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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04067-00

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04067-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la secretaria Jurídica Distrital de la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Santiago de Cali - secretaria de Seguridad y Justicia, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. SEGUNDO: Ampárese el derecho fundamental de petición del señor Nixon Acosta Matallana respecto a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y al Ministerio del Trabajo. TERCERO: En consecuencia, se le ordena: a. A la Presidencia de la República que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia remita al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la Alcaldía de Santiago de Cali la petición elevada por el actor el 22 de abril de 2025, de lo cual deberá remitir copia al accionante. De lo anterior se aportará constancia al proceso. b. Al Ministerio del Interior y al Ministerio del Trabajo, para que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia otorgue una respuesta clara, congruente y de fondo, dentro del ámbito de sus 32 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Nixon Acosta Matallana Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2025-04067-00 competencias, a la petición presentada por el señor Nixon Acosta Matallana y se le notifique en debida forma. CUARTO: Deniégase el amparo del derecho fundamental de petición del señor Nixon Acosta Matallana, en relación con las demás entidades intervinientes. QUINTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04067-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

28 de agosto de 2025

Demandante: Nixon Acosta Matallana
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04067-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04067-00
Demandante: NIXON ACOSTA MATALLANA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela de fondo. Derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 1º de julio de 2025, el señor Nixon Acosta Matallana,
en nombre propio, presentó acción de tutela contra el presidente de la República,
el señor Gustavo Petro Urrego, al considerar vulnerado el derecho fundamental
de petición con ocasión de la supuesta omisión en dar respuesta a la solicitud
presentada por este el 22 de abril de 2025, en la que solicitó información de:
«sedes sindicales con actividad económica de venta y consumo de licor, de
Bogotá a fin de realizar proyecto investigativo de trabajo de grado en la
especialización en derecho de policía en la ESPOL».

En concreto, como pretensiones, solicitó a esta corporación lo siguiente:

1. (…) solicito al señor juez que la respuesta que se me otorgue por el señor
presidente, sea de fondo, donde recolecte las remisiones por competencia
realizadas al Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Alcaldías de Cali,
Medellín y Bogotá y vincule a la Policía Nacional a las oficinas asesoras como
Jefatura Nacional del Servicio de Policía, ya que es la encargada de coordinar
y capacitar la aplicación de la Ley 1801/2016 y la oficina de la Secretaria
General, toda vez que es la oficina asesora y emite conceptos y lineamientos,
siendo pertinente para conocer si esta institución tiene algún lineamiento de
control a estas sedes sindicales que desnaturalizan el derecho de asociación
con actividades económicas que trascienden a lo público.
2. Que la respuesta que me otorgue el señor presidente se realice punto por
punto, de forma comprensible a cualquier ciudadano sin conocimiento de
derecho.

1
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3. Que la respuesta dada por el ministerio de trabajo, no sea de forma general,
como ya lo han hecho, si no que su respuesta, responda porque este ministerio
no realiza un trabajo armónico con las autoridades de policía, no acompañan
a las inspecciones, vigilancia y control de estos sindicatos que desnaturalizan
el derecho de asociación, toda vez que el código sustantivo del trabajo le
otorga la función de aperturar investigaciones, recolectar pruebas, para que
dentro del debido proceso sanciones a estos sindicatos que crean sedes
sindicales camuflando discotecas, amanecederos y evitar el control de las
autoridades de policía.
4. Que la respuesta que le otorgue el ministerio de trabajo al señor presidente,
indique porque dentro de esta colaboración armónica, no le han contestado a
la estación de policía bosa, las solicitudes bajo los radicados
05EE202474110000005547, 05EE2024741100000052353,
02EE202541060000001527 CODIGO 68964372, 20255710015802, siendo
pertinente para la información recolectada en mi trabajo investigativo, en
recalcar que no existe un trabajo armónico entre las instituciones del estado,
en donde se evidencio que el ministerio de trabajo, aun teniendo las funciones
en el código sustantivo del trabajo, no proyecta respuestas a instituciones
como la policía nacional para que tengan herramientas para realizar estos
controles a estas sedes sindicales que desnaturalizan el derecho de
asociación y aun mas no realizan acompañamientos, indicando que son solo
recolectores de documentos para que las personas generen sindicatos, pero
el mismo código sustantivo del trabajo les otorga la función de investigar,
sancionar, recolectando pruebas y como las puede recolectar, con un trabajo
armónico yendo al territorio a visitar estas sedes sindicales que desnaturalizan
su derecho de asociación.
5. Aunado y no estando dentro del formulario de preguntas dadas en mi petición
al señor presidente, quisiera aprovechar y solicitar, si el jefe de gobierno,
vislumbrando esta problemática, creyendo de buena fe que no tenia
conocimiento, realizara alguna política pública, para que las instituciones del
estado, trabajen armónicamente y que ordene posiblemente lo siguiente:
6. o Ministerio de trabajo por lo menos conteste las solicitudes realizadas por las
autoridades de policía referente a las sedes sindicales que realizan actividades
económicas de venta y consumo de licor que están alterando el orden publico
o Que el ministerio de trabajo acompañe en su función dada por el código
sustantivo de trabajo, de investigar, recolector medios de prueba y sancionar
a las sedes sindicales que contraríen el código sustantivo del trabajo en este
caso no cumplir con lo establecido en el articulo 355 CST no realizar
explotaciones económicas por parte de los sindicales. o Que las alcaldías
realicen los actos administrativos particulares como lo ordena la sentencia C –
2024 del 2019. o Que la policía nacional brinde capacitación por parte de las
oficinas de la jefatura del servicio, secretaria general, para que sus
uniformados tengan conocimiento de como realizar controles a sedes
sindicales que realizan actividades económicas que trascienden a lo publico y
les generan alteración del orden público1.

1.2. Hechos

La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

Indicó que el 22 de abril de 2025 presentó una petición dirigida al señor
presidente de la República de Colombia, en la cual manifestó lo siguiente:
«DERECHO DE PETICION INFORMACION SEDES SINDICALES CON
ACTIVIDAD ECONOMICA DE VENTA Y CONSUMO DE LICOR, DE BOGOTA
A FIN DE REALIZAR PROYECTO INVESTIGATIVO DE TRABAJO DE GRADO

1 Transcripción literal del original con posibles errores.

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EN LA ESPECIALIZACION EN DERECHO DE POLICIA EN LA ESPOL».

Indicó que, además de la información solicitada sobre la ciudad de Bogotá,
requirió datos similares respecto a las ciudades de Medellín y Cali, en particular,
aquella relacionada con sedes sindicales que desarrollan actividades
económicas vinculadas a la venta y consumo de licor, las cuales, al operar como
clubes nocturnos o discotecas, podrían estar evadiendo los controles de las
autoridades de policía al trascender el ámbito privado y afectar el espacio
público.

Expresó que le recalcó al presidente que esta situación afecta el orden público,
la seguridad y la tranquilidad ciudadana, ya que en los pocos operativos
realizados se han detectado prácticas ilegales como venta de licor adulterado,
consumo de estupefacientes e ingreso de menores de edad.

Además, señaló que existe un vacío jurídico que genera temor en las autoridades
para intervenir, por el riesgo de vulnerar derechos fundamentales, incurrir en
violación de domicilio o enfrentar sanciones disciplinarias y penales,
especialmente en el caso de la fuerza pública.

Resaltó que la solicitud contenía 13 preguntas claves, entre ellas si el Gobierno
Nacional y las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali tienen
conocimiento de la problemática indicada, y qué medidas han tomado para
controlarla, y si el Ministerio de Trabajo ha identificado y sancionado a sindicatos
que estarían desnaturalizando su función al encubrir actividades ilícitas bajo la
figura de sedes sindicales.

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Señaló que, ante estas peticiones, la oficina asesora del presidente de la
República, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, remitió por
competencia, mediante el oficio OFI25-00079319-GFPU del 29 de abril de 2025,
la solicitud a los siguientes: contactenos@cali.gov.co ,
atencion.ciudadana@medellin.gov.co ,
ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co,servicioalciudadano@mininterior.g
ov.co , solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co.

Refirió que en la misiva se manifestaba:

«Es así, como con el fin de brindar una repuesta de fondo a la solicitud
presentada, se ha dado traslado de su comunicación a la Alcaldía Mayor
De Bogotá, Alcaldía De Medellín, Alcaldía De Santiago Cali, Ministerio Del
Interior Y El Ministerio Del Trabajo, entidades legalmente facultadas, para
conocer del tema objeto de petición, y tomar las acciones a que haya
lugar, para brindar una adecuada respuesta. Le sugerimos por lo cual,
estar atent@ a los medios de contacto informados, para recibir las
respectivas respuestas. Por último, en caso de presentar alguna inquietud
respecto a la solicitud presentada, le sugerimos a dirigirse directamente a
esa entidad a través de su canal de atención y escribir al siguiente correo

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electrónico»2

1.3. Sustento de la vulneración

A juicio de la parte actora, la respuesta emitida por la Presidencia de la República
no fue adecuada, ya que la oficina encargada se limitó a remitir la solicitud a
otras entidades por competencia, indicándole que debía comunicarse
directamente con ellas para obtener una respuesta de fondo, esta actuación,
lejos de resolver la base del asunto, generó respuestas dilatorias o remisiones
internas entre dependencias, sin que se ofreciera una solución clara, oportuna y
efectiva, vulnerando así su derecho fundamental de petición.

Aseguró que la respuesta brindada por las demás entidades fue inadecuada, ya
que el trámite se tornó dilatorio; estas instituciones, en lugar de emitir una
respuesta de fondo, se limitaron a remitir la competencia a otras oficinas,
generando una cadena de traslados internos sin solución efectiva.

Fundamentó su argumento en las sentencias C-818 de 2011 y C-951 de 2014
en concordancia a la sentencia T-377 de 2000, en las cuales se establece los
requisitos que debe cumplir la respuesta dada por las entidades.

1.4. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto del 9 de julio de 2025 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a la presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.

Así mismo, se ordenó comunicar como terceros interesados a los ministros del
Trabajo y del Interior, así como a los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali.

Por medio de auto de 31 de julio de 2025 el despacho del magistrado ponente
ordenó vincular a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y a
la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en atención a lo manifestado por la
Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, quien señaló haberles remitido copia de
la acción de tutela.

Adicionalmente se advirtió la necesidad de notificar a la Policía Nacional, a la
Jefatura Nacional del Servicio de Policía y a la Secretaría General de la Policía
Nacional, en atención a lo solicitado por el accionante en sus pretensiones
procesales.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

2 Trascripción literal del original con posibles errores.

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1.4.1. Secretaria Jurídica Distrital de la Alcaldía de Bogotá

Con escrito allegado el 11 de julio de 20253, la Dirección Distrital de Gestión
Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital informó que, por razones de
competencia, la tutela de la referencia había sido remitida a la Secretaría Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia, a la Secretaría de Gobierno y a la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá como entidades cabeza del
sector central de la administración.

Realizó una aclaración sobre la organización del Distrito Capital y el ejercicio de
sus atribuciones por parte del alcalde mayor de Bogotá, en resumen, indicó que:

[…] en aplicación de lo establecido en el artículo 126, de las Reglas para la
representación judicial en acciones de tutela “Cada organismo integrado o
vinculado a una acción de tutela, debe responder directamente ante el despacho
judicial por los hechos, peticiones y derechos fundamentales presuntamente
vulnerados y aperturas de incidentes de desacato. Para tal efecto se deberán
atender las siguientes reglas:
3. Cuando una acción de tutela vincule genéricamente a el/la Alcalde/sa Mayor
de Bogotá D.C., o el Distrito Capital de Bogotá. La Dirección Distrital de Gestión
Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital determinará las entidades del sector
central que, conforme a la relación misional con los hechos y peticiones, deberán
pronunciarse ante el despacho judicial.
4. Las acciones de tutela que vinculen a la Secretaría Jurídica Distrital, como
representante del/la Alcalde/sa Mayor de Bogotá, D.C., o al Distrito Capital de
Bogotá serán remitidas a las entidades y organismos a los que corresponda la
defensa de los intereses del Distrito Capital conforme con su misionalidad y
competencias.
[…]
Parágrafo. Cuando se presenten las situaciones descritas en los numerales 3 y
4 del presente Artículo, la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría
Jurídica Distrital, comunicará al Despacho Judicial que el/la Alcalde/sa Mayor de
la Ciudad de Bogotá, como máxima autoridad de la administración distrital,
ejerce sus atribuciones por medio de los organismos y entidades creados por el
Concejo de Bogotá y que corresponde a las entidades a las cuales se les ha
dado traslado de la tutela, ejercer la defensa del Distrito Capital.”4.

Concluyó solicitando la desvinculación del alcalde mayor de Bogotá D.C. de la
presente acción de tutela, puesto que en este caso se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

3 Índice 8 de Samai.
4 Trascripción literal del original con posibles errores.

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1.4.2. Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Seguridad y Justicia

La jefe de la Oficina de la Unidad de apoyo a la Gestión de la Secretaría de
Seguridad y Justicia del Distrito de Santiago de Cali allegó escrito el 15 de julio
de 2025, con la finalidad de dar contestación a la acción constitucional de la
referencia y solicitar su desvinculación del proceso.

La entidad manifestó que, frente a los hechos expuestos por el accionante, no le
consta lo afirmado, ya que, tras revisar su base de datos, no se encontró registro
de ninguna petición presentada por el señor Acosta Matallana, ni evidencia de
traslado alguno a dicha dependencia.

Señaló además que el accionante no aportó pruebas que respalden sus
afirmaciones, aunque sí las menciona en su escrito.

Por lo tanto, argumentó que, frente al caso en particular, no se ha vulnerado
ningún derecho fundamental del accionante, en consecuencia, solicitó negar la
presente acción constitucional por improcedente y proferir un fallo que
desvincule al ente distrital y a la Secretaría de Seguridad y Justicia del proceso.

1.4.3. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

La apoderada del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, el 16 de julio de 2025 adjuntó pronunciamiento frente a la acción
invocada por el señor Nixon Acosta Matallana.

Indicó que no es la entidad competente para dar cumplimiento al fallo en caso
de concederse el amparo impetrado.

Adicionó que el Distrito procedió a verificar en el sistema y no encontró registro
de petición alguna presentada por el accionante, razón por la cual consideró que
se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva, al no existir vínculo
directo entre la actuación cuestionada y la entidad.

Por lo anterior, solicitó la desvinculación de la presente acción constitucional y
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.4.4. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

La jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., por medio de escrito radicado el 17 de julio de 20255 procedió a dar
respuesta a la acción de tutela impetrada por el señor Nixon Acosta Matallana.

Indicó que el actor alegó la presunta vulneración de su derecho fundamental de
petición, argumentando que, para la fecha de presentación de esta acción, no
había recibido una respuesta de fondo a la solicitud radicada el 22 de abril de
2025, dirigida inicialmente a la Presidencia de la República y posteriormente
trasladada a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante el oficio OFI25-

5
Actuación # 12 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04067-00

00079319-GFPU, enviado al correo electrónico
ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co.

Señaló que, al no contar con prueba de lo solicitado, llevó a cabo la
comprobación en el Sistema Integrado de Gestión Documental, sin que se
encontrara registro alguno de una petición trasladada por la Presidencia de la
República mediante el oficio No. OFI25-00079319-GFPU, ni de una radicación
realizada directamente en la Secretaría.

En esa línea, se procedió a verificar en el Sistema Integrado de Gestión
Documental utilizando el nombre del accionante, y se encontró que la petición
fue radicada con el número 1-2025-14453.

Asimismo, en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
“Bogotá te Escucha”, se identificó con el número 1906452025, dicha solicitud fue
trasladada por competencia, a través del mismo sistema, a la Personería de
Bogotá, a la Secretaría Distrital de Gobierno y a la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia.

Igualmente, se realizó traslado por competencia al Ministerio del Trabajo
mediante radicado No. 2-2025-10255 del 25 de abril de 2025, y a la Policía
Metropolitana de Bogotá con radicado No. 2-2025-10262 de la misma fecha.

Por lo anterior manifestó que la secretaría tramitó de manera oportuna la petición
recibida dándole traslado por competencia según lo reglado en el artículo 21 de
la Ley 1755 de 2015.

En este orden de ideas, señaló que, respecto de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, no puede predicarse vulneración alguna del derecho
fundamental de petición invocado por el accionante, toda vez que dicha entidad
carece de competencia para emitir una respuesta de fondo frente a la solicitud
presentada.

Por último, precisó que la Secretaría no se encuentra legitimada en la causa por
pasiva respecto de lo pretendido por el actor, puesto que, como ya se indicó,
carece de competencia para resolver de fondo la solicitud presentada, razón por
la cual no le es atribuible responsabilidad alguna en el marco de la presente
acción constitucional.

En virtud de lo expuesto, solicitó que se le desvincule de la acción de tutela
presentada.

1.4.5. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-
DAPRE

La apoderada del presidente de la República con escrito del 18 de julio de 2025
intervino dentro de la acción de tutela de la referencia.

Manifestó que las pretensiones del accionante están dirigidas a obtener
respuesta a una petición radicada ante la entidad en fechas anteriores, sin

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embargo, dicha solicitud ya fue «respondida de fondo», dentro del marco de sus
competencias legales, cumpliendo así con lo establecido por la normativa
vigente en materia de peticiones ciudadanas.

Relacionó las acciones adelantadas por el DAPRE con el fin de verificar los
hechos expuestos por el actor en la acción constitucional.

Como resultado de dicha verificación, concluyó que la presente acción debe ser
negada, toda vez que lo pretendido en relación con las competencias de la
Presidencia ya fue atendido.

En efecto, afirmó que la comunicación radicada bajo el número EXT25-00057406
fue respondida mediante el oficio OFI25-00079319 / GFPU 13150001 del 29 de
abril de 2025, y que el asunto fue debidamente trasladado, por competencia, a
la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Alcaldía de Santiago de Cali, a la Alcaldía de
Medellín, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio del Interior, para que actuaran
dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Por lo anterior, expresó que en el presente caso la Presidencia de la República
no ha vulnerado el derecho fundamental alegado, toda vez que la solicitud
presentada por el accionante fue debidamente atendida dentro del marco de sus
competencias y conforme a los procedimientos establecidos, razón por la cual
pidió que se niegue el amparo invocado.

1.4.6. Jefatura Nacional del Servicio de Policía (JESEP)

El Grupo de Asuntos Jurídicos de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía
remitió la respuesta solicitada por el despacho en atención al requerimiento
formulado6.

Precisó que el asunto ya fue conocido y decidido por el Juzgado 28 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante la acción de tutela
radicada bajo el número 11001-31-09-028-2025-00128, en la cual se
presentaron pretensiones idénticas.

Señaló que la solicitud elevada fue recibida por la Jefatura de Servicios
Especiales (JESEP) el 3 de julio de 2025, mediante el canal institucional
notificaciones.tutela@policia.gov.co. En ejercicio del deber de respuesta, se
emitió el 4 de julio de 2025 el respectivo comunicado oficial, remitido en tiempo
al despacho judicial competente, en el cual se dio contestación detallada a los
interrogantes planteados, precisando expresamente que:

6 Índice 23 de Samai.

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Posteriormente el Juzgado, mediante decisión de fondo proferida el 14 de julio
de 2025, resolvió negar el amparo al derecho de petición invocado por el
accionante, al estimar que no se evidenció afectación alguna a dicha garantía
constitucional.

Indicó que, en cumplimiento del requerimiento formulado por el señor Acosta
Matallana, se expidió el comunicado oficial No. GS-2025-020731-JESEP con
fecha 15 de mayo de 2025, cuya remisión se efectuó mediante mensaje de datos
No. 1207 JESEP-GUVIP, dirigido a la cuenta electrónica institucional del
peticionario nixon.acosta@correo.policia.gov.co.

Dado que el objeto de la presente acción constitucional resulta coincidente con
lo ya conocido y decidido por la sede judicial referida, se consideró pertinente
informar al despacho sobre dicha circunstancia procesal, en aras de
salvaguardar el principio de economía procesal y prevenir decisiones
incompatibles respecto de hechos ya resueltos.

Resaltó que, a su juicio, el señor Acosta Matallana incurre en temeridad al
presentar una nueva acción de tutela basada en los mismos hechos, dirigida
contra las mismas partes y con pretensiones idénticas, sin que medien
circunstancias fácticas nuevas que justifiquen su reiteración

Por lo tanto, adujo que, se advierte la configuración de un hecho superado, en la
medida en que la afectación alegada cesó antes de que se profiriera decisión en
el presente trámite, lo que conlleva a la improcedencia de la acción constitucional
conforme a la jurisprudencia vigente.

En consecuencia, solicitó «declarar la improcedencia de la acción de tutela por
temeridad», y, en subsidio, reconocer la carencia actual de objeto por haberse
configurado cosa juzgada y hecho superado, lo que excluye la posibilidad de
otorgar el amparo constitucional solicitado, dado que la JESEP actuó conforme
al marco legal y no incurrió en vulneración de derechos fundamentales.

1.4.7. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.

La directora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno remitió escrito de
contestación el 8 de agosto de 20257, en el cual manifestó oposición a las
pretensiones formuladas en la acción de tutela interpuesta por el señor Nixon
Acosta Matallana, pues consideró que la secretaria no generó vulneración
alguna a los derechos alegados.

Expuso que la Secretaría verificó en su aplicativo de gestión documental
(ORFEO) y no encontró ninguna solicitud o petición registrada a nombre del
actor, como prueba de ello anexo la captura de pantalla de la búsqueda.

7 Índice 24 de Samai.

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Demandante: Nixon Acosta Matallana
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04067-00

Indicó que, el accionante reconoció que su petición fue inicialmente dirigida al
presidente de la República, y que la Oficina Asesora de la Presidencia la remitió
a distintas entidades mediante oficio OFI25-00079319 GFPU, entre ellas varias
alcaldías y ministerios. En ese contexto, la Secretaría Distrital de Gobierno no
fue mencionada como destinataria directa, por lo que no puede asumir
competencia por remisiones genéricas, adicionó que no existe prueba alguna
que demuestre que haya recibido formal o materialmente la solicitud objeto de la
acción de tutela.

En consecuencia, la entidad reiteró su oposición frente a las pretensiones
formuladas en el mecanismo de protección de sus derechos fundamentales,
señalando que no tiene competencia para atenderlas, toda vez que no ha
recibido, ni de manera directa ni por remisión interna, la solicitud de derecho de
petición objeto de controversia constitucional. En virtud de lo anterior, y al carecer
de legitimación en la causa por pasiva, solicitó ser desvinculada del presente
trámite.

Finalmente solicitó que se declare improcedente la acción de tutela impetrada
por el señor Nixon Acosta Matallana contra dicha secretaría ante la falta de
legitimación en la causa por pasiva y en consecuencia proceder a su
desvinculación.

1.4.8. Personería de Bogotá D.C

El director de orientación y asistencia a las personas de la Personería de Bogotá
allegó informe en los siguientes términos:

Indicó que tras consultar el aplicativo SINPROC de la Entidad, se constató el
registro de 2 requerimientos gestionados por la Dirección de Orientación y
Asistencia a las Personas, los cuales guardan relación directa con los hechos
expuestos en el escrito de tutela, a saber:

1.Sinproc No. 11940 de 2025
El radicado Sinproc No. 11940 del 11 de febrero de 2025, fue asignado por
reparto a la profesional Mireya Esperanza Suárez Amézquita, quien, al evaluar
el contenido de la petición del Intendente NIXON ACOSTA MATALLANA,
relacionada con solicitud dirigida al MINISTERIO DE TRABAJO referente a
“Solicitud cancelación del registro sindical del SINDICATO DE TRABAJADORES
SEDE CLUB LA 79, UNIÓN NACIONAL DE PROMOTORES DE EVENTOS Y
TRABAJADORES DE LA NOCHE UNPRONOC, ubicada en la KR 79 C CL 63 -
78 PISO 1 barrio Bosa Estación”; por tratarse de un asunto de no competencia

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Demandante: Nixon Acosta Matallana
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04067-00

de la Personería de Bogotá, en virtud del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, procedió a dar traslado a:
•MINISTERIO DE TRABAJO, con radicado de salida No. 2025-EE-0011093 del
13/02/2025, reporte de envío por correo electrónico certificado de la misma
fecha.
•PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con radicado de salida No.
2025-EE-0011099 del 13/02/2025, reporte de envío por correo electrónico
certificado de la misma fecha.
•Se informó al peticionario de la gestión adelantada, mediante radicado de salida
No. 2025-EE-0011104 del 13/02/2025, con envío certificado de la misma fecha
a los correos electrónicos: nixon.acosta@correo.policia.gov.co y
mebog.e7@policia.gov.co .
2.Sinproc No. 4295879 de 2025
El radicado Sinproc No. 4295879 del 30 de abril de 2025, fue asignado por
reparto a la funcionaria Martha Lucía Chaves Suárez, quien, al evaluar el
contenido de la petición del ciudadano NIXON ACOSTA MATALLANA,
relacionada con solicitud dirigida al Sr. ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ
referente a “Derecho petición información sedes sindicales de Bogotá a fin de
realizar proyecto investigativo de trabajo de grado en la Especialización derecho
de policía en la ESPOL”; por tratarse de un asunto de no competencia de la
Personería de Bogotá, en virtud del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 sustituido
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, procedió a dar traslado a:
•MINISTERIO DE TRABAJO, con radicado de salida No. 2-2025-15374 del
16/05/2025, remisión vía correo electrónico de la misma fecha.
•PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con radicado de salida No. 2-
2025-15375 del 16/05/2025, remisión vía correo electrónico de la misma fecha.
•Se informó al peticionario de la gestión adelantada, mediante radicado de salida
No. 2-2025-15376 del 16/05/2025, con envío de la misma fecha al correo
electrónico: nixon.acosta@correo.policia.gov.co 8

Asimismo, en escrito independiente, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Personería de Bogotá D.C. señaló que la entidad no ha intervenido en los hechos
objeto de la acción de tutela ni ha incurrido en conducta alguna que configure
vulneración de derechos fundamentales, por lo que no se advierte actuación u
omisión que le sea atribuible en sede constitucional.

Señaló que, como ente de control y Ministerio Público Distrital, ejerce sus
funciones conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución Política.
No obstante, no es competente para resolver de fondo ni para ser accionada
frente a la solicitud objeto de tutela, dado que las atribuciones conferidas por los
artículos 99, 100, 101, 102 y 104 del Decreto Ley 1421 de 1993 no incluyen las
funciones invocadas por el accionante.

Indicó que, en lo particular, el inciso segundo del artículo 104 establece que «la
Personería no podrá cumplir atribuciones administrativas distintas de las
inherentes a su propia organización» por lo que, se solicita al despacho declarar
la improcedencia del amparo constitucional respecto de la Personería de Bogotá
D.C., al no evidenciarse vulneración de derechos fundamentales atribuible a su
actuación.

8 Transcripción literal del escrito allegado.

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1.4.9. La Secretaría General de la Policía Nacional

Por medio de correo electrónico enviado el día 11 de agosto de 2025, la jefe del
área jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional, brindó contestación
a la acción de tutela impetrada por el señor Acosta Matallana.

Explicó que según el artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 5 de la
Ley 489 de 19989 en concordancia con el artículo 113 superior, los hechos y
pretensiones expuestos por el accionante no son de competencia de la Policía
Nacional, toda vez que, según lo indicado en el propio escrito de tutela, la
solicitud fue dirigida directamente al señor Presidente de la República, quien
ostenta la calidad de autoridad idónea para pronunciarse de fondo y resolver lo
planteado en el petitorio del 22 de abril de 2025.

Adicionalmente precisó que el requerimiento mencionado no ha sido recibido por
la Policía Nacional a través de los canales oficiales de notificación, lo que excluye
su legitimación procesal para intervenir, oponerse o controvertir las afirmaciones
del accionante en sede constitucional.

No obstante, aclaró que el 3 de mayo de 202510 el señor Nixon Acosta Matallana
radicó una petición ante la Policía Nacional y la Secretaría General, el cual fue
atendido mediante comunicación oficial No. GS-2025-020731–JESEP-GUVIP,
emitida y notificada al accionante el 15 de mayo de 2025.

Expuso que los hechos planteados en la presente acción de tutela ya fueron
objeto de conocimiento por parte del Juzgado 28 Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá, con radicado 11001-31-09-028-2025-00128, donde
el accionante sostuvo que la Policía Nacional no había dado respuesta a su
solicitud. No obstante, dicha afirmación fue desvirtuada, y el juzgado, mediante
providencia del 14 de julio de 2025, resolvió negar el amparo solicitado.

Por lo anterior alegó que la Policía Nacional dio respuesta oportuna a la petición
formulada por el accionante, notificándolo debidamente el 15 de mayo de 2025,
y que, en virtud de ello, se configura un hecho superado, conforme a la
jurisprudencia constitucional, al haberse satisfecho el derecho fundamental
objeto de tutela.

Finalmente solicitó que su desvinculación del presente proceso por considerar
que existe la carencia actual de objeto por hecho superado.

9 “Constitución Política de Colombia ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer

funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. Ley 489 de 1998 ARTICULO
5o. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los organismos y entidades administrativos deberán
ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata,
respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el
acuerdo o el reglamento ejecutivo.
10 Índice 23 de Samai

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1.4.10. Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C
(SDSCJ)

El director jurídico y Contractual encargado de la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C, allegó escrito con el propósito
de dar contestación a la acción constitucional interpuesta por el señor Nixon
Acosta Matallana.

Advirtió que la SDSCJ no ostenta competencia funcional para centralizar la
información solicitada ni para emitir directrices a otras entidades, lo que excluye
su legitimación en la causa por pasiva frente a las pretensiones planteadas por
el accionante.

Indicó que la acción constitucional resulta improcedente, toda vez que el
accionante no agotó el mecanismo ordinario de defensa previsto en el artículo
20 de la Ley 1755 de 2015, el cual contempla la posibilidad de interponer
recursos contra respuestas que se consideren incompletas, evasivas o
insatisfactorias; en lugar de acudir a dicho procedimiento, el accionante optó por
presentar directamente la acción constitucional, desconociendo el principio de
subsidiariedad que rige su ejercicio.

Señaló que las solicitudes planteadas por el accionante exceden el ámbito de
protección de la acción de tutela, al no versar sobre derechos fundamentales
exigibles, sino sobre aspectos de política pública, coordinación institucional y
gestión administrativa y que dichas materias deben tramitarse por canales
democráticos y administrativos, sin que el juez constitucional asuma funciones
de supervisión estructural del aparato estatal, conforme a lo establecido por la
Corte Constitucional en la sentencia T-394 de 2021.

En virtud de lo anteriormente señalado, solicitó la desvinculación de la SDSCJ,
del presente trámite constitucional, toda vez que no se configura vulneración
alguna atribuible a su actuación, la cual se ha desarrollado conforme a la ley y
dentro del marco de sus competencias.

Por último, pretendió que se declare la temeridad conforme al artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, pues se configura la causal de improcedencia por
existencia de cosa juzgada constitucional, al verificarse identidad de partes,
objeto y causa con la acción de tutela de radicado 11001-31-03-060-2025-
00310-00, decidida por medio de sentencia del 17 de julio de 2025 por el Juzgado
60 Civil del Circuito de Bogotá, cuyo fallo fue debidamente ejecutado por la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Finalmente solicitó que, subsidiariamente, en lo que respecta a la SDSCJ, se
declare la improcedencia de la acción de tutela por inexistencia de derechos
fundamentales vulnerados y por falta de legitimación en la causa por pasiva. Ello,
en virtud de que se ha logrado establecer que la entidad actuó de manera
diligente y conforme al marco legal vigente frente a la petición presentada por el
señor Nixon Acosta Matallana.

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En consecuencia, pidió absolver a la SDSCJ de cualquier presunta omisión o
responsabilidad, toda vez que ha garantizado en todo momento el respeto pleno
de los derechos fundamentales del accionante.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La secretaria Jurídica Distrital de la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Santiago
de Cali - secretaria de Seguridad y Justicia, el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín y la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D. C solicitaron su desvinculación del presente asunto, al
considerar que no son las competentes para atender las pretensiones de la parte
actora.

Al respecto, se precisa que su vinculación se realizó en calidad de terceros,
debido al interés que les asiste en resultado del presente asunto por cuanto
pueden verse afectados con la decisión definitiva que se adopte.

Además, su comparecencia resultaba necesaria para contar con elementos
suficientes y, así, esclarecer los hechos objeto de controversia.

Por tal motivo, no se accederá a su solicitud.

2.3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si la presidencia de la República vulneró
el derecho fundamental de petición del accionante, por cuanto la entidad no le
dio respuesta de fondo a la solicitud que radicó el 22 de abril de 2025.

A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se
abordarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii)
derecho de petición, (iii) temeridad y (iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991. Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción

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no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 199111, entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar
la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

2.5. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades administrativas

La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23
de la Constitución Política, así: “Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.”

La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada12.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una respuesta
de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e incluso
cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo13.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha
desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial compila
en la sentencia T-377 de 200014 como parámetros para su protección los
siguientes:

i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;

ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

11 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.
12 Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre

otras.
13 Sentencia T – 1075 de 2003.
14 Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.

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iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo pedido;

iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser
lo más corto posible;

v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita;

vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos
casos a los particulares;

vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa15 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía
fundamental;

viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del
deber de responder;

x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al
interesado.

Adicionalmente, debe indicarse que la Corte Constitucional ha considerado que
la existencia de otros mecanismos para la obtención de información pedida en el
derecho de petición no es óbice para contestarlo16.

De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de un documento que
ha desaparecido.

A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:

2.6. Temeridad

Al respecto, se precisa que, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que
existe temeridad cuando “…sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales”, por lo cual “se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes”. En este sentido la jurisprudencia, ha
indicado que:

15 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
16 Sentencia T – 1075 de 2003.

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“el aspecto determinante de la cosa juzgada constitucional corresponde a la
presentación múltiple de una misma acción de tutela, de forma sucesiva o
simultánea, lo cual, en la práctica se relaciona con la concurrencia de la triple
identidad, esto es, que se logre identificar que se presenta similitud entre el
objeto, la causa y las partes15 y, asimismo, que exista un pronunciamiento
judicial en firme que haya puesto fin a una causa litigiosa.

45.Por su parte, la figura de la temeridad está encaminada a evitar que el uso
indiscriminado de la acción de tutela genere no solamente el aumento de la
congestión judicial, sino también la restricción de los derechos fundamentales
de los ciudadanos16. Ello, a partir, de la identificación de una actuación dolosa
e injustificada del accionante al momento de hacer uso del recurso de amparo,
que permita evidenciar una actuación de mala fe que, irremediablemente, tenga
como consecuencia la declaratoria de improcedencia de la acción17 y la
imposición de sanciones previstas en los artículos 25 y 38 del Decreto 2591 de
1991 o en los artículos 80 y 81 de la Ley 1564 de 201218.

46. Así entonces, el juez constitucional no solo deberá analizar si concurre la
triple identidad, señalada anteriormente, sino, además, debe verificar la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva solicitud de amparo.
Respecto a esto, se debe evidenciar una actuación dolosa o de mala fe19, con
fundamento en las circunstancias que rodean el caso particular20.

47. Esto último, dado que, la Corte ha sostenido que, aun cuando exista
identidad de partes, hechos y pretensiones, una actuación no es temeraria
cuando se origina en la condición de ignorancia o indefensión del actor; ante el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; ante nuevos eventos
que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se
omitieron en el trámite de la misma y cuando la Corte Constitucional profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de
personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos
hechos y con la misma pretensión21. De esa manera, la jurisprudencia ha
reconocido que ante dichas hipótesis, resulta factible que una persona presente
una nueva acción de tutela sin que se configure la temeridad22.”23

En los informes rendidos por la JESEP y la Secretaría de Seguridad, Convivencia
y Justicia de Bogotá D.C, alegaron la existencia de temeridad, al respecto la Sala
evidencia que esta no se configura como pasa explicarse.

Radicado Partes Pretensiones
Accionante: Nixon
Acosta Matallana
Accionado: Policia
Que se conteste la
Nacional de Colombia
petición elevada el
11001-31-09-028-2025-00128 - Secretaría General a
día 3 de mayo de
través del Brigadier
2025
General Hernán
Alonso Meneses
Gelves
Accionante: Nixon Que se conteste la
Acosta Matallana petición elevada el
11001-31-03-060-2025-00310-00
Accionado: Alcaldía día 21 de abril de
Mayor de Bogotá D.C 2025
Accionante: Nixon
Que se conteste la
Acosta Matallana
petición elevada el
11001-03-15-000-2025-04067-00 Accionado:
día 22 de abril de
Presidencia de la
2025
República

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Así las cosas, en el presente asunto se advierte que, frente a lo expuesto por las
entidades vinculadas y conforme al cuadro anteriormente presentado, no existe
temeridad, toda vez que no se configuran de manera expresa todos los elementos
que conforman la triple identidad, pues si bien se desconocen los hechos, es claro
que no existe identidad de partes ni de pretensiones.

A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:

2.7. Caso concreto

Como se expuso en líneas anteriores, el señor Nixon Acosta Matallana consideró
vulnerado su derecho fundamental de petición por la falta de pronunciamiento
de fondo a la solicitud de información relacionada con las: «sedes sindicales con
actividad económica de venta y consumo de licor, de Bogotá a fin de realizar
proyecto investigativo de trabajo de grado en la especialización en derecho de
policía en la ESPOL».

Para tal efecto, se encuentra que tal solicitud fue radicada el 22 de abril de 2025
y dirigida al señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco
Petro Urrego; en la que requirió, la misma información respecto de las ciudades
de Bogotá, Medellín y Cali.

De igual manera se observa que su contenido se refiere a trece preguntas de
contenido específico que involucran la respuesta de otras entidades pues
algunos de los interrogantes están relacionados con la ocurrencia de hechos en
otras ciudades específicas.

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Del informe rendido por la demandada se tiene que esta le indicó al actor por
medio del oficio OFI25-00079319 / GFPU 13150001 del 29 de abril de 2025, que
remitió su petición a las autoridades competentes, a saber: «la Alcaldía Mayor
de Bogotá, la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Santiago Cali, el Ministerio del
Interior y El Ministerio del Trabajo», dado que, son las «entidades legalmente
facultadas, para conocer del tema objeto de petición, y tomar las acciones a que
haya lugar, para brindar una adecuada respuesta».

Lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, dado que,
según expuso la parte demandada, de acuerdo con la estructura y administración
de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el Estado colombiano, se han creado
diversas entidades que apoyan la gestión del Primer Mandatario, cada una con
funciones específicas y competencias definidas para atender diferentes asuntos,
es por ello, que hizo la referida remisión.

En tal medida, para esta Sala de Decisión, es evidente que la presidencia de la
República cumplió con remitir la petición a las autoridades que consideró
competentes, ello con el objetivo de que el señor Nixon Acosta Matallana
obtuviera una respuesta clara, concreta y de fondo a la solicitud que radicó el 22
de abril de 2025.

Cosa distinta es que la respuesta otorgada haya generado inconformidad en el
accionante, al no obtener una contestación concreta a los interrogantes
planteados en las trece preguntas allegadas a la Presidencia en su escrito de

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petición, no obstante, dicha circunstancia no configura una vulneración del
derecho fundamental invocado, toda vez que la solicitud fue atendida dentro del
marco de las competencias legales de la entidad, y como ya se dijo, con
fundamento en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, por lo que al respecto se
negará dicho cargo.

Ahora bien, esta Sala observa que la Presidencia de la República no aportó
evidencia que demuestre la remisión de la petición a las entidades mencionadas
por el accionante —Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín y Alcaldía de Santiago de Cali—. En consecuencia, se amparará el
derecho fundamental de petición para que la entidad demandada remita al actor
copia del oficio remisorio de la solicitud del 22 de abril del 2025 a las autoridades
referidas.

Sobre las intervenciones realizadas por las demás entidades vinculadas al
proceso, es decir, aquellas a las que fue remitida por competencia la petición
realizada, se puede evidenciar que las mismas cumplieron con la carga
administrativa correspondiente para dar respuesta a lo solicitado17.

Sin embargo, la Sala considera pertinente analizar dichas intervenciones así:

2.7.1. Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá D.C

La entidad manifestó que no tenía competencia para atender la solicitud, por lo
que la remitió a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a la
Secretaría de Gobierno y a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
como entidades responsables del sector central de la administración distrital.

En consecuencia, esta Sala concluye que la Secretaría Distrital actuó dentro del
marco de sus competencias funcionales, dando respuesta a lo solicitado por el
accionante conforme a sus atribuciones legales. Por tanto, no se configura
vulneración de derechos fundamentales atribuible a su conducta, razón por la
cual se negará el amparo constitucional solicitado respecto de dicha entidad.

17 Remitirse a las actuaciones 8 a 15 de Samai, en donde se anexan los documentos que

muestran la trazabilidad realizada por las entidades.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04067-00

2.7.2. Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Seguridad y Justicia

La dependencia indicó que no tiene conocimiento de los hechos expuestos por
el accionante, ya que, tras revisar su base de datos, no encontró registro de
ninguna solicitud presentada por el señor Acosta Matallana, ni evidencia de que
dicha petición haya sido remitida a esa dependencia.

Por lo tanto, se concluye que la Alcaldía no incurrió en vulneración alguna, ya
que no tuvo conocimiento de la solicitud presentada, lo que la eximía de
responder sobre asuntos que no le fueron requeridos ni estaban dentro de su
ámbito de competencia. En consecuencia y al no evidenciar vulneración del
derecho invocado se negará el amparo.

2.7.3. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación De Medellín

La autoridad administrativa señaló que no es competente para dar cumplimiento
al fallo en caso de concederse el amparo solicitado. Además, indicó que, tras
verificar en el sistema, no encontró registro de ninguna petición presentada por
el accionante, lo que, a su juicio, configura una falta de legitimación en la causa
por pasiva, al no existir un vínculo directo entre la actuación cuestionada y la
entidad.

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Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04067-00

Lo anterior se desprende de la verificación realizada por parte de dicha autoridad
en el aplicativo Mercurio, en el cual no se encontró registro de petición ni remisión
alguna relacionada con lo solicitado por el señor Acosta Matallana.

Por consiguiente, esta Sala negará el amparo solicitado por no haber vulnerado
el derecho del accionante.

2.7.4. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

La secretaría indicó que el accionante alegó la presunta vulneración de su
derecho fundamental de petición, al no haber recibido respuesta de fondo a la
solicitud radicada el 22 de abril de 2025, inicialmente dirigida a la Presidencia de
la República y posteriormente trasladada a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
mediante el oficio OFI25-00079319-GFPU.

Sin embargo, tras verificar en el Sistema Integrado de Gestión Documental, no
se encontró registro de dicha remisión ni de una radicación directa en la
Secretaría; no obstante, al consultar por nombre del accionante, se identificó una
petición registrada bajo el número 1-2025-14453, asimismo se encontró en el
sistema «Bogotá te escucha» con radicado 1906452025.

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Por no ser de su competencia dicha solicitud fue remitida a las autoridades
competentes.

La Sala advierte que las imágenes anexadas respaldan la actuación de la
autoridad administrativa, evidenciando que esta dio trámite a lo solicitado
conforme a sus funciones y competencias. En consecuencia, se concluye que la
entidad cumplió con lo pertinente al dar respuesta a la solicitud del accionante
por lo que se negará el amparo.

2.7.5. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-
DAPRE

El DAPRE manifestó que la solicitud presentada por el señor Nixon Acosta
Matallana fue resuelta de fondo, dentro del ámbito de sus competencias,
mediante el oficio No. OFI25-00079319 / GFPU 13150001 del 29 de abril de
2025. Asimismo, indicó que, por razones de competencia, el asunto fue
trasladado a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a las alcaldías de Santiago de Cali y
Medellín, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio del Interior, con el fin de que
dichas entidades actuaran conforme a sus atribuciones. No obstante, esta Sala
advierte que no obra en el expediente prueba que acredite la remisión efectiva
de la solicitud a las alcaldías mencionadas, lo que impide verificar el
cumplimiento integral del deber de articulación interinstitucional y del principio de
eficacia administrativa.

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De los anexos aportados por el DAPRE se concluye que la entidad efectivamente
remitió, por razones de competencia, la solicitud del señor Nixon Acosta
Matallana a las entidades que, a su juicio, eran las responsables de dar
respuesta dentro del ámbito de sus respectivas funciones.

Por lo anterior, se tiene por acreditado que la entidad cumplió con el
requerimiento formulado, en tanto se evidenció que la comunicación fue
debidamente remitida a las autoridades competentes para lo correspondiente.
En consecuencia, frente a esta entidad deberá negarse la acción de tutela, al no
configurarse vulneración alguna de derechos fundamentales atribuible a su
actuación.

2.7.6. Jefatura Nacional del Servicio de Policía (JESEP)

La autoridad administrativa informó que el señor Nixon Acosta Matallana radicó
una petición ante la entidad el 3 de mayo de 2025, la cual dio lugar a una acción
de tutela interpuesta el 1 de julio de 2025, registrada bajo el radicado 11001-31-
09-028-2025-00128-00.

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La anterior fue conocida por el Juzgado 28 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, que mediante sentencia del 14 de julio de 2025 negó
el amparo al derecho fundamental de petición, al considerar que el accionante
no aportó pruebas que acreditaran la presentación de los escritos de solicitud.

Adicionalmente, la JESEP informó que, en atención a lo solicitado por el señor
Nixon Acosta Matallana, expidió el comunicado oficial No. GS-2025-020731-
JESEP con fecha 15 de mayo de 2025, el cual fue remitido mediante el mensaje
de datos No. 1207 JESEP-GUVIP a la cuenta electrónica institucional del
peticionario: nixon.acosta@correo.policia.gov.co.

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Indicó que a su parecer el señor Acosta Matallana incurre en temeridad al
presentar una nueva acción de tutela basada en los mismos hechos.

En atención a la solicitud de la JESEP de declarar la improcedencia de la acción
de tutela por temeridad y, en subsidio, por carencia actual de objeto ante la
supuesta configuración de cosa juzgada y hecho superado, esta Sala concluye
que tales causales no se encuentran acreditadas.

2.7.7. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.

La secretaría informó que realizó la búsqueda correspondiente en el aplicativo
ORFEO, implementado para la recepción de peticiones presentadas por los
ciudadanos. Como resultado, no encontró ninguna solicitud o petición registrada
a nombre del señor Nixon Acosta Matallana. En respaldo de lo anterior, se anexó
la captura de pantalla que evidencia dicho resultado.

En atención a lo expuesto por la entidad administrativa, la Sala advierte que, en
efecto, se dio cumplimiento a lo requerido dentro del marco de sus competencias.

Por lo tanto, en lo que respecta a dicha entidad, se considera cumplido el objetivo
de la acción de tutela se negara el amparo.

2.7.8. Personería de Bogotá D.C

Del informe remitido por la Personería de Bogotá D.C., se advierte que dicha
entidad, en el ejercicio de sus funciones, no ha incurrido en conducta alguna que
haya contribuido a la vulneración del derecho alegado por el accionante.
Asimismo, del contenido del informe y de los anexos aportados, se confirma que,
en efecto, dentro del aplicativo SINPROC no se encontró registro alguno de la
solicitud mencionada por el accionante.

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En atención a lo informado por la Secretaría, esta Sala concluye que, respecto
de la entidad mencionada, no se evidenció obligación alguna de cumplir con lo
alegado por el accionante. Por tanto, al no acreditarse vulneración de derechos
fundamentales, se negará el amparo constitucional frente a dicha entidad.

2.7.9. La Secretaría General de la Policía Nacional

Aclaró que el 3 de mayo de 2025, el señor Nixon Acosta Matallana radicó una
petición ante la Policía Nacional y la Secretaría General, el cual fue atendido
mediante la comunicación oficial No. GS-2025-020731–JESEP-GUVIP, emitida
y notificada al accionante el 15 de mayo de 2025.

Asimismo, se expuso que los hechos planteados en la presente acción de tutela
ya fueron objeto de conocimiento por parte del Juzgado 28 Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Bogotá, dentro del expediente identificado con
radicado No. 11001-31-09-028-2025-00128, en el cual el accionante alegó que
la Policía Nacional no había dado respuesta a su solicitud. No obstante, dicha
afirmación fue desvirtuada, y el mencionado despacho judicial, mediante
providencia del 14 de julio de 2025, resolvió negar el amparo solicitado.

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Igualmente, en relación con lo ocurrido frente a la JESEP, la Secretaría General
de la Policía Nacional solicitó a la Sala declarar la improcedencia de la presente
acción constitucional, al considerar que se configura la causal de temeridad, toda
vez que ya se había interpuesto una acción de tutela contra dicha entidad, la cual
fue conocida y decidida por autoridad judicial competente.

De igual manera, solicitó que se declarara la carencia actual de objeto, con
fundamento en la existencia de cosa juzgada y en el hecho superado, por los
mismos motivos anteriormente expuestos.

Del análisis del expediente se concluye que, aunque el accionante recibió
respuesta mediante la comunicación No. GS-2025-020731–JESEP, dicha
actuación corresponde a una solicitud distinta y dirigida a otra entidad. En el
presente caso, la petición se formuló ante la Presidencia de la República, por lo
que no se configura hecho superado.

2.7.10. Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C
(SDSCJ)

Informó que el Juzgado 60 Civil del Circuito de Bogotá en fallo de 17 de julio de
2025 se pronunció frente a la acción de tutela interpuesta por el señor Nixon
Acosta Matallana contra la alcaldía Mayor de Bogotá D.C por considerar que
esta había vulnerado su derecho de petición al no brindar respuesta a lo
solicitado el 21 de abril de 2025.

«[…] (i) datos sobre la ubicación y naturaleza jurídica de dichas sedes; (ii) actos
administrativos proferidos por autoridades distritales para su inspección o
regulación; (iii) informes sobre intervenciones de la Policía Nacional o medidas
correctivas impuestas; (iv) información relacionada con protocolos institucionales

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de seguimiento; y (v) pronunciamientos respecto de la aplicabilidad del Decreto
Distrital 499 de 2022 y de la Sentencia C-204 de 2019. Afirmó que no recibió
respuesta integral a su solicitud, ni por parte de la Alcaldía Mayor ni de las
entidades a las que esta habría trasladado su requerimiento».

Indicó que, en virtud de lo ordenado por el juzgado, la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia ejecutó lo dispuesto. Por tal razón, consideró
que el accionante incurrió en la causal de temeridad, al haber presentado
nuevamente una acción de tutela sobre hechos ya conocidos y decididos por una
autoridad judicial.

Con fundamento en lo expuesto por la SDSCJ, y tras el análisis de la sentencia
emitida por el Juzgado 60 Civil del Circuito de Bogotá, así como de las solicitudes
presentadas por el accionante, esta Sala advierte que las pretensiones
formuladas en aquella oportunidad guardan similitud con las planteadas en la
presente acción de tutela. No obstante, se precisa que se trata de situaciones
jurídicas distintas, por lo que no puede predicarse identidad de objeto ni de
causa.

En cuanto a la tutela identificada con el número 11001-31-03-060-2025-00310-
00, tampoco se configura cosa juzgada, toda vez que la sentencia de primera
instancia fue anulada por el Tribunal Superior y el expediente fue remitido por
competencia al Juzgado 73 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, sin
que hasta la fecha se haya proferido decisión de fondo18.

Para el caso concreto y si bien no se dan expresamente todos los supuestos de
la triple identidad para configurarse la temeridad, si está demostrado en los
hechos y contexto del caso, que el actor recurre frecuentemente y de manera
irracional al ejercicio del derecho de petición frente a diferentes entidades.

2.7.11. Ministerio del Interior y Ministerio de Trabajo

En relación con los ministerios mencionados, y conforme al artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991, se aplicará la presunción de veracidad ante su falta de
intervención en el presente trámite. En consecuencia, se concederá el amparo
para que dichas entidades emitan una respuesta clara, congruente y de fondo,

18 El proceso tramita bajo el radicado 11001418907320250102200 y aún no tiene decisión.

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dentro del ámbito de sus competencias, a la petición presentada por el señor
Nixon Acosta Matallana, y procedan a notificarlo en debida forma.

Frente a las demás entidades, la Sala considera necesario precisar que,
conforme a los documentos y comunicaciones aportadas por las involucradas,
se evidencia que las actuaciones administrativas se desarrollaron dentro del
marco de sus competencias funcionales.

En particular, se observa que las solicitudes del señor Nixon Acosta Matallana
fueron tramitadas, respondidas o remitidas por las autoridades
correspondientes, según lo establecido en la normativa vigente y en atención a
la naturaleza de lo requerido.

Esta precisión resulta relevante para determinar la inexistencia de vulneración al
derecho fundamental de petición, toda vez que las entidades actuaron conforme
a sus atribuciones y procedimientos establecidos.

En consecuencia, por lo expuesto anteriormente, esta Sala negará lo pretendido
por el accionante, al no encontrar acreditada la vulneración del derecho
fundamental de petición.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la secretaria
Jurídica Distrital de la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Santiago de Cali -
secretaria de Seguridad y Justicia, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D. C.

SEGUNDO: Ampárese el derecho fundamental de petición del señor Nixon
Acosta Matallana respecto a la Presidencia de la República, al Ministerio del
Interior y al Ministerio del Trabajo.

TERCERO: En consecuencia, se le ordena:

a. A la Presidencia de la República que en el término de 48 horas contadas
a partir de la notificación de esta sentencia remita al Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la Alcaldía de Santiago
de Cali la petición elevada por el actor el 22 de abril de 2025, de lo cual
deberá remitir copia al accionante. De lo anterior se aportará constancia
al proceso.

b. Al Ministerio del Interior y al Ministerio del Trabajo, para que en el término
de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia otorgue
una respuesta clara, congruente y de fondo, dentro del ámbito de sus

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competencias, a la petición presentada por el señor Nixon Acosta
Matallana y se le notifique en debida forma.

CUARTO: Deniégase el amparo del derecho fundamental de petición del señor
Nixon Acosta Matallana, en relación con las demás entidades intervinientes.

QUINTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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