Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04010-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
16 de octubre de 2025
Demandante: Ramona Raquel Núñez Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04010-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Octubre dieciséis [16] de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04010-01
Demandante: RAMONA RAQUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA SEGUNDA
DE DECISIÓN Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de agotamiento de todos
los medios de defensa judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 19 de
agosto de 2025, por medio del cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por falta de
acreditación del requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Ramona Raquel Núñez Rodríguez, en nombre propio1, radicó acción de
tutela el 25 de junio de 2025, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia; así como a los principios mínimos al trabajo y a la buena fe.
Las referidas garantías constitucionales y principios los consideró vulnerados con
ocasión de las sentencias de 30 de junio de 2023, del Juzgado Quinto Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Montería, que declaró probada la excepción de
prescripción y negó las pretensiones de la demanda y, de 30 de enero de 2025, del
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, que confirmó la
decisión de primer grado, dictadas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que impetró contra la Empresa Social del Estado Camu
de Chimá, en adelante E.S.E. Camu de Chimá, identificado con el radicado 23001-33-
33-005-2021-00158-00/01.
1 La tutela fue presentada por la señora Ramona Raquel Núñez Rodríguez, en nombre propio, no
obstante, el a quo constitucional en el auto admisorio de 2 de julio de 2025, señaló que la solicitud de
amparo había sido impetrada por el abogado Gerardo Mendoza Martínez, como apoderado de la
referida ciudadana, razón por lo cual lo requirió para que allegara el poder que lo facultara para
interponer el referido mecanismo, en atención a que en el mandato aportado se le autorizaba para actuar
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En el fallo de 19 de agosto de 2025, se le
reconoció personería al mencionado profesional.
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1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas fueron las siguientes:
1. Tutelar mis derechos fundamentales a LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, PRINCIPIOS MINIMOS DEL TRABAJO, PRINCIPIO DE BUENA FE,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA por las razones invocadas en esta
acción constitucional.
2. Que se declare que las decisiones judiciales adoptada por el Juzgado Quinto
Administrativo Mixto del Circuito de Montería el 30 de junio de 2023 (Rad. 23-001- 33-
33-005-2021-0015800) y el Tribunal Administrativo de Córdoba el 30 de enero de 2025
(Rad. 23001333300520210015801), constituyen una vía de hecho judicial, por cuanto
desestimaron de forma infundada y contraria a la jurisprudencia vigente mis derechos
prestacionales, desconociendo el precedente vinculante establecido por el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 (Rad. 08001-23-31-
000-2011-00628-01, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero).
3. Que, en consecuencia, se deje sin efectos jurídicos dichas sentencias, al haberse
dictado en contravención de normas constitucionales, principios del derecho laboral y
precedentes jurisprudenciales obligatorios, lo cual afectó de forma directa y actual mis
derechos fundamentales.
4. Que se ordene al juez competente dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, dictar una nueva sentencia sustitutiva, con plena
observancia de los principios de interpretación pro homine, favorabilidad laboral,
supremacía constitucional y respeto por el precedente judicial, resolviendo el fondo del
litigio y reconociendo la naturaleza imprescriptible de las cesantías no consignadas
conforme a la Ley 50 de 1990.
5. Que se me reconozca la especial protección constitucional de la que soy titular, en
razón de mi situación de vulnerabilidad económica y mi dependencia de los recursos
derivados de las cesantías reclamadas, constitutivos de mi sustento y mínimo vital.2
[Mayúsculas sostenidas y negrillas originales]
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia:
La señora Ramona Raquel Núñez Rodríguez prestó sus servicios para la E.S.E. Camu
de Chimá del 1º de enero de 1997 al 1º de febrero de 2006, sin que le fueran pagadas
sus cesantías, razón por la cual, el 6 de febrero de 2006, las referidas partes
suscribieron un acuerdo de pago de acreencias laborales por la suma de $17.884.149,
el cual no fue cumplido por la entidad empleadora.
Conforme a ello, la accionante solicitó el pago de la deuda mediante peticiones de 28
de diciembre de 2011, 16 de octubre de 2012, 8 de octubre de 2013, 23 de mayo de
2016 y 4 de octubre de 2018, sin obtener respuesta alguna. El 7 de septiembre de
2020, requirió nuevamente la cancelación de lo acordado a la mentada empresa, lo
que fue negado por oficio GER-073 de 17 de noviembre de 2020.
Ante el anterior panorama, la señora Núñez Rodríguez ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la ESE Camu de Chimá, con el fin de
2 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.
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controvertir la legalidad de los actos fictos productos del silencio de la administración
a las peticiones formuladas el 28 de diciembre de 2011, 16 de octubre de 2012, 8 de
octubre de 2013, 23 de mayo de 2016 y 4 de octubre de 2018, así como del oficio
GER-073 de 17 de noviembre de 2020, que le negó el reconocimiento y pago de las
cesantías por el periodo laborado en dicha entidad, comprendido entre el 1º de enero
de 1997 y el 1º de febrero de 2006.
Del mentado asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Montería, autoridad judicial que, en sentencia de 30 de
junio de 2023, declaró probada la excepción de prescripción de los derechos
reclamados y negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, al concluir que si bien
las cesantías anualizadas eran imprescriptibles durante la vigencia de la relación
laboral, lo cierto era que, una vez finalizada ésta, eran cobijadas por dicha figura
jurídica; luego, advirtió que, como en el caso de la demandante la vinculación con la
entidad demandada finalizó el 1° de febrero de 2006 y, aun cuando se había suscrito
un acuerdo de pago el 6 de febrero de la misma anualidad, la primera reclamación se
había realizado hasta el 28 de diciembre de 2011, esto es, cuando ya había operado
la prescripción.
Contra la anterior decisión el extremo activo del proceso presento recurso apelación,
en el cual alegó que no se había tenido en cuenta para la declaratoria de la prescripción
el principio de la buena fe y la teoría del acto propio en relación con la aplicación de
dicha figura procesal frente a los derechos reales, que en su caso le era aplicable.
El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión en providencia de
30 de enero de 2025, al resolver la alzada, confirmó la decisión del a quo, para lo cual,
después de referirse al régimen normativo de las cesantías anualizadas, así como a la
sanción por la mora en su consignación y la prescripción de ésta penalidad, indicó que
de conformidad con lo probado en el proceso, no existía ningún reconocimiento de la
deuda por parte de la administración después de que hubiera operado la prescripción,
además que, el acuerdo de pago se había celebrado con anterioridad a la
configuración de dicha figura procesal y, con la respuesta del 7 de septiembre de 2020,
precisamente se negó el referido derecho por dicha causa.
En ese orden, precisó que no se acreditaban los supuestos fácticos establecidos por
la jurisprudencia para aplicar, en este caso, la teoría del acto propio y la figura de la
renuncia a la prescripción, tal como lo solicitaba la demandante.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al omitir la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de
agosto de 2016, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dictada en el
expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01, que estableció que, las cesantías
causadas bajo el régimen anualizado, que no sean consignadas por el empleador,
pueden ser exigibles en cualquier tiempo, al ser una prestación de carácter laboral
imprescriptible.
Asimismo, se refirió al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y, en ese orden,
frente a la subsidiariedad alegó que en su caso, en primer lugar, se configuraba un
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perjuicio irremediable, comoquiera que contaba con 76 años de edad, luego se le
dificultaba trabajar, dado su desgaste físico, vital y psicológico además que carecía de
recursos económicos para proveer su congrua subsistencia, circunstancias que la
colocaban en posición de debilidad manifiesta, luego, era un sujeto de especial
protección constitucional.
En segundo término, advirtió que ejerció oportunamente el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, no obstante, los jueces del proceso ordinario le habían
negado las pretensiones sin tener en cuenta la posición unificada del Consejo de
Estado sobre la imprescriptibilidad de las cesantías, razón por la cual, al no existir otro
mecanismo judicial la acción de tutela, en su sentir, era el único medio efectivo para la
protección de sus garantías superiores.
Por otra parte, alegó que en las decisiones cuestionadas se había incurrido en un
defecto sustantivo al haber interpretado de forma errada la naturaleza jurídica de las
cesantías anualizadas, así como por desconocer el precedente unificado de la Sección
Segunda del Consejo de Estado sobre la imprescriptibilidad de dicha prestación,
dispuesto en la sentencia de 25 de agosto de 2016.
Al respecto, aseveró además que la omisión de las autoridades judiciales accionadas
de aplicar la mentada providencia de unificación no solo vulneraba los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que
también afectaba gravemente los principios de igualdad, seguridad jurídica, confianza
legítima y razonabilidad judicial.
Finalmente, hizo mención a los principios de buena fe y confianza legítima, frente a lo
cual advirtió que en su caso fueron quebrantados, comoquiera que, por un lado, la
entidad demandada le había generado una expectativa válida y sustentada sobre el
reconocimiento de las cesantías y, de otra parte, los jueces censurados habían
desconocido no solo la manifestación de la administración antes señalada, sino
además el precedente unificado del Consejo de Estado sobre la imprescriptibilidad de
dicha prestación.
Asimismo, se refirió al carácter fundamental del derecho a las cesantías y del mínimo
vital, frente a los cuales alegó su trasgresión al habérsele desconocido las cesantías,
lo cual, en su parecer, afectó su salud, seguridad social y vida digna, luego, iteró que
la acción de tutela era la única herramienta efectiva para la protección de sus
prerrogativas superiores.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 2 de julio de 2025, el a quo constitucional admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Córdoba y al Juzgado Quinto
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, como accionados. En calidad de
tercero con interés vinculó a la E.S.E. Camu de Chimá.
1.6. Intervención
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentó la siguiente manifestación.
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1.6.1. Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería
La referida autoridad judicial, después de hacer un recuento sobre las actuaciones
surtidas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
adelantado por la señora Ramona Raquel Núñez Rodríguez, indicó que, conforme a
ello, el asunto se resolvió con plena observancia del procedimiento señalado para
estos casos, en el cual además se garantizó la intervención de la parte demandante,
donde pudo presentar sus argumentos y ejercer los correspondiente recursos contra
las decisiones que allí se profirieron.
En ese orden, manifestó que no se advertía vulneración alguna a los derechos
fundamentales invocados por la accionante, comoquiera que se respetó el debido
proceso, la igualdad entre las partes y las actuaciones estuvieron conforme a los
principios rectores de la administración de justicia.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 19 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
Al respecto, señaló el a quo que, lo pretendido por la tutelante era reabrir un debate
propio del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que, el
tribunal accionado se pronunció de forma expresa sobre la prescripción de las
cesantías y la sentencia de unificación que se alega como desconocida.
En ese orden, advirtió que en la sentencia de segunda instancia del referido
contencioso se determinó que sí era procedente la declaratoria de prescripción de las
cesantías reclamadas; que no se había renunciado al término prescriptivo por parte de
la administración y, no había enriquecimiento sin causa por parte de la entidad
demandada, por cuanto la negativa del reconocimiento del derecho obedeció a la
prescripción.
Por otra parte, le reconoció personería al abogado Gerardo Mendoza Martínez, para
actuar como apoderado de la señora Ramona Raquel Núñez Rodríguez.
1.8. Impugnación
Mediante escrito radicado el 5 de septiembre de 2025, la parte actora alegó en su
recurso que, la controversia planteada no versaba sobre un asunto puramente legal,
sino sobre la eficacia real de los derechos fundamentales conculcados por una
providencia judicial que desconoció un precedente vinculante relativo a la no
consignación de las cesantías.
Al respecto, indicó que existía un precedente unificado que reconocía la
imprescriptibilidad de las cesantías no consignadas por el empleador, frente a lo cual
advirtió que «apartarse de esa regla sin la debida carga reforzada de motivación no es
un simple desacierto hermenéutico: es una lesión constitucional autónoma que afecta
la confianza legítima de los justiciables y genera trato desigual frente a quienes, en
idénticas circunstancias fácticas y jurídicas, han recibido protección. La tutela, en este
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contexto, cumple su función de control contra decisiones judiciales que, sin justificación
suficiente, desatienden estándares vinculantes y erosionan la uniformidad del orden
jurídico».
Sumado a lo anterior, manifestó igualmente que, era un sujeto de especial protección
al ser una adulta mayor, por lo que no debía soportar los efectos de una interpretación
que desconocía el precedente unificado, situación que además prolongaba en el
tiempo la vulneración a su mínimo vital.
Asimismo, aseveró que lo pretendido no era utilizar la tutela como una tercera
instancia, en atención a que no se buscaba reabrir el debate probatorio ni reemplazar
el criterio del juez natural, pues, por el contrario, se quería restablecer la vigencia de
la Constitución Política y del precedente frente a la configuración de los defectos
sustantivo y por desconocimiento de la unificación jurisprudencial en la materia.
Por otra parte, señaló que en el presente caso se cumplía con la subsidiariedad, pues,
no se pretendía retomar la discusión legal, sino corregir los yerros constitucionales en
que incurrieron los operadores judiciales que aplicaron la prescripción a una prestación
«con vocación alimentaria», con desconocimiento de un precedente unificador.
Afirmó que, aun si se acudiera a recursos extraordinarios, estos no serían eficaces
para proteger, en tiempo razonable, su mínimo vital ni para corregir la falta de
aplicación de la jurisprudencia de unificación que fijó la solución jurídica del supuesto
en estudio. De igual forma, manifestó que la urgencia era notoria, pues, la falta de
consignación de sus cesantías profundiza mes a mes la afectación a su mínimo vital
que, en su caso, al tratarse de un sujeto de especial protección por la edad, exige una
respuesta oportuna, motivo por el que no se le puede diferir el amparo a procesos de
larga duración.
Alegó que tanto la subsidiariedad, idoneidad, necesidad, urgencia e inmediatez se
configuraban en su caso, razón por la cual la tutela era el único medio eficaz para
corregir las fallas ya señaladas, que iteró, comprometieron su mínimo vital.
Insistió en señalar que las sentencias censuradas se apartaron del precedente de
unificación previsto en la sentencia de 25 de agosto de 2016, de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01, que fijó la regla
según la cual las cesantías del régimen anualizado no están cobijadas por la
prescripción, cuando el empleador incumple el deber de liquidar y consignar
oportunamente dicha prestación, razón por la cual, en su sentir, se generó un trato
desigual que además frustró la confianza legítima respecto de la uniformidad de las
decisiones.
Refirió igualmente que, se presentó un defecto fáctico por la omisión en la valoración
del acuerdo de pago de 6 de febrero de 2006, además de la falta de un análisis integral
del acervo probatorio, del cual además, se interpretó de forma equivocada una
consecuencia proscrita por el ordenamiento jurídico, esto es, imputarle los efectos del
incumplimiento patronal.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 19 de agosto de 2025, proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
En el escrito de impugnación la accionante alegó la configuración de un defecto fáctico
por la omisión en la valoración del acuerdo de pago de 6 de febrero de 2006, además
de la falta de un análisis integral del acervo probatorio, lo cual corresponde a
argumentos nuevos que no fueron expuestos en el libelo introductorio, luego, en caso
de llegarse a un análisis de fondo, no habrá al respecto pronunciamiento alguno, pues,
de hacerse se vulnerarían garantías procesales de las autoridades judiciales
accionadas.
2.3 Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 19 de agosto de 2025, de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de
amparo presentada por la señora Ramona Raquel Núñez Rodríguez, por falta de
acreditación del presupuesto de la relevancia constitucional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva, en especial el de agotamiento de todos los medios de defensa judicial y, de
superarse, junto con los demás, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.
3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Agotamiento de todos los medios de defensa judicial
2.5.1.1. El inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política, consagra este requisito
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que [e]sta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial»,
precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que
se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que, cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento
jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del
funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia7.
Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos judiciales,
deben buscar la defensa de aquellos.
Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo
2° de la Constitución, de ahí que la garantía de las prerrogativas superiores de los
ciudadanos no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones».
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cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de los
ámbitos funcionales del mismo.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, manifestó que la
«exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el trámite
jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por
el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un camino excepcional
para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas
en los procesos jurisdiccionales ordinarios»8.
Aunado a lo anterior, la referida alta corte manifestó que, junto con los demás requisitos
de procedibilidad, se exige que el actor «haya ejercido los recursos previstos en el
respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a través de ella los
mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien
solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo»9.
Esta exigencia de agotar los medios de defensa disponibles se hace más estricta
cuando se utiliza la acción de tutela para atacar providencias judiciales; al respecto la
Corte Constitucional señaló que «la solicitud de amparo constitucional contra las
decisiones de los jueces solo procede cuando se hubieren agotado todos los medios
ordinarios o extraordinarios o, excepcionalmente, cuando la protección resulte urgente
para evitar un perjuicio irremediable». Y más adelante, enfatizó que «[e]n la medida en
que el amparo es un recurso subsidiario, es necesario que se agoten, antes de
interponerlo, la totalidad de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa»10.
En efecto, dicha corporación, de manera reiterada ha aclarado que los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios constituyen, por regla general, las vías legítimas
de defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales11.
2.5.1.2. Ahora bien, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada
por la tutelante, no satisface el requisito descrito en el acápite precedente, comoquiera
que los fundamentos de la solicitud de tutela se pudieron elevar a través del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, lo que implica que no se agotaron todos
los medios de defensa para la protección de las prerrogativas superiores alegadas
como conculcadas.
En efecto, esta Sala recuerda que los cargos dirigidos contra las providencias
censuradas, incluido el defecto «sustantivo», se fundamentaron en el desconocimiento
de la sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 de la Sección Segunda del Consejo
de Estado de 25 de agosto de 2016, dictada en el expediente 08001-23-31-000-2011-
00628-01, en la que se adoptaron reglas para unificar la jurisprudencia relativa, entre
otros asuntos, a la imprescriptibilidad de las cesantías anualizadas. En particular
porque no se tuvo en cuenta dicha providencia para haber estudiado de fondo el asunto
y no declarar la prescripción extintiva del derecho reclamado.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17.1.2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-107 del 20.2.2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015.
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En este orden de ideas, esta colegiatura, investida como juez constitucional, no es
competente para determinar si la decisión bajo cuestionamiento desatendió la regla
contenida en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, ya que tal análisis le
correspondía al juez natural del recurso extraordinario de unificación jurisprudencial.
Frente al punto, se advierte que el recurso extraordinario en mención fue procedente
dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de 30 de enero de 2025,
dictada por Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión según lo
indicado en el artículo 261 de la Ley 1437 de 2011, y de conformidad con el parágrafo
del artículo 257 ibídem, modificado por el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021,
comoquiera que «en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de
la cuantía»12.
Precisado lo anterior, esta magistratura también advierte que la acción constitucional
no puede ser usada para revivir términos procesales ya precluidos, debido a que el
fallo de segunda instancia de 30 de enero de 2025, que se pretende controvertir en
este escenario, se notificó vía electrónica el 7 de febrero de 2025, y quedó ejecutoriado
el 14 de febrero siguiente, según la constancia secretarial consultada en el aplicativo
Samai obrante en el índice 12 del expediente digital, razón por la cual la tutelante tenía
hasta el 28 de febrero de 2025, para interponer el multicitado recurso extraordinario.
Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten
al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción de
tutela cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección de las
prerrogativas superiores invocadas, es la existencia de un perjuicio irremediable, el
cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el peligro que se
cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y
de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables
que lo neutralicen […]13».
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además ha
de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables14. Entonces, corresponde
12 Énfasis de la Sala.
13 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
14 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.
Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A continuación,
se reseña, en síntesis, lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser
urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona… || D).La urgencia
y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada
para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta
corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la
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a la Sala estudiar si, en el caso concreto, procede de forma transitoria ante la
configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera directa los derechos
fundamentales de la parte actora.
Al respecto, se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en el presente asunto, porque
del análisis del acervo probatorio, pese a reconocerse que la tutelante cuenta con 76
años de edad, no es posible establecer que se encuentre en una situación de debilidad
manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para
la protección de sus derechos fundamentales, pues no se logra determinar que dado
el hecho en cuestión, no cuenta con recursos para su congrua subsistencia.
Además, consultado el Registro Único de Afiliados del Sistema Integral de Información
de la Protección Social se advierte que la señora Ramona Raquel Núñez Rodríguez
cuenta con una pensión de vejez, luego, esto permite concluir que la accionante no se
encuentra en una situación de desamparo o de alguna circunstancia que amenace su
vida o su mínimo vital. Así se visualiza en la siguiente imagen:
Sumado a lo anterior, se advierte que, tal como fue señalado en el escrito tutelar, la
señora Núñez Rodríguez suscribió con la ESE Camu de Chimá un acuerdo de pago
de las cesantías adeudadas, en el año 2006, del cual requirió su pago después de 5
años de incumplimiento por parte de dicha entidad, situación que se prolongó por otros
9 años, hasta que ante la negativa expresa de la cancelación de la referida deuda
presentó demanda en el año 2021, luego, esta situación, prima facie, permite deducir
que el paso prolongado del tiempo no ha generado la lesión grave alegada y, por lo
tanto, tampoco se presenta la urgencia de la protección deprecada.
Así las cosas, es claro para esta magistratura que en el sub examine, no puede el juez
constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que no se
supera el requisito adjetivo de agotamiento de todos los medios de defensa judicial.
medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la
conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social».
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2.6. Conclusión
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia, pero por la falta de
agotamiento de los mecanismos de defensa judicial, comoquiera que, la señora
Ramona Raquel Núñez Rodríguez contó con el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, escenario en el cual, se itera, pudo haber elevado los reparos aquí
esgrimidos y con el ello, buscar la protección de los derechos fundamentales alegados
como conculcados.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de agosto de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela, pero por falta de agotamiento de todos los
mecanismos de defensa judicial.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012»
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