Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04066-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04066-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04066-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
22 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04066-00
Accionante: OSCAR EDUARDO SALCEDO BERRÍO
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el accionante contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C y el Juez Treinta y
Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 1º de julio de 2025, Oscar Eduardo Salcedo Berrío, en nombre propio, interpuso
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la prevalencia de la ley sustancial, de acceso a la administración
de justicia y a la protección a personas en estado de vulnerabilidad, que considera
afectados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-
Subsección C y el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá al haber proferido las providencias del 11 de diciembre y 22 de marzo, ambas
de 2024, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa 1 que
adelantó contra la Nación-Fiscalía General de la Nación y otro.
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Identificado con número de radicado: 11001-33-36-033-2024-00067-00/01.
2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04066-00
Accionante: Oscar Eduardo Salcedo Berrío
Acción de tutela – Primera instancia
En virtud del amparo, solicita que los derechos alegados sean tutelados. Pide que
se dejen sin efectos las providencias reprochadas y, en consecuencia, que se ordene
a las accionadas a que procedan a:
«(…) TUTELAR; Los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, por error
ostensible, flagrante y manifiesto en atención al artículo 29; a la prevalencia de la
ley sustancial art. 228 y el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA art.
229 de la Constitución Política de Colombia, protección a personas en estado de
vulnerabilidad entre otros.
Con los obstáculos que se nos presentaron para acceder a la administración de
justicia se me vulnero el DEBIDO PROCESO, toda vez que injustamente me
privaron de mi libertad vulnerando derechos a mis hijos de estar con ellos,
enfrentándolos a una sociedad de reproche, sin tener responsabilidad alguna como
se demostró y motivo el fallo Absolutorio y debería ser el Estado, mediante una
sentencia, quien defina si esa vulneración merece algún tipo de compensación y no
negarme la oportunidad de probar el daño antijurídico , por un mal procedimiento
realizado por la procuradora Judicial 12 para asuntos judiciales.
DECLARAR, Que el auto que profirió el JUZGADO 33 ADMINISTRATIVO DE
BOGOTA CONFIRMADO POR EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUNDINAMARCA, mediante el cual se RECHAZO DE PLANO la Demanda de
Reparación Directa, quede sin efectos jurídicos y se REVOQUE, ordenándose la
Admisión de la Demanda con los argumentos y sustentación que se presentó en
términos. Lo anterior, toda vez que se evidencia que las actuaciones surtidas no se
encuentran ajustadas a Derecho, por cuanto No opero el fenómeno de la
CADUCIDAD, así como lo manifiesto el juzgado de la primera instancia y el Superior,
sin analizar a fondo los hechos planteados, violándome así el debido proceso.»
2. Hechos relevantes
La acción de tutela se fundamenta en situaciones de hecho que la parte actora
plantea así:
El accionante fue Investigado por los delitos de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON
MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO, privado de la libertad, posteriormente el Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, lo ABSUELVE
de los cargos mediante fallo del día 16 de septiembre de 2021, notificada en Estrados
y sin recursos quedando ejecutoriada el día 17 de septiembre de 2021.
El 23 de octubre de 2023, la Procuraduría 12 Judicial II para Asuntos Administrativos,
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04066-00
Accionante: Oscar Eduardo Salcedo Berrío
Acción de tutela – Primera instancia
que conoció de la solicitud de conciliación la declara desistida teniéndose como no
presentada, por lo que se presentó recurso de reposición, soportado en el hecho que
no se pudo subsanar por desconocimiento, pero a la postre la decisión fue
desfavorable.
Nuevamente, el 12 de febrero de 2024, se intenta la diligencia de conciliación y en
esta ocasión se realizó ante la Procuraduría 9 Administrativa para Asuntos Judiciales
la cual expide el Acta de no conciliada, con la cual inmediatamente se radica la
Demanda ante los juzgados Administrativos, el día 13 de febrero del mismo año.
El asunto correspondió por reparto en primera instancia al Juzgado Treinta y Tres
(33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, despacho que al hacer su análisis
jurídico para la admisión de la demanda, decide rechazarla aduciendo que había
operado el fenómeno de la CADUCIDAD, y esto porque en la demanda no se explicó
que la conciliación se había presentado inicialmente en la Procuraduría 12 para
Asuntos Judiciales, quien no notificó debidamente una decisión que solicitaba
subsanar. La parte actora apeló la decisión.
El asunto fue conocido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C quien, por sentencia del 11 de
diciembre de 2024, notificada el 18 de diciembre del mismo año, confirmó lo resuelto
por A Quo respecto de la caducidad, porque la demanda se presentó
extemporáneamente.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la prevalencia de la ley
sustancial, de acceso a la administración de justicia y a la protección a personas en
estado de vulnerabilidad, con ocasión a la decisión del 11 de diciembre de 2024,
notificada el 18 de diciembre del mismo año. Sostiene que en esta se incurrió en el
defecto sustancial y. procedimental absoluto y violación directa de la Constitución.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04066-00
Accionante: Oscar Eduardo Salcedo Berrío
Acción de tutela – Primera instancia
Esgrime que el defecto procedimental absoluto se configura en la medida en que la
autoridad desconoció el material probatorio aportado por la accionante. Aduce que,
con base en este, era posible evidenciar que el fenómeno de la caducidad en realidad
no operó porque su interrupción no fue ejecutoriada en ningún momento.
Plantea que, no pudo ejercer su derecho al debido proceso por error ostensible,
flagrante y manifiesto, pues se pone en entredicho la correcta aplicación de la norma
sustancial, donde se busca es la protección de los derechos y asegurar la efectividad
en la protección jurídica y que, pese a la existencia de norma supra legal, considera
el operador judicial hizo una indebida interpretación de la norma, afectando derechos
sustanciales fundamentales.
Trajo a colación la sentencia T-439 de 2020, proferida por la Corte Constitucional.
Como fundamento de lo anterior, afirma que:
«En la sentencia T-439 de 2000, entre otras, la Corte precisó que, si bien es cierto que la tutela
no tiene efectos más allá del caso objeto de controversia, la ratio deciden di, constituye un
precedente de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas, ya que además de ser
el fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica
determinada, la correcta interpretación y aplicación de una norma.
(...)
El precedente por lo tanto, es verdaderamente una regla de derecho derivada del caso y en
consecuencia, las autoridades públicas solo pueden apartarse dela postura de la Corte
cuando se “verifica que existen hechos en el proceso que hacen inaplicable el precedente al
caso concreto”, o que “existan elementos de juicio no considerados en su oportunidad por el
superior, que permitan desarrollar de manera más coherente o armónica la institución
jurídica”, en cuyo caso se exige una “debida y suficiente justificación .» (...)
Considera que la autoridad incurrió en el defecto de violación directa de la
Constitución, en el marco de la providencia reprochada, pues en esta se infringieron
garantías constitucionales. Afirma que la indebida notificación generó que se
vulnerara su derecho al debido proceso. Con base en lo planteado, sostiene que
debe dejarse sin efecto la decisión censurada.
Estima que los requisitos generales de procedencia de acción de tutela contra
providencia judicial se encuentran superados y, al hacer mención al de relevancia
constitucional, plantea que respecto a este la Corte Constitucional predica:
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04066-00
Accionante: Oscar Eduardo Salcedo Berrío
Acción de tutela – Primera instancia
«Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara
y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad
y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes .»
4. Trámite procesal
El 7 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a las
autoridades accionadas, así como a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la
Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de
terceros con interés. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección C manifestó que, la parte demandante en el proceso ordinario,
pretendía que se declarara la responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la
Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Rama Judicial, por los
presuntos perjuicios derivados de la privación de la libertad de la que fue objeto el
señor Oscar Eduardo Salcedo Berrío como consecuencia del proceso penal en su
contra.
Adujo que, esa Corporación en sede de apelación confirmó la decisión por medio de
la cual se rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la
caducidad, al considerar que los demandantes acudieron ante la jurisdicción
contenciosa de manera extemporánea, lo anterior al evidenciar que aquellos
presentaron una primera solicitud de conciliación, la cual se declaró desistida al no
haberse subsanado su inadmisión, por lo que al presentarse en una segunda
oportunidad, la misma no tuvo virtud de suspender la caducidad, «si bien la parte
actora presentó solicitud de conciliación el 14 de septiembre de 2023, lo cierto es
que dicha solicitud no interrumpió el término de caducidad toda vez que mediante
auto del 23 de octubre de 2023 la Procuraduría 12 Judicial II para Asuntos
Administrativos declaró desistida la conciliación por no haber subsanado la
solicitud», no siendo plausible flexibilizar el término de caducidad.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04066-00
Accionante: Oscar Eduardo Salcedo Berrío
Acción de tutela – Primera instancia
Precisó que, en cumplimiento a la orden emitida en el auto admisorio de la acción
de tutela, la Secretaría de la Sección realizó la publicación correspondiente, como
se evidencia en el Sistema de Información Judicial – SAMAI (Índice No. 8)
La Fiscalía General de la Nación en su escrito de respuesta, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, así como considerar la falta de legitimación
en la causa por pasiva respecto de esta entidad. Señaló que, en el caso concreto,
se tiene que la parte tutelante afirma que la caducidad no se le debe endilgar,
pues, los términos expiraron para accionar por cuenta de una actuación errónea
de la Procuraduría General de la Nación, y en dicho trámite debía suspenderse el
plazo para impetrar la demanda por reparación directa.
Puntualizó que, sobre el particular, la Corte Constitucional ha sido clara en señalar
que la parte actora debe identificar de manera precisa tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y, además, alegar tal
afectación a sus garantías en el proceso judicial, esto es, debe precisar si no se
cumplieron las actuaciones de autoridad demandada conforme a derecho.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se pronunció subrayando que,
no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico que
se surtió dentro del proceso ordinario, con el único propósito de obtener una
decisión favorable a sus intereses. Anotó que, si se considera que hubo un error
jurisdiccional, la vía seria la reparación directa y no la acción de tutela.
Solicitó que se despachen desfavorablemente las suplicas presentadas por
improcedencia de la acción por inexistencia, y/o ausencia de las causales de
procedencia contra la providencia judicial, resaltando que no existe vulneración
alguna a los derechos fundamentales enunciados por esta vía, pues la decisión
judicial emitida lo fue en ejercicio de la autonomía judicial y allí se consignaron en
forma razonada cada uno de los argumentos jurídicos a lugar, por lo que mal
puede predicarse arbitrariedad en el fallo aquí controvertida.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04066-00
Accionante: Oscar Eduardo Salcedo Berrío
Acción de tutela – Primera instancia
La Juez Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito de Bogotá-Sección Tercera,
solicitó sea negada la acción de tutela al no encontrarse configurada la amenaza
constitucional que indica la parte demandante y tampoco que por parte del juzgado
se haya incurrido o amenazado algún derecho fundamental de la parte
demandante.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia
del 11 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que resolvió confirmar el auto del 22 de marzo del mismo año, del
Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que
rechazó de plano el medio de control de reparación directa, en el que funge como
demandante, por configuración del fenómeno jurídico de caducidad.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04066-00
Accionante: Oscar Eduardo Salcedo Berrío
Acción de tutela – Primera instancia
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
3
Ibidem.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Accionante: Oscar Eduardo Salcedo Berrío
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de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
El accionante considera que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la prevalencia de la ley sustancial, de acceso a
la administración de justicia y a la protección a personas en estado de vulnerabilidad
debido proceso y a la defensa, con ocasión a la decisión del 11 de diciembre de
2024. Afirma que en esta se incurrió en el defecto sustancial y. procedimental
absoluto y violación directa de la Constitución.
Estima que la accionada debió acceder a dejar sin efectos la providencia reprochada
por la actora en el marco del proceso de reparación directa en el que funge como
demandante, pues no se había producido la caducidad al presentar la solicitud de
conciliación, en el entendido que dicho fenómeno se suspendió desde el 14 de
septiembre de 2023, cuando se radicó la primera solicitud, hasta el 16 de noviembre
siguiente, fecha en que la Procuraduría 12 Administrativa para Asuntos Judiciales
expidió el auto en que decidió no reponer la declaración de desistimiento de la
conciliación y desde el 20 de noviembre de 2023, cuando se presenta la segunda
solicitud, hasta el 12 de febrero de 2024, cuando se efectuó la audiencia y se declaró
fallida.
La Sala advierte que la providencia que absolvió al accionante del delito de acceso
carnal abusivo con menor de 14 años agravado, se expidió el 16 de septiembre de
2021, por lo que contaba con el lapso de tiempo comprendido entre el 17 de
septiembre de 2021 y el 17 de septiembre de 2023 para presentar la demanda; sin
embargo, este último era domingo, de ahí que, se extendió al siguiente día hábil, 18
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de septiembre de dicha anualidad; pero, en razón a que la solicitud de conciliación
se formuló el 20 de noviembre de 2023, esta lo fue extemporánea al haber operado
la caducidad del medio de control de reparación directa.
La autoridad accionada, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al proceso y con el material probatorio allegado, estableció que la demanda
no fue presentada en la oportunidad procesal, por ende, el medio de control se
encontraba caducado. El Tribunal accionado sostuvo que ello se da con fundamento
en:
«(...) si bien la parte actora presentó solicitud de conciliación el 14 de septiembre
de 2023, lo cierto es que dicha solicitud no interrumpió el término de caducidad toda
vez que mediante auto del 23 de octubre de 2023 la Procuraduría 12 Judicial II para
Asuntos Administrativos declaró desistida la conciliación por no haber subsanado
la solicitud.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la sentencia que absolvió al señor Oscar
Eduardo Salcedo Berrio del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años
agravado, data del 16 de septiembre de 2021, el término de dos años para presentar
la demanda se cumplió el 17 de septiembre de 2023, no obstante como ese día era
domingo se hace extensible al siguiente día hábil, es decir hasta el 18 de septiembre
de 2023 y comoquiera que la solicitud de conciliación fue presentada el 20 de
noviembre de 2023, la misma fue extemporánea porque ya había operado la
caducidad del medio de control de reparación directa.
Como consecuencia de lo anterior, no es de recibo para la Sala, lo manifestado por
la accionante, en el sentido de considerar la suspensión del término de caducidad
el 14 de septiembre de 2023, con la presentación de la primera solicitud de
conciliación, debido a que como ya se precisó, esta fue declarada desistida por
inactividad de la solicitante al no presentar subsanación»
Teniendo de presente lo anterior, si se aceptara la tesis de la actora, en el sentido
que el término de caducidad se suspendió el 14 de septiembre de 2021, con la
presentación de la primera solicitud de conciliación, el resultado sería el mismo. El
Tribunal accionado lo expresó en los siguientes términos:
«(...) que de conformidad con el artículo 96 de la Ley 2220 de 2022, la presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad, según
el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado o hasta que se expidan las constancias o hasta que
se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que
ocurra primero, es decir que la suspensión de los términos no puede superar los
tres meses, así pues, acogiendo esta tesis y teniendo en cuenta que la solicitud data
del 14 de septiembre de 2023, el término se hubiere suspendido hasta el 14 de
diciembre de 2023, teniendo oportunidad para presentar la demanda hasta el 19 de
diciembre de 2023 y comoquiera que la misma fue interpuesta el 13 de febrero de
2024, se impone concluir que fue extemporánea »
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El operador judicial accionado tuvo en consideración las premisas normativas y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para sustentar su decisión y analizar la
configuración del fenómeno de la caducidad en el medio de control, cuestionado por
el accionante. Con base en estas llamó la atención que por mandato del articulo 161
del CPACA, es requisito de procedibilidad del medio de control de reparación directa,
el previo surtimiento de conciliación extrajudicial, y sostuvo que:
«(...) Las normas que regulan la caducidad del medio de control tienen fundamento
en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, y tratándose de
reparación directa, opera en el término de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando
el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior»
La interpretación realizada por el Ad quem ordinario, se encontraba en línea con lo
señalado por el Consejo de Estado en el sentido que la caducidad impide a las
controversias permanecer en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente y, en
esta secuencia, es la sanción que determina la ley por el no ejercicio del derecho de
acción en la oportunidad fijada por aquella. Sostiene en el asunto en cuestión que:
“(…) Debe entenderse la caducidad como un fenómeno jurídico en virtud del cual
el administrado pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción, por no haber
ejercido su derecho en el término que señala la ley. Ello ocurre cuando el plazo
concedido por el legislador para formular una demanda vence sin que se haya
hecho ejercicio del derecho de acción. Dicho lapso está edificado sobre la
conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser
titular de un derecho opte por accionar o no. La facultad potestativa de accionar
comienza con el término prefijado por la ley, y nada obsta para que se ejercite
desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo,
momento en el que se torna improrrogable y, por ende, preclusivo5».
La Sala advierte que los argumentos presentados por elaccionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Esto, pues los jueces naturales del asunto, de
conformidad con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como con el
acervo probatorio aportado, consideraron que no existió el error judicial cuestionado,
pues la decisión reprochada en sede de reparación directa, fue razonable en
términos jurídicos y legales, aplicables para el caso.
5 C. de E, sección tercera, subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2010, radicado: 85001-23-31-000-
1998-00117-01(18826)
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04066-00
Accionante: Oscar Eduardo Salcedo Berrío
Acción de tutela – Primera instancia
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Oscar Eduardo Salcedo
Berrío contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección C y el Juez Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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