Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04072-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04072-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04072-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
28 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04072-00
Demandante: Cultivos Tropicana SAS y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 28 de agosto de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04072-00
Demandante: CULTIVOS TROPICANA SAS Y BANANERAS LA FLORIDA SAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas: Mora judicial en resolver apelación contra auto que libró mandamiento
de pago. Carencia actual del objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por las sociedades Cultivos Tropicana SAS
y Bananeras La Florida SAS contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 1° de julio de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, las
sociedades Cultivos Tropicana SAS y Bananeras La Florida SAS pidieron la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta por la tardanza del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, en resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en audiencia especial del 26 de junio de
2018, que declaró no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de
pago y ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del proceso No. 25000-23-36-000-
2016-02561-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
Que se ampare nuestro derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y se ordene a la
Sección Tercera del Consejo de Estado, para que en un plazo perentorio emita sentencia de segunda
instancia que resuelva el recurso de apelación dentro del proceso con radicado
25000233600020160256101.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Javier Francisco Restrepo Girona, actuando como representante legal de
Cultivos Tropicana SAS, enajenó a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI,
el derecho real de dominio y la posesión de una franja de terreno identificado con
matrícula inmobiliaria No. 008-1189’ de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Apartadó – Antioquia.
1 Índice 1 de Samai.
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Demandante: Cultivos Tropicana SAS y otro
Que el señor Javier Francisco Restrepo Girona, también ejercía la representación legal
de la sociedad Bananera La Florida y enajenó a favor de la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI, el derecho real de dominio y la posesión plena de unas franjas de
terrenos identificados con matrículas inmobiliarias No. 034-522 y No. 034-625 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo- Antioquia.
El 17 de noviembre de 2015, celebraron los contratos de compraventa sobre las tres
franjas de terreno, que fueron registradas en los folios de matrículas inmobiliarias
asignadas el 18 y 19 de noviembre de 2015 dentro del marco de la Ley 1682 de 2013
como consecuencia del requerimiento por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura
– ANI, para el desarrollo del proyecto vial de infraestructura de utilidad pública
denominado Transversal de las Américas / Corredor Vial Caribe Tramo Turbo – El Tigre.
Que dichos contratos fueron celebrados y perfeccionados mediante la suscripción de las
escrituras públicas 1.526, 1.528 y 1.529, suscritas por el representante legal de las
sociedades Cultivos Tropicana SAS y Bananera La Florida con la ANI ante la Notaria
Única de Carepa.
Que suscribieron permisos para la intervención voluntaria en el mes de febrero del 2015,
para los tres inmuebles, para iniciar labores de obra para el proyecto vial para el ingreso
a los predios por parte de la concesionaria Vías de la Américas. En dicho acuerdo
pactaron «En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos aquí pactados, se
entenderá que el valor del anticipo como MUTLA sin lugar a devolución por parte de los
propietarios en cuyo caso la OFERTA FORMAL DE COMPRA, contendrá la totalidad del
valor del inmueble más el lucro cesante de ser el caso. Se entenderá en todo caso, que
el pago de la pena no extingue la obligación principal sobre NOTIFICACIÓN DE OFERTA
DE COMPRA».
Que concomitante con el anterior acuerdo, la Concesionaria Vías de la Américas suscribió
cesiones de crédito, que le obligaban a pagar $1.300.000.000 por las tres franjas de los
predios, para posteriormente reclamar dicha suma de dinero a la ANI, como producto de
la compraventa que se llegare a efectuar en virtud del perfeccionamiento de la venta por
enajenación voluntaria.
Afirman que, del pago realizado por la Concesionaria Vías de las Américas al momento
de la suscripción de los permisos de intervención voluntarios por concepto de cesión del
crédito, se les adeudaba a las sociedades Cultivos Tropicana SAS y Bananera La Florida,
$2.233.249.079, que no habían sido canceladas por la ANI.
3.1. Del proceso ejecutivo con radicado No. 25000-23-36-000-2016-02561-00
Las sociedades Cultivos Tropicana SAS y Bananera La Florida, presentaron demanda
ejecutiva contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, para hacer efectivo el pago
de los $2.233.249.079 por concepto del saldo adeudado.
El proceso se adelantó con el radicado No. 25000-23-36-000-2016-02561-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, que, en audiencia especial del 26 de junio de 2018, declaró no probadas las
excepciones propuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y ordenó seguir
adelante con la ejecución en los términos señalados en el mandamiento de pago.
Inconforme con la decisión, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI apeló.
El 29 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, concedió el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. El expediente
se remitió a esta Corporación el 22 de noviembre de 2018.
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Demandante: Cultivos Tropicana SAS y otro
El proceso fue asignado al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que, por
auto del 29 de enero de 20192, admitió el recurso de apelación. Luego, mediante
providencia del 22 de febrero de 2019, corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.
Por auto de 16 de agosto de 2022, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud elevada por el Ministerio Público respecto
a requerir a la Cámara de Comercio de Medellín para que remitiera la copia del
expediente de un trámite arbitral de las sociedades Cultivos Tropicana SAS y Bananera
La Florida SAS.
El 14 de septiembre de 2022, el proceso pasó al despacho para fallo.
El 20 de septiembre de 2023, de las sociedades Cultivos Tropicana SAS y Bananera La
Florida SAS presentaron solicitud de impulso procesal y pidieron que se les indicara el
turno en que se encontraba el proceso para dictar fallo de segunda instancia.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante puso de presente que, aunque el proceso ingresó al despacho el
14 de septiembre de 2022 para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
decisión de primera instancia dentro del proceso ejecutivo No. 25000-23-36-000-2016-
02561-01, hasta la fecha el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, no ha
dictado sentencia de segunda instancia, por lo que, a su juicio, incurrió en mora judicial.
5. Trámite procesal
Por auto del 3 de julio de 2025, el despacho sustanciador inadmitió la demanda de tutela,
ya que no aportaron los documentos que acreditaran las facultades de los señores
Francisco Javier Sanín Restrepo y Tomas Restrepo Montoya para ejercer la
representación legal de Cultivos Tropicana SAS y Bananeras La Florida SAS,
respectivamente.
Una vez subsanados los errores formales, el despacho sustanciador admitió la demanda
por auto de 23 de julio de 2025, y dispuso notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Asimismo, en
calidad de tercero con interés, dispuso vincular al director de la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI, que fungió como demandado en el proceso ejecutivo No. 25000-
23-36-000-2016-02561-01.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 25 de julio de
20253.
6. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, ponente del
proceso ejecutivo, solicitó que se desestimara la acción de tutela. Dijo que no se configuró
vulneración de derechos fundamentales por mora judicial. Que el proceso ejecutivo se
encontraba en turno para fallo, conforme al orden legal de ingreso y sin alteraciones
arbitrarias.
Añadió que no hubo negligencia ni dilación injustificada, pues el retardo obedeció a la
prelación de otros asuntos con prioridad constitucional o legal y al volumen de procesos
en trámite.
2 El auto fue notificado por mensaje de datos a las direcciones electrónicas informadas por las partes, (indice 13
Samai)
3 Índice 7 de Samai
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Indicó que el recurso de apelación había cumplido con las etapas procesales previstas:
admisión en diciembre de 2018; traslado para alegatos en febrero de 2019; recepción de
estos en abril de 2019; suspensión de términos entre marzo y junio de 2020 por la
pandemia de COVID-19; atención de solicitudes de copias digitales en 2022; decisión
sobre pruebas solicitadas por el Ministerio Público; impulso procesal requerido por la
parte ejecutante en septiembre de 2023; y constancia de cambio de ponente en diciembre
de 2023.
Finalmente, precisó que el proceso ejecutivo, identificado con el radicado 25000-23-36-
000-2016-02561-01 (61931), se encontraba en turno para fallo conforme al orden de
ingreso al despacho y que no existían circunstancias especiales que justificaran modificar
dicho turno.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional,
toda vez que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y residual, improcedente
para reabrir debates probatorios o jurídicos y no se acreditó un perjuicio irremediable ni
se demostró vulneración directa de derechos fundamentales. Asimismo, pidió ser
desvinculada del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, al no tener
competencia para resolver, revocar u ordenar lo pretendido por los accionantes, dado
que su función se limita a la administración de contratos de concesión y no a la adopción
de decisiones judiciales.
Indicó que sus funciones están definidas en el Decreto 4165 de 2011, se centran en
planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de
concesión y otras formas de asociación público-privada para infraestructura de
transporte, sin que ello implique injerencia en las decisiones judiciales del Consejo de
Estado.
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, las demandantes alegan que se configura una mora judicial
injustificada, pues no se ha resuelto la apelación presentada contra la sentencia de
primera instancia dentro del proceso ejecutivo No. 25000-23-36-000-2016-02561-00/01,
a pesar de que el recurso se admitió desde el 14 de septiembre de 2022.
Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, solicitó su desvinculación al
considerar que no contaba con legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, su
vinculación no se produjo en calidad de parte demandada, sino como tercera con interés,
dado que actuó como demandada en el proceso de ejecutivo. Por lo tanto, se declarará
no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva que alegó.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, incurrió en mora judicial injustificada al supuestamente no haber resuelto el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso
ejecutivo No. 25000-23-36-000-2016-02561-01.
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La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado ya que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dictó sentencia de segunda
instancia dentro del proceso ejecutivo el 21 de agosto de 20254.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) sobre la carencia actual de objeto en materia de tutela y, (iii)
análisis del caso concreto.
3. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
4. Sobre la carencia actual de objeto en materia de tutela
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes».
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente. En lo que aquí
interesa, el hecho superado ocurre cuando «la acción de tutela pierde su razón de ser,
debido a la «alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen5
a su presentación.
5. Análisis del caso concreto
En el presente asunto, las sociedades demandantes alegan que se configura una mora
judicial injustificada, pues no se ha resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia dentro del proceso ejecutivo No. 25000-23-36-000-2016-
02561-01, a pesar de que el expediente ingresó al despacho para dictar fallo desde el 14
de septiembre de 2022.
La Sala verificó el expediente digital del proceso ejecutivo con radicado No. 25000-23-
36-000-2016-02561-01 y encontró, en lo que interesa, lo siguiente:
• Las sociedades Cultivos Tropicana SAS y Bananera La Florida, presentaron demanda ejecutiva
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI, para hacer efectivo el pago de los $2.233.249.079 por concepto del saldo adeudado del precio
4 La providencia fue notificada el 26 de agosto de 2025 mediante mensaje de datos a las direcciones electrónicas
informadas por las partes del proceso.
5 Ver sentencias T-070 de 2023, SU-255 de 2013, SU-655 de 2017 y SU-522 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04072-00
Demandante: Cultivos Tropicana SAS y otro
pactado en la escritura pública de los inmuebles identificados con ficha predial No. VA-Z1-04_08 -
286, VA-Z1-04_07-127, Z1-04_08-138.
• El proceso se adelantó con el radicado No. 25000-23-36-000-2016-02561-00 y correspondió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, bajo el radicado No.
25000-23-36-000-2016-02561-00 que, en audiencia especial del 26 de junio de 2018, declaró no
probadas las excepciones propuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y ordenó
seguir adelante con la ejecución en los términos señalados en el mandamiento de pago.
• Inconforme con la decisión, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI presentó recurso de
apelación.
• El 29 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera
Subsección B, concedió el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. El expediente se
remitió a esta Corporación el 22 de noviembre de 2018.
• El proceso fue asignado al Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C, el 27 de noviembre
de 2018 bajo el radicado No. 25000-23-36-000-2016-02561-01 que, por auto del 29 de enero de
2019 admitió el recurso de apelación y el 22 de febrero de 2019 corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión.
• Por auto de 16 de agosto de 2022, Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C, se abstuvo
de pronunciarse sobre la solicitud elevada por el Ministerio Público respecto a requerir a la Cámara
de Comercio de Medellín para que remitiera la copia del expediente de un trámite arbitral de las
sociedades Cultivos Tropicana SAS y Bananera La Florida SAS.
• El 14 de septiembre de 2022, el proceso pasó al despacho para fallo.
• El 20 de septiembre de 2023, de las sociedades Cultivos Tropicana SAS y Bananera La Florida
SAS presentaron solicitud de impulso procesal al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, para que les indicara el turno en que se encontraba el proceso para dictar fallo de segunda
instancia.
• El 21 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dictó sentencia
de segunda instancia y fue notificada a las partes el 26 de agosto de 2025.
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, durante el trámite de este asunto
constitucional6, el 21 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, dictó sentencia de segunda instancia dentro del proceso de ejecutivo
promovido por los accionantes. Esa decisión fue notificada a las partes el 26 de agosto
del mismo mes y año. Por lo que es dable concluir que se puso fin a la situación que
motivó la presentación de la acción de tutela y se impone declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación de la Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI, conforme a la parte motiva.
2. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas
en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6 Tutela radicada el 1° de julio de 2025
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04072-00
Demandante: Cultivos Tropicana SAS y otro
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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