Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04074-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04074-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04074-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04074-00
Accionante: S. B. M. H.1 Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela para garantizar la ejecución de medidas cautelares
ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) // mora
judicial en acción de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
Escrito de tutela.
1. El actor sostiene que es jefe de hogar y periodista amenazado, líder social y
defensor de derechos humanos, en especial de mujeres funcionarias públicas
acosadas y abusadas sexualmente y víctimas de desplazamiento forzado.
Adicionalmente, indica que es una persona de la tercera edad, y que su núcleo
familiar está integrado por un menor de edad y una persona con discapacidad.
2. Manifestó que desde el año 2013 es objeto de persecución, amenazas,
atentados y desplazamiento forzado, y otras persecuciones, por liderar una lucha
contra la corrupción en el suroccidente del país, especialmente en el sector de los
combustibles. Constituyó una corporación para la formación de alcaldes de
municipios de frontera en el departamento de Nariño y ha sido periodista y fundador
de varios programas radiales. Ha realizado varios centenares de denuncias penales
contra personas determinadas.
3. Por lo anterior, ha sufrido amenazas y el desplazamiento forzado. Actualmente
se encuentra “prácticamente confinado”2, pues por su situación de seguridad no
puede ejercer el periodismo ni generar recursos. La UNP le asignó un esquema de
seguridad de un escolta a pie, un chaleco antibalas, y un medio de comunicación.
Se le practicó un estudio de seguridad que arrojó un riesgo extraordinario.
4. Informó que el 31 de diciembre de 2024, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) lo benefició con las medidas cautelares 585 de 2024,
en las que ordenó al Estado Colombiano protegerlo a él y a sus hijos.
1 En auto admisorio de la presente acción de amparo (índice Samai 4), el despacho determinó que,
por la temática de la petición constitucional, corresponde garantizar la reserva de la identidad del
tutelante, por lo anterior, en la providencia se cambia el nombre del tutelante.
2
Escrito de demanda. Índice Samai 2
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04074-00
Accionante: S. B. M. H
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera instancia acción de tutela
5. Por lo anterior, solicitó al juez de tutela que se ordene que implementen las
medidas de protección ordenadas por la CIDH en la decisión de 31 de diciembre
de 2024.
Trámite de la tutela
6. La petición de amparo fue acompañada de petición de medida provisional. En el
auto admisorio, se concluyó que la petición de amparo reunía los requisitos de
forma, pero se negó la solicitud de decretar la medida provisional. Ante lo anterior,
el actor presentó memorial3 en el que aseveró que, había presentado previamente
otra acción de tutela por los mismos hechos, pero fue radicada con número 2025-
00103-01 y correspondió en reparto al despacho del consejero de Estado Nicolás
Yepes, “la cual no gestionó, admitiendo que era necesario trasladarla al Juzgado 5
Administrativo del Circuito de Pasto (...) lo cual hasta la fecha no hay decisión en
firme”4.
7. En el auto admisorio, en todo caso, se vinculó a la Unidad Nacional de
Protección, a la Fiscalía General de la Nación, a la Alcaldía de Pasto, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del
Interior, al Ministerio de Defensa, a la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos de la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones exteriores,
y al Ejército y Policía Nacional, así como al Juzgado Quinto Administrativo de Pasto,
y al despacho sustanciador de la acción de tutela identificada con el número 2025-
00103-01.
8. La Fiscalía General de la Nación (Índice Samai 10), a través de una fiscal de la
dirección seccional de Nariño intervino con el fin de solicitar sea desvinculada del
trámite de tutela, pues no ha causado ninguno de los eventos que sirven de
fundamento para la petición de amparo. De igual manera, el Director Seccional de
Nariño de la Fiscalía General de la Nación (índice Samai 12) solicitó que dicha
instancia sea desvinculada del trámite de tutela, pues carece de legitimación en la
causa por pasiva, pues no participa en los procesos de implementación de medidas
cautelares. De igual forma explicó las noticias criminales que se han abierto, debido
a las denuncias del tutelante, puntualmente aquellas en las que ha manifestado
problemas de seguridad. En igual sentido, (índice Samai 14) intervino la Fiscal 6°,
9° (Índice samai 17) y 12° (índice samai 21) seccional de la capital nariñense.
9. La Policía Metropolitana de San Juan de Pasto (Índice Samai 13) intervino para
solicitar que sea desvinculada del trámite de tutela, pues no tiene competencias en
la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, pues el
estudio de riesgo del actor lo debe practicar la UNP. El Comisionado de Derechos
humanos de la Policía Nacional (Índice Samai 19) solicitó que se declare la falta de
legitimación por pasiva, “toda vez que, las pretensiones del accionante no son
competencia de esta oficina asesora, situación que dio lugar al trámite mencionado
anteriormente y definido en el artículo 21 de la ley 1437 de 2011”.
3
Índice Samai 9.
4
Escrito de tutela. Índice Samai 9.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04074-00
Accionante: S. B. M. H
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera instancia acción de tutela
10. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Índice Samai 18) intervino con el fin de
indicar que la implementación del esquema de seguridad en favor del tutelante, es
responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección y, por el contrario, respecto al
caso concreto del tutelante, en el marco de sus competencias legales, la cancillería
ha realizado la gestión diligente para la implementación de las medidas cautelares.
Puntualmente indicó que se han realizado reuniones de seguimiento y concertación
desde enero de 2025. Informó que se podría presentar temeridad en la
presentación de la acción de tutela, pues, la Subsección C de la Sección Tercera
de la Corporación con radicado 11001-03-15-000-2025-01592-00 adelanta una
acción de tutela por los mismos hechos. Además, el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de San Juan de Pasto, en providencia de 20 de mayo de 2025, amparó
los derechos fundamentales del actor, y ordenó al ministerio de relaciones
exteriores que adopte un plan para la protección del actor y su familia.
11. Por lo anterior, reiteró que la cancillería debe ser desvinculada del trámite, o de
manera subsidiaria se declare improcedente el amparo, y en todo caso, se estudie
si se presentó el fenómeno de temeridad.
12. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto (Índice Samai 22)
intervino con el fin de informar que, con radicado 11001-03-15-000-2025-01592-00,
el actor formuló un amparo previo, pero con idéntico fundamento fáctico y
pretensiones al actual: “al punto que reproduce fielmente su contenido y hasta la
fecha de elaboración”. Señaló que, con radicado 52-001-33-33-005-2025-00103-
00, en providencia de 22 de mayo de 2025, el Juzgado amparó el derecho al
derecho de petición del actor, pues el 24 de marzo de 2025, había formulado una
petición ciudadana a la UNP, la cual, al momento de presentación del amparo no
había sido contestado.
13. El Consejero de Estado Jorge Edinson Portocarrero Banguera (índice Samai
23), solicitó ser desvinculado del proceso, pues en su criterio correspondía vincular
al doctor Nicolás Yepes Corrales, consejero de la sección tercera, subsección C,
quién adelanta una acción de tutela por los mismos hechos. Luego de su
vinculación5, el consejero de Estado, Nicolás Yepes Corral (Índice Samai 38)
explicó que, en efecto, en su despacho, el mismo actor presentó una acción de
tutela por los mismos hechos, pero que, en virtud de un requerimiento del Juzgado
Quinto Administrativo del circuito de San Juan de Pasto, remitió el expediente a
dicha autoridad judicial. Ésta a su vez, provocó conflicto negativo de competencias
ante la Corte Constitucional. El despacho sustanciador solicitó a la Corte no tramitar
el incidente, pues en criterio del consejero este no existía. El 10 de julio de 2025, la
Corte notificó auto de 26 de junio en que se abstuvo de resolver el conflicto negativo
de competencias, y devolvió el expediente a la corporación. Concluyó: “El asunto
ingresó nuevamente al despacho para dictar el fallo correspondiente el 10 de julio
del año en curso, por lo que el término para realizar el registro de proyecto fenece
el próximo 24 de julio”. Fue explícito en indicar:
5 Índice Samai 31. Auto de 18 de julio de 2025. “VINCULAR a la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, al proceso de tutela identificado con el número de radicación 11001-03-15-
000-2025-04074-00, para que, en el término de dos (2) días contados a partir de la notificación de
esta decisión, se sirva rendir informe sobre los hechos materia de este trámite, relacionados con el
proceso 11001-03-15-000-2025-01592-00.”
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04074-00
Accionante: S. B. M. H
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera instancia acción de tutela
“Como se observa, las actuaciones que generaron dilaciones en el
trámite obedecen, por una parte, al comportamiento del actor, quien
procedió de manera temeraria a presentar una nueva acción de tutela
ante el Juzgado 5º Administrativo de Pasto, fundada en hechos y
pretensiones similares, pero con base en una falsedad, al afirmar que
este despacho le había negado sus pretensiones, cuando en realidad se
había inadmitido su solicitud de medida provisional.”
14. Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente el escrito de amparo, y que
guarda identidad con el que actualmente está pendiente de ser resuelto.
15. La Unidad Nacional de Protección (Índice Samai 24) intervino con el fin de
solicitar de manera principal que se declare improcedente el amparo pues no se
satisface el requisito de subsidiariedad. Señaló que actualmente se está
adelantando un estudio de riesgo para el tutelante, con orden de trabajo 711525, el
cual se encuentra pendiente de consolidación. Actualmente el actor cuenta con un
esquema de seguridad. Finalmente indicó que se presenta cosa juzgada, pues el
tutelante ha presentado varios escritos de amparo, puntualmente, ante el juzgado
quinto administrativo de san juan de Pasto. La apoderada de Presidencia de la
República (Índice Samai 26) solicitó desvincular a la entidad, toda vez que no
cuenta con legitimación en la causa por pasiva para atender la petición del actor.
CONSIDERACIONES
Competencia
16. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela en sede
de primera instancia conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico
17. De manera preliminar, la Subsección recuerda que dentro del radicado 2025-
01592-00, la Subsección C de la Sección Tercera de la Corporación tramita un
escrito de amparo con idéntico contenido y pretensiones, es decir, la
implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en beneficio del
actor y su núcleo familiar6. Ante esta situación y en virtud de la facultad que tiene
el juez de tutela para interpretar la demanda7 y delimitar el problema jurídico8, esta
Sala no abordará el análisis del cumplimiento de las medidas cautelares, ya que
este aspecto es objeto de estudio por otra autoridad judicial. Además, una lectura
integral de la tutela evidencia que el actor cuestionó la tardanza en tramitar su
demanda de amparo por parte de otro consejero. Por último, no podría evaluarse
una configuración de cosa juzgada o temeridad, ya que la decisión no ha superado
la impugnación y el actor puso de presente la formulación de dicha acción, así como
su vulnerabilidad sobre sus derechos a la vida e integridad personal y los de su
familia9
6 En la fecha de expedición de este fallo, el proceso de tutela mencionado anunció que, el 24 de
julio de 2025, se registró proyecto de sentencia, sin que se hubiese decidido. Ver Índice 90 de
SAMAI.
7 Corte Constitucional, Sentencias T-257 de 2025, T-234 de 2025, T-135 de 2025, T-153 de 2024 y
SU-201 de 2021.
8 Corte Constitucional, Sentencias T-426 de 2026, SU-658 de 2025 y T-558 de 2006.
9 Corte Constitucional, Sentencias T-504 de 2024 y T-407 de 2022.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04074-00
Accionante: S. B. M. H
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera instancia acción de tutela
18. En este contexto, como problema jurídico, se debe establecer si en el caso
concreto se presentó una dilación injustificada en el trámite de la acción de tutela
con radicado 2025-01592-00, pues según el tutelante en aquel caso no se
cumplieron los términos legales de la tutela, razón por la cual se vio obligado a
presentar una segunda petición de amparo.
19. Para resolver el problema jurídico planteado, se examinará la procedencia de
promover una acción de tutela para cuestionar la mora judicial en un trámite
constitucional de amparo. Fijadas las reglas jurisprudenciales sobre estas temáticas
se resolverá el caso concreto.
Acción de tutela por mora judicial en la tramitación de una acción de tutela.
20. El artículo 29 superior prescribe que, el derecho al debido proceso está
integrado por un abanico amplio de garantías judiciales, entre ellas que todos los
juicios deben ser adelantados sin dilaciones injustificadas. Por su parte, el artículo
228 Constitucional indica que los términos procesales se cumplirán con diligencia.
Similar sentido se verifica en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,
que en su artículo 8° señala que los Estados parte deben adelantar los juicios
respetando el criterio de plazo razonable.
21. Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha concluido que se presenta
una vulneración al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, cuando
los procesos judiciales no obtienen respuesta dentro de los términos previstos en
la ley. Lo anterior cobra especial importancia cuando, el plazo judicial o legal que
no se observa es el de la acción constitucional de amparo, que por su definición es
expedita y sumaria.
22. Por lo anterior, la jurisprudencia10 ha fijado las condiciones para que proceda
formalmente el amparo por mora judicial. Explica que, la misma se presenta
cuando, el tutelante no tiene otro mecanismo de defensa (estado de indefensión) y
ha sido diligente en el impulso del proceso judicial.
23. En el caso concreto, la acción de tutela resulta procedente, toda vez que el actor
ha buscado ser diligente en el avance de la acción de tutela radicada con el número
2025-01592-00 y no cuenta con otro medio de defensa para impulsar el avance de
la petición de amparo constitucional. En el examen de fondo, esto es, las
condiciones que debe reunir una petición de protección constitucional de mora
judicial, el proceso judicial debe: (i) haber superado los términos legales para
proferir sentencia; (ii) la vulneración del plazo razonable, lo cual implica valorar la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, y la conducta de la
autoridad judicial, y (iii) finalmente, la falta de un motivo razonable que
objetivamente justifique la tardanza, tal como la congestión judicial11.
24. A partir de estas reglas jurisprudenciales se encuentra que el despacho
sustanciador de la Subsección C de la Sección Tercera, dentro del radicado de
tutela 2025-10952-00, no se incurrió en mora judicial injustificada pues, si bien la
10 Corte Constitucional, Sentencia T-099 de 2021 y SU-333 de 2020.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-333 de 2021.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04074-00
Accionante: S. B. M. H
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera instancia acción de tutela
acción de tutela fue radicada 18 de marzo de 2025, esta fue admitida de manera
oportuna (20 de marzo de 2025), y se adelantó el trámite de primera instancia. Sin
embargo, como lo informó el despacho de consejero de Estado Nicolás Yepes
Corrales, el juzgado Quinto Administrativo de San Juan de Pasto, adelantó una
acción de tutela por hechos similares, este dispuso:
“En razón a que se trataba de acciones constitucionales parecidas y resultaba
evidente que este despacho habría de pronunciarse sobre los mismos asuntos
ya decididos por el juez con jurisdicción en Nariño, mediante auto del 21 de
mayo de 2025, se dispuso remitir la tutela 2025-01592-00 al Juzgado 5º
Administrativo de Pasto, a efectos de que evaluara la procedencia de acumular
los trámites”. (Índice Samai 38)
25. Puesto que dos autoridades judiciales se disputaron el conocimiento de la
acción de tutela, la misma fue remitida a la Corte Constitucional, autoridad judicial
que se inhibió para resolver el conflicto de competencias en materia de tutela, pues
el despacho sustanciador de la Subsección C de la Corporación “solicitó a la corte
mencionada abstenerse de resolver el supuesto conflicto y devolver el expediente
al Consejo de Estado, por cuanto no existía una verdadera controversia
competencial, toda vez que este despacho no se había desprendido de la
competencia, sino que remitió el asunto únicamente para la evaluación de su
eventual acumulación”. El expediente fue devuelto por parte de la Corte
Constitucional al despacho sustanciador el pasado 10 de julio, y se realizó registro
del proyecto de fallo el pasado 24 de julio, razón por la cual, al momento de
proferirse esta sentencia, no se ha superado el término legal previsto en el artículo
29 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual, el fallo de primera instancia debe
proferirse en 10 días. Conforme la Corte Constitucional este término debe
interpretarse en días hábiles12. Por lo anterior, puesto que el expediente de tutela
regresó de la Corte Constitucional el 10 de julio, el término de 10 días hábiles
fenecía el 24 de julio y ese día se presentó proyecto de fallo, al punto que se actuó
dentro de los términos previstos en la legislación13.
26. El lapso anterior al 10 de julio se surtió un trámite propio dentro de los procesos
de tutela relacionado con un conflicto negativo de competencia que, de manera
aparente, se suscitó entre el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de San
Juan de Pasto y el despacho sustanciador de la Subsección C de la Sección
Tercera, relacionado con la eventual identidad fáctica y jurídica entre dos acciones
de tutela promovidas por el mismo actor. Este trámite de conflicto de competencias
tiene fundamento en el decreto 2591 de 199114 y se produce cuando una misma o
similares tutelas son radicadas ante diferentes instancias judiciales, y el primer juez
constitucional que admita, “a prevención” desplaza a los restantes jueces. En esa
12 Corte Constitucional, Sentencia T-346 de 2012: “30. Con relación a dicho término ha establecido
la Corporación que es entendido que se trata de días hábiles, es decir, aquellos durante los cuales
se ejerce la función judicial en el Despacho correspondiente, pero también resulta indudable que el
término señalado por la Constitución Política es perentorio e inexcusable (…). Dicho plazo para
decidir corresponde a una garantía en favor de los asociados en el sentido de que, si acuden ante
los jueces para hacer realidad el orden justo al que aspira la Carta, pueden tener la certidumbre de
que obtendrán resolución oportuna y eficaz.”
13 En la fecha de expedición de este fallo, el proceso de tutela mencionado anunció que, el 24 de
julio de 2025, se registró proyecto de sentencia, sin que se hubiese decidido. Ver Índice 90 de
SAMAI.
14
En el mismo sentido Decreto 1834 de 2015 (art. 2.2.3.1.3.1.).
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04074-00
Accionante: S. B. M. H
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera instancia acción de tutela
medida, no puede sostenerse que el trámite del aparente conflicto negativo de
competencias implicó una vulneración al plazo razonable o constituyó una dilación
injustificada, pues de manera correcta, el artículo 37 del decreto 2591 de 1991,
prescribe que el juez que admita una primera acción de tutela, a prevención debe
conocer de ella, lo cual, hacía que fuese perfectamente posible la acumulación
propuesta por el despacho del consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales.
27. Debe recordarse que el tutelante presentó una acción de tutela contra la Unidad
Nacional de Protección buscando, entre otras cosas, la protección de su vida e
integridad, derivada del riesgo de su actividad como periodista. Esa acción de tutela
se radicó ante el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de San Juan de Pasto
con radicado No. 52001333300520250010300.
28. Por lo anterior, se concluye que no se presentó incumplimiento del término legal
para proferir sentencia de primera instancia dentro del radicado 2025-01592-00,
pues el expediente estuvo a disposición para proferir sentencia desde el 10 de julio
de 2025, y la misma se produjo el 24 del mismo mes y año. El trámite previó del
conflicto negativo de competencias no es una dilación injustificada, sino el resultado
de las particularidades del caso en que, dos acciones de tutela, con el mismo actor
y similares autoridades accionadas, se adelantaron de manera cercana en el
tiempo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo frente a la supuesta mora judicial en el trámite de la
acción de tutela identificada con número 11001-03-15-000-2025-01592-00.
SEGUNDO: COMUNICAR a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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