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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04037-00

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04037-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el presidente del Senado de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04037-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

31 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04037-00
Accionante: Jesús Antonio Villamizar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04037-00
Demandante: Jesús Antonio Villamizar
Demandado: Presidente del Senado de la República- Congreso de la
República

Tesis: La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad cuando el actor pretende controvertir
la constitucionalidad de una ley por presuntos vicios en su trámite,
sin acreditar la existencia de un perjuicio irremediable que
justifique el uso excepcional del amparo constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela
presentada por el señor Jesús Antonio Villamizar en contra del presidente
del Senado de la República.

I. LA SOLICITUD

El señor Jesús Antonio Villamizar, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el presidente del Senado de la República, con el fin
de que se le protejan sus derechos fundamentales al “debido proceso
legislativo y al principio de separación de poderes”, los cuales habrían sido
vulnerados con ocasión de la sanción de las leyes de micronegocios y de la
reforma al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con
fundamento en la presunta extemporaneidad de las objeciones elevadas por
el presidente de la República. Por tal razón, pretende:

“(...) Con base en lo expuesto, solicito a su despacho:

1. ADMITIR la presente acción de tutela.

2. DECRETAR una medida provisional, ordenando la suspensión
inmediata de los efectos de la sanción de las leyes de Micronegocios y
la reforma al Fonpet, para evitar la consolidación de un perjuicio
irremediable a la institucionalidad.

3. TUTELAR el derecho del pueblo colombiano a que el proceso
legislativo se desarrolle conforme a las normas constitucionales.

4. DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO la sanción de las leyes mencionadas
por el presidente del Senado por vicios de procedimiento. (...)”

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04037-00
Accionante: Jesús Antonio Villamizar

El accionante en el escrito de tutela señaló que el presidente del Senado de
la República sancionó directamente dos proyectos de ley: i) la ley de
micronegocios y ii) la reforma al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG).

Adujo que dichas leyes fueron objetadas previamente por el presidente de
la República, quien las devolvió al Congreso con sus respectivas objeciones.

Sostuvo que el presidente del Senado fundamentó su actuación en la
supuesta extemporaneidad de las objeciones presidenciales, interpretando
que el Congreso podía sancionar las leyes sin la firma del presidente de la
República.

Manifestó que la actuación del presidente del Senado vulneró gravemente
principios y derechos constitucionales fundamentales, al desconocer el
debido proceso legislativo y el principio de separación de poderes.

Indicó que, conforme al artículo 167 de la Constitución, cuando el Congreso
rechaza objeciones presidenciales por inconstitucionalidad, el proyecto de
ley debe ser remitido a la Corte Constitucional para que esta decida sobre
su exequibilidad. Sin embargo, el presidente del Senado habría usurpado
funciones al declarar unilateralmente la extemporaneidad de las objeciones,
interfiriendo en competencias exclusivas tanto del presidente de la
República como de la Corte.

Agregó que la actuación descrita contraviene la jurisprudencia
constitucional, particularmente la Sentencia C-196 de 2009, y afecta la
validez del procedimiento legislativo, comprometiendo la legitimidad de las
leyes y el equilibrio entre los poderes públicos.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Mediante auto de 3 de julio de 2025, el Despacho sustanciador admitió
la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada, ordenó vincular al
presidente de la República y notificar a las partes.

2.2. El presidente del Senado de la República1 presentó informe en el
que solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela, por no
cumplir con los requisitos de legitimación en la causa por pasiva y
subsidiariedad, además de que no se vulneraron los derechos
fundamentales.

Indicó que, en el caso del proyecto de ley sobre micronegocios, este fue
enviado a la Presidencia el 13 de marzo de 2025 y las objeciones fueron
remitidas el 7 de abril, es decir, 10 días hábiles después del plazo
constitucional de 6 días, excediendo el término previsto en el artículo 166
de la Constitución.

1
Ver índice SAMAI nro. 8 del proceso de la referencia.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04037-00
Accionante: Jesús Antonio Villamizar

Precisó, con relación a la reforma al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (Fonpet), que el proyecto fue remitido a la Presidencia de la
República el 11 de junio de 2025 y que las objeciones fueron presentadas
el 20 de junio, un día después del vencimiento del término, razón por la
cual en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 168 de la Constitución
sancionó las citadas leyes.

Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no le
corresponde responder por la supuesta vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que las
sanciones de los proyectos mencionados en la demanda se realizaron
conforme a la Constitución y la ley.

Manifestó que se incumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que no
existe perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción de
tutela como mecanismo transitorio, ni se advierte que el accionante haya
agotado previamente los medios judiciales ordinarios disponibles para
controvertir los hechos expuestos.

Afirmó que la Corte Constitucional ha sido enfática en establecer que la
acción de tutela no procede contra decisiones adoptadas por el Congreso
dentro del ámbito de sus competencias legales y constitucionales, salvo en
casos excepcionales. Citó las sentencias T-380 de 1996 y SU-047 de 2019,
en las cuales se reconoce que tales decisiones gozan de presunción de
legalidad y solo pueden ser controvertidas mediante tutela cuando exista
una amenaza grave, cierta y actual a derechos fundamentales, que no
pueda ser atendida por otros mecanismos judiciales ordinarios.

Señaló que los jueces deben respetar la autonomía del Congreso y
abstenerse de interferir en sus actuaciones legítimas, en observancia del
principio de separación de poderes.

Sostuvo que la acción de tutela no cumple con los fines del mecanismo
constitucional, dado que el demandante no invocó una vulneración concreta
de derechos fundamentales, sino que se limitó a solicitar la protección del
Estado de Derecho y del debido proceso en la formación de las leyes,
pretensiones que desbordan el objeto de la acción de tutela, que está
dirigida exclusivamente a la protección inmediata y efectiva de derechos
fundamentales.

Concluyó que en su calidad de presidente del Senado se ajustó plenamente
a los mandatos constitucionales, al reglamento del Congreso y a las
disposiciones legales aplicables, sin haber afectado en ningún momento
derechos fundamentales.

2.3. El secretario general del Senado de la República2 presentó
informe en el que solicitó negar por improcedente el amparo constitucional
y declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del
Congreso de la República.

2
Ver índice SAMAI nro. 9 del proceso de la referencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04037-00
Accionante: Jesús Antonio Villamizar

Indicó que las actuaciones relacionadas con la sanción de las Leyes 2470 y
2468 de 2025 se realizó conforme al procedimiento legislativo previsto en
la Constitución Política y a las disposiciones de la Ley 5ª de 1992.

Adujo que dichas leyes, relativas a la política pública para micronegocios
barriales y al financiamiento pensional de las entidades territoriales, fueron
tramitadas dentro del marco de competencia del Congreso, con sujeción a
los principios de legalidad, al orden constitucional y al respeto por la
separación de poderes.

Destacó que, según el artículo 168 de la Constitución, cuando el presidente
de la República no sanciona una ley dentro del plazo establecido,
corresponde hacerlo al presidente del Congreso, por lo que no se configura
vulneración de derechos fundamentales ni existe motivo para cuestionar la
validez del trámite legislativo que culminó con la promulgación de las
mencionadas leyes.

Afirmó que el accionante no identifica con claridad qué derecho fundamental
ha sido afectado, ni demuestra un nexo causal entre las actuaciones del
Congreso, específicamente, la sanción de las Leyes 2470 y 2468 de 2025
por parte del presidente del Senado y, una amenaza cierta, directa e
inminente a tales derechos.

Manifestó que la acción de tutela es improcedente por no cumplir con el
principio de subsidiariedad, dado que existen otros mecanismos judiciales
adecuados, como la acción pública de inconstitucionalidad, para cuestionar
la validez de las leyes mencionadas. Resaltó que el accionante no demuestra
la existencia de un perjuicio irremediable ni cumple con el requisito de
relevancia constitucional, que exige que la controversia tenga implicaciones
claras sobre la interpretación o protección de derechos fundamentales, y no
se limite a una discusión meramente legal.

Finalmente, adujo que hay falta de legitimación por pasiva, puesto que el
accionante no logra demostrar que el Congreso de la República haya
incurrido en una conducta que constituya una amenaza o vulneración actual
de derechos fundamentales, ya que la actuación cuestionada corresponde
a una función constitucional asignada por el artículo 168 de la Constitución,
por lo que no puede considerarse lesiva ni arbitraria.

2.4. El presidente de la República3 no se pronunció frente a la presente
acción de tutela, a pesar de haber sido notificado en debida forma.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del

3
Ver índice SAMAI nro. 7 del proceso de la referencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04037-00
Accionante: Jesús Antonio Villamizar

Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

3.2. Cuestión Previa

De la revisión del expediente se observa que tanto el presidente del Senado
de la República como el secretario general de dicha corporación, solicitaron
la desvinculación del presente trámite en sus respectivos informes.

Para resolver las anteriores solicitudes, es preciso indicar que el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991 establece respecto a la legitimación en la causa
por pasiva lo siguiente:

“(...)Artículo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e
Intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de
la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. (...)”

De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en la causa por
pasiva en los siguientes términos:

“(…) En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación
en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo
siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición
por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En
resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso.
(…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un
instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde
la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de

4 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04037-00
Accionante: Jesús Antonio Villamizar

manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios
de legalidad y contradicción.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se
deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño (…)”. (Destaca el Sala)

En atención a lo anterior, se considera que no se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto del presidente del Senado de
la República, por cuanto fue precisamente dicha autoridad quien, según lo
afirmado por el accionante, adoptó la decisión de sancionar los proyectos
de ley objeto de controversia, presuntamente sin tener en cuenta las
objeciones presentadas por el presidente de la República y sin agotar el
procedimiento constitucional establecido en el artículo 167 superior. Así las
cosas, al atribuirse directamente a su conducta la presunta vulneración de
los derechos fundamentales alegados resulta procedente su vinculación
como parte pasiva dentro del presente trámite constitucional.

En lo que respecta al secretario general del Senado de la República, observa
la Sala que, si bien esta dependencia allegó informe dentro del presente
trámite, no fue vinculado ni señalado como autoridad accionada en la
solicitud de amparo. En consecuencia, no se emitirá pronunciamiento
alguno respecto de su solicitud de desvinculación.

3.3. Hechos Relevantes

3.3.1. El 24 de junio de 2025, el presidente del Senado de la República
sancionó la Ley ordinaria 2468 de 2025, “Por medio de la cual se modifica
la Ley 549 de 1999 con el fin de garantizar el financiamiento pasivo
pensional de las entidades territoriales y el Fondo Nacional de Pensiones de
las entidades territoriales”. En la parte final de la mencionada ley se lee lo
siguiente:

“(...) Teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que la Presidencia
devuelve el Proyecto de Ley número 75 de 2024 Senado, 479 de
2024 Cámara, por medio de la cual se modifica la Ley 549 de 1999 con
el fin de garantizar el financiamiento pasivo pensional de las entidades
territoriales y el fondo nacional de pensiones de las entidades
territoriales, sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Presidente del
Congreso de la República, imparte la sanción correspondiente. (...)”
(Destaca el texto original)

3.3.2. El 24 de junio de 2025, el presidente del Senado de la República
sancionó la Ley ordinaria 2470 de 2025, “Por medio de la cual se formulan
lineamientos para la política pública a favor de los micronegocios barriales
y vecinales del país y se dictan otras disposiciones”. En la parte final de la
mencionada ley se indicó:

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04037-00
Accionante: Jesús Antonio Villamizar

“(...) Teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que la Presidencia
devuelve el Proyecto de Ley número 075 de 2024 Senado-479 de 2024
Cámara “medio de la cual se modifica la Ley 549 de 1999 con el fin de
garantizar el financiamiento pasivo pensional de las entidades
territoriales y el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades
territoriales”, sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Presidente del
Congreso de la República, imparte la sanción correspondiente. (...)”

3.4. Análisis de la Sala

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable5.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

En el caso bajo examen, el accionante interpuso la presente acción de tutela
con el fin de obtener la protección del derecho al debido proceso legislativo
y el principio de separación de poderes, los cuales estima vulnerados con
ocasión de la sanción de las Leyes 2468 y 2470 de 2025 por parte del
presidente del Senado de la República, pese a que estas habían sido
objetadas por el presidente de la República, ya que, a su juicio, dicha
actuación configuró una usurpación de funciones propias del presidente de
la República, lo que habría afectado la separación de poderes y el trámite
legislativo.

Pues bien, de la lectura y alcance del escrito de tutela, se advierte que lo
que en realidad cuestiona el accionante es la constitucionalidad del trámite
legislativo que se surtió para la expedición de las leyes mencionadas,
particularmente en lo relativo a su sanción, al considerar que se realizó sin
cumplir el procedimiento correspondiente.

En ese sentido, la controversia que se plantea involucra un presunto vicio
de procedimiento en la formación de la ley, lo cual, en principio, debe ser
objeto de control a través de la acción pública de inconstitucionalidad ante
la Corte Constitucional, en los términos del artículo 241 de la Constitución
Política.

En efecto, la acción pública de inconstitucionalidad es el mecanismo idóneo
para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, ya sea por su
contenido material o por vicios en su formación, en este último caso

5 “Artículo 86. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04037-00
Accionante: Jesús Antonio Villamizar

aquellos relacionados con el trámite legislativo. En este punto, se debe
recordar que la acción de tutela no puede utilizarse como sustituto de ese
mecanismo de control, salvo que se acredite que este no resulta eficaz para
evitar un perjuicio irremediable.

En cuanto a este último aspecto, del análisis del escrito de tutela se observa
que el actor no aporta elementos que permitan considerar acreditado un
perjuicio de esa naturaleza, pues no se advierte situación alguna que lleve
a concluir que se encuentre en condiciones de manifiesta debilidad que
justifiquen la adopción de medidas urgentes, impostergables o inminentes
para la protección de sus derechos fundamentales.

Por lo anterior, en el presente asunto la acción de tutela resulta
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, en tanto el actor
cuenta con otro medio judicial idóneo y eficaz para exponer las
irregularidades que, en su criterio, se presentaron dentro del trámite de las
citadas leyes, sin que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable
que justifique su utilización como mecanismo transitorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por el presidente del Senado de la República, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, de
conformidad con las consideraciones de la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04037-00
Accionante: Jesús Antonio Villamizar

NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

9

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