Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04027-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04027-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04027-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
18 de septiembre de 2025
Demandante: Libardo Rodríguez Leuro
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04027-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04027-00
Demandante: LIBARDO RODRÍGUEZ LEURO
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Libardo Rodríguez Leuro, por intermedio de apoderada judicial,
presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, con el fin de que le fuera
amparado su derecho fundamental al debido proceso.
Lo anterior, con ocasión a la providencia dictada el 19 de febrero de 2025 por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que confirmó la sentencia proferida
el 26 de abril de 2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá, mediante la cual fue declarado disciplinariamente responsable de la
infracción del deber contemplado en el numeral 10° del artículo 28 de la Ley
1123 de 2007 y de la falta consagrada en el numeral 1° del artículo 37 ibidem,
a título de culpa, y, en consecuencia, fue sancionado con suspensión en el
ejercicio profesional por el término de 4 meses, dentro de la queja promovida
en su contra por la señora Leidy Alexandra Forero Castro. La referida causa se
identificó con el radicado 11001-11-02-000-2015-03798-02.
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Demandante: Libardo Rodríguez Leuro
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04027-00
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor solicitó:
Que mediante sentencia se tutele el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO, el cual se fue vulnerado por la accionada, conforma a lo expuesto en
los hechos VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR EJECUTARSE UNA
SANCIÓN DISCIPLINARIA PRESCRITA.
Que en consecuencia se deje sin efecto la sentencia de fecha de 19 DE
FEBRERO DE 2025 y se ordene a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DE BOGOTÁ, dar cabal cumplimiento a lo preceptuado como
principio rector, en el artículo 13 de la ley 1123 de 2007.
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
El 31 de julio de 2015, señora Leidy Alexandra Forero Castro formuló ante el
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, queja
contra el señor Libardo Rodríguez Leuro, en la que señaló que ella, junto con
otros, le confirieron poder al accionante el 5 de octubre de 2010, con el fin de
adelantar trámite de liquidación de herencia, para lo cual le anticiparon
honorarios.
En dicha queja, se indicó que el 15 de septiembre de 2010 se había elaborado
un documento denominado “transacción extrajudicial para adelantar la
sucesión”, en el que se estableció diligenciar notarialmente diversas
sucesiones, pero el profesional no realizó el trámite correspondiente.
La solicitud de investigación fue repartida a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, autoridad que, mediante
auto del 5 de octubre de 2015, ordenó la apertura del proceso disciplinario
contra el señor Rodríguez Leuro.
El 31 de octubre de 2019, se profirió sentencia en la que se sancionó al
investigado con suspensión de 2 meses, por haber infringido el deber previsto
en el numeral 10° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y haber cometido, a
título de culpa, la falta contenida en el numeral 1° del artículo 37 ibidem.
El 12 de diciembre de 2019, el señor Rodríguez Leuro presentó recurso de
apelación contra dicha providencia, el cual fue concedido mediante auto de 20
de enero de 2020, en el efecto suspensivo, ante la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura.
Posteriormente, mediante proveído del 8 de julio de 2020, la Sala Disciplinaria
decretó la nulidad de la actuación de primera instancia a partir de la audiencia
de pruebas y calificación celebrada el 25 de mayo de 2017, por indebida
notificación del disciplinable y su defensor.
Por medio de auto del 15 de junio de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina
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Judicial de Bogotá ordenó obedecer y cumplir lo dispuesto por la decisión del
superior, prosiguiendo el curso del proceso, hasta proferir sentencia
sancionatoria el 26 de abril de 2024, en la cual declaró disciplinariamente
responsable al accionante por transgredir el deber profesional estipulado en el
numeral 10° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, e incurrir en la falta
prevista en el numeral 1° del artículo 37 ibidem, cometida a título de culpa, al
dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación
profesional, sancionándolo con la suspensión por 4 meses del ejercicio de la
profesión.
Contra lo decidido, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, en providencia del 19 de febrero
de 2025, confirmó la responsabilidad disciplinaria del señor Rodríguez Leuro y
mantuvo la sanción impuesta por la primera instancia, remitiendo el asunto a la
Comisón Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá el 29 de abril de 2025, la
cual emitió auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio del accionante, las autoridades accionadas vulneraron su derecho
fundamental al debido proceso como consecuencia de la falta de aplicación del
artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, al no haberse declarado la prescripción de
la acción disciplinaria. En ese sentido, señaló la importancia de revisar los
siguientes pronunciamientos sobre la caducidad de la facultad sancionatoria en
materia de disciplina judicial:
…
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Magistrado
Ponente: Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO- Bogotá D. C., mediante
sentencia del primero (1) de octubre de dos mil catorce (2014) - Radicación No.
1300 11102000 2011 00391 01.
…
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA. Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación
número: 11001-03-15-000-2021-01925- 00(AC)
…
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A” Consejero ponente: GABRIEL
VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre mil diecinueve
(2019) Radicación número: 41001-23-33-000-2013-00512- 02(0754-15)
…
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA SUBSECCION B Consejero ponente: GERARDO
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Demandante: Libardo Rodríguez Leuro
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04027-00
ARENAS MONSALVE Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil dieciséis
(2016).- Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00004-00(0744-11)
…
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SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: WILLIAM
HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil diecinueve
(2019). Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00283- 01(3966-14)
…
De igual forma, argumentó que la sentencia no tuvo en cuenta que existían
razones para no ser sancionado disciplinariamente, fundamentándose en los
salvamentos de voto presentados por los magistrados de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial en la sentencia de segunda instancia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El 3 de julio de 2025, el magistrado ponente de esta decisión manifestó
impedimento invocando la causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal1; sin embargo, mediante auto del 17 de julio de
la misma anualidad, la Sala declaró infundado el impedimento manifestado al
no encontrar demostrado el interés invocado.
Por medio de providencia del 6 de agosto de 2025, se inadmitió la acción con
el fin de que se aportara el poder debidamente conferido a la abogada que
representa al señor Rodríguez Leuro.
Subsanado lo anterior, mediante auto del 20 de agosto de 2025, se admitió la
solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión a los magistrados que
integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, a quienes se les otorgó el término de 3 días para
que se pronunciaran.
De igual manera, se vinculó como tercero con interés a la señora Leidy
Alexandra Forero Castro, quien instauró la queja disciplinaria, por cuanto
podría verse afectada con la decisión definitiva que se adopte.
Adicionalmente, se requirió el expediente del proceso ordinario y se reconoció
personería a la apoderada de la parte accionante.
1.6 Intervenciones
Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
1 Lo anterior, debido a que su cónyuge se desempeña como magistrada de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, cuyo nominador es la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, autoridad demandada en la presente acción de tutela.
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Mediante escrito remitido el 26 de agosto de 2025 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, allegó enlace del expediente
disciplinario y precisó que como, consecuencia de la queja instaurada por la
señora Leidy Alexandra Forero Castro el día 31 de julio de 2015, fue
adelantada la actuación procesal pertinente, que finalizó con la sentencia del
26 de abril de 2024, en la cual se sancionó al señor Rodríguez Leuro con la
suspensión del ejercicio profesional por el término de 4 meses, por haber
infringido el deber de diligencia profesional previsto en el numeral 10° de la Ley
1123 de 2007, y con ello haber incurrido en la falta contemplada en el numeral
1° del artículo 37 ibidem.
Señaló que, el 19 de junio de la misma anualidad, se remitió el asunto a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial para el trámite del recurso de
apelación concedido, corporación que, mediante sentencia del 19 de febrero de
2025, confirmó el fallo de primera instancia, y remitió el asunto nuevamente a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
Puntualizó que, el 15 de mayo de 2025, se emitió auto de obedézcase y
cúmplase con respecto a lo resuelto por el superior, y dispuso que se diera
cabal cumplimiento a las órdenes impartidas en la providencia de segunda
instancia.
Precisó que el despacho a su cargo no vulneró los derechos fundamentales del
accionante en el trámite impartido al proceso disciplinario, el cual se apegó a
las reglas de procedimiento y garantizó al disciplinable el ejercicio de su
defensa material y técnica.
Agregó que los argumentos expuestos en la petición de amparo van dirigidos a
reabrir el debate judicial propio del juez natural, buscando tornar la acción
constitucional en una tercera instancia, para procurar un nuevo análisis del
fenómeno de la prescripción de la acción sancionatoria, ya realizado por la
jurisdicción disciplinaria.
Para finalizar, solicitó su desvinculación y, de manera subsidiaria, negar el
amparo, al ser claro que ningún derecho fundamental del accionante fue
vulnerado o se encuentra comprometido.
1.6.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
El magistrado ponente del fallo de segunda instancia, en comunicación del 26
de agosto de 2025, solicitó declarar la improcedencia del amparo constitucional
presentado. Lo anterior, por cuanto incumple los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial establecidos por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Sostuvo que los argumentos expuestos por la parte actora en el amparo
presentan un escenario jurídico debatido y analizado en la jurisdicción
disciplinaria, la cual le brindó al actor todas las garantías constitucionales, y
agregó que no es dable que se pretenda abrir nuevamente el debate ya surtido
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por la autoridad judicial natural, razón por la cual carece de relevancia
constitucional y que, por ende, debe ser declarado improcedente.
De igual forma, solicitó subsidiariamente negar las pretensiones de la acción, al
advertir que la tutel carece de la suficiente carga argumentativa que demuestre,
entre otras cosas, la manera como presuntamente se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso.
Adicionalmente, hizo un recuento de las actuaciones relevantes en el proceso y
señaló que es primordial aseverar que la relación cliente – abogado nunca fue
finalizada a través de la revocatoria del poder o de manera tácita, momento a
partir del cual dejaría de existir la obligación del investigado para efectuar la
sucesión, y de esa manera comenzaría a contar la prescripción, hechos que no
ocurrieron, motivo por el cual no es posible que se haya perdido la facultad
para adelantar la acción disciplinaria, pues las conductas reprochadas se
mantuvieron en el tiempo.
1.6.3. Leidy Alexandra Forero Castro
La señora Leidy Alexandra Forero Castro, vinculada en calidad de tercera con
interés en el resultado del proceso, guardó silencio aun cuando fue
debidamente notificada del auto admisorio de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 20152, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en su escrito de
intervención, solicitó la desvinculación por no haber incurrido en vulneración a
derecho fundamental alguno al accionante, ya que se cumplieron las garantías
y principios del proceso disciplinario.
La Sala precisa que la entidad fue vinculada como accionada, así que su
comparecencia al proceso resultaba necesaria, no solo para garantizar su
derecho de defensa y contradicción sino para dilucidar los hechos objeto de
controversia, relacionados con una presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la parte accionante.
Por lo tanto, no es posible acceder a su solicitud de desvinculación y así se
ordenará en la parte resolutiva de la sentencia.
2 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en
la sentencia del 19 de febrero de 2025 que confirmó la dictada el 26 de abril de
2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, vulneró el
derecho fundamental al debido proceso del accionante al no aplicar el artículo
24 de la Ley 1123 de 2007, con relación a la declaratoria de prescripción de las
conductas investigadas en el proceso disciplinario.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del asunto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –adjetiva–.
3 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.5.1 En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»
Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben
tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
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estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el caso que ocupa a la Sala, la parte actora cuestionó la providencia de 19
de febrero de 2025 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
que confirmó la dictada el 26 de abril de 2024 por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, dentro del proceso disciplinario formulado en su
contra con radicado 1001-11-02-000-2015-03798-00.
A su juicio, la sentencia en cuestión violó su derecho fundamental al debido
proceso al no aplicar la prescripción consagrada en el artículo 24 de la Ley
1123 de 2007, y al no tener en cuenta que existían razones que impedían que
fuera sancionado. Sin embargo, se observa que el accionante se limitó a citar
los salvamentos de voto presentados por los magistrados de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que se apartaron de la decisión de segunda
instancia, al igual que enunciar jurisprudencia tanto del Consejo Superior de la
Judicatura como del Consejo de Estado, sin siquiera alegar la configuración de
defecto alguno.
Para la sala, es claro que no se desarrolló de manera suficiente la carga
argumentativa necesaria que permita establecer la presunta transgresión de
sus garantías constitucionales, más allá de reprochar la decisión de no aplicar
la prescripción. Igualmente, cabe señalar que la enunciación de los
salvamentos de voto de la sentencia accionada y de jurisprudencia en el escrito
de amparo no implica por sí sola una vulneración a los derechos
fundamentales del accionante.
Así, ante la omisión de la parte actora, el juez de tutela no puede realizar un
estudio oficioso de las sentencias cuestionadas para determinar si fueron
proferidas en debida forma, so pena de desconocer los principios de autonomía
judicial y cosa juzgada.
En ese orden de ideas, no se encuentra alguna discusión que justifique
razonablemente una afectación desproporcionada de los derechos invocados,
al no formular planteamientos que permitan deducir con claridad cómo la
autoridad enjuiciada vulneró su derecho y que desvirtúen a primera vista las
consideraciones que respaldaron la decisión a la que arribó.
Es oportuno señalar que, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022,
la Corte Constitucional puntualizó que, para determinar si un asunto ventilado
tiene relevancia constitucional, se debe analizar si la solicitud de amparo
trasciende la mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales» y que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada
indebidamente para debatir «asuntos de índole probatorio o de interpretación
de ley que dieron origen a la controversia judicial».
No obstante, el actor se limitó a alegar la inaplicación de la prescripción, sin
desarrollar de manera concreta la configuración de algún defecto que pudiera
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hacer procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
impide establecer que su solicitud sea relevante desde el punto de vista
constitucional.
En este sentido, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Libardo Rodríguez Leuro, toda vez que no superó el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá.
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Libardo Rodríguez Leuro por no cumplir el requisito adjetivo de
relevancia constitucional.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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