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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04002-01

Fecha
11 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04002-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04002-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04002-01
Accionantes: Jhonatan Enrique Montes Vargas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A.

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Privación injusta de la
libertad. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 25 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

Los señores Jhonatan Enrique, Sirley Paola y Ezequiel Enrique Montes Vargas,
Luisa Fernanda Pérez Gómez, Graciela Esther y Gaudys del Carmen Vargas
Montes, Dannys Fernando Villareal Boyano y Alfonso Montes Almanza pretenden
que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los
cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral A, con la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida en el medio de
control de reparación directa, al que se le asignó el radicado 08001-33-33-007-2020-
00006-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La parte actora señaló que el 16 de febrero de 2016, el Juzgado Promiscuo
Municipal Oral de Sabanalarga con Función de Control de Garantías libró orden de
captura en contra del señor Jhonatan Enrique Montes Vargas por el presunto delito
de acceso carnal abusivo con menor de 14 años ocurrido el 5 de marzo de 2024 y
fue capturado el 18 de febrero de 2016.

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Que al día siguiente se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura,
imputación de cargos y medida de aseguramiento, y luego de adelantadas las
etapas procesales, el 16 de noviembre de 20171, el Juzgado Tercero Promiscuo
Municipal de Baranoa precluyó la investigación.

Que junto con otros familiares instauraron demanda de reparación directa en contra
de la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por la privación injusta de la libertad del señor Jhonatan
Enrique Montes Vargas.

Que el 13 de septiembre de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Barranquilla declaró la responsabilidad patrimonial de las entidades
demandadas, en proporción del 45 % la primera y 55 % la segunda, y las condenó
al pago de perjuicios materiales y morales.

Que la parte demandada interpuso recurso de apelación y el 3 de abril de 2025, el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, revocó la sentencia
recurrida porque determinó que las actuaciones de la demanda, así como el proceso
penal se tramitó conforme a la normativa aplicable.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial porque se apartó sin
justificación válida de lo expuesto en las sentencias SU-363/21, SU-268/19 y
T682/15.

Que la Sala accionada vulneró los principios de cosa juzgada, juez natural y
presunción de inocencia, pues pasó por alto que no le correspondía reabrir o
cuestionar la determinación de la autoridad penal consistente en el decreto de la
preclusión de la actuación penal en contra del investigado por el carácter atípico de
la conducta, pues ello escapaba de su competencia.

Que tampoco tuvo en cuenta el salvamento de voto de la magistrada Carmen Rosa
Lorduy González, quien manifestó que el demandante no se expuso
imprudentemente a alguna situación que llevara a la configuración del daño; que se
presentó una precariedad probatoria en el proceso penal; que la captura del
investigado solo se dio 2 años después de la supuesta ocurrencia del delito y que
la denunciante confesó un afán de retaliación que la llevó a formular la denuncia.

PRETENSIONES

Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, y ordenar a esa autoridad
judicial que dicte una nueva decisión conforme al precedente vigente.

1 Se aclara que el accionante señaló que ello ocurrió en el año 2014, pero lo cierto es que fue en el año 2017.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 1 de julio de 2025, se admitió la acción; se vinculó al fiscal general de la Nación
y a la directora ejecutiva de Administración Judicial, como terceros con interés; y se
corrió el respectivo traslado.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, guardó
silencio.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó desestimar las
pretensiones, pues considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en
vulneración alguna de las garantías fundamentales ni en un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

Que además la providencia cuestionada no fue arbitraria ni caprichosa a la luz de
los preceptos que rigen la actuación procesal, sino que, por el contrario, se justificó
sólidamente y se adoptó luego de que se adelantaran las etapas procesales acorde
con las directrices constitucionales y legales.

Adujo que la acción se instauró para revivir un debate debidamente agotado y así
obtener una opinión diversa a la emitida en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, finalidad para la que no está prevista esta acción.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla –
Atlántico afirmó que con la acción se busca crear una tercera instancia, sin cumplir
con una carga argumentativa mínima, pues los accionantes se limitaron a exponer
una mera inconformidad con la interpretación de la Sala accionada, sin desarrollar
cómo en la providencia cuestionada se incurrió en alguno de los defectos
establecidos jurisprudencialmente y la forma en que esto conllevó la vulneración de
sus derechos fundamentales, por lo cual la tutela es improcedente, ante la falta de
relevancia constitucional.

Expuso que, sin perjuicio de lo anterior, en la sentencia discutida no se incurrió en
un defecto sustantivo o en un desconocimiento del precedente judicial, pues se
enmarcó en el legítimo ejercicio de la autonomía judicial y en la evolución
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

En consecuencia, pidió declarar improcedente la acción o, subsidiariamente, negar
el amparo solicitado.

La Fiscalía General de la Nación manifestó que carece de legitimación en la causa
por pasiva, pues no existe relación de causalidad entre sus actuaciones y la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora, y, en todo
caso, esta última no sustentó las causales específicas de procedibilidad,

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adecuadamente y conforme a la regla jurisprudencial; la acción no goza de
relevancia constitucional y la decisión judicial adoptada no implicó la vulneración de
las garantías de los accionantes. Por lo tanto, solicitó declarar improcedente la
acción.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 25 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo porque determinó que la parte actora
no explicó siquiera sumariamente las razones por las que consideraba que i) las
providencias citadas constituían precedente vinculante en el caso, ii) los
argumentos expuestos en la sentencia discutida contrariaban las reglas
establecidas en el precedente y iii) la decisión cuestionada era caprichosa, irracional
o arbitraria.

Que los accionantes se circunscribieron a transcribir apartes de las sentencias
supuestamente desconocidas, sin motivar constitucionalmente las razones para
cuestionar la validez de la providencia censurada.

Precisó que resulta evidente que los solicitantes del amparo están inconformes con
la sentencia porque negó sus pretensiones, pero no es claro si su desacuerdo radica
en el régimen de responsabilidad aplicado por el Tribunal o en el hecho de que no
se hubiera tenido en cuenta que la conducta del investigado no contribuyó en el
inicio del proceso penal en su contra.

Que los reproches frente al salvamento de voto y la Sentencia SU-363/21 de la
Corte Constitucional carecen de congruencia en relación con las razones que
condujeron al Tribunal a revocar la sentencia de primera instancia.

Señaló que no es cierta la aseveración contenida en el salvamento de voto, según
el cual, acorde con la Sentencia SU-363/21, el análisis de la privación injusta de la
libertad en el caso debía hacerse bajo el título de imputación objetivo, pues
jurisprudencialmente se ha determinado que el juez puede elegir el que resulte más
idóneo.

Concluyó que no se fundaron adecuadamente los reproches, por lo cual la tutela no
está llamada a prosperar, máxime cuando lo pretendido era reabrir un debate que
ya había zanjado razonablemente el juez de la causa.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que carece de las condiciones
necesarias de congruencia, ya que no se ajustó a los antecedentes fácticos que
motivaron la tutela ni al derecho impetrado y, a que no está de acuerdo con la
declaratoria de improcedencia.

Indicó que el juez de tutela no tuvo en cuenta que la autoridad judicial accionada
vulneró los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia

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porque valoró una situación fáctica, como lo es la preclusión de la actuación en
contra del investigado por el carácter atípico de su conducta, pese a que ello le
correspondía exclusivamente a la autoridad penal, por lo que no podía reabrir,
cuestionar o poner en duda ese debate.

Que en la providencia recurrida no existió un pronunciamiento sobre el
desconocimiento de las sentencias SU-363 de 2021, SU-268 de 2019 y SU-072 de
2018, relativas a la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)

2
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una
argumentación cualificada5.

4
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5
Sentencia SU-074 de 2022.

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(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela7»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

A esta Subsección corresponde definir inicialmente si se encuentran cumplidos los
requisitos generales de procedencia, pues solo de ser así, habría lugar a realizar un
estudio de fondo sobre las inconformidades expuestas por la parte accionante,
consistentes en la configuración del desconocimiento del precedente judicial.

Analizados los argumentos de inconformidad expuestos por la parte actora se
advierte que no se cumplen las finalidades de la exigencia de la relevancia
constitucional, esto es, mantener la independencia y autonomía judicial, así como
evitar que la tutela se convierta en una instancia adicional y que la controversia
verse sobre un asunto de mera legalidad.

Tampoco se encuentra satisfecho el requisito de identificación clara de los hechos
que generan la vulneración alegada, pues los accionantes no cumplieron con la
carga argumentativa mínima para entender cuál es el reproche puntual que tienen
respecto a la decisión que controvierten en esta sede.

En efecto, aunque los solicitantes del amparo alegaron la configuración del
desconocimiento del precedente judicial, se limitaron a señalar que la Sala aquí
accionada se apartó injustificadamente de las sentencias SU-363/21, SU-268/19 y
T682/15, pero no identificaron cuál regla o subregla definida en esos
pronunciamientos fue inaplicada por la autoridad judicial en la sentencia discutida ni
de qué forma los razonamientos contenidos en esta no son acordes a la ratio
decidendi de esas providencias judiciales.

Ciertamente, los actores se limitaron a afirmar de forma general que se presentó
una inobservancia de la posición jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la
responsabilidad estatal en casos de privaciones injustas de la libertad, sin ahondar
en las particularidades del asunto a la luz de los pronunciamientos alegados, lo que
impide inferir en qué consiste puntualmente el desacuerdo de los solicitantes del
amparo, por lo que cualquier eventual análisis implicaría efectuar un estudio general

6
Sentencia SU-074 de 2022.
7
Sentencia SU-072 de 2018.

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del asunto, desconociendo la excepcionalidad de la tutela tratándose de discutir
providencias judiciales.

De hecho, para explicar su inconformidad, los accionantes transcribieron la
sentencia de primera instancia del medio de control de reparación directa que les
fue favorable a sus pretensiones, pretendiendo que se mantuviera esa decisión, sin
justificar debidamente el defecto alegado respecto a la decisión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, que la revocó.

Además, citaron un aparte del salvamento de voto suscrito por una de las
magistradas integrantes de la Sala, sin tener en cuenta que este constituye un
simple desacuerdo con la posición mayoritaria, pero no por ello resulta vinculante
para el resto de los integrantes de la Sala ni puede aceptarse como un criterio que
invalide la tesis prevalente o sirva ahora de fundamento para dejar sin efectos la
sentencia cuestionada en esta sede.

El único reparo puntual de la parte actora se refiere a la imposibilidad del juez de lo
contencioso administrativo de discutir las determinaciones adoptadas en el proceso
penal; sin embargo, no indicó por qué considera que la Sala de Decisión asumió
una competencia que no le correspondía, cuando adoptó la decisión de revocar la
sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones, ni cómo el análisis que
efectuó implicó una afectación ius fundamental en cuanto a dicho aspecto.

En ese entendido, lo que se observa es que la parte accionante más que demostrar
la vulneración de los derechos fundamentales reclamados, lo que busca es que se
realice un nuevo estudio del caso como si se tratara de una instancia adicional al
proceso ordinario y en últimas lograr la declaratoria de responsabilidad estatal por
privación injusta de la libertad, sin cumplir con un mínimo de argumentación a la luz
de las causales específicas de procedibilidad definidas jurisprudencialmente por la
Corte Constitucional, con el fin de poder resolver sus desacuerdos con la decisión
adoptada en esta sede, lo cual no puede ser avalado por el juez de tutela.

Finalmente, debe precisarse que la razón por la cual el juez colegiado que conoció
en primera instancia esta acción no se pronunció sobre el defecto invocado
obedeció a que no encontró cumplida la totalidad de exigencias generales de
procedencia, lo que le impedía efectuar un estudio del fondo del caso.

Por último, se aclara que, si bien la instauración de la tutela no exige algún tipo de
formalidad, pues ello sería contrario a su naturaleza, no puede pasarse por alto la
falta de una exposición y desarrollo del defecto invocado y la ausencia de la
trascendencia constitucional del asunto; cuando de cuestionar una decisión judicial
se trata.

En ese entendido, se confirmará la sentencia del 25 de julio de 2025 proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en

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nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2025 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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