Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04069-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04069-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04069-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04069-00
Demandante: GENOVEVA MARÍA URUETA OSPINO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial — inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Genoveva María Urueta Ospino, por medio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela1 en contra del Tribunal Administrativo del
Atlántico y del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla. Con la solicitud de amparo pretende que se protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la seguridad social.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la
providencia del 9 de febrero de 2024, proferida por el tribunal accionado.
Mediante esta decisión se confirmó el fallo del 30 de agosto de 2023, dictado por
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, que negó
las pretensiones de la demanda2.
1.2. Pretensión constitucional
3. En el escrito de tutela se formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29),
igualdad (art. 13), seguridad social (art. 48), mínimo vital y acceso efectivo a la
1 Solicitud de amparo radicada el 1 de julio de 2025.
2 Ello, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-
007-2021-00002-00/01.
Demandante: Genoveva María Urueta Ospino
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
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administración de justicia (art. 229) de la señora Genoveva María Urueta Ospino,
los cuales fueron desconocidos por las providencias judiciales proferidas dentro
del proceso radicado bajo el número 08-001-33-33-007-2021-00002-00.
SEGUNDO: Declarar que las sentencias proferidas por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla de fecha 30 de agosto de 2023 y
por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral “C” adiada 09
de febrero de 2024, incurrieron en:
● Defecto fáctico, por indebida valoración del acervo probatorio allegado
al proceso.
● Desconocimiento del precedente judicial obligatorio, conforme a las
sentencias T-015 de 2017, T-582 de 2019, T-462 de 2021, SU-169 de
2024 (Corte Constitucional), SL-2809 de 2024 (Corte Suprema de
Justicia), y las providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda,
en los expedientes 13001-23-30-000-2013-00547-01 del 3 de junio de
2021 (C.P. César Palomino Cortés), 25000-23-42-000-2012-01702-01 del
11 de abril de 2018 (C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez) y 05001-23-33-000-
2017-02535-01 del 20 de febrero de 2020 (C.P. Gabriel Valbuena
Hernández), que afirman que la convivencia para efectos pensionales
puede acreditarse en cualquier momento durante la vigencia del
vínculo matrimonial, y no se exige cohabitación física continua,
cuando se demuestran actos concretos de solidaridad y comunidad de
vida.
● Sesgo de género estructural, por la deslegitimación del vínculo
conyugal de la accionante con base en patrones discriminatorios.
● Invisibilización del principio de solidaridad familiar, al aplicar de
manera restrictiva e inconstitucional la normatividad pensional.
1. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, y ordene a dicha autoridad judicial
emitir un nuevo fallo ajustado a la Constitución y a los precedentes
vigentes referente a la acreditación del requisito del tiempo de la
convivencia de cinco años en cualquier tiempo para el caso de las
cónyuges supérstite y que se mantiene el concepto de familia, a pesar de
estar en lugares diferentes, valorando integralmente el material probatorio
y aplicando el enfoque de género en la providencia que sea expedida por
dicho Tribunal.
TERCERO: Subsidiariamente, y como medida de protección efectiva de los
derechos fundamentales vulnerados, se ordene a la Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales – UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente
a favor de la señora Genoveva María Urueta Ospino, en su calidad de cónyuge
supérstite, con fundamento en el acervo probatorio obrante en el proceso. (sic a
toda la cita)
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. El 26 de octubre de 2021, la parte actora interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —en
adelante UGPP—, con el fin de que se declarara la nulidad de múltiples actos
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administrativos3 que le negaron el reconocimiento de la sustitución pensional
reclamada por la accionante debido al fallecimiento del señor Edgar de Jesús
Torres Barrios.
6. El proceso se identificó con el radicado 08001-33-33-007-2021-00002-00
y le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla, que, mediante sentencia del 30 de agosto de 2023, negó
las pretensiones de la demanda. Concluyó que la señora Urueta Ospino no logró
acreditar el tiempo de convivencia requerido por el artículo 47 de la Ley 100 de
19934, como tampoco la dependencia económica con el causante.
7. Inconforme con lo expuesto, la parte actora interpuso recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia. Expuso que, a pesar de que no convivían
bajo el mismo techo su relación se enmarcaba en el concepto de familia definido
jurisprudencialmente, pues, tenían domicilios en diferentes ciudades por razones
estrictamente laborales.
8. Mediante la providencia del 9 de febrero de 2024, el Tribunal
Administrativo del Atlántico confirmó la sentencia del juzgado accionado. En
concreto, consideró que no hay certeza de que la accionante y el causante hayan
convivido durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, como lo dispone el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
9. Lo anterior, pues «los medios de prueba que obran en el expediente no se
compadecen con la cantidad de elementos probatorios que una pareja puede
llegar a recaudar cuando en verdad sostiene una relación permanente de
convivencia y proyectos en común durante los 44 años que se indica
permanecieron juntos». En ese orden, indicó que, a falta del requisito
mencionado anteriormente, no es posible afirmar que existiere una dependencia
económica de la señora Urueta Ospino que hubiese permitido la procedencia de
la prestación pensional deprecada.
10. Dicha providencia se notificó vía correo electrónico el 6 de febrero de 2024,
a las direcciones indicadas por los sujetos procesales de la litis5.
1.4. Sustento de la vulneración
11. La parte actora afirmó que las autoridades judiciales accionadas, al proferir
3 Resoluciones No. RDP 37112 de 06 de diciembre de 2019; No. RDP 224 de 07 de enero de
2020; No. RDP 4384 de 18 de febrero de 2020, y No. RDP 010083 de 22 de abril de 2020.
4 ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de
edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos
de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte […]
5 Índice 11 del aplicativo Samai.
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las providencias controvertidas incurrieron en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y por violación directa a la Constitución,
por los motivos que a continuación se exponen.
12. En primer lugar, indicó que hubo una indebida valoración de los elementos
que integraban el acervo probatorio del proceso ordinario. En segundo lugar, que
se desconocieron sentencias del Consejo de Estado6, de la Corte Suprema de
Justicia7 y de la Corte Constitucional8 que establecieron que la convivencia se
puede acreditar en cualquier tiempo del matrimonio a pesar de vivir en diferentes
lugares. Finalmente, consideró que se le impuso un estándar probatorio
diferenciado y más gravoso por el hecho de ser mujer.
1.5. Trámite de la acción de tutela
13. Por auto del 3 de julio de 2025, se admitió la acción constitucional de la
referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionados al Tribunal
Administrativo del Atlántico y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla. Asimismo, se vinculó como terceros con interés: (i) a la
UGPP; y (ii) al señor Edgar Andrés Torres Sánchez.
14. Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico
15. Se limitó a enviar el expediente solicitado y a realizar un recuento de las
actuaciones judiciales surtidas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho aquí controvertido.
1.6.2. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
16. Sostuvo que la acción de tutela de la referencia se torna improcedente por
no cumplir con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Esto, debido a que
la accionante cuenta con el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia y a que han pasado más de 6 meses desde que se profirió la
sentencia de segunda instancia reprochada en esta sede.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 3
de junio de 2021, Rad. 13001-23-30-000-2013-00547-01; y, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 20 de febrero de 2020, Rad. 05001-
23-33-000-2017-02535-01.
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL-2809 de 2024.
8 Sentencias: T-015 de 2017; T-582 de 2019; T-462 de 2021; y SU-169 de 2024.
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1.6.3. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP
17. Solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo o, en su
defecto, que se nieguen las pretensiones de la demanda. Considero que la parte
actora pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional por no
estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural de la causa.
18. Igualmente, pidió la desvinculación del presente trámite constitucional por
carecer de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.4. A pesar de que el señor Edgar Andrés Torres Sánchez fue notificado en
debida forma, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
19. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del
Atlántico y del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como con el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestiones previas
20. La Sala advierte que la parte demandante adjudica tanto al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, como al Tribunal
Administrativo del Atlántico la vulneración de sus garantías fundamentales con
ocasión de las sentencias proferidas el 30 de agosto de 2023 y 9 de febrero de
2024, respectivamente.
21. No obstante, esta Sala de decisión se limitará a analizar la providencia
proferida por el tribunal referido, comoquiera que fue la que puso fin al medio de
control con radicado 08001-33-33-007-2021-00002-00/01.
22. Por otro lado, la UGPP solicitó la desvinculación del presente trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. La Sala negará lo
pedido, debido a que la entidad referida fue vinculada a la acción de tutela en
calidad de tercero con interés.
2.3. Legitimación en la causa
23. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
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de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
24. La Sala advierte que Genoveva María Urueta Ospino está legitimada en
la causa por activa, porque fue la demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia que se cuestiona
mediante la presente acción constitucional.
25. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Atlántico
se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad que profirió la
decisión reprochada en esta oportunidad.
2.4. Problema jurídico
26. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la Sala deberá
resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
27. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora con ocasión de la sentencia
proferida el 9 de febrero de 20249?
28. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los temas a
saber: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad, en especial el de
inmediatez; y de superarse, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201210. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema11. En la referida sentencia se estableció que la tutela
9 Ello, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-
007-2021-00002-00/01.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
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contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales.
30. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201412. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.
31. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
32. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea
de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con
la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
33. Bajo las anteriores directrices, se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de inmediatez
34. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable13, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo14.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Ibidem.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
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35. De acuerdo con lo anterior, esta Sección15 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador —el
cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada— que da lugar a la
solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se
declara su improcedencia.
36. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.
37. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en
sentencia T-246 de 2015 indicó que la acción de tutela será procedente:
[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.
2.7. Inmediatez en el caso concreto
38. Como quedó expuesto en el acápite de antecedentes, la parte actora
cuestiona el fallo del 9 de febrero de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo
del Atlántico. En este se confirmó la sentencia de primera instancia dictada por
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, que negó
las pretensiones de la demanda16. Esta decisión fue notificada electrónicamente
el 26 de febrero de 2024.
39. A juicio de la accionante, la providencia incurrió en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y por violación directa a la Constitución.
En concreto, indicó que el tribunal: (i) valoró indebidamente los elementos que
integraban el acervo probatorio del proceso ordinario; (ii) desconoció sentencias
del Consejo de Estado17, de la Corte Suprema de Justicia18 y de la Corte
Constitucional19 que establecieron que la convivencia se puede acreditar en
cualquier tiempo del matrimonio a pesar de vivir en diferentes lugares; y (iii) le
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 21
de septiembre de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
16 Ello, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-
007-2021-00002-00/01.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 3
de junio de 2021, Rad. 13001-23-30-000-2013-00547-01; y, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 20 de febrero de 2020, Rad. 05001-
23-33-000-2017-02535-01.
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL-2809 de 2024.
19 Sentencias: T-015 de 2017; T-582 de 2019; T-462 de 2021; y SU-169 de 2024.
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impuso un estándar probatorio diferenciado y más gravoso por el hecho de ser
mujer.
40. La Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de la
inmediatez. Esto, debido a que, entre la firmeza de la providencia atacada20 y la
radicación de la presente acción de tutela21, transcurrió un término de casi 1 año
y 4 meses y, por tanto, superior al plazo considerado como razonable tanto por
la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.
41. Finalmente, la Sección evidencia que la parte actora no demostró ni alegó
ninguna condición especial que pueda ser analizada por este juez de tutela para
establecer si es procedente flexibilizar el requisito de procedibilidad de la
inmediatez para superarlo y estudiar la presunta vulneración de sus garantías
fundamentales.
42. Así las cosas, al no encontrarse dentro de alguna de las situaciones que
la jurisprudencia ha considerado especiales, ni evidenciarse que se haya
expuesto alguna razón que justifique la tardanza de la parte tutelante para acudir
al juez constitucional a reclamar la protección de sus derechos fundamentales, la
Sala declarará la improcedencia del amparo constitucional, por no encontrar
acreditado el presupuesto de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social — UGPP.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela por no
superar el requisito de inmediatez.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
20 Fue notificada el 26 de febrero de 2024 y quedó ejecutoriada el 4 de marzo del mismo año.
21 La solicitud de amparo fue radicada el 1 de julio de 2025.
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Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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