Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04055-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04055-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04055-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de octubre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04055-01
Accionante: Diana Carolina Acevedo Peña
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04055-01
Accionante: DIANA CAROLINA ACEVEDO PEÑA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Tesis: Se declara la carencia actual de objeto por
sustracción de materia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
providencia dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 13 de
agosto de 2025.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La señora Diana Carolina Acevedo Peña solicitó el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, que estimó vulnerados con ocasión de la presunta mora
judicial en la que incurrió el Tribunal Administrativo de Boyacá - conjuez
ponente Ana María Margarita Arévalo Orozco, en el trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que se identifica con el
radicado núm. 15759-33-33-002-2018-00191-02.
1.2. La accionante adelantó el proceso citado supra contra la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el objeto de
obtener la nulidad de los actos administrativos que le negaron la solicitud
de reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, la
reliquidación de sus prestaciones sociales y el pago de las respectivas
diferencias.
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Accionante: Diana Carolina Acevedo Peña
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho correspondió al
Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Tunja, autoridad
que, mediante sentencia de 11 de mayo de 2022, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
La demandada presentó recurso de apelación contra la anterior providencia,
el cual correspondió para ser resuelto al Tribunal Administrativo de Boyacá,
conjuez Ana María Margarita Arévalo Orozco, y fue admitido por auto de 25
de septiembre de 2023.
1.3. La accionante alegó en la tutela que han pasado más de tres años
desde que se profirió la sentencia de primera instancia y veintiún meses
desde que se admitió el recurso de apelación contra esa providencia, sin
que a la fecha de formulación de la solicitud de amparo se haya dictado
pronunciamiento alguno.
Informó que, el 19 de febrero de 2025, presentó solicitud de vigilancia
judicial administrativa, la cual se resolvió mediante Resolución CSJBOYR25-
186 del 14 de marzo de 2025, dictada por el Consejo Superior de la
Judicatura - Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, quien ordenó
el archivo del trámite, pues la conjuez ponente carece de la calidad de
servidora judicial.
Así mismo, señaló que el 4 y 13 de junio del año en curso presentó
solicitudes de impulso procesal; y agregó que, consultado el sistema
SAMAI, se advierte que la conjuez ponente, en todos los casos que tiene a
cargo, únicamente ha proferido seis autos, de los cuales tres corresponden
a un mismo proceso judicial.
1.4. Con fundamento en lo expuesto, formuló la siguiente pretensión:
“Solicitó (sic) se amparen mis derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, y se ordene a la conjuez accionada, impartir celeridad al
trámite de segunda instancia, profiriendo sentencia de segunda instancia,
atendiendo a que han transcurrido más de 3 años desde que se profirió la sentencia
de primera instancia y 21 meses desde que se admitió en segunda instancia el
recurso de apelación”.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 7 de julio de 2025, el a quo admitió la tutela y
ordenó vincular como terceros con interés a la Presidencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá, a la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja.
2.2. El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial presentó escrito en el que solicitó que se le
desvinculara del trámite constitucional porque no es la competente para
requerir la celeridad del proceso ordinario objeto de tutela.
2.3. La conjuez Ana María Margarita Arévalo Orozco se pronunció
sobre la acción de tutela, señalando que el relato presentado por la
accionante no da cuenta de alguna afectación de sus derechos
fundamentales.
Advirtió que la “señora DIANA CAROLINA ACEVEDO PEÑA dentro del
listado de procesos asignados no aparece dentro de los primeros 30 y
antes del de ella existen otros que son primeros en el tiempo y no puede
haber lugar a la afectación del derecho a la igualdad de aquellos que se
vean desplazados en el orden de los fallos”. Y señaló que en el escrito de
tutela no se indica una razón de orden constitucional que permita alterar
el turno asignado para adoptar decisión de fondo.
2.4. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues las
actuaciones reprochadas recaen exclusivamente en el Tribunal
Administrativo de Boyacá.
Adicionalmente, afirmó que la acción de tutela incumple el requisito de
subsidiariedad porque la accionante cuenta con “mecanismos ordinarios
como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y los recursos
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judiciales propios del proceso administrativo”, los cuales deben ser
agotados de manera previa a acudir a la presente instancia constitucional.
2.5. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá rindió informe
en el que afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados por la accionante, pues el proceso para designar a la conjuez
se llevó en debida y forma, y que es a esta última a quien le corresponde
adelantar las actuaciones judiciales reclamadas.
Informó que, en el trámite de la solicitud de vigilancia judicial formulada
por la actora, la conjuez alegó que no tenía acceso al expediente, así como
que no contaba con el apoyo suficiente para sustanciar los procesos. Al
respecto, sostuvo que la conjuez tiene 52 procesos vigentes a cargo, y
que usualmente los conjueces reciben el apoyo de los servidores del
despacho y de la Secretaría, por lo que cuentan con la capacidad de
adelantar lo que corresponda para evitar la paralización de los asuntos
judiciales.
2.6. La accionante presentó escrito durante el trámite de la primera
instancia, en el que advirtió que, en la contestación de la tutela, la conjuez
no informó el turno para fallo del proceso ni la lista de los procesos
adelantados por el despacho, por lo que incumplió las ordenes emitidas en
el auto admisorio de la tutela. Adicionalmente, informó que, entre el 1º de
enero y el 21 de julio del presente año, la conjuez solo ha emitido ocho
providencias, de las cuales únicamente dos corresponden a sentencias. Del
mismo modo, señaló que, contrario a lo que sostiene la conjuez, el
expediente del proceso ordinario sí se encuentra cargado en SAMAI para
consulta pública.
2.7. El Juzgado Administrativo Transitorio de Tunja no allegó
pronunciamiento.
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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 13 de agosto de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado accedió al amparo solicitado y ordenó a la conjuez del Tribunal
Administrativo de Boyacá que registre y presente el respectivo proyecto de
fallo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la
tutela, en un plazo no superior a veinte días hábiles, así:
“3. En consecuencia, ordenar a la Conjuez Ana María Margarita Arévalo Orozco del
Tribunal Administrativo de Boyacá que registre y presente el respectivo proyecto de
fallo a los restantes integrantes de la Sala de decisión, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 15759-33-33-002-2018-00191-00/02, en
un plazo no superior a veinte (20) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de
la presente providencia judicial”.
Consideró que la accionada no acreditó las razones por las cuales no se ha
resuelto de fondo el proceso, así como tampoco informó el turno para fallo
en el que se encuentra el expediente, ni mencionó que se encontrara en
circunstancias objetivas que le impidieran cumplir con los plazos para
adoptar la decisión correspondiente.
Por ello, concluyó que el lapso transcurrido entre el 30 de octubre de 2023,
cuando el expediente ingresó al despacho de la conjuez, y el 1º de julio de
2025, cuando se radicó la presente tutela, es desproporcionado e
injustificado.
Advirtió que la conjuez solo expuso en el trámite de la vigilancia judicial las
razones por las cuales el proceso estaba inactivo, y que en este asunto solo
fueron conocidas al ser informadas por la accionante. En todo caso, dijo que
la justificación presentada no es de recibo porque, de ser cierto que no
había logrado acceder al expediente ordinario en SAMAI, no se entiende
cómo logró dictar el auto admisorio del recurso de apelación.
En suma, señaló que el tiempo transcurrido desconocía la noción de plazo
razonable, por lo que resultó afectado el derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia de la accionante. Además, argumentó que,
incluso frente a los defectos estructurales de la Rama Judicial, el juez tiene
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el deber de agotar todos los medios a su alcance para evitar retrasos, lo
que la conjuez accionada no demostró haber hecho.
Por último, accedió a la solicitud de desvinculación del presente trámite
constitucional elevada por el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, al considerar que esta no sería la
autoridad competente para satisfacer los derechos fundamentales de la
demandante ante un eventual amparo.
IV. IMPUGNACIÓN
La conjuez Ana María Margarita Arévalo Orozco impugnó la sentencia de
primera instancia y sostuvo que la solicitud de amparo deviene
improcedente, pues el escrito se encuentra ausente de mínimas razones de
orden constitucional, a partir de las cuales se imponga la protección de los
derechos fundamentales invocados por la accionante, y la alteración del
orden para fallo de los procesos en turno.
Sostuvo que no hay justificación para que el proceso de la accionante, que
se encuentra en el turno 38, por orden judicial, pase a entrar en el primer
turno. Por lo tanto, estima que el amparo se concedió sin tener en cuenta
los parámetros establecidos en los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 63A
de la Ley 270 de 1996.
Advirtió que existe una realidad distinta cuando un servidor posee apoyo
para sustanciar los procesos que cuando no cuenta con dichas
herramientas, como es el caso de los conjueces, pues estos últimos no
tienen a su disposición funcionarios sustanciadores.
Adicionalmente, señaló que, aunque en la contestación de la tutela no indicó
de forma expresa el turno para fallo asignado al proceso de interés, esto no
es razón suficiente para acceder al amparo solicitado, pues “si se le estaba
indicaba que no figuraba dentro de los primeros treinta (30), significaba
que estaba entre el 31 y siguientes y no estaba del 1 al 30. Lo que viene a
significar que si la señora DIANA CAROLINA ACEVEDO PEÑA no estaba
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dentro de los primero treinta (30) en turno, la Sala que adoptó la decisión
debió vincular a los otros usuarios de la administración de justicia que
estaban delante de ella, en razón a que la decisión judicial los podía afectar,
como efectivamente sucedió y nos lleva a un inmediato colapso”.
Manifestó que el Tribunal “también informa que tenemos todos los
elementos para aplicar justicia cuando no es cierto, no hay expedientes
digitalizados, no hay sustanciador, si se observa detenidamente, el
expediente se digitalizó luego que la accionante interpusiera vigilancia y a
índice 39 se puede observar con fecha de 26 de febrero de 2025, por eso
al contestar mi informe ante el Consejo Superior de la Judicatura, manifesté
que no había expediente digital”.
Finalmente, precisó que, para el momento procesal de proveer sobre la
admisión del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia en el proceso ordinario, contaba con las piezas documentales
suficientes para adoptar la decisión correspondiente, por lo que no fue
necesario que el expediente se encontrara digitalizado en el sistema SAMAI.
Aportó dos archivos en formato Excel, indicando que uno refleja los 83
expedientes que tiene a cargo, en el orden de llegada indicado por el
Tribunal, y que el otro contiene los procesos que tenía asignados en el mes
de abril de 2024
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante escrito del 23 de septiembre de 2025, la accionante se
pronunció ante esta instancia sobre la impugnación formulada por la
conjuez, y señaló que, si bien la relación de procesos a cargo de ella indica
que el asunto de su interés se encuentra en el turno 38, lo cierto es que
a la fecha no existe ningún proceso pendiente de sentencia que se
encuentre en un turno previo.
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También convalidó la información remitida por la conjuez en su
impugnación, en el sentido de tener como cierta la relación de los 53
procesos que en la actualidad tiene a cargo la accionada, pero confrontado
la etapa procesal en la que cada uno se encuentra. Para ello, aportó un
documento Excel semejante en cuanto a cantidad de procesos y su
identificación, pero con anotaciones suyas sobre los tramites agotados en
cada asunto.
También informó que la conjuez dictó sentencia en un proceso que se
encontraba en el turno 45. En ese orden, solicitó que se desestimara la
impugnación y se diera cumplimiento al fallo de primera instancia.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
6.2. ANÁLISIS DE LA SALA
La señora Diana Carolina Acevedo Peña solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que estimó vulnerados con la presunta mora judicial en la que
habría incurrió el Tribunal Administrativo de Boyacá - conjuez ponente
Ana María Margarita Arévalo Orozco, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se identifica con el radicado núm.
15759-33-33-002-2018-00191-02.
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De acuerdo con las pretensiones del escrito de tutela se observa que lo
pretendido, a través de esta acción es que “se amparen mis derechos al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, y se ordene a la
conjuez accionada, impartir celeridad al trámite de segunda instancia,
profiriendo sentencia de segunda instancia”.
En el fallo de primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
accedió a las pretensiones de amparo y dispuso lo siguiente:
“[…] 2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora Diana Carolina Acevedo Peña, por las
razones expuestas en esta providencia.
3. En consecuencia, ordenar a la Conjuez Ana María Margarita Arévalo
Orozco del Tribunal Administrativo de Boyacá que registre y presente el
respectivo proyecto de fallo a los restantes integrantes de la Sala de decisión,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 15759-33-
33-002-2018-00191-00/02, en un plazo no superior a veinte (20) días
hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia judicial.
[…]”.
El 10 de octubre de 2025 la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
de Boyacá dictó sentencia de segunda instancia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho núm. 15759-33-33-002-2018-
00191-021, la cual fue notificada el 15 de octubre de 20252.
Sobre la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión
mediante providencia de 9 de septiembre de 20213 precisó que dicho
fenómeno jurídico se presenta en los siguientes eventos: “[…] i) por hecho
superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la
afectación a los derechos invocados de tal manera que resulte innecesario
el pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de
manera definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez
constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de la
tutela y iii) por sustracción de materia […]”.
1
Índice 53 del expediente digital núm. 15759-33-33-002-2018-00191-02.
2
Índice 57 ibidem.
3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2021-
02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, 9 de septiembre de 2021.
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Accionante: Diana Carolina Acevedo Peña
Frente a la carencia actual de objeto por sustracción materia, esta Sala
de Decisión sostuvo lo siguiente: “[…] se configura en aquellos casos
en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión, por lo cual, la protección
a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez
constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna de
protección del derecho fundamental invocado […]”4. [Negrilla original del
texto]
En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha indicado lo siguiente:
“[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del
derecho fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en
principio, una finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría
sentido cualquier orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar
los derechos del demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería
en el vacío por sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:
“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de
la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual
de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se
encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser
como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial,
por cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso
concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria
al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción” […]”5.
[Negrilla fuera del texto].
A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue
instituida como un mecanismo expedito para la protección inmediata y
4
Ibidem.
5
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Exp. T-3.931.914, M.P. Alberto Rojas Ríos; 7 de septiembre
de 2013.
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oportuna de los derechos fundamentales y debido a esto, al desaparecer
la causa que da origen a dicha vulneración, la acción de tutela pierde toda
razón de ser como mecanismo de protección judicial.
En el presente caso se observa que la pretensión de la acción de tutela es
que se ordene dictar sentencia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 15759-33-33-002-2018-00191-02.
El 10 de octubre de 2025 la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
de Boyacá dictó sentencia de segunda instancia dentro del proceso
indicado supra y el 15 de octubre de 2025 se notificó dicha decisión.
Por lo anterior, esta Sección estima que al momento de resolverse la
segunda instancia de esta acción se configuró la carencia actual de objeto
por sustracción de materia en razón que el objeto de la presente tutela
desapareció porque: (i) se dictó la sentencia de segunda instancia y (ii)
se notificó dicha providencia.
En ese sentido, no es posible hacer un estudio del fondo del asunto por
haberse configurado una sustracción de materia por las razones indicadas
supra.
Respecto de la figura de la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, en la sentencia de 30 de noviembre de 2023, esta Sala de
Decisión precisó lo siguiente:
“[…] 18. Mediante esta acción constitucional, la señora Chris Valentina Ávila
Bohórquez pretende la protección de su derecho fundamental al sufragio, el
cual adujo que se encontraba amenazado porque no fue incluida en el censo
electoral y debido a ello carecía de un puesto de votación en el cual ejercer
su derecho al voto en las elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados,
Concejales, Ediles y miembros de las Juntas Administradoras Locales,
programadas para el 29 de octubre de este año.
19. En síntesis, lo solicitado por la actora en este proceso constitucional
consiste en que: (i) «[…] [s]e ordene a la Registraduría y Consejo Nacional
Electoral que de manera urgente habiliten mi único puesto de votación en la
residencia Cra 5 No. 4 13 de el (sic) Centro Poblado de El Secreto del
Municipio de Sabanalarga Casanare, lugar último donde ejercí por primera
vez el voto […]»; (ii) «[…] [s]e ordene a la registraduría y Consejo Nacional
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Electoral me permitan ejercer el derecho al voto en las elecciones del 29 de
octubre de 2023 […]»; y (iii) «[…] [e]n caso de que no se tome una medida
con urgencia y ante la proximidad de las elecciones, se detenga el proceso
electoral en el Departamento de Casanare, hasta tanto yo pueda ejercer mi
derecho a elegir mis gobernantes en el lugar que nací y donde pienso llegar
en mi vejez […]».
20. Sin embargo, destaca la Sala que el presente mecanismo de amparo fue
radicado el 24 de octubre de este año. Esto es a cinco días de que se
realizaran los comicios. Debido a ello, para el momento en que fue resuelta
la presente acción de tutela ya se habían realizado las elecciones
programadas para el 29 de octubre de 2023.
[…]
22. Igualmente, mediante sentencia de 23 de noviembre de 2023 6, la Sección
estudió un caso con supuestos fácticos similares al presente y concluyó que
se había configurado la carencia actual de objeto por sustracción de materia
porque los comicios electorales regionales habían pasado.
A partir de lo anterior, esta Sección estima que en el presente caso se
configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, en tanto que el objeto de la presente acción de amparo no puede
ser protegido porque el supuesto constitutivo de la amenaza al derecho
fundamental de la accionante, actualmente, no existe y, en ese sentido, no
se pueden emitir las medidas solicitadas […]”.
Conforme a lo anotado, se declarará la carencia actual de objeto por
sustracción de materia.
6.3. Conclusión
De conformidad con todo lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual
de objeto por sustracción de materia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2023-
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Accionante: Diana Carolina Acevedo Peña
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes e intervinientes por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
13
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