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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04069-01

Fecha
2 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04069-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04069-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

2 de septiembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dos (2) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04069-01
Demandante: GENOVEVA MARÍA URUETA OSPINO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

Síntesis del caso: la demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales, por cuanto se realizó una indebida
valoración probatoria. Se confirmará la decisión que declaró improcedente la acción de tutela por
el incumplimiento del requisito de inmediatez.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 24 de julio de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante
la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social — UGPP.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela por no
superar el requisito de inmediatez.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI, índice 2- negrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 1 de julio de 2025, la señora Genoveva María Urueta Ospino promovió proceso de
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y del Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla con el fin de que se protegieran sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad y seguridad social y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04069-01
Demandante: Genoveva María Urueta Ospino
Acción de tutela – Impugnación fallo

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29),
igualdad (art. 13), seguridad social (art. 48), mínimo vital y acceso efectivo a la
administración de justicia (art. 229) de la señora Genoveva María Urueta
Ospino, los cuales fueron desconocidos por las providencias judiciales
proferidas dentro del proceso radicado bajo el número 08-001-33-33-007-2021-
00002-00.

SEGUNDO: Declarar que las sentencias proferidas por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla de fecha 30 de agosto de 2023
y por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral “C” adiada
09 de febrero de 2024, incurrieron en:

● Defecto fáctico, por indebida valoración del acervo probatorio allegado al
proceso.
● Desconocimiento del precedente judicial obligatorio, conforme a las
sentencias T-015 de 2017, T-582 de 2019, T-462 de 2021, SU-169 de 2024
(Corte Constitucional), SL-2809 de 2024 (Corte Suprema de Justicia), y las
providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, en los expedientes
13001-23-30-000-2013-00547-01 del 3 de junio de 2021 (C.P. César Palomino
Cortés), 25000-23-42-000-2012-01702-01 del 11 de abril de 2018 (C.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez) y 05001-23-33-000- 2017-02535-01 del 20 de febrero de
2020 (C.P. Gabriel Valbuena Hernández), que afirman que la convivencia para
efectos pensionales puede acreditarse en cualquier momento durante la
vigencia del vínculo matrimonial, y no se exige cohabitación física continua,
cuando se demuestran actos concretos de solidaridad y comunidad de vida.
● Sesgo de género estructural, por la deslegitimación del vínculo conyugal de
la accionante con base en patrones discriminatorios.
● Invisibilización del principio de solidaridad familiar, al aplicar de manera
restrictiva e inconstitucional la normatividad pensional.

1. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, y ordene a dicha autoridad judicial emitir un nuevo
fallo ajustado a la Constitución y a los precedentes vigentes referente a la
acreditación del requisito del tiempo de la convivencia de cinco años en
cualquier tiempo para el caso de las cónyuges supérstite y que se mantiene el
concepto de familia, a pesar de estar en lugares diferentes, valorando
integralmente el material probatorio y aplicando el enfoque de género en la
providencia que sea expedida por dicho Tribunal.

TERCERO: Subsidiariamente, y como medida de protección efectiva de los
derechos fundamentales vulnerados, se ordene a la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales – UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente a favor de la señora Genoveva María Urueta Ospino, en su
calidad de cónyuge supérstite, con fundamento en el acervo probatorio obrante
en el proceso.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 2).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04069-01
Demandante: Genoveva María Urueta Ospino
Acción de tutela – Impugnación fallo

1) La señora Genoveva María Urueta Ospino contrajo matrimonio católico con el señor
Édgar de Jesús Torres Barrios (QEPD), el 10 de mayo de 1975, unión que se mantuvo
vigente hasta el fallecimiento de este, ocurrida el 14 de agosto de 2019.

2) Luego del fallecimiento de su cónyuge, la señora Genoveva Urueta presentó solicitud
de pensión de sobreviviente ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP,
en la cual invocó su condición de cónyuge supérstite y aportó diversas pruebas
documentales y testimoniales que acreditaban la convivencia durante más de cinco (5)
años de matrimonio; no obstante, dicha solicitud fue negada por la UGPP mediante
Resoluciones nos. RDP 37112 de 06 de diciembre de 2019; RDP 224 de 07 de enero de
2020; RDP 4384 de 18 de febrero de 2020 y RDP 010083 de 22 de abril de 2020.

3) El 26 de octubre de 2021, la parte actora interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —en adelante UGPP—,
con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de la sustitución pensional reclamada.

4) En sentencia de 30 de agosto de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda tras evidenciar que la
señora Genoveva María Urueta Ospino no logró acreditar el tiempo de convivencia
requerido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 ni la dependencia económica con el
causante.

5) Inconforme con lo expuesto, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia en el cual que, a pesar de que no convivían bajo el mismo
techo, su relación se enmarcaba en el concepto de familia definido jurisprudencialmente,
pues, tenían domicilios en diferentes ciudades por razones estrictamente laborales.

6) Mediante sentencia de 9 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico
confirmó la sentencia del juzgado accionado tras concluir que no había certeza de que la
accionante y el causante hubiesen convivido durante los 5 años anteriores a su
fallecimiento, como lo dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

3. El fundamento de la vulneración

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04069-01
Demandante: Genoveva María Urueta Ospino
Acción de tutela – Impugnación fallo

La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en
los defectos fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.

Frente al defecto fáctico alegó que el tribunal omitió realizar una valoración integral y
razonada del acervo probatorio, sin describir puntualmente las pruebas que, a su juicio,
resultaron indebidamente valoradas.

Se desconocieron las reglas fijadas en las sentencias de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, con radicación nos. 13001-23-30-000-2013-00547-01 y 05001-23-33-000-
2017-02535-01; las sentencias de la Corte Constitucional T-015 de 2017, T-582 de 2019,
SU-169 de 2024, T-462 de 2021, y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral SL-2809 de 2024, según las cuales la convivencia para efectos
pensionales puede acreditarse en cualquier tiempo dentro del matrimonio y que residir
en lugares diferentes por asuntos laborales no impide el reconocimiento de una
convivencia pacífica, de ayuda y socorro mutuo.

Finalmente, alegó el desconocimiento del artículo 93 de la Constitución Política en lo
referente al bloque de constitucionalidad pues se desconoció el Pacto internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Observación General no. 19 (2008) del
Comité DESC de la ONU, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo de San Salvador y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer
“Convención De Belem Do Para".

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 3 de julio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar al presidente y los magistrados integrantes
del Tribunal Administrativo del Atlántico y al titular del Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito de Barranquilla, y vinculó como terceros con interés a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social. a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al señor Edgar
Andrés Torres Sánchez, para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron
el ejercicio de la acción.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04069-01
Demandante: Genoveva María Urueta Ospino
Acción de tutela – Impugnación fallo

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 24 de julio de 2025, declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez.

Al respecto, afirmó que la sentencia de 9 de febrero de 2024 se notificó a las partes
mediante correo electrónico de 26 de febrero de 2024, mientras que la solicitud de
amparo fue promovida el 1 de julio de 2025, razón por la cual transcurrieron
aproximadamente 1 año y 4 meses, término que excede el límite razonable establecido
jurisprudencialmente tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.

Adicionalmente, aclaró que la parte actora no demostró ni alegó ninguna condición
especial que pueda ser analizada por el juez de tutela para establecer si es procedente
flexibilizar el requisito de procedibilidad de la inmediatez.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 6 de agosto de 2025.

Alegó que la sentencia de primera instancia aplicó de forma rígida y poco flexible el
requisito de inmediatez, sin realizar el análisis de razonabilidad que exige la
jurisprudencia constitucional consolidada en la sentencia SU-961 de 1999, en la cual la
Corte Constitucional estableció, con carácter de unificación, que en materia de derechos
pensionales y, en especial, frente a la pensión de sobreviviente, la acción de tutela puede
ser procedente incluso si ha transcurrido un largo período, pues la vulneración es
continua y se actualiza en cada periodo

En el mismo sentido, señaló que la falta de reconocimiento pensional resulta en una
vulneración actual, constante y prolongada sobre sus derechos fundamentales, pues no
se agota con la negativa inicial ni con la sentencia judicial que la ratifica, sino que se
renueva cada mes en que no se percibe la mesada pensional.

Precisó que la sentencia de primera instancia desconoce los precedentes
jurisprudenciales contenidos en las sentencias SU-961 de 1999, T-246 de 2015, SU-355

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Demandante: Genoveva María Urueta Ospino
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de 2022, SU-169 de 2024, T-015 de 2017, T-462 de 2021 y SL-2809 de 2024 de la Corte
Constitucional y las sentencias del 3 de junio de 2021con radicación no. 13001-23-30-
000-2013-00547-01 y 20 de febrero de 2020 con radicación no. 05001-23-33-000-2017-
02535-01 proferidas por el Consejo de Estado, las cuales sostienen la procedencia
excepcional de la acción de tutela.

Insistió que la decisión de primera instancia omite por completo la aplicación del bloque
de constitucionalidad internacional, pues la negativa sostenida del derecho pensional
constituye una transgresión reiterada al conjunto de obligaciones internacionales.

Finalmente, alegó que la señora Genoveva María Urueta Ospino reúne de forma
concurrente varias condiciones que la sitúan en el núcleo más sensible del principio de
igualdad material, por lo que se trata de un sujeto de especial protección constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

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Demandante: Genoveva María Urueta Ospino
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2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y al Tribunal
Administrativo del Atlántico con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados, con ocasión de las
sentencias de 30 de agosto de 2023 y 9 de febrero de 2024, proferidas por dichas
autoridades judiciales respectivamente.

En la sentencia de primera instancia la Sección Quinta del Consejo de estado declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez.

En el escrito de impugnación la parte demandante alegó que se debe dar aplicación a la
sentencia SU – 961 de 1999 para flexibilizar el término de la caducidad.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala confirmará la decisión
que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
inmediatez, por las razones que procederán a exponerse:

2.1. El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un término
prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección “inmediata1”

1
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos

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de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su cometido y el
paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado que torne
ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de
tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y alcance
de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de
la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no se
entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria, no se
acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello,
permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación
constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además el principio
de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una
exigencia ineludible en la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales2”.

En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial la
“urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la vulneración
o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin efectos
una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o ejecutoria
de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so pena de que como
una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica el solo paso del
tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos y se legitime.

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que su
contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos, lo
que desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar principios

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”. (negrillas
adicionales).
2
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.

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tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa
juzgada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la primera
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo o
vulneren garantías iusfundamentales en ocasiones aplicar de manera estricta el término
de 6 meses puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa.

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la posibilidad
de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la demanda no se
hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten en el tiempo y
hacen que la violación sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:

(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición3.

En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe valorar si
la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas que
expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las cuales el
amparo constitucional siempre será procedente.

3
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04069-01
Demandante: Genoveva María Urueta Ospino
Acción de tutela – Impugnación fallo

2.1.1 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto

1) La demandante sostuvo las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

2) De igual forma, sostuvo que la decisión de primera instancia que declaró la falta de
inmediatez pasó por alto que para asuntos pensionales se debe dar aplicación a la
sentencia SU – 961 de 1999, según la cual, a su juicio, cuando se trata de derechos
pensionales la vulneración continúa vigente pues se actualiza periodo a periodo hasta
que, en su criterio, se reconozca la pensión de sobreviviente.

3) Sin embargo, la Sala advierte que le asiste razón a la Sección Quinta del Consejo de
Estado en cuanto declaró la improcedencia del amparo porque en este caso no se
cumplió el requisito de inmediatez, en los términos analizados en precedencia, si se tiene
en cuenta que la notificación de la sentencia fue realizada mediante correo electrónico el
26 de febrero de 2024, mientras que la demanda de tutela fue presentada el 1 de julio de
2025, es decir, a la fecha de la presentación de esta acción habían transcurrido más de
1 año y 4 meses desde la fecha de notificación de la sentencia.

4) Al respecto y para responder al cuestionamiento de la impugnación, esta Sala
reconoce que aplicar de manera estricta el término de seis meses puede resultar
excesivamente riguroso; es por ello que, ciertamente, no siempre el simple transcurso del
tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, ante
la posibilidad que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción
de tutela no se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el
hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en
el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.

5) No obstante, dichas circunstancias deben haberse alegado y demostrado
debidamente con miras a que el juez de tutela las analice y determine si resultan
suficientes y determinantes para justificar la interposición tardía del mecanismo de
amparo, lo que no ocurrió en este caso.

6) Si bien en la impugnación la actora alegó que no se debe dar aplicación rígida al
requisito de la inmediatez, pues considera que al tratarse de derechos pensionales puede

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Acción de tutela – Impugnación fallo

promover la acción de tutela en cualquier término porque, supuestamente, en tales
eventos se trata de una vulneración actual y continua, la Sala debe aclarar que dicho
argumento no es de recibo, pues, dicho alegato parte de una confusión al asimilar el
hecho de que la prestación sea periódica con la supuesta “actualidad y vigencia” de la
vulneración que, dicho sea de paso, se la atribuye a una providencia judicial, actuación
que, como se reconoce en uno de los antecedentes jurisprudenciales que ella misma trae
a colación, debe ser más rigurosa4.

7) En esos términos, se pone de relieve que lo que cuestiona la actora es la providencia
judicial que le negó sus pretensiones con miras a obtener la pensión, de modo que desde
el mismo momento en que fue notificada de esa providencia conocía a ciencia cierta de
la presunta vulneración de sus garantías fundamentales que le atribuyó a dicha decisión,
por lo cual debió acudir dentro del término de 6 meses que la jurisprudencia ha
establecido como razonable para el ejercicio de la acción o cuando menos justificar y
probar que no pudo hacerlo por circunstancias especiales que se lo impidieron, sin que
así haya procedido.

8) Asimismo, aunque en la impugnación la demandante apoyó su razonamiento en la
sentencia SU-961 de 1999, la cual, según afirmó, señala que “frente a la pensión de
sobreviviente la acción de tutela puede ser procedente incluso si ha transcurrido un largo
período”, lo cierto es que una vez revisada dicha sentencia no corresponde a un caso en
el que se discutan derechos pensionales sino la provisión de vacantes por el sistema de
carrera y, en todo caso, dicha afirmación no consta en dicha providencia.

9) Por consiguiente, para la Sala resulta claro que la acción no fue promovida dentro de
los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada.

10) En consecuencia, la Sala considera que está objetivamente acreditado que no se
cumplió el requisito de la inmediatez, por un lado, porque transcurrieron más de seis
meses desde la notificación de la sentencia proferida el 9 de febrero de 2024 y, por otro,

4
“El cumplimiento de este requisito tiene que analizarse en cada caso concreto, para lo cual debe
tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) la situación personal del peticionario (v.gr.,
encontrarse en estado de indefensión o en situación de discapacidad); (ii) el momento en que se produce
la vulneración o amenaza (sobre todo frente a las violaciones permanentes de los derechos); (iii) la
actuación contra la que se dirige la tutela (v.gr., por el carácter más rigoroso del examen cuando se
trata de providencias judiciales); y (iv) los efectos del amparo (lo que se traduce en la consideración de
los derechos de los terceros y del valor de la cosa juzgada)” Corte Constitucional, sentencia SU-169 de
2024.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04069-01
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Acción de tutela – Impugnación fallo

porque la parte demandante no demostró las razones que justificaran la tardanza en la
presentación del mecanismo constitucional.

11) Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos
llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las competencias
ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora
de derechos fundamentales.

12) En ese orden de ideas, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez, por
las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

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