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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04032-00

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04032-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., por las razones expuestas. Segundo.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado en la acción de tutela promovida por el señor Yamil Sabbagh Correa, en calidad de representante legal de Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S., integrante del Consorcio Alianza 1083, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. Tercero.- Prevenir al magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B para que, en lo sucesivo, imprima celeridad al trámite del proceso judicial y no permita maniobras dilatorias. Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04032-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

21 de agosto de 2025

Radicación: 11001-03-15000-2025-04032-00
Demandante: Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S. Integrante del Consorcio
Alianza 1083

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04032-00
Demandante: YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. INTEGRANTE
DEL CONSORCIO ALIANZA 1083
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Mora judicial en los trámites del medio
de control de controversias contractuales. Carencia actual de objeto
por hecho superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Yamil Sabbagh Correa, en calidad de representante legal
de Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S. integrante del Consorcio Alianza 1083,
quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de junio de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Se TUTELE el derecho fundamental de acceso a la administración de la justicia,
vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA por la
falta de trámite en términos prudenciales de las actuaciones pendientes del
proceso 25000233600020180071500, así como que las actuaciones futuras se
lleven a cabo en las mismas condiciones”.

2. Hechos

La parte demandante señaló que el 25 de julio de 2018, los integrantes del
Consorcio Alianza 1083, a través de apoderado judicial, presentaron demanda en
ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de
controversias contractuales contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. y las sociedades Interandina de Ingeniería S.A.S. y Edificaciones
Trival S.A. de C.V. (integrantes del Consorcio Redes Puente Aranda), con el fin de
que se declarara la nulidad del contrato de obra no. 1-01-33100-01324-2017, el cual
tenía por objeto “(…) la renovación de redes de alcantarillado sanitario sector
Ciudad Montes de la zona 3 del acueducto de Bogotá” en la localidad de Puente

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Radicación: 11001-03-15000-2025-04032-00
Demandante: Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S. Integrante del Consorcio
Alianza 1083

Aranda, celebrado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
y el Consorcio Redes Puente Aranda a quien se adjudicó el mismo desconociendo
los términos de la invitación pública No. ICSC-1083-2017.

Asimismo, en la demanda se solicitó que se declarara la nulidad del acto
administrativo no. 30100-2017-1086 de 30 de diciembre de 2017, proferido por el
gerente corporativo de Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P., mediante el cual fue aceptada la oferta presentada
por el Consorcio Redes Puente Aranda dentro de la invitación pública No.
ICSC1083-2017. Y a título de restablecimiento del derecho pidió que el Consorcio
Alianza 1083 fuera declarado como el oferente en el primer orden de elegibilidad de
la invitación pública y, en consecuencia, se adjudicara en su favor el contrato de
obra, en caso de haber sido ejecutado el contrato se cancelará la utilidad a la que
tenía derecho por la indebida adjudicación del mismo.

Expresó que el proceso le correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el radicado no. 25000-23-36-000-
2018-00715-00. Agregó que, mediante auto de 13 de agosto de 2018, la demanda
fue inadmitida para que la parte actora corrigiera los defectos advertidos y a través
del proveído de 8 de octubre de 2018 se admitió la demanda. Señaló que con auto
de 8 de octubre de 2018, se corrió traslado a los demandados de la solicitud de
medida cautelar elevada por la parte demandante, quienes se pronunciaron al
respecto.

Refirió que mediante memorial de 29 de octubre de 2018, las sociedades
Interandina de Ingeniería S.A.S. y Edificaciones Trival S.A. presentaron recurso de
reposición contra el auto admisorio de la demanda, a lo que agregó que a través de
auto de 14 de agosto de 2019, el Tribunal accionado negó la solicitud de medida
cautelar, providencia que fue notificada en debida forma.

Manifestó que a través de proveído de 5 de agosto de 2020, fueron negados los
recursos de reposición interpuestos por las sociedades Interandina de Ingeniería
S.A.S. y Edificaciones Trival S.A. contra el auto que admitió la demanda.
Adicionalmente, precisó que mediante escrito de 12 de agosto del mismo año
interpuso recurso de apelación contra dicha providencia. Ese mismo día, el
apoderado de la sociedad Interandina de Ingeniería S.A.S. presentó un memorial
en el que solicitó la adición y aclaración del auto emitido el 5 de agosto.

Adujo que mediante auto de 25 de noviembre de 2020 fue concedido el recurso de
apelación contra la decisión de 5 de agosto del mismo año, a través de la cual se
negaron los recursos de reposición presentados por la parte demandada.
Posteriormente, mencionó que el 27 del mismo mes y año, la sociedad Edificaciones
Trival S.A. interpuso recurso de reposición contra la decisión de 25 de noviembre
de 2020, al considerar que previo a concederlo, se debía atender la solicitud de
adición y aclaración presentada.

Agregó que el 15 de diciembre de 2020, el expediente ingresó al despacho para
pronunciarse sobre los recursos de reposición y el 12 de mayo de 2021 se realizó
el desarchivo del proceso. Señaló que el 15 de septiembre de 2022 “un (1) año y
nueve (9) meses con posterioridad a la entrada al despacho para resolver los
recursos de reposición presentados, se notificó auto que resolvieron los recursos de
reposición y se procedió a adicionar y aclarar el auto de 5 de noviembre de 2018 y
se advirtió que en firme la providencia, se procedería a pronunciarse nuevamente
sobre el recurso de apelación”.

Señaló que “el 15 de septiembre de 2022, un (1) año y nueve (9) meses con
posterioridad a la entrada al despacho para resolver los recursos de reposición
presentados, se notificó auto que resolvieron los recursos de reposición y se
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procedió a adicionar y aclarar el auto de 5 de noviembre de 2018 y se advirtió que
en firme la providencia, se procedería a pronunciarse nuevamente sobre el recurso
de apelación”. Adicionalmente, indicó que el 20 y 23 de septiembre los apoderados
de las sociedades Interandina de Ingeniería S.A.S. y Edificaciones Trival S.A.,
radicaron memoriales de objeción a la complementación del recurso de apelación.

Manifestó que debido a la falta de actuaciones dentro del proceso, el 17 de marzo
y 6 de junio de 2023, el apoderado de la parte demandante presentó memoriales de
impulso. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al
despacho “con solicitud de adición de providencia, recurso de reposición y
contestaciones de demanda, índice 50 a 54 del sistema Samai para proveer”

Finalmente, aseveró que “a la fecha, habiendo transcurrido dos (2) años y nueve (9)
meses desde la radicación de las solicitudes de adición y de la complementación
del recurso de apelación, no ha existido pronunciamiento por parte de la autoridad
judicial”.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora refirió que aunque se reconoce la congestión judicial en el país, la
demora de dos años y nueve meses para resolver el reparo de un auto era excesiva,
pues esa tardanza afectaba el derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, ya que prolongaba el sufrimiento e incertidumbre de las partes
involucradas. Precisó que en este caso el proceso giraba en torno a la impugnación
de un contrato adjudicado a finales de 2017, cuyo trámite judicial ni siquiera ha
avanzado hasta la contestación de la demanda.

Mencionó que la demora injustificada del despacho impedía una solución oportuna
del conflicto y vulnera el acceso a la administración de justicia. Por ello, solicitó que
se garantice ese derecho fundamental, asegurando un trámite ágil y sin demoras
indebidas para proteger a la sociedad que representa.

Por último, indicó que los jueces tienen el deber de tramitar los procesos
personalmente y son responsables de cualquier demora injustificada, y ese deber
está ligado al derecho constitucional de acceso a la administración de justicia,
establecido en el artículo 229 y desarrollado en el Código General del Proceso, que
garantiza una tutela efectiva y un proceso de duración razonable. Además, precisó
que la Ley Estatutaria 270 de 1996 refuerza ese principio en el sentido de que la
administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en resolver los casos.

4. Trámite procesal

Por auto de 7 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad judicial accionada -
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B-.
Asimismo, se ordenó la vinculación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá E.S.P. y las sociedades Interandina de Ingeniería S.A.S. y Edificaciones
Trival S.A. de C.V.- Integrantes del Consorcio Redes Puente Aranda, en calidad de
terceros con interés. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones nos. 96950 a
96953 del 11 de julio de 2025, con el fin de poner en conocimiento de las partes el
contenido de la providencia1.

1 Índice 7 Samai.

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Alianza 1083

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B

El magistrado ponente del medio de control de controversias contractuales solicitó
que se niegue la solicitud de amparo.

Expuso que radicada la demanda y luego de efectuarse su estudio, el despacho
mediante auto de 13 de agosto de 2018 la inadmitió para que la parte demandante
corrigiera unos defectos advertidos. La parte actora mediante memorial de 29 de
agosto del mismo año realizó la subsanación. Posteriormente, el 8 de octubre de
2018 se admitió la demanda respecto de los medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y de controversias contractuales.

Agregó que a través de auto de 8 de octubre de 2018 se corrió traslado a los
demandados de la solicitud de medida cautelar elevada por la parte actora, y las
sociedades Edificaciones Trival S.A. de C.V., Interandina de Ingeniería S.A.S. y la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se pronunciaron al respecto.
Posteriormente, el 29 de octubre de 2018, los apoderados de la Sociedad
Interandina de Ingeniería S.A.S. y Edificaciones Trival S.A. de C.V. interpusieron
recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda y agregó que, surtidas
las notificaciones correspondientes, las demandadas contestaron la demanda.

Precisó que por medio de auto de 14 de agosto de 2019 se negó la solicitud de
medida cautelar presentada por la parte actora, decisión que fue notificada a las
partes sin que se hubiera interpuesto recurso alguno. Agregó que por auto de 5 de
agosto de 2020 se negaron los recursos de reposición interpuestos por las
Sociedades Interandina de Ingeniería S.A.S. y Edificaciones Trival S.A. de C.V.
contra el auto admisorio de la demanda. Mencionó que mediante escrito remitido a
través del buzón judicial de 12 de agosto del mismo año, la parte demandante
interpuso recurso de apelación contra la providencia del 5 de agosto de 2020, no
obstante, en esa misma fecha el apoderado de la Sociedad Interandina de
Ingeniería S.A.S., elevó solicitud de adición y aclaración del auto del 5 de agosto de
2020.

Agregó que el 25 de noviembre de 2020 fue concedido el recurso de apelación
instaurado por la parte demandante contra la providencia de 5 de agosto de 2020,
que negó los recursos de reposición elevados por las Sociedades Interandina de
Ingeniería S.A.S., y Edificaciones Trival S.A. de C.V. respecto de la decisión que
admitió la demanda. Posteriormente, mediante memorial de 27 de noviembre de
2020, la Sociedad Edificaciones Trival S.A. de C.V. interpuso recurso de reposición
contra el auto de 25 de noviembre de 2020, que concedió apelación instaurada por
el demandante, en el que solicitó que previó a conceder el mismo, se realizará
pronunciamiento respecto de las peticiones de aclaración y complementación de la
providencia del 5 de agosto de 2020. A su vez, la Sociedad Interandina de Ingeniería
S.A.S., con memorial de 1° de diciembre de 2020 interpuso recurso de reposición
contra el auto del 25 de noviembre del mismo año.

Manifestó que de los recursos interpuestos contra el auto de 25 de noviembre de
2020 se corrió traslado a las partes con fijación en lista el 7 de diciembre de 2020,
sin pronunciamiento alguno. Sostuvo que el 12 de mayo de 2021, se realizó la
activación del proceso “en tanto al efectuarse la migración a la plataforma Samai el
mismo había quedado inactivo y archivado”.

Refirió que mediante auto de 14 de septiembre de 2022 se resolvió la solicitud de
adición y aclaración solicitada por el apoderado de Interandina de Ingeniería S.A.S.
contra el auto de 5 de agosto de 2020. Dicha decisión fue notificada el 15 de
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septiembre de 2022 y el 20 de septiembre del mismo año, el apoderado de
Edificaciones Trival S.A. de C.V, presentó solicitud de adición al auto de 14 de
septiembre de 2022, y el proceso ingresó al despacho el 15 de septiembre de 2023.
Finalmente, señaló que el 15 de julio de 2025, se resolvió la solicitud de adición
presentada por Edificaciones Trival S.A. de C.V.

Explicó que a través de auto de 15 de julio de 2025 se resolvió la solicitud de adición
presentada por el apoderado de Edificaciones Trival S.A. de C.V contra la
providencia de 14 de septiembre de 2022, en el sentido de negar la solicitud de
adición del auto del 5 de agosto de 2020, propuesta por Edificaciones Trival S.A. de
C.V., y adicionó la parte resolutiva del auto de 5 de agosto de 2020, en lo relativo a
indicar que no se reponía el auto proferido el 8 de octubre de 2018. Y precisó que
dicha providencia fue registrada en la plataforma Samai y se remitió comunicación
y fijó en estado del 16 de julio de 2025.

Solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado en virtud
de lo dispuesto en la sentencia T-038 de 2019 proferida por la Corte Constitucional,
pues “el juez constitucional debe examinar si existe una afectación de derechos
fundamentales, por lo cual no resulta viable en los casos en que el amparo i) no
tenga como pretensión principal la defensa de garantías superiores o, ii) la acción u
omisión que atenta contra las mismas no sea existente, es decir, el amparo carezca
actualmente de objeto”.

Para terminar, mencionó que el despacho actualmente cuenta con más 500
procesos activos, “lo cual representa una carga de trabajo desbordante frente a la
capacidad operativa del equipo judicial. Este volumen excede los estándares
razonables para el cumplimiento oportuno de los términos legales, máxime cuando
muchos de estos procesos son de alta complejidad”. Y sostuvo que la Corte
Constitucional ha reconocido que la elevada carga procesal estructural representa
una situación que justifica los retrasos en los procesos judiciales, por lo que no es
razonable exigir a los despachos judiciales que cumplan con los plazos legales
cuando enfrentan condiciones materiales que hacen imposible cumplir con dichos
términos.

5.2. Respuesta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

El apoderado judicial rindió informe en el que precisó que no existe responsabilidad
por acción u omisión por parte de la empresa en la vulneración del derecho
fundamental alegado por la parte actora, pues indicó que no se encuentra facultada
para administrar justicia.

Manifestó que el accionante alega la vulneración a su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia por la tardanza en el trámite del proceso de
controversias contractuales no. 25000-23-36-000-2018-00715-00 que actualmente
cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, no obstante, esa situación no guarda relación con las funciones legalmente
atribuidas a la empresa, ni es causada por una acción u omisión a ella atribuible.

Por último, solicitó la desvinculación de la acción de tutela al carecer de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que “la EAAB ESP es ajena a la comisión de los
hechos que se plantean por el accionante”.

5.3. Respuesta de la sociedad Interandina de Ingeniería S.A.S.

El apoderado judicial de la sociedad rindió informe en el que indicó que cuando la
mora judicial es justificada debido a que existen situaciones de exceso de carga
laboral o de congestión judicial, no es procedente la protección del derecho de
acceso a la administración de justicia, a través de la acción de tutela.
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Señaló que “el Despacho no debe acceder a la pretensión de la acción de tutela ya
que resulta improcedente como un mecanismo de protección transitorio, en tanto y
en cuanto, el accionante no acreditó un perjuicio irremediable frente a su derecho
de acceso a la administración de justicia”. Y refirió que la parte actora no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable, “por el contrario, llama la atención que desde
el 15 de septiembre de 2023 el caso 2018-715 ha estado inactivo sin que la parte
demandante (aquí accionante) haya realizado gestión alguna encaminada a
reactivar o impulsar el proceso”.

Finalmente, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela, toda
vez que no existe vulneración alguna del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia alegado, al considerar que la supuesta mora judicial no es
imputable al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. solicitó su
desvinculación de la acción constitucional, al considerar que no existe
responsabilidad por acción u omisión de su parte en la vulneración del derecho
fundamental alegado por la parte actora, toda vez que no se encuentra facultada
para administrar justicia.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala
no accederá a la solicitud de desvinculación la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en tanto se advierte que su vinculación se dio como
tercero con interés en las resultas del trámite constitucional, al ser parte del extremo
pasivo de la demanda presentada en el marco del medio de control de controversias
contractuales.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si se configuró la figura de la carencia actual
de objeto por hecho superado derivada de la tardanza en el trámite de las
actuaciones presentadas en el marco del medio de control con radicado no. 25000-
23-36-000-2018-00715-00, en la que supuestamente incurrió la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

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Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la
acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Yamil Sabbagh Correa, en calidad de representante legal de Yamil
Sabbagh Construcciones S.A.S. integrante del Consorcio Alianza 1083, quien actúa
en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al considerar vulnerado su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia por la tardanza en el trámite
de las actuaciones presentadas en el marco del medio de control con radicado no.
25000-23-36-000-2018-00715-00, en la que actúa como parte demandante.

La Sala precisa que de conformidad con el expediente del proceso ordinario, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B resolvió
acumular las pretensiones relacionadas con la nulidad del contrato de obra y de
controversias contractuales.

Ahora bien, conforme con el expediente digitalizado allegado y la información
suministrada en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, la Sala evidencia que
en el referido proceso ordinario se han proferido, entre otras, las siguientes
actuaciones:

FECHA ACTUACIÓN

25 de julio de 2018 las Sociedades Yamil Sabbagh Construcciones
S.A.S., Topos Hidromecánicos Mexicanos S.A. de
C.V. y Construcciones Namus S.A. (integrantes del
Consorcio Alianza 1083), por intermedio de
apoderado judicial, presentaron demanda en
ejercicio de los medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y de controversias
contractuales contra la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y las sociedades
Interandina de Ingeniería S.A.S. y Edificaciones
Trival S.A. de C.V. (integrantes del Consorcio Redes
Puente Aranda), con el fin de que se declarara la
nulidad del contrato de obra no. 1-01-33100-01324-
2017 el cual tenía por objeto “(…) la renovación de
redes de alcantarillado sanitario sector Ciudad
Montes de la zona 3 del acueducto de Bogotá” en la
localidad de Puente Aranda, celebrado entre la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. y el Consorcio Redes Puente Aranda a quien
se adjudicó el mismo desconociendo los términos de
la invitación pública No. ICSC-1083-2017.
13 de agosto de 2018 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B inadmitió la
demanda para que la parte actora corrigiera los
defectos advertidos.
29 de agosto de 2018 La parte demandante presentó escrito de
subsanación.
8 de octubre de 2018 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B admitió la demanda
respecto de los medios de control de nulidad y
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Demandante: Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S. Integrante del Consorcio
Alianza 1083

restablecimiento del derecho, y de controversias
contractuales, y corrió traslado a los demandados de
la solicitud de medida cautelar elevada por la parte
demandante.
29 de octubre de 2018 Mediante escrito, los apoderados de las sociedades
Interandina de Ingeniería S.A.S. y Edificaciones
Trival S.A. de C.V. presentaron recurso de
reposición contra el auto admisorio de la demanda.
De los mismos se corrió traslado con fijación en lista
el 7 de noviembre de 2018.
7 de noviembre de 2018. Se corrió traslado del recurso de reposición
presentado por las sociedades Interandina de
Ingeniería S.A.S. y Edificaciones Trival S.A. de C.V.
contra el auto admisorio de la demanda.
15 de enero de 2019 La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá presentó contestación de la demanda.
4 de febrero de 2019 La Sociedad Interandina de Ingeniería S.A.S.
contestó la demanda.
14 de agosto de 2019 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B negó la solicitud de
medida cautelar presentada por la parte
demandante, providencia que fue notificada
debidamente sin que se presentara recurso alguno.
5 de agosto de 2020 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B resolvió:

“PRIMERO: NO REPONER el auto proferido el
08 de octubre de 2018, mediante el cual se
admitió la demanda instaurada por el Consorcio
Alianza 1083 contra la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P., así como frente
a las sociedades que integran el Consorcio
Redes Puente Aranda. Lo anterior, de acuerdo
con las consideraciones de la parte motiva.

SEGUNDO: En consecuencia, por Secretaría de
la Sección dar cumplimiento los numerales
tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo,
noveno, décimo y décimo primero de la parte
resolutiva de la providencia recurrida, para lo
cual se deberá acatar las disposiciones
contenidas en el Decreto Legislativo No. 806 del
04 de junio de 2020 y el articulado
correspondiente conforme al Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Igualmente se dará
cumplimiento a lo signado en el numeral 2°
segundo de la parte resolutiva del auto del 14 de
agosto de 2019, que negó la solicitud de medida
cautelar. Lo anterior, de acuerdo con las
consideraciones de la parte motiva”.

Y en esa misma decisión aclaró que:

“se realizará estudio frente a la nulidad del acto
administrativo No. 30100-2017-1086 del 30 de
diciembre de 2017 que aceptó la oferta
presentada por el consorcio Redes Puente
Aranda dentro de la invitación publica ICSC-
1083-2017 y en consecuencia la nulidad la
adjudicación del contrato, así como la nulidad
absoluta del contrato de obra No. 1-01-33100-
01324-2017 suscrito entre la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y el
Consorcio Redes Puente Aranda el 30 de
diciembre de 2017, igualmente, con fundamento
en el artículo 171 del CPACA, se procede a
adecuar el presente medio de control al de
controversias contractuales con fundamentos de
los precedentes jurisprudenciales traídos a
colación”.
12 de agosto de 2020 • Mediante escrito presentado, la parte
demandante interpuso recurso de apelación
contra la providencia de 5 de agosto de 2020,
en lo referente a la decisión de no dar trámite
a las pretensiones de restablecimiento del
derecho y, por consiguiente, la acumulación de
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las mismas a través de medios de control
diferentes.
• En esa misma fecha, el apoderado de la
Sociedad Interandina de Ingeniería S.A.S.,
elevó solicitud de adición y aclaración del auto
del 5 de agosto de 2020, en el sentido de
requerir que las argumentaciones contenidas
en parte considerativa de la providencia en
mención fueran plasmadas en los mismos
términos en la resolutiva.
• Asimismo, en memorial de la misma fecha la
sociedad Edificaciones Trival S.A. de C.V,
presentó solicitud de adición de la referida
providencia.
25 de noviembre de 2020 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B concedió el recurso
de apelación presentado por la parte demandante
contra la decisión de 5 de agosto de 2020, que negó
los recursos de reposición elevados por las
Sociedades Interandina de Ingeniería S.A.S. y
Edificaciones Trival S.A. de C.V. respecto de la
decisión que admitió la demanda.
27 de noviembre de 2020 La Sociedad Edificaciones Trival S.A. de C.V.,
interpuso recurso de reposición contra el auto de 25
de noviembre de 2020, que concedió apelación
instaurada por la parte demandante, en el que
solicitó que previó a conceder el mismo, se realizará
pronunciamiento respecto de las peticiones de
aclaración y complementación de la providencia de
5 de agosto de 2020, que previamente había
resuelto los recursos de reposición contra la
admisión de demanda.
30 de noviembre de 2020 La parte demandante presentó escrito en el que
coadyuvó en el requerimiento presentado el 27 de
noviembre de 2020.
1° de diciembre de 2020 La Sociedad Interandina de Ingeniería S.A.S.
interpuso recurso de reposición contra el auto de 25
de noviembre del mismo año que concedió la
apelación interpuesta por el demandante contra la
providencia de 5 de agosto de 2020.
7 de diciembre de 2020 Mediante fijación en lista, la autoridad judicial
accionada corrió traslado a las partes, sin que se
evidencia pronunciamiento alguno.
12 de mayo de 2021 De conformidad con la constancia secretarial de esa
fecha, se realizó la activación del proceso, toda vez
que al efectuarse la migración del mismo a la
plataforma Samai había quedado inactivo y
archivado.
14 de septiembre de 2022 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B resolvió la solicitud
de adición y aclaración presentada por los
apoderados de las Sociedades Edificaciones Trival
S.A. de C.V., así como Interandina de Ingeniería
S.A.S. contra el auto de 5 de agosto de 2020 por
medio del cual fue resuelto el recurso de reposición
inicialmente instaurado contra el auto admisorio de
la demanda, en la cual se resolvió:

“PRIMERO: ADICIONAR la parte
resolutiva del auto del 05 de agosto de
2020, en lo relativo a indicar que no son
procedentes las pretensiones de
restablecimiento del derecho formuladas
por la parte demandante, por lo tanto, no se
realizará análisis de fondo respecto de
ellas, lo anterior, atendiendo lo expresado
en parte considerativa del presente auto.
SEGUNDO: ACLARAR el auto del 05 de
agosto de 2020, en tal sentido, se indica
que es procedente y pertinente la
acumulación de pretensiones en lo relativo
a la nulidad absoluta del contrato y de
controversias contractuales, de
conformidad con el artículo 165 del CPACA
en concordancia con el 171 de la misma
norma y con fundamento en lo consignado

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en parte considerativa de la presente
providencia”.
20 de septiembre de 2022 El apoderado de la sociedad Edificaciones Trival
S.A. de C.V radicó solicitud de adición al auto de 14
de septiembre de 2022. Posteriormente, presentó
escrito de “oposición a la supuesta
complementación del recurso de apelación que
interpuso la parte demandante contra el Auto de
fecha 5 de agosto de 2020, en virtud del Auto de
fecha 14 de septiembre de 2022 por medio del cual
se resolvió una adición al Auto de fecha 5 de agosto
de 2020”.
28 de octubre de 2022 El apoderado de la sociedad Edificaciones Trival
S.A. de C.V contestó la demanda y formuló
excepciones de mérito.
17 de marzo de 2023 El apoderado de la parte demandante del proceso
ordinario presentó solicitudes de impulso procesal,
al considerar que la última actuación se había
proferido el 15 de septiembre de 2022.
9 de junio de 2023 El apoderado de la parte demandante del proceso
ordinario presentó solicitudes de impulso procesal,
al considerar que la última actuación se había
proferido el 15 de septiembre de 2022.
15 de septiembre de 2023 El proceso ingresó al despacho.
2 de julio de 2025 El apoderado de la sociedad Interandina de
Ingeniera S.A.S. solicitó el desistimiento tácito del
proceso, al considerar que “de la revisión del
expediente se puede constatar que desde el 15 de
septiembre de 2023 el proceso se encuentra inactivo
sin que la parte demandante haya realizado gestión
alguna encaminada a reactivar o impulsar el
proceso”.
15 de julio de 2025 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B negó la solicitud de
adición de la providencia de 14 de septiembre de
2022 presentada por el apoderado de la sociedad
Edificaciones Trival S.A. de C.V.
31 de julio de 2025 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B resolvió:

1. Negar la terminación del proceso por
desistimiento tácito solicitada por el
apoderado de la sociedad Interandina de
Ingeniera S.A.S.

2. Conceder ante el Consejo de Estado en el
efecto suspensivo el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra
el auto de 5 de agosto de 2020 mediante el
cual se adecuó el medio de control y se
desestimaron las pretensiones de
restablecimiento del derecho.
12 de agosto de 2025 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B envió el proceso
físico al Consejo de Estado, mediante oficio no.
2025-HAB-006-LR de 12 de agosto de 2025.

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el informe
rendido en el trámite de tutela precisó que presenta una carga laboral considerable,
pues actualmente tiene a su cargo más de 500 procesos, los cuales deben ser
atendidos de manera simultánea, circunstancia que incide directamente en los
tiempos de respuesta procesal.

De conformidad con lo anterior, la Sala evidencia que si bien a lo largo del trámite
del proceso ordinario se han surtido distintas actuaciones, también se presentaron
periodos prolongados de inactividad procesal sin justificación aparente. En
particular, se observa una primera inactividad entre el 7 de diciembre de 2020 y el
12 de mayo de 2021, periodo durante el cual no se adoptó decisión alguna, y solo
se dejó constancia de la “activación del proceso” tras la migración del expediente a
la plataforma SAMAI. Posteriormente, se advierte un segundo periodo de inactividad
entre el 15 de septiembre de 2023 y el 2 de julio de 2025, a pesar de las solicitudes

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de impulso procesal elevadas por la parte demandante, sin que el proceso avanzara
o se produjera pronunciamiento alguno por parte del despacho judicial.

La Sala constata que esa inactividad en el trámite judicial fue superada con ocasión
de las actuaciones procesales recientes llevadas a cabo en el curso de la acción de
tutela. En efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B profirió auto de 15 de julio de 2025, en el que resolvió negar la
solicitud de adición de 5 de agosto de 2020 propuesta por la sociedad Edificaciones
Trival S.A. de C.V. relacionada con el argumento del medio de control aplicable
expuesto en el recurso de reposición, y adicionó la parte resolutiva del auto recurrido
para indicar que no se reponía la decisión proferida el 8 de octubre de 2018,
mediante la cual se admitió la demanda, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en la providencia, relativas a la falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad, propuesta por Edificaciones Trival S.A. de C.V.

Sumado a lo anterior, la autoridad judicial accionada mediante auto de 31 de julio
de 2025 concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra el auto de 5 de agosto de 2020, a través del cual se
adecuó el medio de control y se desestimaron las pretensiones de restablecimiento
del derecho. Adicionalmente, el proceso fue remitido al Consejo de Estado el 12 de
agosto de 2025 para el trámite en segunda instancia.

En este contexto, la pretensión de la parte actora consistente en que se le imprima
trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento con radicado no. 25000-
23-36-000-2018-00715-00, fue materialmente satisfecha con las actuaciones
judiciales posteriores a la presentación de la presente tutela, por lo que la situación
que motivó la solicitud de amparo ha desaparecido.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20192, la Corte Constitucional reiteró que
“ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a
la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde
su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto
de hecho que motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el
juez constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional
ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que permite evidenciar
la imposibilidad material del juez constitucional para dictar alguna orden para
salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido solicitada. Este fenómeno
se materializa a través de tres figuras: (i) hecho superado; (ii) daño consumado y
(iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de la
acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba la
afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se superó
la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la
accionada ha dejado de desconocer”3.

En este asunto, para la Sala es posible concluir que ha operado una carencia de
objeto por hecho superado, lo cual impide hacer una valoración de fondo del
reproche planteado.

2
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
3
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
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Demandante: Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S. Integrante del Consorcio
Alianza 1083

Por último, atendiendo lo previsto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala considera necesario prevenir al magistrado ponente del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B para que, en lo sucesivo,
imprima celeridad al trámite del proceso judicial y no permita maniobras dilatorias.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto
porque se acreditó la configuración de un hecho superado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., por las razones expuestas.

Segundo.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado en la acción de tutela promovida por el señor Yamil Sabbagh Correa, en
calidad de representante legal de Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S., integrante
del Consorcio Alianza 1083, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

Tercero.- Prevenir al magistrado ponente del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B para que, en lo sucesivo, imprima
celeridad al trámite del proceso judicial y no permita maniobras dilatorias.

Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12
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