad.
SEGUNDO: Confírmase en lo demás la improcedencia de este mecanismo por falta
de relevancia constitucional.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/
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