Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04024-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04024-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04024-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: LEONILDE FUENTES DE RUEDA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia que declaró la caducidad del derecho de acción
en reparación directa en caso de grave violación a los derechos humanos //
requisitos de procedencia// examen constitucional del término de caducidad de la
demanda de reparación directa // No se configura del defecto de desconocimiento
del precedente ni el defecto fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela promovida por el
apoderado judicial de Leonilde Fuentes de Rueda, Sandra Juliana Rueda Fuentes
y Mauricio Rueda Fuentes, esposa e hijos de Luis Eduardo Rueda Jiménez, contra
la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025, por el Tribunal Administrativo de
Santander que en sede de segunda instancia puso fin al proceso de reparación
directa identificado con el No. 680013333002-2015-00131-04. Con el fin de facilitar
la exposición de los antecedentes, en primer lugar, se explicará el desarrollo del
proceso contencioso administrativo, y luego los fundamentos del escrito de amparo.
Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado
680013333002-2015-00131-04.
2. Los tutelantes indicaron que Luis Eduardo Rueda Jiménez era transportador y se
dedicaba a la conducción de vehículos de transporte de pasajeros en el
departamento de Santander. El 15 de septiembre de 1989, mientras conducía el
vehículo de transporte público desde Puerto Wilches (Santander) a Bucaramanga,
miembros de las FARC dispararon ráfagas de fusil contra el automotor. Resultado
de lo anterior, Luis Eduardo cayó herido y murió al día siguiente.
3. Se indicó que Luis Eduardo Rueda Jiménez era el sustento económico de su
familia (los aquí tutelantes), motivo por el cual, ante su muerte, Leonilde Fuentes
con sus hijos menores de edad tuvo que desplazarse forzadamente, sin apoyo
económico.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
4. La cónyuge sobreviviente indicó que desconocía los programas de apoyo para
las víctimas del conflicto armado, y, por ello, no acudieron a ninguna institución
estatal hasta el año 2015.
5. En sentencia de 13 de mayo de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga declaró la caducidad del derecho de acción, pues
los hechos del daño se remontan a 1989, pero la demanda se formuló en el año
2015, y no se evidenció dentro del expediente judicial que los demandantes
hubieran sufrido alguna situación que justificara acudir pasados 26 años a la
administración de justicia. En la sentencia de primera instancia se referencia que la
prueba de cargo de la parte actora, es la resolución de la UARIV en la que se los
incluye dentro el registro único de víctimas, sin embargo, la providencia precisa que
aquel acto administrativo, en sede judicial no tiene el alcance de probar que la parte
actora haya sufrido el desplazamiento forzado.
6. Apelada la providencia de primera instancia, en fallo de 8 de mayo de 2025, el
Tribunal Administrativo de Santander confirmó la decisión. Examinó las pruebas
practicadas en audiencia y concluyó que no existió medio de conocimiento respecto
del desplazamiento forzado que los demandantes afirmaron sufrir. En esa medida,
no existe razón probatoria para flexibilizar el examen del término de caducidad.
Del escrito de tutela
7. Las tutelantes sostienen que la sentencia de 8 de mayo de 2025 del Tribunal
Administrativo de Santander vulnera los derechos al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, y los derechos de las víctimas y el desconocimiento de
las sentencias SU-254 de 2013 y T-014 de 2025. Sostienen que la providencia
incurrió en los defectos específicos: orgánico, fáctico, procedimental absoluto y
procedimental por exceso ritual manifiesto.
8. En general argumentaron que el Tribunal no tuvo en cuenta que los hechos
respecto de los cuales se solicitó la reparación integral, constituyen graves
violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. En relación con
el defecto orgánico afirmaron que en virtud del artículo 93 de la Constitución Política
y la sentencia SU-254 de 2013, se debía establecer que los tratados y convenios
internacionales que reconocen los derechos humanos prevalecen sobre el orden
interno. Esto se aplica cuando los tratados prohíben la limitación de los derechos
humanos en estados de excepción y no debió aplicar el orden interno, el Artículo
136. Caducidad de las acciones numeral 8 del CPACA, es decir, la providencia viola
el Rango constitucional.
9. Sobre el defecto fáctico se indicó que no se valoraron las pruebas aportadas
dentro del proceso, puntualmente que la UARIV reconoció a los demandantes como
víctimas de desplazamiento forzado y homicidio. Frente al defecto procedimental
absoluto: “el magistrado ponente, debio (sic) continuar con el amparo
constitucional, por cuanto estamos frente a hechos amparados por art. 93 CN, y la
sentencia su 254/2013, COMO ACTOS DE GUERRA, ACTOS DE LESA
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
HUMANIDAD, DAÑOS CONTINUADOS.”1 Finalmente sobre el defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto se sostuvo que la providencia
atacada se limitó a examinar la caducidad desde una perspectiva del derecho
interno, sin valorar que el bloque de constitucionalidad le imponía un examen desde
las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Colombiano.
10. Por lo anterior, se solicitó aplicar el precedente fijado en la T-014 de 2025,
providencia en la que la Corte Constitucional dejó sin efecto una sentencia del
Tribunal Administrativo de Magdalena, a unos demandantes que habían sufrido el
desplazamiento forzado, y se les habían negado las pretensiones por haber
operado el fenómeno de la caducidad. En la sentencia de la Corte Constitucional
se declaró el efecto inter comunis, motivo por el cual, solicitaron que se aplicara
dicha resolutiva al caso concreto.
Trámite de la tutela
11. La tutela fue repartida por el despacho sustanciador, y se ordenó notificar a las
entidades judiciales accionadas. Informar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, y vincular a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
– Policía Nacional, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, al Departamento de Prosperidad Social, al Ministerio Público, y a los
intervinientes dentro del proceso contencioso de reparación directa.
12. La UARIV (Índice Samai 17) y la Policía Nacional (Índice Samai 15) solicitaron
que de manera principal se declare improcedente el amparo en relación con las
entidades, pues al ser instituciones de la rama ejecutiva del poder público no
participaron en la adopción de la sentencia judicial cuestionada. Además, pidieron
que se declare que carecen de legitimación en la causa por pasiva. La Policía
Nacional agregó que las providencias censuradas sí examinaron el material
probatorio y en esa medida no se produjo vulneración.
13. El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga (Índice Samai 14)
intervino para solicitar que se declare improcedente el amparo, y además que no
se vislumbra afectación a algún derecho fundamental de los tutelantes.
Consideraciones
Competencia
14. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela en sede
de primera instancia conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico
15. En primer lugar, la Subsección deberá establecer si la acción de tutela satisface
los requisitos de procedencia formal. En caso de contestar afirmativamente el
interrogante, se debe examinar si la decisión de 8 de mayo de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en los defectos alegados en el
1
Folio 12 del escrito de demanda. Índice Samai 02.
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Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
escrito de tutela, puntualmente si no tuvo en cuenta que los hechos que motivaron
la demanda de reparación directa constituyen un delito de lesa humanidad, y que
la parte demandante sufrió, supuestamente, la condición de desplazamiento
forzado, razón por la cual, era necesario abstenerse de confirmar la decisión de
primera instancia que, declaró la caducidad del derecho de acción.
16. Por lo anterior, para resolver los problemas jurídicos planteados, se reiterará el
precedente judicial sobre procedencia de tutela contra providencia judicial de
reemplazo; el precedente de esta corporación y constitucional respecto a la
aplicación del precedente fijado por el pleno de la Sección tercera del Consejo de
Estado en la sentencia de 29 de enero de 2020, y finalmente se resolverá el caso
concreto.
Causales genéricas y específicas de procedencia de procedencia de tutela
contra providencia.
17. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20052, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.
18. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar3; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, ni una decisión proferida
con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional5 o el Consejo de Estado6, ni una sentencia interpretativa (SENIT)
proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción
Especial para la Paz -JEP-7; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es
decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de
forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los
derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido
alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de
subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de
defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un
perjuicio irremediable8 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos
2
Corte Constitucional C-590 de 2005.
3
Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
4
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
5
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
6
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
8
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia
constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango
constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial
cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión
hubiese sido sustancialmente distinto.
19. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales9.
20. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
9
Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
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Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.
viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye
un alcance insuficiente o lo contradice.
21. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se
examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas
de procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se
examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de
delitos de lesa humanidad o de guerra.
Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones a los derechos humanos
22. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial relativo al término de
caducidad de la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa.
En dicha providencia se concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen
conductas de lesa humanidad o crímenes de guerra, resulta aplicable el término de
caducidad de dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i)10 de la Ley
1437 de 2011. Posteriormente, en la sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de
la Corte Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e
indicó que, en efecto, el medio de reparación caduca en dos años, aun si se trata
de los punibles antes anotados.
23. Ambas providencias de unificación establecieron que el término de caducidad
comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que
las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo; (iii) sin
embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron
objetivamente impedidas para acceder a la administración de justicia; y (iv) en los
casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento en que
la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello impida
presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.
24. Tras estas dos decisiones, la Corte Constitucional ha proferido múltiples
sentencias de Sala de Revisión11 y de Sala Plena12 en las que ha precisado la
manera en que debe contabilizarse el término de caducidad en casos relacionados
con crímenes de guerra o de lesa humanidad. Aunque ha reiterado que el derecho
de acción caduca, también ha señalado que este requisito debe ser evaluado desde
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de
enero de 2020, Exp. 61.033 C.P. Martha Nubia Rico Velásquez.
11
Cfr. T-024 de 2024 M.P. Paola Meneses Mosquera y T-450 de 2024 M.P. Juan Carlos Cortés
González. Recientemente T-001 de 2025, T-004 de 2025 y T-202 de 2025.
12
Cfr. SU-167 de 2023 M.P. Diana Fajardo Rivera. SU-241 de 2024 y SU-439 de 2024.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
una perspectiva de flexibilidad y ponderación de principios, con el fin de garantizar
el acceso efectivo a la administración de justicia. En efecto, la Corte ha enfatizado
que la verificación del cumplimiento del término de caducidad constituye una carga
relevante del juez administrativo que no puede ser evaluada de forma mecánica o
superficial, especialmente cuando se examinan hechos que configuran graves
violaciones a los derechos humanos, como los crímenes de guerra o de lesa
humanidad13. En armonía con lo anterior, por ejemplo, esta subsección14 ha
indicado que el examen respecto del cumplimiento del requisito de caducidad no es
la simple confrontación de dos fechas en un calendario, sino que, exige que el juez
administrativo verifique si los demandantes enfrentaron barreras de acceso a la
administración de justicia. Estas barreras de acceso han sido ejemplificadas por la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.
25. En la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, por ejemplo, el pleno
de la Sección indicó que el término de caducidad no empieza a correr cuando las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos enfrentan obstáculos
objetivos como enfermedades o secuestros. Por otra parte, la Corte Constitucional,
en sentencias como la SU-167 de 2023, SU-241 de 2024, SU-429 de 2024, SU-439
de 2024 y T-001 de 2025 han indicado que las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos enfrentan barreras de acceso como pueden ser: (i) sufrir el
exilio; (ii) la vunerabilidad socioeconómica derivada del desplazamiento forzado; (iii)
el miedo y la zozobra derivadas de recibir amenazas contra su vida, o (iv) carecer
del material probatorio necesario para hacer valer sus pretensiones, especialmente
cuando el daño antijurídico es un crimen de lesa humanidad o de guerra sobre el
que existe un discurso oficial de impunidad. A continuación, se precisan las
anteriores reglas jurisprudenciales.
26. En la Sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional resolvió una acción de
tutela contra una providencia judicial que resolvió una demanda de reparación
directa. En aquella providencia señaló criterios hermenéuticos sobre el examen de
la oportunidad de la demanda. Señaló que el juez administrativo debe ser
consciente de que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
enfrentan “barreras de acceso” que le impiden ejercer el derecho de acción. Por
ello indicó que, el estudio del requisito de la demanda debe hacerse caso a caso:
“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la reparación
de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el
plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el
perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
13
En la T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucional, el análisis sobre el cómputo
del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la seguridad
jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas de
reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas
que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado, de otro lado”.
14
“En esa medida, se ha indicado el deber de los jueces no solo de hacer un balanceo de principios
constitucionales, sino además de superar la idea que el examen se realiza a través de la simple
confrontación de dos fechas en un calendario. Se ha requerido del juez administrativo una
disposición hermenéutica para maximizar el acceso ante las autoridades judiciales y partir de
posiciones garantistas que, ante graves violaciones a los derechos humanos, logren la realización
de la justicia material” sentencia de 7 de febrero, proferida dentro del expediente de tutela 11001-
03-15-000-2024-06282-00
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de
reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe
ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a
las particularidades de cada asunto en concreto; (…) (negrilla y subrayado
fuera del texto)
27. De igual manera, en la Sentencia SU-429 de 2024, la Sala Plena de la Corte
conoció dos acciones de tutela acumuladas, en la que se discutía si decisiones
judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa habían incurrido en defectos
específicos de procedencia de tutela, por haber declarado la caducidad del derecho
de acción, en casos de víctimas de conflicto armado que habían sufrido el
desplazamiento forzado. En la providencia se fijó un nuevo estándar hermenéutico
referido a que, en este tipo de casos el juez competente debe analizar la caducidad
de una demanda de reparación, a partir de las barreras de acceso al derecho a la
administración de justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso
particular. Puntualmente se indicó:
“Esta sentencia agrega un componente a este segundo criterio, aplicable para
los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado. Así, el juez de la causa debe considerar, en su
análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo
enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que
se asocian al flagelo del desplazamiento forzado y que padecen quienes
son víctimas de ese fenómeno”. (negrillas y subrayado fuera del texto)
28. En la Sentencia T-014 de 2025, la Corte Constitucional resolvió una acción de
tutela contra una providencia judicial proferida por un Tribunal Administrativo que
había declarado la caducidad del derecho de acción de un grupo de víctimas del
conflicto armado, sin tener en cuenta que habían sufrido desplazamiento forzado.
En el fundamento jurídico No. 158 de la providencia, respecto a la contabilización
del término de caducidad en casos de desplazamiento forzado, se indicó que el juez
administrativo debía partir desde el momento en que había retorno o reubicación.
Añadió:
“(…) esta Corporación ha determinado que la anotada vulnerabilidad sólo se ve
superada cuando se consolida la estabilización socioeconómica de la
población afectada al retornar a su lugar de origen o se reubican en un
lugar en donde pueden habitar en unas condiciones de dignas que
garantizan su subsistencia.” (negrilla y subrayado fuera del texto)
29. En la decisión se amparó el derecho fundamental al debido proceso y el acceso
a la administración de justicia de las víctimas del conflicto armado, pues el término
de caducidad se empezó a contabilizar sin tener en cuenta que el desplazamiento
forzado es un hecho victimizante en el que debe evaluarse el contexto, ya que este
permite verificar cuando en realidad los ciudadanos pueden acceder a la
administración de justicia, lo que, por regla general, sucede con la estabilización
económica.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
30. A partir de este precedente, la jurisprudencia de esta subsección15, en armonía
con el precedente de la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el
término de caducidad en casos de personas que sufrieron la tragedia del
desplazamiento forzado empieza a contabilizarse cuando cesa la situación y se
logra la estabilización socioeconómica, o existe material probatorio respecto al
retorno. Con base en el anterior precedente se examinará el caso concreto.
Caso concreto
31. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se examina, si se satisfacen
los requisitos de procedencia formal de la acción de tutela contra providencia.
Posteriormente, en caso de superar el estudio de la procedencia adjetiva, se
estudiará si la decisión incurre en los defectos alegados.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
32. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que se refiere a la legitimación e interés
dispone que la acción de tutela “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales”. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental” 16.
33. Examinado el escrito de demanda, se verifica que los poderes otorgados por
Leonilde Fuentes de Rueda, Sandra Juliana Rueda Fuentes y Mauricio Rueda
Fuentes satisfacen los requisitos previstos en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2021,
y en esa medida, habilitan al profesional en derecho para formular el medio
constitucional contra la sentencia ordinaria.
34. Se verifica que los actores cuentan con legitimación en la causa por activa, pues
fueron las mismas personas que en ejercicio del medio de control de reparación
directa demandaron a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Policía
Nacional y otros por el homicidio de Luis Eduardo Rueda Jiménez. El proceso
contencioso administrativo fue radicado con el número 680013333002-2015-
00131-04. En sede de primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga profirió decisión de 13 de mayo de 2020, en la
que declaró la caducidad del derecho de acción. Apelada, el 8 de mayo de 2025, el
Tribunal Administrativo de Santander confirmó el fallo de primera instancia. Se
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de mayo de 2025 exp. 62577 C.P. María Adriana Marín. En el mismo sentido,
sentencia de 5 de mayo de 2025, expediente 64872, C.P. María Adriana Marín y Exp. 65967. C.P.
María Adriana Marín.
16
Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. || Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
concluye que satisface el requisito de legitimación por activa, pues ejercen la acción
de tutela quienes se vieron afectados por la decisión judicial ordinaria.
35. Respecto del requisito de legitimación en la causa por pasiva, también se
satisface, pues la acción de tutela se dirige contra las autoridades judiciales que
profirieron el fallo cuestionado, esto es, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander.
Relevancia constitucional
36. En punto al requisito de relevancia, en el escrito de tutela los actores indican
que la decisión atacada afecta sus derechos constitucionales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, y los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación, pues el fallo cuestionado no tuvo en cuenta
que, los hechos que se juzgan constituyen delitos de lesa humanidad y que la parte
demandante había sufrido el desplazamiento forzado derivado de la precariedad
económica del homicidio de la cabeza de familia.
37. La jurisprudencia de esta subsección17, coincidente con la de la Corte
Constitucional18, ha señalado que las acciones de tutela en las que se cuestiona la
aplicación irreflexiva del término de caducidad del derecho de acción, en casos de
reparación directa por graves violaciones a los derechos humanos, la misma reviste
relevancia constitucional pues se refiere a sujetos de especial protección
constitucional, como lo son las víctimas del conflicto armado, motivo por el cual, se
trata de una discusión de índole superior, al resolverse sobre el ejercicio de
derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso, y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
integral19.
38. En criterio de esta Sala, el escrito de amparo presenta un debate de índole
constitucional, pues se presenta una discusión que supera el plano estrictamente
legal, económico o que acude a la tutela como una tercera instancia. Se busca la
garantía de derechos fundamentales de sujetos de especial protección
constitucional de víctimas del conflicto armado que alegan vulnerabilidad en el
acceso a la administración de justicia.
Subsidiariedad
39. Los artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan que
la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 1° de julio de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-00773-01. C.P. Fernando Pardo
Flórez. Acción de tutela contra providencia judicial. Se indicó: se “ha señalado que las acciones de
tutela en las que se discute la aplicación del término de caducidad, en eventos donde el daño
constituye una grave violación a los derechos humanos, por ejemplo, el desplazamiento forzado
causado por el actuar un grupo armado ilegal, reviste relevancia constitucional, pues se discute la
posibilidad concreta del ejercicio del derecho al acceso a la administración de justicia por parte de
víctimas del conflicto armado”.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-429 de 2024.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-014 de 2025, Fundamento Jurídico No. 96 a 99.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. La Sala encuentra acreditado el requisito
de subsidiariedad, pues contra la decisión atacada no procede recurso alguno que
tenga la posibilidad de permitir cuestionar ampliamente la decisión atacada a través
de argumentos de índole constitucional. Si bien, formalmente, contra la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander resulta
posible promover el recurso extraordinario de revisión, los argumentos
constitucionales invocados en el escrito de amparo no se adecúan a ninguna de las
taxativas causales previstas en el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011.
40. En esa medida, como ha indicado la Corte Constitucional20, las causales del
recurso extraordinario de revisión son taxativas y previstas para concretas
hipótesis, en el caso concreto, son inidóneas, pues no permiten tramitar el reclamo
constitucional que se propone en el escrito de amparo. En consecuencia, solo
procede la acción constitucional de tutela.
Inmediatez
41. La jurisprudencia constitucional destaca que la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que
amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. En el caso
analizado, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 8 de mayo de 202521,
notificada el 16 del mismo mes y año22. La acción de tutela fue radicada en primera
instancia, el 26 de junio de 202523, esto es, un poco más de un mes, lo que implica
un plazo razonable, en cumplimiento del requisito de inmediatez.
Identificación de los hechos que dieron origen a la violación
42. La parte actora señala elementos relevantes que tienen el alcance de afectar el
sentido de la decisión. Señala adecuadamente, las providencias que en su criterio
vulneran sus derechos fundamentales, y les reprocha aspectos concretos de su
razonamiento probatorio. Puntualmente indica que no tuvieron en cuenta que la
UARIV reconoció a la parte actora como víctima del conflicto armado, entre otras,
por el hecho de desplazamiento forzado, en consecuencia, se presenta un reparo
adecuadamente precisado.
La acción no se dirige contra una sentencia de tutela, una proferida por la
Corte Constitucional o una de nulidad por inconstitucionalidad proferida por
el Consejo de Estado24
43. El requisito en mención se acredita, en atención a que la acción de tutela se
dirige contra una sentencia de segunda instancia de una demanda de reparación
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga y confirmada
20
Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015 y SU-241 de 2024.
21
Folio 27 y subsiguientes del Índice Samai No. 02.
22
Índice samai 18 del proceso contencioso 680013333002-2015-00131-04.
23
Índice Samai 1.
24
Corte Constitucional, Sentencia SU-048 de 2022.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
por el Tribunal Administrativo de Santander, motivo por el cual se satisface el
requisito.
44. Por lo anterior, respecto al primer problema jurídico, se concluye que la acción
de tutela es procedente formalmente, y se prosigue con la solución del segundo
problema jurídico, es decir, verificar si se configura alguna de las causales
invocadas por la parte tutelante. Con el fin de facilitar la comprensión del debate
constitucional y la eventual configuración de los defectos alegados en el escrito de
tutela, se explican las razones que sostienen la decisión atacada.
Decisión atacada
45. Como se indicó en el acápite de antecedentes, dentro del proceso de reparación
directa, en sede de primera instancia, la decisión de 13 de mayo de 2020, examinó
la situación de los demandantes a la luz del precedente proferido el 29 de enero de
2020, por el pleno de la Sección Tercera de la Corporación y resolvió declarar la
caducidad de la acción, puesto que, dentro del expediente y a la luz de las reglas
jurisprudenciales vigentes para aquel momento, no existía un elemento objetivo que
llevara a la inaplicación del término previsto en el literal i), numeral 2° del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011.
46. La apelación de la providencia atacó directamente dicha conclusión, razón por
la cual, la parte actora tuvo amplia oportunidad para explicar las razones por las
cuales, en el caso concreto, no debía aplicarse la caducidad de la acción. En la
sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 8 de mayo de 2025, esa corporación judicial acudió a las reglas
jurisprudenciales contenidas en la sentencia de 29 de enero de 2020 proferida por
el Pleno de la Sección Tercera, pero además a las recientes providencias proferidas
por la Corte Constitucional, puntualmente a las sentencias SU-167 de 2023 y la SU-
429 de 2024 relacionadas con que, en el caso de las víctimas del conflicto armado
que sufrieron o sufren el drama del desplazamiento forzado, el término de
caducidad debe iniciar a contabilizarse desde el momento en que cesa la
vulnerabilidad socioeconómica derivada de esa situación y logran el goce efectivo
de derechos, estos es cuando se procede el retorno o reasentamiento.
47. La providencia tuvo en cuenta los testimonios practicados en la primera
instancia, puntualmente, los de la propia parte actora, en los que se evidenció
además del daño antijurídico (el homicidio de Luis Eduardo Rueda Jiménez), y las
consecuencias que este tuvo, entre las que, a criterio del tribunal accionado no
estuvo el desplazamiento forzado de los familiares. En los fundamentos jurídicos 5
y subsiguientes del fallo cuestionado se valoró el testimonio de la parte actora,
especialmente en relación con las consecuencias socioeconómicas del homicidio
de la víctima. En la providencia se lee:
“5.3. Señaló que, tras la muerte de su esposo, se sintió completamente
desamparada, ya que perdió a su principal sostén económico y no tenía un
lugar seguro para vivir, y debido a esta falta de recursos, se refugió con sus
hijos con unos familiares.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
5.4. Manifestó que en ese momento desconocían los programas de apoyo,
protección o indemnización que existían y que por ello no acudieron a ninguna
entidad del Estado hasta 2015. Comentó también que nunca recibió ayuda
económica o asistencia por parte de la empresa para la que trabajaba su
esposo, ni en forma de seguros o pensiones.”
48. Con base en esta prueba y otros testimonios, el tribunal concluyó:
“Por lo tanto, al no verificarse la configuración del hecho victimizante de
desplazamiento forzado, no resulta aplicable la subregla especial de cómputo
de la caducidad prevista para delitos de lesa humanidad o graves violaciones
de derechos humanos, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en
las Sentencias SU-167 de 2023 y SU-429 de 2024, y la regla de unificación del
Consejo de Estado.
Así las cosas, no es de recibo para esta Sala el argumento de la parte
demandante según el cual, por tratarse de un daño continuado o relacionado
con crímenes de lesa humanidad, no resulta aplicable el término ordinario de
caducidad. Por el contrario, ante la falta de prueba de que el daño se enmarcara
en esas categorías, debe operar el término de caducidad previsto en el artículo
164 del CPACA, que se encuentra ampliamente superado ya que los hechos
ocurrieron en 1989 y la demanda se presentó en el 2015.”
49. A juicio de esta Subsección, el Tribunal Administrativo de Santander aplicó el
precedente en vigor en materia de caducidad del derecho de acción de demandas
de reparación directa, en casos del desplazamiento forzado calificado como un
delito de lesa humanidad. Se refirió, no solo al precedente de unificación de 29 de
enero de 2020 proferido por el Pleno de la Sección Tercera, sino además a las
recientes sentencias de unificación de la Corte Constitucional respecto a la misma
temática, y directamente examinó entre los medios de conocimiento contenidos en
el proceso, si se presentaba esa situación, sin embargo, llegó a la conclusión que
la misma no se presentó. Esto es, que no existe evidencia del desplazamiento
forzado, con el fin de aplicar la regla jurisprudencial concreta en esta materia.
50. Se recuerda que la procedencia de la acción de tutela contra providencia, no es
un examen a la corrección material de la sentencia ordinaria, sino un examen a la
validez de la misma. Razón por la cual, al juez de tutela no le corresponde fungir
como juez ordinario de la causa, o como una tercera instancia, sino, en el caso de
que se hubiese aportado en el escrito de tutela un medio de conocimiento que,
permitiera mostrar la invalidez de la conclusión del Tribunal Administrativo,
resultaría procedente concluir que se produjo un defecto fáctico. No obstante, en el
escrito de tutela, la parte actora sostiene que, la inclusión de las víctimas en el RUV
tiene el alcance de mostrar que la parte actora fue víctima de desplazamiento
forzado. Sobre este punto, la Corte Constitucional en sentencia SU 636 de 2015 25,
precisó que la inscripción en el Registro Único de Víctimas se produce dentro de
un procedimiento administrativo, pero ello no releva a las partes dentro de un
proceso judicial, puntualmente uno contencioso administrativo de probar los hechos
que fundamentan sus pretensiones. Precisó la providencia:
“24. El anterior análisis permite establecer que las disposiciones en materia de
pruebas contenidas en la Ley 1448 de 2011, en particular las previstas en los
25
Reiterada en la T-117 de 2022
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
artículos 5, 77, 78, 84, 89 y 158, constituyen normas especiales cuya aplicación
está prevista de manera expresa para los procedimientos de reparación que se
adelanten por vía administrativa y en los procesos judiciales de restitución de
tierras. La Ley 1448 no extiende tal regulación a los procesos judiciales de
reparación directa que se adelantan ante la jurisdicción contencioso
administrativa; si bien esta ley introduce normas relativas a los derechos de las
víctimas en los procesos judiciales, en su mayor parte se orientan a regular su
participación en los procesos penales y de restitución de tierras.
25. En relación con los procesos de reparación que se adelanten ante la
jurisdicción contencioso administrativa, la Ley de Víctimas establece las
siguientes reglas: (i) el reconocimiento de la calidad de víctima en términos de
dicha ley, no implica prueba de la responsabilidad del Estado o de sus agentes
en la producción de un daño antijurídico (…)”
51. En consecuencia, a criterio de esta Subsección la inscripción en el Registro
Único de Víctimas, si bien es una actuación administrativa que permite el ejercicio
de derechos de las víctimas derivados, principalmente de la Ley 1448 de 2011, este
solo registro no tiene el alcance de probar judicialmente, en sede de reparación
directa, la condición de desplazamiento forzado de la parte actora. Dentro del
proceso contencioso administrativo no se aportó prueba dirigida a mostrar dicha
situación y los testimonios practicados en audiencia tampoco fueron dirigidos a
mostrar esa situación.
52. Por lo anterior a juicio de esta corporación no se produce el mencionado defecto
fáctico ni el desconocimiento del precedente, toda vez que: (i) la inscripción en el
RUV no tiene el alcance de probar judicialmente la situación de desplazamiento
forzado, como acertadamente indicó la autoridad judicial demandada, y los
testimonios practicados en audiencia no dan cuenta del mismo hecho. En efecto,
era razonable la valoración relacionada con la ausencia de prueba del hecho
victimizante dentro del proceso; (ii) se tuvieron en cuenta las reglas
jurisprudenciales más recientes proferidas por la Corte Constitucional respecto de
la aplicación del término de caducidad en casos de desplazamiento forzado de
víctimas del conflicto armado. Respecto de los restantes defectos, puntualmente
defecto procedimental absoluto y procedimental por exceso ritual manifiesto, no se
evidencia dentro del expediente ordinario y específicamente en las providencias
atacadas, un motivo por el cual, el mismo se encuentra configurado, toda vez que,
no se pretermitió ninguna etapa procesal del juicio de reparación directa, ni se
incurrió en una interpretación o aplicación excesivamente rígida de las normas
procesales o sustantivas. Por el contrario, se buscó aplicar de manera flexible el
término de caducidad, sin embargo, ante la carencia probatoria sobre la situación
de desplazamiento forzado no resultó procedente aplicar la regla jurisprudencial de
la SU-429 de 2024.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04024-00
Accionante: Leonilde Fuentes de Rueda y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Leonilde Fuentes Rueda, Sandra
Juliana Rueda Fuentes y Mauricio Rueda Fuentes, por las razones explicadas en
la presente providencia.
SEGUNDO: INFORMAR a las partes del contenido de la providencia por el medio
más expedito.
TERCER: En caso de no ser impugnado REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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