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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03998-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03998-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 24 de julio de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03998-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03998-01
Demandante: María Patricia Trujillo Bedoya
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Medio de control
de reparación directa. Caducidad.
Decisión: Revoca improcedencia y niega amparo.

La Sala decide la impugnación presentada por María Patricia Trujillo Bedoya contra
la Sentencia de 24 de julio de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 25 de abril de 2025, María Patricia Trujillo Bedoya interpuso una acción
de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado al
considerar que la Sentencia de 11 de diciembre de 20241 con Rad. 05001-23-31-
000-2006-03080-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad.

2. A título de amparo constitucional, solicitó que se dejara sin efectos la
providencia en cuestión y que se ordenara a la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado proferir una sentencia de remplazo en la que se determinara
que no había operado la caducidad del medio de control y se acogieran
favorablemente las súplicas de la demanda.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la accionante señaló que la
Alcaldía de Medellín adelantó en su contra un proceso ejecutivo ante el Juzgado 3
de Ejecuciones Fiscales, con ocasión del no pago de $20.809.636 por concepto de
impuesto predial, más los intereses generados, correspondientes al inmueble
ubicado en la Calle 15B No. 35A – 138 de Medellín.

1
La Sentencia fue notificada por edicto el 24 de enero de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03998-01
Demandante: María Patricia Trujillo Bedoya

4. El 12 de marzo de 2001, el despacho judicial profirió resolución de embargo
y secuestro sobre el bien, diligencia que se materializó el 16 de agosto del mismo
año, designándose como secuestre a María Eugenia Toro Vargas.

5. Posteriormente, en agosto de 2003, el hermano de la accionante arrendó el
inmueble para el funcionamiento de un establecimiento de comercio, realizando
para ello algunas modificaciones locativas. La accionante informó de esta situación
al Juzgado 3 de Ejecuciones Fiscales.

6. El 6 de diciembre de 2004, la accionante consignó la suma de $65.000.000
a favor del municipio de Medellín, con el fin de obtener la liberación del gravamen y
la restitución del inmueble. Sin embargo, a pesar de que ese mismo día se dio por
terminado el proceso coactivo, la entrega del bien fue postergada.

7. Ante dicha demora, la accionante promovió un proceso de restitución de
inmueble, tramitado ante el Juzgado 1 Civil Municipal de Medellín2, que culminó con
la diligencia de entrega realizada el 17 de junio de 2005.

8. Con fundamento en lo anterior, la accionante inició el 12 de mayo de 2006
un proceso de reparación directa3, del cual conoció el Tribunal Administrativo de
Antioquia. Mediante Sentencia del 31 de enero de 2013, el Tribunal condenó al
municipio de Medellín al pago de perjuicios materiales y morales, en atención a los
daños sufridos en el inmueble.

9. La decisión fue apelada por el municipio4 y por la accionante5, y en
Sentencia de 11 de diciembre de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó la providencia de primera instancia y declaró de oficio la
caducidad del medio de control de reparación directa.

10. Como fundamento de la vulneración, la accionante sostuvo que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto
fáctico al declarar la caducidad con base en una declaración de parte de la
accionante y en defecto sustantivo por desconocimiento de la jurisprudencia en
materia de caducidad6. Añadió que la providencia careció de una motivación clara
y razonable respecto del régimen de responsabilidad aplicable, pues aunque se hizo
una mención superficial al defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, dicho régimen no correspondía al caso.

11. Lo anterior, porque la caducidad fue declarada tomando como referencia
una declaración de parte que la accionante rindió ante el Juzgado 3 de Ejecuciones
Fiscales en donde mencionó que el 30 de diciembre de 2003, se enteró que habían

2
Radicado No 05001-40-03-001-2005-00056-01. Lo anterior debido al contrato de arrendamiento firmado por el hermano de
la accionante y los ocupantes del inmueble
3
Rad. 05001-23-31-000-2006-03080-00/01.
4
Argumentando que los hechos que originaron la presente controversia se desencadenaron por culpa exclusiva y
determinante de un tercero – el auxiliar de justicia - Rama Judicial.
5
Solicitando incrementar las sumas reconocidas en la sentencia de primera instancia y reconocer el lucro cesante.
6
Sentencia de 11 de septiembre de 2024, Rad. No 25000-23-36-000-2018-00366-01; Auto de 23 de septiembre de 2024,
Rad. 25000-23-36-000-2023-00285-01; Sentencia de 24 de julio de 2024, Rad. 08001-23-33-000-2012-00394-01 del Consejo
de Estado. Sentencias C-840 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-768 de 2014, SU-146 de 2020, C-037 de 1996, T-376 de 2024,
T-026 de 2022, SU-659 de 2015, T-238 de 2023, T-340 de 2023, T-378 de 2024 y T-450 de 2024 de la Corte Constitucional.

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Demandante: María Patricia Trujillo Bedoya

modificado su inmueble7. No obstante, la fecha relevante para calcular el término
de caducidad debía ser la de la diligencia de entrega del bien practicada por el
Juzgado 1 Civil Municipal de Medellín el 17 de junio de 2005, cuando efectivamente
recuperó la posesión del inmueble. En criterio de la accionante, solo a partir de ese
momento tuvo certeza sobre los daños ocasionados al inmueble, ya que mientras
estuvo embargado y secuestrado carecía del dominio material sobre este.

Intervenciones8

12. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela y, en caso de encontrarse
cumplidos los requisitos generales, se concluya que no se configuró ninguna causal
específica o defecto que implicara la vulneración de derechos fundamentales.

13. Explicó que la exigencia de relevancia constitucional tiene como propósito
salvaguardar la autonomía e independencia judicial, evitando que el juez de tutela
invada la órbita de competencia del juez natural. En este caso, la accionante
pretende reabrir un trámite ya definido con la decisión cuestionada, utilizando la
acción de tutela como una tercera instancia para volver a debatir sobre
presupuestos procesales y aspectos probatorios ya resueltos en la jurisdicción
ordinaria.

14. Añadió que no se cumplieron los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, pues la decisión atacada no presenta defectos.
Por el contrario, se realizó un análisis integral y adecuado de las pruebas obrantes
en el proceso. Precisó que la accionante conocía el daño desde el 30 de diciembre
de 2003, por lo que contaba con plazo para ejercer su derecho de acción entre el
31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2005. Sin embargo, al haber
presentado la demanda el 12 de mayo de 2006, se encontraba acreditada la
caducidad de la acción.

15. La Alcaldía de Medellín indicó que no era la autoridad competente para
dar cumplimiento al fallo y que el trámite que se le dio al proceso ordinario surtió
todas las etapas y no puede la acción de tutela utilizarse como una tercera instancia.
Solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

16. El Tribunal Administrativo de Antioquia, el Ministerio Público, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Nación – Rama Judicial y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, pese a que fueron debidamente notificados, guardaron
silencio.

7
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado tomó como fecha de caducidad del medio de control desde
el 31 de diciembre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2005
8
Mediante Auto del 27 de junio de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, así como al Tribunal Administrativo de Antioquia, al Municipio de Medellín, al
Ministerio Público, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Nación – Rama Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado como terceros con interés en el proceso.

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Demandante: María Patricia Trujillo Bedoya

Sentencia impugnada

17. El 24 de julio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela, tras considerar que no se cumplía el requisito
de relevancia constitucional. Señaló que la parte actora pretendió reabrir debates
ya resueltos por los jueces ordinarios.

18. Indicó que la parte actora no sustentó de manera adecuada el defecto
fáctico alegado, pues no señaló ninguna prueba cuya valoración hubiese sido
omitida o realizada de forma incorrecta. En cuanto al supuesto desconocimiento del
precedente, la accionante se limitó a transcribir extensos apartados de sentencias
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sin precisar cuál regla o subregla
resultaba aplicable a su caso y que hubiese sido ignorada por la autoridad judicial
demandada.

Impugnación

19. La accionante presentó escrito de impugnación en el que afirmó que la
acción de tutela sí cumplió con el requisito de relevancia constitucional, pues no
buscó reabrir un debate ya resuelto. Sostuvo que la decisión resultaba injusta y
desconocía el principio de favorabilidad, así como los criterios lógicos y materiales
que orientan la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Finalmente, reiteró
los argumentos expuestos en la demanda inicial de amparo.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

21. De considerarse procedente la acción de tutela, la Sala abordará de manera
conjunta 3 aspectos: i) el defecto fáctico, ii) el defecto material o sustantivo y, iii)
desconocimiento del precedente. Ello, por cuanto se sustentan en el mismo
argumento consistente en que la declaración rendida por la accionante dentro del
proceso ejecutivo fue valorada de manera errónea, utilizándose como punto de
partida para contabilizar la caducidad del medio de control lo manifestado en dicha
diligencia.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si la presente acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia de 11 de
diciembre de 2024 con Rad. 05001-23-31-000-2006-03080-00/01. De ser así, se

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Demandante: María Patricia Trujillo Bedoya

deberá examinar si esa providencia judicial desconoció los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia de la hoy
accionante, por haber tomado como fecha inicial para el cómputo de la caducidad
la indicada en la declaración de parte de la accionante, cuando afirmó haber
conocido las reformas hechas a su inmueble mientras se encontraba embargado y
secuestrado y no el momento en que el bien le fue efectivamente entregado.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La presente acción cumplió con los requisitos generales de procedencia,
dado que: (i) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como
pasiva, puesto que la hoy accionante actuó como demandante dentro del proceso
ordinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado; (ii) la acción de tutela fue presentada
el 25 de junio de 2025, es decir, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la
notificación de la providencia enjuiciada9; (iii) se alegó una irregularidad procesal
que podría ser decisiva de cara a lo resuelto en la sentencia enjuiciada; (iv) los
hechos y fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos
fueron identificados de manera razonable; y (v) la tutela no fue interpuesta contra
una providencia de la misma naturaleza. (vi) Igualmente se encuentra satisfecho el
requisito de subsidiariedad porque la parte actora agotó todos los recursos judiciales
disponibles para procurar la defensa de sus derechos,

24. Contrario a lo que sostuvo el juez de tutela de primer grado, se estima que
(vii) el asunto tiene relevancia constitucional, pues (a) la discusión se centró en una
posible vulneración de los derechos al debido proceso, acceso a la administración
de justicia e igualdad, (b) se identificaron con precisión las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial [defectos], y (c) los
reparos fueron dirigidos concretamente contra la decisión de segunda instancia del
proceso ordinario.

25. En consecuencia, ante el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, se revocará la
decisión de primera instancia y se procederá a estudiar de fondo el asunto de la
referencia.

Análisis de vulneración alegada

26. La Sala negará el amparo solicitado por María Patricia Trujillo Bedoya
porque no se configuraron los defectos invocados, tal como se expone a
continuación:

27. Respecto a la decisión de fijar como fecha de inicio del término de caducidad
aquella en la que la accionante manifestó haber tenido conocimiento de los hechos,
dentro de su declaración en el proceso ejecutivo10, resulta indispensable considerar

9
La Sentencia fue notificada el 24 de enero de 2025.
10
La declaración de parte de la accionante fue rendida el 21 de julio de 2004, y en ella indicó que tuvo conocimiento de que
en su inmueble funcionaba un establecimiento de comercio dedicado a la organización de eventos el 30 de diciembre de
2003.

5
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Demandante: María Patricia Trujillo Bedoya

los argumentos expuestos por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la Sentencia del 11 de diciembre de 2024:

«Aunado a lo anterior, obra en el proceso la declaración de parte de María Patricia
Trujillo Bedoya, quien indicó lo siguiente “Yo conocí el contrato de arrendamiento el día
30 de diciembre de 2003, pasé a darle vuelta a mi propiedad, había llegado de la
ciudad de Bogotá el día 29, cuando vi que había letreros Celebraciones Getsemaní con
flechitas en la vía. Cuando llegue a mi casa, encontré el letrero de Celebraciones
Getsemaní en mi casa, le vi los cambios en la estética exterior como la puerta del
garaje, que tenía unos arcos apreciables desde afuera, reflectores altos en la piscina y
como estaba abierta vi que lo que antes era garaje y bar era un solo salón, esto se
apreciaba desde la calle, un salón lleno de mesas, tendidos y flores, cuadré mi carro,
saludé, entré y me identifiqué, me presenté como la dueña de la casa e inmediatamente
le dije al señor Guillermo Mesa que me contara qué era lo que estaba pasando ahí,
entonces me dijo que habían arrendado la casa, yo les pregunté si el municipio la había
arrendado y me dijo que la había arrendado mi hermano, yo le dije que necesitaba ver
urgentemente eso, porque eso no podía ser. Él se comunicó con alguien y le enviaron
el contrato por fax y me lo mostró, el contrato pasó muy borroso, pero se apreciaba la
firma de mi hermano, ellos me mostraron la publicidad que habían repartido, las cartas
que habían repartido, el inventario de fiestas, y ese mismo día tenían una fiesta. Yo les
dije que eso no podía ser que eso era un delito porque la casa estaba secuestrada por
el municipio de Medellín y ellos mismos me mostraron un recibo de impuestos donde
aparecía toda la deuda. Yo les dije ahí está la muestra de que acá no se ha pagado
impuestos, entonces la casa sigue secuestrada por el municipio, pedí tener una reunión
con los arrendatarios, obviamente como era esa fecha, era muy difícil, pero se hizo en
días posteriores, yo inmediatamente les dejé un escrito donde le manifesté a la
propietaria que desconocía el contrato, les advertí que se estaba cometiendo un delito
y que me iba a poner en contacto con el municipio para que me dijeran qué estaba
pasando.”11

(…) Ahora bien, se tiene que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo
señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos
(2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

A su turno, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada,
que cuando el daño alegado proviene de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente
del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de
dicho daño por la parte demandante12.

Establecido lo anterior, entonces, se tiene que el término de caducidad en el presente
asunto empezó a correr desde el 30 de diciembre de 2003, momento en el cual, de
conformidad con la declaración de parte rendida por María Patricia Trujillo Bedoya, tuvo
conocimiento del daño y de la falla del servicio alegada en la demanda, esto es, de la
falta cometida por la auxiliar de justicia, puesto que pese a que su propiedad se
encontraba embargada y secuestrada por el municipio de Medellín, había sido
arrendada por su hermano al establecimiento de comercio Celebraciones Getsemaní,
así como también advirtió las modificaciones que se habían efectuado en el inmueble.»

28. Del análisis efectuado sobre la actuación de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, se concluye que no se configuraron los defectos
alegados. En efecto, dicha autoridad valoró de manera razonable y dentro de sus
competencias la declaración rendida por la accionante, determinando que cumplía
con los requisitos para considerarse confesión y a partir de ello, estableció que
desde el 30 de diciembre de 2003 la accionante tenía conocimiento tanto del daño
como de la presunta falla del servicio atribuida a la secuestre.

11
Fl 543 a 547, C.2.
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 4 de abril de 2018, Rad: 48089.

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29. Lo anterior permitió concluir que la acción no se presentó en el término legal.
De acuerdo con el Consejo de Estado, la accionante contaba con 2 años para
interponer la demanda, lapso que transcurrió entre el 31 de diciembre de 2003 y el
31 de diciembre de 2005. Sin embargo, la demanda fue presentada el 12 de mayo
de 2006.

30. En relación con el presunto desconocimiento del precedente, se evidenció
que las sentencias invocadas por la parte actora no contienen reglas y/o subreglas
sobre la caducidad aplicables al caso concreto. En tales providencias se resolvieron
situaciones específicas en las que los jueces, en ejercicio de su independencia,
aplicaron los términos de caducidad atendiendo a sus circunstancias, sin que ello
pueda interpretarse como una aplicación subjetiva de flexibilidad de la caducidad.
Además, no existe identidad fáctica ni jurídica entre los casos citados y el que ahora
se estudia, por lo que dichas decisiones no constituyen precedente vinculante en
este asunto.

31. Finalmente, es importante resaltar que frente al argumento de la accionante
en el sentido de que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
no explicó el título de imputación, es preciso señalar que este aspecto de la
responsabilidad solo se analiza una vez verificados los requisitos de procedibilidad
del medio de control, en consecuencia, mientras este se encuentre caducado, no
resulta procedente examinar el título de imputación.

32. En este escenario, la Sala advierte que los planteamientos del accionante
reflejan más una inconformidad con el análisis jurídico y probatorio realizado por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que una verdadera
vulneración de derechos fundamentales. Esta discrepancia no es suficiente para
concluir que la decisión judicial haya sido arbitraria o irracional. Por el contrario, los
argumentos esgrimidos se enmarcan en una valoración probatoria razonada,
objetiva y amparada en la independencia judicial. En este sentido, ni las partes ni el
juez constitucional pueden sustituir el criterio del juez ordinario, salvo que se
acredite una arbitrariedad manifiesta, lo cual no se configura en el presente caso.

33. En síntesis, del análisis efectuado se desprende que la decisión de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no configuró los
defectos alegados por la parte accionante. Por el contrario, la autoridad judicial
actuó dentro de sus competencias, valoró de manera razonable la prueba y aplicó
el término de caducidad conforme a la normatividad vigente. No se evidencia
arbitrariedad ni vulneración de derechos fundamentales, sino el ejercicio legítimo de
la función jurisdiccional.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

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Demandante: María Patricia Trujillo Bedoya

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 24 de julio de 2025 de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su
lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con los argumentos expuestos
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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